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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04544-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04544-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar: Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor José Manuel Fonseca Rodríguez en contra de La Nación-Alcaldía Mayor de Bogotá- Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Tercero. CONDENAR en costas, en ambas instancias, al demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuarto. RECONOCER personería al abogado Juan Sebastián López Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía 1.069.730.173 y portador de la tarjeta profesional 267.660 del C. S. de la J., para representar los intereses de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, conforme al poder que obra en el índice 00030 de SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04544-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04544-01 (3251-2023)
Demandantes: José Manuel Fonseca Rodríguez y otros
Demandado: La Nación-Alcaldía Mayor de Bogotá-Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Tema: Desconocimiento del debido proceso por indebida valoración
probatoria como causal de nulidad de los actos administrativos.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria. REVOCA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. Los señores José Manuel Fonseca Rodríguez y otros1 instauraron demanda
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial (UAERMV), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones expedidas el 8 de julio y el 16 de
octubre de 2014 por la Oficina de Control Disciplinario Interno y por la Dirección
General de la UAERMV, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y de la Resolución
571 del 13 de noviembre de 2014, que ejecutó la sanción.

1 El extremo demandante, conformado así: el señor Fonseca Rodríguez actuó en nombre propio y en
representación de las menores Angie Lorena Fonseca Muñoz y July Stefany Fonseca Peña; en nombre propio
actuaron Alba Gloria Peña Palacios, Joselin Fonseca, Olga Lucía Poveda Muñoz, Karen Mayerly Fonseca
Poveda, Jeimy Lisbeth Fonseca Poveda y Cecilia Rodríguez.

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3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al
cargo y grado que desempeñaba, sin solución de continuidad, junto con el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir,
debidamente indexados.

4. De forma subsidiaria solicitó que se declare administrativa y
extracontractualmente responsable a la UAERMV como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de los actos demandados, por desconocer el derecho al
debido proceso, al trabajo, el fuero sindical, el derecho de asociación y el mínimo
vital; y, en consecuencia, se ordene el pago de perjuicios extrapatrimoniales en
favor suyo y de su grupo familiar, representados en daños morales, perjuicios (sic)
en la vida de relación, lucro cesante y daño emergente.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que laboró en la UAERMV desde el 22 de mayo de 1987 y ocupaba el cargo
de maestro general de obra para la época de los hechos objeto de investigación
disciplinaria.

7. Que el 24 de junio de 2011 se ordenó la apertura de una indagación
preliminar, con fundamento en un oficio de la misma fecha, en el cual se confirmaba
una información relacionada con los trabajos que al parecer desempeñaba personal
de la UAERMV en locaciones privadas, con materiales y herramientas de la entidad.

8. Que fue vinculado al trámite disciplinario con fundamento en la declaración
juramentada del señor Ricardo Torres Beltrán, lo que ocurrió por auto del 29 de
noviembre de 2011; y el 29 de mayo de 2013 se formuló pliego de cargos, en el cual
se le imputó la falta del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con
los artículos 398 y 399 del Código Penal, a título de dolo.

9. Que la autoridad disciplinaria corrió traslado para presentar alegatos de
conclusión sin que se hubiesen practicado la totalidad de pruebas decretadas, luego
de lo cual, en primera y segunda instancia, fueron expedidos los actos cuya nulidad
se solicita y fue ejecutada la sanción en los términos relatados previamente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Constitución Política: preámbulo y artículos 2, 4, 6, 13 a 16, 21, 25, 29, 31,
32, 34, 42, 48, 53, 83, 85 a 87, 90, 95, 125, 216, 228 y 230; Código Penal: artículos
2 a 6, 8, 9, 11, 23, 29.1, 40.4, 172, 289, 286 y 414; Código de procedimiento Penal:
artículos 1, 3, 10, 36, 65, 153, 154, 246, 248, 253, 262, 293, 295, 300, 302, 304, 305
numerales 2 y 3, 310, 358, 384 y 389; Ley 153 de 1987: artículo 8; Código de
Procedimiento Civil: artículos 24, 217, 218, 234, 250, 262, y 268; Código Penal
Militar (sic): artículos 15, 176, 306 a 605, 375 a 377, 468 y 542 a 545; Código

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Contencioso Administrativo (sic): artículos 3, 35, 36, 69 y 84; Ley 734 de 2002:
artículos 4 a 6, 8, 9, 13 a 15, 18, 19, 48, 66, 73, 90.1, 92.4, 98, 101, 115, 128 a 132,
140 a 145, 154, 156, 161, 162 y 165; Ley 1474 de 2011: artículos 44, 50, 52 y 132;
Ley 584 de 2000 y sentencias C-1232 de 2005, T-203 de 2004, T-001 de 1999, T-
800 de 1999, C-381 de 2000, T-1079 de 2006, T-1209 de 2000, T-288 de 2005, T-
360 de 2007, C-240 de 2005, T-249 de 2008 y C-381 de 2000.

11. Considera que en la expedición de los actos se incurrió en un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, pues la demandada no quiso valorar y entender
que su actuación obedeció al cumplimiento de una orden del subdirector y, por el
contrario, le atribuyó un peculado aun cuando se acreditó que a su cargo tenía las
órdenes de rehabilitación de la zona norte de la ciudad y que los hechos ocurrieron
en el sur.

12. Que la funcionaria que elaboró el informe fue posteriormente comisionada
para la práctica de las pruebas, lo que implica una lesión al debido proceso y la
configuración de una nulidad absoluta y, en consecuencia, las pruebas por ella
practicadas no podían tenerse en cuenta para expedir las decisiones disciplinarias.
Afirmó que, los medios de prueba no se valoraron de manera integral, de manera
que se incurrió en un defecto sustantivo, por carecer los actos de la debida
sustentación.

13. Agregó que la autoridad disciplinaria incurrió en una indebida formulación de
cargos, porque el auto expedido con ese propósito no cumplió con los lineamientos
del artículo 163 de la Ley 734 de 2002, pues solo se relataron hechos vagos, no se
identificaron los supuestos 4 parqueaderos que habían pavimentado los
funcionarios de la entidad, lo que implica que no resultó claro el objeto de la
investigación. Tampoco quedó clara la modalidad en que se atribuyó el
comportamiento ni la forma en que incurrió en la falta ni se realizó en debida forma
el juicio de culpabilidad.

14. También señaló que los actos lesionaron el debido proceso, porque no existió
prueba alguna que permitiera concluir que incurrió en el delito que se imputó, la
investigación no cumplió con las ritualidades legales y la entidad no valoró lo que
realmente ocurrió. Que, no pudo intervenir en la práctica de las pruebas, ni le fueron
trasladadas las recaudadas durante la indagación preliminar, lo que impidió el
ejercicio del derecho a la defensa.

15. Que se lesionó el principio de imparcialidad, porque a lo largo del
procedimiento se realizaron señalamientos respecto de los medios de prueba; esto,
sin dejar de lado que varias de las que fueron decretadas en descargos no se
practicaron. Que no se no aplicó el principio in dubio pro disciplinado y, por el
contrario, tergiversó la prueba testimonial para llegar a un falso juicio de convicción.

16. Que, además, la UAERMV desconoció el fuero sindical que lo amparaba,
pues la administración no puede apartar del cargo a un aforado sin la autorización
del juez laboral aun cuando esté incurso en una causal de inhabilidad.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

17. La demanda fue admitida el 2 de febrero de 20162. El Distrito Capital de
Bogotá manifestó que no se encontraba legitimado en la causa por pasiva, porque
los hechos y pretensiones estaban relacionados con actuaciones de la UAERMV, lo
que implica la ausencia de un nexo causal entre lo pedido y las actuaciones del
Distrito y destacó que la Unidad tiene asignadas funciones en materia de
representación legal judicial y extrajudicial en el Decreto Distrital 445 de 20153.

18. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial expresó que en la actuación disciplinaria fueron múltiples las pruebas
recaudadas y cuya valoración permitió sancionar al demandante, a quien se le
permitió el ejercicio pleno de su derecho a la defensa y fue notificado de todas las
actuaciones.

19. Agregó que fueron las propias actuaciones del señor Fonseca Rodríguez las
que lo hicieron acreedor de la sanción impuesta, pues se probó que incurrió en una
grave violación de sus obligaciones al coordinar la pavimentación de un predio
privado, con lo que permitió el uso indebido de bienes de la UAERMV; conducta con
la que afectó sustancialmente su deber funcional en la medida en que actúo en
contravía de lo que de él se esperaba en su condición de servidor público; máxime
que se encontraba en la posibilidad de obrar de otra forma; no obstante, permitió
que con insumos y materiales de la entidad se realizaran labores en unos
parqueaderos de propiedad de privados.

20. Que la versión del entonces investigado careció de credibilidad, porque,
aunque en la primera oportunidad manifestó que recibió la orden por parte del
subgerente Umbacía, en la segunda diligencia se retractó; mientras que los dichos
del declarante Ricardo Torres se reforzaron con los demás medios de prueba,
incluido lo dicho por el señor Fonseca Rodríguez en su escrito de descargos,
ocasión en la que aceptó haber prestado maquinaria.

21. Respecto del fuero sindical del demandante, señaló que en Resolución 022
de 2015 se ordenó su reintegro mientras se adelantaba el trámite para obtener la
autorización para hacer efectiva la sanción; no obstante, el señor Fonseca no se
habría presentado a laborar, pese a beneficiarse de sus derechos laborales.

22. Propuso como excepciones el cobro de lo no debido y la inexistencia de la
obligación4.

23. Se celebró audiencia inicial el 10 de julio de 20195, en la cual se declaró
fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, se fijó el litigio y se decretó como prueba documental el
expediente del trámite disciplinario. En la misma diligencia se determinó que, luego

2 Véase folio 104 del cuaderno principal. La demanda se inadmitió el 19 de junio de 2015, para que se allegara

el poder debidamente diligenciado por las partes del proceso (véase folio 94 del cuaderno principal).
3 Véanse folios 112 a 127 del cuaderno principal.
4 Véanse folios 140 a 150 del cuaderno principal.
5 Véanse folios 229-230 del cuaderno principal.

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de su incorporación (para lo cual se concedió el plazo de 15 días), transcurriría el
término para que las partes alegaran de conclusión y el Ministerio Público rindiera
su concepto. Agotada dicha etapa, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo
oportuno por las partes.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta
(30) de junio de dos mil veintidós (2022)6, declaró la nulidad parcial de los actos
demandados y ordenó el reintegro del señor Fonseca Rodríguez al cargo de
maestro general de obra de la Subdirección Técnica de Producción de la UAERMV
o a uno de igual o mejor categoría, junto con el pago de los salarios y prestaciones
que debió devengar en los dos últimos años, con exclusión de los periodos de
incapacidad y sin perjuicio del descuento de los emolumentos que hubiere recibido
con ocasión de relaciones laborales o contractuales con el Estado dentro del mismo
lapso.

25. Como sustento de esta decisión, señaló que se acreditó que la demandada
incurrió en indebida valoración probatoria e indebida formulación del cargo
disciplinario. Lo primero, porque el testimonio de Ricardo Torres Beltrán, que fue
determinante para que se sancionara al demandante, no contó con ningún soporte
documental, además que, el líder de la obra afirmó que la maquinaria y los
materiales le fueron suministrados por el señor Torres Beltrán, quien por lo demás,
no brindó ninguna claridad respecto del procedimiento para su entrega o de cómo
eran autorizados.

26. Lo segundo –la indebida formulación de cargos– ocurrió porque para la
configuración del peculado por uso (artículo 398 del Código Penal), sobre el cual se
estructuró la decisión definitiva, resultaba necesaria la concreción de los elementos
del tipo penal, lo que no se configuró en el caso estudiado, pues si bien el
demandante era servidor público, no ostentaba la disponibilidad jurídica ni material
de los bienes, «pues en sus funciones solo necesitaba conocer las necesidades de
personal, maquinaria y materia y, asignar y controlar las tareas del personal de
acuerdo a la programación diaria de labores; pero en estricto sentido no era quien
proporcionaba los materiales, ni disponía de ellos».

27. Que los testimonios recaudados coincidieron en que el señor Fonseca
Rodríguez se limitaba a la organización de las planillas diarias de acuerdo con el
cronograma de la entidad, de forma que la autoridad disciplinaria no logró establecer
la disponibilidad jurídica de los bienes que fueron empleados para la pavimentación
y mantenimiento de los parqueaderos. Sumado a ello, no logró acreditar la
modalidad dolosa del comportamiento, pues no se demostró que el demandante
conociera la titularidad de los predios, ni que los hubiese visitado y menos que sabía
que su comportamiento no se ajustaba a la legalidad y que, pese a ello, hubiese
querido su realización.

6 Véanse folios 303 a 323 del cuaderno principal.

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28. Que se acreditó el desempeño simultáneo de sus funciones en las zonas
norte y sur de la ciudad y que, si tenía deber de visitar el terreno y solo se limitó a
realizar llamadas vía Avantel, ello podría haber llevado a que se le responsabilizara
por el incumplimiento de sus funciones; pero de ninguna manera permitía establecer
la existencia de acuerdos previos entre el demandante y los titulares de los predios
privados; sumado a que, a parte del testimonio de Ricardo Torres, no existían
elementos para determinar que la maquinaria referenciada en la actuación estuviera
a cargo del señor Fonseca Rodríguez.

29. No encontró acreditados los demás cargos de nulidad, porque la funcionaria
que intervino en la práctica de las pruebas fue debidamente comisionada desde la
indagación preliminar y la verificación de la denuncia anónima no la convertía en
una denunciante. Además, en el trámite disciplinario sí se acreditó su condición de
servidor público, pues se incorporó el extracto de su historia laboral y se identificó
el cargo que desempeñaba en la UAERMV.

30. Negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

RECURSOS DE APELACIÓN

31. La demandada7 interpuso recurso de apelación en el que señaló que el
testimonio, prueba dominante en la actuación disciplinaria analizada, es un medio
permitido de manera expresa por el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 y que su
valor debe partir de aplicar las reglas de la sana crítica.

32. Que la valoración probatoria dio cuenta de que para la época de los hechos
el demandante cubrió las vacaciones del señor Néstor Vasquez, funcionario que
tenía a su cargo la programación diaria de las obras. Que esto implica que el
Tribunal debió tener en cuenta que, si bien el entonces investigado se desempeñaba
de forma regular en la zona norte de la ciudad, se encontraba en el sur por quedar
encargado de las funciones que el primero ejecutaba en Bosa.

33. Que el investigado sí conocía los lugares de intervención y que inclusive
respecto de este punto se contradijo en sus dos versiones libres. Que en la
declaración de Ricardo Torres se pudo advertir que las obras se adelantaron por las
instrucciones del demandante, que se materializaron no solo vía Avantel, sino
mediante el correo electrónico de programación del 21 de junio de 2011. Que, si el
conocimiento de los lugares de intervención correspondía a Néstor Vásquez, al
estar dicho funcionario en vacaciones, este pasó a ser del resorte del demandante
y que justamente el segmento intervenido no se encontraba en el sistema de
información SIGIDU (usado por los coordinadores de obra) por tratarse de un predio
privado.

34. Que el oficial de obra José Eider también relató que el 21 de junio de 2011
recibió la instrucción de dirigirse al parqueadero a intervenir y que la maquinaria,
material y personal y, en especial, el minicargador y el vibro compactador eran de

7 Véanse índices 00050 y 00051 de SAMAI-gestión en otros despachos.

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propiedad de la UAERMV, lo que era plenamente coincidente con los dichos de
Ricardo Torres, quien además se ratificó en declaración posterior, lo que brindó la
certeza necesaria respecto de la disposición del minicargador que se encontraba a
cargo del demandante.

35. Que tampoco se incurrió en una indebida formulación de cargos, pues con
ocasión de sus funciones al demandante se le encargó el minicargador 4MBS-07,
de manera que sobre él recaía la responsabilidad y la disponibilidad durante el
periodo en el cual reemplazó a Néstor Vásquez en la zona sur. Que el estudio de la
autoridad disciplinaria no se refirió a las competencias del entonces investigado,
sino a su labor de coordinación para que se intervinieran los parqueaderos, «por lo
que la adecuación del tribunal no puede darse únicamente si el demandante es
competente o no. por que (sic) aun sin ser competente quedo (sic) probado que
dispuso de maquinaria y personal de la entidad para realizar obras en beneficio de
privados».

36. Respecto de la orden de reintegro, señaló que el 23 de enero de 2015 se
revocó la Resolución que hizo efectiva la medida disciplinaria, pues el demandante
ostentaba fuero sindical. Que solo el 6 de octubre de 2017 fue posible ejecutar la
sanción, tras obtener la autorización por parte del juez laboral. De modo que entre
el 16 de octubre de 2014 y el 6 de octubre de 2017 el señor Fonseca Rodríguez
permaneció en el cargo, lo que implicaría, de forma subsidiaria, la revocación del
ordinal segundo de la sentencia apelada.

37. El demandante8 apeló por considerar que la orden de que se le pagaran los
2 últimos años de salario no guardaba relación con los demás apartes de la
sentencia, pues si se dijo que no hubo solución de continuidad, aquella medida
debía contemplar la totalidad del tiempo en que permaneció por fuera del cargo,
desde la fecha de retiro y hasta que efectivamente sea reintegrado.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

38. El 19 de junio de 20249 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, se resolvería sobre una solicitud
probatoria presentada por la demandada y se indicó que el Ministerio Público podía
emitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho. En
providencia del 8 de octubre de 2024 se negó el decreto de pruebas en segunda
instancia10.

39. El procurador delegado de intervención 8 Tercero ante el Consejo de
Estado11 solicitó confirmar la sentencia apelada, pues de la declaración del señor
Ricardo Torres Beltrán no se podía extraer el grado de certeza necesario para
sancionar al demandante, sumado a que otras pruebas testimoniales dieron cuenta
de que las órdenes de intervención provenían de la dirección de la entidad y debían

8 Véanse folios 328 a 338 del cuaderno principal.
9 Véase índice 00013 de SAMAI.
10 Véase índice 00020 de SAMAI.
11 Véase índice 00019 de SAMAI.

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constar por escrito. Que el señor Fonseca Rodríguez era un trabajador oficial, que
ostentaba el cargo de maestro de obra y que por tanto los bienes a los que se hizo
referencia en el procedimiento disciplinario no estaban a su cargo, por lo que no
está probado que en el ámbito de sus funciones estuviera la de impartir órdenes
dotadas de atribución de competencia como para seleccionar con autonomía los
predios donde se aplicarían las intervenciones, sin la aprobación de otros
funcionarios de la entidad.

40. Que, en suma, no es cierto que su comportamiento encuadrara en el tipo
disciplinario endilgado, lo que implica además que la demandada incurrió en una
sanción disciplinaria desproporcionada; elementos que, analizados en conjunto,
resultan suficientes para considerar la presencia de una duda razonable que se
debe resolver en favor del demandante.

41. Las partes guardaron silencio.

42. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

43. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la sentencia apelada
se debe revocar, pues, en los términos de la UAERMV, no se incurrió en indebida
valoración probatoria ni en indebida formulación de cargos. De ser negativa la
respuesta en este sentido, se deberá analizar si, en los términos del demandante,
se debe modificar la sentencia en relación con las medidas de restablecimiento del
derecho adoptadas, en especial, con el alcance del pago de salarios y prestaciones
sociales.

44. Con este fin, la providencia se referirá al desconocimiento del derecho al
debido proceso por indebida valoración probatoria como causal de nulidad de los
actos administrativos, a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará
el caso concreto.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

46. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13712 y 13813 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales

12 Del medio de control de nulidad.
13 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

47. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

48. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico14.

49. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 15; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

50. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso16 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos

14 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
16 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución17.

51. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.

52. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron
omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica18– puede llevar al operador
disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.

53. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»19 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
9 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado».

54. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las

17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la

presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».

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pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria20.

Estructura de la responsabilidad disciplinaria

55. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones21.

56. Advertido que bajo alguna de las formas señaladas se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

57. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad contenido
en el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, se refiere a que el comportamiento
efectivamente se consagre en las disposiciones aplicables como una falta
disciplinaria; el segundo exige que se evalúe si la conducta afecta el deber funcional
sin justificación alguna, lo que para el caso concreto corresponde al alcance del
artículo 5 del Código Disciplinario Único22; el tercero tiene que ver con la
proscripción de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria23 y se concreta en
la exigencia, para el operador disciplinario, de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.

58. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa del
que trata el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, es posible acudir al sentido de dolo
consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal

20 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
21 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de

2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
22 Ley 734 de 2001. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin

justificación alguna».
23 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».

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[entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta
cuando la realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera
del texto original).

59. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».

60. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.

61. Ahora bien, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable24.

Caso concreto

62. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 25, la Sala destaca
que:

• El 24 de junio de 201126 la Secretaría General de la UAERMV ordenó la apertura de
una indagación preliminar en contra de funcionarios por determinar, con fundamento en
el informe elaborado por la jefe de la Oficina de Control Interno, quien relató que el 22
del mismo mes y año, a las 9:00 a.m., recibió una llamada de un ciudadano que no se
quiso identificar, con el fin de interponer una queja, pues narró que, con maquinaria de
la entidad y personal de la misma, se estaban «pavimentando» unos parqueaderos
privados y suministró como dirección de ocurrencia de los hechos la Diagonal 71A Sur
con 78 I (Alameda del Parque).

La funcionaria agregó que se desplazó al sitio previo visto bueno del secretario general
y, en efecto, encontró que estaban en labor 6 operarios y 2 máquinas de la entidad en
un parqueadero del conjunto residencial «Alameda del Parque» y que los trabajadores
manifestaron que se encontraban allí por instrucción del ingeniero Ricardo Torres27.

24 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
25 Disponible en el CD marcado como «ID-005-11», visible en el folio 91 del expediente principal. En adelante,

en las referencias a la actuación disciplinaria se entenderá incorporada esa ubicación.
26 Véanse páginas 12-13 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».
27 Véanse páginas 3 a 11 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».

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• Por auto del 29 de noviembre de 2011 se dispuso la apertura de una investigación
disciplinaria en contra del demandante, en su condición de maestro general de obra de
la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la entidad y del señor Nelson
Javier Umbacía Perilla, subdirector de dicha dependencia, tras considerar que se
contaba con elementos para determinar que, posiblemente, los referidos habrían
coordinado y ordenado, respectivamente, la pavimentación de un parqueadero privado
ubicado en la Diagonal 71A Sur con 78 I-8, Urbanización Alameda del Parque, en la
localidad de Bosa28.

• El 29 de mayo de 2013 se formuló al demandante el siguiente cargo:

«Para el señor JOSÉ MANUEL FONSECA RODRÍGUEZ

Haber coordinado la intervención de cuatro (4) parqueaderos privados, utilizando
para ello personal, maquinaria y material fresado que debía ser destinado de
manera exclusiva para desarrollar la misión de la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, y específicamente para la rehabilitación y
mantenimiento de la malla vial local de la Ciudad (sic)».

Se indicó que con dicho comportamiento se habría incurrido en la falta disciplinaria
gravísima contemplada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con
los artículos 398 y 399 del Código Penal y que se habrían desconocido los deberes de
los numerales 1, 4, 7 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Se determinó
provisionalmente el dolo como elemento subjetivo de la responsabilidad29.

• El 8 de julio de 2014 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En esta se
mantuvo la calificación gravísima de la falta y la forma de culpabilidad dolosa, pero se
excluyeron del tipo disciplinario el artículo 399 del Código Penal y los numerales 1, 4, 7
y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. El primero, referido al tipo penal de peculado
por aplicación oficial diferente, porque la conducta investigada no podía subsumirse en
dicha norma, pues si bien el señor Fonseca Rodríguez era un servidor público, la
configuración del delito exigía que los dineros públicos se emplearan de manera distinta
a su destinación y, en la investigación disciplinaria, lo reprochado tenía que ver con el
uso indebido de bienes del Estado, sin que tuviera que ver la ejecución presupuestal de
la entidad.

Los segundos, porque el reproche respecto del peculado por uso (remisión normativa
que se mantuvo en la falta gravísima endilgada) implicaba la lesión de los deberes
enlistados en los numerales 1, 4, 7 y 21 de la Ley 734 de 2002.

En punto a la configuración del tipo previsto en el artículo 398 del Código Penal, destacó
que el investigado se contradijo en sus descargos y en su versión libre, pues en los
primeros dijo que le prestó maquinaria al señor Ricardo Torres, pero en su relato libre
de apremio dijo que no. Agregó que estaba demostrado que el señor Fonseca
Rodríguez, para la fecha de los hechos, reemplazó a quien se encargaba de coordinar
las obras en la zona sur de la ciudad y que en la declaración de Ricardo Torres quedó
acreditado que el investigado era quien estaba pendiente de que se ejecutaran las obras
sobre las bahías de aparcamiento, mismas que se realizaron por orden del subdirector
Umbacía Perilla.

Que se lesionó el deber funcional en la medida en que se apartó de los principios de
moralidad pública, eficiencia, lealtad y honradez y, en esa medida, no garantizó que los
bienes del Estado se emplearan para los fines previstos y en beneficio de la comunidad
en general; y que la conducta se ejecutó a título de dolo porque, pese a conocer sus
deberes como servidor público, no dirigió su voluntad a actuar conforme se lo exigían
los principios de la función pública y permitió que con insumos y materiales de la entidad

28 Véanse páginas 54-55 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».
29 Véanse páginas 154 a 175 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».

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se realizaran labores en predios privados, aun cuando estaba en la posibilidad de actuar
conforme lo que exige la ley30.

• Esta decisión se confirmó por la Dirección General de la UAERMV mediante la
Resolución 470 del 16 de octubre de 2014. En esta oportunidad se resolvieron los
reproches relacionados con el trámite disciplinario: la funcionaria comisionada, el
término de la investigación disciplinaria, el cambio de los funcionarios de la Secretaría
General, la ausencia de motivación en el auto que cerró la investigación disciplinaria, la
falta de actuación por parte de la Procuraduría General de la Nación y la lesión del
debido proceso respecto de la imposibilidad de controvertir las declaraciones que se
recibieron en la actuación.

La autoridad disciplinaria señaló que la funcionaria que se desempeñaba como jefe de
control interno de la entidad fue comisionada para la práctica probatoria desde el auto
que ordenó la apertura de la indagación preliminar y que la competencia para tramitar
la primera instancia disciplinaria era de la Secretaría General de la entidad, no de un
funcionario en particular, por lo cual la llegada de nuevos servidores a la dependencia
en nada afectaba el trámite sancionatorio.

Agregó que la investigación disciplinaria se adelantó dentro de los términos establecidos
en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 y la decisión de cierre cumplió con lo dispuesto
por el artículo 160A de la misma normativa. Que si la Procuraduría General de la Nación
no actuó fue porque decidió no ejercer el poder disciplinario preferente; y que el señor
Fonseca Rodríguez fue notificado de cada etapa procesal y en cada una tuvo la
oportunidad de exponer su punto de vista31.

63. El Tribunal determinó que no se realizó una adecuada formulación de cargos,
porque el tipo penal endilgado por la vía del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002,
peculado por uso (artículo 398 de la Ley 599 de 2000) implica que el servidor público
pueda disponer material y jurídicamente de los bienes y, en el caso estudiado, se
podía advertir que el señor Fonseca Rodríguez, para ejercer sus funciones, solo
necesitaba conocer las necesidades de personal, maquinaria y material y asignar y
controlar las tareas del personal de acuerdo a la programación diaria de labores;
pero en estricto sentido no era quien proporcionaba los materiales, ni disponía de
ellos.

64. Para la Sala, por el contrario, la autoridad disciplinaria, en la formulación de
cargos, imputó al demandante la falta que en efecto subsumía el supuesto fáctico
que fue objeto de reproche disciplinario. En este punto, se recuerda que el juicio de
tipicidad exige que la conducta que se reprocha a un servidor público esté prevista
en el ordenamiento como una falta disciplinaria, bien sea de aquellas que de manera
taxativa señala el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o que se trate de las que, bajo
la categoría de los tipos abiertos o en blanco, se deban complementar por remisión
a otras disposiciones legales o reglamentarias.

65. La UAERMV determinó –provisionalmente en el pliego de cargos y luego de
manera definitiva en los actos demandados– que la falta gravísima consistente en
«[r]ealizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo», complementada con
el tipo penal del artículo 398 de la Ley 599 de 2000 (peculado por uso) se concretó

30 Véanse páginas 78 a 108 del archivo «ID-005-11 CARPETA 2».
31 Véanse páginas 1 a 24 del archivo «ID-005-11 CARPETA 3».

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cuando el señor Fonseca Rodríguez coordinó la pavimentación de 4 parqueaderos
ubicados en un predio privado, concretamente, en la unidad residencial «Alameda
del Parque», con lo cual permitió que maquinaria, materiales y personal de la
entidad se emplearan para fines distintos a la misionalidad de la UAERMV.

66. La adecuación típica así descrita implica la necesidad de referirse a la forma
en que se concreta el tipo penal de peculado por uso, respecto del cual, la
disposición penal señala:

«Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que
otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga
parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le
haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de
dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el mismo término».

67. La citada conducta requiere, para su concreción, que un servidor público
(categoría a la que pertenecía el demandante, pues ostentaba la condición de
trabajador oficial de la UAERMV) use o permita que otro use bienes del Estado y
que, además, estos bienes se le hubiesen confiado para ser administrados, tenidos
o custodiados por razón o con ocasión de sus funciones. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha señalado que, en el sentido objetivo, el referido tipo penal
se integra por la confluencia de los siguientes elementos:

«3.1.1. Sujetos:
El activo es calificado, por cuanto la conducta debe ser ejecutada por un
servidor público en los términos definidos por el artículo 20 del Código Penal.
El pasivo está representado por el Estado como titular del bien jurídico
protegido, y puede concurrir como perjudicado un particular en los eventos en
los cuales sea el titular de los bienes utilizados indebidamente.
3.1.2. Objetos:

El jurídico está compuesto por un objeto genérico que alude al normal
funcionamiento de la administración pública, y otro específico referido a la
seguridad de los bienes estatales y al deber de fidelidad que debe observar el
servidor público con el patrimonio público.
Así entonces, la protección no sólo (sic) cubre el patrimonio sino también a la
función en lo que atañe a la lealtad para con la administración, como a la
probidad y fidelidad con el patrimonio público, atributos vulnerados cuando el
funcionario usa arbitrariamente o permite que otro use los bienes a él
entregados para su administración, tenencia o custodia con motivo o por razón
de las funciones.
El objeto material alude a los bienes sobre los cuales recae la acción de
propiedad del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o
de particulares cuya administración, tenencia o custodia le hayan sido confiadas
por razón o con ocasión de sus funciones.
3.1.3. Conducta:
Es alternativa dado que puede consistir en usar o permitir que otro use los
bienes indebidamente. Usar es hacer servir una cosa para algo, darle empleo a
un objeto; permitir es consentir que otro haga algo o deje de hacer alguna

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cosa32.
Debe ser indebido o no autorizado por normatividad alguna, es el uso particular
y no oficial a favor propio o de un tercero sin la intención de apoderarse de él33.
Constituye una especie de apropiación debido a que el autor dispone del bien
como señor y dueño pero difiere de ella en cuanto que no existe, como en ésta,
el propósito de apoderamiento pues le asiste el de devolverlo o reintegrarlo34.
Desde el punto de vista subjetivo el uso es indebido cuando el sujeto agente
carece de autorización para ello, y desde la perspectiva objetiva en los casos
en los cuales se usa para lo que no es, teniendo en cuenta el aspecto funcional.
Custodiar significa cuidar, vigilar, proteger el bien; en tanto que administrar es
gobernar, controlar, custodiar, manejar, recaudar, distribuir, pagar, percibir,
negociar, disponer, etc.35, todo un conjunto de actividades que dan al término
un sentido amplio. Alude pues a una actividad más extensa que cuidar la cual
se dirige a conservar las cosas.
La administración, tenencia o custodia de los bienes tiene que haber sido
confiada al servidor público por razón o con ocasión de las funciones. No es
suficiente el uso caprichoso para la estructuración del delito, es imprescindible
que por virtud de las atribuciones se hayan confiado al sujeto activo la
administración, tenencia o custodia del objeto material.
En otros términos, es imprescindible establecer si los bienes están vinculados
con el agente a través de un nexo de dependencia funcional. No basta la calidad
oficial del procesado, además es necesaria la ejecución de la conducta por el
servidor a quien se le encomendó la administración, tenencia o custodia de los
bienes, por razón de sus funciones.
Esta conexión no sólo (sic) se presenta con motivo de las atribuciones sino con
ocasión de ellas, de esta forma adquiere relevancia para la tipificación del
punible la posesión de hecho que adquiere el servidor público por el desempeño
de las facultades a él conferidas por la ley, y que le permiten ejercer poder sobre
el bien del cual hace mal uso.
En consecuencia, para su configuración no es fatal que la administración o
guarda de los bienes se hayan confiado al servidor público de manera
específica porque además puede ser genérica; ni que ejerza la tenencia
material, es suficiente con la disponibilidad dentro de su órbita funcional.
La consumación de la conducta se inicia con el primer acto de uso y se prolonga
hasta el momento en que cese o se abandone la utilización indebida o ilícita de
los bienes obtenidos por razón de las funciones para su custodia, tenencia o
administración»36 (subrayas de la Sala).

68. Para la fecha de los hechos objeto de investigación disciplinaria el señor
Fonseca Rodríguez se desempeñaba en el cargo de maestro general de obra y,
según su manual, dentro de sus funciones se encontraban:

«1. Inspeccionar y evaluar los sitios donde se van a ejecutar las obras para
conocer las necesidades de personal, maquinaria y materiales.

32 C.S.J. SP, 3 agt. 05. rad. 17930
33 C.S.J. SP. 3 agt. 05. rad. 17930.
34 C.S.J. SP, 10 abr. 85, y 24 de jun. 09, rad. 26909.
35 C.S.J. SP, 14 jun. 96, citada por Alfonso Gómez Méndez y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Delitos contra la

Administración Pública.
36 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 12 de octubre de 2016. SP14607-2016.

Radicación 37098. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Reiterada en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sentencia del 21 de noviembre de 2018. SP15384-2018. Radicación 52334. M.P. José Fernando Acuña
Vizcaya.

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(…)
3. Asignar y controlar las tareas del personal de acuerdo a (sic) la programación
diaria de labores.
(…)
6. Coordinar el transporte y suministro de materiales y maquinaria para las
cuadrillas de trabajo.
(…)»37.

69. De manera que con ocasión de sus funciones sí tenía confiada la custodia de
bienes de la entidad, representados en materiales y maquinaria, cuyo transporte y
suministro debía coordinar; además de asignar y controlar las tareas del personal
que debía ejecutar las labores diariamente programadas, lo que, en los términos de
la Corte Suprema de Justicia, es suficiente para establecer el nexo de dependencia
funcional entre los bienes y el servidor público y, por tanto, resultó constitutivo de la
falta disciplinaria endilgada el hecho de que el demandante hubiese permitido que
se emplearan materiales, maquinaria y personal de la entidad para la realización de
obras en un predio privado, cuando, en ejercicio de sus funciones, coordinó la
pavimentación de los parqueaderos, sin que para la estructuración del tipo
disciplinario resultara relevante la cantidad de estos.

70. Cabe anotar que el cargo disciplinario se formuló a partir de que el
demandante coordinó la ejecución de la obra; distinto a haberla ordenado. La orden,
según se definió en los actos demandados, provino del otro servidor sancionado (el
subdirector) y, en ese sentido, la actividad de coordinación del señor Fonseca
Rodríguez, representada en las instrucciones recibidas por el señor Ricardo Torres
(sobre el que se volverá más adelante), implicó que permitiera el uso indebido que
el tipo penal imputado reprocha, sin que se pudiera admitir, como se propuso en el
concepto de violación, que su actuación estuviere simplemente enmarcada en el
cumplimiento de una orden, en la medida en que las funciones a él encomendadas
le imponían un rol de verdadera dirección en el desarrollo de las actividades propias
de la UAERMV.

71. Lo dicho hasta este punto implica detenerse en la valoración probatoria que,
a juicio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resultó indebida y, en ese
orden, constitutiva de un defecto fáctico. En la sentencia se dijo que el único
testimonio tenido en cuenta por la UAERMV no contó con ningún respaldo
documental y que otro declarante manifestó que las órdenes de intervención debían
constar por escrito.

72. Para la Sala, por el contrario, la autoridad disciplinaria contó con múltiples
elementos de juicio que, valorados de manera integral, permitieron llegar a la
convicción, más allá de toda duda razonable, respecto de la responsabilidad del
señor Fonseca Rodríguez en la ejecución de la conducta sancionada. Ese análisis
razonado y conjunto partió de:

• El informe elaborado a propósito de la queja anónima del 22 de junio de 2011, que dio
cuenta de que al parecer, en una dirección ubicada en un conjunto residencial al sur de
la ciudad, con materiales, maquinaria y personal de la UAERMV, se realizaba una obra
en un predio privado.

37 Véase página 82 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».

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• La valoración de los testimonios recibidos en sede de indagación preliminar, así:

➢ Camilo Gutiérrez Prierto, quien representaba a la empresa que suministraba
personal a la entidad38.

➢ Marlon Andoni González Delgado, quien supervisaba el contrato que ejecutaba el
«Consorcio Luz», del cual era representante legal el señor Gutiérrez Prieto. En su
declaración, manifestó que el servidor encargado de coordinar las órdenes que
impartía el subdirector de la entidad era Néstor Hugo Vásquez Silva39.

➢ Néstor Hugo Vásquez Silva, quien manifestó desempeñarse como maestro general
de obra y agregó que para el 22 de junio de 2011 se encontraba disfrutando de su
periodo vacacional, por lo cual fue reemplazado por el servidor José Fonseca y
precisó que por parte del Consorcio Luz estaba encargado de la zona sur el señor
Ricardo Torres40.

➢ Ricardo Torres Beltrán, quien relató que desde el 18 de abril de 2011 el subdirector
Javier Umbacía le había dado instrucciones de aplicar fresado estabilizado en unas
bahías en «Parques de la alameda», labor que se culminó entre el 28 y 29 de ese
mismo mes. Y agregó:

«El día viernes 17 de junio de 2011, el señor JOSÉ FONSECA me dijo que el
ingeniero lo había llamado para que me dijera que tenía que seguir con la
labor de seguir en Parques de la Alameda la siguientes semana para hacer
las bahías que quedaron pendientes de hacer. El lunes 20 de junio yo no las
había comenzado a hacer y me llamó el ingeniero UMBACÍA a la oficina para
que le explicara el motivo por el cual no había empezado a hacer las labores
que me habían ordenado el viernes. Yo le aclaré que no había comenzado
porque no tenía personal ni maquinaria y él se enfureció y me dijo “me importa
un culo de donde saque la cuadrilla y la maquinaria, necesito esa mierda hoy
mismo” Yo hablé con el señor JOSÉ FONSECA y le comenté lo que me había
dicho el ingeniero y él me dijo que me prestaba el minicargador que él tenía
y yo cuadré el personal de las otras cuadrillas (…) Hay (sic) seguimos
trabajando hasta el 24 de junio que recibí una llamada del señor JOSÉ
FONSECA a las 2:30 p.m. que sacara de inmediato la cuadrilla de allá y
cumplí la orden inmediatamente».

• El examen de las planillas diarias de programación, que permitieron verificar lo dicho
por el señor Torres Beltrán, respecto de las obras de abril y junio de 2011, las primeras,
en «Portal de la Alameda»41; las segundas, en «Parques de Alameda»42; lugar que
coincidía, en su ubicación, con la dirección que suministró el informante anónimo el 22
de junio de 2011 y que, como última programación, registró el 24 de ese mes y año,
precisamente, la fecha en que el señor Torres Beltrán manifestó que el demandante le
había dicho que retirara a la cuadrilla.

• La valoración de lo relatado por el señor Fonseca Rodríguez en su versión libre, en la
cual narró que para la fecha de los hechos reemplazó a Néstor Vásquez Silva en la
zona sur de la ciudad, pues su lugar habitual de trabajo era el norte. También dijo que
no sabía qué sitios se intervenían y que «después del tiempo, cuando supe de los
inconvenientes que se habían presentado fui a conocer el sitio con el supervisor
RICARDO TORRES quien me mostró las labores que había realizado en los distintos
parqueaderos», agregó que no recibió instrucciones del subdirector para la intervención
de los parqueaderos, que no prestó maquinaria a Ricardo Torres y afirmó que el señor

38 Véanse páginas 19-20 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».
39 Véanse páginas 22-23 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».
40 Véanse páginas 25-26 del archivo «ID-005-11 CARPERA 1».
41 Según la programación de los días 26, 28, 29 y 30 de abril de 2011 (véanse páginas 34 a 40 del archivo «ID-

005-11 CARPETA 1».
42 Según la programación de los días 21 a 24 de junio de 2011 (véanse páginas 43 a 52 del archivo «ID-005-11

CARPETA 1».

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Umbacía Perilla conocía sobre los trabajos que se adelantaban en el sector de Bosa43.

• El contraste del relato anterior con los argumentos expuestos en el escrito de descargos.
En dicha oportunidad procesal, y pese a que en su versión libre narró que no había
suministrado material ni maquinaria al señor Torres Beltrán, manifestó que, en efecto,
había prestado al referido el minicargador 4MBS-0744.

73. En efecto, en los actos demandados se destacó el contenido del testimonio
del señor Torres Beltrán, pero ello está lejos de implicar que fuese la única prueba
valorada y menos que no contaba con otros respaldos probatorios. Si se enfatizó en
ella fue porque (i) el sistema probatorio de la normativa disciplinaria no exige una
tarifa legal, en la que a cada hecho le corresponda un medio de prueba; y (ii) su
relato resultó consistente y congruente al contrastarlo con la programación de las
obras.

74. A lo anterior, se debe sumar que si el señor Néstor Hugo Vásquez, también
maestro general de obra, desempeñaba las mismas funciones del demandante, y,
en virtud de su periodo vacacional45, fue reemplazado por el señor Fonseca
Rodríguez, la conclusión que dictaban las reglas de la experiencia era que al último
le correspondió, para el periodo del 21 al 24 de junio de 2011, la coordinación de
las obras en el sector sur de la ciudad.

75. Precisamente, y en aras de delimitar las obras sobre las que se permitió el
uso del material, maquinaria y personal de la entidad, resultaron determinantes las
manifestaciones del señor Torres Beltrán y el contenido de las planillas de
programación de obras. Según el relato del declarante, la orden de intervención de
los parqueaderos fue recibida desde el 17 de junio de 2011, como al 20 del mismo
mes y año no la había iniciado, fue llamado por el subdirector de la entidad, ante el
«llamado de atención» de dicho funcionario, se dirigió al demandante, quien,
además de prestarle el minicargador (situación que fue aceptada al presentar los
descargos), materializó la programación de la intervención en las planillas del 21 al
24 de junio de 2011.

76. Por eso, para el 22 del mismo mes y año, cuando se recibió la llamada
anónima y la funcionaria de control interno se desplazó al lugar, ya se encontraban
en ejecución los trabajos y, en ese mismo orden, advertida la actuación irregular, el
24 de junio (última fecha programada en «Parques de la alameda») se impartió la
instrucción de retirar a la cuadrilla de trabajadores por parte del señor Fonseca
Rodríguez.

77. Tal es el sentido de la valoración integral de los medios de prueba y de la
aplicación de las reglas de la experiencia y de la sana crítica, pues solo la duda que
luego de ello no pueda despejarse, es la que se debe resolver en favor del
investigado. Por el contrario, en el asunto objeto de estudio, el principio de
presunción de inocencia resultó desvirtuado al analizar en conjunto todos los

43 Véanse páginas 88-89 del archivo «ID-005-11 CARPETA 1».
44 Concretamente, en la página 2 del archivo «ID-005-11 CARPETA 2.
45 El 23 de abril de 2012 se acreditó que el señor Néstor Hugo Vásquez Silva disfrutó de sus vacaciones para

el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 15 de julio de 2011 (véase página 91 del archivo «ID-
005-11 CARPETA 1».

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supuestos de los que dieron cuenta los testimonios y los documentos recaudados.

78. Como lo sostuvo el Tribunal, el declarante Álvaro Quijano Camargo, quien se
desempeñaba como gerente de intervención de la UAERMV, relató que no fue quien
ordenó la intervención de las obras objeto de investigación, porque de ser así ello
constaría por escrito46; pero su dicho no resta valor probatorio a los demás medios
analizados, pues el señor Fonseca Rodríguez coincidió con el declarante Ricardo
Torres Beltrán en que las órdenes de intervención en ese caso partieron de la
subdirección que entonces se encontraba en cabeza del Nelson Javier Umbacía
Perilla y, de hecho, la coordinación para su ejecución –aspecto en el cual intervenía
funcionalmente el demandante– se materializó en las respectivas planillas de
programación.

79. En ese orden, en la expedición de los actos demandados no se incurrió en
una indebida formulación de cargos ni la valoración probatoria resultó constitutiva
de defecto fáctico. Por lo demás, los juicios de antijuridicidad y culpabilidad se
realizaron conforme a lo señalado por la normativa disciplinaria, pues en efecto, la
permisión en el uso de bienes del Estado en la ejecución de obras privadas
representó un quebrantamiento sustancial de los deberes funcionales del señor
Fonseca Rodríguez y, en punto a la forma dolosa del comportamiento, es claro que
contaba con el conocimiento de los deberes que su cargo le imponía y de la
misionalidad de la entidad y, aun cuando pudo dirigir su conducta hacía su garantía,
coordinó la intervención a la que se ha hecho referencia, con lo que permitió el uso
indebido que fue típicamente reprochado.

80. Por lo demás, los cargos de nulidad relacionados con la violación al debido
proceso, representada en la ausencia de comisión de la funcionaria que practicó las
pruebas y en su aparente rol de quejosa y el reproche dirigido a exponer una lesión
al derecho de defensa y contradicción, se abordaron en debida forma en la
sentencia apelada y, como quedó dicho en el aparte correspondiente, no se advirtió
ninguna actuación irregular en lo que a dichos aspectos concierte.

81. Tampoco se deriva ninguna irregularidad en relación con su intervención en
la práctica de las pruebas, porque aquellas sobre las cuales se estructuró el
reproche en el concepto de violación de la demanda tuvieron lugar cuando el trámite
disciplinario se encontraba en etapa de indagación preliminar, en contra de
funcionarios indeterminados. De este modo, cuando adquirió la calidad de
investigado, tuvo a su disposición las diligencias que reposaban en el expediente y,
en ejercicio de su defensa, pudo controvertirlas o solicitar su ampliación, lo que en
efecto hizo en su escrito de descargos, por intermedio de su apoderado.

82. Su reproche relacionado con las pruebas decretadas y no practicadas
tampoco está llamado a prosperar, porque el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
dispone que no es posible proferir decisión sancionatoria sin que obre en el proceso
prueba de la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Exige, en
ese orden, un juicio de suficiencia probatoria, fundado en la valoración integral y en
las reglas de la sana crítica y, en ese orden, si a juicio de la autoridad los medios

46 Véanse páginas 63-64 del archivo «ID-005-11 CARPETA 2».

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recaudados resultaban suficientes para expedir el acto administrativo sancionatorio,
así podía disponerlo, máxime que se dejó constancia de la citación de quienes
fueron llamados a declarar sin que comparecieran47. Con todo, la Sala no encuentra
que los actos demandados, en términos probatorios, se encuentren
insuficientemente motivados, pues precisamente la valoración integral permitió
comprometer la responsabilidad del señor Fonseca Rodríguez.

83. Quedaría por definir si la condición de aforado del demandante lo excluía
como sujeto disciplinable, respecto de lo cual la respuesta es negativa, pues el
artículo 25 de la Ley 734 de 2002 señala como destinatarios del régimen
disciplinario a los servidores públicos, sin excluir de su ámbito de aplicación (artículo
24 de la misma ley) a quienes integren los órganos de dirección de las
organizaciones sindicales. Cosa distinta es la ejecución de un correctivo
disciplinario que implique la desvinculación del funcionario, pero dicha situación no
afecta la validez de los actos que lo imponen. De hecho, la UAERMV, en sus
intervenciones, relató que en enero de 2015 se revocó la resolución que ejecutó la
sanción disciplinaria48 y, agotada la actuación ante la jurisdicción laboral para
levantar el fuero sindical, la medida sancionatoria se hizo efectiva en el año 201749.

84. En síntesis, al no configurarse los vicios de nulidad que el Tribunal encontró
acreditados, lo procedente es revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las
pretensiones; decisión que excluye la necesidad de abordar los argumentos
expuestos en el recurso interpuesto por el demandante.

De la condena en costas en ambas instancias

85. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47 Véase página 66 del archivo «ID-005-11 CARPETA 2».
48 Véase contestación de la demanda.
49 Véase recurso de apelación.

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88. En consecuencia, se impondrán costas, en ambas instancias, a la parte
demandante, por cuanto se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, negar
las pretensiones. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor José
Manuel Fonseca Rodríguez en contra de La Nación-Alcaldía Mayor de Bogotá-
Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Tercero. CONDENAR en costas, en ambas instancias, al demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cuarto. RECONOCER personería al abogado Juan Sebastián López Ruiz,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.069.730.173 y portador de la tarjeta
profesional 267.660 del C. S. de la J., para representar los intereses de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, conforme al poder
que obra en el índice 00030 de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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