Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04948-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-04948-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de septiembre de 2023
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-04948-01 (1313-2023)
Demandante: Héctor Hermógenes Guerrero Ortega
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Temas: Ascenso en la fuerzas militares
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declara la
ineptitud sustantiva de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Héctor Hermógenes Guerrero, instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial del Decreto No.0635 del 9 de abril de 2015, por
medio del cual se ordena el reintegro al servicio activo de las fuerzas militares del
señor Guerrero Ortega en cumplimiento de un fallo judicial1.
A título de restablecimiento del derecho2, se ordenen los ascensos a los grados
1
Folio 222-224.
2 Folio 222-224.
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militares correspondientes al demandante, así mismo ordenar el pago de todos los
salarios, primas técnicas, bonificaciones por servicios, vacaciones, prima de
vacaciones, subsidio familiar, prima de actividad y cesantías correspondientes al
grado de Brigadier General del Ejército Nacional.
Se solicitó también, que se condene al pago de perjuicios morales en cuantía de
200 SMLMV.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera3:
Que el demandante prestó sus servicios personales al Ejército Nacional y por medio
de la Resolución No. 0028 de 16 de enero de 2002, fue retirado del servicio en forma
temporal.
Que, acudiendo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
demandó el acto administrativo por el cual fue retirado del servicio, y el Tribunal
Administrativo de Caquetá, denegó las pretensiones mediante sentencia del 1 de
junio de 2012, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado en sentencia de
13 de febrero de 2014, ordenando el reintegro.
Que, por medio de Decreto del 9 de abril de 2015, se ordenó el reintegro en calidad
de Teniente Coronel y, mediante convocatoria a ascenso de coronel presentó
valoración médica en la que fue calificado como apto, pero nunca se dio respuesta
sobre esta convocatoria.
Que, ante el silencio, se presentó petición 035278 el 7 de mayo de 2015, la que fue
contestada con el radicado No. 20155530446081:MDN-CGF-COEJC-CEJEM-
JEDEH-DIPER-ASC-OFI- 1.10 del 19 de mayo de 2015 informando que, si bien la
sentencia había ordenado el reintegro sin solución de continuidad, no ha ordenado
realizar ascensos en el escalafón militar.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 3 de junio de 20164 y notificada a la entidad
3 Folio 224-237
4 Folio 250-251
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demandada, quien se opuso a las pretensiones, argumentando que efectivamente
se dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que ordenó el reintegro del ahora
demandante por lo que en las actuaciones realizadas no hubo desviación ni abuso
del poder en detrimento del actor.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de sentencia del 16 de junio
de 2022, declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, bajo la
consideración de que el acto administrativo es de ejecucción y que por lo tanto no
es susceptible de control judicial debido a que se limitó a dar cumplimiento a la orden
del Consejo de Estado en la sentencia del 13 de febrero de 2014.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación5
en el que expresó que el fallo desconoce los pronunciamientos del Consejo de
Estado respecto a la posibilidad de demandar la nulidad de los actos de ejecución
siempre y cuando estos excedan, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia
o en otro acto administrativo.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 7 de marzo de 20236 se admitió el recurso y por no haber pruebas
que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar de
conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico que debe resolver la Sala, es el de determinar si el acto
administrativo demandado es un acto de ejecución y por lo tanto no susceptible de
5
Folio 340
6 Folio 349
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control en nulidad y restablecimiento del derecho o si por el contrario cumple las
condiciones que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corporación para
excepcionalmente poderse ejercer el control por dicho medio.
Para resolver el problema planteado, se debe precisar, cuáles son los actos
administrativos susceptibles del control de legalidad, teniendo en cuenta el artículo
43 de la Ley 1437 de 2011 que define los actos administrativos definitivos:
“ARTÍCULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación.”
Por su parte el artículo 74 y 75 de la misma ley respectivamente consagra cuales
son los recursos procedentes contra dichos actos y expresamente dice que no habrá
recursos contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios,
o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.
Los actos administrativos de ejecución, se han definido como aquellos por medio de
los cuales la administración da cumplimiento a las decisiones judiciales y
administrativas. Estos actos pueden llegar a ser objeto de control de legalidad
cuando crean situaciones definitivas que no son contempladas en la decisión que
es objeto de cumplimiento.
El Tribunal en su marco jurisprudencial hace referencia a la sentencia del 1 de
febrero de 2018, proferida por el C.P. William Hernández Gómez que ha señalado
lo siguiente:
“Los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional
son aquellos que ponen término a un procedimiento administrativo. En ese
sentido, el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo señala que son
actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o
hagan imposible continuar la actuación, es decir, aquellos que producen efectos
jurídicos al crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Por su
parte, los actos de trámite o preparatorios son aquellos que dicta la administración
para decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuáles en principio no son
objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación del
procedimiento administrativo. Finalmente, los actos de ejecución se limitan a dar
cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse
que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto
ejecutado. Empero, sobre este punto es importante señalar que la jurisprudencia
ha dicho que es procedente el estudio de los actos de ejecución de sentencias
de forma excepcional cuando: i) la decisión de la administración va más allá de
lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación
jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial. De lo
anterior se colige que son objeto de control judicial: 1) los actos administrativos
definitivos, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen una situación
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jurídica determinada, 2) aquellos actos administrativos que sin ser definitivos
hacen imposible continuar con la actuación y 3) los actos administrativos de
ejecución cuando se cumpla con los requisitos señalados anteriormente.”
De la misma forma como fue referenciada por la parte apelante mediante la
sentencia con rad. 1300123330002019002640120190809 del 9 de agosto de 2019
proferida por la C.P. Roció Araujo, se hacen las respectivas precisiones en
consideración a que es posible demandar la nulidad de los actos de ejecución bajo
la idea de que este exceda parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en
otro acto administrativo.
Resolución del caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior, remitiéndonos al caso concreto, se tiene que el acto
administrativo demandado es el Decreto No. 0635 de 9 de abril de 2015, por medio
del cual se reintegra al servicio activo de las fuerzas militares al señor Héctor
Hermógenes Guerrero, en calidad de Teniente Coronel.
En el Decreto demandado se ordenó7:
Este Decreto se expidió en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado del 13 de
febrero de 20148 que resolvió:
7 Folio 32-33
8 Folio 79-92.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-04948-01 (1313-2023)
La Sala advierte tal como lo hizo el Tribunal, que el acto administrativo sobre el que
se pretende la nulidad, es de ejecución, genera como consecuencia que este no
sea susceptible de control de legalidad, pues no se advierte que en él se hayan
decido asuntos adicionales o ajenos a la sentencia que se estaba cumpliendo.
En conclusión, no se encuentra evidenciado que el acto administrativo demandando
se enmarque en las excepciones que han sido descritas en las jurisprudencias
citadas, pues no se excedió parcial ni totalmente a lo impuesto en la sentencia
proferida por el Consejo de Estado.
Ahora el actor reclama que fue reintegrado sin ser ascendido, pero es claro que el
ascenso no fue ordenado en la sentencia; y aún si lo hubiera hecho, no sería
tampoco este medio de control el idóneo para buscar del cumplimiento de ese
aspecto.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
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consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 201, según el cual en toda sentencia
el Juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obro con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que de lugar a la condena en costa. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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