Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05703-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión ordinaria de jubilación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05703-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05703-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de julio de 2021
PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN / PENSIÓN POR APORTES / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
Para resolver el fondo del asunto le corresponde a la Sala dar aplicación a la regla y a las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. En esta decisión, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables». La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación: El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. […] Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió las siguientes subreglas: La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.» […] De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. […] La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», concebida como un respaldo para que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de jubilación sumando tiempos del uno y otro, ya que las normas que se habían expedido con antelación regulaban en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.
Así, esta se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado, con la condición de que en el primer caso se hubieren efectuado aportes y, en el segundo, realizado cotizaciones. […] [L]a Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse desfavorablemente, toda vez que a la demandante no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación le sea reliquidada teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, como lo deprecó en la demanda, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, el IBL aplicable para el caso concreto corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicio oficial, con la inclusión de los factores salariales percibidos regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que hubiese realizado los correspondientes aportes.
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
[S]i bien se ha reconocido que corresponde actualizar la primera mesada de la pensión de jubilación cuando la prestación no es reconocida al momento que la persona cumple las semanas de cotización y se retira, sino tiempo después cuando cumple la edad exigida para pensionarse, por cuanto con ello se busca lograr la actualización monetaria con base en el índice de precios al consumidor en aquellos casos en los que por alguna razón la prestación no se reconoció en determinado tiempo, lo cierto es que en este caso, aunque la señora (…) se retiró del servicio el 21 de diciembre de 1999 sólo hasta el 31 de mayo de 2014 dejó de efectuar cotizaciones al sistema pensional en forma independiente. Entonces, teniendo en cuenta que la indexación procede a efectos de lograr la actualización monetaria, no puede considerarse que exista depreciación de las sumas de dinero que sirvieron de base para establecer el monto de la pensión, si entre el periodo tenido en cuenta en la liquidación y el reconocimiento pensional no transcurrió el tiempo necesario para que se produzca el fenómeno inflacionario. […] De lo anterior se advierte que Colpensiones liquidó la aludida prestación teniendo en cuenta los tiempos de servicio cotizados con posterioridad a aquellos reportados por la Universidad Francisco José de Caldas, periodos en los cuales se evidencia que la demandante efectuó cotizaciones a pensión en forma independiente y que a la postre fueron reportados por el fondo demandado. En tal sentido, mal haría la Sala en reconocer la indexación de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta que entre la fecha en que la demandante dejó de cotizar al sistema –esto es, el 30 de mayo de 2014– y la de la efectividad del reconocimiento pensional no transcurrió más de un año.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 33 DE 1985 / LEY 71 DE 1988 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 1158 DE 1994
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C. ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-42-000-2015-05703-01(2983-18)
Actor: GLORIA PILAR HURTADO JIMÉNEZ
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
Referencia: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL - INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 1.º de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, mediante apoderado, solicitó la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) GNR 94485 del 27 de marzo de 2015 expedida por el gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez; y ii) VPB 55878 del 6 de agosto de 2015 emitida por el vicepresidente de beneficios y prestaciones de Colpensiones, a través de la cual se decidió el recurso de apelación en contra de la resolución anterior.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y, en aplicación de los artículos 11, 36 y 288 de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005; ii) indexar la primera mesada teniendo en cuenta que los factores percibidos corresponden al año de 1999 y que su reconocimiento sea a partir del 21 de abril de 2013; y iii) tener en cuenta el tiempo de servicio cotizado en el sector público y privado hasta el 21 de diciembre de 1999.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) La señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez nació el 21 de abril de 1958.
ii) Mediante Resoluciones 183 de 26 de abril de 2000 y 256 de 9 de mayo de 2000, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación a la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, a partir del 22 de diciembre de 1999.
iii) En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, demandó los actos administrativos que reconocieron la pensión de jubilación a la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia proferida el 2 de octubre de 2008, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en providencia de 12 de abril de 2012.
iv) El 13 de mayo de 2014, la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes.
v) La entidad, mediante Resolución GNR 327973 del 23 de septiembre de 2014, negó la solicitud. En contra de esa decisión, la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación.
vi) Colpensiones expidió la Resolución GNR 94485 del 27 de marzo de 2015, mediante la cual revocó la decisión recurrida y, en su lugar, reconoció a la demandante una pensión de vejez en un monto de $1.205.719, a partir del 1.º de junio de 2014.
vii) El 20 de abril de 2015, la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión con fundamento en que la pensión debía ser liquidada con el 75 % de lo devengado dentro del último año de servicios.
viii) Mediante Resolución VPB 55878 del 6 de agosto de 2015, Colpensiones confirmó la Resolución GNR 94485 del 27 de marzo de 2015.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 11, 13, 23, 25, 29, 46, 48, 53, 58 y 125 de la Constitución Política; 1, parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 1 de 2005; 7 de la Ley 71 de 1988; 1 y 3 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 11, 36, 115 y 288 de la Ley 100 de 2003; 1 de la Ley 797 de 2003; y 6, literal a) del Decreto 813 de 21 de abril de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los siguientes argumentos:
i) La señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez tenía 37 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que la hace beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la referida ley.
ii) En el ingreso base de liquidación no era necesaria la inclusión de los tiempos cotizados con posterioridad al 21 de diciembre de 1999 –fecha en la cual se produjo el retiro definitivo del servicio en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas– toda vez que, la señora Hurtado Jiménez ya había cumplido más de 20 años de servicio, por lo que sólo bastaba el cumplimiento del requisito de la edad para acceder a la pensión de jubilación por aportes como lo establece el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
iii) Como consecuencia de lo anterior, la mesada pensional le debe ser reliquidada en un monto del 75 % del promedio de todos los valores percibidos durante el último año de servicio, conforme lo certificado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el 3 de junio de 2014.
1.2. Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:
i) La entidad garantizó los derechos de la demandante en la actuación administrativa porque, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición.
ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el monto de la pensión son los contenidos en el Decreto 1158 de 3 de junio de 1994. «[N]o es posible [la indexación de la primera mesada pensional], toda vez que no hay procedencia a la reliquidación de la pensión».
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 1.º de febrero de 2018, dispuso:
PRIMERO. Declárase la nulidad de las Resoluciones Nos. GNR 94485 de fecha 27 de Marzo de 2015, por la cual se revoca en todas y cada una de sus partes la Resolución Nº GNR 327973 del 23 de septiembre de 2014, proferidas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, que le negaron la reliquidación y la indexación de la primera mesada a la señora GLORIA DEL PILAR HURTADO JIMÉNEZ […].
SEGUNDO. ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho, que COLPENSIONES reliquide la pensión de la actora en los términos de la Ley 71 de 1988, conformando su IBL con todos los factores sobre los cuales efectivamente cotizó, a partir del 21 de abril de 2013, por ser esta la fecha en que cumplió el status pensional.
TERCERO. ORDÉNASE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a que actualice la primera mesada pensional de la actora entre el 21 de diciembre de 1999 –fecha de retiro del servicio– y el 21 de abril de 2013 –cuando cumplió 55 años de edad–, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
Las sumas que resulten a favor de la demandante por concepto de la reliquidación por inclusión de factores salariales e indexación de la primera mesada ordenados en la sentencia, igualmente se ajustarán en su valor, dando aplicación a la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
i) La señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez está amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, su pensión debe ser reliquidada conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
ii) En atención al inciso 3.º del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, la reliquidación debe corresponder al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio y no por todo lo percibido como lo reclama la demandante. Además, en consideración a que la señora Hurtado Jiménez cumplió los 20 años de servicio en el año 1999 y que sólo le faltaba la edad para hacerse acreedora de la pensión, es posible que deseche los tiempos laborados sobre los cuales cotizó con posterioridad.
iii) Procede la indexación de la primera mesada pensional en consideración a que la demandante se retiró del servicio oficial el 21 de diciembre de 1999, y cumplió 55 años de edad el 21 de abril de 2013; por lo que entre una y otra fecha transcurrieron cerca de 14 años, lo que generó la depreciación de las sumas de dinero devengadas al retiro. Decisión que se ajusta a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia SU – 120 de 2003.
1.4. El recurso de apelación
Colpensiones, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
i) El ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993 para quienes hagan parte del régimen de transición y les faltare más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es el establecido en el artículo 21 de la referida ley, esto es, el promedio de lo cotizado durante los 10 años que anteceden al reconocimiento pensional. Al respecto, se deben tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, especialmente los establecidos en las sentencias C - 258 de 2013, SU - 230 de 2015 y SU - 427 de 2016, según los cuales el régimen de transición sólo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el ingreso base de liquidación.
ii) Mediante Circular Conjunta 021 de 2017, la Procuraduría General de la Nación invitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del Trabajo y a las entidades administradoras del régimen de prima media a dar aplicación a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y les sugiere «evitar interpretaciones que puedan ir en contravía de la posición unificada por la Corte Constitucional».
iii) El propósito de los artículos 14 y 143 de la Ley 100 de 1993 es ordenar el reajuste anual con base en el índice de precios al consumidor de las pensiones, una vez son reconocidas; de forma que no contempla el reajuste de los salarios sobre los cuales se calculó la primera mesada pensional para el reconocimiento de la pensión de vejez. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha señalado que indexar la primera mesada pensional implicaría actualizar derechos que no son exigibles, puesto que al cumplir el requisito del tiempo de servicios tan solo se encontraba frente a un derecho eventual toda vez que la obligación estaba condicionada al cumplimiento del requisito de la edad. Reconocerlo implicaría realizar una indexación general de los salarios y bases de liquidación de todas las prestaciones, lo cual tendría fatales consecuencias jurídicas y económicas.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio.
1.5.2. La demandada
Colpensiones, por intermedio de su apoderado, solicitó revocar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto según se desprende de la constancia secretarial de 3 de diciembre de 2020.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se circunscribe a establecer i) si la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, de conformidad con la Ley 71 de 1988, con la inclusión de todos los factores salariales cotizados en el último año de servicios; y ii) si la demandante tiene derecho a la indexación de la primera mesada pensional entre el 21 de diciembre de 1999 «fecha en la cual se produjo el retiro definitivo del servicio en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas» y aquella en que cumplió 55 años de edad.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Para resolver el fondo del asunto le corresponde a la Sala dar aplicación a la regla y a las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. En esta decisión, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso:
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. […] el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
[…]
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.
2.2.2. Del IBL de los beneficiarios de la pensión por aportes
La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», concebida como un respaldo para que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de jubilación sumando tiempos del uno y otro, ya que las normas que se habían expedido con antelación regulaban en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores. Así, esta se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado, con la condición de que en el primer caso se hubieren efectuado aportes y, en el segundo, realizado cotizaciones.
Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 y posteriormente por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que señaló en su artículo 8. °, en relación con el monto, que sería equivalente al 75 % del salario base de liquidación. Y en cuanto al ingreso base de liquidación, el artículo 6 del citado decreto preceptuaba que sería el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley. Además, precisó que si la entidad de previsión era el ISS «se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente».
La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección mediante sentencia del 15 de mayo de 2014, por considerar que desconocía la finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio legislativo.
Conforme a lo expuesto, comoquiera que la norma referida había cobrado vigencia a partir del tal declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es, que se debía liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los aportes durante el último año de servicios, criterio que resultaba igualmente acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, la cual, en relación con el periodo y el ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, había sentado la tesis de la liquidación de la pensión en el 75% de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios.
No obstante, resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, sea recogida, ajustada e interpretada armónicamente, en todo, a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de este, y que, el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de remplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.
La anterior conclusión responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de remplazo del régimen anterior, y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.
Así, el contenido y la regla y subreglas que expuso la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter vinculante y obligatorio. En este sentido, cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 2011 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10.° de la Ley 1437 de 2011, ordenó a las autoridades dar aplicación uniforme de las normas a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la mano de las sentencias de unificación jurisprudencial, y entendió que dicho precepto no hizo otra cosa que reconocer a la jurisprudencia de las altas cortes el carácter de fuente formal de derecho con efecto vinculante, pues el acatamiento del precedente judicial constituye no solo el presupuesto fundamental del Estado Social y Constitucional de Derecho sino también el desarrollo de sus fines esenciales dentro de los que se encuentran la garantía de la efectividad de principios y derechos, tales como el de la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad.
Conclusión: a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como régimen anterior la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, se deben seguir la regla y las subreglas previstas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación, es decir, que el IBL debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se pueden dar por probados los siguientes:
El 21 de abril de 1958, nació la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez según consta en el registro civil de nacimiento.
El 9 de mayo de 2000, mediante Resolución 256, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación a la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, a partir del 22 de diciembre de 1999.
El 2 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad de las Resoluciones 183 de 26 de abril de 2000 y 256 de 9 de mayo de 2000. El 12 de abril de 2012, el Consejo de Estado confirmó la anterior decisión. Al respecto señaló que de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la señora Hurtado Jiménez es beneficiaria del régimen de transición pensional, pues al momento de su entrada en vigencia en el sector territorial acreditaba 37 años de edad y la cobija la Ley 71 de 1988 pues cumple con más de 20 años laborados en diferentes entidades del sector público y particular; en consecuencia, su estatus pensional «se configurará el 21 de abril de 2013, cuando la demandada cumpla con la edad requerida por la ley».
El 20 de mayo de 2013, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante Resolución 296, excluyó de nómina de pensionados a la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez.
El 23 de septiembre de 2014, mediante Resolución GNR 327973, Colpensiones negó la solicitud de reconocimiento pensional.
El 27 de marzo de 2015, Colpensiones expidió la Resolución GNR 94485, mediante la cual revocó la decisión anterior y, en su lugar, reconoció a la demandante una pensión de vejez por aportes con fundamento en las disposiciones previstas en las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993, y en el Acto Legislativo 01 de 2005, con efectividad a partir del 1.º de junio de 2014. Al efecto señaló que la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez i) es beneficiaria del régimen de transición y, en consecuencia, le es aplicable el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 en cuanto a la edad y tiempo de servicios; ii) el IBL debía ser calculado con el promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años de servicio con inclusión de los factores salariales establecidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994; y iii) adquirió el estatus pensional «el 3 de febrero de 2013». Además, señaló que la solicitante acreditó un total de 1.045 semanas de cotización, toda vez que prestó los siguientes servicios:
ENTIDAD LABORÓ
DESDE
HASTA
NOVEDAD
CAJA DE COMPENS FAMIL CIRCU
19790808
19791005
TIEMPO SERVICIO
FEDEMETAL
19800211
19830115
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19830210
19950630
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19830606
19940906
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19940907
19970516
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19950701
19950704
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19970915
19990505
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19990922
19991219
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19991001
19991029
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19991101
19991129
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19991201
19991229
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
19991220
19991220
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
20000101
20000129
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
20000201
20000229
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
20000301
20000329
TIEMPO SERVICIO
UNI JOSÉ DE CALDAS
20000401
20000429
TIEMPO SERVICIO
UNI SANTANDER
20130401
20130405
TIEMPO SERVICIO
GLORIA HURTADO
20130901
20130930
TIEMPO SERVICIO
GLORIA HURTADO
20131101
20140531
TIEMPO SERVICIO
En la liquidación de la pensión, la entidad calculó los tiempos de servicio entre el 1.º de enero de 1990 y el 30 de mayo de 2014, y tuvo en cuenta que la demandante cotizó sobre, además de la asignación básica, la prima de antigüedad desde julio de 1988 hasta enero de 1995.
El 6 de agosto de 2015, mediante Resolución VPB 55878, Colpensiones confirmó la Resolución GNR 94485 del 27 de marzo de 2015.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, certificó que la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, prestó los servicios a esa entidad entre el 10 de febrero de 1983 y el 21 de diciembre de 1999. Además, certificó que la demandante cotizó por el factor de asignación básica y entre julio de 1988 y enero de 1995 cotizó, además, por la prima de antigüedad. Asimismo, el jefe de la División de Recursos Humanos de la institución educativa certificó que en el último año de servicio la actora devengó sueldo básico, prima técnica, subsidio de transporte, prima de alimentación y prima de antigüedad.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Sobre el IBL de la pensión de la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez
En el presente asunto no está en discusión la condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, que ostenta la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez, debido a que nació el 21 de abril de 1958, lo que significa que para el 30 de junio de 1995, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años. Tampoco se discute su calidad de beneficiaria de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988 en tanto que cumplió a cabalidad con los requisitos que consagra el artículo 7 para obtener este derecho pensional, según lo reconoce Colpensiones en el acto acusado.
Pese a que en el expediente administrativo solicitado por esta Sala en auto de 18 de febrero de 2021 y aportado por Colpensiones el 12 de marzo de 2021, no contiene los certificados de los tiempos de servicio prestados en entidades del sector público y particular diferentes a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sí se advierte de la información contenida en el acto acusado que la señora Hurtado Jiménez «cumple con más de 20 años laborados en diferentes entidades del sector público y particular». Además, esta última información se corrobora con la certificación aportada por el director de procesos judiciales de Colpensiones que da cuenta que la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez reportó tiempos de servicio en la Caja de Compensación Familiar Compensar, en Fedemetal, en la Universidad de Santander, y que realizó cotizaciones en forma independiente, entre el 1.º y el 30 de septiembre de 2013 y el 1.º de noviembre de 2013 y el 30 de mayo de 2014, tal y como, además, lo reconoce la demandante en su escrito inicial Información que, además, no es objeto de debate en este proceso.
Quiere decir lo anterior, que la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez acreditó el tiempo de cotización establecido en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988 para obtener la pensión de jubilación puesto que, al ser beneficiaria del régimen de transición, alcanzó más de 20 años de servicios y al 30 de junio de 1995 tenía más de 35 años de edad, tal y como lo reconoció el acto acusado.
Así las cosas, comoquiera que adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala concluye que su pensión de jubilación debía liquidarse conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, esto es, con una tasa de reemplazo del 75 % y como le faltaban más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión «el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE», de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior en el entendido de que adquirió el estatus pensional con el cumplimiento del requisito de edad de 55 años, el 21 de abril de 2013.
En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación, sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL en el régimen de transición, en el caso concreto se tiene lo siguiente:
La Resolución GNR 94485 del 27 de marzo de 2015, por la cual se liquidó la pensión de vejez de la demandante, indicó:
Que la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, establecieron que para el cálculo del ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se aplicarán las siguientes reglas:
[…]
Para los que les faltare más de 10 años, el ingreso base de liquidación será calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; es decir, el promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años o el de toda la vida laboral si tuviera 1250 o más semanas, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), según la certificación que expida el DANE.
Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se toman los factores salariales establecidos en el artículo 1º del decreto 1158 del 3 de junio de 1994.
Que los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, establecen que la pensión se reconocerá reunidos todos los requisitos mínimos y será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda disfrutar de la misma; para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada.
[…]
Que de conformidad con la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, las reglas de efectividad de la pensión son las siguientes:
Vinculación al sistema
Efectividad
[…]
[…]
Independiente / Régimen subsidiado
Al día siguiente de la última cotización previo cumplimiento de la edad
[…]
[…]
Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión:
NombreFecha estatusFecha efectividadVALOR IBL 1VALOR IBL 2Mejor IBL% IBLValor mensual pensiónAceptada20 años de servicio y 55 o 60 años de edad con Régimen de Transición Ley 71 de 1988. Legal.3 de febrero de 20131 de junio de 20141.607.6250.00175.001.205.719SI
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. GNR 327973 del 23 de septiembre de 2014, recurrida que negó una Pensión de Vejez a la señora HURTADO JIMÉNEZ GLORIA PILAR, ya identificada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago a favor de la señora HURTADO JIMENEZ GLORIA PILAR, ya identificada, de una pensión mensual vitalicia de vejez, en los siguientes términos y cuantías:
El disfrute de la presente pensión será a partir del 1 de junio de 2014.
Valor mesada a 1 de junio de 2014 = $1.205.719
2015 $ 1.249.848
LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
CONCEPTO
VALOR
Mesadas
$ 12.189.577
Mesadas Adicionales
$ 1.205.719
Descuentos en Salud
$ 1.462.900
Valor a Pagar
$ 11.932.396
ARTÍCULO TERCERO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201504 que se paga en el periodo 201505 en la central de pagos del banco POPULAR C_P 2DA QUINCENA de BOGOTÁ UNICENTRO CL 122 15 A 19. [Resalta la Sala].
Además, en el expediente pensional aportado por Colpensiones, se advierte que en la liquidación que sirvió de fundamento para la expedición de la Resolución GNR 94485 del 27 de marzo de 2015, la entidad tuvo en cuenta que la demandante cotizó, además de la asignación básica, la prima de antigüedad desde julio de 1988 hasta enero de 1995. De acuerdo con lo anterior, se observa que Colpensiones, al liquidar la prestación, aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994. En la liquidación de la pensión, la entidad calculó los tiempos de servicio entre el 1.º de enero de 1990 y el 30 de mayo de 2014, cuyos periodos reportados alcanzaron 10 años, 1 mes y 29 días. Además, definió que la efectividad de la pensión sería a partir del 1.º de junio de 2014, esto coincide con la fecha a partir de la cual, la demandante dejó de realizar cotizaciones al sistema.
En ese orden de ideas, los actos administrativos acusados reconocieron a la demandante como beneficiaria del régimen de transición y determinaron el IBL pensional con sujeción a las reglas definidas por la sentencia de unificación del 28 de agosto 2018. Y comoquiera que la Sala Plena advirtió que las reglas allí decantadas «[…] son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial […]», los efectos de la referida providencia resultan aplicables al derecho pensional de la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez.
Las razones anteriores imponen a la Sala revocar la sentencia apelada toda vez que ordenó la reliquidación pensional con el 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio y no durante los últimos 10 años como lo dispone la Ley 100 y lo ha reconocido esta Corporación en la aludida sentencia de unificación jurisprudencial.
2.4.2. Sobre la indexación de la primera mesada pensional
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal accedió a la solicitud de indexación de la primera mesada pensional entre el 21 de diciembre de 1999, por ser esta la «fecha de retiro del servicio» y el 21 de abril de 2013, cuando cumplió los 55 años de edad. Sin embargo, a juicio de la entidad apelante, no procedía la indexación de la primera mesada pensional por cuanto la norma no contempla este reajuste y porque ello implicaría actualizar derechos que no son exigibles.
Al respecto, esta Sala advierte que si bien se ha reconocido que corresponde actualizar la primera mesada de la pensión de jubilación cuando la prestación no es reconocida al momento que la persona cumple las semanas de cotización y se retira, sino tiempo después cuando cumple la edad exigida para pensionarse, por cuanto con ello se busca lograr la actualización monetaria con base en el índice de precios al consumidor en aquellos casos en los que por alguna razón la prestación no se reconoció en determinado tiempo, lo cierto es que en este caso, aunque la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez se retiró del servicio el 21 de diciembre de 1999 sólo hasta el 31 de mayo de 2014 dejó de efectuar cotizaciones al sistema pensional en forma independiente.
Entonces, teniendo en cuenta que la indexación procede a efectos de lograr la actualización monetaria, no puede considerarse que exista depreciación de las sumas de dinero que sirvieron de base para establecer el monto de la pensión, si entre el periodo tenido en cuenta en la liquidación y el reconocimiento pensional no transcurrió el tiempo necesario para que se produzca el fenómeno inflacionario. En ese sentido, conviene analizar la liquidación efectuada por Colpensiones a efectos del reconocimiento pensional, de conformidad con el documento que obra en el expediente administrativo, que a continuación se transcribe:
TIPO PENSIÓNFECHA INICIALFECHA FINALFACTOR SALARIALVALOR MENSUALVALOR ACUMULADOIBL 1IBL 2COLVEJ0610/02/198330/05/1983ASIGNACIÓN BÁSICA MES16,656.0061,627.000.000.00[…][…][…][…][…][…][…][…]COLVEJ061/01/199030/12/1990ASIGNACIÓN BÁSICA MES84,061.001,008,732.00708,914.000.00COLVEJ061/01/199130/12/1991ASIGNACIÓN BÁSICA MES106,757.001,281,084.001,281,084.000.00COLVEJ061/01/199230/12/1992ASIGNACIÓN BÁSICA MES136,115.001,633,380.001,633,380.000.00COLVEJ061/01/199330/12/1993ASIGNACIÓN BÁSICA MES171,505.002,058,060.002,058,060.000.00COLVEJ061/01/199430/12/1994ASIGNACIÓN BÁSICA MES270,126.003,241,512.003,241,512.000.00COLVEJ061/01/199530/06/1995ASIGNACIÓN BÁSICA MES324,152.001,944,912.001,944,912.000.00COLVEJ061/07/19954/07/1995IBC19,000.002,533.002,533.000.00COLVEJ061/08/199530/09/1995IBC119,000.00238,000.00238,000.000.00COLVEJ061/10/199530/12/1995IBC282,000.00846,000.00846,000.000.00COLVEJ061/01/199630/01/1996IBC282,000.00282,000.00282,000.000.00COLVEJ061/02/199629/02/1996IBC385,000.00385,000.00385,000.000.00COLVEJ061/03/199630/03/1996IBC335,000.00335,000.00335,000.000.00COLVEJ061/04/199630/12/1996IBC338,000.003,042,000.003,042,000.000.00COLVEJ061/01/199730/01/1997IBC338,000.00338,000.00338,000.000.00COLVEJ061/02/199730/05/1997IBC548,000.002,192,000.002,192,000.000.00COLVEJ061/11/199730/12/1997IBC906,000.001,812,000.001,812,000.000.00COLVEJ061/01/199830/03/1998IBC1,035,000.3,105,000.003,105,000.000.00COLVEJ061/04/199830/04/1998IBC204,000.00204,000.00204,000.000.00COLVEJ061/05/199830/08/1998IBC1,246,000.4,984,000.004,984,000.000.00COLVEJ061/09/199830/12/1998IBC1,297,000.5,188,000.005,188,000.000.00COLVEJ061/01/199930/06/1999IBC1,297,000.7,782,000.007,782,000.000.00COLVEJ061/10/199929/10/1999IBC810,000.00783,000.00783,000.000.00COLVEJ061/11/199929/11/1999IBC810,000.00783,000.00783,000.000.00COLVEJ061/12/199929/12/1999IBC810,000.00783,000.00783,000.000.00COLVEJ061/01/200029/01/2000IBC810,000.00783,000.00783,000.000.00COLVEJ061/02/200029/02/2000IBC810,000.00810,000.00810,000.000.00COLVEJ061/03/200029/03/2000IBC810,000.00783,000.00783,000.000.00COLVEJ061/04/200029/04/2000IBC810,000.00783,000.00783,000.000.00COLVEJ061/04/20135/04/2013IBC192,000.0032,000.0032,000.000.00COLVEJ061/09/201330/09/2013IBC2,000,000.2,000,000.002,000,000.000.00COLVEJ061/11/201330/12/2013IBC2,000,000.4,000,000.004,000,000.000.00COLVEJ061/01/201430/05/2014IBC2,000,000.10,000,000.0010,000,000.000.00[…][…][…][…][…][…][…][…]COLVEJ061/01/199030/05/1990PRIMA DE ANTIGÜEDAD5,212.0026,060.007,471.000.00COLVEJ061/06/199030/12/1990PRIMA DE ANTIGÜEDAD5,878.0041,146.0041,146.000.00COLVEJ061/01/199130/06/1991PRIMA DE ANTIGÜEDAD6,746.0040,476.0040,476.000.00COLVEJ061/07/199130/12/1991PRIMA DE ANTIGÜEDAD6,884.0041,304.0041,304.000.00COLVEJ061/01/199230/06/1992PRIMA DE ANTIGÜEDAD8,264.0049,584.0049,584.000.00COLVEJ061/07/199230/12/1992PRIMA DE ANTIGÜEDAD8,760.0052,560.0052,560.000.00COLVEJ061/01/199330/06/1993PRIMA DE ANTIGÜEDAD12,454.0074,724.0074,724.000.00COLVEJ061/07/199330/12/1993PRIMA DE ANTIGÜEDAD20,178.00121,068.00121,068.000.00COLVEJ061/01/199430/06/1994PRIMA DE ANTIGÜEDAD21,011.00126,066.00126,066.000.00COLVEJ061/07/199430/12/1994PRIMA DE ANTIGÜEDAD22,728.00136,368.00136,368.000.00COLVEJ061/01/199530/06/1995PRIMA DE ANTIGÜEDAD25,512.00153,072.00153,072.000.00
De lo anterior se advierte que Colpensiones liquidó la aludida prestación teniendo en cuenta los tiempos de servicio cotizados con posterioridad a aquellos reportados por la Universidad Francisco José de Caldas, periodos en los cuales se evidencia que la demandante efectuó cotizaciones a pensión en forma independiente y que a la postre fueron reportados por el fondo demandado.
En tal sentido, mal haría la Sala en reconocer la indexación de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta que entre la fecha en que la demandante dejó de cotizar al sistema –esto es, el 30 de mayo de 2014– y la de la efectividad del reconocimiento pensional no transcurrió más de un año.
Si bien la jurisprudencia de las altas cortes ha sido pacífica en determinar que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no está obligado a soportar y, en consecuencia, ha desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que recibir sumas de dinero desvalorizadas no va en armonía con el valor real del salario o de la pensión, lo cierto es que en este caso no se evidenció tal desvalorización.
Ahora bien, aunque la señora Gloria Pilar Hurtado Jiménez solicitó que sólo se tuviera en cuenta el tiempo cotizado en el sector público y privado hasta el 21 de diciembre de 1999 por ser esta la fecha en que, a su juicio, cumplió con el requisito del tiempo de servicios, esta Sala no encuentra pruebas que permitan concluir que la demandante alcanzó el aludido límite temporal exigido por la Ley 71 de 1988, el 21 de diciembre de 1999, por cuanto, de conformidad con los tiempos reportados por Colpensiones, a esa fecha sumaba 19 años, 11 meses y 12 días, como se evidencia en la siguiente gráfica:
Entidad
Fecha inicial
Fecha final
Total
Compensar
8 de agosto de 1979
5 de octubre de 1979
1 mes, 27 días
Fedemetal
11 de febrero de 1980
15 de enero de 1983
2 años, 11 meses, 4 días
Universidad Francisco José de Caldas
10 de febrero de 1983
21 de diciembre de 1999
16 años, 10 meses, 11 días
Total
19 años, 11 meses y 12 días
Si bien la señora Hurtado Jiménez afirma, en el escrito de la demanda, que los tiempos de servicio prestados en Compensar iniciaron el 8 de agosto de 1978, lo cierto es que no corresponden con los reportados por Colpensiones y tampoco con los que ella adujo en la solicitud de reconocimiento pensional radicada ante el aludido fondo pensional, en el que señala que prestó sus servicios a la Caja de Compensación Familiar desde el 8 de agosto de 1979. Al respecto señaló:
La suscrita labore (sic) y coticé así:
2.1 Desde el 08/08/79 hasta el 05/10/79 en la Caja de compensación familiar Compensar, habiendo cotizado para pensión desde esa fecha, como lo acredita mi historia laboral anexa. (59 días o 8.42 semanas) [Resalta la Sala].
Además, si lo que la demandante pretendía era que se desecharan los tiempos cotizados con posterioridad a la fecha en que alcanzó el requisito aludido, le correspondía demostrar, a través de un ejercicio aritmético que le permitiera a esta Sala evidenciar, sin lugar a dudas, que la pensión liquidada hasta el cumplimiento del señalado requisito le resultaba más favorable que con el tiempo liquidado en la resolución acusada. Además, la Sala advierte que las cotizaciones realizadas en los años 2013 y 2014 tienen un mayor valor respecto de aquellas cotizadas antes del año 1999. Por otro lado, tal y como lo advirtió Colpensiones en el acto demandado, el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece que para la liquidación de la pensión «se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada»; en tal sentido, esta Subsección encuentra que la orden impartida por el a quo debe ser revocada.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la señora Hurtado Jiménez comoquiera que la decisión apelada por la entidad demandada será revocada y porque parte de la decisión obedece a un cambio jurisprudencial ocurrido en el curso del proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse desfavorablemente, toda vez que a la demandante no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación le sea reliquidada teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, como lo deprecó en la demanda, porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, el IBL aplicable para el caso concreto corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicio oficial, con la inclusión de los factores salariales percibidos regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que hubiese realizado los correspondientes aportes.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser revocada, en tanto ordenó la reliquidación de la pensión con inclusión de los factores cotizados durante el último año de servicios y condenó a la entidad demandada a reconocer la indexación de la primera mesada pensional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 1.º de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Gloria Pilar Hurtado Jiménez, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Como fundamento de la decisión se señaló que la demandante fue pensionada con solo 42 años de edad, en virtud de la Convención Colectiva 1992-1993, la cual «fue expedida sin competencia Constitucional ni legal, al legislar respecto de los requisitos, factores salariales y monto de liquidación de las pensiones de jubilación de los servidores públicos de la Universidad, contrariando el artículo 10 de la Carta, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994, razones por las cuales, la aludida Convención resulta inaplicable». Folios 78 a 99. Folios 109 a 117.
“Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 de 1994”. Folios 131 a 142. Folios 147 a 155. Se refiere a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017. Se refiere a las sentencias del 18 de agosto de 1999, expediente 11818; y 18 de noviembre de 1999, expediente 12133, M.P. Carlos Isaac Nader
Índice 21, aplicativo Samai. Índice 22, aplicativo Samai. Folio 192
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro, M.P. César Palomino Cortés. Por el cual se derogan, modifican y lo adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras disposiciones
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001 03 25 000 2011 00620 00 (2427-2011) M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Como se dijo en la misma sentencia del 25 de mayo de 2017
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01, M.P. César Palomino Cortés. Ley 1437 de 2011. Artículo 270. «Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009». Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 25 de julio de 2012. Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo. En esta providencia con relación a las sentencias de unificación del Consejo de Estado se consideró que: «por su naturaleza se deriva un alto grado de seguridad y certeza. En efecto, es este órgano el definido por la Constitución como máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y órgano de cierre del mismo (CP, 237), y como tal, ostenta el mandato de unificación jurisprudencial en su jurisdicción, condición que le imprime fuerza vinculante a determinadas decisiones que profiere. Restantes decisiones del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, diferente de las de unificación, no cuentan con el poder vinculante de las anteriores, y para el Legislador son las sentencias unificadoras las que válidamente se hallan llamadas a dotar a esta jurisdicción y a la administración en general de reglas de interpretación “claras, uniformes e identificables”, en virtud del mandato constitucional aludido. [...] téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia.
Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado». Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Ley 1437 de 2011. Artículo 10. «Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas». En esta sentencia de señaló: «[…] 11. El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante». Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01, M.P. César Palomino Cortés. Folio 196, documento visible a índice 28, aplicativo Samai. Folios 5 y 6. Folios 7 a 21. Decisión proferida dentro del proceso identificado con el radicado 25000 23 25 000 2004 03095 02(0331-09)
Folios 22 a 38. Folios 39 a 48. Folios 68 y 69. Folios 70 a 73. Folio 161 y 162, documento visible a índice 28, aplicativo Samai. Folios 75 a 77. Índice 28, aplicativo Samai, folio 57. Folios 60 a 63 del documento visible a índice 28, aplicativo Samai. Folio 63. Folio 193
Índice 28, aplicativo Samai. Situación que fue advertida por esta Corporación en el proceso en el que se declaró la nulidad de la pensión reconocida por la institución educativa en la que se realiza esa afirmación «de conformidad con el material probatorio». Decisión proferida dentro del proceso identificado con el radicado 25000 23 25 000 2004 03095 02(0331-09). Índice 31, aplicativo Samai. Folio 80. Folios 70 a 73. Folio 161 y 162, documento visible a índice 28, aplicativo Samai. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 21 de abril de 2005, radicado 25000-23-25-000-2000-06812-01(0709-04), M.P. Ana Margarita Olaya Forero; sentencia de 25 de febrero de 2021, radicado 68001 23 33 000 2014 00381 01 (3673-15) M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de marzo de 2021, radicado 44001 23 33 000 2013 00155 01 (0058-19), M.P. César Palomino Cortés, sentencia de 11 de marzo de 2021, radicado 08001 23 33 000 2015 00007 01(4854-19), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Folio 161 y 162, documento visible a índice 28, aplicativo Samai. Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012; Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL2515-2017 del 15 de febrero de 2017; y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de junio de 2000, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, y sentencia del 10 de julio de 2014, M.P. Gerardo Arenas Monsalve; entre otros.
Folio 164 del documento visible a índice 28, aplicativo Samai
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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