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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05770-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05770-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUE LVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia. Las mismas se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05770-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO C ONTEN CIOS O ADM IN IS TRATIVO
SECC IÓN SE GUNDA – SUB SECC IÓN A
CONS EJER O P ONENT E: GABRIE L VA LBUENA H ERNÁNDE Z

Bogotá, D .C . d iecis iete (17) de febre ro de do s mil vein tidó s (2022)

Radica do : 25000-23- 42-000 -2015- 05770-0 1 (0148- 2018)
Demanda nte: JOS E GILBERT O C IFUENT ES BOT ER O
Demanda do: UNIV ERS IDAD NAC IONAL D E C OLOM BIA

Tema: Declaración de insubsistencia de nombramiento de servidor de libre
nombramiento y remoción – Desviación de Poder

Le y 1437 de 2 011 - Se nt enc ia de segunda insta nc ia

I. ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto
por el señor JOSE GILBERTO CIFUENTES BOTERO contra la sentencia de 18
de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las súplicas de la demanda de la referencia.

II. ANTEC EDENTE S .

2.1 . Pretensiones

2.1.1. José Gilberto Cifuentes Botero, por intermedio de apoderado judicial,
demandó la nulidad de la Resolución 1010 del 1 de junio de 2015, expedida por
el Vicerrector de la Sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia,
mediante la cual se declara insubsistente su nombramiento en el cargo de
Director Administrativo 016204, adscrito a la Vicerrectoría de la Sede de Bogotá,
a partir del 1 de junio de 2015.

2.1.2. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro a un cargo de
igual o superior categoría y el pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta cuando
sea efectivamente reintegrado a la universidad.

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Número interno: 0148-2018
Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

2.1.3. Igualmente, solicitó que las condenas sean indexadas y que si no se
efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquide intereses comerciales y
moratorios; y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
176, 177 y 178 del C.C.A y en especial, a los artículos 187 y 189 de la Ley 1437
de 2011.

2.2 . H echos

En la demanda se narraron los hechos relevantes que a continuación se
resumen:

2.2.1 El señor CIFUENTES BOTERO fue nombrado a través de Resolución 1455
del 17 de noviembre de 1998 en el cargo de Director Administrativo 006004
adscrito a la planta de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede
Manizales.

2.2.2 El día 31 de enero de 2001, mediante Resolución VR-024 el demandante
fue declarado insubsistente y retirado del servicio.

2.2.3 El actor demandó el acto administrativo citado y el Tribunal Administrativo
de Caldas declaró la nulidad del mismo, ordenando el reintegro a un cargo de
igual o superior categoría y el pago indexado de salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta cuando fue
reintegrado, sin solución de continuidad.

2.2.4 El Señor CIFUENTES BOTERO fue reintegrado por Resolución 1170 del
14 de agosto de 2008 en el empleo de Director Administrativo 06004 adscrito a
la Sección de Gestión de la sede Bogotá. Posteriormente, fue nombrado Director
Administrativo 016204 adscrito a la Vicerrectoría Sede Bogotá.

2.2.5 El Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia en sesión
número 7 del 12 de septiembre de 2014 otorgó aval a la estructura de la Sede de
Bogotá para su trámite ante el Consejo Superior Universitario.

2.2.6 El Vicerrector de la Sede de Bogotá por medio de oficio VRS del 29 de
septiembre de 2014 remitió al rector de la Universidad la información de la
modificación de la planta relacionada con cargos a crear o suprimir y perfiles,
anotando que el señor CIFUENTES debía continuar en el cargo que ocupa en
virtud de un reintegro.

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Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

2.2.7 Mediante Acuerdo número 164 del 30 de septiembre de 2014 expedido por
el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia se
estableció la estructura interna académico administrativa de la sede de Bogotá.
En el artículo 4 estableció que la Vicerrectoría de Sede Bogotá estaría
conformada por diferentes dependencias, entre otras, “ 2.7. Dirección financiera
y administrativa”. En el artículo 12 determina las funciones de dicha Dirección y
las dependencias que la conforman; y en el artículo 13 las funciones y estructura
de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico.

2.2.8 El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia
expidió el 12 de mayo de 2015 el Acuerdo 187 del mismo año, “por el cual se da
cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo 164 de 2014 y se dictan medidas
administrativas para su implementación”, suprimiendo en el artículo 2 el cargo de
Director Administrativo 016204 de la Vicerrectoría de la Sede de Bogotá cuya
asignación era de $6.585.616 (contrariando lo expuesto por el Vicerrector) y
creando tres cargos de Jefe de División (logística, obras y administración) cada
uno con una asignación básica de $4.256.858

2.2.9 El señor CIFUENTES BOTERO, en su calidad de Director Administrativo
016204 adscrito a la Vicerrectoría de la Sede, desempeñó aparte de las funciones
esenciales de su cargo establecidas en el manual de funciones ( Resolución
número 1714 de 2010) las asignadas a los cargos de Jefes de División de
Logística, de Obras y de Administración, Mantenimiento y Control de Espacios
Físicos que estableció el Acuerdo 187 de 2015.

2.2.10 A través de la Resolución 1010 del 1 de junio de 2015 se declaró
insubsistente, el nombramiento del señor CIFUENTES BOTERO del cargo de
Director Administrativo 016204 adscrito a la Vicerrectoría Sede Bogotá, a partir
del 1 de junio de 2015.

2.2.11 Por Resolución 1018 del 1 de junio de 2015 expedida por la Vicerrectoría
Sede Bogotá se nombró en propiedad al señor HECTOR CAMILO SALAZAR
SALAMANCA en el cargo de Jefe de División 20403 adscrito a la División de
Administración, Mantenimiento y Control de Espacios Físicos, cargo del cual
toma posesión el 1 de junio de 2015 como se evidencia en Acta número 0355.

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2.1.12 Mediante Resolución 1120 del 18 de junio de 2015 expedida por la
Vicerrectoría Sede Bogotá se comisiona a CARLOS ALFONSO GOMEZ
GUACANEME en el cargo de Jefe de División 20403 adscrito a la División de
Obras, a partir del 22 de junio de 2015.

2.1.13 Mediante Resolución 1158 del 2 de julio de 2015 expedida por la
Vicerrectoría Sede Bogotá se nombró en propiedad a la señora ZULMA YOLIMA
GARZON MONTAÑO en el cargo de Jefe de División de Logística 20403,
posesionándose el 3 de julio de 2015 como consta en acta número 0454.

2.3. Concepto de la violación

El apoderado del demandante consideró como normas vulneradas:

• Artículos 1, 2, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política.
• Artículos 3, 5 y 138 del CPACA.

Como concepto de violación señala los cargos de “falsa de motivación,
desviación de poder y motivos ocultos.”

Manifiesta que la Universidad Nacional de Colombia al expedir la resolución que
declara la insubsistencia de su nombramiento desconoció el principio legalidad
de los actos administrativos por cuanto, no estuvo inspirado en razones de buen
servicio sino en intereses ajenos contrarios a la normatividad.

Destaca el desempeño del actor en sus funciones durante mas de 26 años con
idoneidad, eficiencia y dedicación sin que hubiese sido sancionado, asumiendo
paulatinamente nuevas responsabilidades desde auxiliar administrativo hasta
Director Administrativo.

Resalta la trayectoria del demandante mencionando que fue representante
estudiantil en el Comité Asesor de Carrera, miembro del Consejo de Sede,
Cofundador del Fondo de Empleados de la Universidad Nacional, entre otros,
cursa la Maestría de Ciencia Económicas con un promedio superior a 4.0 , se ha
desempeñado como docente catedrático en varias instituciones universitarias.
Además, de haber realizado innumerables aportes a la Universidad.

Afirma que al señor CIFUENTES BOTERO no se le permitió ejercer las funciones
del cargo sino que hacia de “todero” recibiendo órdenes superiores y

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desarrollando actividades contrarias a las establecidas en el manual de
funciones, tales como, las relacionadas con labores de contratación,
infraestructura, mantenimiento, etc.

Adicionalmente, expresa que fue sometido a acciones de acoso laboral,
discriminación y se vio limitado en su labor, conductas que se pueden constatar
con las pruebas testimoniales solicitadas. La situación llegó a tal extremo que le
pidieron la renuncia a través de un intermediario del rector, ante su negativa, se
preparó su desvinculación, involucrando al Consejo Superior Universitario y al
Consejo Académico, acordando expedir el Acuerdo 187 de 2015 en el que se
suprimía el cargo del demandante.

La remisión del oficio VRS-564 en septiembre de 2014, con el que se solicita la
creación de una serie de cargos para repartir las funciones y actividades que se
encontraban a cargo del señor CIFUENTES, obedeció a fines “netamente
politiqueros y de intereses personales”.

Con ocasión de la campaña electoral para elegir el rector de la universidad para
el periodo 2015 – 2018 se organizaron los tiempos para buscar el momento mas
apropiado, tramitando el Acuerdo ante el Consejo Superior Universitario el 12 de
mayo de 2015, 8 meses después de remitir el oficio.

Manifiesta que en el afán de evitar la ley de garantías le ofrecen el cargo de
División Logística a Jorge Giovanny Suarez Pinilla, quien no lo acepta puesto
que, es un funcionario que se ha caracterizado por su rectitud y quien consideró
una afrenta e injusticia lo que le hacían al señor CIFUENTES BOTERO,
encargando entonces a la señora Zulma Yolima Garzón, para que después de
un montaje de proceso de selección fuera nombrada en propiedad.

Relata que después de la desvinculación del señor CIFUENTES BOTERO las
funciones que él ejercía las desarrollan actualmente tres Jefes de División
(Logística, Obras y Administración, Mantenimiento y Control de Espacios Físicos)
cada uno devengando $4.256.858 para un total de $12.770.574 mientras el actor
tenía una asignación mensual de $6.585.616 presentándose una diferencia en
contra de la universidad de $6.184.968.

Concluye que el acto administrativo acusado fue expedido de manera ilegal con
falsa motivación, desviación de poder y obrando con motivos ocultos ajenos al
buen servicio público.

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2.4 . Contestación de la demanda

La Universidad Nacional de Colombia por medio de apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda1, con fundamento en los siguientes
argumentos:

No se encuentran probadas las causales invocadas de nulidad del acto
administrativo acusado, toda vez que, la declaratoria de insubsistencia se realizó
cumpliendo los requisitos procesales y sustanciales exigidos por la normatividad
y sin violación de los derechos individuales

Argumenta que de conformidad con el Decreto 1950 de 1973 se puede declarar
insubsistente en cualquier momento el nombramiento sin motivar la providencia
de acuerdo con la facultad discrecional que se tiene para nombrar y remover a
los empleados. Se remite al artículo 41 de la Ley 909 de 2004, a falta de causales
de retiro en el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad,
haciendo referencia a la de declaratoria de insubsistencia de los empleos de libre
nombramiento y remoción, concluyendo que el acto de retiro no requiere
motivación por ser producto de la relación intuito personae entre el nominado y
nominador fundamentados en una relación de confianza.

Aduce que para que un acto administrativo adolezca de vicios de nulidad es
necesario demostrar la causal de desviación del poder que lleve al juzgador a “la
convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la
finalidad del buen servicio y se uso con fines distintos a los previstos por la
norma”. En ninguno de los argumentos expuestos por el demandante se presenta
siquiera una prueba que permita romper la presunción de legalidad del acto.

La confianza es un elemento esencial para permitir al jefe de la administración
organizar su equipo, elemento que no perduró en la relación laboral con la nueva
Dirección de la facultad de Ciencias Humanas, luego de las reiteradas quejas de
los funcionarios de la misma unidad que resultaron “soportados en las graves
deficiencias presupuestales del Fondo Especial a cargo.”

Frente a los cargos de (i) la falsa motivación, considera que no se demostró la
existencia de un motivo falso o inexistente o inconducente en la decisión tomada
y (ii) desviación del poder, sostiene que la necesidad de suprimir el cargo se
derivó de los estudios realizados y los argumentos presentados son subjetivos y

1
Folios 111 al 134 del expediente.
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carecen de prueba. Tampoco se señalan cuales fueron los motivos ocultos y en
relación con el supuesto acoso laboral funda su afirmación en las nuevas cargas
laborales sin que haya presentado queja administrativa o judicial, luego es una
“especulación subjetiva”.

Como excepciones presenta las de:

(i) Inexistencia de causal de anulación del acto acusado. En el año 2014 se
elaboró un estudio que sirvió de base para la expedición del Acuerdo 187 de 2015
que en la parte motiva expresa que “ en el marco del proceso de modernización
de la gestión administrativa inmerso en el Plan Global de Desarrollo de la
Universidad Nacional de Colombia, como parte de la estrategia de fortalecimiento
y profesionalización del Talento Humano…”

(ii) Permanencia del buen servicio. En virtud de la restructuración las funciones
fueron modificadas y debieron ser reasignadas y con la designación de los
nuevos funcionarios se mejoró el servicio.

(iii) Determinación de la estructura interna de las dependencias de la
universidad en desarrollo de las facultades conferidas por la autonomía de
origen constitucional y con el debido proceso. No es cierto que la estructura
interna se determinó sin estudio técnico ni que se hubiere hecho para desvincular
al demandante.

(iv) Inexistencia de acoso laboral. Los hechos no fueron puestos en
conocimiento del Comité de Convivencia Laboral.

(v) El cargo desempeñado por el demandante era de libre nombramiento y
remoción, por lo que carece de estabilidad y de los derechos de carrera
administrativa. El cargo de Director Administrativo es un cargo de libre
nombramiento y remoción que en razón a la naturaleza de sus funciones esta
asociado a la confianza, confidencialidad y discrecionalidad del nominador.

(vi) La supresión del cargo es causal legal, autónoma y objetiva de retiro
del servicio de los empleados públicos en Colombia. El Consejo Superior es
la entidad competente para “ Crear, modificar o suprimir …dependencias
administrativas…” por lo que la desvinculación del demandante no deriva de un
acto arbitrario e injusto sino que es causal legal, autónoma y objetiva de retiro del
servicio.

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(vii) Expedición de las reformas a la organización de la administración, con
plena competencia. Es competencia del Rector proponer las modificaciones
internas de la Universidad y la planta de personal requerida, de conformidad con
el numeral 16 del artículo 16 del Acuerdo 011 de 2005, a su vez, es competencia
del Consejo Superior adoptar dichas modificaciones. Estas facultades tienen un
margen de actuación amplio dado que el legislador previó un grado de
discrecionalidad para que las estructuras se ajusten a las necesidades reales y
dinámicas de la administración, permitiendo la movilidad de cargos sin que por
ello se estén extralimitando en sus potestades.

(viii) Excepción de paz y salvo por todo concepto a favor de la Universidad
Nacional de Colombia. La universidad pagó al demandante todo a lo que tenía
derecho por salarios y prestaciones sociales.

(ix) Genérica. Se declare la prosperidad de lo que resulte probado y conduzca a
la confirmación de la legalidad del acto administrativo.

2.5 . Decisiones relevantes en la audiencia inicial2

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que todas las excepciones
propuestas se fundan en argumentos que atacan el fondo del asunto “razón por
la cual serán estudiadas y decididas por la Sala en la sentencia que resuelva el
litigio” y que hasta el momento no encuentra ninguna probada de oficio.

La decisión de excepciones no fue objeto de recurso por ninguna de las
partes.

El litigio fue fijado en los siguientes términos:

« En este proceso se debe determinar si el acto demandado está o no
viciado de nulidad por los cargos expuestos en la demanda, o por los que
encontrare este Tribunal demostrados. En especial se debe precisar si
el demandante, señor José Gilberto Cifuentes Botero tiene o no
derecho al reintegro al cargo que venía desempeñando como Director
Administrativo 016204 adscrito a la Vicerrectoría de la Sede de Bogotá.

En caso de prosperar la pretensión de nulidad, se deberá establecer si el
demandante tiene o no derecho al restablecimiento del derecho solicitado
en la demanda, teniendo en cuenta que dichas pretensiones son
consecuenciales a la de nulidad »

2
Folios 148 a 152 del expediente.
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2.6 . La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la sentencia de 18 de
octubre de 2017 negó las pretensiones de la demanda, con base en los
argumentos que se resumen a continuación:

El artículo 125 de la Constitución Política establece un conjunto de empleos que
por su naturaleza no deben ser proveídos por medio del sistema de carrera, entre
ellos, los de libre nombramiento y remoción. Al contrario, de los cargos de carrera,
el nominador tiene una potestad discrecional dada la relación de confianza que
debe existir entre empleador y empleado.

Realizado el análisis del marco jurídico del régimen de personal de la Universidad
Nacional de Colombia concluye que aun cuando es un ente autónomo en virtud
del artículo 69 de la Carta y cuenta con un régimen especial de personal regulado
por sus propias autoridades administrativas, no escapa a las reglas establecidas
en la Constitución que consagra que los empleos por regla general deben ser de
carrera y excepcionalmente, de libre nombramiento y remoción.

Igualmente, sostiene que las causales de retiro del servicio establecidas
mediante Resolución interna 454 de 1998, no consagran reglas especiales para
los cargos de libre nombramiento y remoción; y que procede la aplicación de la
Ley 909 de 2004 toda vez que, esa misma normatividad remite a la regulación
vigente aplicable a los empleados de la rama ejecutiva del poder público, siempre
y cuando, no contraríe las disposiciones de la Universidad.

Afirma que la supresión del cargo es causa legal de retiro del servicio en
tratándose de empleados de libre nombramiento y remoción del régimen especial
de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, al igual que
la declaratoria de insubsistencia, la cual procede en virtud del Acuerdo 67 de
1996, la Resolución 454 de 1998 en concordancia con la Ley 909 de 2004 y el
Decreto ley 2400 de 1968, cuya aplicación es permitida por la normatividad
interna de la Universidad.

La facultad discrecional de remoción en los cargos citados se realiza mediante
acto no motivado sin que pueda ejercerse de manera arbitraria, por ello, debe
propender por mejorar el servicio y buscar el interés general.

3
Folios 208 al 221 del expediente.
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En relación con los presuntos vicios en los que pudo incurrir el nominador al
solicitarle la renuncia, sostiene que de conformidad con la jurisprudencia
relacionada con la “ renuncia protocolaria” el nominador esta facultado para pedir
o insinuar a los empleados de libre nombramiento y remoción “ la deserción del
cargo” teniendo en cuenta que por la naturaleza de la vinculación no gozan de
estabilidad, y sin tener un fin ajeno al buen servicio e interés general.

Manifiesta que en el caso sub examine el retiro del demandante “ no fue producto
del ejercicio de la facultad discrecional por parte del empleador” sino del acto
administrativo expedido por el Consejo Superior Universitario en el que se
suprimió el cargo, en el marco de un proceso de modificación de la planta del
personal administrativo, no obstante, el Vicerrector de la Sede de Bogotá expidió
la Resolución 1010 de 1 de junio de 2015 en el que declaró insubsistente el
nombramiento del señor CIFUENTES BOTERO. Mediante dicha resolución
simplemente se dio a conocer al actor “ la concreción de su retiro “ por supresión
del empleo.

Frente al vicio de nulidad de falsa motivación no prospera por cuanto, el
Vicerrector la expidió en uso de las facultades conferidas a través de la
Resolución 1494 de 2009 y los fundamentos de hecho corresponden a la realidad
fáctica al basarse en la supresión del cargo al igual que observó la normatividad
vigente.

Por otra parte, en relación con el vicio de desviación de poder aduce que el
demandante no aportó prueba alguna de la cual se pueda inferir que la motivación
fue ajena al buen servicio o que persiguió el favorecimiento de intereses
particulares y políticos. Además, su retiro se produjo no en razón a la facultad
discrecional del nominador sino por la supresión del cargo que ocupaba.

En cuanto a la manifestación del demandante de que el proceso de modificación
de la planta se adelantó con el único fin de desvincularlo del cargo, se desestimó
el argumento toda vez que, (i) los actos administrativos de modificación de la
planta se presumen legales y no fueron acusados (ii) el cargo del demandante
no fue el único que se suprimió, fueron en total 13 cargos y (iii) no se advierte
relación entre el acto administrativo de retiro con la creación de los tres cargos
de libre nombramiento y remoción.

Finalmente, precisa que no se aportó medio de prueba alguno del que se pueda
inferir persecución o acoso laboral, las declaraciones rendidas dieron cuenta de

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la buena prestación del servicio del demandante, que es su deber legal, por lo
que se concluye que el acto demandado se ajusta al ordenamiento jurídico.

2.7. Recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante apeló4 la anterior decisión, con base en los
argumentos que a continuación se resumen:

El acto administrativo proferido por la Universidad Nacional de Colombia
desconoció el principio de legalidad y fue expedido con desviación de poder, por
cuanto existió una fuerte presión de carácter político administrativo tendiente a
desvincular el actor como diera lugar.

Solicita se tengan en cuenta los hechos probados en el expediente, los cuales no
fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal y que permiten
determinar con certeza que existe relación causal entre el acuerdo expedido por
el Consejo Superior de la Universidad y la Resolución número 1010 de 2015,
situación que lleva a concluir que el acto administrativo de retiro esta viciado de
nulidad por la causal de desviación de poder y vicios ocultos.

Como fundamentos del vicio de nulidad presenta los mismos que fueron
esgrimidos en la demanda.

2.8 . Alegatos de conclusión

El apoderado del demandante enumera las pruebas documentales y
testimoniales que obran en el expediente y que respaldan los hechos expuestos
en la demanda.

La entidad demandada insistió en que se demostró que el acto administrativo
acusado se emitió dentro del marco legal vigente y no se probó ninguna causal
de anulación.

Se refirió especialmente a que no existe prueba de: (i) persecución o acoso
laboral o que (ii) la desvinculación obedeciese a fines diferentes a la supresión
del cargo, haciendo especial énfasis en que la prueba testimonial se pronunció
en forma unánime sobre que no se desmejoró el servicio aunque el demandante
se desempeñó con excelentes resultados.

4
Folios 233 a 237 del Expediente.
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Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

Por último, relaciona los hechos con la respectiva prueba que lo acredita dentro
del expediente y reitera los argumentos presentados en la contestación de la
demanda.

El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONS IDE RACION ES

3.1 . Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo,5 el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2 . Marco de análisis de la segunda instancia.

Acorde con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 6, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.3 . Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos por el demandante en el recurso de
apelación, esta Sala deberá determinar si se debe declarar la nulidad de la
Resolución 1010 del 1 de junio de 2015, expedida por el Vicerrector de la Sede
de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la cual se declara
insubsistente su nombramiento en el cargo de Director Administrativo 016204,
adscrito a la Vicerrectoría de la Sede de Bogotá, a partir del 1 de junio de 2015.

Con el anterior fin, deberá analizarse si el acto administrativo que declaró la
insubsistencia está viciado de nulidad por cuanto, fue expedido con falsa de

5
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de
revisión o de unificación de jurisprudencia.
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley […]».
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motivación y/o desviación de poder como lo alega el demandante; para el efecto
se analizará las causales de retiro de los cargos de libre nombramiento y
remoción y la naturaleza del cargo demandado dado el régimen especial de la
Universidad.

3.4 . Marco normativo y Jurisprudencial.

3.4 .1 Nulidad de los actos administrativos.

El articulo 137 del CPCA establece como causales de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, el haber expedido el acto (i) mediante falsa
motivación, o (ii) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

La regla general es que los actos administrativos deben ser motivados, es decir,
deben contener las razones de hecho y de derecho que llevaron a la
administración a tomar la decisión. La falsa motivación, “supone un yerro en la
escogencia o determinación de dichas condiciones.”7

Ahora bien, esta Corporación ha señalado en relación con el vicio de desviación
del poder:

“El Consejo de Estado8 ha señalado que este vicio está referido a la
«…la intención con la cual la autoridad toma una decisión
persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario». En otras
palabras, incurre en desviación de poder cuando el funcionario
ejerce sus atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la
buena marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios,
caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.”9

Para probar este vicio debe demostrar el interesado que el funcionario que
expidió el acto administrativo tuvo una intención ajena al buen servicio o a las
finalidades previstas en las normas, llevando al juzgador a la convicción plena
que ese fue el motivo 10

7
Consejo de Estado Sección Segunda Expediente 11001032500020120031700 (1218-2012)
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, siete (07) de marzo de dos mil trece
(2013), Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12)
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 24 de junio de 2021.
Expediente 08001-23-33-000-2016-00883-01(4078-19).
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del 23 de febrero de 2011. Expediente
170012331000200301412 02 (0734-10)

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3.4 .2 Causales de Retiro del Servicio

Las causales de retiro del servicio de quienes desempeñan un cargo de libre
nombramiento y remoción se encuentran contempladas en el artículo 41 de la
Ley 909 de 2014, el cual establece:

“ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del
servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y
remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los
empleos de libre nombramiento y remoción;
(…)
l) Por supresión del empleo;”

La norma transcrita entre las causales del retiro previstas contempla (i) La
declaratoria de insubsistencia y (ii) la supresión del cargo, dos causas legales
diferentes y autónomas.

La insubsistencia en los cargos de libre nombramiento y remoción surge de la
potestad discrecional del nominador en la provisión y en el retiro del mismo, dado
el grado de confianza que se requiere para su desempeño, por esta razón, el
parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 establece que:

Art 41 “PARÁGRAFO 2o. (…) La competencia para efectuar la remoción
en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado.”

Al respecto esta Corporación ha sostenido:

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de
confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le
permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin
que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra
decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de
desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no
necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de
personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos
estrictamente personales o de confianza.
Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y
parágrafo 2o, establece la facultad discrecional de remover libremente a los
empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción (…)”11
(Subraya fuera de texto)

11
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección B, 18 de
febrero de 2021, Radicación (0417-19). Magistrada Ponente Sandra Lisset Ibarra Velez
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La casual de retiro de la supresión del cargo no tiene origen en la
discrecionalidad del nominador, pues dada la circunstancia que la genera, es
obligatorio para éste producir el acto administrativo de retiro.

Ahora bien, debe precisarse que a pesar de que el acto administrativo
demandado se refiere a la insubsistencias del nombramiento, es indudable que
lo que se produjo fue, no una insubsistencia discrecional, sino una insubsistencia
reglada, es decir, que no se profirió por voluntad del empleador, sino que se utilizó
la figura para declarar el retiro por una causal legal. Por tal razón se examinará
el acto acusado a la luz de la figura de retiro por supresión del cargo.

La Constitución Política prescribe:

“ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado
se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (…)” ( Subraya
fuera de texto)

Conforme con este precepto constitucional, la titularidad de un empleado
público está sujeta a la existencia de un cargo contemplado en una planta
de personal, de tal manera que suprimido un empleo, ipso jure el empleado
queda retirado del servicio, sin importar su condición de libre nombramiento
y remoción, de carrera administrativa o de período.

El Decreto Ley 2400 de 1968 dispone:

“Artículo 28 ARTÍCULO 28. La supresión de un empleo público coloca
automáticamente en situación de retiro a la persona que lo desempeña,
salvo lo que se dispone para empleados inscritos en una carrera.”

Por esta razón, la supresión del empleo consagrada en el artículo 41 literal l) de
la Ley 909 de 2004, aplicable al caso como lo entendió el Tribunal, es una causal
legal de retiro del servicio que no distingue entre empleados de libre
nombramiento y remoción, de carrera administrativa, o de período, salvo en
cuanto a los efectos del retiro para los empleados escalafonados a quienes se
les confiere el derecho de optar por una indemnización o ser reintegrados.

Se reitera, la causal legal de retiro del servicio no es discrecional del nominador,
no cabe inaplicarla por circunstancias de oportunidad o conveniencia.

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La jurisprudencia de la Corporación así lo ha entendido :

“Esta Sala ha reiterado que la supresión de cargos es una causal de retiro
del servicio prevista para los empleados públicos indistintamente si son
de libre nombramiento y remoción, de período fijo o de carrera
administrativa que encuentra justificación en que el interés particular de
los empleados públicos está llamado a ceder ante el interés general de
mejoramiento del servicio.

Por tal motivo, el derecho a la estabilidad laboral no comporta la obligación
de la administración de mantener a un funcionario indefinida e
incondicionalmente en el empleo. Por ello, la Constitución y la ley
conceden a la administración la facultad para suprimir empleos y señalan
el procedimiento respectivo.”12

Ahora bien, la planta de personal se ha entendido como el conjunto de empleos
requeridos para el cumplimiento de objetivos y funciones designados a la
organización Y aunque las plantas de personal tienen vocación de permanencia,
no quiere ello decir que no puedan ser modificadas con el objetivo de mejorar el
servicio o cuando existan motivos de interés general que así lo justifiquen, ni
implica que se esten vulnerando los derechos del trabajador, por cuanto, el
Estado no es estático y por lo tanto, no está obligado a garantizar la permanencia
de los cargos.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional:

“3.2. En virtud de lo dispuesto en los artículos 125 [2] y 209[3] de la carta
política, como lo ha reiterado esta corporación en múltiples oportunidades,
la administración pública tiene la facultad de adecuar su
funcionamiento a las necesidades del servicio; por lo tanto puede crear,
modificar, reorganizar y suprimir los cargos de su planta de personal,
cuando las necesidades públicas o las restricciones económicas se lo
impongan, sin que lo anterior implique el menoscabo del derecho a la
estabilidad laboral que se deriva de la calidad de trabajadores inscritos en
la carrera administrativa. Así, en sentencia T-374 de marzo 31 de 2000, M.
P. Álvaro Tafur Galvis, se indicó:
“Igualmente, no hay duda de que la pertenencia a la carrera administrativa
implica para los empleados escalafonados en ella la estabilidad en el empleo,
sin embargo, esa sola circunstancia no obliga al Estado a mantener los
cargos que éstos ocupan, por siempre y para siempre, pues pueden existir
razones y situaciones que justifiquen la supresión de los mismos. La
estabilidad, como tantas veces se ha dicho, ‘no significa que el empleado
sea inamovible’.”

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Expediente 05001-23-31-000-1998-
01480-01 ( 7404-2005)

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En sentencia C-527 de noviembre 18 de 1994, M. P. Alejandro Martínez
Caballero, se había señalado que “el derecho a la estabilidad, no impide que
la Administración, por razones de interés general ligadas a la propia eficacia
y eficiencia de la función pública, pueda suprimir determinados cargos, por
cuanto ello puede ser necesario para que el Estado cumpla sus cometidos.
Por consiguiente, cuando existan motivos de interés general que
justifiquen la supresión de cargos en una entidad pública, es legítimo
que el Estado lo haga, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera
de los funcionarios ya que éstos deben ceder ante el interés general”. 13
(Negrilla fuera de texto)

Así las cosas ni siquiera la estabilidad en el empleo impide la supresión del cargo
ni el retiro del servicio por esta causa, pues se trata de una causal legal y
autónoma de retiro de los empleados del sector público.

3.5 Análisis del caso concreto

En el caso sub lite está demostrado lo siguiente:

• Mediante Resolución 1170 del 14 de agosto de 2008, el Señor
CIFUENTES BOTERO fue reintegrado en el empleo de Director
Administrativo 0162-04 adscrito a la Dirección de Gestión de la sede
Bogotá, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de 22 de
noviembre de 2007, tomando posesión mediante acta 295 del 15 de agosto
de 2008.14

• A través de la Resolución 681 del 31 de mayo de 2011 fue trasladado el
cargo de Director Administrativo 016204 del cual es titular el señor
CIFUENTES BOTERO de la Dirección de Gestión a la Vicerrectoría Sede
Bogotá.15

• El nombramiento del demandante fue declarado insubsistente por medio
de la Resolución 1010 del 1 de junio de 2015.16

• El 30 de septiembre de 2014 se expidió el Acuerdo número 164 por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia en
el que se estableció la estructura interna académico administrativa de la
sede de Bogotá contemplándose la “Dirección Financiera y
Administrativa”17

• El vicerrector de la Sede de Bogotá por medio de oficio VRS 654 del 29 de

13
Sentencia T 204/11
14
Folios 208 y 222 Cuaderno Antecedentes administrativos del Expediente.
15
Folio 246 Cuaderno Antecedentes administrativos del Expediente.
16
Folio 309 Cuaderno Antecedentes administrativos del Expediente.
17
Numeral 5 del cuaderno de pruebas del expediente aportadas por la Universidad Nacional.
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septiembre de 2014 remitió al rector de la Universidad la información de la
modificación de la planta para la implementación relacionada con cargos
a crear o suprimir y perfiles, anotando que el señor CIFUENTES debe
continuar en el cargo que ocupa en virtud de un reintegro18.

• Mediante el Acuerdo 187 del 12 de mayo de 2015, el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia desarrolló lo previsto
en el Acuerdo 164 de 2014 y dictó medidas administrativas para
implementar la organización interna de la Sede de Bogotá, suprimiendo en
el artículo 2 el cargo de Director Administrativo 016204 de la Vicerrectoría
de la Sede de Bogotá cuya asignación era de $6.585.616 y creando en el
artículo 3, tres cargos de Jefe de División cada uno con una asignación
básica de $4.256.85819

En relación con los testimonios rendidos20 los días 12 y 13 de enero de 2017 en
la audiencia de pruebas se dio fe sobre:

• El buen desempeño del demandante, como jefe de los testigos, realizando
afirmaciones tales como que se “ mejoró el clima laboral”21 se realizó un
trabajo valioso22, era una persona dedicada al servicio23.
• Indagados sobre si conocían el motivo del retiro dos de los testigos, los
señores Rodríguez y Suárez ,manifestaron que no y el señor Navas
informó que por la supresión del cargo.
• A la pregunta de si se desmejoró el servicio por el retiro del demandante
los tres testigos manifestaron que se prestaba en las mismas condiciones.
• No se hizo referencia a ninguna situación de acoso laboral por parte de los
Directivos de la Universidad, solo el señor Suárez menciono “presiones
fuertes“ debido a solicitudes reiteradas de informes, reuniones etc. por
parte de los jefes.

3.5.1 Naturaleza del cargo del cual fue declarado insubsistente.

Con el propósito de determinar la naturaleza del cargo acto administrativo
acusado es necesario revisar primero el régimen de personal de la Universidad
Nacional de Colombia.

18
Folio 328 del Expediente.
19
Folios 100 al 103 del Expediente.
20
Señores Hugo Hernando Rodríguez Guzmán, Jorge Giovanny Suárez, Juan Darío Sánchez
Ramos. Actas de audiencias de pruebas del 12 y 13 de enero de 2017 Folios 163 al 166 y Folios
168 al 173 del expediente, respectivamente. 2 CDs folio 162 y 167.
21
Hugo Hernando Rodríguez
22
Jorge Giovanny Suarez
23
Oscar Javier Navas.
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El artículo 69 de la Constitución Política establece:

“ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
(…)”

A su vez, la Ley 30 de 1992 en su artículo 142 dispone:

“ARTÍCULO 142. Se faculta al Gobierno Nacional para que en un plazo de
seis (6) meses, reestructure al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes) y a la Universidad Nacional de Colombia .
PARÁGRAFO. Mientras se dicta el nuevo estatuto del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y el de la Universidad
Nacional de Colombia, continuarán vigentes sus actuales normas
estatutarias.” (Subraya fuera de texto)

En virtud de la facultad otorgada por esta ley el Gobierno expidió el Decreto ley
1210 de 1993 el cual consagra:

“ARTÍCULO 3. RÉGIMEN DE AUTONOMÍA. En razón de su misión y de su
régimen especial, la Universidad Nacional de Colombia es una persona
jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad
para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar
normas y reglamentos, conforme al presente Decreto.” (Subraya fuera de
texto)
“ARTÍCULO 12. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO. Son funciones del Consejo Superior Universitario: (…)
b) Aprobar o modificar, en dos sesiones verificadas con intervalo no menor
de treinta (30) días, los estatutos general, de personal académico, de
personal administrativo y de estudiantes, con arreglo a lo previsto en este
Decreto;
(…)
f) Crear, modificar o suprimir sedes, facultades, dependencias
administrativas u otras normas de organización institucional y académica.
Cuando pueda afectarse directamente el desarrollo de programas
académicos, se requiera concepto previo del Consejo Académico;
(…)
l) Establecer, a propuesta del Rector, un sistema global y flexible de plantas
de personal académico y administrativo, que tenga en cuenta las estrategias
de desarrollo de las sedes en el contexto del plan global de desarrollo de la
Universidad, así como crear, suprimir o modificar cargos de acuerdo con
dicho sistema y de conformidad de los recursos disponibles. Para el sistema
de planta de personal académico se requerirá concepto previo del Consejo
Académico;

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(…)”
“ARTÍCULO 25. PERSONAL ADMINISTRATIVO. El personal administrativo
vinculado a la Universidad Nacional será: de libre nombramiento y remoción,
de carrera administrativa o trabajadores oficiales.
Son empleados de libre nombramiento y remoción quienes desempeñen
cargos de dirección, confianza, supervisión, vigilancia y manejo. Son
trabajadores oficiales quienes desempeñen labores de construcción de
obras y de jardinería.” ( Subraya fuera de texto)
“ARTÍCULO 26. ESTATUTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. El
estatuto del personal administrativo que adopte el Consejo Superior
Universitario contemplará, entre otros, el régimen de derechos, obligaciones,
inhabilidades e incompatibilidades según su clase de vinculación y el
régimen disciplinario, de conformidad con las normas vigentes, y estará
basado en criterios de selección e ingreso, y promoción por concurso y
evaluación sistemática y periódica.”

El Consejo Superior Universitario con fundamento en las normas expuestas
expidió el Acuerdo 67 de 1996 por el cual adopta el “Estatuto del Personal
Administrativo” el cual establece en su artículo 10 la naturaleza del personal
administrativo de la Universidad clasificándolos en (i) carrera administrativa (ii)
libre nombramiento y remoción y (iii) trabajadores oficiales.

Por su parte, en el artículo 12 determina los empleos de libre nombramiento y
remoción como “Los de dirección, conducción, orientación y asesoría
institucional, cuyo ejercicio implique la adopción de decisiones, políticas o
directrices fundamentales” entre ellos, los del nivel Directivo.

De lo expuesto es dable concluir que el cargo de Director Administrativo que
ostentaba el demandante era un cargo de libre nombramiento y remoción.

3.5.2 Falsa Motivación y desviación de poder.

Aduce el demandante que el acto administrativo por el cual se declaró la
insubsistencia del cargo de libre nombramiento y remoción se expidió con falsa
motivación y desviación del poder toda vez que, no se fundamentó en el
mejoramiento del servicio sino en fines “netamente politiqueros y de intereses
personales”.

Mediante Resolución 1010 de 1 de junio de 2015 se declaró la insubsistencia del
nombramiento del señor CIFUENTES BOTERO expresando en el artículo 1 del
acto administrativo que tal decisión se toma “de acuerdo con los considerandos
de esta Resolución”

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En los considerandos se expresa:

“A través del Acuerdo número 187 de 2015, publicado en el Régimen
normativo, Jurisprudencial y Conceptos – Régimen Legal de la Universidad
Nacional de Colombia, el día 1 de junio de 2015 se suprimió el empleo de
Director Administrativo 016204 LNR adscrito a la vicerrectoría de la Sede
Bogotá.”

De manera que el acto administrativo de insubsistencia del nombramiento del
señor CIFUENTES BOTERO fue motivado en la supresión del cargo razón por
la cual se basa en una causa legal para el retiro del servicio.

Como lo ha sostenido el Consejo de Estado,

“El vicio de nulidad en comento (falsa motivación) se configura cuando se
expresan los motivos de la decisión total o parcialmente pero los argumentos
expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria, lo que puede
suceder en uno de dos eventos a saber: primero, cuando los motivos
determinantes de la decisión adoptada por la administración se basaron en
hechos que no se encontraban debidamente acreditados o, segundo, cuando
habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración
aunque habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente
distinta”.24

La Resolución 1010 del 2015 acusada se profirió con fundamento en el hecho de
la supresión del cargo de Director Administrativo 016204 que de conformidad con
la normatividad vigente, es una causal legal de retiro del servicio (artículo 41
literal l de la Ley 909 de 2004) por lo que, el cargo de nulidad por falsa motivación
no prospera.

Ahora bien, revisado el acervo probatorio que se encuentra en el expediente y
que afirma la parte demandante determina con certeza que el acto administrativo
se expidió con desviación de poder, al existir una especie de confabulación
entre varios directivos involucrando varios órganos administrativos para
desvincularlo mediante la supresión del cargo, no se encuentra ningún medio
probatorio del que se pueda inferir que se dio tal conspiración o que la resolución
se profirió con motivos ajenos al mejoramiento del servicio y causa diferente a la
supresión del empleo que como se ha referido no involucra la discrecionalidad
del nominador sino opera ipso jure.

24
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "B"Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA
VÉLEZ nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-42-000-
2016-03082-01(0399-19)

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Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

El demandante destaca la trayectoria del señor CIFUENTES BOTERO y su
desempeño por más de 26 años con idoneidad, eficiencia y dedicación desde
que inició sus labores como auxiliar administrativo hasta que ocupó el cargo de
Director Administrativo.

La prueba testimonial da cuenta de que durante su desempeño la prestación del
servicio mejoró, recibiendo reconocimiento y felicitaciones, sin embargo también
manifiestan que las condiciones del servicio con su retiro se mantuvieron.

El cumplimiento de las funciones y deberes que son exigibles a todo servidor
público no enerva la facultad que tiene una entidad pública de reorganizarse y
ajustar a sus necesidades su planta de personal ni garantiza estabilidad en los
casos de supresión de su empleo. La necesidad de adecuar las plantas de
personal por sí misma constituye motivos de buen servicio, independientemente
de las circunstancias personales del empleado.

Esta Corporación así lo ha señalado:25

[L]a supresión de empleos se debe entender como una causa admisible de
retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra su
sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades
públicas a los requerimientos del servicio. […] [C]uando se retira a un
empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, se
hace porque el empleo específico fue suprimido por un acto administrativo,
lo que sucede cuando la cantidad de cargos desaparece o disminuye, o en
la nueva planta de personal no subsisten cargos con funciones iguales o
equivalentes a los cuales pueda incorporarse el funcionario. […] [E]l derecho
a la estabilidad no impide que la administración por razones de interés
general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública pueda
suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que
el Estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando existan motivos
de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una entidad
pública, es legítimo que el Estado lo haga, sin que pueda oponérsele los
derechos de carrera de los funcionarios ya que éstos deben ceder ante el
interés general.”

El demandante afirma que existió una fuerte presión de carácter “político y
administrativo” para prescindir de los servicios del señor CIFUENTES BOTERO
y fundamenta su manifestación en que se preparó la supresión participando

25
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "B" Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA
VÉLEZ nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-42-000-
2016-03082-01(0399-19).

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Número interno: 0148-2018
Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

mancomunadamente funcionarios directivos e involucrando de manera inocente
al Consejo Superior Universitario con el fin de “ hacer bien la vuelta”. Agrega que
los tiempos de trámite y los intervalos entre la expedición de los actos
administrativos demuestran dichos intereses.

Reposa en el expediente una serie de actos preparatorios26 para la expedición
del Acuerdo 187 que explican los intervalos entre el Acuerdo 164 del 30 de
septiembre de 2014 por el cual se modifica la estructura de la Universidad y el
Acuerdo 187 del 12 de mayo de 2015 que implementa dicha modificación y entre
otros, suprime el cargo que desempeñaba el actor, que no demuestran interés
ilegítimo alguno, sino por el contrario que existió un espacio de deliberación para
el mejoramiento del servicio.

Además, desde el año 2012 el Consejo Superior de la Universidad expidió dos
acuerdos realizando cambios a la estructura interna académico administrativa de
la Universidad Nacional, acuerdos 44 y 45, los cuales fueron suspendidos
mediante Acuerdo 064 de 2012 porque (i) se manifestaron dificultades en su
compresión e implementación, (ii) no es claro el soporte presupuestal de los
cargos que se crean (iii) se debe propiciar los mecanismos para que la comunidad
universitaria intervenga, haciéndose necesario que cada Sede haga el estudio
en el que, entre otros, se presenten propuestas de modificación. Estos acuerdos
demuestran que el proceso de restructuración no fue un acto repentino sino que
fue producto de varios estudios e intentos por mejorar la estructura administrativa
de la Universidad.

Igualmente, afirma que fue sometido a acciones de acoso laboral o
discriminación, pero no presenta pruebas de que ello haya sucedido, la prueba
testimonial solicitada por el demandante no atestiguó sobre esos hechos.

Pero, además de la ausencia de prueba, debe decirse que este cargo podría
tener incidencia en el acto administrativo si se tratara de una insubsistencia
discrecional, pues podría argumentarse alguna conexión con la voluntad del
empleador, sin embargo el acto demandado no fue discrecional del nominador
sino que fue dictado por orden legal, dada la supresión del empleo por
reestructuración de la entidad, ordenada por el Consejo Superior Universitario.

26
Oficio VRS 29 de septiembre de 2014.( folio 18) Oficio VRS 24 abril 2015 (folio 143), Oficio
VRS 12 mayo de 2015, (folio 163) estudio técnico elaborado en octubre de 2014. (folios 193 al
202)
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Número interno: 0148-2018
Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

Es relevante que, el Acuerdo 164 fue proferido por el Consejo Superior
Universitario en uso de sus facultades legales previo el aval del Consejo de la
Sede de Bogotá el 8 de agosto de 2014 y por el Consejo Académico el 12 de
septiembre del mismo año como consta en las consideraciones del mismo
acuerdo27 que no han sido controvertidas.

El Acuerdo 164 de 2014 es un acto administrativo amparado por la presunción
de legalidad, luego correspondía al demandante alegar y probar su ilegalidad,
pero este acto no fue demandado ni se allegó prueba alguna de su contrariedad
con la ley.

En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que de la evidencia aportada no
se puede colegir que se configuró el vicio de falsa motivación o desviación de
poder.

4. Cos tas .

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho28, los llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios
del proceso29 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación..

En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación, se condenará
en costas en segunda instancia a la parte demandante, toda vez que se cumplen
los presupuestos de los numerales 1, y 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso,30 puesto que se ha resuelto desfavorablemente el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y se acreditó que se
causaron, ya que la entidad demandada alegó de conclusión. Las mismas se
liquidarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 366 del Código General
del Proceso.

27
Numeral 5 del cuaderno de pruebas del expediente aportadas por la Universidad Nacional
28
Artículo 361 del Código General del Proceso.
29
Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
30
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este Código. (…).”
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Demandante: José Gilberto Cifuentes Botero

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUE LVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia. Las
mismas se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del
Código General del Proceso.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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