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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05446-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05446-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Tercero: Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado

Tema: Reconocimiento del retroactivo pensional. Disfrute de la pensión desde el
retiro del servicio o la desafiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Subtema 1: Falta de jurisdicción.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 30 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Pedro Pablo Cristancho Peña solicitó la nulidad parcial del acto
administrativo mediante el cual la entidad demandada le reconoció la pensión de
vejez, en cuanto negó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional. En esta
providencia se declarará la excepción de falta de jurisdicción, porque al momento
de causarse el derecho del accionante, así como su última cotización y vinculación,
fueron como trabajador particular. Lo anterior, de conformidad con el criterio fijado
por la Corte Constitucional y esta Subsección sobre la materia.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Pedro Pablo Cristancho Peña por conducto de apoderado, presentó
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1
El 9 de noviembre de 2015. Ver expediente físico, folio 60.
1

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad parcial de las
resoluciones núm. GNR 363601 del 20 de diciembre de 2013 y núm. GNR 277889
del 6 de agosto de 2014; así como la nulidad de la Resolución núm. VPB 37932 del
27 de abril de 2015, por medio de las cuales la entidad accionada negó el
reconocimiento y pago de un retroactivo pensional a favor del señor Pedro Pablo
Cristancho Peña.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a Colpensiones y a la
empresa Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado reconocer y pagar el retroactivo
pensional correspondiente al periodo comprendido entre el mes de «junio» de 2012
hasta diciembre de 2013.

4. Solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como la indemnización de los perjuicios
morales causados con ocasión del pago tardío del retroactivo pensional, estimados
en 100 SMLMV.

5. Asimismo, que se otorguen los intereses de mora por los valores adeudados
y que se dé cumplimiento al fallo según el artículo 192 del CPACA. Además, que se
condene en costas a la parte vencida.

2.1.2. Hechos

6. La Sala los sintetiza así:

7. El señor Pedro Pablo Cristancho Peña al momento de cumplir los requisitos
pensionales se encontraba afiliado a Colpensiones y su último empleador fue la
empresa Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado.

8. Manifestó que por cumplir los requisitos para obtener la pensión solicitó a su
empleador la suspensión de los pagos de cotización en pensiones. En
consecuencia, dicha empresa atendió su petición y reportó la novedad y pago de
los aportes a la administradora hasta el mes de julio de 2012.

9. El 13 de octubre de 2011, el accionante solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, al considerar acreditados los
requisitos correspondientes. En atención a ello, se profirió la Resolución núm. GNR

2
Expediente físico folio 45.
2

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

363601 del 20 de diciembre de 2013, mediante la cual se reconoció dicha
prestación.

10. Indicó que en el anterior acto administrativo no se le reconoció el retroactivo
pensional desde julio de 2012, aunque fue el último mes en el que realizó
cotizaciones y se reportó su retiro del sistema de seguridad social. Asimismo,
advirtió que no se tuvieron en cuenta varias semanas de cotización
correspondientes al período comprendido entre el 16 de septiembre de 1968 y el 14
de noviembre de 1972, durante el cual prestó sus servicios en la Secretaría de
Obras Públicas de Bogotá. Por lo anterior, interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación contra la aludida resolución.

11. Colpensiones profirió la Resolución núm. GNR 277889 del 6 de agosto de
2014, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición. En esa decisión señaló
que aunque modificó la Resolución núm. 363601 del 20 de diciembre de 2013 para
reajustar la mesada pensional, no había lugar al reconocimiento del retroactivo
pretendido, por cuanto en la historia laboral no reposaba la novedad de retiro
correspondiente de la empresa Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado.

12. Mediante la Resolución núm. VPB 37932 del 27 de abril de 2015,
Colpensiones resolvió el recurso de apelación. Respecto al retroactivo pensional
indicó que si bien mayo de 2012 es el último mes de cotización registrado en la
historia laboral, con el empleador Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado, no
obraba la respectiva novedad de retiro. Igualmente, advirtió que el formulario de
retiro quedó mal diligenciado por el empleador. Para sustentar lo anterior, destacó
la Circular 001 de 2012 de esa entidad.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

 De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 90 y
209.
 De la Ley 1437 de 2011, los artículos 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 80 y 102.
 De la Ley 100 de 1993, los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 36 y 141.

13. Advirtió que Colpensiones debía garantizar de manera efectiva los derechos
del afiliado, en especial el reconocimiento y pago oportuno de la pensión y de su
correspondiente retroactivo. Afirmó que, pese a encontrarse consolidado el derecho
del accionante, la entidad incurrió en actuaciones de hecho y en exigencias
innecesarias encaminadas a negar dicho reconocimiento, con lo cual desconoció la
obligación estatal de asegurar la efectividad material de los derechos de los
ciudadanos.

14. Con fundamento en los artículos 1.º y 2.º de la Constitución, sostuvo que las
autoridades están instituidas para servir a la comunidad y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento, lo cual, en
3

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

su criterio, no ocurrió en este caso, pues Colpensiones desconoció el derecho a la
seguridad social y al pago oportuno de la pensión. Asimismo, invocó el artículo 4.º
superior para sostener que la Circular Interna 01 de 2012 no puede prevalecer sobre
la Constitución y la ley. También, el artículo 6.º para reprochar las omisiones y
extralimitaciones en que incurrió la entidad, al interpretar las normas de manera
restrictiva para negar el retroactivo, pese a que el afiliado no estaba obligado a
continuar cotizando una vez cumplidos los requisitos pensionales.

15. Por tales razones, adujo la vulneración de los derechos a la igualdad (art. 13),
al trabajo (art. 25) y al debido proceso (art. 29). Respecto del primero, afirmó que
recibió un trato desigual frente a otras personas en las mismas condiciones a
quienes sí se les reconoció el derecho; en cuanto al segundo, sostuvo que no se
materializó la protección estatal ni el pago oportuno de la pensión; y sobre el tercero,
señaló que la decisión se sustentó en criterios caprichosos y en una interpretación
errada de la Circular Interna 01 de 2012.

16. Añadió que, conforme a dicha regulación, aun cuando el afiliado esté
exonerado de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, el retiro
del sistema solo se entiende configurado cuando cesan las situaciones previstas
legalmente, momento desde el cual procede el reconocimiento y pago de la
prestación. Destacó el artículo 53 de la Constitución para sostener que la negativa
del retroactivo desconoció los principios de favorabilidad, primacía de la realidad e
irrenunciabilidad de las garantías mínimas.

17. Finalmente, sostuvo que la omisión de reconocer y pagar el retroactivo
pensional configuró un daño antijurídico, en los términos del artículo 90 de la
Constitución, imputable a la entidad demandada, del cual se derivaba el deber de
reparar. Invocó como transgredidos diversos principios y disposiciones de la Ley
1437 de 2011, porque, a su juicio, no se valoró debidamente la certificación
expedida por la empresa Íntegra, relativa a la suspensión de aportes y a la novedad
de retiro.

2.2. Contestación de la demanda

18. Colpensiones3 se opuso a las pretensiones de la demanda, porque al revisar
la historia laboral del demandante, advirtió que frente al empleador Íntegra
Cooperativa de Trabajo Asociado no aparece reportada la novedad de retiro «R»
para el período de mayo de 2012, que figura como el último mes cotizado. Por ello,
sostuvo que la efectividad de la prestación quedó ajustada a derecho a corte de
nómina (1 de enero de 2014) y, en consecuencia, no procedía el reconocimiento de
retroactivo pensional.

19. Destacó la Circular Interna 01 de 2012, según la cual, si un afiliado
dependiente cumple los requisitos pensionales, pero no se acredita su

3
Expediente físico, folio 77.
4

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

desvinculación laboral, la pensión se reconoce desde su inclusión en nómina.
Señaló que el pago del retroactivo exige acreditar el retiro del último empleador,
salvo la excepción por omisiones de reporte dentro de un margen de cuatro años.
Por último, añadió que, conforme a la jurisprudencia, el derecho se causa al
cumplirse los requisitos, mientras que el disfrute de las mesadas se asocia con la
desafiliación del régimen y con el momento a partir del cual se generan retroactivos.

20. Finalmente, propuso las excepciones de (a) cobro de lo no debido, porque
acceder a lo pretendido implicaría reliquidar la pensión con base en el ingreso base
de liquidación, el cual no integra el régimen de transición, que solo cobija la edad,
el tiempo y el monto; (b) buena fe, con apoyo en el artículo 83 de la Constitución,
para descartar la condena en costas ante la falta de prueba de mala fe; (c) genérica
o innominada; y (d) prescripción, respecto de eventuales derechos reclamados, sin
reconocer obligación alguna a favor del demandante.

21. Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado fue vinculada4 al presente medio
de control; sin embargo, no contestó la demanda ni se pronunció sobre ella.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A profirió sentencia el 30 de julio de 20205, a través de la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. GNR 363601
de 20 de diciembre de 2013, GNR 277889 de 6 de agosto de 2014; y No. VPB N°
37932 de 27 de abril de 2015 proferidas por COLPENSIONES.

SEGUNDO. ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho a que
COLPENSIONES reconozca y pague en favor del señor PEDRO PABLO
CRISTANCHO PEÑA el retroactivo pensional al que tiene derecho, por el periodo
comprendido entre el mes de julio de 2012 hasta el mes de diciembre de 2013.

TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. No hay lugar a condenar en costas.

23. Al valorar las pruebas destacó que Colpensiones reconoció al demandante
la pensión de vejez en la Resolución 363601 de 2013, pero fijó su disfrute a partir
del 1.º de enero de 2014. En dicho acto se indicó que aunque el actor acreditaba
los requisitos para pensionarse, no se encontraba demostrada la novedad de retiro
del sistema de seguridad social. Posteriormente, mediante la Resolución 277889 de
2014, al decidir el recurso de reposición, Colpensiones modificó la resolución inicial,
reliquidó la prestación y reiteró que el disfrute de la pensión sería a partir del 1.º de

4 Expediente físico, folio 142.
5
A través de auto del 6 de marzo de 2018. Ver expediente físico, folio 96.
5

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

enero de 2014, por no aparecer en la historia laboral la novedad de retiro reportada
por el empleador Íntegra. Finalmente, por la Resolución VPB 37932 de 2015, al
resolver la apelación, confirmó esa decisión con apoyo en la Circular Interna 01 de
2012.

24. Precisó que en el proceso se acreditó que Íntegra certificó la suspensión de
los aportes a pensión del actor desde julio de 2012, novedad registrada en la planilla
integrada de liquidación de aportes bajo el subtipo de cotizante núm. 4,
correspondiente a cotizante con requisitos cumplidos para pensión. Añadió que en
el expediente reposaban la historia laboral del demandante, de la cual se desprende
que el último aporte pensional correspondió a junio de 2012 y fue pagado el 11 de
julio de 2012; que la copia de la cédula de ciudadanía acreditaba su nacimiento el
29 de junio de 1951; y que la solicitud de reconocimiento pensional fue radicada
ante el ISS el 13 de octubre de 2011.

25. Por lo expuesto, determinó que aunque los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049
de 1990 exigen la desafiliación al régimen para disfrutar la pensión, en este caso la
entidad no podía desconocer la situación real del afiliado. Señaló que estaba
demostrado que el demandante cumplió la edad para pensionarse el 29 de junio de
2011, acreditó tiempos de servicios públicos y privados hasta el 30 de junio de 2012
y que su empleador sí reportó en la planilla de julio de 2012 la novedad, según la
cual ya no se efectuaban cotizaciones a pensión por haber cumplido los requisitos.
Por ello, estimó que Colpensiones, al advertir un posible error o inconsistencia en el
formulario, debió adelantar la actuación administrativa correspondiente y no
trasladar al afiliado las consecuencias de esa situación.

26. Resaltó además que el actor tuvo que acudir a la acción de tutela para
obtener respuesta a su solicitud pensional. Por ello, el Tribunal consideró que no
era admisible que Colpensiones se valiera de su tardanza en el reconocimiento
pensional y de la ausencia de una formalidad en la desafiliación para negar
arbitrariamente las mesadas retroactivas. En consecuencia, ordenó el
reconocimiento de las mesadas pensionales al actor desde el 12 de julio de 2012 y
hasta el 30 de diciembre de 2013, al encontrar probada la causación del derecho al
retroactivo durante ese lapso.

27. En cuanto a las demás pretensiones, el Tribunal negó el reconocimiento de
intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por estimar que esa
sanción procede cuando existe mora en el pago de mesadas ya reconocidas,
supuesto que no correspondía al caso, dado que existía una discusión jurídica sobre
la fecha desde la cual debían pagarse las mesadas retroactivas. También negó los
perjuicios morales, por falta de prueba, y precisó que los perjuicios materiales
quedaban comprendidos en las sumas a reconocer, la indexación y los intereses
que resultaran por el cumplimiento de la sentencia. Concluyó que no operó la
prescripción, porque entre el reconocimiento pensional, los recursos administrativos
y la presentación de la demanda no transcurrió el término de tres años. Finalmente,
6

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

no impuso condena en costas al no advertir conducta dilatoria o de mala fe de la
parte demandada.

2.4. Recurso de apelación

28. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revocara la decisión6. Lo anterior, porque no procedía la nulidad de las resoluciones
GNR 363601 del 20 de diciembre de 2013, GNR 277889 del 6 de agosto de 2014 y
VPB 37932 del 27 de abril de 2015, toda vez que, a su juicio, dichos actos
administrativos se encontraban ajustados a derecho.

29. En cuanto al retroactivo pensional reclamado por el período comprendido
entre julio de 2012 y diciembre de 2013, la entidad recurrente adujo que no era
procedente. Para sustentar esa postura, invocó la Circular Interna 01 de 2012 de
Colpensiones, según la cual cuando el afiliado dependiente ha cumplido los
requisitos para pensionarse, pero no aparece acreditada su desvinculación laboral
por parte del empleador, la prestación debe reconocerse a partir de la fecha de
inclusión en nómina. También citó la Circular 24 de 2018, literal e), para destacar
que si el afiliado es servidor público y allega certificación de retiro del servicio o esta
novedad figura en la historia laboral, la pensión se reconoce desde la fecha de retiro.

30. Con fundamento en esas directrices, la entidad sostuvo que el disfrute de la
pensión del demandante se fijó correctamente a partir del 1.º de enero de 2014,
pues en la historia laboral no figuraba la novedad de retiro de la empresa Integra
Cooperativa de Trabajo Asociado. Explicó que la última cotización registrada
correspondía a mayo de 2012 y que, pese a los documentos allegados para
acreditar tiempos de servicio como servidor público remunerado sin cotización al
régimen administrado por Colpensiones, subsistían inconsistencias tanto en la
historia laboral como en el formato identificado con el número 3136045, el cual,
según afirmó, no estaba debidamente diligenciado ni había sido corregido. Por
consiguiente, consideró necesario subsanar previamente tales inconsistencias para
reconocer el retroactivo.

31. Respecto de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
la apelante desarrolló un extenso sustento jurisprudencial para sostener, en
síntesis, que no proceden de manera automática en todos los casos, especialmente
cuando se trata de reliquidaciones, reajustes o diferencias pensionales, ni cuando
la negativa inicial de la administradora obedeció a una interpretación plausible de la
normativa vigente o a un cambio del criterio jurisprudencial. Asimismo, destacó la
tesis según la cual los intereses moratorios tienen una finalidad resarcitoria y
comprenden la actualización monetaria, por lo que resultan incompatibles con la
indexación simultánea de los mismos valores.

6
Expediente físico, folio 161.
7

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

32. Finalmente, en relación con los perjuicios materiales y morales reclamados,
la entidad hizo referencia general a categorías jurisprudenciales del daño
desarrolladas por el Consejo de Estado, como el daño moral, el daño a la vida de
relación, el daño a la salud y el lucro cesante, pero sin admitir su configuración en
el caso concreto. Con base en todo lo anterior, concluyó que la sentencia de primera
instancia debía revocarse.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 25 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandada7. A través de providencia del 28 de
abril de 20228 se concedió el término para que las partes y el procurador delegado
presentaran sus escritos de alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.6. Alegatos de conclusión de segunda instancia

2.6.1. Demandante

34. La apoderada de la parte demandante reiteró9 que la pretensión principal
consistía en obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado
entre julio de 2012 y diciembre de 2013, junto con los intereses moratorios y los
perjuicios morales derivados de las afectaciones psíquicas y psicológicas sufridas
por su representado. Sostuvo que, aunque a través de la Resolución GNR 363601
de 20 de diciembre de 2013 se reconoció la pensión de vejez, la entidad omitió
incluir el retroactivo que, a su juicio, debía causarse desde julio de 2012, dado que
la última cotización al sistema se efectuó hasta junio de ese año y desde entonces
el actor podía retirarse válidamente de este por haber consolidado su derecho
pensional.

35. Asimismo, señaló que el demandante había cumplido los requisitos para
pensionarse desde el 13 de octubre de 2011, razón por la cual solicitó
oportunamente el reconocimiento de la prestación, sin obtener respuesta de
Colpensiones, lo que lo obligó a acudir a la acción de tutela. En apoyo de su postura,
citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual la obligación de
cotizar cesa cuando el afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima
de vejez, sin que ello dependa de la terminación del vínculo laboral, y que la pensión
puede reclamarse desde el momento en que cesan los aportes. Con base en ello,
afirmó que no había justificación para que Colpensiones solo iniciara el pago de la
pensión en enero de 2014.

36. Finalmente, la apoderada cuestionó la defensa de Colpensiones, consistente
en atribuir al empleador la falta de reporte de la novedad de retiro en la planilla, y

7 Samai, índice 03.
8 Samai, índice 11.
9
Samai, índice 16.
8

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

sostuvo que ni la negligencia de Íntegra ni la pasividad de la administradora podían
perjudicar al demandante. Resaltó que, como lo expresó el a quo, la entidad debió
adelantar la actuación administrativa correspondiente si advertía alguna
inconsistencia, en lugar de trasladar al afiliado las consecuencias de esa omisión.
Por ello, manifestó compartir plenamente las consideraciones del tribunal de primera
instancia sobre la omisión de la entidad en el reconocimiento oportuno de la
pensión, solicitó que se confirmara parcialmente la sentencia apelada y que se
accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

2.6.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Cuestión previa

37. Previo a la delimitación del problema jurídico que orientará el estudio del
asunto, la Sala considera necesario puntualizar que, en los alegatos de conclusión
de segunda instancia, la parte demandante reiteró consideraciones relativas al
reconocimiento de los intereses moratorios y los perjuicios morales, e insistió en
que se accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

38. Sin embargo, al examinar las actuaciones surtidas dentro del proceso de la
referencia, se advierte que la parte demandante no interpuso recurso de apelación;
por lo tanto, esos aspectos no fueron propuestos como motivos de inconformidad
en la oportunidad respectiva. En consecuencia, tales argumentos no pueden
abordarse en esta instancia.

39. Al respecto conviene recordar que los alegatos de conclusión constituyen una
oportunidad procesal destinada a reforzar o reiterar los argumentos expuestos en el
recurso, más no a introducir nuevos planteamientos jurídicos o fácticos que, en
principio, alteren el marco de competencia del juez de segunda instancia.

3.2. Problema jurídico

40. Previo a entrar a resolver el asunto de fondo, esta Sala estima permitente
verificar si en la presente controversia se configura la excepción de falta de
jurisdicción y competencia, conforme a los criterios normativos y jurisprudenciales
que delimitan el ámbito de conocimiento de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

3.3. Competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa

41. El artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, establece la cláusula general de
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, en los siguientes
términos:
9

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

[…]

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores
públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho
régimen esté administrado por una persona de derecho público. (Negrilla
fuera del texto).

42. A su turno, el artículo 2, numeral 4 del Código Procesal del Trabajo, establece
que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para
conocer de las controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral que
se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las
entidades administradoras o prestadoras.

43. En ese entendido, con el propósito de armonizar el ámbito de conocimiento
de cada especialidad —esto es, de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo
en virtud de su cláusula general de competencia, y de la Jurisdicción Ordinaria
Laboral en lo que respecta a las controversias del Sistema de Seguridad Social
Integral—, esta Subsección del Consejo de Estado ha señalado que, en los litigios
que versen sobre el reconocimiento de pensión de jubilación o su reliquidación, para
efectos de establecer quién debe conocer del asunto, debe analizarse con
detenimiento el tipo de la relación laboral del peticionario al momento de causarse
la acreencia o del retiro del servicio si el derecho se causó después10.

44. Así las cosas, cobra especial relevancia el numeral 4 del artículo 104 del
CPACA, el cual asigna de manera expresa a esta jurisdicción el conocimiento de los
asuntos de seguridad social de quienes mantienen una relación legal y
reglamentaria con el Estado, siempre que el régimen sea administrado por una
persona de derecho público.

45. En estos términos, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido
que, en los asuntos relacionados con la seguridad social, el criterio determinante
para establecer la jurisdicción competente no radica en la naturaleza de la entidad

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, apelación auto

del 27 de mayo de 2019, radicado 05001-23-33-000-2016-02502-01(4416-18).
10

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

ni en la existencia de un acto administrativo que defina la situación prestacional,
sino en la naturaleza jurídica del vínculo laboral. Así lo indicó la Corporación11:

Se infiere de lo anterior que los conflictos derivados de la seguridad social de
trabajadores del sector privado o de servidores públicos vinculados a través
de un contrato de trabajo (trabajadores oficiales), deben ser dirimidos por la
jurisdicción ordinaria laboral, aun cuando lo concerniente a la seguridad social
de dichos empleados esté administrado por una persona de derecho público,
puesto que el criterio que fija la competencia no es la existencia de un
acto administrativo que define la situación prestacional, sino la
naturaleza jurídica de la vinculación laboral.
(…)
El artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
modificado por el artículo 2.º de la Ley 712 y el artículo 622 de la Ley 1564 de
2012 o CGP, precisa que las controversias que se susciten entre los afiliados
y beneficiarios con las entidades administradoras y prestadoras de los
servicios de seguridad social, serán de competencia de la justicia ordinaria,
salvo cuando la discusión surja entre servidores públicos regidos por una
relación legal y reglamentaria y una administradora de derecho público, como
se anotó en aparte anterior – artículo 104-4 CPACA-.

En resumen, en los conflictos originados de las relaciones laborales y con la
seguridad social la competencia se define por combinación de la materia
objeto de conflicto y el vínculo laboral, sin que sea determinante la forma de
reconocimiento o negativa del derecho, así:

Jurisdicción Clase de Condición del trabajador - vínculo
competente conflicto laboral

Laboral Trabajador privado o trabajador oficial
Trabajador privado o trabajador oficial
Ordinaria, especialidad sin importar la naturaleza de la entidad
laboral Seguridad administradora.
y seguridad social social Empleado público cuya administradora
sea
persona de derecho privado.
Laboral Empleado público.
Contencioso Seguridad Empleado público sólo si la
administrativo social administradora es persona de derecho
público.

46. En consonancia con lo expuesto de manera precedente, la anterior línea
argumentativa resulta acorde con los criterios de competencia establecidos por la
Corte Constitucional, que en el Auto 1007 de 2023, adicionó las subreglas, así:

Sumado a lo anterior, en autos relacionados con aspectos relativos a la seguridad
social, la Corte Constitucional ha señalado dos subreglas para fijar la naturaleza del

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

29 de julio de 2021, exp. 20001-23-39-003-2017-00028-01(4395-18), M.P. William Hernández Gómez.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

vínculo jurídico del trabajador: (i) el momento de causación de la prestación, siempre
que la relación laboral se mantenga vigente12 y, en caso contrario, esto es, (ii)
“cuando la causación es posterior a la finalización del vínculo, (…) [se tendrá en
cuenta] la última vinculación laboral”13. Cabe precisar que la Corte Suprema de
Justicia y esta Corporación han señalado que, en temas pensionales de vejez, la
causación de la prestación es la reunión de los requisitos fijados en la ley, por
consiguiente, en el instante en que se configuran aquellos se causa la pensión de
vejez14.(Cursivas del texto original).

3.4. Nulidad originada por falta de jurisdicción

47. Ahora, en materia de jurisdicción y competencia, el artículo 16 del Código
General del Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo
306 del CPACA, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA
JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los
factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a
petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores
subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se
hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o
de competencia será nulo.

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es
prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del
proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el
proceso se remitirá al juez competente.

48. De igual manera, el numeral 1 del artículo 133 ibidem prevé como causal de
nulidad procesal la que se configura «cuando el juez actúe en el proceso después
de haber declarado la falta de jurisdicción o de competencia».

12
“(…) el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, han sostenido que la naturaleza de la
vinculación del trabajador, al momento de causar la prestación, determina la jurisdicción competente. Dicho
criterio se justifica en la necesidad de establecer un hito que permita definir a cuál autoridad corresponde decidir
el asunto”. Corte Constitucional, autos 537 y 733A de 2021.
13 Corte Constitucional, autos 746 de 2021 y 874 de 2021, reiterados en los autos 954 de 2021 y 1215 de 2022.
14 La Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 1 de febrero de 2011 con Radicación No. 38776, señaló

que “tanto la causación como el disfrute de la pensión de vejez son dos figuras jurídicas que no se
confunden, porque tienen identidad y efectos propios. En el primer caso, la causación se estructura cuando
se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder a ella, y en el segundo, que supone el
cumplimiento del primero, se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad
social, previa desafiliación del régimen”. (subrayado fuera de texto). Por su parte, la Corte Constitucional, en
sentencia T-626 de 2014, resaltó: “deben diferenciarse 2 circunstancias temporales planteadas en las normas,
a saber: (i) la causación del derecho pensional y (ii) el disfrute de las mesadas pensionales. Sobre el particular,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «no es dable confundir la
causación de la pensión de vejez con su disfrute. La primera ocurre desde el momento mismo en que el afiliado
reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; en cambio, el
disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión, están en función del momento en que
lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez»”. Estas
providencias fueron citadas en el Auto 440 de 2022 de esta Corporación que precisó: “Finalmente, en temas
pensionales de vejez, la Corte Suprema de Justicia y esta Corporación han determinado que la causación de
este derecho pensional es la reunión de los requisitos fijados en la Ley, por consiguiente, en el instante en que
se configuran todo el requisito se causa la pensión de vejez”.
12

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

49. Declarada la falta de jurisdicción, el juez no puede continuar con el trámite
del proceso, sino que debe remitirlo a la autoridad competente. Se trata de una
causal de nulidad insaneable, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-537 de 2016, al examinar la constitucionalidad del artículo 16 del
CGP, en los siguientes términos:

En desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de 2012, Código General
del Proceso, el legislador estableció el régimen de las nulidades procesales en los
procesos que se rigen por este Código y dispuso que la falta de jurisdicción y la
incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables (artículo 16),
es decir, que la nulidad que su desconocimiento genera, es insaneable.
Implícitamente dispuso, por consiguiente, que la incompetencia por los otros
factores de atribución de la competencia, como el objetivo, el territorial y el de
conexidad, sí es prorrogable y el vicio es entonces saneable, si no es oportunamente
alegado. En los términos utilizados por el legislador, la prorrogabilidad de la
competencia significa que, a pesar de no ser el juez competente, el vicio es
considerado subsanable por el legislador y el juez podrá válidamente dictar
sentencia, si la parte no alegó oportunamente el vicio. En este sentido, la
determinación de las formas propias del juicio por parte del legislador consistió en
establecer una primera diferencia: la asunción de competencia por un juez sin estar
de acuerdo con lo dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le
permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo tanto, este
hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue
alegado, mientras que, la asunción de competencia con desconocimiento de la
competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo y funcional, sí
genera necesariamente nulidad de la sentencia. (Destaca la Sala).

3.5. Hechos probados

50. Con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:

(a) El señor Pedro Pablo Cristancho Peña nació el 29 de junio de 195115. A la fecha
en la que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez —13 de octubre
de 201116—, tenía 60 años.

(b) Conforme a la anterior petición y en atención al fallo proferido dentro del proceso
de tutela 2012-146 que cursó ante el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá,
mediante la Resolución núm. GNR 363601 del 20 de diciembre de 201317,
Colpensiones reconoció al señor Pedro Pablo Cristancho Peña la pensión de vejez,
tras verificar que cumplía los requisitos previstos en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, así:

15
Expediente físico, folio 38.
16 La fecha de la petición se advierte del contenido de la Resolución núm. GNR 363601 del 20 de diciembre de

2013.
17 Expediente físico, folio 11 o Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GEN-ANX-CI-2014_855773-

20140203093242», imagen 3.
13

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Nombre Fecha Fecha Valor IBL 1 Valor IBL Mejo % Valor Ace
«status» efectivi 2 r IBL IBL pensión ptad
dad mensual a
1050 semanas 29 de 1 de 1,979,168. 1,293,459. 1 68.3 1,352,168.0 SI
progresivas, junio de enero 00 00 2 0
55 o 60 años 2011 de 2014
de edad Ley
797
del 2003- Legal

En ese mismo acto dispuso que la acreencia estaría financiada con la cuota parte
pensional a cargo el Foncep, Telecom, departamento de Cundinamarca y
Colpensiones, y que su disfrute se haría efectivo a partir del 1.º de enero de 2014.

(c) En contra de la anterior decisión, el 4 de febrero de 2014 (rad. 2014_855773) se
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El fundamento de la
impugnación se centró en (1) que se tuviera en cuenta el tiempo que prestó sus
servicios en la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá y (2) el reconocimiento del
retroactivo pensional desde julio de 2012, fecha a partir de la cual fue retirado del
sistema. Tal y como da cuenta el escrito obrante en los antecedentes
administrativos18.

(d) Entre los antecedentes administrativos allegados en medio digital por
Colpensiones, mediante el Oficio núm. BZ2019_14458133 del 31 de octubre de
2017, obra el escrito del 22 de mayo de 2012, en el que el señor Pedro Pablo
Cristancho Peña solicitó a la empresa Integra la suspensión de los aportes a
pensión y que informara la novedad del retiro a Colpensiones. Asimismo, se aportó
la planilla antes referenciada19.

(e) Con ocasión del recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación
interpuestos contra ese acto administrativo, Colpensiones profirió la Resolución
núm. GNR 277889 del 6 de agosto de 201420. Mediante esta decisión modificó la
Resolución núm. GNR 363601 del 20 de diciembre de 2013 y reliquidó la pensión
de vejez del señor Pedro Pablo Cristancho Peña.

En atención a los argumentos de la impugnación, la prestación se estudió a la luz
de la Ley 71 de 1988 y del Acuerdo 49 de 1990; no obstante, por favorabilidad, la
pensión se reliquidó conforme a la primera de las normas, así:

Nombre Fecha Fecha Valor IBL 1 Valor IBL Mejo % Valor Aceptad
«status» efectivi 2 r IBL IBL pensión a
dad mensual
20 años de 29 de 1 de 2.350.111. 1.611.649. 1 75.0 1.796.777.0 SI
servicio y 55 o junio de enero 00 00 0 0
60 años de 2011 de 2014
edad con
régimen de

18 Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GRF-REP-AF-2014_855773-20140203093242».
19 Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GRF-REP-AF-2014_855773-20140203093242».
20
Expediente físico, folio 22.
14

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

transición. Ley
71 de 1988-
Legal
1050 semanas 29 de 1 de 2.350.111. 1.611.649. 1 68.0 1.629.317 NO
progresivas, 55 junio de enero 00 00 1
o 60 años de 2011 de 2014
edad. Ley 797
del 2003 –
Legal

En cuanto al retroactivo pensional, la administradora insistió en que el disfrute sería
a partir del 1 de enero de 2014. Lo anterior, porque no se encontraba la
correspondiente novedad de retiro del último empleador, Íntegra Cooperativa de
Trabajo Asociado.

(f) Mediante la Resolución núm. VPB 37932 del 27 de abril de 201521, Colpensiones
resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución núm.
GNR 277889 del 6 de agosto de 2014.

(g) Obra certificación del 9 de septiembre de 2014, expedida por la directora de
operaciones de Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado, en la que se indica que
al señor Pedro Pablo Cristancho Peña se le suspendieron los aportes a pensión a
partir del mes de julio de 2012, en la planilla de aportes 17422054, identificando
dicha suspensión en el subtipo de cotizante núm. 4 (cotizante con requisito
cumplidos para pensión). Se anexó la correspondiente planilla.

(h) Asimismo, durante el trámite procesal, la entidad demandada, a través del Oficio
núm. BZ2019_14458133 del 31 de octubre de 2017, allegó los antecedentes
administrativos del acto de reconocimiento pensional. Entre esos documentos se
destaca la certificación del 27 de octubre de 201422, radicada ante Colpensiones el
1 de diciembre de 2014 (2014_10065819), en la que se da cuenta que el accionante
continuó prestando sus servicios a la empresa Íntegra Cooperativa de Trabajo
Asociado hasta el 30 de mayo de 2014. Sin embargo, se precisó que se realizaron
aportes al Sistema General de Pensiones hasta junio de 2012.

(i) Con los antecedentes administrativos se allegó la liquidación de la Resolución
núm. GNR 363601 del 20 de diciembre de 2013, en la que consta que el último
aporte fue realizado en el mes de junio de 201223, así:

Tipo Fecha Fecha Factor Valor Valor IBL 1 IBL 2
pensión inicial final salarial mensual acumulado
COLVEJ10A 2012-05- 2012-06- IBC 2,457,000. 4,914,000. 4,914,000. 4,914,000
01 30 00 00 00 .00
00:00:00.0 00:00:00.0

21 Expediente físico, folio 31.
22 Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GEN-ANX-CI-2014_10067228-20141201155342», imagen 1.
23
Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GRF-LID-LI-201268003137470-20160717094732».
15

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

(j) También obra en los referenciados antecedentes administrativos, el reporte de
semanas cotizadas «actualizado 8 agosto 2016». En dicho documento se registra
como último periodo cotizado el «201206», por parte de «INTEGRA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO»24.

(k) Asimismo, mediante memorial del 23 de octubre de 2019, la apoderada judicial
de Colpensiones allegó distintos antecedentes administrativos. Entre los
documentos aportados se encuentra la «autoliquidación mensual de aportes al
sistema de seguridad social integral», correspondiente al período de cotización de
junio de 2012, respecto del señor Pedro Cristancho, radicación «88p20017104906».
En el apartado de novedades, dicho formulario registra la anotación «R» y aparece
suscrito por Martha Cecilia González Motta, gerente general de Integra Cooperativa
de Trabajo Asociado25.

(l) Del mismo modo, se allegó «formulario de solicitud de actualización, novedad de
retiro retroactivo», presentado ante Colpensiones el 1 de diciembre de 2014,
radicado 2014_10065819. En dicho documento se relaciona que el requerimiento
se efectúa en calidad de «empleador», documento firmado por la gerente general
de Integra Cooperativa de Trabajo Asociado, Martha Cecilia González Motta, y en
los datos de pago, se indica la referencia «88p20017104906»26, previamente
referenciada.

3.6. Análisis del caso concreto

51. En el asunto bajo análisis, la Sala considera necesario examinar los criterios
que permiten determinar si esta jurisdicción es la competente para dirimir el conflicto
planteado y para pronunciarse sobre la legalidad del acto demandado.

52. Sobre este aspecto, con el fin de determinar la naturaleza de su última
vinculación y, por consiguiente, la calidad en la que efectuó su último aporte, se
advierte que, al reconocer la prestación pensional mediante la Resolución núm.
GNR 363601 del 20 de diciembre de 2013 —notificada el 20 de enero de 2014—,
se dispuso su disfrute a partir del 1.º de enero de 2014. En cuanto a la relación de
tiempos cotizados, se indicó que el último período correspondía a:

Entidad laboro desde Hasta Novedad Días
Integra CTA 20120501 20120630 Tiempo de 60
servicio

53. Ante esta circunstancia, el 3 de febrero de 2014, mediante el recurso de
reposición y, en subsidio, apelación, se informó a la administradora que no se
tuvieron en cuenta los tiempos de servicio público prestados en la Secretaría de
Obras Públicas de Bogotá, y especialmente, que solicitó a su último empleador

24 Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GRP-SCH-HL-66554443332211_793-20160808081230».
25 Expediente físico Cd en folio 123, archivo «{13B0BC0F-3FC7-45C1-AB9A-1958FF2D9FFE}».
26
Expediente físico Cd en folio 123, archivo «{DBA95DAF-562A-4DA0-A653-6F644FF948CF}».
16

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado el reporte de la novedad de retiro y que
su última cotización correspondió al mes de julio de 2012. Con ese propósito, allegó
diversos documentos dirigidos a acreditar su desafiliación.

54. Por lo anterior, la Resolución núm. GNR 277889 del 6 de agosto de 2014,
reliquidó la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988, por favorabilidad. Sin embargo,
en lo relativo al reconocimiento del retroactivo pensional, el acto administrativo
insistió en que su disfrute sería a partir del 1 de enero de 2014, aduciendo que «es
importante informarle al afiliado que la prestación se causa a esta fecha por cuanto
dentro de la historia laboral no se encuentra la correspondiente novedad de
retiro de la empresa INTEGRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOC» (destaca
la Sala).

55. A partir de lo enunciado de manera precedente, y durante el trámite
administrativo, se pudo constatar que fue radicada ante Colpensiones, el 1 de
diciembre de 2014 (2014_10065819), certificación del 27 de octubre de 201427, en
la que da cuenta que el accionante continuó prestando sus servicios a la empresa
Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado hasta el 30 de mayo de 2014. Sin
embargo, se precisó que se realizaron aportes al Sistema General de Pensiones
hasta junio de 2012. Es decir, estos documentos dan cuenta que al momento de
solicitar la pensión, su última cotización y retiro, el peticionario prestó sus servicios
a cargo de la empresa Integra Cooperativa de Trabajo Asociado, de naturaleza
privada.

56. Aunado a lo anterior, mediante la Resolución núm. VPB 37932 del 27 de abril
de 2015, —que resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la
Resolución núm. GNR 277889 del 6 de agosto de 2014—, se relacionaron los
siguientes tiempos de servicio para el reconocimiento de la pensión, reiterándose la
vinculación que ostentaba al momento en que se causó el derecho:

[ENTIDAD DONDE LABORÓ] DESDE HASTA NOVEDAD

2 TELECOM 19740121 19790513 TIEMPO SERVICIO

SECRET DISTRITAL
19790316 19790717 TIEMPO SERVICIO
HACIENDA BOG
DPTO CUND 19800103 19810727 TIEMPO SERVICIO
TROTAMUNDOS LTDA 19810901 19820217 TIEMPO SERVICIO
MULTIDINO DE LA
19840713 19840831 TIEMPO SERVICIO
CORDILLERA

MULTIDINO DE BOGOTA S.A. 19841010 19860131 TIEMPO SERVICIO

INTERAMERICANA DE
19860314 19941231 TIEMPO SERVICIO
ELECTRONI
6 UNIDAD ADMINISTRATIVA
19900829 19950831 TIEMPO SERVICIO
ESPECI
DECORE COLOMBIA S.A. 19950101 19990325 TIEMPO SERVICIO

27
Expediente físico Cd en folio 127, archivo «GEN-ANX-CI-2014_10067228-20141201155342», imagen 1.
17

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

[ENTIDAD DONDE LABORÓ] DESDE HASTA NOVEDAD
FONDO DE PENSIONES
19990201 19990430 TIEMPO SERVICIO
COLFONDOS
CODERE DESARROLLO
20031201 20031222 TIEMPO SERVICIO
LTDA
CODERE DESARROLLO
20040101 20040715 TIEMPO SERVICIO
LTDA
NPT TEAM SERVICE LTDA 20080501 20080520 TIEMPO SERVICIO
NPT TEAM SERVICE LTDA 20080601 20081031 TIEMPO SERVICIO
NPT TEAM SERVICE LTDA 20081201 20100430 TIEMPO SERVICIO
INTEGRA CTA 20100501 20100517 TIEMPO SERVICIO
INTEGRA CTA 20100601 20111231 TIEMPO SERVICIO
INTEGRA CTA 20120201 20120229 TIEMPO SERVICIO

INTEGRA CTA 20120401 20120531 TIEMPO SERVICIO

2 TELECOM 18 DIAS INTERRUPCIÓN

2 TELECOM 29 DIAS INTERRUPCIÓN

2 TELECOM 30 DIAS INTERRUPCIÓN

57. Conforme a lo expuesto, quedó acreditado al momento de causar el derecho
—29 de junio de 2021— y de su última cotización —junio de 2012—, el demandante
prestaba sus servicios en la empresa privada Integra Cooperativa de Trabajo
Asociado.

58. En ese contexto, de la valoración probatoria antes expuesta se advierte que
el señor Pedro Pablo Cristancho Peña, al momento de solicitar la acreencia
pensional prestaba sus servicios a Íntegra Cooperativa de Trabajo Asociado,
persona jurídica de derecho privado, sujeta a la normativa propia de ese sector en
lo relativo a su funcionamiento, contratación y relaciones laborales. Por lo anterior
se puede advertir el cumplimiento de la regla de competencia según la cual al
momento de causar la prestación ejercía como trabajador privado.

59. Precisado lo anterior, y como se indicó en el marco normativo de la presente
decisión, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la llamada a conocer
de las controversias pensionales de los trabajadores del sector privado, habida
cuenta de que la competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es
expresa y taxativa, mientras que aquella conserva la cláusula general de
competencia en esta materia.

60. En armonía con lo expuesto previamente, la Corte Constitucional ha
determinado que la naturaleza de la vinculación del trabajador al momento de
causarse la prestación es el criterio determinante para establecer la jurisdicción
competente para conocer de la reclamación pensional28. Esta regla se sustenta en
la necesidad de fijar un parámetro claro que permita identificar la autoridad judicial

28
Autos 746, 314, 356 y 433 de 2021.
18

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

llamada a resolver la controversia. Así, en asuntos de esta naturaleza, esa
corporación ha concluido que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria
cuando, al momento de causarse la prestación, el interesado ostentaba la condición
de trabajador del sector privado, ya que: (a) no tenía vínculo laboral con el Estado
al momento de solicitar la pensión; (b) aunque durante varios años se desempeñó
como empleado público, sus últimas cotizaciones las efectuó bajo la modalidad de
trabajador independiente; y (c) aun cuando cotizó a Colpensiones, no ostentaba la
calidad de empleado público al momento de reclamar la prestación.

61. Siguiendo la línea argumentativa en lo que atañe a la determinación de la
jurisdicción competente para conocer controversias relacionadas con la seguridad
social, resulta pertinente traer a colación el Auto 746 de 2021 de la Corte
Constitucional, mediante el cual se resolvió un conflicto de competencia suscitado
entre un juzgado laboral y uno administrativo. En dicha providencia, esa corporación
reiteró que, para definir la jurisdicción llamada a conocer de la controversia, debe
atenderse a la calidad del empleado estatal y que la entidad que administre el
régimen sea una persona de derecho público, así:

De manera que, respecto de la jurisdicción para resolver las controversias
relacionadas con la seguridad social se prevén dos reglas. Una especial, que exige
la acreditación de dos factores concurrentes para asignar el conocimiento del asunto
a la jurisdicción contencioso-administrativa. Estos son: la calidad de empleado
público del demandante y que una persona de derecho público administre el régimen
que le aplica. Asimismo, una residual, según la cual, cuando la controversia
involucra a un trabajador del sector privado o a un trabajador oficial, la
competencia radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y
seguridad social. (Destaca la Sala)

62. En ese mismo sentido, esta Subsección, al resolver un asunto con supuestos
fácticos semejantes, en el que la naturaleza de la vinculación del trabajador al
momento de causarse la prestación era de carácter privado, precisó lo siguiente29:

De acuerdo con lo anterior, el último empleador al que prestó sus servicios fue a una
institución prestadora de servicios de salud constituida como una sociedad de
responsabilidad limitada, esto es, se trataba de una persona jurídica de derecho
privado, sometida a la normatividad propia de ese sector en punto de su operación,
contratación y relaciones laborales. Inclusive, el tribunal, en la decisión que es objeto
de apelación, concluyó que «el demandante adquirió su estatus pensional el 3 de
octubre de 2008, cuando se retiró de SERINTEGRALES DE MEDICINA IPS LTDA,
cumpliendo los requisitos de edad y tiempo de servicios establecidos en la Ley 71
de 1988»; lo que permite evidenciar el cumplimiento de la regla de competencia
según la cual al momento de causar la prestación ejercía como trabajador privado.

Así las cosas, y analizados los criterios que permiten identificar la jurisdicción
competente, se concluye que este empleador era de naturaleza privada, lo que

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

16 de octubre de 2025, exp. 13001-23-33-000-2019-00085-01 (4409-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

impide a esta Sala continuar con el trámite del presente proceso, en la medida en
que se configuró la excepción de falta de jurisdicción de que trata el numeral 1 del
artículo 133 del CGP, cuya nulidad es insaneable según lo preceptúa el artículo 16
ibidem.

Valga precisar que, si bien se discute la legalidad de un acto administrativo, este
solo hecho no implica que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sea la que
deba conocer del proceso, pues se debate el pago de una prestación a la que se
considera tener derecho con ocasión de una relación laboral cuya última vinculación
fue con una empresa del sector privado.

63. En igual sentido, en otra decisión de esta Subsección se señaló que30:

En ese orden de ideas, el último empleador en este caso es una entidad de derecho
privado - Óptica Selecta Gold- ello genera que no sea esta la jurisdicción competente
para conocer de este asunto, siendo la jurisdicción ordinaria laboral, conforme lo
dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, la
competente para ello; quien deberá analizar si la demandante cumple o no con los
requisitos legales para obtener la pensión de vejez deprecada, para lo cual tendrá
que también examinar si en efecto la vinculación laboral con el citado empleador se
dio durante los extremos laborales aducidos por la parte actora, así como deberá
tener en cuenta los aportes o tiempo de servicios prestados por aquella al sector
público.

Debe insistirse en que, más allá de la naturaleza pública del fondo administrador de
pensiones o la discusión sobre un acto administrativo, lo que define la jurisdicción
que conoce de los conflictos de la seguridad social es la última vinculación del
trabajador, siendo competencia de esta jurisdicción los asuntos donde aquel sea un
empleado público y su régimen pensional sea administrado por una entidad de
naturaleza pública; lo cual aquí no ocurre dado que, se itera, la última relación
laboral de la accionante fue con el sector privado.

64. De acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta decisión, con los precedentes
de la Corte Constitucional y con lo decidido por esta Subsección, una vez verificada
la falta de jurisdicción para conocer del presente asunto, no resulta jurídicamente
viable continuar con el presente trámite. En consecuencia, se impone declarar la
nulidad de la sentencia proferida por el tribunal y remitir el expediente a la autoridad
judicial competente. Con todo, debe precisarse que, en los términos del artículo 138
del Código General del Proceso, con excepción de la sentencia de primera instancia
cuya nulidad aquí se dispone, las demás actuaciones, entre ellas las pruebas
practicadas, conservan su validez y tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron
oportunidad de controvertirlas.

65. Asimismo, deberá declararse la nulidad de lo actuado a partir del auto del 10
de diciembre de 2019, inclusive, providencia mediante la cual se ordenó a las partes

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6

de agosto de 2025, exp. 41001233300020180038201 (3861-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

«presentar alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del presente proveído». Lo anterior, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 7 del artículo 133 del CGP, según la cual se configura nulidad
cuando «la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos
de conclusión o la sustentación del recurso de apelación». En consecuencia,
corresponderá al juez natural del proceso conceder nuevamente a las partes dicho
término, con el fin de sanear la presente actuación.

66. En consecuencia, la Sala declarará la falta de jurisdicción para conocer de
este asunto y ordenará la remisión del expediente a los juzgados laborales del
circuito de Bogotá, en aplicación de los artículos 5 y subsiguientes del Código
Procesal del Trabajo, para que asuman el conocimiento del expediente de
conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Ley 1437 de 201131. Así,
garantiza que el reparto se haga en lugar del último lugar de prestación de servicios
del demandante, y según las reglas de competencia por razón de la cuantía32.

3.7. Conclusión

En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la controversia relativa al
reconocimiento del retroactivo pensional del señor Pedro Pablo Cristancho Peña no
es de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Por ello, se
declarará probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia. En
consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto del 10 de
diciembre de 2019, inclusive, —así como de la sentencia proferida el 30 de julio de
2020—, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Declarar probada, de oficio, la excepción de falta de jurisdicción y
competencia para conocer de la demanda interpuesta por Pedro Pablo Cristancho

31
«ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de
competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que
existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial
hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión».
32 «ARTICULO 12. COMPETENCIA POR RAZON DE LA CUANTÍA. <Artículo modificado por el artículo 46 de

la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia
de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente,
y en primera instancia de todos los demás. (Se destaca)
Donde no haya juez laboral de circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez de circuito en lo civil. Los
jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen conocen en única instancia de
los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual
vigente». Para efectos de la determinación de la cuantía, el artículo 26 del Código General del Proceso (CGP)
dispone que «La cuantía se determinará así:
1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses,
multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación».
21

Radicación: 25000-23-42-000-2015-05446-01 (3538-2021)
Demandante: Pedro Pablo Cristancho Peña
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Peña contra la Administradora Colombiana de Pensiones, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia. En consecuencia, declarar
la nulidad de lo actuado a partir del auto del 10 de diciembre de 2019, inclusive, —
así como de la sentencia proferida el 30 de julio de 2020—, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

Segundo. Por secretaría, remitir el expediente a los juzgados laborales del circuito
de Bogotá (reparto), para lo de su competencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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