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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04300-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04300-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F ALL A PRIMERO. REVOC AR el numeral 2º de la sentencia de primera instancia, prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que condenó en costas de primera instancia a la señora Angela Arias de Bojanero para en su lugar abstenerse de la condena por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO. CONFI RM AR en lo demás la sentencia del 8 de marzo de 2017, prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Angela Arias de Bojanero en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDEN AR en costas de segunda instancia a la demandante. 16 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 250002342000201504300 01 Radicado interno: 3820-2017 Demandante: Angela Arias de Bojanero CU ARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor Cesar Augusto Hinestro sa, identif icado con cedula de ciudadanía 93.136.492 de Espinal (Tolima) y la tarjeta profesional 175.007 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial del FOMAG. QUINTO: ACEPT AR la renuncia pre sentada por la doctora Diana Marit za Tapias Cif uentes, identif icado con cedula de ciudadanía 52.967.961 de Bogotá y la tarjeta prof esional 243.827 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada judicial del FOMAG. SEXTO: Ef ectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04300-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO AD MINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUEN A HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintid ós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .
Radicación: 250002342000201504300 01 (3820-2017)
Demandante: ANGELA ARIAS DE BOJANERO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO .

Temas: RELIQUIDACIÓN CESANTÍAS PARCIALES / NO
PROCEDE RÉGI MEN DE LIQUI DACIÓN CON
RETROACTIVIDAD .

SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A/LE Y 1437 DE 2011

I. AS UNTO

La Sala de Subsección A decide el re curso de apelación interpuesto
por la demandante contra la sentencia del 8 de marzo de 2017
prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D 1, que negó las súplicas de la demanda
instaurada por la señora Angela Arias de Bojanero en contra de la
Nación, Min isterio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio .

ll. ANTECEDE NTE S

2.1. La demanda 2.

2.1.1. Pretensiones.

La señora Angela Arias de Bojanero , por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artícu lo 138 de la Ley
1437 de 2011 3, solicitó la nulidad parcial del acto administrativo
contenido en la Resolución No. 0002 del 2 de enero de 2015, por
medio de la cual la Secretaría de Educación del municipio de
Fusagasugá le reconoció y ordenó pagar las cesant ías parciales con
destino a reparación y ampliación de vivienda.

1
Con ponencia del magistrado Israel Soler Pedroza.
2
Folios 19 a 42.
3
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo».

Radicado: 250002342000201504300 01
Radicado interno: 3820-2017
Demandante: Angela Arias de Bojanero

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, solicit ó se ordene a las entidades
demandadas a lo siguiente:

 Reconocer y pa gar las cesantías parciales de manera retroactiva
desde de su vinculación como docente, es to es, desde el 3 de
mayo de 1989 liquidada sobre el último salario devengado con
inclusión de todos los f actores salariales de conf ormidad con las
leyes 6.ª de 1945, 65 de 1946 y 344 de 1996; los decretos 1160
de 1947 y 2767 de 1945; asimismo el valo r de las dif erencias que
resulten entre la suma cancelada conf orme al acto administrativo
censurado y la re liquidación que se ordene por concepto de
cesantía parcial retroactiva, sumas debidamente ajustadas .

 Dar cumplimiento a la sentencia en virtud de los artícu los 192 y
195 del CPACA, además del pago de los intereses moratorios
teniendo en cu enta los mentados artículos y que sobre dichas
sumas se incorporen los ajustes de valo r conf orme al índice de
precios al consumidor que pre vé el a rtículo 187 de la L ey 1437
de 2011.

 Condenar en costas a las entidades demandadas.

2.1.2. Hechos.

Señaló como fundamentos f ácticos relevantes los siguie ntes:

1. La señora Angela Arias de Bojanero manif estó que laboró
como docente en el municipio de Fusagasugá , desde el 3 de
mayo de 1989 hasta la f echa de solicitud de la prestación.

2. Por lo anterior, mediante petición con radicación 2014 -PQR-
005659 del 12 de noviembre de 2014, requirió a la Secretaría de
Educación del municipio de Fusaga sugá el reconocimiento y
pago de la cesantías parciales con destino a reparación y
ampliación de vivienda , petició n que f ue desatada
f avorablemente a través de la Reso lución No. 0002 del 2 de
enero de 2015 en aplicación al régimen anualizado previsto en
el lite ral b), numeral 3.° del art ícu lo 15 de la Ley 91 de 1989 y
no el retroactivo consagrado en la L ey 6.ª de 1945, el Decreto
2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947 y la
Ley 344 de 1996.

2.1.3. Normas vi oladas y concepto de la vi olación.

Como normas vul neradas citó los artículos 1, 2, 4,6, 13, 23,25, 29,
53,58,67 y 122 de la Constitución Política; 12 y 17, lite ral a) de la Ley
6ª de 1945; 1° del Decreto 2767 de 1945; 1.° de la Ley 65 de 1946,
1.°, 2.°, 5.° y 6.° d el Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de
1969; 5.°, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 7.° y 9.° del Decreto
2563 de 1990; 2.° literal a) de la Ley 4ª de 1992; 6.° de la Ley 60 de
2
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Radicado interno: 3820-2017
Demandante: Angela Arias de Bojanero

1993; 176 de la Ley 115 de 1994; 5.° del Decreto 196 de 1995; 13 de
la Ley 344 de 1996; 1.° del Decreto 1582 de 1998; 5.° parágraf o Ley
1071 del 2006; y demás normas subsidiarias y complementarias

En el concepto de violación e xplicó que el acto a dministrativo
censurado transgredió de manera directa los preceptos normativos
anteriormente relacionados, comoquiera que hast a el 31 de diciembre
de 1996 el legislad or previó un sistema de régimen retroactivo de las
cesantías para los empleados públicos del orden territorial .

En ese sentido, consideraba que le asist ía el derecho a que el
reconocimiento y pago de las cesantías p arciales se liqu idara de
manera retroactiva , comoquiera que cumplía con los requerimientos
legales para ello.

2.2. Contestación de la demanda.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio 4 no contestó la demanda.

2.3. Trámite en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en la audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437
de 2011, instalada el 8 de marzo de 2017 5, advirtió que (i) no se
evidenciaba irregu laridades o vicios que in validaran lo actuado, por
lo que declaró saneado el proceso; (ii) en cuanto a las excepciones
previas señaló qu e no se present aron, comoquiera que la entidad
accionada no contest ó la demanda (iii) f ijó el lit igio en los siguientes
términos:

«En el pres ent e asunto, se debe determ inar s i la dem andante, tiene
derecho a que se or dene a la entidad dem andada rec onoc er y pagar
sus cesantías bajo el régim en de retroactividad y a que se condene
al pago de las dif erenc ias causadas entre los valores que
ef ectivam ente le fueron cancelados conf orm e a la resoluc ión
dem andada y los que res ulten de la liquidación c on el régim en
retroact ivo de ces antías y iii) a que s e or dene a la dem andada al
reconoc im ient o y pago de los interes es m oratorios sobre las sum as
adeudadas conf orm e a lo dis puesto en el artículo 192 y num eral 4
del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011. .»

2.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D 6, mediante sentencia del 8 de marzo de 2017 dictada
en audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA , negó las
súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.

4
Folios 55.
5
Folios 95 a 98.
6
F o l i o s 181 a 186.
3
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Radicado interno: 3820-2017
Demandante: Angela Arias de Bojanero

Al respecto , manifest ó que en atención a la Ley 91 de 1989 los
docentes nacionalizados vincu lados hasta el 31 de diciembre de 1989
conserva rían un sistema de retroactividad , distinto de aquellos
nombrados a partir del 1º de enero de 1990 a quienes se les aplicaría
el ré gimen anuali zado de las cesantías, sin ret roactivid ad y sujeto a
interés, sistema que se ajustaba también a los docentes nacionales y
a los vinculado s a partir de la última fecha en mención.

En cuanto al caso concreto indicó qu e la accionante se vinculó como
docente del municipio de Fusagasugá bajo la modalidad de contrato
de prestaciones de servicios desde e l 3 de mayo de 1989 hasta el 2
de junio de 1989 y con posterioridad a partir del 1º de f ebrero de 1993
al 30 de noviembre de la misma anualidad y f inalmente fue nombrada
en propiedad mediante Decreto No. 164 del 21 de abril de 1995 . De
ahí que se presentó interrupción entre un lapso y otro , lo que generó
solución de continuidad.

Por ende, no resul taba viable tener en cuenta las vinculaciones
temporales, pues si bien las norma s que consagraban el régimen
retroactivo de las cesantías indicaba n que se tiene derecho a dicho
auxilio por el tiempo laborad o continuo o discontinuo, no obstante
dicha discontinuidad hacía ref erencia a situaciones administrativas
como licencias, in capacidades u otras, pero no a sit uaci ones que
implicaran la terminación del vínculo laboral.

En ese orden , no era de recibo los argumentos e xpre sados po r la
accionante en la demanda , comoquiera que los docentes vinculados
a partir de 1 de enero de 1990 contaban con un régimen especia l en
la materia contenido en la Ley 91 de 1989 , esto es, que sus cesantías
se liquidarían de manera anualizada , por lo que f inalmente negó las
pretensiones .

Por último, condenó en costas a la demandante en los términos de los
artícu lo s 188 del CPACA y 361 del CGP y lo pre visto en el numeral
3.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Su perior de la
Judicatura.

2.5. Recurso de apelación.

La parte demanda nte , por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación 7, al considerar que el a quo de sconoció la
totalidad de los tiempos de servicios laborados, comoquiera f ue
vinculad a al municipio Fusagasu gá en el cargo de docente a través
de contrato de prestación de servicios a partir d el 3 de mayo de 1989 .

Por otro lado , sostuvo que a los docentes territoria les nombrados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996 , se les debía respetar la
liquidación de las cesantías de manera retroactiva , por lo tanto , en
sentir de la apela nte el reconocimiento y pa go de las cesantías

7
Folios 82 a 94.
4
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Demandante: Angela Arias de Bojanero

parciales debía liquidarse bajo dicho régimen, pues cumplía con los
requerimientos le gales para ello .

Finalmente, discrepó la condena en costas , al estimar que el hecho
de resultar vencid a dentro de un proc eso no era suf iciente, pues se
debía verif icar un proceder de mala de f e, abuso del derecho o
inexistencia de un f undamento razonable en el ejercicio de la acción ,
situaciones que no se observaron dentro de la litis .

2.6. Trámite en segunda instancia.

Por autos del 31 de enero de 2018 8 y 9 de mayo de la misma
anualidad 9, este De spacho admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante y ordenó correr t raslado a la s partes para
alegar de conclu sión y al a gente del Ministerio Público para
conceptuar en segunda instancia, respectivamente.

La demandante 10, in sistió en lo esgrimido en el recurso de apelación.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Mi nisterio Público
guardaron silencio.

III. CONSIDER ACI ONES

3.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la
ref erencia, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 150 11 de la
Ley 1437 de 2011.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conf ormidad con el art ículo 328 d el Código General del Proceso,
la competencia del juez de se gunda instancia está circu nscrita a los
argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que
ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones.

En el asunto objeto de estudio la señora Angela Arias de Bojanero
es apelante única, por lo que la competencia de la Sala d e Subsección
se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación.

8
Folio 181.
9
Folio 187.
10
Folio 188 a 201
11
« El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
adm inistrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este m edio de im pugnación, así
com o de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordi narios
de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
5
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Demandante: Angela Arias de Bojanero

3.3. Problema Jurídico

Le corresponde a la Sala de Subsección establecer ¿sí a la
accionante en su calidad de docente of icial le asiste o no el derecho
a que se le liqu iden sus cesantías parciales de conf ormidad con el
régimen retroactivo desde el 3 de mayo de 1989 en adelante , aun
cuando en principio su vinculación obedeció a una relación
meramente contractual ?

Igualmente ¿si procede o no la condena en costas de primera
instancia o si en ef ecto, el a quo en la sentencia incurrió en alguna
imprecisión ?

3.3 Marco normati vo y jurisprudencial aplicable al caso

3.3.1 Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos.

La Ley 6ª de 1945, en el artículo 17, determinó que los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente, gozarían , entre otras
prestaciones, de un auxilio de cesantía, a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría
en cuenta el tiempo de servicio pre stado con posterioridad al 1 de
enero de 1942 12.

Mediante el art ículo 1 del Decreto 2 767 de 1945 se extendieron la
totalidad de las prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la
Le y 6ª de 1945 a los empleados de los departamentos, intendencias,
comisarías y municipios, lo que inclu yó el auxilio de cesantías 13.

Posteriormente, mediante la Le y 65 de 20 de diciembre de 1946 , se
modif icaron las disposiciones sobre cesantías, benef icios que
también f ueron extendidos a los trab ajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios y así, el Decreto 2567 de 31 de
agosto de 1946 f ijó los parámetros para su liquidación 14; y el Decreto
1160 de 28 de marzo de 1947 previó que tendría derecho a dicho
auxilio, el empleado inscrito o no en carrera administrativa, sea cual
f uere la causa de su retiro, aclarando que el monto de la prestación
era equiva lente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente al tiempo laborado, si era i nf erior a ese lapso.

12
«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
a) Auxilio de cesantía a razón de un m es de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la
liquidación de este auxilio solam ente se tendrá en cuenta el t iem po de servicios prestados con
posterioridad al 1o. de enero de 1942. […]».
13
«Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los em pleados y
obreros al servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derec ho a la
totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11
del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que
alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, d e corresponderá probarlo.»
14
El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servi cio de la
Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o
jornal devengado, a menos que el sueldo o jorn al haya tenido modificaciones en los tres
últim os m eses, en cuyo caso la liquidación se hará por el prom edio de lo devengado en los
últim os doce m eses, o en todo el tiem po de servicio, si este fuera m enor de doce m eses.
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De lo anterior, se establece que este régimen de cesantías era de
carácter retroactivo, por cuanto para su liquidación se tenía en cuenta
todo el tiempo de servicio y el ú ltimo salario deven gado.

Ulterio rmente, el Decreto 3118 de 19 68, creó el Fondo Nacional del
Ahorro, FNA, como un establecimiento público vinculado al Ministerio
de Desarrollo Econ ómico.

El mencionado decreto, ordenó adicionalmente, que se debían liquidar
y entre gar al Fo ndo Nacional del Ahorro las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores of iciales de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del estado del orden
nacional, con excepción de las de los miembros de las cám aras
legislativas y de sus empleados, los miembros de las Fuerzas
Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la def ensa nacional.

Así, en relación con la liqu idación de las cesantías, en e l art ículo 27
del citado decreto, f ormuló:

«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir
del 1 de enero de 1969, los Ministerios, De partamentos
Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la
cesantía que anu almente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter def initivo y no
podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración
del respectivo empleado o trabajador. […]»

De igual manera, c on el mentado decreto se inició en el sector público
el desmonte de la retroactividad de las cesantías para dar paso al
sistema de liquidación anualizado, que en principio no era aplicable a
los servidores públicos del orden territorial, quienes se encontr aban
sujetos al ré gimen de cesantías dispu esto en las Le yes 6ª de 1945 y
65 de 1946, esto es, al retroactivo, no obstante, con las disposiciones
que modif icaron su naturaleza y cobertura, permitieron la af iliación a
este de los empleados de las entidades t erritoriales y sus entes
descentralizados (Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998).

Por otra parte, la Le y 50 de 1990 cambió el régimen de cesantías en
el sector p rivad o al anualizado, cu yas características f ueron
explicadas en su artículo 99 de la siguie nte manera:

«Artículo 99: […] E l nuevo ré gimen especial de auxilio d e cesantía,
tendrá las siguient es características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación def initiva
de cesantía, por la anualidad o por la f racción correspondiente, s in
perjuicio de la que deba ef ectuarse en f echa diferente por la
terminación del contrato de trabajo.

7
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2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del
12% anual o proporcionales por f racción, en los términos de las
normas vigentes sobre e l régimen tradicional de cesantía, con
respecto a la suma causada en el año o en la f racción que se liquide
def initivamente.
3ª. El valor liquida do por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de f ebrero del año siguiente, en cuenta individu al a nom bre
del trabajador en el f ondo de cesantía que el mismo elija. El
empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo. […]»

A su vez, el art ículo 13 de la Le y 344 de 27 de diciembre de 1996 15,
extendió el régimen de cesantías f ijado en la Ley 50 de 1990 a los
servidores públicos vinculados con po sterioridad a su ent rada en vigo r
(31 de diciembre de 1996 ), en virtud del cual, la liquida ción def initiva
debía realizarse el 31 de diciembre de cada año.

Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 del 5 de agosto de 1998 16
que amplió el ré gimen de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990
(anualizado) a los servidores público s del orden territorial, así:

«[…] El régimen de liquidación y pago de las cesantía s de los
servidores público s del nivel territorial y vinculados a partir del 31
de diciembre de 1996 que se af ilien a los f ondos privados de
cesantías, será el previsto en los art ículos 99, 102, 104 y demás
normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se af ilien al Fondo Na cional de
Ahorro será el establecido en el artícu lo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998. […]»

En el caso de a quellos que se hubie ran vinculado con anterioridad a
la entrada en vigor de la Le y 3 44 de 1996, con régimen de
retroactividad y qu e decidieran acogerse al pre visto en la precitada
Ley 344 de 1996, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó el
sigu iente procedimiento:

«a). La entidad pública realiza rá la liquidación def initiva de las
cesantías a la f echa de la solicitud de traslado;

b). La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la
seleccionada por el trabajador;

c). En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades
territoriales podrán emit ir a f avor de cada uno de los servidores
públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda
pública por el valo r de la liquidación de las cesantías, con las
características qu e se señalan más adelante, previo el

15
«Por la cual se dictan norm as tend ientes a la racionalización del gasto públic o, se conceden
unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
16
«Por el cual se reglam enta parcialm ente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley
432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras
disposiciones en esta m ateria».

8
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cumplimiento de los trámites lega les necesarios para su
expedición. […]»

Lo anterior, f ue acogido por esta Corporación, que en sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 17, en la cual
se argumentó:

«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que
ingresaron a la administración pública con posteri oridad a
la entrada en vige ncia de la Le y 344 de 1996, están cobijados
por el régimen a nualizado de liquidación de cesantías , al
igual que los vincu lados c on anterioridad pero que se h ubieran
acogido al régimen anualizado, y para ef ecto de la liquid ación y
pago de esa prestación se rigen p or lo que en esa materia
consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 1° de l Decreto 1582 de 1998. […]»
Resaltado de la Sala.

Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las
retroactivas, que son dables para quienes se vincularon a la
administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y las
anualizadas cread as por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector
privado y que la L ey 344 de 1996 extendió a los servidores públicos
vinculados con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre
de 1996), incluidos los del nivel territ orial.

Sin embargo, para aqu ellos servidores con vinculación anterior a la
Ley 344 de 1996 y benef iciarios del régimen retroactivo, el Decreto
1582 de 1998, les concedió la posibilidad de acogerse u optar por el
régimen anualizado de cesantías, pre via solicitud, liqu idación total de
la prestación y entrega del emolumento al f ondo de su elección, tal
como lo previó en su artículo 3.°, procedimiento necesario para el
deprecado cambio.

Por otra parte, el Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 , en el artícu lo
2, conservó el ré gimen de ces antías retroactivas para los servidores
públicos que a 2 5 de mayo de 2000 lo disf rutaban, hasta la
terminación de la relación laboral.

Y en el mismo sen tido, el Decreto 1 919 del 27 de agosto de 2002 ,
que extendió el régimen de prestaciones sociales para l os empleados
públicos de la ram a ejecutiva del poder público del orde n nacional, a
los servidores del orden territorial, e n el artículo 3 pre vió que:

«Los empleados públicos a quienes se les aplique el régimen de
retroactividad de cesantías continuarán c on el disf rute de este, en los
términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

3.3.2. Del auxilio de cesantías en la labor docente.

17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 25
de agosto de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16,
dem andante: Yesenia Esther Pereira Castillo, dem andado: Municipio de Soledad.
9
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Demandante: Angela Arias de Bojanero

A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras,
disposiciones ref erentes a la jurisdicción especial de trabajo, y en sus
artícu los 12 18 y 17 19 dispuso que los empleados y obre ros nacionales
de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un
auxilio de cesant ía a ra zón de un mes de sueldo o jornal por cada año
de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de
servicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942.

La liquidación de dicha prestación social f ue reglamentada a través
del artículo 6º del Decreto 1160 de 1947, que indicó que “para liqu ida r
el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariares,
municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o
jornal de vengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modif icaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liqu idación
se hará por el pro medio de lo devengado en los últimos doce (12)
meses o en todo el tiempo de servicio, si éste f uere menor de doce
(12) meses.”

Hasta este momento las prestaciones sociales de lo s empleados
públicos habían sido expedidas de manera genérica, y sin hacer una
ref erencia expresa al personal docente; no obstante, en 1989 con la
expedición de la Le y 91 se creó el Fondo Nacional de Presta ciones
Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se
encargaría del pago de prestaciones sociales reconocid as a f avor de
los docentes.

Precisamente el numeral 3º del artículo 15 de la norma citada, dispone
el reconocimiento de cesantías a fa vor del personal docente en
dos condiciones, a saber:

« Artículo 15:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magiste rio pagará un auxilio e quivalente a un mes de salario
por cada año de servicio o proporcionalmente por f racción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modif icado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre
el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. De enero de
1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad
a dicha f echa, pero sólo con respecto a las cesantías generadas
a partir del 1º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pa gará un

18
Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las
siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u
obreros: f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones
de año, en caso de despido que no sea originado por m ala conducta o por incum plim iento del
contrato.
19
“Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones: a) Auxili o de cesantía a razón de un m es de sueldo o jornal por cada
año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solam ente se tendrá en cuenta el ti em po de
servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…)”.
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interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31
de diciembre de cada año , liquidadas anualmente y sin
retroacti vi dad , equiva lente a la suma que resulte de aplicar la
tasa de interés, que de acuerdo con certif icación de la
Superintendencia Bancaria, haya sid o la comercial pro medio de
captación del sistema f inanciero durante el mismo período. Las
cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31
de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a
las normas genera les vigentes para los empleados públicos del
orden nacional. » (Resaltado de la Sala )

De lo anterior, la Sala concluye que: (i) los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de dicie mbre de 1989 mantendrían el
régimen prestacio nal previsto en la normativa vigente de la entidad
territorial, es decir, el sistema de retroactividad y; (ii) l os docentes
nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1 990, lo
que según la tesis contenida en los artículos 1 y 2, corre sponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a
vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y
territoriales , se le s aplicarán las disposiciones vigentes para los
empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema
anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al re conocimiento
de intereses.

(iii) Posteriormente, el artículo 6.° de la Le y 60 de 19 93, evidenció
que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o
nacionalizados qu e se incorporen a las plantas departamentales o
distritales, sin solución de continuidad, y los de las nuevas
vinculaciones, será el reconocido por la Le y 91 d e 1989.

En este sentido, el personal docente que continuaba con vinculación
departamental, distrital y municipal 20 sería incorporad o al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetaría el régimen
prestacional vigente de la respectiva enti dad territorial.

Por tanto, la obligación de incorporar a los docentes departamentales,
distritales y municipales f inanciados con recursos propios de las
territoriales al FO MAG surgió con el Decreto 196 de 1995, que en el
artícu lo 5 determinó que se deb ía respetar el régimen prestacional
que tuvieran los d ocentes al momento de su vincu lació n, y conf orme
a lo previsto en el artículo 7 ibid em, el reconocimiento de las
cesantías y los int ereses sobre estas, quedaba a cargo de la entidad
territorial, cuando no se realiza ra dicho traslado .

3.4. Caso concreto.

3.4.1. De las pruebas.

En el proceso se encuentra debidamente probado lo siguiente:

20
Docentes designados por los entes territoriales sin el cum plim iento de las previsiones del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el ava l de la
Nación, los que conservaban el régimen prestacional de cada entidad territorial.
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 La señora Angela Arias de Bojanero laboró como docente bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios No. 0 15 21 a partir
del 3 de mayo de 1989 hasta el 2 de junio de las misma anualidad
y con posterioridad en la misma modalidad de contrato sin número 22
desde el 1º de f ebrero de 1993 al 30 de noviembre del mismo año ,
ambos suscritos por el alcalde de Fusagasugá de la época.

 Mediante Decreto 1 64 del 21 de abril de 1995 23, f ue nombrada en
propiedad por el alcalde de Fusagasugá en el cargo de docente
Grado 07 en el escalaf ón nacional y tomó posesión de este, a tra vés
de acta sin número del 5 de ma yo de la misma anualidad 24.

 El 12 de noviembre de 2014 25 bajo el radicado 2014 -PQR5659
solicitó ante la Secretaría de Educación Municipal de Fusagasugá
el reconocimiento y pago de las cesantías parciales con destino a
reparación y ampliación de vivienda .

 Por medio de la Resolución 0002 del 2 de enero de 201 5 26 la
Secretaría de Educación Municipal de Fusagasugá reconoció a
f avor de la accionante las cesantías parciales con destino a
reparación y ampliación de viviend a correspondientes por los
servicios prestados como docente de vinculación MUNICIP AL por
valo r de $ 12.000.000 M/Cte., supeditada al turno y a la
disponibilidad pre supuestal. Para lo cual tu vo en cuenta lo
sigu iente:

« Qu e m e di a n te s o l ic i tu d ra d i c a d a b a j o e l n ú me ro 2 0 1 4 P QR5 6 5 9 d el
1 1 /1 1 /2 0 1 4 y ra d i c a d o W e b 2 0 1 4 -C E S -0 43 2 9 4 d e l 1 2 d e N o vi e m b re de
2 0 1 4 , l a d o c e n te ÁN GE L A AR IA S D E C A J ON ER O, i d e n ti fic a d a c o n
C é d ul a d e Ci u d a d an ía N o . 3 9 .6 1 3 .8 9 4 e x p e d i d a e n Fu sa g a s u gá
(C u n d í.) s o l i c i ta e l re c o n o c im ie n to y p a g o d e u n a C ES AN T ÍA PA RC IAL
p a ra R E PA RAC IÓN Y A MP L IA C IÓN D E V IV IE ND A , p o r l o s s e rvi c i o s
p re s ta d o s c o m o d o cen te d e v in c u la c ió n M U N IC IP AL R e c u rs o s P ro p i o s ,
e n l a U N IDAD E DU CA T IVA MU N IC IPAL E B EN E ZE R S ede J a i me
Ga rzó n , d e l Mu n i c i p io d e F u s a g a s u g á , D ep a rta m e n to d e C u n d in a m a rc a .

[… ]

R ES UE L VE :

A R T IC U L O P R IMERO: R e c o n o c e r y o r d e n a r e l p a g o a l a d o c e n te
Á N GE LA AR IA S D E BA J ON ER O, i d e n tif i c ad a c o n C éd u l a de C iud a d a n ía
N o . 3 9 .6 1 3 .8 9 4 e x p e d i d a e n F u s a g a s u g á (C u n d í), l a s u m a d e T R E INTA
MIL L ON E S C IE NT O C IN C UE NT A Y D OS MIL C U A TR OCIE N T OS
C UA RE NT A Y CU A TR O P ES OS M/C TE . ($ 3 0 .1 5 2 .4 4 4 ,0 0 ) c o n c a rg o a
l o s re c u rs o s d e l Fo n d o N a c io n a l d e P re s ta c i o n e s S o c ia l e s d el
Ma g i s te ri o , p o r c o n c e p to d e C E S AN T IA PA RC IA L p a ra R E PA RA C IÓN Y
A MP L IAC IÓN D E V IVIE N DA a q u e ti e n e de re c h o p o r e l ti e m p o s e rvi d o
c o m o do c e n te M UN IC IP AL R e c u rs o s P ro p i o s .

A R T IC U L O S E GUNDO: D e l a s u m a re co n o c i d a , d e s c o n ta r QU IN CE
MIL L ON E S DE PE SOS ($ 1 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 ) M/C T E p o r c o n c e p to d e

21
Contrato suscrito el 3 de mayo de 1989
22
Contrato suscrito 1º de febrero de 1993
23
Folio 10.
24
Folio 11.
25
Información que se extrae de la resolución de reconocimiento del auxilio de cesantías visible a folio 28.
26
Folio 28 a 28 Vto.
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c e s a n tía s p a rc i a l e s y a c a n c e l a d a s , q u e d an d o u n s a l d o l í q u i d o p o r va l o r
de QU IN CE MIL LON E S C IEN T O CIN C UEN T A Y D OS MIL
C UA TR OC IEN T OS C U A REN T A Y C U A TR O P E S OS M/C T E .
($ 1 5 .1 5 2 .4 4 4 ,o o ), lo s c u a le s s e rá n c a n c e la d o s la s u ma d e D OCE
M IL L ON ES D E P ESOS ($ 1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,o o ) M /CT E , p o r l a F i d u c i a ri a L a
P re vi s o ra S .A . p o r c o n c e p to d e C E SA NT IA P AR C IA L p a ra RE PAR AC IÓN
Y A MP L IA C IÓN DE VIV IE N DA , s e g ú n a c ue rd o s u s c ri to e n tre l a N a c i ón
y e s ta e n ti d a d a l a d o c e n te . [R e s a l ta d o d e l a S a l a ]

3.4.2. Análisis de la Sala

Del material p robatorio relacionado en el acápite prece dente resulta
evidente que la accionante laboró como docente bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios d esde el 3 de mayo de 1989 hasta
el 2 de junio de las misma anualidad y c on posterioridad a partir de l
1º de f ebrero de 199 3 al 30 de noviembre del mismo año y f inalmente
f ue nombrada en propiedad por el alcalde municipal de Fusagasugá
mediante Decreto 165 del 21 de abril de 1995 .

Al respecto , en un asunto similar ha considerado esta Subsección 27:

« La labor des arrollada en los per iodos descr itos, no es viabl e
com putarla com o tiem po continuo de ser vic io, con el pr opós ito
liquidar las ces antías de la dem andant e, toda vez que los contratos
de prest ación de s er vic ios, s on de naturaleza c ontract ual y no
llevan im plícita la existenc ia de una relación labor al, pues, aunque
en algunos cas os se puede conf igurar, para que ello ocurra es
necesar io que así se declare por la autor idad judici al
corres pondiente, y previa la acr editac ión de los requisitos que la
ley establec e a ef ec to de det erm inar que, en ef ecto, se c um plieron
los 3 elem entos de una r elación de tal natur aleza, de lo contrari o,
no constituye otra cosa que una relac ión de c arácter cont ractual ,
que, com o bien lo señaló el tribunal, no genera el der echo al
reconoc im iento de prestac iones s ociales. »

En ese contexto , no es de recibo para la sala cuando en el curso de
la apelación manif iesta que se vinculó desde el 3 mayo de 1989, pues
no es dable computar el tiempo servid o bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios , en atención de que no lle va implícito una
relación laboral sino meramente contractual , aunque como bien lo
mencionó la sentencia en cita esta se pueda conf igurar, sin embargo
resulta necesario que de manera previa así lo decrete un juez siempre
que cumpla los requisitos para e llo, por ende no habría lu gar a l
reconocimiento y pago de prestaciones sociales a f avor de la
accionan te durante el tiempo discontinuo prestado de 1989 a 1993 por
las ra zones expue stas .

Por otro lado , se tiene que más adelante f ue nombrada mediante
Decreto 164 del 21 de abril de 1995 y se posesionó el 5 de mayo de la
misma anualidad como docente de orden MUNICIP AL, es decir , con

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 15 de abril de
2021, expediente 52001-23-33-000-2014-00011-02(4371-17)
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post er ior idad a la e nt r ada en vig or de l a Le y 91 de 1989 n o r m at iva q ue en
su ar t ícu lo 15 num er al 3º est ablec ió par a los docent es de c ar áct er nacional,
naciona li zado o aq uel q ue se vincul ar a con post er ior idad al 1º . de enero
de 1990 un r ég im en de cesant ías anua li zado.

Ahora bien , en el recurso de alzada la accionante manifiesta que por
ser del orden territoria l tiene dere cho a que se le liquiden sus
cesantías en retroa ctividad, aunque si bien era del orden MUNI CIP AL,
lo cierto es que la norma en cita al referirse a los docentes vinculados
con posterioridad al 1º. de enero de 1990, incluyó a t odos aquellos
cuya relación laboral iniciara con posterioridad a esa f echa, sin
importar si se t rata de nacionales, nacionalizados o territoriales
(municipales o departamentales), es decir sin dist inción alguna.

Al respecto, esta Subsección en asuntos similares 28 ha señalado que
en cuanto a las vin culaciones a las plantas territoriales a partir del 1º.
de enero de 1990 se debe aplicar el régimen prestacional y salarial
de los docentes del orden nacional en los términos de la Ley 91 de
1989, es decir un sistema anualizado, sin retroactivida d y sujeto al
reconocimiento de intereses.

De ahí que, en criterio de la subse cción, además de los docentes
nacionales y nacio nalizados a que se ref iere la primera f rase de la
norma, se incluye n aquellos vincu lados al servicio docente con
posterioridad a la f echa límite allí establecida, y comoquiera que no
se hizo dif erenciación en relación con la autoridad de la que
proviniera el nombramiento del docente, debe entenderse que se
encuentran incluidos todos.

Por ende, se debe aplicar el régimen prestacional y salarial de los
docentes del orden nacional contenido en la Ley 91 de 1989, toda ve z
que las Le yes 60 d e 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones
contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se
incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a
las plantas departamentales y distrit ales a partir del 1º. de enero de
1990.

Lo anterior permite concluir que te niendo en cuenta la f echa de
vinculación su régimen de cesantías aplicable es de co nf ormidad con
la Ley 91 de 1989 el cual planteó que las cesantías para los docentes
vinculados a partir del 1º. de enero de 1990 se liqu idan anualmente y
sin retroactividad, razón por la cual n o procede el reconocimiento de
la prestación en los términos in vocados en la demanda, pues se itera
que se debe liquid ar de manera anualizada y sin retroactividad.

28
ver sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: a) 18 de febrero de 2021 (número
interno 2391-2017) b)3 de septiem bre de 2020 (número interno 5312 -2018), c) 22 de febrero de
2018 (número interno 5085-2016), d)30 de noviembre de 2017 (número interno 4992 -2015), e)
27 de noviembre de 2017 (número interno 0472 -2016) f) 19 de octubre de 2017 (número interno
5010-2015), g) 19 de enero de 2015 (número interno 4400 -2013), h) 25 de marzo de 2010
(número interno 0620-2009).

14
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Así las cosas, e l reconocimiento d e sus cesantías se rige por las
normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es
decir, su régimen es anualizado, sin retroactividad y sujeto a
intereses, como lo reconoció la e ntidad demandada en el acto
administrativo recurrido, lo que impone a la Sala conf irmar la
sentencia del 8 de marzo de 2017, prof erida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D ,
por los argumentos expuestos en la providencia.

De la condena en costas en primera instancia

En el curso de la apelación la entidad accionada discrepó de la
condena en costas de primera instancia al considerar que el a quo
desconoció el análisis subjetivo va lorativo , es decir, que debían
observarse una serie de f actores tales como la temeridad, la mala fe
entre otros.

Ahora bien, con la expedición del CPACA, la Subsección A
inicialmente sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no
implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», f rente a
aquel que resulta ra vencido en el litigio.

Sin embargo, en sent encia del 7 de abril de 2016 la Subsección A 29
dentro del proceso radicado 15001 -23-33-000-2012-00162-01 (4492 -
2013), varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la
imposición de costas al concluir que no se debe evaluar la conducta
de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos
respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código
General del Proceso, con el f in de darle plena aplicación a su art ículo
365.

En el asunto bajo estudio, se encuentra que las e xp ensa s no se
causaron pues en ef ecto la entidad accionada no intervino en ninguna
de las etapas procesales, pues no contestó la demanda 30 no intervino
en la audiencia inicial 31 ni tampoco presentó alegatos de conclusión 32,
asimismo, para la f echa de presentación de la misma 33, esto es, el 31
de agosto de 2015, no exist ía un criterio unif icado respecto al régimen
de cesantías de los docentes, por lo tanto no habría lugar a imponer
la condena.

Por lo anterior, e s claro que la d emandante no está llamada a
reconocer las costas a f avor de la entidad demandada como lo dispuso
el a quo, razón por la cual la Sala revoca rá el numeral 2º de la
sentencia del 8 de marzo de 2017 , prof erida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D ,
para en su lugar abstenerse de condenar en costas de primera
instancia .

29 C o n s e j e r o ponente: Dr. William Hernández Gómez.
30
Folio 55
31 Folio 63
32 Folio 65
33 Folio 102.

15
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3.5. Renuncia al poder conferido.

Revisado el expediente, se observa que, se allegó renuncia de poder
por parte del doctor Cesar Augusto Hinestrosa y de la d octora Diana
Marit za Tapias Cifuentes, como apoderados del FOMAG, por lo que
se aceptará la renuncia de estos visible en el f olio 208 del expediente.

3.6. De la condena en costas de segunda instancia .

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los
gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza
y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los
honorarios de abogado o agencias del derecho, los llam ados en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de au xiliares de la justi cia co mo peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.

Por lo anterior, no se condenará en costas de segunda instancia a la
parte demandante, pues si bien se cumple lo previsto en el numeral
3º. del artícu lo 365 del Cód igo General del P roceso, es decir que la
providencia recurrida va a ser conf irmada en su totalidad, lo cierto es
que no se demostró su causación, toda ve z que no intervino la parte
contraria, pues no presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Co lombia y por
autoridad de la Ley,

I. F ALL A

PRIMERO. REVOC AR el numeral 2º de la sentencia de primera
instancia, prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D que condenó en costas de primera
instancia a la señora Angela Arias de Bojanero para en su lugar
abstenerse de la condena por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO. CONFI RM AR en lo demás la sentencia del 8 de marzo de
2017, prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora Angela Arias de Bojanero en
contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDEN AR en costas de segunda instancia a la
demandante.
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Radicado: 250002342000201504300 01
Radicado interno: 3820-2017
Demandante: Angela Arias de Bojanero

CU ARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor Cesar
Augusto Hinestro sa, identif icado con cedula de ciudadanía
93.136.492 de Espinal (Tolima) y la tarjeta profesional 175.007 del
Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial del
FOMAG.
QUINTO: ACEPT AR la renuncia pre sentada por la doctora Diana
Marit za Tapias Cif uentes, identif icado con cedula de ciudadanía
52.967.961 de Bogotá y la tarjeta prof esional 243.827 del Consejo
Superior de la Judicatura como apoderada judicial del FOMAG.

SEXTO: Ef ectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE

Esta providencia f ue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de l
veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022).

G ABRIEL V ALBUE N A HERN ÁNDEZ
Firmado electrónicamente

WILLI AM HERN ÁN DEZ GÓMEZ R AF AE L FR ANCIS CO SU ÁREZ V ARG AS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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