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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05495-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05495-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 30 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Reconócese personería al abogado Óscar Mauricio Ortiz Bautista, con cédula de ciudadanía 91.530.785 y tarjeta profesional 170.837 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la Superintendencia de Notariado y Registro, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05495-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

24 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Demandante : Fernando Hermógenes Ortiz Isaza
Demandado : Superintendencia de Notariado y Registro
Tema : Reconocimiento de prima técnica por evaluación del
desempeño

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 30 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 6 a 12). El señor Fernando Hermógenes Ortiz Isaza,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Superintendencia de
Notariado y Registro, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 5060 de 7 de mayo
de 2015, por medio de la cual se le negó al actor el reconocimiento de la prima
técnica por evaluación del desempeño.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada reconocer al accionante la prima técnica por el
mencionado criterio, «[…] con la reliquidación de los salarios durante la
relación laboral, pago de los consiguientes derechos de orden laboral y
prestacional que asisten al convocante como vacaciones, cesantías, intereses
sobre las cesantías, primas, y demás derechos causados y derivados de la
relación laboral; así como también el pago de los valores dejados de cotizar en
aportes a la seguridad social, y [...] de todos los demás derechos que son
aplicables [...]». Lo anterior, junto con los intereses, la indexación, el
cumplimiento de la sentencia en los términos de ley, los perjuicios morales y
materiales y las costas procesales.

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ha prestado sus servicios a la
Superintendencia de Notariado y Registro y se encontraba vinculado como
empleado público para la fecha de expedición del Decreto 2164 de 1991, que
creó la prima técnica por estudios y calificación.

Que formuló petición con el fin de que la referida prima le fuera concedida, pues
es un derecho adquirido para los empleados vinculados para la época de su
creación, sin embargo, mediante la Resolución acusada, la demandada negó lo
solicitado con el argumento de que dictó un acuerdo con el cual restringió tal
reconocimiento, lo que, estima él, es ilegal e inconstitucional.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado el artículo 4º del Decreto 2164
de 1991.

Afirma que «[...] desde su vinculación [...] siempre ha sido un funcionario
ejemplar, altamente comprometido con sus funciones y responsabilidades,
obteniendo evaluaciones satisfactorias [...]» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 36 a 52) La Superintendencia accionada,
a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió
a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que se atiene a lo que
se pruebe en el proceso; y propuso la excepción denominada prescripción
extintiva.

Asevera que «[...] la prima técnica en esta Superintendencia solo podrá ser
otorgada teniendo en cuenta el criterio de formación avanzada y experiencia
altamente calificada tal y como lo establece el acuerdo [36 de 1991] antes
enunciado a los funcionarios que se encuentren nombrados con carácter
permanente en los cargos del nivel directivo y asesor tal y como lo establece el
Decreto 1336 de 2003 en su artículo 1º. Por esta razón no es posible reconocerle
la prima técnica solicitada [...]».

1.3 La providencia apelada (ff. 227 a 234). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección A), en sentencia de 30 de
noviembre de 2017, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que «[…] la prima técnica por evaluación de desempeño no fue
regulada en la Superintendencia de Notariado y Registro, ya que [...] el Acuerdo
No. 036 del 31 de octubre de 1991 expedido por el Consejo Directivo de dicha
entidad solo reglamentó la prima técnica por el criterio de formación avanzada
2

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

y experiencia altamente calificada» (sic). Además, «[...] no hay lugar a afirmar
que existe un derecho adquirido teniendo en cuenta que al expedirse el Acuerdo
No. 036 de 1991 no se había regulado la prima técnica por evaluación de
desempeño [...] tan sólo se contaba con una mera expectativa [...]» (sic).

1.4 El recurso de apelación (ff. 238 a 246). Inconforme con la anterior
sentencia, el actor, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación, en el
cual aduce que «[…] el Honorable Consejo de Estado, estudio con anterioridad
un argumento similar [al] esgrimido por [el] DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, por la cual negaba la prima
técnica a sus empleados, y en la misma sentencia hizo un estudio sobre el
argumento que pretende aplicar en este caso la Superintendencia, desvirtuando
absolutamente que sea la misma entidad quien decida potestativamente si
concede el derecho [...]» (sic).

Concluye que «[...] para los empleados públicos que se encontraban vinculados
al servicio para la entrada en vigencia del Decreto 2167 de 1991 y con
anterioridad a la expedición del Decreto 1724 de 1997 [...] les asiste un derecho
adquirido sobre la prima técnica, pues ya se encontraba dentro de sus derechos
patrimoniales al momento de la expedición del decreto del año 1997 [...]».

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 6 de febrero de 2018
(f. 266) y admitido por esta Corporación a través de auto de 6 de noviembre de
2019 (f. 270), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 276), para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la demandada1
para reiterar sus argumentos de contestación, en el sentido de que «[...] para la
Superintendencia de Notariado y Registro no se estableció el criterio de
evaluación de desempeño para la asignación de la prima técnica, así como
tampoco se incluyó a los niveles técnico y profesional como susceptibles de ser
acreedores de la referida prima técnica».

1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI, índice 16.
3

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si le asiste razón jurídica o no al
demandante para reclamar de la Superintendencia de Notariado y Registro el
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño o, por
el contrario, no colma los requisitos para ser beneficiario de ese emolumento,
como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

El artículo 7 del Decreto 2285 de 19683 creó la prima técnica con el fin de
«atraer o mantener personal altamente calificado para cargos de especial
responsabilidad o superior especialización técnica», con base en la
«experiencia, competencia especial o títulos profesionales de quien ejerza o sea
llamado a ejercer un empleo», que sería asignada por decreto, previo concepto
favorable del consejo de ministros y dictamen del entonces Consejo Superior del
Servicio Civil.

Luego, el artículo 14 del Decreto 1950 de 19734 mantuvo este reconocimiento
para toda la rama ejecutiva del poder público, empero, determinó su asignación
para los empleos de los niveles técnico y ejecutivo.

Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 60 de 19905, en cuyo
artículo 2 (numeral 3), dispuso: «De conformidad con el ordinal 12 del artículo
76 de la Constitución Política, re[vistió] al Presidente de la República de

2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
3
«Por el cual se fija el régimen de clasificación y remuneración de los empleos de los Ministerios,
Departamentos Administrativos y Superintendencias».
4
«Por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración de
personal civil».
5
«Por la cual se reviste el Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la
nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar
otras medidas en relación con los empleados del sector público del orden nacional» y dictar otras disposiciones.
4

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de
[su] vigencia», para «Modificar el régimen de la prima técnica, para que además
de los criterios existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado a
la evaluación del desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto,
se determinará el campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento,
requisitos y criterios para su asignación».

Habilitado por la norma anterior, el presidente de la República expidió el Decreto
1661 de 1991, que en el artículo 1º redefinió la prima técnica, en los siguientes
términos:

Corresponde a un incentivo económico que se reconoce a aquellos
funcionarios o empleados altamente calificados que se requieren para el
desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de
conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de
labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las
necesidades específicas de cada organismo. Así mismo será un
reconocimiento al desempeño en el cargo en los términos que se establecen
en este decreto.

El artículo 2º del mencionado Decreto 1661 previó dos criterios para el
reconocimiento de la prima técnica, así:

Para tener derecho a prima técnica serán tenidos en cuenta alternativamente
uno de los siguientes criterios, siempre y cuando, en el primer caso,
excedan de los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el
funcionario o empleado:

a) Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente
calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o
científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante
un término no menor de tres (3) años, o

b) Evaluación del desempeño.

Asimismo, el artículo 3º del Decreto 1661 de 1991 consagró los niveles a los
cuales se otorgaría dicha prestación:

Para tener derecho al disfrute de una prima técnica con base en los
requisitos de que trata el literal a) del artículo anterior, se requiere estar
desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o
directivo. La prima técnica con base en la evaluación del desempeño podrá
asignarse en todos los niveles.

Ahora bien, respecto de la prima técnica por el criterio de estudios de formación
5

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
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Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

avanzada y experiencia altamente calificada, el Decreto 2164 de 17 de
septiembre de 19916, «Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto ley
1661 de 1991», prescribió:

Artículo 1º.- Definición y campo de aplicación. La prima técnica es un
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado
a empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de
cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos
o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de
especial responsabilidad de acuerdo con las necesidades específicas de cada
organismo. Así mismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo,
en los términos que se establecen en este Decreto.

Tendrán derecho a gozar de la prima técnica los empleados de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Unidades Administrativas Especiales, en el orden nacional.
También tendrán derecho los empleados de las entidades territoriales y de
sus entes descentralizados.
[…]

Artículo 3º.- Criterios para su asignación. La prima técnica podrá otorgarse
alternativamente por:

a) Título de estudios de formación avanzada y tres (3) años de experiencia
altamente calificada; o
b) Terminación de estudios de formación avanzada y seis (6) años de
experiencia altamente calificada; o
c) Por evaluación del desempeño.
[…]

Artículo 4º.- De la prima técnica por formación avanzada y experiencia.
Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que
desempeñen, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo,
asesor o directivo, que sean susceptibles de asignación de prima técnica de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º del presente Decreto y que
acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente
calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o
científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo,
durante un término no menor de tres (3) años.

El título de estudios de formación avanzada podrá compensarse por tres (3)
años de experiencia en los términos señalados en el inciso anterior, siempre
y cuando se acredite la terminación de estudios en la respectiva formación.

6
Modificado en los artículos 3 y 4 por el Decreto 1335 de 1999; la versión trascrita corresponde al texto inicial
aplicable al caso en estudio.

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Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

Parágrafo. La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por
el jefe del organismo, con base en la documentación que el empleado
acredite.
[…]

Artículo 7º.- De los empleos susceptibles de asignación de prima técnica.
El Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o
Consejos Directivos o Superiores, conforme con las necesidades
específicas del servicio, con la política de personal que se adopte y con
sujeción a la disponibilidad presupuestal, determinarán, por medio de
resolución motivada o de acuerdo, según el caso, los niveles, las escalas o
los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos susceptibles de
asignación de prima técnica, teniendo en cuenta la restricción establecida
en el artículo 3 del Decreto-Ley 1661 de 1991, y los criterios con base en
los cuales se otorgará la referida prima, señalados en el artículo 3 del
presente Decreto [se destaca].

Mediante Decreto 1724 de 4 de julio 19977, el Gobierno nacional, en desarrollo
de la Ley 4ª de 1992, modificó «[…] el régimen de Prima Técnica para los
empleados públicos del Estado», de la siguiente manera:

Artículo 1°. La prima técnica establecida en las disposiciones legales
vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a
quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los
niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes
Órganos y Ramas del Poder Público.

Artículo 2°. Para reconocer, liquidar y pagar la prima técnica, cada
organismo o entidad deberá contar con disponibilidad presupuestal
acreditada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, en la
respectiva entidad. Así mismo, se requerirá certificado previo de viabilidad
presupuestal expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o del organismo que
corresponda en las entidades territoriales, quienes para el efecto deberán
tener en cuenta las políticas de austeridad del gasto público.

Artículo 3°. En los demás aspectos, la prima técnica se regirá por las
disposiciones vigentes.

Artículo 4°. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima
técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el
presente decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del
organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida,
consagradas en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y modifica en lo pertinente el artículo 3o del Decreto 1661 de 1991, los
7
Publicado en el diario oficial 43.081 de 11 de julio de 1997.
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
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Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

artículos 2o, 3o y 5o del Decreto 1384 de 1996, el artículo 5o del Decreto
55 de 1997, el artículo 8o del Decreto 52 de 1997 y demás disposiciones
que le sean contrarias.

Como se puede observar, a través del Decreto 1724 de 1997, se limitó el derecho
a la prima técnica en el sentido de que, en adelante, serían destinatarios de esta
únicamente quienes estuvieren nombrados con carácter permanente en cargos de
los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, con exclusión de los
demás.

No obstante, en el artículo 4º del aludido Decreto 1724 se dejó a salvo el derecho
de aquellos servidores que desempeñaran cargos de niveles diferentes a los
señalados en él, que se les hubiere reconocido prima técnica antes de su
publicación, en cuanto dispuso que la disfrutarían hasta el retiro del servicio o
cuando se cumplieran las condiciones consagradas en las normas vigentes al
momento de su otorgamiento para su pérdida.

Al respecto, esta Colegiatura ha precisado que es viable el reconocimiento de la
prima técnica a los empleados que, a pesar de no habérseles reconocido antes de
la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997 (11 de julio de 1997), cumplieran
los requisitos para ser beneficiarios de ella, así8:

De acuerdo con la segunda tesis, que prevaleció en la Subsección9, y que
hoy constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es
posible aplicar el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de
1997 a quienes, sin ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo
o sus equivalentes bajo el nuevo régimen, cumplieran con los siguientes
requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por
evaluación de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto
es, que hubieren laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la
normativa mencionada y que, desde luego, cumplieran los requisitos
legales exigidos por la misma;

(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada
en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la
prima mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado
silencio frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en
8
Sentencia de 25 de mayo de 2006, consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicación 25000-23-
25-000-2002-08242-01(2922-04).
9
Al respecto puede verse la sentencia del Consejo de Estado (sección segunda, subsección B), de 8 de agosto de
2003, consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente 23001-23-31-000-2001-00008-01 (0426-
03), actor: Benjamín Antonio Vergara.
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

forma negativa.

De lo anterior se concluye que es dable el reconocimiento de la prima técnica a
los empleados que, sin ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo
o sus equivalentes a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997,
cumplieran los requisitos para su reconocimiento. En consecuencia, el régimen
de transición, previsto en el artículo 4º del citado Decreto, debe aplicarse a
aquellos servidores públicos que devengaban la prima técnica por haber colmado
las exigencias legales, como a quienes, sin habérsele reconocido, reunieran las
condiciones señaladas en la normativa.

En lo concerniente al caso bajo examen, se tiene que en ejercicio de las facultades
conferidas por los Decretos 1661 y 2164 de 1991, el consejo directivo de la
Superintendencia de Notariado y Registro expidió el Acuerdo 36 de 31 de octubre
de 1991, «[p]or el cual se establecen los empleos susceptibles de asignación de
una prima técnica por formación avanzada y experiencia, y se determinan los
criterios para su otorgamiento», que preceptuó:

Artículo 1º. Conforme a lo dispuesto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991,
podrá asignárseles prima técnica por formación avanzada y experiencia
a los funcionarios que desempeñen empleos de los niveles Directivo,
Asesor, Ejecutivo, en la planta de personal de la Superintendencia de
Notariado y Registro.

Artículo 2º. Criterios para el otorgamiento. La formación avanzada y la
experiencia, que excedan los requisitos mínimos establecidos para el cargo
que desempeñe el funcionario, serán evaluadas dentro de los siguientes
límites y porcentajes:

a) Formación avanzada, hasta un máximo del 30% de la asignación básica
mensual, conforme al título que las acredite, así:

Especialización el 20%

Maestría o máster el 30%

b) Experiencia, hasta un máximo del 20% de la asignación básica mensual.

La experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la
investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones
propias del cargo, durante un término no inferior de tres (3) años, será
valorada en un 5% por cada año debidamente acreditado.

Parágrafo 1º. La formación avanzada y la experiencia no otorgan
separadamente porcentaje para prima técnica» [negrilla fuera del texto
original].

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Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
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Registro

De esta forma, quedó regulado el referido factor en el criterio de formación
avanzada y experiencia altamente calificada para los empleados de nivel
ejecutivo, asesor o directivo, y se eliminó su reconocimiento por evaluación del
desempeño al interior de la entidad.

Ahora bien, se destaca que esta Corporación se ha pronunciado en el sentido de
que la exclusión del criterio de evaluación de desempeño, consagrado en el
Acuerdo 36 de 1991, no vulnera lo establecido en los Decretos 1661 y 2164 de
199110, toda vez que la Superintendencia de Notariado y Registro estaba
facultada y gozaba de autonomía para efectuar esa regulación, siempre y cuando
acatara los presupuestos relativos a las necesidades específicas del servicio, la
política de personal y la sujeción a la disponibilidad presupuestal.

Por su parte, el Decreto 1335 de 1999, por el cual se modifican los artículos 3 y
4 del Decreto 2164 de 1991, introdujo algunas reformas a la prima técnica por
formación avanzada y experiencia, mas no a aquella referente a la evaluación
del desempeño.

Posteriormente, el Decreto 1724 de 1997 fue derogado por el 1336 de 2003, «por
el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos
del Estado», que previó:

Artículo 1°. La prima técnica establecida en las disposiciones legales
vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a
quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel
Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se
encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro,
Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente
y Director de Unidad Administrativa Especial o sus equivalentes en los
diferentes órganos y Ramas del Poder Público.

Artículo 2°. Para reconocer, liquidar y pagar la prima técnica, cada
organismo o entidad deberá contar previamente con la disponibilidad
presupuestal acreditada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces,
en la respectiva entidad.

Artículo 3°. En los demás aspectos la prima técnica se regirá por las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 4°. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima
técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el
presente decreto o cargos de asesor en condiciones distintas a las

10
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, expediente
11001032500020100000900 (0051-10); reiterada posteriormente con fallo de 26 de noviembre de 2018,
expediente 25000234200020160335101 (3771-17).
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Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

establecidas en el artículo 1º, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro
del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida,
consagradas en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

Sobre la legalidad de la precitada normativa, esta Corporación, en sentencia de
12 de marzo de 200811, precisó:

Es decir, el Gobierno Nacional, bien puede excluir niveles diferentes al
Directivo y al Asesor dentro del grupo de empleados beneficiarios de dicha
prima, pues la diferencia de tratamiento, puede establecerse por la
autoridad a quien le corresponde considerar los factores que la justifiquen,
en ejercicio de la facultad constitucional y legal que le fue conferida; de
manera tal, que si es predicable la potestad de modificar el régimen salarial
y prestacional, también lo es, la determinar a qué niveles corresponde su
pago y bajo qué circunstancias.
[…]

Con relación a la vulneración de los derechos adquiridos a la que hace
alusión el actor, debe tenerse en cuenta que por derecho adquirido la
doctrina y la jurisprudencia, ha entendido aquel derecho que ha entrado al
patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, por lo
que no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció
legítimamente. Es así, como el derecho adquirido es la ventaja o el
beneficio cuya conservación e integridad, está garantizada en favor del
titular del derecho, por una acción o por una excepción. El derecho
adquirido al que hace referencia el artículo 58 de la Carta Política, ha de
entenderse como una ‘situación jurídica concreta o subjetiva’12, que se
evidencia cuando el texto legal ha jugado un papel jurídico en favor o en
contra de una nueva persona en el momento en que ha entrado a regir una
nueva ley y es por ello, que los derechos ya reconocidos no sufren ninguna
modificación.

Resulta claro entonces que el Gobierno nacional está legitimado para excluir los
niveles ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo de la
prerrogativa de la prima técnica, como en efecto lo hizo a través del Decreto
1724 de 1997, derogado por el 1336 de 2003, pero sin desconocimiento de los
derechos adquiridos de los servidores que, en ejercicio de cargos
correspondientes a dichos niveles, se les haya reconocido la prima antes de la
entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997 o a quienes sin habérsele concedido,
reunieran los requisitos para ella antes de que este entrara a regir.

11
Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 11001-03-25-000-2006-00069-00 (1267-
06).
12
Corte Constitucional Sentencia C-410 de 1997, expediente D-1585, Magistrado Ponente Hernando Herrera
Vergara.
11

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

Posteriormente, con el Decreto 2177 de 200613 se introdujo una nueva
modificación al artículo 3º del Decreto 2164 de 1991, en los siguientes términos:

Artículo 1º. Modifícase el artículo 3° del Decreto 2164 de 1991, modificado
por el artículo 1º del Decreto 1335 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 3º. Criterios para asignación de prima técnica. Para tener derecho
a prima técnica, además de ocupar un cargo en uno de los niveles señalados
en el artículo 1º del Decreto 1336 de 2003, adscritos a los Despachos
citados en la mencionada norma, incluyendo el Despacho del Subdirector
de Departamento Administrativo, será tenido en cuenta uno de los
siguientes criterios:

a) Título de estudios de formación avanzada y cinco (5) años de experiencia
altamente calificada;

b) Evaluación del desempeño.
[…]

Parágrafo. Las solicitudes de revisión de prima técnica que se hayan
radicado formalmente ante el funcionario competente con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente decreto, serán estudiadas y decididas
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el decreto 1335 de 1999.

Las solicitudes que se radiquen con posterioridad a la publicación del
presente decreto, serán estudiadas y decididas teniendo en cuenta los
criterios y condiciones aquí establecidos.

De lo anterior se colige que, aunque el Decreto 2177 de 2006 aumentó a 5 años
el requisito de experiencia calificada previsto en el artículo 3º del Decreto 2164
de 1991, respetó el régimen de transición contemplado en el artículo 4º del
Decreto 1724 de 1997.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades
del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la
materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de
conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) El demandante se ha desempeñado en la Superintendencia de Notariado y
Registro desde el 24 de marzo de 1982, en los siguientes cargos:

Cargo Resolución Posesión Folios
Auxiliar servicios 103 de 22 de octubre de (sin número) 15 de 98 vuelto y

13
«Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras
disposiciones sobre prima técnica».
12

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

generales 3035-5 1985 noviembre de 1985 99
Ayudante de 70 de 1°. de agosto de (sin número) de 1°. 97 vuelto y
oficina 5155-7 1988 de agosto de 1988 98
Auxiliar 17 de 20 de febrero de (sin número) de 20 de 96 y 97
administrativo 1989 febrero de 1989
5120-9
Auxiliar 124 de 13 de enero de 17 de 14 de enero de 92 vuelto, 93
administrativo 1994 1994 vuelto y 94
5120-9
Auxiliar 4729 de 20 de diciembre (sin número) de 20 de 90 vuelto y
administrativo de 1996 diciembre de 1996 91 vuelto
5120-12
Auxiliar 3057 de 19 de agosto de 19 de 19 de agosto de 89 y 90
administrativo 1997 1997
5120-14
Auxiliar 776 de 27 de febrero de 629 de 1°. de marzo 87 a 88
administrativo 2004 de 2004 vuelto
5120-14
Auxiliar 6061 de 28 de julio de 927 de 1°. de agosto 82, 85 y 86
Administrativo 2011 de 2011
4044-14
Auxiliar 527 de 22 de enero de 518 de 23 de enero de 81
Administrativo 2015 2015
4044-16

b) La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil certificó
que la inscripción del actor fue actualizada el 16 de julio de 1998 en el registro
público de empleados de carrera administrativa en el cargo de auxiliar
administrativo 5120-14 de la Superintendencia de Notariado y Registro (f. 179)

c) En los folios 99 vuelto a 178 y 180 a 187 vuelto reposan las calificaciones de
servicios del demandante desde el 1°. de marzo de 1995, como empleado en el
nivel asistencial de la Superintendencia de Notariado y Registro:

Período Puntaje
01-03-1995 al 29-02-1996 616/700
01-03-1996 al 28-03-1997 925/1000
01-03-1997 al 28-02-1998 804/1000
01-03-1998 al 28-02-1999 832/1000
01-03-1999 al 29-02-2000 941/1000
01-03-2000 al 28-03-2001 878/1000
01-03-2001 al 28-02-2002 990/1000
01-03-2002 al 28-02-2003 990/1000
01-03-2003 al 28-02-2004 922/1000
01-03-2004 al 28-02-2005 970/1000
01-03-2005 al 31-12-2005 990/1000
01-01-2006 al 30-06-2006 990/1000
13

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
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Registro

01-07-2006 al 31-12-2006 994/1000
01-01-2007 al 30-06-2007 990/1000
01-07-2007 al 31-12-2007 994/1000
01-01-2008 al 30-06-2008 100/100
01-07-2008 al 31-12-2008 98/100
01-01-2009 al 30-06-2009 98/100
01-07-2009 al 31-12-2009 98/100
«01-02-2010 al 31-07-2010» 98/100
01-07-2010 al 31-12-2010 98/100
01-01-2011 al 30-06-2011 94/100
01-07-2011 al 31-12-2011 97/100
01-01-2012 al 30-06-2012 100/100
01-07-2012 al 31-12-2012 100/100
01-01-2013 al 30-06-2013 100/100
01-07-2013 al 31-12-201314 100/100
01-01-2015 al 30-06-2015 90/100
01-07-2015 al 31-12-2015 100/100
01-01-2016 al 30-06-2016 90/100

c) Escrito de 10 de abril de 2015 (f. 2), por medio del que el actor pide de la
accionada el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño,
negada a través de Resolución 5060 de 7 de mayo de 2015, por cuanto al interior
de la entidad no se concede dicho factor por ese criterio (ff. 3 y vuelto).

De las pruebas enunciadas se desprende que el accionante (i) ingresó a la
Superintendencia de Notariado y Registro el 15 de noviembre de 1985; (ii) fue
actualizada su inscripción en el registro público de empleados de carrera
administrativa el 16 de julio de 1998 en el cargo de auxiliar administrativo 5120-
14; (iii) obtuvo, a partir del 1°. de marzo de 2001 calificaciones continuas
superiores al 90% del total de puntos posibles de la evaluación del desempeño;
y (iv) el 10 de abril de 2015 reclamó la prima técnica por evaluación del
desempeño, negada a través del acto acusado, porque en dicha entidad no se
encuentra reglamentado el reconocimiento de tal beneficio por el mencionado
criterio.

Aduce la parte apelante que no es legítimo que la misma Superintendencia
decida y regule los criterios por los que va a conceder la prima técnica, como
sucede con el Acuerdo 36 de 1991; no obstante, considera la Sala que, contrario
sensu, la entidad demandada sí estaba facultada legalmente para regular los
criterios por los que otorgaría ese factor, y como en el caso concreto solo lo hizo
respecto del de formación avanzada y experiencia altamente calificada, es claro
que de manera tácita excluyó para sus empleados su reconocimiento por
evaluación del desempeño.

14
No obran calificaciones del demandante del año 2014.
14

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

En similares términos lo sostuvo esta sección en fallo de 30 de abril de 2020 15,
en un caso de contornos semejantes, al advertir:

Por consiguiente, no comparte la Subsección el argumento de la apelación
según el cual el tribunal erró en su juicio porque, según se infiere de esta,
como el Acuerdo 036 de 1991 no dijo nada sobre el criterio de evaluación
de desempeño la entidad no podía negar el derecho reclamado. Esto, se
reitera, porque la entidad estaba facultada legalmente para regular
internamente si concedía la prima técnica por ambos conceptos, solo por
alguno de ellos o por ninguno, y que en el caso concreto únicamente lo
hizo respecto del criterio de formación avanzada y experiencia altamente
calificada, lo que permite deducir que no previó el reconocimiento y pago
de la prima técnica por evaluación de desempeño.

Así lo enfatizó esta Corporación en [...] la sentencia del 26 de noviembre
de 2018 al sostener en un caso similar a este, que:

«[…]

A partir de lo analizado y aunque en principio podría
considerarse que cumple el requisito previsto por el artículo 5º
del Decreto 2164 de 1991 para el otorgamiento del incentivo
reclamado, esto es, el de desempeñar el cargo en propiedad en
empleos susceptibles de ello, lo cierto es que el criterio por el
cual solicitó su otorgamiento no hace parte de la
reglamentación que para el efecto expidió la Superintendencia
de Notariado y registro (sic), que se encuentra contenida en el
Acuerdo 036 del 31 de octubre de 1991.

Normativa que la reglamentó exclusivamente por el aspecto de
formación avanzada y experiencia en favor de los funcionarios
que desempeñen empleos de los niveles directivo, asesor,
ejecutivo, en su planta de personal, excluyendo las demás
categorías de cargos, lo cual torna en improcedente acceder a
lo pretendido por la actora, por cuanto durante su vinculación
en la entidad demandada únicamente ha ocupado empleos de
los niveles técnico y administrativo.

En ese orden de ideas, y como quiera que esta corporación al
analizar la legalidad del contenido del primero de los artículos
del Acuerdo 036 de 1991, señaló que fue expedido por el
organismo competente y conforme a los límites enmarcados en
los Decretos 1661 y 2164 de 1991, esto es, a las necesidades
específicas del servicio, la política de personal de la entidad y
la sujeción a la disponibilidad presupuestal de la misma, para
la Sala no resulta de recibo lo señalado por el demandante
dentro del recurso de apelación en cuanto a que no es

15
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente: 25000-23-42-000-2016-03355-01(2473-17).
15

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

potestativo de las entidades determinar la concesión del
beneficio pretendido ya que solamente están facultadas para
realizar ciertas precisiones para el otorgamiento del derecho.

Pues como se consideró en la sentencia dictada por esta
Subsección el 30 de julio de 2015 dentro del proceso con
radicación interna 0371-10, el Acuerdo 036 de 1991 fue
expedido dentro del marco señalado por los Decretos 1661 y
2164 de 1991, y que el hecho de que únicamente incluyera el
criterio para la asignación de la prima técnica por formación
avanzada y experiencia no le estaba vedado a la demandada, al
estar facultada para ello por las normas que establecen las
competencias y limitaciones respectivas, que en todo caso se
circunscriben a las necesidades específicas del servicio, su
política de personal y la sujeción a la disponibilidad
presupuestal correspondiente, conforme fue señalado por el a
quo. […]»

En consecuencia, como el Acuerdo 36 de 1991 restringió la aludida prima por el
criterio de evaluación del desempeño, resulta evidente que el demandante no se
hizo acreedor de tal derecho, máxime cuando él se ha desempeñado en el nivel
asistencial y en dicho ente estatal la prima técnica únicamente se encuentra
regulada para los niveles directivo, asesor y ejecutivo con exclusión de las demás
categorías de cargos.

Agrégase a lo anterior que no existe ningún derecho adquirido en favor del actor,
toda vez que, según se ha visto, no causó la referida prima técnica al no tener
evaluaciones superiores al 90% con anterioridad a la entrada en vigor del
Acuerdo 36 de 1991, es decir, que no cumplió los requisitos previstos en el
Decreto 2164 de 1991 durante el lapso que fue aplicable en ese organismo en lo
atañedero a la evaluación del desempeño.

Por otra parte, tampoco se observa que el a quo haya desconocido la
jurisprudencia de esta Corporación, como lo afirma el apelante, pues, según se
ha explicado, en los casos específicos de la Superintendencia de Notariado y
Registro, es clara la tesis en torno a la legalidad del Acuerdo 36 de 1991 y en el
asunto sub examine no son fuente vinculante las sentencias emitidas frente a
otros entes estatales, habida cuenta de que tienen efectos inter partes y en lo
atañedero a la prima técnica es evidente que cada organismo está habilitado para
impartir su propia regulación.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones

16

Expediente: 25000-23-42-000-2015-05495-01 (2089-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando Hermógenes Ortiz Isaza contra la Superintendencia de Notariado y
Registro

sobre el particular, se confirmará el fallo de primera instancia, que negó las
súplicas de la demanda.

Por último, comoquiera que quien se halla legalmente habilitada para ello
confirió poder en nombre de la Superintendencia de Notariado y Registro, se
reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de aquel16.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 30 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), que negó las
súplicas de la demanda incoada por el señor Fernando Hermógenes Ortiz Isaza
contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por las razones expuestas
en la parte motiva.

2º. Reconócese personería al abogado Óscar Mauricio Ortiz Bautista, con
cédula de ciudadanía 91.530.785 y tarjeta profesional 170.837 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Superintendencia de Notariado
y Registro, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de gestión
judicial SAMAI.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

16
Memorial obrante en el sistema de gestión judicial SAMAI, índice 13.
17

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