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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04385-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04385-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)

Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago. Subtema 4: cumplimiento
parcial del título ejecutivo.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
el 17 de abril de 2024, que declaró probada la excepción de pago propuesta por la
entidad accionada.

1. Síntesis del caso

El señor José Numbier Hernández García presentó demanda ejecutiva con el
propósito de obtener el pago de la indexación de las diferencias derivadas del
reajuste de su asignación de retiro con fundamento en el índice de precios al
consumidor (IPC), del 1.° de enero de 2005 al 4 de junio de 2010, fecha de
ejecutoria de la sentencia del 25 de marzo de 2010 del Consejo de Estado, que
confirmó la del 26 de febrero de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
así como de los correspondientes intereses moratorios.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de pago,
al considerar que la demandada cumplió integralmente el título ejecutivo, ya que la
sentencia del Consejo de Estado limitó los efectos económicos de la reliquidación
con base en el IPC del 3 de enero al 31 de diciembre de 2004; además, el valor
sufragado superó el monto atinente a las diferencias y los intereses causados, por

Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

lo que no existía saldo pendiente por tales conceptos. El demandante interpuso
recurso de apelación, al estimar que no pretendía extender temporalmente la
reliquidación ordenada, sino obtener la indexación, hasta la ejecutoria del título, de
las diferencias generadas como consecuencia de aquella, por lo que el pago
efectuado fue incompleto.

La Subsección revocará el fallo de primera instancia, por cuanto la accionada dio
cumplimiento parcial al título ejecutivo, pues, aunque calculó y sufragó las
diferencias suscitadas en la asignación de retiro con posterioridad al 31 de
diciembre de 2004 como consecuencia del reajuste reconocido hasta entonces,
omitió actualizar las causadas entre el 1.° de enero de 2005 y el 4 de junio de 2010,
fecha de ejecutoria de las sentencias base de recaudo, de conformidad con lo allí
dispuesto. Por ende, no se configura la excepción de pago total de la obligación y
deberá seguirse adelante con la ejecución.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. José Numbier Hernández García, mediante apoderado, presentó demanda
ejecutiva el 3 de agosto de 20151, en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (en adelante Cremil), con el fin de que se librara mandamiento de pago
por los siguientes conceptos:

PRIMERO: […] por la suma de […] $24’454.957 […] valor que la entidad
demandada ha dejado de pagar por concepto de la indexación incorrecta de las
diferencias de reajuste correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de
enero de 2005 al 04 de junio de 2010 fecha de ejecutoria de la sentencia de
Segunda instancia, proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, que ordena el reajuste de la asignación de retiro con
aplicación del IPC. Dineros dejados de percibir correctamente desde el día 01 de
enero de 2005.

SEGUNDO: […] por concepto de intereses moratorios causados a partir del 04
de Junio de 2010 fecha de la ejecutoria de la providencia por un valor […]
$21’693.438 […] hasta la fecha, y los que se generen hasta el cumplimiento total de
la obligación [sic para toda la cita]2.

2.2. Trámite procesal en primera instancia

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, libró mandamiento de pago en auto del 18 de enero de 20193, por la suma de $

1 Expediente físico, folios 2 y 52 a 64.
2 Se advierte que en la demanda existe una discordancia entre los valores expresados en letras y las cifras

consignadas entre paréntesis; sin embargo, en esta providencia se tendrán en cuenta estas últimas, esto es, $
24.454.957 por concepto de capital y $ 21.693.438 por intereses moratorios, pues corresponden a los valores
determinados en la liquidación aportada por el ejecutante como sustento de sus pretensiones.
3 Expediente físico, folios 70 y 71.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

46.148.395, solicitada en la demanda.

2.3. Contestación de la demanda

3. Cremil4, a través de apoderado, propuso la excepción de pago total de la
obligación, respecto de la cual señaló que, a través de Resolución 762 del 23 de
febrero de 2011, dio estricto cumplimiento a lo ordenado en los fallos base de
recaudo; realizó un primer pago al accionante por la suma de $ 28.986.711, el 25
de marzo de 2011, mediante transferencia electrónica a la cuenta de su apoderado,
e ingresó el correspondiente reajuste a la nómina de abril de 2011 por el monto de
$ 154.424.833.

4. Adicionalmente, como razones de defensa, adujo que el proceso ejecutivo
no puede utilizarse para obtener reconocimientos que excedían el contenido del
título, por lo que al haber delimitado los fallos la reliquidación de la asignación de
retiro con fundamento en el IPC a los años 1997 a 2004 y el reconocimiento de
capital al período comprendido entre el 3 de enero y el 31 de diciembre de 2004,
impedía reclamar por esta vía diferencias por indexación a partir del 1.° de enero
de 2005 e intereses moratorios desde la ejecutoria de las sentencias. Además, si
el ejecutante estimaba que el fallo debía comprender esos conceptos, debió acudir
a los mecanismos procesales pertinentes dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

5. Por otra parte, sostuvo que no existía saldo pendiente por concepto de
intereses moratorios, pues, al dar cumplimiento a las sentencias que integraban el
título ejecutivo, liquidó y pagó los causados a favor del ejecutante, circunstancia
que constaba en la certificación expedida por el jefe de la Sección de Liquidación y
Control de Nómina que acompañó el acto de cumplimiento. Añadió que satisfizo la
obligación dentro de los términos legales y, por ello, no procedía ordenar
nuevamente el pago de intereses moratorios ni de sumas adicionales por ese
concepto, al considerar extinguida la obligación.

6. Mediante auto del 22 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso correr traslado de la excepción propuesta5, frente a la cual
el ejecutante solicitó declararla no probada6.

7. Indicó que Cremil no cumplió integralmente el título ejecutivo, toda vez que
efectuó el pago en dos componentes, pero solo indexó uno de ellos,
correspondiente a $ 28.986.711, y omitió actualizar el segundo, por $ 154.424.833,
por lo que esta forma de liquidación dejó pendiente la indexación de las diferencias
derivadas del reajuste con IPC desde el 1.° de enero de 2005 hasta el 4 de junio de
2010, pues las sentencias base de recaudo no autorizaron fraccionar su
cumplimiento ni efectuar una actualización parcial.

4 Expediente físico, folios 85 a 97.
5 Expediente físico, folio 163.
6 Expediente físico, folios 165 y 166.

3

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Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

8. Argumentó que la indexación debía comprender los valores
correspondientes al período entre el 1.° de enero de 2005 y el 4 de junio de 2010,
día de ejecutoria de las sentencias, y a partir de esta última fecha se causaban
intereses moratorios sobre las diferencias insolutas hasta su pago total. Por tanto,
la ejecución no pretendía ampliar ni modificar el título, sino obtener su cumplimiento
integral.

2.4. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en la sentencia del 17 de abril de 20247, declaró probada la excepción de pago
propuesta por la entidad demandada y se abstuvo de condenar en costas.

10. Consideró que Cremil cumplió integralmente el título ejecutivo, por cuanto la
sentencia del Consejo de Estado del 25 de marzo de 2010, aunque confirmó el
reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, precisó que sus efectos
económicos estaban limitados al lapso comprendido entre el 3 de enero y el 31 de
diciembre de 2004; por ende, no procedía reconocer las diferencias reclamadas por
el ejecutante con posterioridad a esa fecha, esto es, entre el 1.° de enero de 2005
y el 4 de junio de 2010.

11. Advirtió que se apoyó en la liquidación elaborada por la contadora de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según la cual,
conforme a los parámetros del título, correspondía pagar $ 26.245.093,85 por las
diferencias derivadas de la reliquidación con el IPC y $ 2.627.905,39 por intereses,
para un total de $ 28.872.999,24; en consecuencia, como Cremil había pagado $
28.985.711, monto superior al determinado en dicho cálculo, no existía saldo
pendiente por diferencias ni por intereses moratorios, por lo que estaba acreditado
el pago total.

2.5. Recurso de apelación

12. El señor José Numbier Hernández García, mediante su apoderada,
interpuso recurso de apelación8, al estimar que no se acreditó el pago total de la
obligación, pues la liquidación acogida por el tribunal únicamente tuvo en cuenta el
reajuste de la asignación de retiro hasta el 31 de diciembre de 2004, sin considerar
que sus efectos repercutieron en las mesadas posteriores, ya que una cosa era la
reliquidación ordenada con fundamento en el IPC y otra las diferencias económicas
derivadas de aquella, las cuales, en su criterio, debían ser actualizadas hasta la
ejecutoria de las sentencias objeto de recaudo, esto es, el 4 de junio de 2010.

13. Explicó que lo que pretendía era obtener la indexación de las diferencias por
concepto del reajuste ordenado a partir del 1.° de enero de 2005, por lo que el pago

7 Expediente físico, folios 239 a 243 y CD en folio 244.
8 Expediente físico, CD en folio 244, minuto 42:22

4

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Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

efectuado por Cremil fue incompleto y la liquidación de la contadora del tribunal que
sustentó el fallo apelado actualizó los valores únicamente hasta el 31 de diciembre
de 2004 y no indexó las diferencias causadas con posterioridad y hasta la ejecutoria
de las providencias que integraban el título ejecutivo, como expresamente se
dispuso en estas.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

14. Mediante auto del 28 de agosto de 20249, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

15. El citado proveído fue notificado electrónicamente a los sujetos procesales
el 30 de agosto de 202410 y, una vez ejecutoriado, el expediente ingresó al
despacho para proferir sentencia; no obstante, la parte demandante presentó
alegatos de conclusión el 21 de mayo de 202511, esto es, cuando ya había vencido
la oportunidad procesal para pronunciarse del recurso de apelación, establecida en
el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, razón por la cual fueron allegados de
manera extemporánea y no serán tenidos en cuenta.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

16. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

17. De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda
instancia, de conformidad con el artículo 32812 del Código General del Proceso
(CGP), corresponde a la Sala definir si:

9 Samai, índice 4.
10 Samai, índice 7.
11 Samai, índice 10.
12 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá

pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la
apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

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18. ¿La entidad demandada dio cumplimiento integral al título ejecutivo al
actualizar las diferencias derivadas de la reliquidación de la asignación de retiro
únicamente hasta la fecha límite fijada para dicho reajuste?

19. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de
competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación,
(iii) formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial, (iv) la carga probatoria en los procesos
ejecutivos y la excepción de pago. A partir de las anteriores consideraciones, (v) se
destacarán los hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto
se resolverá el problema jurídico planteado.

3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación

20. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación
es que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión».

21. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate
de apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si
hubiere sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización
o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá
precisar brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los
cuales versará la sustentación que hará ante el superior».

22. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es
necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de
inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de
segunda instancia para determinar la legalidad de esta y decidir si la confirma,
revoca o modifica.

23. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la
oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de
inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su
posición, como demandante o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales
el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»13.

24. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso
materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar
el tribunal de instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto
por el juez de primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten
en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar a que la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de

2010, proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).

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Demandada: Cremil

providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso»14. Tal y como
lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-418 de 2019:

La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende
probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos
supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado
de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que
la apelación deba ser sustentada

25. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del
CGP que, como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia
para resolver el recurso. Ello, porque no le corresponde al fallador asumir cargas ni
tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos
para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una
decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la
dejan sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho
que le sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses
sino porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue
acertado al no corresponder a la realidad procesal.

3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación

26. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA,
limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos que establece la ley».

27. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los
reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que
considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la
providencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial
de segunda instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer
otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»15.

3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial

28. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada
por quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones
de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

25 de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del

25 de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).

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nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de
pérdida de la cosa debida».

29. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.

3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Reiteración jurisprudencial16

30. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo
1625 del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones,
al preceptuar:

Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las
partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan
en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;

[...]

31. La anterior disposición normativa en armonía con los artículos 1626 y 1627
del CC, los cuales, en su orden, prevén que el pago efectivo «es la prestación de
lo que se debe» y este se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor
de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las
leyes»; además de que el artículo 1649 del mismo código establece que «El pago
total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».

32. De tales normas se colige que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su integridad, es decir, cuando se pague al acreedor no solo el capital,
sino también los intereses cuando exista retardo, por lo que el deudor deberá
acreditar ante el juez el documento que evidencie, sin ningún atisbo de duda, la
entrega del correspondiente dinero al acreedor, de conformidad con el artículo 1757
del CC, según el cual «Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega
aquellas o ésta». Sobre el particular, en la sentencia del 30 de mayo de 202417,
esta Subsección sostuvo:

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del
CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

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constitucional obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias
previstas en este Código» y, también que «incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

90. Asimismo, la doctrina18 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto
a las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que
encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con
el cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o
ésta».

33. Ahora bien, en torno a la orden de seguir adelante con la ejecución, en la
precitada providencia esta Sala reiteró:

93. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional19 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de
pago en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en
firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento
desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto
de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las
cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del
monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los
intereses, que se establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación
se hizo exigible [...]» [se resalta].

94. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la
previa realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo
los distintos ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago
y luego se ordenó seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-
»; también se puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier
abono o pago parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser
notificado del mandamiento ejecutivo»20.

95. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el
mandamiento ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después
de este momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el
mandamiento] y, por consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida
en cuenta al momento de liquidar el crédito.

96. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir

18 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
19 Sentencia C-814 de 2009.
20 Óp. Cit. 14.

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adelante con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la
liquidación del crédito con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará
traslado a la otra parte, quien «solo podrá formular objeciones relativas al estado
de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una
liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a
la liquidación objetada», disposición que, sin asomo de duda, garantiza los
derechos al debido proceso de las partes, pues, si es del caso, la entidad podrá
objetar los cálculos del demandante, en el sentido de descontar los abonos que
hubiera efectuado.

97. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de
actualizarla en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la
liquidación que esté en firme».

98. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda;
(ii) cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá
tomar como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan
efectuar los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

34. En este orden de ideas, la excepción de pago solo tendrá prosperidad en la
medida que se haya demostrado fehacientemente el pago de la obligación dineraria
por parte del deudor, por lo que, de no acreditarse su satisfacción total, se ordenará,
al momento de desestimar dicho medio exceptivo, seguir adelante con la ejecución,
para que en la etapa de liquidación del crédito se determinen los abonos realizados
durante el trámite ejecutivo y el valor del saldo insoluto.

3.7. Hechos probados relevantes

35. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos relevantes,
según se muestra a continuación:

36. Mediante la sentencia del 26 de febrero de 200921, proferida dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-
2008-00511-01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, ordenó la reliquidación de la asignación de retiro del señor José
Numbier Hernández García «con aplicación del índice de precios al consumidor, en
la medida en que le resulte más favorable que el principio de oscilación, a partir de
1997, pero con efectos fiscales desde el tres (3) de enero de 2004, por prescripción
cuatrienal, de conformidad con la parte motiva» (ordinal 3.°).

37. Igualmente, en dicha providencia se condenó a Cremil a pagarle al
accionante «los valores correspondientes a las diferencias en los reajustes anuales
de la asignación de retiro, de que trata el ordinal anterior, actualizados de acuerdo
con lo expresado en la parte motiva de esta providencia, conforme a los índices de

21 Expediente físico, folios 28 a 41.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

inflación certificados por el Dane y mediante la aplicación de la fórmula matemática
adoptada por el H. Consejo de Estado» (ordinal 4.°).

38. En la parte motiva del precitado fallo se precisó que «pese a la prescripción
aludida, el reajuste de la asignación de retiro de la actora debe realizarse desde
1997, año por año, dado que la base de liquidación cambia, aplicando el porcentaje
más favorable, entre el principio de oscilación y el reajuste con base en el I.P.C.,
pero con efectos fiscales a partir del 3 de enero de 2004, en virtud del fenómeno
prescriptivo cuatrienal».

39. La precitada sentencia fue confirmada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través del fallo del 25 de marzo de 201022, «pero
con la aclaración que el reajuste de la asignación de retiro del actor debe pagarse
desde el 3 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».

40. Sobre este último aspecto, en la parte considerativa del fallo de segunda
instancia, esta corporación explicó que, conforme al criterio fijado en la sentencia
del 17 de mayo de 200723 de la Sección Segunda, el incremento de las
asignaciones de retiro con fundamento en el IPC resultaba procedente hasta el 31
de diciembre de 2004, dada la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, que
mantuvo vigente el principio de oscilación como sistema de actualización de las
asignaciones de retiro. En consecuencia, confirmaría la sentencia apelada «que
ordenó reconocer el reajuste de la asignación de retiro del actor, con la aclaración
que el mismo se realizará hasta el 31 de diciembre de 2004».

41. La anterior providencia quedó ejecutoriada el 4 de junio de 2010, según
constancia secretarial del Consejo de Estado24.

42. A través de la Resolución 762 del 23 de febrero de 201125, la entidad
demandada dio cumplimiento al fallo del 25 de marzo de 2010 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el sentido de «establecer la diferencia
entre la aplicación del incremento anual por IPC y el reajuste por oscilación que se
venía aplicando sobre su Asignación de Retiro, para las mesadas comprendidas
entre el 03 DE ENERO DE 2004 hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (fecha señalada
por el despacho en la providencia), con indexación e intereses».

43. De igual modo, en ese acto administrativo se determinó que se liquidaron los
anteriores valores con base en el IPC, se realizó la indexación en los términos del
artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y los intereses
moratorios se calcularon conforme al artículo 177 de esa misma norma, hasta el 31
de diciembre de 2004, los cuales discriminó así:

22 Expediente físico, folios 42 a 51.
23 Proceso con radicado 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05).
24 Expediente físico, folio 140.
25 Expediente físico, folios 9 a 10.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

Valor Capital Indexado........................................................................... $25,641,690
[…]
Valor de los Intereses sobre el Capital Indexado...................................... $3,345,021
[…]
Total a Pagar.......................................................................................... $28,986,711

44. Asimismo, en la citada resolución, Cremil señaló que lo adeudado lo pagaría
de la siguiente forma:

• Del 03 DE ENERO DE 2004 hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (fecha
señalada por el despacho en la providencia), será cubierto por el Rubro de
Sentencia destinado para tal fin, según certificado de disponibilidad
presupuestal No. 1211 del 05 de enero de 2011.

• Ordenar que los que los [sic] valores causados por este concepto, con
posterioridad al 31 DE DICIEMBRE DE 2004 y hasta la fecha del ingreso de
esta novedad a nómina, serán con cargo al rubro de asignación de retiro,
valores estos que aparecerán discriminados en el desprendible de pago que se
genere para el mes correspondiente.

45. La entidad demandada fundamentó el anterior acto administrativo en la
liquidación que realizó la Subdirección de Prestaciones Sociales el 20 de enero de
201126, en la que se calculó el reajuste ordenado en las providencias base de
recaudo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2004 y los intereses moratorios, así:

Asignación Asignación Valor
Año de retiro de retiro diferencia Totales IPC Indexación
liquidada liquidada IPC IPC y Cremil
Enero $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 832.651 1.168,23 $ 1.143.400
Febrero $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.182,29 $ 1.926.988
Marzo $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.193,90 $ 1.904.072
Abril $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.199,38 $ 1.885.556
Mayo $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.203,91 $ 1.876.941
Junio $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 2.905.934 1.211,15 $ 3.838.171
Julio $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.210,83 $ 1.858.700
Agosto $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.211,15 $ 1.859.192
Septiembre $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.214,72 $ 1.858.700
Octubre $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.214,64 $ 1.853.238
Noviembre $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 1.415.711 1.217,98 $ 1.853.360
Diciembre $ 6.026.896 $ 7.517.118 $ 1.490.222 $ 2.897.922 1.221,64 $ 3.783.373
Totales $ 19.377.909 $ 25.641.690

Tabla 1: cuadro elaborado a partir de la información contenida en la liquidación de la Subdirección
de Prestaciones Sociales de Cremil del 20 de enero de 2011.

LAPSO DÍAS INT. MORA VR. CAPITAL VR. INTERESES
05062010-30062010 26 22,97% $ 25.641.690 $ 380.467
01072010-31072010 31 22,41% $ 25.641.690 $ 444.164
01082010-31082010 31 22,41% $ 25.641.690 $ 444.164

26 Expediente físico, folios 11 y 12.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

01092010-30092010 30 22,41% $ 25.641.690 $ 429.717
01102010-31102010 31 21,32% $ 25.641.690 $ 424.356
01112010-30112010 30 21,32% $ 25.641.690 $ 410.558
01122010-31122010 31 21,32% $ 25.641.690 $ 424.356
01012011-26012011 26 23,42% $ 25.641.690 $ 387.239
TOTAL INTERESES MORATORIOS $ 3.345.021

VALOR CAPITAL INDEXADO: $ 25.641.690
MÁS INTERESES DE MORA: $ 3.345.021
TOTAL A PAGAR: $ 28.986.711

Tabla 2: cuadro citado de la liquidación de la Subdirección de Prestaciones Sociales de Cremil del
20 de enero de 2011.

46. El 1.° de febrero de 2014 el ejecutante, por conducto de apoderado, solicitó
de la entidad demandada el cumplimiento integral de las sentencias base de
recaudo, en el sentido de indexar los valores liquidados desde el 1.° de enero de
2005 hasta la fecha de su ejecutoria27.

47. Por medio del oficio 47276 del 11 de julio de 2014, en respuesta a la anterior
petición, Cremil indicó al accionante que, revisado el expediente administrativo, se
dio estricto cumplimiento al fallo de segunda instancia base de recaudo con la
Resolución 762 del 23 de febrero de 2011, por lo que no era procedente el reajuste
por él solicitado28.

48. Según la certificación del 25 de noviembre de 2019 de la coordinadora del
Grupo de Tesorería de Cremil29, al señor José Numbier Hernández García se le
pagó, el 25 de marzo de 2011, mediante transferencia electrónica a la cuenta
corriente de su apoderado, el monto de $ 28.986.711, reconocido en la Resolución
762 del 23 de febrero del 2011. Asimismo, se realizó un segundo pago por $
154.424.833 «liquidado en la nómina del mes de abril 2011 y cobrado el 06 de mayo
2011 mediante cheque» por el mismo apoderado.

49. Esta última suma, en armonía con la Resolución 762 del 23 de febrero de
2011, corresponde a «los valores causados por este concepto [reajuste de la
asignación de retiro], con posterioridad al 31 DE DICIEMBRE DE 2004 y hasta la
fecha del ingreso de esta novedad a nómina», sin que se advierta la aplicación de
la indexación ordenada en la sentencia de primera instancia que integra el título
ejecutivo, de conformidad con el artículo 17830 del CCA.

50. De acuerdo con el oficio 54737 del 7 de junio de 2022, expedido por Cremil
con destino al presente proceso31, el segundo pago realizado por la suma de $
154.424.833 resultó del siguiente cálculo:
27 Expediente físico, folios 3 a 5.
28 Expediente físico, folio 8.
29 Expediente físico, folio 159.
30 Código Contencioso Administrativo, artículo 178: «La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante

sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante
sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá
determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor»
31 Expediente físico, folios 198 y 199.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

Tabla 3: cuadro extraído de impresión del citado oficio 54737 del 7 de junio de 2022.

51. Del anterior cuadro se evidencia que, para determinar las sumas adeudadas
con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, la entidad partió de la diferencia
establecida en la mesada correspondiente a ese año y, sobre esa base, calculó las
diferencias causadas de 2005 a 2011, incluidas las referentes a las adicionales; sin
embargo, no se observa que esas diferencias hubieran sido objeto de indexación o
actualización monetaria, pues únicamente se proyectaron los valores resultantes
del reajuste y se efectuaron los descuentos legales. De esta manera, una vez
incorporadas las diferencias de las mesadas ordinarias y adicionales y aplicadas
las respectivas deducciones legales, se determinó como valor neto a pagar la suma
de $ 154.424.833.

3.8. Caso concreto.

52. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, al argumento expuesto
en el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

53. Precisado lo anterior, se tiene que el tribunal declaró probada la excepción
de pago total de la obligación, al considerar que Cremil dio cumplimiento integral al
título ejecutivo, pues la sentencia de segunda instancia limitó los efectos
económicos de la reliquidación de la asignación de retiro con fundamento en el IPC
al período comprendido entre el 3 de enero y el 31 de diciembre de 2004. En ese
sentido, con apoyo en la liquidación elaborada por la contadora de la Sección
Segunda de esa corporación, concluyó que el valor pagado por la entidad superó
el monto correspondiente a las diferencias de reajuste y los intereses causados,
por lo que no existía saldo pendiente por tales conceptos.

54. Por su parte, el ejecutante interpuso recurso de apelación, al estimar que no
se acreditó el pago total de la obligación, ya que el 31 de diciembre de 2004

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

correspondía al límite temporal para efectuar la reliquidación con fundamento en el
IPC y no al de la actualización de las diferencias económicas derivadas de aquel.
Sostuvo que dicho reajuste repercutió en las mesadas posteriores y que las
diferencias causadas a partir del 1.° de enero de 2005 debían ser indexadas hasta
la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia; por ende, el pago efectuado por
Cremil fue incompleto, dado que esas diferencias no fueron actualizadas en los
términos ordenados en el título ejecutivo.

55. Por lo tanto, el examen de la providencia apelada se circunscribirá a
establecer si, como lo aduce el ejecutante, Cremil incumplió parcialmente el título
ejecutivo al no actualizar hasta la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
las diferencias causadas a partir del 1.° de enero de 2005 como consecuencia del
reajuste de la asignación de retiro.

56. Ahora bien, resulta pertinente advertir que, en la sentencia de primera
instancia del 26 de febrero de 2009, que integra el título ejecutivo, se condenó a
Cremil a reliquidar la asignación de retiro del señor José Numbier Hernández
García con fundamento en el IPC desde 1997, respecto de aquellos años en los
que dicho sistema resultara más favorable que el principio de oscilación; no
obstante, en atención a la prescripción cuatrienal, dispuso el pago de las diferencias
derivadas de ese reajuste únicamente a partir del 3 de enero de 2004. Asimismo,
ordenó actualizar las sumas resultantes de las diferencias generadas por los
reajustes anuales de la asignación de retiro, mediante la aplicación de la fórmula
señalada en esa providencia.

57. Aunque el fallo de segunda instancia confirmó la decisión anterior y, en su
parte resolutiva, aclaró que el reajuste debía «pagarse» desde el 3 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2004, de su parte motiva se desprende que el límite temporal
fijado al 31 de diciembre de 2004 correspondió al reajuste mismo con fundamento
en el IPC, pues, con apoyo en la sentencia del 17 de mayo de 2007 de la Sección
Segunda, se precisó que aquel resultaba procedente hasta esa fecha, dado que a
partir de 2005 entró a regir el sistema previsto en el Decreto 4433 de 2004.

58. Por consiguiente, la aclaración efectuada en segunda instancia delimitó el
período de aplicación del reajuste con fundamento en el IPC, pero no dejó sin
efectos hacia el futuro las diferencias generadas en la asignación de retiro como
consecuencia de aquel, tanto es así que Cremil, además de determinar las
diferencias causadas entre el 3 de enero y el 31 de diciembre de 2004, estableció
las suscitadas desde el 1.° de enero de 2005 hasta la inclusión del reajuste en
nómina.

59. Así las cosas, la apreciación del tribunal en torno a que el fallo de segunda
instancia limitó el pago de las diferencias al 31 de diciembre de 2004 parte de una
lectura aislada de su parte resolutiva y desconoce el alcance integral de esa
providencia. En efecto, tratándose de una sentencia que integra el título ejecutivo,
su parte decisoria no puede examinarse al margen de las consideraciones que le

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Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

sirven de fundamento, máxime cuando el propio fallo confirmó la decisión apelada
y aclaró su ordinal segundo «de conformidad con lo expuesto en la parte motiva».

60. Además, esa interpretación incidió en la liquidación elaborada por la
contadora de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
acogida en el fallo apelado para declarar probado el pago total32, toda vez que
únicamente determinó e indexó las diferencias derivadas del reajuste causadas
hasta el 31 de diciembre de 2004, sin incluir en esa operación las generadas a partir
del 1.° de enero de 2005, como se muestra a continuación:

Asignación
Factor
de retiro Asignación de Diferencia Indexación
Período Total index
liquidada retiro pagada pensional 100 %
ación
IPC
03/01/04-31/01/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.321.063,29 1,361 $ 1.798.062,20
01/02/04-29/02/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,345 $ 1.903.662,18
01/03/04-31/03/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,332 $ 1.885.107,34
01/04/04-30/04/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,326 $ 1.876.548,08
01/05/04-31/05/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,321 $ 1.869.428,61
01/06/04-30/06/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 2.905.345,95 1,313 $ 3.814.230,93
01/07/04-31/07/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,313 $ 1.858.789,59
01/08/04-31/08/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,313 $ 1.858.228,97
01/09/04-30/09/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,309 $ 1.852.740,56
01/10/04-31/10/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,309 $ 1.852.924,84
01/11/04-30/11/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 1.415.424,95 1,305 $ 1.847.792,66
01/12/04-31/12/04 $ 7.516.817 $ 6.026.896 $ 1.489.921 $ 2.931.957,33 1,305 $ 3.827.577,89
TOTALES $ 19.897.191,11 $ 26.245.093,85

Tabla 4: cuadro elaborado de la información contenida en la liquidación realizada por la contadora de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

61. En ese contexto, como lo ha precisado esta Subsección en asuntos en los
que el título ejecutivo se encuentra constituido por una providencia judicial 33, no
puede hacerse una lectura fraccionada, ni sostenerse que únicamente lo
consignado en la parte resolutiva presta mérito ejecutivo; por el contrario, la
providencia debe interpretarse de manera integral, a partir de la relación sistemática
entre su parte motiva y resolutiva. Al respecto, esta corporación ha explicado que34:

[De] la sentencia no puede hacerse una lectura fraccionada, ni se puede considerar
que únicamente lo consignado en la parte resolutiva presta mérito ejecutivo, pues
se debe tener en cuenta que tratándose de un título ejecutivo complejo se deben
analizar en conjunto todos los documentos que lo integran para librar o no el
mandamiento de pago.

32 Expediente físico, folios 219 a 221.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 22 de mayo de 2026, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2021-01935-01 (2988-2025).
34 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 26 de febrero de 2014, proceso con radicado 25000-23-

27-000-2011-00178-01 (19250); reiterada por la Subsección A de la Sección Segunda, en auto del 28 de
noviembre de 2018, proceso con radicado 23001-23-33-000-2013-00136-01 (1509-16), en la que se precisó
que «la sentencia que se allega a un proceso como título ejecutivo no puede fraccionarse, razón por la que son
vinculantes tanto la parte motiva como la resolutiva».

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

En cuanto a la obligatoriedad de la parte considerativa de la sentencia, la Corte
Constitucional ha distinguido como partes vinculantes de una sentencia el decisum,
es decir la parte resolutiva o la decisión del caso concreto y, la ratio decidendi, o las
razones que sirven de fundamento a la decisión sin las que no es posible entender
esa decisión.

62. En el presente asunto, el ejercicio hermenéutico se limita a determinar, a
partir de una lectura integral de las sentencias objeto de ejecución, el alcance de
las obligaciones allí contenidas, en particular, respecto de las diferencias generadas
con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 como consecuencia del reajuste
reconocido y de la orden de actualización impartida en el fallo de primera instancia,
base de recaudo, que no fue modificada por el Consejo de Estado. Por
consiguiente, no se trata de extender el reajuste con fundamento en el IPC más allá
de aquella fecha ni de adicionar el título ejecutivo, sino de precisar su alcance para
establecer si Cremil cumplió integralmente las obligaciones allí impuestas.

63. En efecto, la precisión efectuada por el Consejo de Estado en la aludida
sentencia del 25 de marzo de 2010, materia de ejecución, no tuvo por objeto
modificar la orden de pago de las diferencias impartida en primera instancia, sino
aclarar el límite temporal del reajuste con fundamento en el IPC; de haber
pretendido restringir también el pago de aquellas al 31 de diciembre de 2004, habría
sido necesario modificar expresamente la orden correspondiente de la sentencia
apelada. Asimismo, el fallo de segunda instancia no modificó ni limitó la condena
de actualización impuesta en primera instancia respecto de las diferencias
derivadas de los reajustes de la asignación de retiro.

64. En consecuencia, una vez Cremil estableciera que el reajuste reconocido
hasta el 31 de diciembre de 2004 también generaba diferencias en las mesadas
causadas a partir del 1.° de enero de 2005 y hasta su inclusión en nómina, debía
actualizar dichas sumas en los términos dispuestos en el título ejecutivo y de
conformidad con el artículo 178 del CCA —que dispuso la indexación desde la
fecha de efectividad del pago de las diferencias, 3 de enero de 2004, hasta la
ejecutoria de las sentencias base de recaudo, ocurrida el 4 de junio de 2010—,
mediante la fórmula prevista para tal efecto. Sin embargo, de la liquidación
efectuada por la entidad no se advierte que las diferencias causadas del 1.° de
enero de 2005 al 4 de junio de 2010 hubieran sido objeto de dicha actualización.

65. En el cuadro de liquidación contenido en el oficio 54737 del 7 de junio de
2022, expedido por Cremil con destino al presente proceso, que sustentó el
segundo pago por $ 154.424.833, se advierte que la entidad tomó como punto de
partida la diferencia de $ 1.490.222 establecida en la mesada de 200435 y, sobre
esa base, calculó las diferencias suscitadas respecto de las mesadas posteriores,
desde el 1.° de enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 2011 —dado que la inclusión
en nómina del reajuste se realizó en abril de este último año—, incluidos los ajustes

35 Valor determinado en la liquidación que realizó la Subdirección de Prestaciones Sociales el 20 de enero de

2011, que sirvió de fundamento a la Resolución 762 del 23 de febrero de 2011.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

anuales, como se ilustra, de manera resumida, a continuación:

Período Meses Diferencia mensual Total diferencias
01/01/04-31/12/04 0 $ 1.490.222 $0
01/01/05-31/12/05 12 $ 1.572.184 $ 18.866.208
01/01/06-31/12/06 12 $ 1.650.795 $ 19.809.540
01/01/07-30/06/07 6 $ 1.725.080 $ 10.350.480
01/07/07-31/12/07 6 $ 1.816.949 $ 10.901.694
01/01/08-31/12/08 12 $ 1.920.333 $ 23.043.996
01/01/09-31/12/09 12 $ 2.067.622 $ 24.811.464
01/01/10-31/12/10 12 $ 2.108.978 $ 25.307.736
01/01/11-31/03/11 3 $ 2.108.978 $ 6.326.934
Subtotal $ 139.418.052
Subtotal diferencia en mesadas adicionales $ 22.181.853
Descuentos $ 7.175.072
Total pagado $ 154.424.833

Tabla 5: cuadro elaborado a partir de la información indicada en la liquidación contenida en el oficio
54737 del 7 de junio de 2022, expedido por Cremil.

66. Como se observa, la entidad accionada reconoció que la diferencia
determinada para 2004 repercutió en la cuantía de la asignación de retiro de los
años posteriores; sin embargo, aunque calculó y pagó las diferencias resultantes
—por el monto de $ 154.424.833, previas deducciones legales—, no aplicó sobre
las causadas hasta el 4 de junio de 2010 —fecha de ejecutoria de las sentencias
que integran el título ejecutivo— la actualización allí ordenada; es decir, se limitó a
calcular nominalmente tales diferencias, sin aplicar la fórmula de indexación
respecto de las suscitadas entre el 1.° de enero de 2005 y el 4 de junio de 2010,
como sí lo hizo frente a las generadas del 3 de enero al 31 de diciembre de 2004.

67. En otras palabras, aunque Cremil reconoció que el reajuste efectuado hasta
el 31 de diciembre de 2004 repercutió en la cuantía de las mesadas posteriores —
tal como se precisó en la sentencia de primera instancia base de recaudo, en el
sentido de que «la base de liquidación cambia»— y, por ello, calculó las respectivas
diferencias hasta su inclusión en nómina, omitió aplicarles la actualización
ordenada en el título ejecutivo.

68. De acuerdo con lo anterior, le asiste razón al ejecutante en cuanto afirma
que el pago efectuado por Cremil no satisfizo integralmente la obligación contenida
en el título ejecutivo, pues, pese a que la entidad reconoció y pagó las diferencias
causadas en las mesadas posteriores al 31 de diciembre de 2004 como
consecuencia del reajuste ordenado, omitió actualizar las generadas entre el 1.° de
enero de 2005 y el 4 de junio de 2010, en los términos expresamente dispuestos
en la sentencia de primera instancia, en armonía con el artículo 178 del CCA, cuya
orden sobre este particular no fue modificada por el fallo de segunda instancia.

69. Por lo tanto, los pagos realizados por la demandada no satisfacen
íntegramente la condena impuesta en las sentencias que constituyen el título
ejecutivo, en particular en lo atinente a la indexación de las diferencias generadas

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

por el reajuste de la asignación de retiro del señor Hernández García, ya que, si
bien fueron calculadas las ocasionadas entre el 3 de enero de 2004 y el 31 de
marzo de 2011, solo se actualizaron las suscitadas desde la primera fecha hasta el
31 de diciembre de 2004. Por ende, subsiste un saldo pendiente por concepto de
la indexación de las diferencias causadas del 1.° de enero de 2005 al 4 de junio de
2010, fecha de ejecutoria de las sentencias base de recaudo, por lo que no se
configura la excepción de pago total de la obligación propuesta por Cremil.

70. Así las cosas, la obligación no se encuentra extinguida y, en ese sentido,
deberá proseguirse la ejecución de acuerdo con los fallos que integran el título
ejecutivo y los parámetros advertidos en esta instancia. El monto definitivo de la
indexación pendiente deberá establecerse en la etapa subsiguiente de liquidación
del crédito, al igual que los intereses moratorios sobre las sumas insolutas.

3.9. Conclusión

71. La Subsección concluye que Cremil dio cumplimiento parcial al título
ejecutivo, pues, aunque calculó y pagó las diferencias generadas en la asignación
de retiro con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 como consecuencia del
reajuste reconocido hasta entonces, omitió actualizar las causadas entre el 1.° de
enero de 2005 y el 4 de junio de 2010, cuando cobraron ejecutoria las sentencias
base de recaudo, de conformidad con lo allí dispuesto. Por lo tanto, no se acreditó
el pago total de la obligación.

72. En la etapa de liquidación del crédito, se determinará el saldo insoluto por
concepto de la mencionada indexación respecto de las diferencias causadas del 1.°
de enero de 2005 al 4 de junio de 2010, conforme a lo dispuesto en el título ejecutivo
y los parámetros precisados en esta providencia, así como los intereses moratorios
sobre dicho saldo.

73. En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia; en su lugar, se
declarará no probada la excepción de pago total de la obligación, propuesta por la
entidad demandada, y se ordenará seguir adelante con la ejecución por las sumas
correspondientes a la indexación de las diferencias suscitadas con ocasión del
reajuste de la asignación de retiro del señor José Numbier Hernández García entre
el 1.° de enero de 2005 y el 4 de junio de 2010, fecha de ejecutoria del fallo de
segunda instancia, que integra el título ejecutivo, y a los respectivos intereses
moratorios causados desde el día siguiente a dicha ejecutoria hasta el pago de la
obligación, cuyo monto se determinará en la etapa de liquidación del crédito.

3.10. Costas

74. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario36 de la Subsección sobre el artículo 188 del

36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

CPACA, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse
que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay
lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no se
advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que declaró
probada la excepción de pago, por las razones indicadas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Declarar no probada la excepción de pago total de la obligación,
propuesta por la entidad demandada, conforme a lo señalado en la parte motiva de
este fallo.

Tercero. Seguir adelante con la ejecución por las sumas correspondientes a la
indexación de las diferencias suscitadas con ocasión del reajuste de la asignación
de retiro del señor José Numbier Hernández García desde el 1.° de enero de 2005
hasta el 4 de junio de 2010, fecha de ejecutoria del fallo de segunda instancia, que
integra el título ejecutivo, y a los respectivos intereses moratorios causados desde
el día siguiente a dicha ejecutoria hasta el pago de la obligación, cuyo monto se
determinará en la etapa de liquidación del crédito, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

Cuarto. Sin condena en costas.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04385-01 (3358-2024)
Demandante: José Numbier Hernández García
Demandada: Cremil

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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