Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05378-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05378-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
18 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05378-01 (3137 -2020)
Demandante: ROSALYN DE DIE GO PALENCIA
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Tema: Relación laboral encubierta – Prueba de la
continuada subordinación y dependencia. Ley 1437
de 2011
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
1.La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por Rosalyn de
Diego Palencia , en contra de la providencia del 20 de mayo de 2020 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1 Pretensiones 1
2.Rosalyn de Diego Palencia , obrando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad de l Oficio OFI15-0015203-SGH-4005 de 11 de junio de
2015, por medio del cual se dio respuesta negativa a la petición
realizada el 21 de mayo de 2015 , en la que se exigió reconocer la
existencia de una relación laboral entre la demandante y la
Dirección Naciona l de Estupefacientes en el lapso comprendido
entre el 9 de mayo de 2012 y el 22 de julio de 2012 .
3 . A título de restablecimiento del derecho, exigió que se reconozca
1 Folios 1 y 2 del cuaderno principal.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Rosalyn de Diego Palencia
la existencia de una relación laboral de derecho público entre la
demandante y la Dirección Nacional de Estupefacientes; que se
ordene su reintegro al se rvicio y se reconozcan y p aguen los
salarios y prestaciones sociales correspondientes al tiempo que
estuvo por fuera del servicio, inclu yendo los aumentos que se
hubieren decretado con posterioridad a la terminación del vínculo
laboral; que se incluya la sanción moratoria derivada de la falta de
pago de las cesantías; que s e ordene realizar los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones dejados de cotizar con los
intereses moratorios; que se ordene indexar las sumas; y en forma
subsidiaria , que se declare que el vín culo laboral fue terminado sin
justa causa, y, en c onsecuencia, se ordene el reintegro al cargo
que venía desempeñando como abogada de planta, declarando que
no ha existido so lución de continuidad ; que se cumpla con lo
ordenado en la sentencia en los términos de los artículo s 187, 192
y 195 del CPACA y se condene en costas a la demandada.
2.2. Hechos relevantes
4 . La demandante narró los hechos que se resumen a continuación 2:
2.2.1. Rosalyn de Diego Palencia prestó sus servicios a la
Dirección Nacional de Estupefacientes a través de un
contrato en misión de la Empresa de Servicios Temporales
Servicios y Asesorí as S.A. , suscrito el 9 de mayo de 2012 .
2.2.2. El 19 de julio de 2012, la Dirección Nacional de
Estupefacientes terminó el vínculo laboral para lo cual
argumentó justa causa .
2.2.3. La Dirección Nacional de Estupefacientes radicó queja
disciplina ria en contra de la demandante con fundamento
en hechos relacionados con la ejecución de sus labores
como abogada.
2.2.4. A través del auto de 25 de septiembre de 2013 la Sala
Jurisdiccional Discipl inaria del Consejo Superior de la
Judicatura archivó la queja.
2.2.5. El 19 de julio de 2012 le fue terminado el contrato en misión
en la Dirección Na cional de Estupefacientes .
2.2.6. Por medio de derecho de petición de 21 de mayo de 2015
solicitó el reconocimiento de una relación laboral.
2 Folios 2 a 4 del cuaderno principal
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Demandante: Rosalyn de Diego Palencia
2.2.7. A través del Of icio OFI15 -0015203-SGH-4005 de 11 de
junio de 2015 , la demandada negó la solicitud de
reconocimiento de la relación laboral.
2.3. Normas violadas y concepto de violación
5 . Como disposiciones violadas citó las siguientes:
• Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 58 y 336.
• Ley 4 de 1966: artículo 4.
• Decreto 1042 de 1978: artículo 42.
• Ley 50 de 1990.
• Ley 32 de 1986.
• Ley 100 de 1993.
6 . La demandante indicó que e l acto demandado debe ser declarado
nulo, puesto que con este se violaron el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, el derecho a la igualdad y la
irrenunciabilidad de los beneficios laborales, ya que sus funciones
como abogada son propias de una relación laboral .
7.Al respecto, adujo que como abogada representó a la entidad en
diferentes procesos y eje rció como consultora de carácte r interno y
externo, y que en el caso concreto no se podía recurrir a la figura
del trabajador en misión para las funciones que desempeñó.
8. Así mismo, que las funciones que ejerció a favor de la Dirección
Nacional de Estupefacientes se encuentran en el Decreto 2568 de
2003, y que si bien es cierto en el Decreto 3182 de 2012 se prohibió
vincular nuevos se rvidores públicos a esta entidad, también lo es
que no se podía recurrir a la figura de trabajadores en misión,
debido a que no estaban dados los presupuestos del artículo 77 de
la Ley 50 de 1990.
9.Además, aseveró que si bien es cierto que su vinculación como
profesional 1 se produjo a través de la intermediación de la empresa
de servicios temporales, ese cargo debía ser de carrera
administrativa, lo que supone la estabilidad del servid or mientras
no incurra en causal de mala conducta.
2.4. Contestación de la demanda
1 0 . El
Ministerio de Justicia y del Derecho , a través de apoderada
contestó 3 la demanda y se opuso a las pretensiones, pues a su juicio
3 Folios 184 a 193
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no se configuró una relación laboral y que el personal en misión
como lo era la señ ora de Diego Palencia fue vinculado con el fin de
prestar su colaboración en el proceso de liquidación de la Dirección
Nacional de Estupefacientes .
11. Al respecto, precisó que el reconocimiento de salarios y
prestaciones sociales le corresponde a la empresa contratante.
12. Finalmente, propuso la s excepci ones de «inexistencia de la
relación laboral entre el Ministerio de Justicia y del Derecho como
sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes»;
«inexistencia de elementos esenciales del contrato de trabajo»; e
«inexistencia de las obligaciones laborales a cargo de los usuarios
de los trabajadores en misión».
2.5. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial
13.Dentro del trá mite de la audiencia inicial, realiza da el 16 de
agosto de 2017 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C señaló que ninguna de las
excepciones propuestas tiene el cará cter de previa, mo tivo por el
cual serían resue ltas en la sentencia.
1 4 . A continuación, fijó el lit igio en los siguientes términos:
«La pr esent e cont r over sia se cont r ae en det er m inar , si ent r e la
señor a Rosalyn de Diego Pa lenc ia y la Dir ecció n Naciona l de
Est upef acient es – li quidada, hoy M inist er io de Just icia y del
Der echo, se conf igur ó una r elac ió n labor al, leg al o
r eglam ent ar ia ( sic) o no, ent r e el 9 de m ayo ( sic) al 19 de julio
de 2012, y en caso af ir m at ivo, si t iene der echo al r eint egr o y
al r econoc im ient o y pago de l as pr est aciones soc i ales
solic it adas » 4.
2.6. La sentencia apelada
1 5 . El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C 5, por medio de la sentencia proferida el 20 de mayo
de 2020 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en
los siguientes argumentos:
1 6 . Para comenzar, hizo un recuento de l as pruebas que obran en el
proceso y a contin uación se refirió a los elementos de la relación
laboral y expuso que lo esencial de los contratos de prestación de
servicios radica en la autonomía e independencia del contratista.
4 Folio 235 del cuaderno principal .
5 Folios 255 a 278 del cuaderno principal.
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1 7 . En este punto, señaló que el objeto de las empresas de servicios
temporales es el de contratar la prestación de servicios c on terceros
beneficiarios, para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor d esempeñada por person as
naturales, contratadas directamente por ellas, asumiendo el
carácter de empleador.
1 8 . Para
precisar el objeto y posibilidades legales de las empresas
de servicios temporales, hizo un recuento de las disposiciones que
se encuentran en los artículos 75, 76, 77 y 81 de la Ley 50 de 1990,
y señaló que no existe un contrato entre la empresa usuaria y el
trabajador en misi ón, y, por lo tanto, que no se genera una relación
laboral entre los dos.
19. Al analizar el caso concreto, encontró que entre la Dirección
Nacional de Estupefacientes y la sociedad S&A Servicios y
Asesorías S.A. se suscribió un contra to de prestación de servicios,
cuyo objeto era suministrar personal en misión para el proceso de
liquidación de la D.N.E., dentro del cual se consagró la obligación
de la empresa de pagar oportunamente los salarios y p restaciones
sociales a que tuviera derecho el tra bajador en misión, y realizar
los aportes al sist ema de seguridad social integral, en lo s mismos
términos.
20.Además, expuso que en el expediente reposa la certificación
expedida por la directora legal de S &A Servicios Asesoría, en la
que se indicó qu e la señora Rosa lyn de Diego Palencia tuvo
contrato de trabajo con esta sociedad en calidad de trabajadora en
misión para la Dirección Nacional de Estupefaci entes del 9 de mayo
de 2012 al 22 de julio de 2012, y que durante este lapso devengó
las siguientes su mas: por concepto de salarios: $ 5.648.334;
prestaciones sociales y vacaciones: $1.297. 398 y viáticos
$1.597.914.
21.En este punto, señaló que para acred itar la existen cia de una
relación laboral entre la demandante y la entidad, la señora de
Diego Palencia pretendió demostrar que la naturaleza del vínculo
no fue solo contractual con el expediente disciplinario
11001110200020120120511000 y con unos correos de 15 y 26 de
junio de 2012, en los que se hicieron requerimientos respecto de la
gestión de la referida abogada.
2 2 . Entonces,
indicó que en virtud de la gestión encomendada a la
demandante en virtud del contrato individual de trabajo suscrito con
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la Empresa S&A Servicios y Asesorí a, esta debía cumplir con las
labores atendiendo a su calidad de abogada, dentro de las que se
encontraba la de representar a la Dirección Nacional de
Estupefacientes durante el tiempo que durara su liquidació n, lo que
constituye una actividad de carácter transitorio, y que le permitía
cumplir con lo disp uesto en el Decreto 3183 de 2011 que ordenó su
supresión.
23. Para el Trib unal Administrativo de Cundinamarca no se
desconoció el plazo máximo contenido en el artículo 77 de la Ley
50 de 1990 para el uso de trabajadores en misión , ya que el contrato
suscrito entre la Dirección Nacional de Estupefacientes y S&A
Servicios y Asesorías no superó los 6 meses, por lo que la
empleadora de la hoy demandante siempre fue la referida sociedad.
24. En este orden de ideas, expuso que el despido sin justa causa
le corresponde alegarlo frente a la empresa de servicios temporales
en razón a que el contrato de trabajo fue suscrito con esta.
25.Así las cosas, para e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no se demostró la afectación o desprotección de los derechos
laborales de Rosalyn de Diego como trabajadora en misión , pues
entre esta y su empleadora existió una relación laboral en la que le
fueron pagados los sa larios y prestaciones sociales, y por cuanto
no se demostró la dependencia o subordinación a la Dirección
Nacional de Estupefacientes.
26.
Como consecuencia de lo anterior, negó las pretensiones de la
demanda.
27.Por último, se abstuvo de condenar en co stas a la señora se
Diego Palencia porque no se demostró que se hayan causado.
2.7. El recurso de apelación
2 8 . La demandante apeló 6 la sentencia de 20 de mayo de 2020 , para
lo cual argumentó que las labores las debía desempeñar como una
verdadera servidora pública, y porque al momento del retiro fungía
como abogada de la Dirección Nacio nal de Estupefacientes , como
profesional grado 1, ejerciendo labores para la defensa de los
intereses de la enti dad.
2 9 . En ese sentido , aseveró que el acto demandado incurre en falsa
motivación, por fundarse en una premisa que no se ajusta a la
6 Folios 284 a 289 del cuaderno principal.
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realidad ya que entre las partes existió una relación laboral
encubierta a través de un contrato en misión.
3 0 . Así las cosas, y, dado que el cargo de profesional grado 1 es de
carrera administrativa y supone la estabilidad, solicitó se revoque
la sentencia de primera instancia y se acojan las pretensiones.
2.8. Alegatos en segunda instancia
3 1 . La
demandante 7 insistió en los arg umentos de la demanda y de
la apelación, y señaló que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no tuvo en cuenta las pruebas de la subordinación
que se encuentran en el proceso disciplinario que adjuntó con la
demanda, con lo que se de muestra que en el caso concreto se
presentó la terminación del contrato sin justa causa , y que actuó de
forma arbitraria al desvincular a la demandante.
3 2 . La
apoderada del Ministerio de Ju sticia y del Derech o 8 solicitó
que se confirme la sentencia de primera instancia, puesto que no
se demostró la existencia de una relación laboral .
3 3 . El agente del ministerio público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
3 4 . De conformidad con el artículo
150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
35.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda
7 Índice 12 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 16 del aplicativo SAMAI.
9 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificaci ón de jurisprudencia.
10 «Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
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instancia está circunscrita a los a rgumentos expuestos por el
apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado
la sentencia, el superior resolve rá sin limitaciones.
3 6 . En el caso concreto, se analizarán los argumentos expuestos por
la señora Rosalyn de Diego Palencia en su recurso de apelación,
en los términos del problema jurídico que a continuación se formula.
3.3. Problema jurídico.
37.En el caso concreto se deberá determinar si entre la señora
Rosalyn de Diego Palencia y el Ministerio de Justicia y del Derecho
se presentó una relación laboral entre el 9 de mayo de 2012 y el 19
de julio de 2012 . En caso positivo se analizar á cuál es el alcance
del restablecimiento del derecho, y si hay lugar a declarar la
prescripción y en qué términos.
38.Para resolver el problema jurídico planteado, se partirá por
recordar algunos aspectos relativos al reconocimiento de la relación
laboral enmascarada a través de contratos de prestación de
servicios.
3.4. De la Relación laboral encubierta o subyacente
39. En lo relacion ado con el derecho al trabajo, el artículo 53
constitucional consagra los derechos fundamentales de los
trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades,
remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de tra bajo, irrenunciabilida d a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpreta ción de las
fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las
formalidades e stablecidas por las partes.
40. Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios
internacionales so bre el derecho al t rabajo, debidamente ratificados
por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna
(bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón, desde el
ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarro llado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT, 11 constituye, junto con otros principios
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
11 A p r o b a d o en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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convencionales, 12 un axioma laboral de aplicación directa en el
ordenamiento jurídico interno.
41.Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo,
en lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios
(uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución
presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cu mplimiento de los fines del
Estado), el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo
recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:
3 . S o n c o n tra to s d e p re s ta c i ó n d e s e rv ic i o s l o s q u e c el e b ren l a s
e n ti d a d e s e s ta ta l e s p a ra d e s a rro l l a r a c ti v i d a d e s re l a c io n a d a s c o n l a
a d mi n i s tra c i ó n o fu nc i o n am i en to d e l a e n ti d a d . E s to s c o n tra to s s ó l o
p o d rá n c e l e b ra rs e c o n p e rs o n a s n a tu ra l e s c u a n d o d i c h a s a c ti v i da d e s
n o p u e d a n re a l i z a rs e c o n p e rs o n a l d e p l a n ta o re q u i e ran
c o n o c im ie n to s e s p e c ia l i z a do s .
E n n i n g ún c a s o es to s c o n tra to s g e n e ra n re l a c i ó n la b o ra l n i
p re s ta c i o n e s s o c i a les y s e c e l e b ra rá n p o r e l té rm i n o e s tri c ta m e n te
i n d i s pe n s a b le .
4 2 . Como se ve, e l anterior precepto establece, de manera expresa,
que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una
relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar
prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constit ucional ha admitido que tal
disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la su bordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la re muneración
(artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).
43.En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -0 25-CE-S2-
2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la
necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del
entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios
contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y
la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.
12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
( P a c t o d e S a n J o s é́ d e C o s t a R i c a ) , C o l o m b i a r a t i f i c ó e l « P r o t o c o l o d e S a n
Salvador: Adicional a la Convenc ión Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra
el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los me dios para
llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad
lícita libremente escogida o aceptada».
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44. Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que
implique condu ctas o actividades laborales, incluidas, claro está,
aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analizada
en consideración de los derechos fundamentales de los
trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución
y en los con venios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el E stado.
4 5 . En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los
elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación
personal del servicio y remuneración), se reiteraron ciert os criterios
elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de
contratos estatales de prestación de servicios, el ele mento de la
subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación la boral encubierta o subyacente, a saber:
i) e l l u g a r d e tra b a j o , e n e l q u e p re c i s ó q u e e n l a a c tu a l i d a d s e
p u e d e m a ti z a r a n te e l s u rg i mi e n to d e u na «n u e v a re a li d a d la b o ral ,
fru to d e l a s i n n o v a c io n e s te c n o l ó g i ca s » ;
ii) e l h o ra ri o d e l a s l ab o re s , re s a l ta n d o q u e e l e s ta b l e c imi e n to o
i m po s i ci ó n d e j o rn a da s l a b o ra l e s o tu rn o s d e b e rá s e r v a l o ra d o e n
fu n c i ó n d e l o b j e to c on tra c tu a l c o n v e n i d o ;
iii) l a d i re c c i ó n y c o n tro l e fe c ti v o d e l a s a c ti v i d a d e s a e j e c u ta r, q u e
s e m a te ri a l iz a , p o r e j e m pl o , c o n e l i u s v a ri a n d i o c o n l a i n s e rc ió n
d e l p re s ta d o r d e l s e rv i c i o e n e l c í rc u l o re c to r , o rg a n i z a ti v o o
d i s c i pl i n a rio d e l a e n ti d a d ; y
iv) q u e l a s a c ti v i d a d e s o ta re a s a d e s a rr o l l a r c o rre s p o n d a n d e
m a n e ra i d é n ti ca , s e m e ja n te o e q u i v a l en te a l a s q u e ti e n e n
a s i g n a d as l o s s e rv i d o re s d e p l a n ta , s i e m p re y c u a n d o s e re ú n a n
l o s e l em e n to s c o n fi gu ra ti v o s d e l a re l a c i ón l a b o ra l .
46.No obstante lo anterior, la Secció n precisó que aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
gracias a la aplica ción del principio de la primacía de la realidad
sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal
y reglamentaria, por lo que no es posible darle la c ategoría de
empleado público a quien prest ó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política 13.
47.Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de
subordinación o dependencia continuada, en las que el
13 A l respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de
2010; radicado 76001 -23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia
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represen tante de la entidad contratante o la persona que él designe,
ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
48.Expuestos los ante riores fundamentos, la Sección Segunda
determinó las siguientes reglas de unificación:
(i ) L a p ri m e ra re g l a de fi n e q u e e l c o n c ep to d e « té rm i n o e s tri c ta m e n te
i n d i s pe n s a b le » , a l q u e a l u d e e l n u me ra l 3 .º d e l a rt íc u l o 3 2 d e l a L e y
8 0 d e 1 9 9 3 , e s e l s e ñ a l a d o e n l o s e s tu d i os p re v i o s y e n e l o b j e to d e l
c o n tra to , e l c u a l , d e a c u e rd o c o n e l p ri n c i pio d e p l a n ea c i ó n , ti e ne q u e
e s ta r j u s ti fi c a d o e n l a n e c e s i d a d d e l a p res ta c i ó n d e l s e rv i c i o a fa v o r
d e l a A dm i ni s tra c i ó n , d e fo rm a e s e n c i alm en te te m p o ra l y , d e n in g u n a
m a n e ra , c o n á n im o de p e rm a n e n ci a .
(i i ) L a s e g u n d a re g la e s ta b l e c e u n p e rio d o d e tre i n ta (3 0 ) d ía s
h á b i l es , e n tre l a fi n a l i z a ci ó n d e u n c on tra to y l a e j e c u c i ó n d e l
s i g u i en te , c o m o té rm in o d e l a n o s o l u ci ó n d e c o n ti n u i d ad , e l c u a l , e n
l o s c a s o s qu e s e ex c e d a , p o d rá fl e x i bi li z a rs e e n a te n c ió n a l a s
e s p e c i al e s c i rc u n s tan c i a s q u e e l j u e z e n cu e n tre p ro b a d a s d e n tro d e l
e x p e d i e n te .
(i i i ) L a te rc e ra re g l a d e te rm i n a q u e fre n te a l a n o a fi l i a c i ó n a l s i s te ma
d e l a S e gu ri d a d S o c ia l e n s a l ud , p o r p a rt e d e l a A dmi n i s tra c ió n , e s
i m p ro ce d e n te l a de v ol u c i ó n d e l o s va l o re s q u e e l c o n tra ti s ta h ub i e s e
a s u mi d o d e m á s , e n t a n to s e re c a u d a ro n c o m o re c u rs o s d e n a tu ra l e z a
p a ra fi s c a l .
49. En la primera regla, l a sentencia fue enfática en destacar la
importancia de dar cabal cumplimiento al principio de p laneación,
el cual exige a las entidades estatales, so pena incluso de nulidad,
la utilización de su s recursos de la m anera más eficiente; por esta
razón, el «té rmino estrictamente indispensable» puede advertirse
en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recu rsos disp onibles, el
tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un
contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios
no puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales.
50. En la segunda regla, la sentencia de unificación est ableció en
30 días hábiles, en princ ipio y como marco de referencia, el término
de solución de continuidad para aquellos contratos de prestación
de servicios que presenten interrupciones, cuya consecuencia
jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no
superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una
unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que
los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son
iguales o similar e s y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades».
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5 1 . A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-
2021, se reiteró qu e la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
punto a la prescripción de derechos prestacionales derivados de l a
relación laboral e ncubierta o subyacente, ha venido aplicando la
postura de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 14,
según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación laboral,
quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los
tres años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo
contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de
continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus f echas de finalización 15, por lo
que de no presentarse la reclamación en ese periodo, operará el
fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no está sometidos a dicho término 16.
5 2 . En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la
Sección Segunda aclaró que el término de la solución de
continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los
elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues, de no estarlo, no ex iste una relación laboral cuya
duración deba ser examinada.
53.Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
improcedente la devolución de los apo rtes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».
54. Las reglas d e unificación en cita constituyen precedente
vinculante en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437
14 C o n s e j o d e
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015, CE-
SUJ2-005, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
15 E n l o s p r e c i s o s t é r m i n o s d e l a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n , s e i n d i c ó : « [ … ] P e r o
en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso
de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la
prescripción a partir de sus fechas de finalización , puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al
juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso pa rticular,
en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados
por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
c o n t r a t o s d e p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s . [ … ] » ( N e g r i t a f u e r a d e l t e x t o )
16 S i e n d o
deber del juez adm inistrativo pronunciarse en todos los casos, aun
si no se hubiesen deprecado de forma expresa, en el sentido de ordenar que
se realicen los aportes sobre las diferencias que se demuestren causadas,
mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la e ntidad contratante
como empleadora.
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de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem, para
todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa.
55. Para el caso objeto de estudio, resulta pertinente hacer la
diferencia entre la s relaciones laborales encubiertas a través de
contratos de prestación de servicios, y la vincu lación laboral de
trabajadores en misión, puesto que la natura leza de ambas difiere
y lógicamente los derechos que le corresponden a las personas
naturales que a través de esta desempeñan funciones a favor de la
Administración Pública no son idénticos.
3.5. Los trabajadores en misión
55.La figura de los trabajadores en misión, fue establecida en l a
Ley 50 de 1990, en la que se dispuso lo siguiente:
«ARTI CU LO 71. Es em pr esa de ser vici o s t em por ales aque ll a
que cont r at a la pr est ación de ser vicios c on t er cer os
benef iciar ios par a colabor ar t em por alm ent e en el desarr ollo de
sus act ividades, m e diant e la labor desa r r ollada por per sona s
nat ur ales, cont r at adas dir ect am ent e por la em pr esa de
ser vicios t em por ale s, la cual t iene con r espect o de ést as el
car áct er de em pleador .
ARTI CULO 72. Las e m pr esas de ser vicio s t em por ales deber án
const it uir se com o p er sonas j ur í dicas y t endr án com o únic o
obj et o el pr evist o en e l ar t í culo ant er ior .
ARTI CULO 73. Se d enom ina usuar io, t o da per sona nat ur al o
j ur í dica que cont r at e los ser vic ios de las em pr esas de
ser vicios t em por ales .
ARTI CULO 74. Los tr abaj ador es vincula dos a las em pr esas de
ser vicios t em por ales son de dos ( 2) cat e gor í as: Tr abaj ador es
de plant a y t r abaj ador es en m isión. Los t r abaj ador es de plant a
son los que des ar r olla n su act ivi dad en las depe ndenc ia s
pr opias de las em pr esas de ser vicios t em por al es.
Tr abaj ador es en misión son aque llos que la em pr esa de
ser vicios t e m por ales enví a a las depende ncias de sus usuar io s
a cum plir la t ar ea o ser vicio cont r at ado por ést os.
ARTI CULO 75. A los t r abaj ador es en m isión se les apl icar á, en
lo per t inent e, lo disp uest o en el Código S ust ant ivo del Tr abaj o
y dem ás nor m as del r égim en labor al. As í com o lo est ablecid o
en la pr esent e ley.
ARTI CULO 76. Los t r abaj ador es en m isión t ienen der echo a la
com pensación m onet ar ia por vacaciones y pr im as de ser vicios
pr opor ciona l al t iem po labor ado, cualq ui er a que ést e sea.
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ARTI CULO 77. Los usuar ios de las em pr esas de ser vicios
t em por ales sólo pod r án cont r at ar con ést as en los sigu ient e s
casos:
1. Cuando se tr at e de las labor es ocasio nales, accident al es o
t r ansit or ias a que se r ef ier e el ar tí culo 6o del Có di go
Sust ant ivo del Tr ab aj o.
2. Cua ndo se r equier e r eem plazar per sonal en vacaciones, en
uso de licencia, en incapacida d por enf er m edad o m at er nidad.
3. Par a at ender incr em ent os en la pr oducción, el t r anspor t e,
las vent as de pr oduct os o m er cancí as, los per í odos
est acional es de cosechas y e n la pr est ación de ser vicios, por
un t ér m ino de seis (6) m eses pr orr ogabl es hast a por seis ( 6)
m eses m ás.
ARTI CULO 78. La em pr esa de ser vicios t em por ales es
r esponsable de l a s alud ocu pacio nal de los t r abaj ador es en
m isión, en los t ér m inos de las leyes qu e r igen la m at er ia par a
los t r abaj ador es per m anent es.
Cuando el ser vic i o se pr est e en of icios o act ivid ad es
par t icular m ent e r ies gosas, o los t r abaj ador es r equier an de un
adiest r am ient o par t i cular en cuant o a pr evención d e r iesgos, o
sea necesar io el sum in ist r o de ele m ent os de pr ot ección
especia l, en el cont r at o que se celebr e ent r e la em pr esa de
ser vicios t em por al es y el usuar io se det erm inar á
expr esam ent e la f orm a com o se at enderán est as obligacio ne s.
No obst ant e, est e ac uer do no l iber a a la em pr esa de se r vicio s
t em por ales de la r esponsabi li dad lab or al f r ent e al t r abaj ador
en m isión.
ARTI CULO 79. Los tr abaj ador es en m isión t endr án der echo a
un salar i o or din ar io equiva lent e a l de l os t r abaj ador es de la
em pr esa usuar ia que desem peñen la m ism a act ivida d,
aplic ando par a e l ef ect o las esca las de ant igüedad v igent es en
la em pr esa. I gualm ent e, t endr án der echo a gozar de lo s
benef icios que el usuar io t enga est ablecidos par a su s
t r abaj ador es en el l ugar de t r abaj o, en m at er ia de t r anspor t e,
alim ent aci ón y r ecr eació n.
Par ágr af o t r ansit or io. Los contr at os de los t r abaj ador es en
m isión vincu lados a las em pr esas de servicios t em por ales con
ant er ior idad a l a vig encia de est a ley, se r án r eaj ust ados en un
plazo de doce ( 12) m eses de conf orm idad con lo expr esado en
est e ar t í culo ».
56.En relación con la figura de los trabajadores en misión, esta
Corporación ha señalado:
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«…dicha m odal idad de cont r at ación se encuent r a r egulada p or
el ar t í culo 74 de la Ley 50 del 28 de diciem br e de 199 0,
r eglam ent ada por el Decr et o 4369 de l 4 de dici em br e de 200 6,
los cuales est ab lece n que el t r abaj ador en m isión cor r espond e
al per sonal cont r at ado por una em pr esa de ser vicios
t em por ales ( EST) y pr est a sus ser vicios en las dependencia s
de una t er cer a em presa ( usuar ia) par a el cum plim i ent o de un a
t ar ea o ser vicio contr at ado por ést a últ ima; se dist ingue de los
t r abaj ador es de plant a en cuant o ést os desar r ollan s us
act ividades en las p r opias of icin as de la EST.
En r elación con los ví nculos j urí dicos que se der ivan de la
r elación cont r act ual ent r e la EST y la em pr esa usuar ia, est a
Cor por ación ha pr ecisado que se pr esent an las siguient e s
r elacion es j ur í dicas: ent r e la em pr esa prest ador a de ser vicio s
t em por ales y el t r abaj ador exist e un contr at o labor al r egido p or
la nor m at iva del C ódigo Sust ant ivo del Tr abaj o; ent r e aquell a
y el t er cer o benef iciar io o em pr esa usuar ia, se gener a una
r elación j ur í dica r e gida por un cont r at o de pr est ación de
ser vicios; y por úl t im o, “ [ e] nt r e la em pr esa usuar ia y el
t r abaj ador en m isión no se gener a r el ac ió n labor al, a l no exist i r
ent r e est os cont r at o alguno, dado que ent r e la EST y est e se
conf igur a un cont r a t o labor al, const it uy éndose la EST en el
em pleador de aquel , t al com o lo dispone el ar t í culo 71 de la
Ley 50 de 1990. [ …]” .
Ahor a bien, pese a la ausencia de r elación labor a l ent r e la
em pr esa usuar ia y el t r abaj ador en m isión, la pr im er a ej erce
de m aner a m at er ial la subor dinac ión f r ent e al segundo, como
lo ha señala do la j ur ispr udencia de l a Cor t e Supr em a de
Just icia; de m aner a que dicho em pl eado est á obliga do a acat ar
las obli gacio nes cont r act uales der ivadas del cont r at o que
suscr ibió con la ES T y las que par a el ef ect o haya pr evist o l a
em pr esa usuar ia par a el cum plim ient o del puest o a
desem peñar » 17.
5 7 . De acuerdo con la normativa transcrita y la jurisprudencia citada ,
los trabajadores e n misión son personas que tienen una relación
laboral con una empresa que tiene respecto de estos el carácter de
empleador.
58. Precisamente por lo anterior, perciben el sa lario y las
prestaciones sociales establecidos para el personal de planta de la
empresa usuaria que desarrollen la misma actividad, lo cual es
distinto a lo que sucede con aquellas personas naturales que
suscriben un contrato de prestación de servicios con una persona
17 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n P r i m e r a ,
sentencia de 28 de noviembre de 2019, radicación : 25000-23-41-000-2012-
00710-01, magistrado ponente: Oswaldo Giraldo Pérez.
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jurídica pública o privada, puesto que la forma de vinculación es
diferente, y los derechos que se derivan de esto también lo son , ya
que en el último caso , en los términos del numeral 3 del artícul o 32
de la Ley 80 de 1993, no se genera una relación laboral ni se tiene
derecho a percibir prestaciones sociales .
59. Ahora bien, ambas formas de vinculación comparten la
característica de que no convierten a quien desempeña funciones
a favor de la Administración en empleado público . En ese sentido,
se recuerda que en la sentencia SUJ -025-CE -S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 se afirmó que «aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge
entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a
la aplicación del p rincipio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la
categoría de empleado público a quien prest ó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta
Política».
60. Para el caso de los trabajadores en misión, tampoco es posible
afirmar que se entabl a una relación legal y reglamentaria con la
entidad beneficiaria que dé lugar a considerar a estos como
empleados públicos , debido a que no se cumplen los requisitos
previstos en el artículo 122 de la Constitución Política, no se
accede al servicio mediante un concurso público , ni se cumplen las
formalidades sustanciales de esta clase de vínculo que son el
nombramiento y la posesión.
6 1 . A partir de lo anterior, la Sala encuentra
que, en ninguna de las
dos figuras estudiadas, esto es, tanto en los contratos de
prestación de servicios como en la del uso de trabajadores en
misión, se entabla una relación legal y reglamentaria, motivo por el
que las personas vinculadas a través de estas formas no gozan de
los derechos de carrera administrativa.
3.6. De lo efectivamente probado
62. En el caso concreto la señora Rosalyn de Diego Palencia
pretende que se declare la existencia de una relación laboral entre
el 9 de mayo de 2012 y el 19 de julio de 2012 y que, a partir de ello
se considere que la terminación del vínculo entre esta y la
demandada fue sin justa causa, y se ordene su reintegro a la misma .
63.
En el expediente se encuentra el contrato 00340 de ocho (8) de
marzo de 2012 suscrito por la Socie dad la Empresa de Servicios
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Temporales Servicios y Asesorías S.A. y la Dirección Nacional de
Estupefacientes , cuyo objeto consistió en lo siguiente: « el
contratista suministrar á a la DNE en liquidaci ón personal en misi ón
para el proceso de liquidación de la Dirección Na cional de
Estupefacientes y la administraci ón transitoria del f risco del nivel
de gestores, profesionales, técnicos, asistenciales y servicios
generales, para jornada laboral de tiempo completo » 18.
64.También reposa el contrato individual de trabajo por el tiempo
que dure la realización de la obra suscrito entre el re presentante
legal de S&A Servicios y Asesorías S .A. y la demandante 19.
65. En el plenario no se halla documento alguno en el que la
Dirección Nacional de Estupefacientes o la sociedad S&A Servicios
y Asesorías S.A. haya dado por terminado el anterior contrato.
6 6 . Ahora bien, e n el acto demandado se consignó lo siguiente:
«En at ención a su pet ición r adic ada e n est e M inist er io con
EXT15- 0023 284 de f echa 21 de m ayo d e 2015, por m edio d e
la cual solic it a el pr onunciam i ent o del M inist er io con r elaci ón
a la exist encia de una pr esunt a r elación labor al ent r e Ust ed y
la Ext int a D ir ecció n Naciona l de Est upef acient es y co m o
consecuenci a de est a el r econocim ient o y pago de
pr est aciones soc ial es dej adas de per cibir , al r esp ect o m e
per m it o m anif est ar lo siguient e:
En vir t ud de lo dispu est o en el Ar t í culo 22 del Decr et o 3183 de
2011, el M inist er io de Just icia y del Der echo, se subr ogó en
las ob ligac iones y der echos de la Dir ecció n Nac iona l de
Est upef acient es en Liqu idaci ón, una vez quedó en f ir m e el act a
f inal de liqu idaci ón y se declar ó t er minado el pr oceso de
liqu idac ión de la Ent i dad, est o es, el 30 d e sept iem br e de 201 4.
Com plem ent ar io a l o ant er ior el ar t í culo 26 del Decr et o 31 8 3
de 2011 est ab leci ó que f ina lizad a la l iq uidac ión, los ar chiv os
pasar í an al M inist er i o de Just icia y de l D er echo, par a t al ef ect o
m ediant e act a de en t r ega No. ( sic) 01 del 24 de sept iem br e d e
2014, se r ecibier on por par t e de la DNE los ar chivos inclu ido s
en las h ist or ias lab or ales y l os cont r at os de pr est ación d e
ser vicios suscr it os.
En ese sent ido, r evisados l os cit ad os a r chivos se encu ent r a
que no exist e inf or m ación que p er m it a est ablecer la ex ist enci a
de una vincu lac ión de car áct er legal o r eglam ent ar ia, ent r e
ust ed y la Dir ección Nacional de Est upe f acient es que gener e
18 F o l i o 199 del cuaderno principal
19 F o l i o 86 del cuaderno principal.
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una r elación labor a l y el pago de salar ios y pr est aciones
social es con bas e en la m ism a.
Por lo ant er ior , este M inist er io de Justicia y del Der echo no
puede dec lar ar la exist encia d e un a r elación labor a l y
consecuent em ent e r econocer y pagar s alar ios o pr est ac ion es
social es en los t ér m inos y condici ones af ir m adas por ust ed» 20.
6 7 . Como prueba adicional, se encuentra el expediente disciplina rio
en el que consta la investigación que se siguió en contra de la
demandante, Rosalyn de Diego Palencia , mientras prestó sus
servicios como trabajadora en misión en la Dirección Nacional de
Estupefacientes 21.
68.Adicionalmente, obra la certifi cación expedida por la directora
legal de S&A Servicios y Asesoría, en la que se indicó que la señora
Rosalyn de Diego Palencia tuvo contrato de trabajo con esta
sociedad en calidad de trabajadora en misión para la Dirección
Nacional de Estupefacientes del 9 de mayo de 2012 al 22 de julio
de 2012, y que durante este lapso devengó las siguientes sumas:
por concepto de salarios: $5.648.334; prestaciones sociales y
vacaciones: $1.297.398 y viáticos $1.597.914 22.
69. Al analizar e l acto demandado y los demás documentos que
reposan en el expediente , se evidencia que respecto del mismo no
se configuró ningún vicio que dé lugar a que se declare su nulidad
y se ordene el restablecimiento del derecho, debido a que no existió
una relación legal y reglamentaria entre Rosalyn de Diego Palencia
y la Dirección Nacional de Estupefacientes, y, en ese sentido no se
incurrió en falsa motivación. Tampoco se pr obó que la entidad haya
desconocido normas superiores o violado el derecho al debido
proceso de la referida abogada, ni que su expedición obedezca al
vicio de desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
70.Por otra parte, se advierte que no hay lugar al pago de salarios
y prestaciones so ciales a favo r de la señora de Dieg o Palencia,
puesto que la sociedad S&A Servicio s y Asesoría certificó que le
fueron pagados los salarios y prest aciones sociales a que tiene
derecho.
71. Adicionalmente, no existe en el expediente un acto
administrativo en el que conste que la Dirección Nacional de
Estupefacientes le haya impartido la orden a la referida empresa de
20 F o l i o 33 del cuaderno principal.
21 C u a d e r n o 2 del expediente.
22 F o l i o 242 del cuaderno principal.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05378-01 (3137-2020)
Demandante: Rosalyn de Diego Palencia
servicios temporales para que procediera a terminar el contrato con
la referida abogada, o que de manera directa expidiera una decisión
en tal sentido a partir de la cual se pueda entender que se le
ocasionó un daño antijurídico (que no tiene el deber de soportar).
72. A lo anterior se debe agregar que, el análisis de juridicidad de
la terminación del trabajo en misión entre la sociedad S&A Servicios
y Asesoría se escapa del objeto del presente proceso , ya que la
mencionada sociedad no fue convocada , ni las pretensio nes fueron
dirigidas en contra de esta.
7 3 . La
Sala considera relevante señalar que en el caso concreto la
señora Rosalyn de Diego Palencia fue contratada en misión en los
términos de la Ley 50 de 1990 y no se demostró que se haya hecho
un uso indebido de la figura , puesto que no se super ó el lapso de 6
meses al que se refiere la normativa, y debido a que se recurrió a
esta para atender una necesidad concreta , como lo era la
liquidación de la Dirección Nacional d e Estupefacientes.
7 4 . Como consecuencia de lo anterior, se confirmará la sentencia de
20 de mayo de 2020 que negó las pretensiones de la demanda .
3.5. Costas.
7 5 . De acuerdo con los numerales 1,3 y 8 del artículo 365 de la Ley
1564 de 2012, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 se condenará en costas de segunda
instancia a la señora Rosalyn de Diego Palencia , puesto que el
recurso le fue resuelto de forma d esfavorable y el Ministerio de
Justicia y del Derecho en esta etapa procesal. Las mismas se
liquidarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del
Código General del Proceso.
7 6 . En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia de 20 de mayo de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C que negó las súplicas de la señora Rosalyn
de Diego Palencia en contra de l Ministerio de Justicia y del
Derecho.
SEGUNDO: CONDENA R en costas de segunda instancia a la señora
Rosalyn de Diego Palencia , las cuales se liquidarán conforme a lo
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05378-01 (3137-2020)
Demandante: Rosalyn de Diego Palencia
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso .
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el
Sistema de Gestión Judicial del Con sejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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