Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-04228-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04228-01 (0462-2022)
Demandantes: Juan Efraín Cubides Ramírez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1 y Municipio de
Fusagasugá
Tema: Imposición de sanción de destitución e inhabilidad general de
personero municipal por incumplimiento del regímen de
inhabilidades
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la PGN contra la sentencia
proferida el 23 de enero del 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I.- Antecedentes
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
1.En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, Juan
Efraín Cubides Ramírez, demandó la nulidad de los siguientes actos, expedidos
dentro del proceso disciplinario No. D-2014-56-670240:
→ Acto administrativo sancionatorio de primera instancia del 19 de noviembre
de 2014, expedido por la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, a través
del cual se le impuso sanción de destitución del cargo de personero municipal
e inhabilidad por 10 años.
→ Acto administrativo sancionatorio de segunda instancia del 26 de diciembre
de 2014, expedido por la Procuraduría Regional de Cundinamarca, que
1 En adelante PGN
2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04228-01 (0462-2022)
Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
resolvió el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria,
confirmándola en su totalidad.
→ Resolución 200-04.02-005 del 11 de febrero de 2015, «por medio de la cual se
hace efectiva una sanción disciplinaria a un servidor público en cumplimiento de un
fallo disciplinario», emitida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Fusagasugá.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a las
demandadas a (i) eliminar la sanción impuesta y cualquier anotación y antecedentes
disciplinarios que obren en los sistemas de información, (ii) reintegrarlo al cargo que
venía desempeñando, esto es, personero Municipal del municipio de Fusagasugá
Cundinamarca, sin que se verifique solución de continuidad en el servicio, (iii)
pagarle los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social a que haya
lugar desde el momento en que fue separado del cargo y hasta el momento en que
efectivamente se verifique su reintegro, (iv) reconocerle y pagarle de los demás
sobresueldos que correspondan al cargo para el cual fue electo desde el momento
en que fue separado del cargo y hasta el momento en que efectivamente se verifique
su reintegro, y (v) dar cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
187 y 192 del CPACA
1.2. Fundamentos fácticos
3.Como hechos relevantes, se destacan los siguientes:
3.1. El 10 de enero de 2012 en sesión del Concejo del Municipio de Fusagasugá,
se eligió a Juan Efraín Cubides Ramírez como personero de ese municipio para el
período 2012- 2016, según consta en el Acta No. 03 de la misma fecha3.
3.2. El 18 de enero de 2012, ante el Juez Primero Civil Municipal de Fusagasugá,
Juan Efraín Cubides Ramírez se posesionó como personero municipal de
Fusagasugá4.
3.3. Con ocasión de la demanda de perdida de investidura presentada por Salomón
Murcia Vásquez contra el demandante, el Consejo de Estado, Sección Primera5, en
segunda instancia profirió la sentencia del 25 de julio del 2013 que decretó la perdida
de investidura de Juan Efraín Cubides Ramírez como concejal elegido para el
período 2008-2011, al encontrar configurada la causal de incompatibilidad prevista
en el literal d) del artículo 46 de la Ley 136 de 1994 que alude a:
3 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 267 a 314. Pag de la 6 a la 37
4 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 26
5 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 19 a la 25
2
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04228-01 (0462-2022)
Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
«Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama
Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los concejales durante su período
Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que
tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal
y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del
cincuenta por ciento (50%) del capital.»
3.4. En esta ocasión, la Corporación revocó la sentencia de primera instancia y en
su lugar decretó la perdida de investidura de Juan Efraín Cubides por encontrar
acreditado que mientras fue concejal actuó como apoderado de Silvio Novoa
Gómez, parte demandada, en un proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el
municipio de Fusagasugá. En el mencionado asunto el municipio pretendía el
cumplimiento forzado de una obligación clara, expresa y exigible adquirida por Silvio
Novoa, relacionada con el pago de una suma de dinero a favor de la entidad
territorial con fundamento en la celebración de un contrato de compraventa de un
bien inmueble, por lo que, el Consejo de Estado encontró probado que en el proceso
ejecutivo Hipotecario se gestionaba un claro interés económico del municipio,
circunstancia, que hacía evidente la configuración de la incompatibilidad de Juan
Efraín para fungir como apoderado de Silvio Novoa dentro del mismo mientras se
desempeñaba como concejal.
3.5. El 26 de noviembre de 2013, Luis Agustín González, presentó una solicitud6
ante el Concejo municipal en orden a que se tomaran los correctivos necesarios
para dar cumplimiento a la sentencia del 25 de julio del 2013 del Consejo de Estado,
Sección Primera7, pues, a su juicio el decreto de la perdida de investidura como
concejal de Juan Efraín Cubides le generó una inhabilidad sobreviniente para
continuar en el cargo de personero municipal y que de no presentarse el retiro
voluntario correspondía a la Mesa Directiva del Concejo Municipal hacer efectivo
dicho retiro; solicitud que fue remitida a la Procuraduría provincial de Fusagasugá
el 10 de diciembre de 2013 y radicada bajo la actuación preventiva No. 3192 de
20138
3.6. El 11 de diciembre del 2013, Luis Agustín González, presentó una queja9 ante
la Procuraduría Provincial de Fusagasugá por la omisión de los concejales de ese
municipio en dar cumplimiento a la sentencia de perdida de investidura, y haber
elegido a Juan Efraín Cubides, pese a estar inhabilitado. Sin embargo, la autoridad
disciplinaria se abstuvo de iniciar investigación por tal hecho, comoquiera que, el
asunto había sido decidido en el proceso disciplinado D-2012-56-551097.
6 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 12 a la 16
7 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56 Pag 19 a la 25
8 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 11
9 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 5 a la 10
3
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04228-01 (0462-2022)
Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
3.7. En cuanto a la presunta inhabilidad sobreviniente en la que estaría incurso Juan
Efraín Cubides, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá inició la actuación
preventiva No. 3193 de 201310, en la que oficio al Concejo municipal de Fusagasugá
y a Juan Efraín Cubides para que dieran cumplimiento a la sentencia de perdida de
investidura, otorgando el término de 3 meses previsto en el artículo 6 de la ley 190
de 1995 para poner fin a las causas que dieron origen a la presunta inhabilidad
sobreviniente. No obstante, Juan Efraín Cubides mediante oficio No 143 del 31 de
enero de 201411 contestó la anterior solicitud y adujó no estar incurso en causal de
inhabilidad sobreviniente.
3.8. El 10 de enero de 2014, concluida las actuaciones preventivas No. 3192/3193
de 2013, la Procuraduría Provincial expidió auto de indagación preliminar12 en el
proceso disciplinario No. D-2014-56-670240 en contra de Juan Efraín Cubides
Ramírez, en su condición de personero del Municipio de Fusagasugá,
Cundinamarca, y de Gerardo Humberto Cardona Cardona, Luz Fany López Vargas,
José Noe Parra Romero como miembros de la Mesa directiva del Concejo Municipal
de Fusagasugá, Cundinamarca, para la época de los hechos objeto de
investigación.
3.9. El 8 de abril de 201413 la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, dispuso
incorporar las diligencias adelantadas en el trámite con Rad. No. 0810 del 3 de abril
de 2014 del expediente IUS 2013-396418, seguido en contra de Juan Efraín
Cubides Ramírez y que se originó en la queja interpuesta por Salomón Murcia
Vásquez, de conformidad con la remisión por competencia realizada por el
Procurador Regional de Cundinamarca en auto del 31 de marzo de 201414, en
atención a que ya se adelantaba la indagación preliminar No. IUC D-2014-56-
670240 relacionada con los mismos hechos contra el mismo funcionario.
3.10. El 26 de agosto de 2014, se evaluó el mérito de la investigación15,
archivándose definitivamente la investigación en contra de los miembros de la Mesa
Directiva del Concejo municipal y formulándose un cargo único a Juan Efraín
Cubides Ramírez, en su calidad de personero del Municipio de Fusagasugá por
presuntamente haber incurrido a título de culpa gravísima la falta gravísima del
artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002 que alude a «Actuar u omitir, a pesar de la
existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo
con las previsiones constitucionales y legales. […]» porque:
10 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 1 y 2
11 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 1 a 56. Pag 47 a la 57
12 Cd a folio 138. Cuaderno 1 folios 164 a 201. Pag 21 al 26
13 Cd a folio 138. Cuaderno 4 folios 620 al 707. Pag 17
14 Cd a folio 138. Cuaderno 4 folios 620 al 707. Pag 37
15 Cd a folio 138. Cuaderno 11 folios 2023 al 2057. Pag 1 a la 70
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-04228-01 (0462-2022)
Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
«Usted, doctor JUAN EFRAIN CUBIDES RAMIREZ, identificado con la cédula de
ciudadania número 11.381.115, en su calidad de Personero Municipal de Fusagasugá
Cundinamarca, al parecer incurrió en inhabilidad sobreviniente, pues después del 23 de
enero de 2014 siguió ejerciendo tal cargo, pese al fallo proferido el 25 de julio de 2013
por el Consejo de Estado - Sala de los Contencioso Administrativo - Sección Primera,
dentro del expediente No. 2012-00468, que decreto su pérdida de investidura como
Concejal de Fusagasugá, el cual le fue comunicado por correo electrónico el 17 de
octubre de 2013 y quedo ejecutoriado el 24 de octubre de 2013, que genero para Usted,
al parecer, una inhabilidad sobreviniente para continuar desempeñándose como
Personero Municipal de Fusagasuga, toda vez que al Personero Municipal le son
aplicables las inhabilidades para ser Alcalde y estas incluyen como causal de
inelegibilidad, y en este caso de inhabilidad sobreviniente, haber perdido la investidura
de Concejal, situación que puede hacerlo incurso en la comisión de falta disciplinaria.»
3.11. El 19 de noviembre del 2014, en audiencia, la Procuraduría Provincial de
Fusagasugá emitió el acto administrativo sancionatorio de primera instancia16, en el
que se dispuso sancionar al demandante con destitución en el ejercicio del cargo e
inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer cargos públicos, al
declarar probado el único cargo imputado, notificado en estrados. Contra la decisión
se interpuso y sustentó el recurso de apelación, el cual fue concedido para ser
resuelto ante la Procuraduría Regional de Cundinamarca.
3.12. El 26 de diciembre de 2014, la Procuraduría Regional de Cundinamarca,
confirmó la decisión sancionatoria al considerar que se encontró probado el único
cargo formulado17, decisión, notificada personalmente el día 9 de febrero de 2015.
3.13. La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Fusagasugá, expidió la
Resolución No. 200-04.02-005 de 11 de febrero de 2015 «por medio de la cual se hace
efectiva una sanción disciplinaria a un servidor público en cumplimiento de un fallo
disciplinario», notificada personalmente al demandante el 16 de febrero de 2015.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 53, 122, 123, 124, 125,
209 y 313 de la Constitución Política; 37, 178 y 179 de la Ley 734 de 2002; 31, 32,
38, 41, 170, 182 de la Ley 136 de 1994; 6 de la Ley 190 de 1995; artículo 103 del
Decreto Ley 1333 de 1986; 137 y 138 del CPACA y los Acuerdos 030 de 2010 y 082
de 2014 el Concejo Municipal de Fusagasugá.
5. En el concepto de violación el demandante argumentó, en esencia que:
5.1. Los actos administrativos sancionatorios se expidieron con violación de normas
superiores, porque, la sanción se impuso con fundamento en una inhabilidad
16 Cd a folio 138. Cuaderno 11 folios 2119 al 2144. Pag 1 a la 52
17 Cd a folio 138. Cuaderno 11 folios 2177 al 2230. Pag 1 a la 42
5
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04228-01 (0462-2022)
Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
inexistente, toda vez que, la conducta disciplinable se enmarco en una causal que
la ley no prevé y como consecuencia la conducta imputada es atípica.
5.2. Lo anterior, violó el derecho al debido proceso y a la defensa, porque, (i) la falta
disciplinaria imputada correspondió a la contenida en el artículo 48.17 de la ley 734
de 2002 que alude a «actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones
constitucionales у legales», (ii) para su materialización se remitió al régimen de
inhabilidades en el que se advierte que las causales aplicables a los personeros
distritales o municipales son las descritas para los alcaldes distritales o municipales
que en el caso en concreto correspondió a la descrita en el artículo 95.10 de la Ley
136 de 1994 que señala que no podrá ser elegido ni designado quien «10. Haya
perdido la investidura de congresista, de diputado o de concejal en razón del artículo 291
de la Constitución Política y dentro de los diez años anteriores a la inscripción.», (iii) sin
embargo, el órgano de control se limitó a una lectura parcial del artículo anterior, es
decir, hasta el hecho de que la pérdida de investidura generaría una inhabilidad para
ser elegido o desempeñarse como personero Municipal, dejando de lado el hecho
de que el texto de la norma no habla de cualquier tipo de pérdida de investidura,
pues, la condiciona o restringe a la declarada con base en el artículo 291 de la
Constitución Política, (iv) como consecuencia, al atribuirle una inhabilidad
inexistente la sanción se fundamentó en una conducta atípica, por lo que, además,
se desconoció el principio de legalidad de las actuaciones administrativas y la
taxatividad de las inhabilidades.
5.3. Asimismo, violó el derecho al trabajo, la estabilidad y el acceso al servicio
público, puesto que, en lo relacionado a las inhabilidades sobrevinientes se ha
estimado procedente otorgar un término de 3 meses al funcionario público para
adelantas las acciones tendientes a eliminarlas, en el proceso disciplinario si bien la
PGN podría señalar que otorgó tal periodo durante la actuación preventiva No. 3193
de 2013, la ausencia de garantías para la materialización del acceso y la
permanencia en el empleo público fue evidente, por cuanto, esta debió determinar
con suficiente claridad, antes de imputar siquiera cargos, si la inhabilidad existía o
no, en su lugar, adelantó la investigación disciplinaria, le imputó y lo sancionó
transcribiendo una y otra vez la norma de manera incompleta.
5.4. La investigación disciplinaria se adelantó bajo una presunción de culpabilidad,
comoquiera que, el hecho de ser investigado y juzgado bajo el alcance inexistente
de una interpretación de la norma que presuntamente acarreaba una inhabilidad
sobreviniente, es tanto, como desconocer el principio de la presunción de inocencia,
e iniciar un proceso disciplinario en desigualdad de condiciones y bajo una
investigación parcializada y sesgada, pues desde el inicio la Procuraduría Provincial
de Fusagasugá dio por sentado que se encontraba inhabilitado para el cargo de
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Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
personero Municipal por la declaración de la pérdida de investidura como concejal,
sin verificar la norma en su totalidad.
5.5. En cuanto a la Resolución 200-04.02-005 del 11 de febrero de 2015, «por medio
de la cual se hace efectiva una sanción disciplinaria a un servidor público en
cumplimiento de un fallo disciplinario», emitida por la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Fusagasugá, se expidió con violación de normas superiores, porque,
dicha Mesa Directiva no era la competente para imponer o hacer efectiva la sanción,
pues, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 136 de 1994 los competentes
son los presidentes de los concejos distritales o municipales. Por lo que, la Mesa
Directiva se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al usurpar la competencia
del presidente del concejo municipal con lo cual se le vulneraron sus derechos.
5.6. Asimismo, se expidió con desviación de poder, porque, en su encabezado se
invocaron como normas que le confieren atribuciones para expedir las resoluciones
atacadas el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 6 de la ley 190 de
1995 y el artículo 37 de la ley 734 de 2002, no obstante, ninguna de ellas contiene
la facultad de separar del cargo al personero Municipal en cabeza de la Mesa
Directiva del Concejo.
2. Contestación de la demanda18
6. La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:
6.1. El proceso disciplinario se llevo a cabo, con observancia de todas las
ritualidades propias del proceso administrativo sancionatorio, el investigado
ejercicio su derecho de defensa, se le notificaron todas las actuaciones, interpuso
los recursos de ley, los actos administrativos fueron el producto del análisis de la
conducta del investigado y de las pruebas, es decir, el proceso fue respetuoso de
las garantías constitucionales y legales y por lo tanto no hubo violación al debido
proceso.
6.2. Los operadores disciplinarios desde el pliego de cargos hasta en los actos
sancionatorios fueron claros al señalar que la infracción del investigado se sujetaba
a la prevista en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000, en este sentido, la adecuación típica fue correcta, porque: (i) al
disciplinado le fue decretada la perdida de investidura por el Consejo de Estado por
haber incurrido en la causal de incompatibilidad del artículo 45 de la Ley 136 de
1994, (ii) las causales de inhabilidad aplicables a los personeros son las previstas
para los alcaldes por remisión del artículo 174 ejusdem (iii) el artículo 95 que
18 Folios 119 al 133
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Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
contiene las inhabilidades para ser alcalde en su numeral 1 señala que no podrá
elegido ni designado quien «1. Quien haya sido condenado en cualquier época por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o
haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de
diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción
para el ejercicio de funciones públicas.», (iv) como consecuencia se generó, para el
demandante, una inhabilidad sobreviviente para continuar desempeñándose como
personero municipal, pues a este le son aplicables las inhabilidades para ser
alcalde, (v) por lo que se encontró probada la falta gravísima prevista por el artículo
48.17 de la ley 734 de 2002 que dispone «Actuar u omitir, a pesar de la existencia de
causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las
previsiones constitucionales y legales».
6.3. El demandante transcribió una norma que fue modificada, en ese sentido es
claro que con la disposición anterior la inhabilidad no se configuraba, sin embargo,
la norma fue modificada y no esta supeditada o condicionada a un hecho distinto a
la perdida de investidura, de conformidad con lo cual la conducta imputada es típica
y, además, es lícita y culpable.
7. Por su parte el municipio de Fusagasugá en la contestación de la demanda,
señaló que no debe concurrir a la demanda porque, el acto del concejo municipal
no hace parte del acto complejo de la decisión disciplinaria, solo hace parte del
proceso para tener en cuenta la contabilización del término de caducidad.
7.1 De igual manera, actuó en el marco de la legalidad porque es la Procuraduría
quien hace efectiva sus decisiones por lo que la resolución demandada no altera
modifica o sustituye la sanción disciplinaria, corresponde a un trámite administrativo
que en ningún modo ser lesiva de los derechos del demandante.
3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
accedió19 a las pretensiones de la demandada con fundamento en que:
8.1 Según el artículo 179 de la Constitución Política y la jurisprudencia debe
entenderse que la inhabilidad se estableció para ocupar cargos de elección popular,
por lo tanto, a pesar de que las normas que contienen las inhabilidades para
alcaldes se remiten a los personeros, el articulo 95 no aplica a estos funcionarios,
ya que, la pérdida de investidura trae como consecuencia la inhabilidad para la
elección de funcionarios de elección popular y por lo tanto no se hace extensivo al
ejercicio de otros cargos públicos.
19 Folios 210 al 222
8
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Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
8.2. Asimismo, de conformidad con el criterio de interpretación de la Corte
Constitucional en sentencia SU 424 de 2016 y del Consejo de Estado en sentencia
el 4 de octubre de 2018 Rad. 11001-03-15-000-2018-02151-00, se ha señalado que
la inhabilidad que genera la perdida de investidura es la de no volver a ocupar
cargos de elección popular.
8.3. En conclusión, no resultaba procedente la imposición de la sanción disciplinaria
al demandante al no tipificarse la inhabilidad sobreviniente. Por lo que, se declaró
la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, se condenó a la Procuraduría
al pago de las sumas de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde
que fue desvinculado hasta la fecha de vencimiento de su período, debidamente
indexadas y al reconocimiento de intereses de conformidad con el artículo 192 del
CPACA y se absolvió al municipio de Fusagasugá por cuanto su actuación se limitó
a ejecutar la sanción del ente de control.
4. Recurso de apelación
9. La PGN interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
y solicitó su revocatoria y en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda,
con sustento en que:
9.1. El a quo al señalar que el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no le es aplicable
a los personeros incluye un condicionamiento que el legislador no previo, puesto
que ni en la sentencia que estudio la constitucionalidad del literal a) del artículo 174
ejusdem, que hace extensiva la aplicación de las causales de inhabilidad para ser
alcaldes a los personeros impuso esta limitante, contrario a ello, concluyó que el
legislador al determinar regímenes y causales comunes para inhabilitar alcaldes y
personeros, no vulneró normas superiores ni principios constitucionales.
9.2. En ese sentido, las inhabilidades dispuestas para ser elegido alcalde le son
aplicables al personero por ministerio de la ley y no es dable imponer un criterio de
interpretación ajeno al sentido de la norma, máxime, si lo controvertido en el
presente asunto no es la naturaleza de la perdida de investidura o su objeto, sino,
la aplicación de una inhabilidad que el legislador impuso para ser elegido personero.
9.3. Bajo este contexto el juicio de adecuación típica se enmarco en la legalidad,
comoquiera que:
«i) La imputación fáctica de la conducta cometida por el sujeto disciplinable, se
materializa en el hecho de seguir desempeñándose en el cargo de personero Municipal
de Fusagasugá, a pesar de haberle sobrevenido una inhabilidad porque se le había
decretado la pérdida de investidura como concejal por parte del Consejo de Estado en
providencia de fecha 25 de julio de 2013.
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Demandante: Juan Efraín Cubides Ramírez
ii) La imputación jurídica en cuanto a los preceptos normativos vulnerados, se presentó
por el desconocimiento del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
37 de la Ley 617 de 2000, el artículo 174 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 37 de la Ley
734 de 2002.»
5. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador Segundo delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
accedió a las pretensiones de la demanda y, lo sustento así:
10.1 La conducta por la cual se investigó y sancionó al demandante, es la de haber
incurrido en inhabilidad sobreviniente con ocasión de la sentencia del pérdida de la
investidura de concejal elegido para el periodo 2008-2011 del municipio de
Fusagasugá, decisión, que en criterio de la PGN tiene como efecto inmediato
inhabilitarlo para ejercer el cargo de personero municipal para el periodo 2012-2016,
no obstante, la conducta endilgada no cumplen con el requisito de tipicidad, pues al
hacer extensiva la inhabilidad para ser alcalde del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
no se cumple con la previsión del literal a) del artículo 174 ibidem, que señala «en
lo que sea aplicable», comoquiera que, el cargo de personero según prevé la
Constitución Política en su artículo 118, ejerce las funciones de Ministerio Público,
por lo que no hace parte sector central o descentralizado de la administración
municipal y si bien corresponde al Concejo la designación del personero dicha
elección no procede de un proceso electoral en estricto sentido, por lo que de
acuerdo a la jurisprudencia no le son extensivos los efectos de la pérdida de
investidura como causal de inhabilidad.
II.- Consideraciones
6. El problema jurídico
11. Se circunscribe a lo siguiente: ¿Al demandante, en su calidad personero
municipal de Fusagasugá 2012-2016, le resultó una inhabilidad sobreviniente por
haberse decretado la perdida de investidura como concejal para el periodo 2008-
2011, comoquiera que, de conformidad con el literal a) del artículo 174 de la Ley
136 de 1994 a los personeros les son aplicables las inhabilidades establecidas para
el alcalde municipal o distrital, específicamente, la descrita en el numeral 1 del
artículo 95 ejusdem que alude a que no podrá ser elegido a quien se le hubiese
decretado la perdida de investidura?
7. Marco normativo y jurisprudencial
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12. Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala encuentra necesario
referirse a la (i) generalidad de las inhabilidades y la aplicación de las causales de
inhabilidad previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para elegir o designar
alcalde municipal o distrital a la elección de personeros por disposición del literal a)
del artículo 174 ejusdem (ii) La pérdida de investidura de congresista, diputado o
concejal como causal de inhabilidad para ser alcalde, prevista en el artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
7.1. Generalidad de las inhabilidades y la aplicación de las causales de
inhabilidad previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para
elegir o designar alcalde municipal o distrital a la elección de
personeros por disposición del literal a) del artículo 174 ejusdem
13. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional20 las
inhabilidades son «requisitos negativos para acceder a la función pública»21 o
circunstancias que en principio impiden a una persona ser elegida o designada en
un cargo público y que, en ciertos casos, también impiden el ejercicio del empleo o
la permanencia en él22 a quienes ya se encuentran vinculados al servicio –
inhabilidad sobreviniente-23.
14. Tienen como como propósito: (i) garantizar la transparencia, imparcialidad,
igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público; y (ii)
asegurar la primacía del interés general sobre el interés particular del aspirante. Así,
las inhabilidades son un mecanismo determinante «para asegurar ciertas cualidades y
condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o función públicos en forma acorde con
los intereses que se pretenden alcanzar con ese desempeño»24.
15. En este entendido, el acceso a los cargos públicos se encuentra sometidos a
una serie de condiciones que buscan la realización del interés general, de ahí que,
los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades han sido previstos como un
límite legítimo y válido a los derechos políticos, bajo los principios de razonabilidad,
necesidad y proporcionalidad.
16. La Sala Plena de esta Corporación, en decisión de unificación del 29 de enero
del 201925, precisó el concepto de inhabilidad en los siguientes términos:
«3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del
derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del
20 sentencias C-380-97, C-200-01, C-1212-01 y C-558 de 1994
21 C-348 de 2004 y C-903 de 2008.
22 sentencia C-468 de 2008, Sentencias C-325 de 2009, C-037 de 2018
23 sentencia SU 950 de 2014
24 Sentencia C-952 de 2001
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero del 2019. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU)
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poder político26, pues buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas
que se encuentran afectadas por situaciones, circunstancias o condiciones,
que el Constituyente anticipó como riesgos que afectan intereses, valores y
principios superiores protegidos.»
17. En cuanto a la inhabilidad sobreviniente27 se entiende como aquellas situaciones
o circunstancias que ocurren o se verifican en el ejercicio del empleo, la función o
la ejecución del contrato, por la firmeza de una decisión administrativa o judicial de
inhabilidad o por la ocurrencia del hecho o la situación que inhabilita con
posterioridad a la elección o nombramiento.
18. Ahora bien, en la Constitución Política no se definieron todas las
incompatibilidades e inhabilidades aplicables a los distintos cargos públicos, buena
parte de ellas son de exclusiva facultad del legislador por disposición expresa de la
constitución o por la cláusula general de competencia.
19. En el caso de los personeros municipales, el artículo 118 de la Carta Política
señala que el Ministerio Público será ejercido, entre otros funcionarios, por los
personeros municipales, quienes serán elegidos por los concejos para el período
que fije la ley- numeral 8 artículo 313-. Por su parte, el numeral 23 del artículo 150
establece que corresponde al Congreso «expedir las leyes que regirán el ejercicio de
las funciones públicas», lo cual implica que, a falta de norma específica de rango
constitucional que defina quién habrá de establecer el régimen de
incompatibilidades e inhabilidades de un cierto empleo, ello corresponde al
legislador.
20. Así pues, los empleos públicos que hayan de ser desempeñados en los
departamentos y municipios, como en el caso del personero, es el legislador el
llamado a establecer las reglas pertinentes sobre la materia. Para desarrollar dicha
atribución en lo referente a los municipios y los cargos que dentro de ellos deben
ser provisto se expidió la Ley 136 de 1994 «Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios», específicamente, en
cuando a las inhabilidades para ser elegido personero el artículo 174 prevé:
«Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:
a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en
lo que le sea aplicable;
b) Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración
central o descentralizada del distrito o municipio;
c) Haya sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de la libertad excepto por
delitos políticos o culposos;
d) Haya sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier
tiempo;
26 Artículos 40 y 85 de la Carta Política.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-033 del 2021.
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e) Se halle en interdicción judicial;
f) Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los concejales que
intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental;
g) Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración de contratos
con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí o
por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos
del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse
o cumplirse en el respectivo municipio;
h) Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales en el municipio dentro de los tres meses anteriores a su elección.»
21. La Corte Constitucional en la sentencia C-483 de 1998 estudio una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el literal a) del artículo citado porque a juicio
del accionante adicionar a las inhabilidades para ser elegido personero las
correspondientes para alcalde, teniendo los primeros un régimen de inhabilidades
propio, constituía una vulneración de los artículos 13, 25 y 40, numeral 7, de la
Constitución Política y limitaba el desempeño del cargo de forma excesiva y
desproporcional porque, además, aplica un régimen de inhabilidades de un servidor
público elegido popularmente –alcalde- a quien no lo es -personero-.
22. En aquella oportunidad, la Corte declaró exequible la disposición demanda y
adujó que al margen de cada una de las causales de inhabilidad, que valga señalar
no se estudiaron en la sentencia, no se encontró que el legislador vulnerara la
constitución por el hecho de determinar que las circunstancias y motivos de
inelegibilidad que configuran el régimen previsto para los alcaldes, no pudieran
adicionarse a las causas por las cuales una persona no puede ser elegida para
ejercer el cargo de personero municipal en lo que por su naturaleza y funciones
aparezca pertinente, al respecto indicó:
«Siendo evidente que al legislador corresponde establecer las razones de inhabilidad de
las dos modalidades de servicio público -alcaldías y personerías-, nada se opone a que,
plasmadas las referentes a uno de tales cargos, al enunciar las relativas al otro considere
la ley que los mismos hechos son válidos en lo que por su naturaleza y funciones
aparezca pertinente, para los fines de estatuir tales requisitos negativos. Y con tal forma
de expresar la voluntad legislativa ningún derecho de los aspirantes se quebranta, como
tampoco se afectaría el sistema jurídico si se optara por establecer regímenes comunes,
es decir, una enumeración de inhabilidades o incompatibilidades que cobijara varios
cargos. Satisfaría el legislador la necesidad de predeterminar los motivos
correspondientes, sin necesidad de repetir la lista con respecto a cada empleo, y sin
contemplar -no está obligado a hacerlo- causas diferentes e irrepetibles para cada uno
de ellos.
23. Posteriormente, en la sentencia C-767 de 1998 la Corte Constitucional declaró
la cosa juzgada respecto de la acusación presentada contra el literal a) del artículo
174 de la Ley 136 de 1994, en virtud de la sentencia C-483 de 1998 y en cuanto al
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numeral 4 del artículo 95 ejusdem28 advirtió que su aplicación para elegir personero
por remisión hecha en el literal a) del artículo 174 que además dispone «en lo que
les sea aplicable», implicaba que no todas las circunstancias de inhabilidad
aplicables a los alcaldes lo eran para los personeros, y que una vez revisadas las
diferentes causales de inhabilidad para elegir personero contenidas en el artículo
174 de la Ley 136 de 1994 encontró que la establecida en el literal b), aunque no
era idéntica a la del numeral 4 del artículo 95, sí contenía un elemento concurrente
y relevante, esto es, haberse desempeñado durante un tiempo determinado en la
administración pública con anterioridad a la elección29.
24. En ese sentido preciso que, si bien las dos causales -numeral 4 del artículo 95
y literal b) del artículo 174 ejusdem-, podían ser aplicadas al mismo tiempo, esta
posibilidad sería una acción «irrazonable» y contraria a la aplicación estricta y
restrictiva de las causales de inhabilidad, lo que la llevó a declarar que solo se
aplican a los personeros las inhabilidades de los alcaldes que sean «claramente
necesarias» para garantizar «una adecuada protección a la imparcialidad,
transparencia y moralidad de la función pública». Bajo estas consideraciones
determinó que la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley
136 de 1994 no era aplicable a los personeros en los siguientes términos:
«7- Ahora bien, en la medida en que la propia ley previó una inhabilidad específica
para ser personero cuando la persona ocupó previamente un cargo en la
administración, la cual está contenida en el literal b) del artículo 174, no parece
razonable extender a los personeros la inhabilidad sobre el mismo tema prevista
para el alcalde. Debe entenderse entonces que la inhabilidad establecida por el
numeral 4º del artículo 95 no es aplicable a los personeros, no sólo debido a la
interpretación estricta de las causales de inelegibilidad sino también en virtud del
principio hermenéutico, según el cual la norma especial (la inhabilidad específica
para personero) prima sobre la norma general (la remisión global a los personeros
de todas las inhabilidades previstas para el alcalde)»
25. Ahora bien, las inhabilidades para ser alcaldes, establecidas en el artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, fueron modificadas por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
así:
«ARTÍCULO 95.- Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
28 La cual no había sido modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 y tenía el siguiente texto: «No podrá
ser elegido ni designado alcalde quien: (…) Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro
de los tres (3) meses anteriores a la elección»,
29La corte señaló “Como vemos, si bien las normas no son idénticas, tanto el numeral 4º del artículo 95 como el
literal b) del artículo 174 consagran inhabilidades referidas a que el aspirante al cargo se haya desempeñado
en la administración pública en un determinado período anterior a la elección. Ahora bien, la pregunta natural
que surge es si la ley quiso establecer una doble inhabilidad en este campo para los personeros o si, por el
contrario, la existencia del literal b) del artículo 174 implica que a los personeros no es aplicable la inelegibilidad
prevista para los alcaldes por el numeral 4º del artículo 95”.
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1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o
excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio
de funciones públicas. (subrayado en la disposición)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en
el respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución
de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse
en el respectivo municipio.
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien,
dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio.
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.
5. Haber desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio en un
período de doce (12) meses antes de la fecha de la elección.»
26. En relación al empleo de las circunstancias de inhabilidad definidas en los
numerales 2 y 5 del artículo 95 a la elección de los personeros, la Sección Quinta
de esta Corporación –en sede de nulidad electoral- se ha pronunciado30 bajo los
mismos términos de la sentencia de la Corte constitucional antes citada y ha
concluido que no le son aplicables a los personeros, bajo el siguiente argumento:
«[…] se debe tener en cuenta que las inhabilidades establecidas para el alcalde en
el artículo 95, numerales 2° y 5°, de la Ley 136 de 1994, con la modificación
introducida por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, no son aplicables al Personero,
pues en punto del desempeño de cargos o empleos públicos el literal b) del artículo
174 de esa misma ley establece una causal específica de inhabilidad para el
personero: la de que no puede ser elegido como tal quien “Haya ocupado durante
el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o
descentralizada del distrito o municipio”. Esto excluye, por consiguiente, la
aplicación por remisión de las señaladas para el alcalde, pues éstas igualmente se
refieren al desempeño de cargos públicos y dicha remisión solo es viable cuando no
30Entre otras, sentencia del 1 de diciembre de 2016, Rad. 15001-23-33-000-2016-00185-01, C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez
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existe norma especial de inhabilidad para el personero y la señalada para el alcalde
sea compatible con la naturaleza jurídica del cargo de control.» 31
27. Posición reiterada y en la que se ha sentado una línea jurisprudencial pacifica32,
en el entendido que los numerales 2 y 5 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
referentes a situaciones de inhabilidad para ser alcalde por haber ocupado con
anterioridad cargos públicos, no aplican a la elección de personeros, por cuanto, la
ley establece una causal específica de inhabilidad sobre este aspecto para este
último y, entender lo contrario seria realizar interpretaciones extensivas en materia
de inhabilidades, lo cual está proscrito por el ordenamiento jurídico, pues las mismas
al igual que las incompatibilidades implican limitación de derechos33.
28. Sobre la aplicación restrictiva de las inhabilidades la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló:
«Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de
las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas,
vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de
manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas
en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1,
197 y 267 C.P.); y, además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran
un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles
ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio»34.
29. En consideración a la mencionado y, a las limitaciones a los derechos políticos
que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido
entonces que para su aplicación, es necesario observar una interpretación
restrictiva, por ello, no obstante, la extensión de las inhabilidades dispuestas para
ser elegido o designado alcalde municipal o distrital a los personeros, esta, debe
corresponder «en lo que le sea aplicable» a estos últimos, como lo dispone el literal
a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, pues, dicho condicionamiento implica que
31 Sentencia del 3 de mayo de 2002, Rad. 25000-23-15-000-2001-0101-01(2813), C.P. Darío Quiñonez Pinilla
32 Ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo
de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, Rad. 25000-23-15-000-2001-0101-01(2813). (ii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de mayo 2005, M.P. María Nohemí
Hernández Pinzón, Rad. 76001-23-31-000-2004-00279-02(3595) (En esta providencia bajo el mismo
razonamiento, se estimó que tampoco resulta aplicable la causal de inhabilidad contenida en el numeral 4 del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994). (iii) Consejo de Estado, Sección Quinta, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 3 de marzo de 2011, M.P. Mauricio Torres Cuervo, Rad. 76001-23-31-000-2009-
00483-0. (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, fallo del 1° de
diciembre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 15001-23-33-000-2016-00185-01, 15001-
23-33-000-2016-00141-00, 15001-23-33-000-2016-00143-00 (acumulados); (v) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, fallo del 23 de septiembre de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Rad. 41001-23-31-000-2012-0048-01; (vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, fallo del 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 08001-
23-33-000-2016-00051-01; (vii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
fallo del 18 de julio de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 73001-23-33-000-2018-00204-03.
33 Sentencia del 24 de junio de 2021, Rad 19001-23-33-000-2020-00067-01, C.P. Roció Araujo Oñate
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de febrero de 2011, M.P.
Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 11001-03-15-000-2010-00990-00 y 1001-03-15-000-2010-01027-00
(acumulados).
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la remisión no es automática, ni se refiere a todas las causales de inhabilidad, sino,
a aquellas que, como se manifestó en el fundamento jurídico 22, por la naturaleza
y funciones del cargo de personero le sean aplicables.
30. En definitiva, para extender a la elección de personero las causales de
inhabilidad establecidas en el artículo 95 ejusdem para ser alcalde, es importante
establecer la pertinencia de cada una ellas, esto es así aun cuando no hubiera sido
expresamente dispuesto en la disposición normativa, dado que, las inhabilidades
son taxativas y su interpretación es restrictiva.
7.2. La pérdida de investidura de congresista, diputado o concejal como
causal de inhabilidad para ser alcalde, prevista en el artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000
31. Para verificar si en efecto la circunstancia de la perdida de investidura de
concejal decretada contra el demandante por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en la sentencia del 25 de julio del 2013 sobrevino en una inhabilidad en el
desempeño del cargo de personero del municipio de Fusagasugá, en virtud de la
extensión de las causales de inhabilidad establecidas para ser alcalde municipal, lo
que como consecuencia llevo a que la Procuraduría expidiera los actos
administrativos demandados por los cuales se le impuso la sanción de destitución
e inhabilidad, la Sala considera necesario referirse al propósito de la modificación
parcial de la Ley 136 de 1994 que derivó en la expedición de la Ley 617 de 2000,
en lo pueda ser pertinente a las reglas de inhabilidades e incompatibilidades, puesto
que fue a través de dicha ley que se incluyó la perdida de investidura como causal
de inhabilidad en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.
32. Asimismo, encuentra pertinente mencionar el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de las generalidades de la perdida de investidura, sus características
y propósito, puesto que, cómo se mencionó en los fundamentos jurídicos No. 27 y
30 las inhabilidades son taxativas y su interpretación restrictiva, por lo que, no puede
desligarse la naturaleza jurídica de la perdida de investidura y su determinación
como causal de inhabilidad para determinar si resulta aplicable a su elección como
personero por la remisión del literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, y en
ese sentido si la conducta del disciplinado fue típica.
33. En primer lugar, se ha de señalar que en los informes de ponencia de primer y
segundo debate en el Senado para la reforma parcial a la Ley 136, en lo
correspondiente a las reglas para la transparencia de la gestión de las entidades
territoriales se manifestó:
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«En este capítulo se incorporan las reglas de inhabilidades e incompatibilidades de los
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de juntas administradoras
locales.
Así mismo, se establecen las causales y procedimientos a través de los cuales los
diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales pierden su
investidura.
De otro lado, el proyecto contiene, en este capítulo, las prohibiciones de los cónyuges y
parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de juntas
administradoras locales.
Para finalizar, se prohíbe a los diputados, concejales y miembros de juntas
administradoras locales intervenir en su propio beneficio o el de su partido o grupo
político, en la asignación de cupos presupuéstales, o en el manejo, dirección, o
utilización de recursos del presupuesto, sin perjuicio de la iniciativa de gasto que les
compete durante los debates de aprobación de los planes de desarrollo y los
presupuestos de sus respectivas entidades territoriales.
Todas estas normas tienden a determinar de manera clara los límites a los cuales se
encuentran sujetos los dirigentes de las entidades territoriales, de manera que existan
mecanismos de control que permitan garantizar que el desarrollo de las funciones a su
cargo se haga con criterios de interés general y no con fundamento en intereses
particulares.» 35
34. Por su parte en los informes de ponencia en la Cámara, se indicó:
«En el campo del "saneamiento moral" de nuestras entidades territoriales la ponencia
apoya el establecimiento por primera vez de un estricto régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los gobernadores y diputados. En el mismo sentido se hace más
severo el régimen existente en esa materia para los alcaldes y concejales, al tiempo que
se consagra la pérdida de investidura para diputados y concejales. La confianza de la
ciudadanía deposita en ellos merece de una conducta de cuya probidad no sea posible
dudar. Adicionalmente debe decirse que no tiene sentido que quienes han sido
despojados de su investidura como Congresistas, puedan "reciclarse" a través de las
asambleas departamentales y de los concejos municipales, después de haber ofendido
en materia grave las reglas de la democracia.»36
35. En relación con el cargo de personero salvo por discusiones referentes a
determinación de sus salarios y la procedencia de su reelección, no se evidenció
manifestación alguna sobre la aplicación o extensión de las causales de inhabilidad
adicionadas par ser alcalde.
36. Es claro, que la Ley 617 de 2000 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136
de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de
presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional»,
incluyó la regulación de perdida de investidura para diputados, concejales y ediles,
y, para lo que interesa al presente caso, la determinó como circunstancia de
inhabilidad para ser alcalde37, igualmente, con esta ley se buscó establecer unos
35 Informe Ponencia Primer Debate Senado. Gaceta 532/1999 p. 1-24 e Informe Ponencia Segundo Debate
Senado. Gaceta 211/2000 p. 05-24
36 Informe Ponencia Segundo Debate Camara. Gaceta 452/1999 p. 1-28
37 Artículo 95, de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000
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límites más estrictos a la conducta de los servidores públicos de elección popular,
de quienes se espera un comportamiento ético acorde con la dignidad que ostentan
por virtud del voto popular.
33. En los que respecta a los alcaldes, el artículo 37 de la Ley 617 que modificó el
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 prevé varias causales de inelegibilidad, -aplicable
a la elección de personero por remisión del literal a) artículo 174-, así, prohíbe la
inscripción como candidato y la elección o designación como tal, a quienes incurran
en las siguientes situaciones: i) quien haya sido condenado en cualquier época por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos, ii) quienes hayan perdido la investidura de congresista, o la de diputado,
o concejal, iii) quien haya sido excluido del ejercicio de una profesión o iv) quien se
encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
34. En segundo lugar y con relación al proceso de pérdida de investidura cuya
regulación principalmente se encuentra en la Constitución, la Ley 144 de 1994
respecto a los congresistas, derogada por la Ley 1881 de 2018 «por la cual se
establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones», y en la Ley 617 de
2000 para diputados, concejales y ediles, se puede señalar que:
35. La Constitución política en su artículo 133 establece que, como representantes
del pueblo, los miembros de cuerpos colegiados de elección popular directa, son
responsables ante la sociedad y frente a sus electores de las obligaciones propias
de su investidura. Por su parte el artículo 184 prevé que «La pérdida de la investidura
será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor
de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa
directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.».
36. Frente a los miembros de corporaciones públicas de entidades territoriales el
CPACA en el inciso segundo del artículo 143 alude a que la perdida de investidura
podrá ser solicitada por «[…] la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del
Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá
pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles»
37.Ahora, en cuanto a la naturaleza jurídica de la perdida de investidura la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que es
una acción pública que da origen a un proceso de carácter jurisdiccional y
sancionatorio38 de propósito ético, con consecuencias políticas, que tiene por objeto
el estudio de la conducta de los miembros de corporaciones públicas de elección
popular y como consecuencia la pérdida de parte de los derechos políticos; y que
38 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-
15-000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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tiene como fundamento la protección y la preservación del principio de
representación y de la dignidad en el ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
38. En cuanto a sus características se ha señalado que39: i) constituye un juicio de
responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional
que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros de las
corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional; iii) es la sanción más grave que puede imponerse a una
persona que ha sido elegida en una corporación pública de elección popular porque
implica la separación inmediata de las funciones que venía ejerciendo como
integrante de esa corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución
Política, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; y iv) limita o
reduce algunos derechos fundamentales previstos en la constitución como el de ser
elegido.
39. En el mismo sentido, la Corte Constitucional40 ha manifestado que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan, es decir, comporta un
juicio ético, que exige de los representantes elegidos por el pueblo un
comportamiento recto, pulcro y transparente y comoquiera las conductas que dan
origen a la pérdida de investidura están determinadas por la defraudación del
principio de representación, el Constituyente previó una grave consecuencia jurídica
para el ejercicio de los derechos políticos del condenado, que es la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante del cuerpo
colegiado del cual hace parte y la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el
futuro.
40. Sobre el particular y dado que comporta la imposibilidad de realizar un derecho
constitucional, como es el ser elegido, el procedimiento que se aplique en el
juzgamiento sobre la procedencia de la pérdida de la investidura debe ser
especialmente riguroso y respetuoso de las prerrogativas del demandado, en
especial, los derechos al debido proceso y a participar en política y conformar el
poder público41.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 29 de agosto de 2017,
Rad. 11001-03-15-000-2016-01700-00(Pl), C.P. Milton Chaves García; del 16 de septiembre de 2022, Rad.
05001-23-33-000-2022-00385-01(PI), C.P. Hernando Sánchez Sánchez; del 24 de agosto del 2023, Rad.
11001-23-28-000-2023-00012-00(PI), C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
40 Sentencia SU-424 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado
41 Ibidem
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41. De lo expuesto, es posible concluir que las causales de inhabilidad previstas en
el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para elegir o designar alcalde municipal o
distrital a la elección de personeros por disposición del literal a) del artículo 174
ejusdem no son de aplicación automática y deben atender a lo que por la naturaleza
y funciones del cargo de personero le sean aplicables y. que además, la aplicación
de las circunstancias de inhabilidad son taxativas y de interpretación restrictiva; en
cuanto la pérdida de investidura de congresista, diputado o concejal como causal
de inhabilidad para ser alcalde, prevista en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, y en atención a la naturaleza,
propósito y características de esta acción es posible colegir que está dirigida a
sancionar a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular por las
conductas contrarias a la investidura que ostentan en virtud de la confianza otorgada
por los electores.
8. Resolución al problema jurídico
42. De acuerdo con el problema jurídico planteado y el marco normativo y
jurisprudencial expuesto, para la Sala la conducta endilgada al demandante es
atípica porque:
43. La PGN consideró que al demostrarse que contra el demandante mientras se
desempeñaba en el cargo de personero municipal de Fusagasugá cobró firmeza un
fallo de pérdida de investidura respecto del cargo que desempeñó como concejal
en el mismo municipio, le sobrevino -de conformidad con el artículo 37 de la ley 734
de 2002- la causal de inhabilidad prevista en literal a) del artículo 174 de la Ley 136
de 1994, que remite al numeral 1 del artículo 95 ibídem, comoquiera que, a los
personeros le son aplicables las causales de inhabilidad previstas para los alcaldes,
como es el caso de la pérdida de investidura de concejal.
44. Así pues, concluyó que esta inhabilidad sobreviniente de tipo legal, se subsumió
en lo dispuesto en el inciso primero del numeral 17 del artículo 48 de la ley 734 de
2002, según el cual constituye falta gravísima actuar a pesar de la existencia de
causales legales de inhabilidad.
45. Sin embargo, la PGN para llegar a la conclusión anterior dejo de lado que el
literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 hizo expresa la condición de que no
podría ser elegido personero quien estuvieran incurso en las causales de inhabilidad
establecidas para el alcalde municipal, pero «en lo que le sea aplicable», para lo
cual, era determinante atender a la naturaleza del cargo, así como, naturaleza de la
perdida de investidura, su propósito y características, que de conformidad con lo
expuesto en precedencia es la sanción más grave que puede imponerse a una
persona que ha sido elegida en una corporación pública de elección popular, pues,
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implica la separación del cargo y la imposibilidad para ser elegido nuevamente en
un cargo de elección popular42.
46. Una interpretación extensiva de esta inhabilidad para acceder a otros cargos
públicos diferentes a los de elección popular seria contrario a su carácter taxativo e
interpretación restrictiva, por cuanto, la pérdida de investidura castiga una conducta
transgresora de la dignidad e integridad de la investidura como miembro de una
corporación pública de elección popular, sin que con ella se logre restringir el ámbito
individual y personal para acceder a la función pública que es garantizada por la
Constitución Política.
47. En este sentido, la autoridad disciplinaria para estructurar la responsabilidad
disciplinaria de los demandantes no tuvo en cuenta que la extensión del literal a) del
artículo 174 de la Ley 136 de 1994 a las inhabilidades para ser alcalde no es
automática, ni se refiere a todas las causales de inhabilidad, sino a aquellas que le
sean aplicables a la elección personero.
48. En conclusión, del proceso de adecuación típica que supone la comprobación
lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la
conducta disciplinable y la desplegada por el sujeto activo, y de la cual debe surgir
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el
ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido, no llevo a la
conclusión de contrariedad mencionada, razón por la cual la conducta endilgada es
atípica.
49. En este entendido Juan Efraín Cubides Ramírez al continuar actuando como
personero del municipio de Fusagasugá luego encontrarse en firme la sentencia la
sentencia del 25 de julio del 2013 que le decretó la perdida de investidura como
concejal elegido para el período 2008-2011, no transgredió el régimen de
inhabilidades dispuesto para los personeros, interpretación que es acorde con los
precedentes jurisprudenciales de esta Corporación.
50. Sin más consideraciones, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, puesto que, con relación a la
pretensión de reitegro en el cargo de personero municipal de Fusagazuga se
resolvió que no era posible, comoquiera que, el período para el cual el demandante
fue elegido habia finalizado.
9. Costas
42Sentencia del 14 de octubre de 2021, Rad 68001-23-33-000-2020-00829-01(PI)A C.P. Roberto Augusto
Serrato
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51. Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
53. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 23 de enero del 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a
las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por Juan Efraín Cubides
Ramírez
Segundo: Notificar la decisión según lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia
Cuarto: Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
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Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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