Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05279-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05279-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05279-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., 17 de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicado
: 25000-23-42-000-2015-05279-01
Número interno
: 3136-2019
Parte actora
: Heráclito Mosquera Echeverri
Demandado
: Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones
Medio de Control
: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437 de 2011
Tema
: Reliquidación pensión de vejez. El actor no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 31 de enero de 2019, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1 Pretensiones
El señor Heráclito Mosquera Echeverri acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de las Resoluciones GNR 297980 del 12 de noviembre de 2013, VPB 8191 del 27 de diciembre de 2013, GNR 290486 del 20 de agosto de 2014, GNR 410157 del 25 de noviembre de 2014 y VPB 49275 del 17 de junio de 2015, expedidas por Colpensiones, que le negaron el reconocimiento, y luego la reliquidación de la pensión de vejez.
A título de restablecimiento del derecho la parte actora reclamó la reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con el Decreto 546 de 1971.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
El señor Heráclito Mosquera Echeverri nació el 30 de marzo de 1955. Indicó que laboró en calidad de juez promiscuo municipal encargado en el municipio de Alto Baudó del 2 al 23 de agosto de 1993 y se vinculó a la Defensoría del Pueblo a partir del 26 de agosto de 1993 a la fecha de presentación de la demanda.
Con la Resolución VPB 6959 del 18 de noviembre de 2013, Colpensiones le reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez teniendo en cuenta la Ley 33 de 1985.
Por medio de la Resolución VPB 8191 del 27 de diciembre de 2013, la entidad le solicitó la autorización para revocar la Resolución VPB 6959 del 18 de noviembre de 2013 que le reconoció la pensión de vejez.
El 25 de febrero de 2014 manifestó su negativa en dar el consentimiento solicitado por la entidad y reclamó la reliquidación de la pensión con aplicación del Decreto 546 de 1971.
No obstante, a través de la Resolución GNR 290486 del 20 de agosto de 2014 la entidad le negó la reliquidación de la pensión. Decisión que fue confirmada en las Resoluciones GNR 410157 del 25 de noviembre de 2014 y VPB 49275 del 17 de junio de 2015, al resolver los recursos de reposición ya apelación respectivamente.
Normas violadas y concepto de violación
Los artículos 1, 6, 16, 23, 29, 48, 49 y 209 de la Constitución Política; parágrafos transitorios 2 y 4 del Acto Legislativo 01 de 2005; el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales; los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.
Al explicar el concepto de violación el accionante sostuvo que tiene derecho a la aplicación del Decreto 546 de 1971, en consonancia con los parágrafos 2 y 4 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda, por considerar que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento jurídico.
Manifestó que el demandante no es beneficiario del régimen de transición por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, contaba únicamente con 7 años de servicio y 39 años de edad; razón por la cual, no le son aplicables los regímenes anteriores a la citada ley.
Propuso las excepciones que denominó cobro de lo no debido, prescripción, buena fe e inexistencia del derecho reclamado.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de enero de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que el demandante no es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ello, no tiene derecho a la pensión de jubilación del Decreto 546 de 1971.
Destacó que el demandante a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1° de abril de 1994, no contaba con 40 años ni cumplía con los 15 años de servicio exigidos, puesto que, nació el 3 de marzo de 1955 e ingresó a laborar al Juzgado Promiscuo Municipal de Alto Baudó (Pie de Pató) el 2 de agosto de 1993.
Precisó que con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones fueron derogados los regímenes anteriores, no obstante, el artículo 36 de la citada Ley 100 estableció una transición para que, quienes cumplían los requisitos de tiempo o edad, se les aplicara la normativa anterior.
Así las cosas, el actor al no encontrarse amparado por el régimen de transición no tiene derecho a conservar el derecho a beneficiarse del Decreto 546 de 1971.
Explicó que el Acto Legislativo 01 de 2005 consagró una extensión para las personas beneficiarias del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, ya que solo estas personas podrían tener una expectativa legítima de beneficiarse de dicho régimen.
Recurso de apelación
La parte actora solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con fundamento en lo siguiente.
Alegó que, si bien no le es aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de la pensión del Decreto 546 de 1971 en virtud del parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 de 2005 que mantuvo la vigencia de los regímenes especiales y exceptuados.
Adujo que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció una transición distinta de la Ley 100 de 1993; por consiguiente, se salvaguardaron las expectativas legítimas de quienes estaban inscritos en un régimen especial antes de la vigencia del acto legislativo, sin sujeción alguna al Sistema General de Pensiones.
Alegatos de conclusión
La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.
La entidad demandada indicó que el accionante no se encuentra amparado por el régimen especial del Decreto 546 de 1971, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994) no cumplía con los requisitos de edad o tiempo de servicio para ser beneficiario del régimen de transición.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si el señor Heráclito Mosquera Echeverri tiene derecho a la pensión de jubilación del Decreto Ley 546 de 1971, pese a que no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Lo probado en el proceso
-Acerca de la situación laboral del accionante
El señor Heráclito Mosquera Echeverri nació el 30 de marzo de 1955, según se acredita con el registro civil de nacimiento y la copia de cédula de ciudadanía que obra en el expediente administrativo.
De acuerdo con la certificación expedida por el Contralor General del departamento del Chocó del 12 de enero de 2011, el actor prestó sus servicios a la entidad en los cargos de auditor y secretario general en el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1990, devengado los factores por sueldo, gastos de representación y prima de navidad.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó nombró en encargo al actor en el empleo de Juez Promiscuo municipal de Alto Baudó -Pie de Pató, desde el 2 de agosto de 1993 y por el término de 22 días continuos.
La Defensoría del Pueblo mediante Formato No. 1 del 13 de febrero de 2014, indicó que el actor se vinculó a la entidad desde el 26 de agosto de 1993 hasta la fecha, cuyos aportes para pensiones se realizaron como se muestra a continuación:
PERIODOS DE APORTES
CAJA O FONDO A LA CUAL SE REALIZARON LOS APORTES
DESDE
HASTA
DíaMesAñoDíaMesAño26819933062009CAJANAL1720093092012ISS1
10
2012
ACTIVO
COLPENSIONES
Igualmente, según la certificación de salarios mes a mes -Formato No. 3 (B) del 12 de febrero de 2014, el actor devengó desde septiembre de 1993 a enero de 2014 los factores de asignación básica mensual, gastos de representación y bonificación por servicios prestados.
-Actuación administrativa
(i) Mediante Resolución 02421 del 30 de enero de 2012, el Instituto de Seguro Social decidió remitir el cuaderno administrativo de la solicitud de pensión de vejez del actor a la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, en cumplimiento del artículo 3° del Decreto 2196 del 12 de junio de 2009.
(ii) La anterior decisión fue revocada por medio de la Resolución GNR 297980 del 12 de noviembre de 2013 que resolvió un recurso de reposición y negó el reconocimiento de la pensión de vejez por considerar que el asegurado no acreditó los requisitos de edad y tiempo. Advirtió que de acuerdo con la historia laboral para el periodo comprendido del 1 de octubre de 1996 al 1 de septiembre de 1999 el empleador presenta deuda por no pago y, por consiguiente, dicho periodo no puede tenerse en cuenta para el reconocimiento de la prestación solicitada.
(iii) A través de la Resolución VPB 6959 del 18 de noviembre de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones revocó los anteriores actos administrativos (02421 del 30 de enero de 2012 y GNR 297980 del 12 de noviembre de 2013) y, en consecuencia, reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez a favor del señor Heráclito Mosquera Echeverri, en cuantía de $3.304.989 a partir del 1 de diciembre de 2013, condicionada al retiro definitivo del servicio. Para lo cual tuvo en cuenta lo siguiente:
Que el peticionario ha prestado los siguientes tiempos de servicios:
ENTIDAD LABORO
DESDE
HASTA
Contraloría del Chocó
1987-02-04
1990-09-30
Defensoría del pueblo
1993-08-26
2000-06-30
Defensoría del pueblo
1996-09-01
1996-10-05
Defensoría del pueblo
2009-07-01
2013-06-30
Conforme lo anterior, el interesado acreditó un total de 8.462 días laborados correspondientes a 1209 semanas.
Nació el 30 de marzo de 1955 y contaba con 58 años de edad.
Para el análisis de la pensión se tomó en cuenta que el peticionario cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión:
Nombre
Fecha Status
Fecha Efectividad
Valor IBL 1 (mejor)
%IBL
Valor pensión mensual
20 años y 55 años de edad- Ley 33 de 1985
30 de marzo de 2010
1 de diciembre de 2013
4.406.652
75.00
3.304.989
Que para obtener el ingreso base de liquidación se toman los factores salariales establecidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 o los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993.
El periodo para liquidar la pensión se calculó conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
(iv) En la Resolución VPB 8191 del 27 de diciembre de 2013 la entidad solicitó autorización de revocatoria directa de la Resolución VPB 6959 del 18 de noviembre de 2013, que reconoció la pensión de vejez; puesto que, según se indicó, el recurrente no se encuentra inmerso dentro del régimen de transición toda vez que al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, solo contaba con 39 años edad y 4 años, 3 meses y 3 días de servicio, razón por la cual la prestación se estudió a la luz de los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993.
De conformidad con lo anterior, dado que el señor Heráclito Mosquera Echeverri tiene un total de 1208 semanas cotizadas al sistema y 58 años de edad, no reunía los requisitos mínimos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez.
(v) La Resolución GNR 290486 del 20 de agosto de 2014 negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en virtud de una solicitud de reliquidación impetrada por el demandante el 25 de febrero de 2014. Decisión que fue confirmanda en las Resoluciones GNR 410157 del 25 de noviembre de 2014 y VPB 49275 del 17 de junio de 2015, al resolver los recursos de reposición y apelación respectivamente.
Solución del caso concreto
El señor Heráclito Mosquera Echeverri acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con el Decreto 546 de 1971.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 e 1993; por lo tanto, no tiene derecho a la aplicación del Decreto 546 de 1971.
Inconforme con esta decisión, la parte actora recurre la decisión alegando que tiene derecho a la pensión del Decreto 546 de 1971, en consonancia con el Acto Legislativo 01 de 2005.
La Sala resalta que el pronunciamiento se enmarca en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (apelante único). En este sentido, se destaca que en el proceso se acreditó que nació el 30 de marzo de 1955; que al 1 de abril de 1994 tenía 39 años de edad, estaba prestando sus servicios en la Defensoría del Pueblo, y solo tenía 1553 días de servicios que equivalen a 4 años, 3 meses y 23 días; y que solicita la reliquidación pensional bajo el régimen especial de la Rama Judicial.
El tiempo de servicios con corte al 1 de abril de 1994 se constata conforme las certificaciones expedidas por el Contralor General del departamento del Chocó, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó y la Defensoría del Pueblo:
TIEMPOS DE SERVICIOS CON CORTE AL 1 DE ABRIL DE 1994
ENTIDAD LABORO
DESDE
HASTA
TOTAL DÍAS
Contraloría del Chocó
1987-02-04
1990-09-30
1316
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó
1993-08-02
22
Defensoría del pueblo
1993-08-26
1994-04-01
215
TOTAL DÍAS
1553 días
Aclarado lo anterior, se precisa que el legislador previó un régimen de transición con el propósito de proteger las expectativas legítimas que tenían los trabajadores afiliados al régimen de prima media que al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones, es decir, el 1° de abril de 1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial, estaban próximos a adquirir su derecho a la pensión de jubilación. En virtud de dicho régimen, aquellos pueden hacer efectivo su derecho a la pensión de jubilación, conforme con los requisitos previstos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, ante la creación de un nuevo ordenamiento que exige mayores cargas para acceder a tal prestación.
El legislador creó el régimen de transición a favor de tres categorías de trabajadores, como lo indicó en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece:
1.- Los hombres que tuvieran más de cuarenta años
2.- Las mujeres mayores de treinta y cinco años
3.- Los hombres y mujeres que, independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados.
Estos requisitos se deben cumplir al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones (1° de abril de 1994, para el nivel nacional; para el orden territorial, el 30 de junio de 1995) y, son disyuntivos, por lo que basta con que en cabeza de una persona se configure alguna de las premisas anteriormente descritas para que frente al Estado Social de Derecho aquel ostente un derecho adquirido al régimen de transición.
Ahora bien, el Acto Legislativo 01 de 2005 regula la extinción del régimen de transición en los siguientes términos:
“Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".
Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional al considerar que “si quien reclama el reconocimiento pensional se encuentra cobijado por el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, debía demostrar haber efectuado cotizaciones por 750 semanas o más para el momento en que el referido Acto Legislativo entrara a regir, es decir, hasta el 25 de julio de 2005”.
Visto lo anterior, se advierte que el demandante nació el 30 de marzo de 1955 y a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones no contaba con 15 años de servicio, ni con la edad de 40 años; por lo tanto, no cumplió los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición. Así las cosas, no tenía la expectativa legítima de adquirir el derecho pensional con los requisitos de edad, tiempo y monto del Decreto 546 de 1971, normativa especial de la Rama Judicial.
Si bien el actor alega que en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005 tiene derecho a que se reliquide la pensión en aplicación del Decreto 546 de 1971, la Sala itera que los requisitos para beneficiarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 están regulados en el artículo 36 ídem.
Esto, en tanto, contrario a lo alegado por la parte interesada, el Acto Legislativo 01 de 2005 no creó un nuevo régimen de transición para quienes no cumplen con las condiciones del artículo 36 en cita, sino que dispone unas condiciones para que quienes en principio cumplen con los requisitos de la norma up supra conserven el beneficio de la transición a quienes se les mantiene hasta el año 2014, si tienen 750 semanas a la vigencia del Acto Legislativo.
Nótese, entonces que, a la luz de lo dispuesto por el referido Acto Legislativo, prima facie el régimen de transición pensional perdió vigencia el 31 de julio de 2010; de modo que quienes estaban cobijados por este debían cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios de la norma anterior aplicable.
La referida regla admite una excepción cuando las personas beneficiarias del régimen de transición además cumplen 750 semanas de servicios a la entrada en vigencia del acto legislativo, en este caso no pierden el derecho al régimen de transición el 31 de julio de 2010, sino que lo conservan hasta el 31 de diciembre de 2014.
En este orden de ideas, se reitera que el demandante al no acreditar la edad de 40 años a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, ni 15 años de servicios, no es beneficiario de régimen de transición de la ley 100 de 1993, de tal suerte que su derecho se rige integralmente por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Por consiguiente, para esta Sala se impone la decisión de confirmar la sentencia del 31 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Teniendo en cuenta que en el trámite de esta instancia no se observa que se hayan causado, esta Sala no condenará en costas.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Reconocer personería al abogado Cristian Camilo Gonzales Salazar como apoderado de Colpensiones conforme a la sustitución de poder que obra en el aplicativo Samai a índice 18.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ ( E ) CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa
Folios 1-11, 200 y 206 (subsanación de la demanda).
Folios 138 a 144.
Folios 308 a 314.
Folios 342 a 343.
Folios 350 a 356.
Folios 36 y 37.
Folio 34.
Folio 18.
Folios 19 a 24.
Folios 38 a 39.
Folios 42 a 44.
Folios 46 a 57.
Folios 59 a 65.
Folios 74 a 78.
Folios 86 a 88.
Folios 94 a 96.
Sentencia T-029 de 2015, M.P. María Victoria Calle.
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Nº Interno: 3136-2019
Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
Demandada: Colpensiones
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