Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05491-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05491-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05491-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-2019)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Demandado: Unidad Nacional de Protección, UNP
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad, escolta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 9 de mayo de
2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA),el señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez,
mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio OFI15-00017664 del 9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
de julio de 2015, expedido por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
Nacional de Protección, en adelante UNP, por medio del cual se negó el
reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social reclamados,
así como la existencia de una relación laboral entre el demandante y el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad, en adelante DAS.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) declarar que entre aquel y el extinto DAS existió una relación laboral a partir del
momento en que fue vinculado; ii) reconocer todas las consecuencias jurídicas y
económicas que de ello se derivan; iii) pagar una suma equivalente a los conceptos
de indemnización por retiro sin justa causa, bonificación por servicios prestados,
viáticos, vacaciones, primas de servicios, antigüedad y riesgo, cesantías, intereses
a las cesantías, dotaciones, primas especiales de clima e instalación, reliquidación
de salarios y prestaciones sociales con fundamento en los anteriores factores, iv)
devolver los saldos por concepto de seguridad social en salud y pensión que tuvo
que cancelar, así como el valor de las retenciones efectuadas a sus «salarios» y de
las pólizas de garantía que se constituyeron; y vi) condenar en costas a la
demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez se vinculó con el DAS en forma
continua e ininterrumpida entre el «1° de abril de 2002 hasta el 8 de enero de 2009»,
en el cargo de escolta.
ii) Prestó sus servicios en forma personal y bajo la continua subordinación y
dependencia de sus superiores al interior del DAS, en el horario y fechas señaladas
por estos de acuerdo con las funciones asignadas de protección y con el armamento
y los vehículos de la institución.
iii) El 16 de febrero de 2015, solicitó ante la UNP el reconocimiento de los derechos
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
deprecados; sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio OFI15-
00017664 del 9 de julio de 2015, dio respuesta negativa a su petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53 y 122 de la
Constitución Política; y 138, 150, 152 y 156 del CPACA. Asimismo, invocó como
violados los Decretos 2146 de 1989 y 1951 de 1993.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez se encontró total y
absolutamente vinculado con las órdenes, asignaciones, traslados, requerimientos,
e investigaciones que el DAS efectuó sobre las labores de protección que le fueron
encomendadas.
ii) De suerte que no pueda ser arbitrariamente desconocido que prestó sus
servicios bajo una modalidad contractual muy diferente a la que pretendió dejar
plasmada el DAS en los contratos celebrados.
iii) El demandante tuvo que prestar sus servicios al DAS sin el reconocimiento de
sus derechos mínimos y sin tener lugar a la aplicación del principio según el cual, a
trabajo igual, salario igual, ni se le garantizó una seguridad social estable.
1.2. Contestación de la demanda
Unidad Nacional de Protección, UNP
El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y
expuso las siguientes razones de defensa:
1 Folios 159 al 164.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
i) El demandante afirma haber tenido una relación contractual con el extinto
DAS y todo lo que se circunscribe y se relaciona con dicho contrato y la presunción
de la existencia de una relación laboral bajo el principio de la relevancia de la
realidad sobre los formalismos. No obstante, la UNP desconoce lo afirmado toda vez
que esta entidad es simplemente una de las asignatarias de funciones que
estuvieron a cargo del extinto DAS, lo que no quiere significar que todo lo que figure
a nombre o en contra del DAS haya sido trasladado a la UNP.
ii) Precisamente, la supresión del DAS y la creación de la UNP se efectuaron en
decretos separados lo que lleva a concluir que la extinción de la una y el nacimiento
de la otra no implicó una subrogación total, ni mucho menos la absorción, sustitución
o fusión de estas.
iii) En ese orden, la UNP no sería la llamada responder por el resultado que se
produjera en este proceso, por cuanto no fue quien expidió el acto administrativo
del cual se pretende su nulidad y por qué no podría restablecer un derecho que no
afectó y que desborda evidentemente su función.
iv) Desde que se terminaron los contratos, hasta que el DAS dejó de existir el
demandante dejó pasar varios años sin presentar reclamación alguna; sin embargo,
ahora pretende obtener de otra entidad diferente a la que afectó sus derechos el
restablecimiento de aquellos.
Propuso las excepciones de inepta demanda, inexistencia de nexo causal.
Imposibilidad de pedir la nulidad de un acto que no expidió la UNP, inexistencia de la
obligación, y falta de legitimación material en la causa por pasiva.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia escrita proferida el 9 de mayo de 2019,2 accedió parcialmente
2 Folios 194 al 207. Con ponencia de la magistrada Carmen Alicia Rengifo Sanguino.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:
i) De las pruebas practicadas es claro que el actor suscribió sucesivos
contratos de prestación de servicios con el extinto DAS, desde el «1° de abril de
2002» hasta el 30 de junio de 2009, situación que, sin lugar a dudas, muestra el
ánimo de la entidad de contratar los servicios de aquel en forma permanente,
desvirtuándose la temporalidad y transitoriedad que caracteriza los contratos de
prestación de servicios.
ii) Respecto del elemento de la subordinación se tiene que a través de las
pruebas documentales y «testimoniales» se logró demostrar que el actor tenía que
entregar armamento y los vehículos en la armería del DAS, debía presentarse en las
instalaciones de la institución para realizar los relevos o contingencias que se dieran
cuando no estaban cumpliendo con su labor de proteger a la persona asignada y
debía informar sobre las actividades realizadas al coordinador de escoltas, lo que
contraría la naturaleza misma de dicha contratación, ya que no tenía libertad o
autonomía para ejercer la tarea encomendada.
iii) En ese orden se encuentra probada la existencia de una relación laboral.
Ahora sobre la oportunidad que tenía la parte interesada para solicitar el
reconocimiento de una relación laboral encubierta o subyacente, habiendo
transcurrido más de tres años desde que culminó la prestación del servicio (30 de
junio de 2009) y la presentación de la solicitud, se tendrán por prescritos los
emolumentos que se hubiesen podido desencadenar en virtud de la relación laboral
que se encontró probada.
iv) No obstante, la entidad demandada deberá girar a favor de las entidades de
previsión a las que estaba afiliado el actor el valor correspondiente a la suma faltante
por concepto de aportes en pensión y salud únicamente en el porcentaje que le
correspondía como empleador, luego de hacer la liquidación de lo efectivamente
cotizado y lo que se debió cotizar.
v) En suma, declaró la nulidad del acto demandado y la existencia de una
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
relación laboral entre las partes entre el «11 de abril de 2002» y el 30 de junio de
2009; ordenó a la UNP girar en favor de las entidades de previsión a las que estaba
afiliado el accionante el valor correspondiente a la suma faltante por concepto de
aportes en pensión y salud únicamente en el porcentaje que como empleador debió
realizar por el referido período; y negó las demás pretensiones de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la UNP interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones
de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:3
i) La UNP no es la llamada a responder por las obligaciones dejadas de pagar
por el DAS, por cuanto, de un lado, no recibió la función de asumir las cargas
administrativas de dicha entidad sino solo las concernientes a su misión y, de otro,
no fue quien emitió el acto administrativo demandado; en ese sentido, la presente
demanda debe tramitarse contra la Fiduciaria Fiduprevisora. Teniendo en cuenta
ello es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la UNP
ii) El actor fue contratado para prestar servicios de protección como escolta,
luego si bien era la persona que debía realizar o ejecutar directamente las
obligaciones que se le habían asignado mediante el contrato de prestación de
servicios esto no conlleva establecer que dicha forma de vinculación con el
suprimido DAS sea sinónimo de subordinación.
iii) Así pues, la subordinación no existió, sino que se estuvo frente a una
coordinación de actividades entre las partes para el desarrollo del objeto contractual,
lo que da validez a la excepción de inexistencia de causa jurídica para demandar.
iv) Teniendo en cuenta el fallo de unificación del Consejo de Estado del año
2016, se debe declarar también la prescripción en cuanto al giro en favor de las
3 Folios 213 al 217.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
entidades de previsión a las que estaba afiliado el demandante del valor
correspondiente a la suma faltante por concepto de aportes a salud y pensión.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos esbozados en la
demanda.4
1.5.2. La demandada
La UNP en su escrito de alegatos hizo énfasis en que las pretensiones de la demanda
no debieron prosperar en cuanto no existió entre el señor Betancourt Rodríguez y
la entidad una relación laboral, por tanto, solicitó fuera revocada la sentencia
apelada.5
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público rindió concepto en el que solicitó que se modifique
la sentencia de primera instancia, en el sentido de imponer condena a la UNP solo
con respecto a los aportes al sistema de pensiones.6
Concretamente señaló que es la UNP la que debe asumir la condena parcial en este
caso; no obstante, leído el ordinal cuarto de la sentencia impugnada, se observa
que se impuso a la UNP a girar a favor de las entidades de previsión a las que estaba
afiliado el actor, las sumas faltantes por concepto de pensión y salud. Sin embargo,
al tenor de las subreglas de interpretación contenidas en la sentencia de unificación
4 Memorial allegado en medio magnético, índice 24 de la plataforma SAMAI.
5 Memorial allegado en medio magnético, índice 23 de la plataforma SAMAI.
6
Memorial allegado en medio magnético, índice 25 de la plataforma SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
del 25 de agosto de 2016, solo procede la condena por los aportes a pensión, no
por los de salud.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:
1. Si entre el señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez y el extinto DAS, existió
una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que
permaneció vinculado contractualmente,7 y
2. Cuál es la entidad llamada a responder por las condenas que se llegasen a
ordenar en favor del señor Betancourt Rodríguez, ante la supresión del DAS.
3. Si hay lugar a girar a favor de las entidades de previsión a las que estaba afiliado
el actor, las sumas faltantes por concepto de pensión y salud.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:
7 Precisa la Sala que en el sub lite la condena se circunscribe únicamente a los aportes en salud y
pensión decretados en primera instancia, pues no se reconocieron otros emolumentos salariales.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización9, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 10 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».11
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
10 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
11 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».12
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.13
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
13
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.14
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,15 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
15 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;16 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.17
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
16 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
17 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1
de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».18
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.19
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
18
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.20
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial
y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.
2.3. Hechos probados.
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante
El señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez tuvo las siguientes vinculaciones con
el extinto DAS para prestar labores como escolta:
20 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Órdenes prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 188 de 29/08/2003 30/11/2003 3
2003 meses
(Fl. 40)
El contratista se compromete para
2 298 de 01/12/2003 30/04/2004 5 con el DAS a prestar sus servicios
2003 meses personales de protección con sede
(Fl. 45) principal en la ciudad de Bogotá DC,
dentro del componente seguridad a
3 015 de 01/05/2004 28/02/2005 10
personas programa de protección a
2004 meses
dirigentes sindicales,
(Fl. 50)
organizaciones sociales y
Adición
defensores de Derechos Humanos,
(Fl. 55)
conforme a las medidas de
4 034 de 01/03/2005 30/08/2005 6
seguridad aprobadas por el Comité
2005 meses
de Reglamentación y Evaluación de
(Fl. 57)
Riesgos del Ministerio del interior.
Adición
(Fl. 63)
5 304 de 31/08/2005 28/02/2006 6 Parágrafo: resultados esperados.
2005 meses el objeto de este contrato está
(Fl. 64) y 1 día orientado a brindar protección a las
personas que se encuentran
6 100 de 01/03/2006 30/11/2006 9 amenazadas por la situación de
2006 meses violencia que vive el país, buscando
(Fl. 69) así desmenuzar los índices de
Adición criminalidad en los sectores más
(Fl. 75) vulnerados.
7 471 de 01/12/2006 30/06/2007 7
2006 meses
(Fl. 76)
8 019 de 01/07/2007 31/12/2007 6
2007 meses
(Fl. 82)
9 366 de 01/01/2008 31/12/2008 1 año
2007
(Fl. 89)
Adición
(Fl. 96)
10 060 de 02/01/2009 30/06/2009 6
2008 meses
(Fl. 89
i) El 20 de febrero de 2004, el coordinador del Grupo de Seguridad a Instalaciones
y Avanzadas del DAS presentó al señor Betancourt Rodríguez como parte del
esquema protectivo del señor José Domingo Ayala Espitia, integrante de Fecode.21
De igual modo, el referido funcionario el 10 de agosto de 2007, presentó al
demandante como parte de la seguridad del doctor Carlos Gaviria Diaz.22
21 Folio37.
22 Folio 39.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
ii) En los folios 164 al 173, reposan varias certificaciones expedidas entre 2003 y
2008 por el director y el secretario general del extinto DAS, respectivamente, en la
que se hace constar lo siguiente:
Que el Departamento Administrativo de Seguridad se encuentra desarrollando el
programa de Protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra
su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia
política o con el conflicto armado interno, y de conformidad con lo señalado en los
artículos 81 y 82 la Ley 418 de 1997 y Ley 548 de 1999.
Que con fundamento en el parágrafo del artículo 3° del Decreto 218 del 15 de febrero
de 2000, corresponde a este organismo de seguridad la asunción de la protección
que deba darse a personas y dignatarios distintas a las referidas en el numeral 15
dicha preceptiva, hasta que dichos servicios sean asumidos por otras entidades u
organismos estatales.
Que al no contar el DAS con el personal de planta suficiente para conformar los
esquemas productivos necesarios para atender la protección a defensores de
Derechos Humanos y líderes sindicales del país, es conveniente proceder a celebrar
contratos de prestación de servicios para la ejecución de tales labores.
iii) En el expediente reposan copias de 36 órdenes y/o misiones de trabajo en las
cuales se le impartían instrucciones como escolta al demandante tales como: el
lugar donde debía hacer la respectiva presentación, el deber de reportar cualquier
novedad, realizar los reportes diarios y devolver la orden de servicio o misión con
el informe de cumplimiento entre otras.23 El contenido de estos actos, a manera de
ejemplo, es el siguiente:
Misión 1777 del 12 de septiembre de 2003: Misión 0870 del 25 de marzo de 2004:
23 Folios 114 al 149.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Misión 5025 del 22 de septiembre de 2006: Orden de trabajo APE 2141 del 8 de octubre de 2007:
iv) Asimismo, reposan copias de los certificados de permanencia suscritos por el
subdirector de la seccional DAS- Cauca y de la coordinadora del grupo seguridad a
personas de Bogotá en los cuales se da fe de que el demandante en los años 2004,
y 2007 se movilizó a Buga la Grande, Villavicencio, Villeta y Popayán en
cumplimiento de actividades propias de su cargo.24
v) De igual modo se observan los certificados de cumplimiento emitidos por el
coordinador de Seguridad a Instalaciones y Avanzadas del DAS, quien, en condición
de supervisor del contrato, hizo constar que el contratista cumplió a satisfacción
24 Folios 150 al 157.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
con el objeto del contrato, entre agosto de 2003 y enero de 2009.25
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 16 de febrero de 2015, el demandante a través de su apoderado y en
ejercicio del derecho de petición solicitó a la UNP fuera expedido un acto
administrativo en el cual se declarara que entre aquel y el extinto DAS existió una
relación laboral; y como consecuencia de ello reconociera y pagara las prestaciones
y prerrogativas salariales y laborales a las que tiene derecho, entre otras
pretensiones.26
ii) El 9 de julio de 2015, mediante Oficio OFI5-00017664, el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la UNP despachó de manera desfavorable las pretensiones
invocadas por carecer de fundamento legal, bajo los siguientes argumentos:27
Dicho lo anterior y habiendo consultado la base de datos de los funcionarios de
carrera de la Unidad Nacional de Protección, que anteriormente ejercieron su cargo
de carrera en el extinto DAS, y que fueron incorporados a esta entidad, en
cumplimiento de los decretos anteriormente referenciados, no se evidencia en ella
que su representado el señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez, haya sido
incorporado a la Unidad Nacional de Protección, de tal manera que no hace parte de
la planta de personal de carrera administrativa de esta entidad y por consiguiente con
la Unidad Nacional de Protección no existe ningún vínculo laboral.
Ahora bien, si usted a lo que quiso referirse en el derecho de petición es que su
representado sostuvo una relación contractual de órdenes de prestación de servicios
con el extinto DAS, nos permitimos informarle que jurídicamente esta unidad no
asumió las cargas contractuales, prestacionales ni laborales que estuvieron a cargo
del extinto DAS, en tal sentido no es posible reconocer, liquidar ni pagar las
acreencias laborales que reclama.
[…]
De otro lado, es importante resaltar que si pretende acudir a la jurisdicción de lo
Contencioso administrativo con la intención de que se declare la nulidad del presente
momento configurado como acto administrativo deberá tener en cuenta lo dispuesto
en el artículo 9 del Decreto 1304 de 2014.
25 Folios 181 al 217.
26 Folios 10 al 19.
27 Folios 6 al 9.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 9 de mayo de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, se
formuló el recurso de apelación objeto de análisis para controvertir, por una parte,
la decisión de declarar una relación laboral encubierta o subyacente entre el
demandante y el extinto DAS y, por otra parte, para determinar cuál es la entidad
llamada a responder por las condenas que se llegasen a ordenar en favor del señor
Betancourt Rodríguez.
Así las cosas, para resolver la alzada se deben solucionar los siguientes
interrogantes.
2.4.1. ¿Existió entre el señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez y el DAS
una relación laboral encubierta o subyacente que permita el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que
permaneció vinculado contractualmente?28
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, el
demandante estuvo vinculado por más de seis años con el extinto DAS,
desarrollando un objeto similar en cada contrato (indicio del carácter permanente de
sus funciones) y que la relación que los unió reúne los elementos propios del
contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación:
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
En primer lugar, el demandante acredita la prestación personal del servicio, a través
de los 10 contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se describieron
en el acápite de hechos probados de esta providencia.
28
Precisa la Sala que en el sub lite la condena se circunscribe únicamente a los aportes en salud y
pensión decretados en primera instancia, pues no se reconocieron otros emolumentos salariales.
24
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
En segundo lugar, las funciones detalladas en las obligaciones del contratista
plasmadas en los contratos de prestación de servicios dejan ver la vocación
personalísima de las actividades que el demandante debía desplegar, a saber:
i) cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS
a través del supervisor, o por su protegido; ii) realizar las actividades de índole
protectivo previa autorización para cumplir con la actividad encomendada, o
destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo de
Seguridad; iii) presentar para su revisión en la dependencia de Control de
Armamento, Radio y Vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos
logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes; iv) cuando
por alguna circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el
cual fue contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia
diariamente; v) observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones
interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad,
con sus compañeros y con la persona protegida; vi) no ingerir bebidas embriagantes,
sustancias alucinógenas o psicotrópicas; vii) respetar las normas de tránsito y de
convivencia ciudadana, y colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía;
viii) informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las
novedades que se presenten en el servicio; ix) mantener en buen estado los
elementos logísticos entregados por el DAS y velar por su buen uso y cuidado, los
cuales deberán destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente
contrato; x) observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo
relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen
con las actividades propias del objeto del presente contrato; xi) informar al supervisor
del contrato las novedades del servicio relacionadas con permisos, incapacidades u
otras circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en
el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo
que no se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el
tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del
supervisor; xii) observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de las
armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos;
xiii) presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor del
contrato, la cual se requerirá para expedir la certificación de cumplimiento para pago
por la prestación de servicios prestados y gastos de viaje estipulados en la cláusula
tercera del presente contrato; xiv) efectuar el pago de los aportes a los sistemas de
seguridad social, en salud y pensión; obligación que deberá cumplir y acreditar
mensualmente ante el supervisor del contrato.
En tercer lugar, de acuerdo con las reglas de la experiencia, el servicio de escolta
debe ser prestado por sujetos cualificados, es decir, por personal que hubiese
acreditado las condiciones profesionales requeridas para la labor. En tal sentido, y
dados los requisitos de ejecución de los contratos de prestación de servicios, se
observa que se trata de actividades que no podían ser delegadas o encomendadas
a un tercero por parte de quien las ejecutaba.
25
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
2.4.1.2. Subordinación continuada
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:
i) El lugar de trabajo. En el presente asunto el demandante tuvo que prestar
sus servicios personales en el lugar que fuera asignado por el DAS a través del
supervisor, o por su protegido. Dicha información se extrae del contenido de los
contratos de prestación de servicios y de las órdenes de trabajo y/o misión a través
de las cuales se le impartían las instrucciones para realizar las tareas de protección
que le fueran encomendadas.
ii) El horario de labores. En punto al cumplimiento de horario, de la lectura de
las órdenes de trabajo o misiones se infiere, en efecto, que el demandante se
encontraba sometido a observar las directrices que al respecto señalara la entidad
a través de sus autoridades, pues, debía estar a disposición de las funciones de
acompañamiento y protección o los requerimientos que le asignara el coordinador
de Seguridad a Instalaciones y Avanzadas.
Nótese que en dichos documentos se imponían misiones de acompañamiento a los
protegidos para movilizarse a diversos lugares del país, por diferentes lapsos, a
través de medios terrestres o aéreos atendiendo los compromisos y necesidades
de aquellos. Así las cosas, infiere la Sala que también debía acatar instrucciones
horarias por parte del protegido teniendo en cuenta que el acompañamiento podía
extenderse en el tiempo.
En ese orden, la observancia de condiciones en el tiempo de labor, impuestas por
terceros que son imposibles de eludir o modificar por el contratista, so pena de
incumplir las condiciones contractuales, resultan indicio del cumplimiento de un
horario de trabajo.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las labores
ejecutadas en atención a los contratos de prestación de servicios suscritos entre
2003 y 2009 en cumplimiento de las obligaciones contractuales eran direccionadas
y dirigidas tanto por los coordinadores de Seguridad a Instalaciones y Avanzadas
del DAS, en cuanto a las condiciones técnicas y logísticas en la que debía prestarse
el servicio, como por los sujetos beneficiarios de los servicios protectivos,
dependiendo de su agenda y actividad diaria.
Se insiste en este punto que en el plenario reposan las órdenes de trabajo y/o
misiones en las que se informaba al señor Betancourt Rodríguez sobre el esquema
de seguridad en el que había sido asignado, relacionando para ello la persona
objeto del programa, el plazo de ejecución de dicho esquema, los elementos para
el desempeño de la labor bajo la denominación de «medios logísticos» (en donde
se mencionan armamento de dotación oficial, salvoconductos, chalecos antibalas,
vehículos para movilización y medios de comunicación, entre otras), las
instrucciones específicas de la directriz, y la presentación ante el director de la
seccional DAS a donde se dirigían.
Además, se imponía la obligación de realizar los trámites administrativos dispuestos
por la entidad a efectos de gestionar el reconocimiento y pago de gastos generados
por concepto de «viáticos», con ocasión del servicio prestado en otras
municipalidades diferentes a la ciudad de Bogotá.
Dichos documentos eran suscritos por el coordinador de Seguridad a Instalaciones
y Avanzadas del DAS y de su contenido se extrae que los lineamientos que en ellos
se plasmaban eran impuestos por el referido funcionario, sin que el contratista, en
uso de las características de autonomía e independencia que rigen los contratos de
prestación de servicios, pudiera modificar o sugerir cambios en estos.
Así las cosas, los referidos medios probatorios resultan suficientes para inferir que
si bien, en principio, las funciones desempeñadas por el señor Betancourt
Rodríguez se encontraban enmarcadas dentro del alcance de los objetos de los
27
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
contratos de prestación de servicios que suscribió con el DAS, debió cumplir y acatar
instrucciones y directrices emitidas por los coordinadores de seguridad.
Otro hecho que observa la Sala respecto de este elemento es que las actividades
de protección a personas con características de asegurabilidad, por sus condiciones
especiales, implican la disponibilidad del servicio prácticamente de forma
ininterrumpida, por lo que se requiere la presencia del contratista a cualquier hora
del día y el tiempo que fuere necesario.
Adicionalmente, queda en evidencia que el demandante no era autónomo para
ausentarse de las instalaciones o lugar de ejecución del objeto contractual, pues
dentro de sus obligaciones contractuales se pactó el deber de informar las
novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendieran o interrumpieran el ejercicio de las actividades,
luego debía contar con la aprobación del DAS para ausentarse, so pena de estar
incumpliendo sus deberes.
Por último, el hecho de que el DAS hubiera suministrado los elementos logísticos de
dotación, específicamente armamento, vehículos y medios de comunicación, que
debían ser rigurosamente salvaguardados por el escolta designado y con
observancia de los protocolos definidos resulta indicativo de que la actividad
desempeñada no se dio de forma libre y autónoma.
En reciente pronunciamiento esta Subsección sostuvo lo siguiente respecto de las
características que definen la actividad desarrollada por los escoltas:29
La alusión que se hace en el componente funcional en cita, a que el cumplimiento de
las actividades contractuales debía ser en el lugar definido por el DAS o por la persona
respecto de la cual efectúan las labores de protección, reviste necesariamente la
adecuación del servicio del contratista a las determinaciones de terceros que,
destinatarios del mismo, disponían a voluntad condiciones para su ejecución, como
lo son los horarios o la extensión en la jornada del esquema protectivo, sin que en
ello interviniera el escolta designado.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022, exp.
05001-23-33-000-2014-00137-01 (4355-2017); M. P. William Hernández Gómez.
28
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Importante es resaltar el requerimiento de autorización para el desempeño de las
actividades encomendadas, en tanto ello refiere la falta de liberalidad en la ejecución
contractual, que resulta propia de los contratos de prestación de servicio. No se
desconoce que este tipo de contratos deban ceñirse a parámetros de cumplimiento
en la ejecución de actividades, sin embargo, que el servicio y su prestación efectiva
deban obtener autorización previa, implica una restricción a la puesta en marcha del
objeto contratado que debía solventarse cada vez que se asumía una labor de
protección diferente.
Teniendo en cuenta ello, para la Sala, en efecto, las actividades específicas
descritas en las obligaciones contractuales, así como las que fueron detalladas en
los oficios a través de los que se le asignaban misiones al señor Luis Alexander
Betancourt Rodríguez, dejan ver que el manejo de la labor de escolta lleva inmersa
la imposición de órdenes y directrices por parte de quienes, en efecto, podían
ejercer la línea de autoridad al interior del extinto DAS.
En este punto es del caso acotar que el principio de coordinación, ínsito en los
contratos de prestación de servicios, «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que
exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al
pacto suscrito».30
Lo anterior es diferente a la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y por ello este último cuenta con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación de obedecerle. En
efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con
sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores,
sin que le asista a este ningún tipo de independencia.
En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, toda vez que
el desempeño de las funciones por parte del actor estaba sujeto a la imposición de
30
Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01(1717-18), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
29
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
medidas y/o directrices de las autoridades y coordinadores de esquemas de
seguridad al interior del DAS, el sometimiento a los horarios y agendas de los sujetos
a quienes brindaba protección y la imposibilidad de la prestación del servicio por
otras personas, lo que denota sin lugar a hesitaciones que el DAS, en su condición
de empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del señor Betancourt
Rodríguez.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
Sobre el tema del servicio de escoltas, esta Subsección ha sostenido que la labor
de brindar seguridad a beneficiarios de programas de protección impone a quien
ejecuta la actividad «el deber de atender las directrices impartidas por el DAS en las
distintas misiones a él encomendadas. Así, se ha concluido que las tareas que debe
ejecutar un escolta comportan el elemento de la subordinación, pues estas se
desarrollan en cumplimiento de órdenes directas de su superior, lo cual, desvanece
la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia
con la que se presta el servicio, más aún cuando para su ejercicio, el demandante
debía emplear los elementos de dotación suministrados por el DAS como armamento
y vehículo, toda vez que desatender el esquema de seguridad propuesto podría
afectar el éxito de la labor».31
Luego, aun cuando en el expediente no reposan evidencias de que existieran cargos
de planta en el extinto DAS que ejercieran la actividad de escolta, no se puede
desconocer que las actividades encomendadas a través de los contratos de
prestación de servicios que se analizan traen implícito el elemento de subordinación.
Así pues, en el presente caso se puede concluir que, en desarrollo de las labores
de escolta, el demandante estaba inserto en el círculo rector y organizativo del
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. exp. 760001-23-33-000-2012-00260-01
(0621-2016).
30
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
contratante a quien le correspondía determinar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en los que debía prestarse el servicio.
2.4.1.3. Los estudios previos
En el expediente reposa copia de los estudios previos realizados para los contratos
de prestación de servicios. Dichos documentos son coincidentes al describir la
necesidad de la contratación, el objeto a contratar, justificación de la modalidad de
contratación y selección y los plazos de ejecución de cada encargo.
Así pues, la necesidad de la entidad surgió a partir del año 2003, por ello los
contratos de prestación de servicios celebrados, de manera continuada o sucesiva,
guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, por lo
que se puede concluir, en los términos de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 que aquellos encargos forman parte de una misma cadena o tracto
negocial de carácter continuado y permanente,y desbordaron el «término
estrictamente indispensable» al que hace referencia el artículo 32 de la Ley 80 de
1993.
Dicho de otra forma, el referido indicio evidencia que la relación contractual no tuvo
carácter temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en
que se desarrolló por más de 6 años, período en el cual el demandante suplió la
necesidad permanente de la entidad referente a prestar servicios de protección a
sujetos vulnerables.
2.4.1.4 Remuneración
Finalmente, el tercer elemento que se somete a comprobación es el relacionado con
el pago de un salario periódico. En el sub lite, queda acreditada la remuneración
efectuada mensualmente por el DAS al demandante con los contratos de prestación
de servicios. De dichos documentos se extrae con claridad el valor de los contratos,
y la forma de pago en la cual se estipulaban los honorarios mensuales que recibiría
el actor por sus servicios.
31
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
En suma, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos esenciales de
una relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante y el DAS;
en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se encuentra ajustada a derecho.
2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?
Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre el contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento.
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y
se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de continuidad.
En este caso, y siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021, se concluye que se presentó el referido fenómeno prescriptivo, pues
aun cuando el demandante prestó sus servicios en una continuada relación laboral,
por cuanto no se vio interrumpida en ningún momento y corresponde realizar el
cómputo del término prescriptivo a partir de la terminación de su vínculo contractual,
esto es, desde el 30 de junio de 2009; el actor radicó la reclamación administrativa
el 16 de febrero de 2015, luego su solicitud superó ampliamente el término
legalmente establecido para ello (tres años), tal como lo advirtió el a quo.
Pese a lo expuesto, dado que los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones son imprescriptibles, como bien se dispuso en la sentencia del a quo, la
entidad que resulte condenada deberá completarlos al respectivo fondo de
pensiones en el porcentaje que le correspondía durante el tiempo comprendido
entre el 29 de agosto de 2003 y el 30 de junio de 2009.
32
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
En este punto, debe precisar la Sala que en la sentencia de primera instancia se
estableció que los extremos temporales de la relación laboral encubierta o
subyacente que se declaró se dieron entre el «11 de abril de 2002» y el 30 de junio
de 2009; no obstante, en el plenario no reposan los contratos de prestación de
servicios que posiblemente hubieran podido suscribirse entre el 11 de abril de 2002
y el 28 de agosto de 2003.
Teniendo en cuenta ello, advierte la Sala que el medio probatorio con suficiente
entidad para acreditar la suscripción del contrato de prestación de servicios es el
contrato, pues solo de la lectura de aquel se logran advertir los elementos que lo
constituyen tales como los objetos contractuales, la vigencia de los encargos, las
funciones encomendadas, los honorarios pactados como contraprestación del
servicio prestado, la temporalidad o continuidad del vínculo, entre otros aspectos.
Así las cosas, el período respecto del cual podrá estudiarse la existencia de la
relación laboral entre las partes, debe corresponder precisamente al lapso que se
encuentra debidamente probado en el proceso el vínculo contractual, en este caso,
entre el 29 de agosto de 2003 y el 30 de junio de 2009 y en ese sentido habrá de
aclararse los numerales dos y tres de la parte resolutiva de la providencia objeto de
apelación.
2.4.3. ¿Cuál es la entidad llamada a responder por las condenas que se
llegasen a ordenar en favor del señor Betancourt Rodríguez, ante la supresión
del DAS?
Para determinar si en efecto las obligaciones laborales del extinto DAS, fueron
asumidas por la UNP, debe analizarse lo siguiente.
Mediante el Decreto Ley 4057 de 2011, el gobierno nacional dispuso la supresión
del DAS, y señaló en su artículo 3.º que «[…] Las funciones [...] que corresponden al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I,
numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las demás que
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Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos,
así: [...] 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del Decreto
643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la
misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de
Protección que se creará en decreto separado [...]».
Por su parte, el Decreto 4065 de 2011, en el artículo 3° estableció lo siguiente:
El objetivo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es articular, coordinar y
ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno
Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas,
públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de
víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad,
libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público u otras
actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de
ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e
idoneidad de las medidas que se otorgan.
Ahora, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014 señaló que los procesos judiciales y
reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los que sea parte
el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero, serían notificados
a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la naturaleza,
objeto o sujeto procesal y que, asimismo, en caso de que aquellas no fueran
atribuidas a alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva, correspondería a la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
De acuerdo con el anterior recuento normativo se puede establecer que las
funciones de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección le fueron
asignadas a la UNP, luego es dable que la entidad responda por las condenas
proferidas en el sub examine de conformidad con lo regulado en el artículo 68 del
Código General del Proceso.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por dicha entidad en el recurso de apelación,
está facultada para asumir la condena que se impone a través de esta actuación
judicial.
34
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Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
2.4.4. ¿Resulta procedente la orden de realizar los aportes al sistema de
Seguridad Social respecto del porcentaje que debía destinar el DAS como
empleador?
Sobre este punto es importante precisar que la sentencia de unificación del 26 de
agosto de 2016 ordenó al juez contencioso-administrativo estudiar en todos los
procesos en los cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral encubierta
o subyacente, aunque no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a
las cotizaciones adeudadas por la administración al sistema de seguridad social en
pensiones.
En ese orden, al declararse la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, el reconocimiento al que hay lugar en materia de seguridad social,
específicamente frente a los aportes a salud y pensión, comprende únicamente el
pago de los porcentajes que debieron haber sido cotizados por el empleador
al fondo de pensión respectivo, durante el tiempo en que se acreditó la relación
laboral.
Así pues, la anterior prerrogativa no ampara la devolución de los dineros pagados
por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, ni establece que
se deban realizar aportes adicionales al sistema de salud, sino las cotizaciones
adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto pensional, y que se derivan
de la relación de trabajo comprobada, que comprende la obligación, a cargo del
empleador, de efectuar los correspondientes aportes al sistema de pensiones.
En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una relación
laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia de seguridad
social, solo abarca la obligación de la administración de determinar mes a mes si
existe diferencia entre los porcentajes de cotización que se debieron efectuar por
ésta y los realizados por el contratista para, en consecuencia, cotizar al respectivo
fondo la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le
concernía como empleador.
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Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Además, en gracia de discusión, no hay lineamientos jurídicos que permitan la
posibilidad de completar los aportes a salud que efectuó el contratista, comoquiera
que estos fueron debidamente cotizados al sistema general de Seguridad Social en
salud, al existir una obligación legal de realizar dicha contribución y ante su carácter
parafiscal.
Teniendo en cuenta ello, la Sala modificará la orden contenida en el numeral
cuarto de la decisión de primera instancia, y en su lugar se ordenará a la UNP pagar
únicamente la diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los
realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador y por los períodos en los que fue reconocida la relación laboral.
Para ello, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional del
demandante, dentro de los períodos laborados por órdenes o contratos de
prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por el señor Betancourt Rodríguez como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante.
El demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de
Seguridad Social en pensiones, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho
o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,32 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
36
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Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso,33 la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
entidad demandada, en tanto que con esta decisión se modificará la sentencia
apelada.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el señor Luis Alexander Betancourt Rodríguez, en
efecto sostuvo una relación laboral encubierta o subyacente con el extinto DAS; no
33«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
obstante, como consecuencia de ello solo le asiste derecho a que el tiempo laborado
se compute para efectos pensionales, por cuanto prescribió su derecho a reclamar
las prestaciones sociales que solicitó en este proceso. Así las cosas, se confirmará
el sentido de la decisión de instancia; no obstante, se modificará en cuanto al
período y aportes al sistema de seguridad social, tal como se explicó. Con condena
en costas de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del 9 de
mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del proceso instaurado por el señor Luis Alexander
Betancourt Rodríguez en contra de la Unidad Nacional de Protección, en el sentido
de precisar que los extremos temporales en los que se desarrolló la relación laboral
encubierta o subyacente que se declaró en este proceso se delimitaron entre el 29
de agosto de 2003 y el 30 de junio de 2009, de conformidad con las pruebas
allegadas al proceso.
Segundo.- Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 9 de mayo de 2019,
para en su lugar disponer lo siguiente:
Cuarto. La Unidad Nacional de Protección deberá tomar (durante el tiempo
comprendido entre el 29 de agosto de 2003 y el 30 de junio de 2009, el ingreso
base de cotización (IBC) pensional del demandante (el valor de los honorarios
pactados en cada contrato), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en
el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad
38
Radicado: 25000-23-42-000-2015-05491-01 (5519-19)
Demandante: Luis Alexander Betancourt Rodríguez
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador.
Tercero.- Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
Cuarto.- Sin condena en constas de segunda instancia.
Quinto.- Reconocer personería al abogado Andrés Alfonso Daza Gómez como
apoderado de la Unidad Nacional de Protección, en los términos y para los efectos
del poder obrante en el índice 23 de la plataforma SAMAI.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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