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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00368-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00368-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2020, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor Yamid Eduardo Holguin Obregon en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho 40 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad corresponde al Código General del Proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2016-00368-01 (0953-2021) Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-00368-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00368-01 (0953-2021)
Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Tema: Sanción disciplinaria
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia del 5 de marzo de 2020, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. El accionante solicitó la nulidad: i) del fallo de primera instancia
del 2 de diciembre del 2014, que le impuso el correctivo de con destitución e
inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10 años, ii) de la
decisión de segunda instancia de fecha 7 de marzo de 2015, que confirmó esa
sanción y, iii) de la Resolución nro. 01077 del 31 de marzo de 2015, que ejecutó
esa restricción.

3. A título de restablecimiento del derecho exigió la reincorporación a la institución
policial en el mismo cargo o en uno de superior categoría, con el consecuente pago
de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir, así como la
indemnización de los perjuicios padecidos. Igualmente demandó la indexación de
los valores reconocidos en la sentencia, con sus respectivos intereses moratorios,
y que se prohíba efectuar descuentos por dineros recibidos del erario.

4. Hechos. Se señalaron como tales, los siguientes:

5. El señor Yamid Eduardo Holguín Obregón ingresó a la Policía Nacional el 15 de
junio de 2009. Posteriormente, mediante la Resolución nro. 01077 del 31 de marzo
de 2015, el director general de la Policía Nacional ordenó su retiro del servicio activo
en cumplimiento de la sanción disciplinaria que le fue en los actos sometidos a juicio.

1 Folios 1 y 2 del expediente.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-00368-01 (0953-2021)
Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon

6. La investigación número SIJUR MEBOG 2014-148 fue iniciada a partir de un
informe relacionado con los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2014, en los
que el demandante fue capturado por el presunto porte de aproximadamente 9,6
kilogramos de marihuana al interior de una panadería ubicada en la ciudad de
Bogotá.

7. Con fundamento en ello, la autoridad disciplinaria le endilgó la comisión, a título
de dolo, de la falta gravísima contenida en el numeral 22 del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006, consistente en portar sustancias que produzcan dependencia física,
prohibidas por la ley.

8. Según se estableció en dicho proceso, el señor Holguín Obregón estaba reunido
en una panadería con una fuente humana de información, cuando la persona que
lo acompañaba abandonó el lugar y dejó una maleta en el establecimiento. Minutos
después, uniformados adscritos al CAI “Santa Isabel” verificaron el contenido de ese
equipaje y hallaron en su interior el aludido estupefaciente, por lo que capturaron al
actor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de
porte de estupefacientes.

9. Las autoridades disciplinarias realizaron una valoración incompleta del material
probatorio recopilado, pues los uniformados que practicaron el procedimiento fueron
contestes en afirmar que la maleta no era portada por el demandante ni se
encontraba en su poder, sino que estaba ubicada en el suelo, al lado de donde este
se encontraba sentado. Argumentó que tal conducta no encuadraba en el verbo
rector “portar” previsto en la norma disciplinaria, por lo que la falta atribuida resultaba
atípica.

10. Señaló que los operadores disciplinarios desconocieron los principios de
imparcialidad y valoración integral de la prueba al omitir el análisis conjunto de las
declaraciones rendidas por los policías que realizaron la captura y de las
actuaciones adelantadas por la jurisdicción penal, dentro de las cuales se declaró
ilegal la captura y se dispuso su libertad. A su juicio, tales elementos demostraban
la inexistencia de evidencia suficiente para concluir que llevaba consigo la sustancia
prohibida.

11. Finalmente, afirmó que durante la actuación sancionatoria se le vulneraron sus
derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso, dada la negativa de una
prueba relacionada con la inspección al lugar de los hechos y a que no se le permitió
sustentar oportunamente el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión.
Adujo que los actos demandados se sustentaron en una valoración errónea de los
hechos y las pruebas, lo que condujo a la imposición de una sanción por una
conducta que, en su criterio, no se encontraba acreditada.

12. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 1, 2, 6, 12, 15, 25 y 29 de la Constitución Política;
161 a 195, 124, 138, 154 y s.s. de la Ley 1437 de 2011; Ley 1015 de 2006. Al
exponer el concepto de violación adujo que:

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Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon

13. Los actos disciplinarios acusados vulneraron el principio de legalidad y el debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la
sanción de destitución e inhabilidad general fue impuesta sin que existiera plena
prueba de la conducta reprochada y con desconocimiento de las garantías
procesales que amparaban al investigado.

14. Añadió que el principio de legalidad en materia disciplinaria exige que las faltas
sancionables se encuentren previamente descritas de manera clara, expresa e
inequívoca en la ley, de modo que la autoridad únicamente pueda sancionar
aquellas que encajen plenamente en el respectivo tipo disciplinario.

15. Sin embargo, afirmó que no se acreditó que el demandante hubiera “portado” el
estupefaciente, pues los testimonios recaudados daban cuenta de que la maleta en
la que fue hallada se encontraba en el piso y no era llevada por aquel, circunstancia
que impedía la configuración de la falta prevista en el numeral 22 del artículo 34 de
la Ley 1015 de 2006.

16. Señaló que las autoridades sancionatorias efectuaron una valoración parcial e
incompleta del material probatorio, al omitir el análisis conjunto de las declaraciones
que favorecían la defensa y desconocer circunstancias relevantes derivadas de la
actuación penal adelantada por esos mismos hechos. En su criterio, tales
irregularidades comprometieron los derechos de defensa, contradicción y debido
proceso, pues de haberse apreciado integralmente, la decisión debió ser
absolutoria.

17. Afirmó que los actos demandados se encontraban afectados por falsa
motivación, toda vez que la administración dio por demostrada una conducta que
no fue acreditada dentro del expediente. Indicó que la Policía Nacional asumió que
el demandante portaba estupefacientes prohibidos por la ley, pese a que las
pruebas recaudadas no ofrecían certeza sobre tal circunstancia, ya que no existía
una decisión penal que lo declarara responsable por ese comportamiento.

18. Sostuvo que la demandada incurrió en errores de apreciación probatoria al
concluir que se configuraba una falta gravísima que afectaba el servicio policial,
cuando los elementos de convicción allegados al proceso evidenciaban que la
sustancia no se encontraba en poder del actor. Consideró que las decisiones
cuestionadas fueron edificadas sobre supuestos fácticos inexistentes o
insuficientemente demostrados, lo que desvirtuaba su presunción de legalidad.

19. Finalmente, argumentó que no se configuró el elemento de la ilicitud sustancial,
toda vez que la conducta atribuida al demandante no afectó el deber funcional ni
comprometió los fines esenciales de la función pública. Expuso que el derecho
disciplinario no sanciona el simple incumplimiento formal de una norma, sino
aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro de manera efectiva la función
administrativa y los intereses que esta protege.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-00368-01 (0953-2021)
Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon

20. Bajo esa premisa, sostuvo que la entidad demandada no demostró de qué
manera el comportamiento atribuido al actor produjo una afectación real al servicio
policial o al correcto funcionamiento de la administración. Por ello, concluyó que no
se encontraban acreditados los presupuestos necesarios para imponer una sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general, razón por la que solicitó declarar
la nulidad de los actos acusados.

21. Contestación de la demanda2. Dentro del término legal, la Policía Nacional
ejerció su derecho de contradicción y defensa en los siguientes términos:

22. Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda al considerar que los
actos administrativos sancionatorios fueron expedidos con estricto apego a la
Constitución, la ley y las normas que regulan el procedimiento disciplinario. Sostuvo
que durante la actuación se garantizaron plenamente los derechos de defensa,
contradicción y debido proceso del accionante, razón por la que no existía vicio
alguno que afectara la validez de los fallos sometidos a juicio, ni de la resolución
que ejecutó la sanción impuesta.

23. Indicó que las irregularidades alegadas por el demandante eran inexistentes,
pues la responsabilidad disciplinaria fue declarada con fundamento en el material
probatorio legalmente recaudado y valorado dentro de la investigación. En
consecuencia, afirmó que no había lugar a declarar la nulidad de los actos acusados
ni, por ende, a ordenar el reintegro del actor al servicio activo de la institución.

24. Respecto de las pretensiones económicas, señaló que tampoco procedía el
reconocimiento de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados
de percibir, toda vez que carecía de fundamento la solicitud de reintegro. Agregó
que, aun en el evento de prosperar dicha pretensión, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado ha establecido que las condenas derivadas
de la desvinculación de servidores públicos deben sujetarse a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, fijando límites indemnizatorios que no pueden
exceder los veinticuatro (24) meses.

25. Por lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados
conservaban incólume su presunción de legalidad y solicitó negar en su integridad
las pretensiones formuladas por la parte actora. Propuso como excepciones las
denominadas como «actos administrativos ajustados a la Constitución y la ley»,
«inexistencia de irregularidades que los afecten de nulidad», y «de la indebida
oportunidad para invocar y solicitar la presunta nulidad».

26. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 5 de marzo de 2020, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la
demanda. Con tales fines, concluyó que:

2 Folios 270-291, ibidem.
3 Actuación visible en el índice 28 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-00368-01 (0953-2021)
Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon

27. No se configuraron los cargos de nulidad formulados contra los actos
disciplinarios demandados. En relación con la alegada vulneración de los principios
de legalidad y tipicidad, consideró que la conducta atribuida al señor Yamid Eduardo
Holguín Obregón sí se adecuaba a la falta gravísima prevista en el numeral 22 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, referente a portar sustancias que, prohibidas
por la ley, produzcan dependencia física.

28. Precisó que el verbo rector “portar” no se limita a llevar un objeto adherido al
cuerpo o sostenido en las manos, sino que comprende también tenerlo consigo bajo
su esfera de dominio y control.

29. Como soporte de esa afirmación, el tribunal tuvo en cuenta las declaraciones
de los uniformados que realizaron el procedimiento policial, quienes manifestaron
que la maleta que contenía el estupefaciente se encontraba al lado del demandante,
aproximadamente a cinco centímetros de distancia. Asimismo, adujo que el actor
tenía pleno conocimiento de la existencia de la maleta y de su contenido,
circunstancia que permitió inferir razonablemente que la portaba, pese a que no la
tuviera físicamente en sus manos al momento del requerimiento policial.

30. El a quo también analizó la versión de la demanda según la cual la maleta
pertenecía a un supuesto informante y que el demandante se encontraba
adelantando un procedimiento propio de sus funciones de policía. Sin embargo,
concluyó que tales afirmaciones no fueron acreditadas dentro del proceso. Para ello,
dio plena credibilidad a las declaraciones de sus superiores jerárquicos, quienes
indicaron que el actor no se encontraba desarrollando ninguna misión oficial ni
procedimiento autorizado para la fecha de los hechos. Igualmente, tuvo en cuenta
que nunca se logró establecer la identidad ni la existencia del supuesto informante
al que se atribuía la propiedad de la maleta.

31. Respecto del cargo relacionado con la indebida valoración probatoria, concluyó
que las autoridades disciplinarias apreciaron de manera integral las pruebas
allegadas al expediente y que la responsabilidad disciplinaria no fue declarada a
partir de simples conjeturas, sino con fundamento en testimonios, entrevistas y
demás elementos de convicción legalmente incorporados a la actuación. Por ello
descartó que se hubieran desconocido los principios de imparcialidad, contradicción
o valoración conjunta de la prueba.

32. Frente a la alegada falsa motivación, el tribunal concluyó que los actos
acusados estaban debidamente sustentados en los hechos y en las pruebas
recaudadas. Explicó que la declaratoria de ilegalidad de la captura y la inexistencia
de una sentencia penal condenatoria no impedían la determinación de
responsabilidad disciplinaria, dado que ambas actuaciones son autónomas e
independientes y persiguen finalidades distintas. En consecuencia, consideró que
la ausencia de una condena penal no desvirtuaba las conclusiones alcanzadas
dentro del proceso sancionatorio.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-00368-01 (0953-2021)
Demandante: Yamid Eduardo Holguin Obregon

33. De igual manera, concluyó que no se vulneraron los derechos de defensa y
debido proceso por la negativa de practicar la visita especial al lugar de los hechos.
Señaló que el demandante tuvo la oportunidad de interponer y sustentar los
recursos de reposición y apelación contra dicha decisión, los cuales fueron resueltos
por las autoridades competentes. Además, estimó que el expediente contaba con
suficientes medios de prueba para establecer las circunstancias relevantes del caso,
por lo que la práctica de dicho medio probatorio no resultaba determinante para
modificar la decisión adoptada.

34. Finalmente, la Sala aseguró que sí se configuró la ilicitud sustancial de la
conducta, pues el comportamiento atribuido al actor afectó el deber funcional
inherente a su condición de miembro de la Policía Nacional. Consideró que portar
una sustancia prohibida por la ley contraría de manera directa las funciones
constitucionales y legales asignadas a la institución, especialmente aquellas
relacionadas con la preservación del orden público, la prevención del delito y la
protección de la legalidad. Por ello, estimó acreditada la afectación de la función
pública y confirmó la legalidad de los actos disciplinarios demandados, razón por la
cual negó las pretensiones de la demanda.

35. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del
demandante la recurrió en apelación en los siguientes términos:

36. El tribunal acogió únicamente los elementos de prueba que sirvieron de
fundamento para declarar la responsabilidad disciplinaria, sin valorar aquellas que
favorecían al investigado. La decisión mantuvo las mismas irregularidades en que
incurrieron los operadores sancionatorios y desconoció circunstancias relevantes
que, de haber sido apreciadas de manera integral, habrían conducido a una decisión
absolutoria.

37. Dentro del expediente no existía prueba que demostrara de manera cierta que
el señor Yamid Eduardo Holguín Obregón hubiese sido autor de la conducta por la
cual fue sancionado. Indicó que la demandada no analizó el contexto real en que
ocurrieron los hechos y omitió valorar adecuadamente las declaraciones rendidas
por los uniformados que practicaron la captura, quienes afirmaron que la maleta que
contenía la sustancia estupefaciente no estaba en las manos ni adherida al cuerpo
del disciplinado, sino ubicada en el piso, debajo de la mesa y al lado de donde este
se encontraba sentado.

38. Insistió que en el proceso disciplinario se desconocieron los principios de
imparcialidad y valoración integral de la prueba previstos en los artículos 129 y 141
de la Ley 734 de 2002, pues no investigaron con igual rigor las circunstancias que
favorecían al disciplinado, ni apreciaron conjuntamente los medios de convicción
incorporados en el expediente. A su juicio, si los testimonios y las actuaciones
adelantadas por la jurisdicción penal hubiesen sido valoradas en su integridad,

4 Folios 395-399, ib.

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necesariamente se habría concluido que la conducta era atípica y que no procedía
la destitución.

39. Reiteró que la conducta atribuida no encajaba en la falta disciplinaria prevista
en el numeral 22 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, pues el verbo rector “portar”
implica llevar consigo la sustancia prohibida, es decir, tenerla adherida al cuerpo o
bajo tenencia directa. En su criterio, como la maleta que contenía la marihuana se
encontraba en el suelo y no era llevada por el actor, no se configuraban los
elementos objetivos del tipo disciplinario, razón por la cual la conducta resultaba
atípica.

40. Adujo que la principal omisión de la demandada consistió en sancionar al
accionante por una falta que no se encontraba acreditada. Reprochó que, pese a
existir prueba de que la sustancia no era llevada consigo por el investigado, se
mantuviera la imputación disciplinaria y se impusiera la sanción de destitución e
inhabilidad general. Lo que vulneró los derechos de defensa y debido proceso, dado
que la valoración conjunta de las pruebas debía conducir a la absolución y no a una
declaratoria de responsabilidad.

41. También cuestionó la negativa de la visita especial al lugar de los hechos,
solicitada durante la etapa probatoria, al considerar que dicha prueba era necesaria
para establecer la ubicación exacta de la maleta y determinar si realmente se
encontraba bajo el dominio del disciplinado. Señaló que, aunque interpuso los
recursos procedentes contra esa decisión, las autoridades disciplinarias no
garantizaron adecuadamente el ejercicio de su derecho de defensa, circunstancia
que, a su juicio, constituyó una vulneración adicional al debido proceso.

42. Afirmó que las decisiones cuestionadas desconocieron el principio de necesidad
de la prueba previsto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, toda vez que no
existían evidencias que generaran certeza sobre la existencia de la falta y la
responsabilidad del investigado. Sostuvo que las conclusiones alcanzadas por los
operadores disciplinarios se edificaron sobre inferencias y apreciaciones subjetivas,
sin que se hubiera desvirtuado plenamente la presunción de inocencia que lo
amparaba.

43. Finalmente, indicó que se debe ejercer un control pleno e integral sobre los
actos demandados y verificar si durante la actuación se respetaron los derechos
fundamentales del investigado y si las pruebas fueron adecuadamente valoradas.
Bajo ese entendido, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

44. La admisión del recurso5. Mediante auto del 27 de mayo de 2021 se admitió
la alzada. Posteriormente, en providencia del 27 de agosto de 2021, se corrió

5 Actuación visible en el índice 3 y 8 de la plataforma SAMAI.

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traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que presentaran sus
alegatos de conclusión y concepto de fondo, respectivamente.

45. Dentro del término legal, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación. Por su parte, la parte demandada repitió los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda6. El Agente del Ministerio Público
guardó silencio.

46. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

47. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.

48. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
entidad recurrente, se debe establecer si:

49. ¿La conducta atribuida al demandante fue correctamente subsumida en la falta
gravísima prevista en el numeral 22 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 o, por el
contrario, es atípica, por no acreditarse que portara el estupefaciente hallado en el
lugar de los hechos?

50. ¿Los operadores disciplinarios vulneraron los derechos al debido proceso y
defensa del actor al valorar indebidamente las pruebas, omitir dar credibilidad a los
elementos probatorios que le eran favorables, negar una prueba relevante para la
defensa y proferir decisiones presuntamente falsas o insuficientemente motivadas?

51. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

52. Los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria.

53. La tipicidad. Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1015 de 2006, el
derecho disciplinario detenta una doble funcionalidad, pues no solo busca prevenir
sino también corregir todas aquellas conductas que afectan la buena marcha de la
administración pública y, de contera, garantizar la efectividad de los fines y
principios previstos en la Constitución Política, la ley y demás instrumentos que
conforman el ordenamiento jurídico9.
6
Actuación visible en el índice 13 y 14, ejusdem.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,

la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los

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54. Para alcanzar esos objetivos, en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002 se
concibió la falta disciplinaria como:

«[…] la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en
este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio
de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el
artículo 28 del presente ordenamiento».

55. Por consiguiente, la configuración de la falla disciplinaria demanda la
existencia previa de un catálogo de derechos, deberes y funciones, así como de los
regímenes de prohibición, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
conflictos de intereses.

56. A esta preexistencia, fruto del debido proceso y del principio de legalidad
se le denomina «tipicidad»10 e implica la determinación completa, clara e
inequívoca por parte del legislador, de las conductas a sancionar, de modo que se
les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones
prohibidas y, además, las sanciones que ameritan su realización. En sentencia C-
030 de 2012,11 la Corte Constitucional expresó:

«En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo esta obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones». (Sic)

57. Corolario, la «tipicidad», además de exigir del legislador su determinación
completa, clara y concreta, también demanda del respetivo operador disciplinario
un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta investigada se
subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

58. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el campo del
derecho disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos

servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
10 En el artículo 3 de la Ley 1015 de 2006 se establece «[e]l personal destinatario de esta ley, será investigado

y sancionado por conductas que estén descritas como faltas disciplinarias en la ley vigente al momento de su
realización.»
11 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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constitutivos de fallas. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos
y/o en blanco en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor
público, mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la
respectiva función pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que
deben ser respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de
su incumplimiento.

59. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de
contar con un listado detallado de comportamientos que se
subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo,
integrado por todas las disposiciones en las que se consagren
deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias
se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la
función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes
o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”12 […]

60. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria
hace referencia a una regulación genérica con una textura abierta que, por tanto,
requiere de un complemento normativo para su interpretación y aplicación, y en
consecuencia remite para su determinación en concreto a aquellas reglas que
consagran los deberes, obligaciones, mandatos o prohibiciones para los diferentes
servidores públicos.

61. Por su parte, frente a los llamados “tipos en blanco”, ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente13. Así, en principio es válido el establecimiento de
tipos disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos
penales, sin que ello signifique que la imprecisión definitiva en la descripción de la
conducta sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad14.

62. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentra en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior.

12 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
13 Ver Sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999. M.P Alejandro Martínez Caballero.
14 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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63. En este sentido, esa corporación ha reconocido que:

«se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,15 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]»16.

64. Todo lo anterior demanda por parte del operador disciplinario el despliegue de
un juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en
el que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permita determinar con claridad y
certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.

65. La ilicitud sustancial. Se afirmó en el acápite anterior que el carácter
preventivo y correctivo del derecho disciplinario persigue la buena marcha de la
administración y la concreción de los fines y principios que inspiran a la organización
estatal.

66. De ahí que, para el cumplimiento de esos propósitos surja como deber de todos
los servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones oficiales, el
avenimiento a las obligaciones que sus empleos demandan y el respeto de los
pilares que irrigan la función administrativa.

67. No en vano la Constitución Política prescribe que «[n]o habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento» y que «[n]ingún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben»17.

68. Así entonces, cuando se evidencia el incumplimiento de esas obligaciones y/o
la realización de una conducta u omisión que interfiere con el ejercicio adecuado de
la función pública, nace la infracción del deber funcional que reprocha la ley
disciplinaria. Por eso, en el artículo 4.° de la Ley 1015 de 2006 se establece que
«[l]a conducta de la persona destinataria de esta ley será contraria a derecho
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».

69. En este escenario, resulta oportuno precisar que la ilicitud sustancial no
requiere para su configuración la vulneración de un bien jurídico tutelado «como

15 Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,

reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
17 Artículo 122.

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sucede en el derecho penal» o, lo que es lo mismo, que la conducta reprochada
produzca en el plano material un resultado nocivo o dañino frente a ese bien, por
cuanto, en palabras de la Corte Constitucional:

«Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta
disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la
infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen
de la antijuricidad de la conducta»18.

70. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede en el campo del derecho
penal, en el derecho disciplinario solo basta acreditar que con la conducta
reprochada se afectó injustificadamente el ejercicio de la función que constitucional
y legalmente le fue asignada al servidor público y, junto con ella, la buena marcha
de la administración. En sentencia C-452 de 2016, la Corte concluyó:

«En términos del fallo citado “[e]n el derecho disciplinario, el contenido de injusticia
de la falta se agota en la infracción de los deberes funcionales que le asisten al
sujeto disciplinable, es decir, en el desenvolvimiento de actos funcionales sin estricto
apego al principio de legalidad que regula sus actos. Entonces, como la imputación
disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal
vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un
resultado materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una
persona afectada con la comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el
proceso disciplinario no exista una persona afectada con la comisión de la ilicitud
disciplinaria y que no sea posible legitimar a una persona para que intervenga en el
proceso planteando un interés directo y alentando unas pretensiones específicas.
Es decir, en el proceso disciplinario no hay víctimas y ello es consecuente con la
índole de la imputación que en él se formula.»

71. En consecuencia, la ilicitud sustancial se erige como límite a este derecho
sancionador y, a la vez, como justificante de la falta. Por ejemplo, si la conducta
reprochada no guarda relación con el deber funcional propio del servidor público,
habrá que pregonarse la inexistencia del ilícito disciplinario. En cambio, si se prueba
la infracción de los deberes y obligaciones que funcionalmente se encuentran a
cargo del funcionario, contrariando el buen funcionamiento de la administración
pública, se configurará la ilicitud sustancial.

72. La culpabilidad. En cuanto a este elemento de la responsabilidad disciplinaria,
el artículo 11 de la Ley 1015 de 2006 estableció que «[e]n materia disciplinaria
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables
a título de dolo o culpa».

73. Ello significa que el operador disciplinario debe examinar la conducta
reprochada, en orden a establecer si la misma fue ejecutada con dolo, esto es,
«cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción… y quiere su
realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción
[…] ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar»19; o

18 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
19 Artículo 22 de la Ley 599 de 2000.

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con culpa gravísima o grave, frente a las que el parágrafo del artículo 39 ib.
instituyó «[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria
por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime
a sus actuaciones».

74. En sentencia de 6 de febrero de 2020, esta Subsección20, en cuanto a la
estructura general de la responsabilidad disciplinaria, expresó:

«La responsabilidad disciplinaria surge cuando se comprueba la concurrencia de
ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una
estructura que ha sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de
cinco categorías a saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la
ilicitud sustancial y (v) la culpabilidad.

A su vez, las cinco categorías que se acaban de enunciar pueden subdividirse a
partir de tres juicios diferentes: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad;
(ii) el juicio de valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche
para analizar la culpabilidad.

Respecto del primer juicio, es necesario que previamente se determinen: la
capacidad del sujeto disciplinable desde su condición como servidor público o
particular en ejercicio de funciones públicas (capacidad formal), y su imputabilidad
(capacidad material); además de las circunstancias de hecho relativas a la conducta,
las cuales deben demostrarse con las pruebas practicadas en el procedimiento
sancionatorio. De allí, la adecuación típica debe realizarse con la confrontación del
comportamiento probado y el texto legal que consagre la falta disciplinaria.

Si el primer juicio arroja que un sujeto disciplinable e imputable, con su conducta
cometió una falta disciplinaria tipificada en la ley, debe pasarse al segundo, relativo
a la valoración sobre la ilicitud sustancial. Esta, de acuerdo con lo consagrado en
los artículos 4 de la Ley 1015 de 2006 y 5 del Código Disciplinario Único, se
configura cuando la conducta tipificada como falta afecte el deber funcional sin
justificación alguna.

[…]

Ahora bien, a diferencia del derecho penal, para que se configure una infracción
disciplinaria no es necesario un resultado lesivo o dañino a un bien jurídico o al
Estado, sino que se exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los deberes
funcionales encargados al servidor público, que afecten los valores o principios de
la función pública, y la consecución de los fines de la organización política.

[…]

Finalmente, el juicio de reproche en sede de culpabilidad, debe realizarse a partir
de la verificación del nexo psicológico entre el autor de la falta y la conducta
desplegada para su consumación, esto es, si el sujeto disciplinable actuó con dolo
o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al que efectivamente
materializó en la realidad […]»

20 Expediente nro. 3003-2017, C.P. William Hernández Gómez.

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75. El caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.

76. Primer interrogante. ¿La conducta atribuida al demandante fue correctamente
subsumida en la falta gravísima prevista en el numeral 22 del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006 o, por el contrario, es atípica, por no acreditarse que portara el
estupefaciente hallado en el lugar de los hechos?

77. Analizado el expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:

78. Mediante oficio nro. S-2014-011143 del 19 de septiembre de 2014, el mayor
José Fracisco Peña Gómez remitió informe de novedad al jefe de la Oficina de
Control Disciplinario Interno en el que indicó que el día 18 de ese calendario,
uniformados del cuadrante 27 del CAI “Santa Isabel” realizaron un registro en la
panadería “La Camarita”, donde identificaron al patrullero Yamid Eduardo Holguín
Obregón y hallaron junto a él una maleta que contenía aproximadamente 9,6
kilogramos de marihuana, razón por la que fue capturado y puesto a disposición de
la Fiscalía por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

79. Asimismo, se informó que el patrullero debía encontrarse disponible para el
servicio desde las 15:00 horas y que, aunque se comunicó con su superior para
reportar disponibilidad, no tenía asignada ninguna actividad específica al momento
de los hechos. En atención a esta situación, se solicitó el inicio de la correspondiente
investigación disciplinaria conforme a la Ley 1015 de 200621.

80. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2014, el mayor José Fracisco Peña
Gómez informó que el 19 de septiembre anterior la jueza 47 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías decretó la ilegalidad de la captura del señor Yamid
Eduardo Holguin y ordenó su libertad inmediata22. Por lo anterior se expidió la boleta
de libertad nro. 324 de esa misma fecha23.

81. Mediante auto del 22 de septiembre de 2014 se ordenó el inicio de la indagación
preliminar nro. SIJUR P-MEBOG-2014-23224. Dentro de esta se recibieron las
siguientes declaraciones:

82. El intendente Alexander Martínez Santamaría25, jefe directo del demandante
para la época de los hechos, manifestó que el patrullero Yamid Holguín Obregón
había finalizado su primer turno de servicio a las 7:00 a.m. del 18 de septiembre de
2014 y que debía presentarse nuevamente a las 3:00 p.m. Ese día, el uniformado
se comunicó telefónicamente para informar que se encontraba disponible, razón por
la cual se le indicó permanecer atento a la formación, pues no tenía asignada
ninguna actividad específica. Asimismo, señaló que posteriormente fue informado
de la judicialización del patrullero por un presunto caso relacionado con
estupefacientes, situación frente a la cual indicó desconocer las circunstancias en

21 Folio 21 del expediente.
22 Folio 23, Ib.
23 Folio 24, Ib.
24 Folios 25-26, Ib.
25 Folios 35-37, Ib.

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que este se había visto involucrado. Precisó igualmente que Holguín Obregón nunca
le informó que se encontraba en la panadería “La Camarita” desarrollando alguna
actividad de policía judicial y reiteró que para ese momento no le había sido
asignada ninguna misión o procedimiento oficial.

83. Finalmente, explicó que el sector de la denominada “Sexta Antigua” era
frecuentado por personal de la SIJIN debido a su cercanía con las instalaciones de
la unidad y a las facilidades de parqueo, por lo que no resultaba extraño que
funcionarios permanecieran allí mientras se encontraban disponibles para atender
requerimientos del servicio.

84. El subintendente Javier Ricardo Bustos Vasallo26 manifestó que el 18 de
septiembre de 2014, mientras realizaba labores de patrullaje e identificación de
personas junto con el patrullero Cristian Quiroz en la panadería “La Camarita”,
observó al patrullero Yamid Eduardo Holguín Obregón sentado al fondo del
establecimiento. Durante el procedimiento le solicitaron sus documentos y el registro
de una maleta que se encontraba al lado de donde estaba sentado. Al
inspeccionarla encontraron varios paquetes que, por sus características,
correspondían a marihuana. Por tal razón, procedieron a su captura y judicialización.

85. Indicó que, al ser requerido, Holguín Obregón manifestó que la maleta no era
de su propiedad y que pertenecía a un sujeto de tez morena que previamente se
había retirado del lugar. No obstante, luego de verificar con mandos de la SIJIN,
estos le informaron que el patrullero no se encontraba desarrollando ninguna misión
o procedimiento oficial, motivo por el cual continuó con el trámite de captura y puesta
a disposición de la Fiscalía.

86. Asimismo, precisó que la maleta no fue hallada físicamente en poder del
disciplinado ni era llevada en sus manos, sino que se encontraba debajo de la mesa,
junto a él. Explicó que el demandante estaba sentado al lado derecho de la mesa y
la maleta estaba ubicada al lado izquierdo, recostada contra la pared. Igualmente,
señaló que nunca observó al supuesto acompañante sentado junto al patrullero,
aunque recordó haber identificado a una persona de esas características momentos
antes en la parte exterior del establecimiento.

87. Finalmente, afirmó que la captura fue declarada ilegal por la autoridad judicial
debido a que la sustancia no fue encontrada directamente en poder del investigado
y porque existían dudas respecto de su titularidad o posesión, aspecto que
correspondía esclarecer a la Fiscalía dentro de la actuación penal. También
confirmó que el patrullero Cristian Quiroz participó durante todo el procedimiento y
fue quien efectuó el registro de la maleta.

88. El patrullero Cristian Ferney Quiroz Reyes27 manifestó que para el 18 de
septiembre de 2014 se encontraba prestando servicio de patrullaje en el CAI Santa
Isabel de la Estación de Policía Mártires. Relató que, aproximadamente a las 17:45
26 Folios 44-46, Ib.
27 Folios 57-59, Ib.

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horas, ingresó junto con el subintendente Javier Bustos a la panadería “La
Camarita”, donde realizaban labores de identificación de personas. En el interior del
establecimiento observó al patrullero Yamid Eduardo Holguín Obregón sentado en
una mesa y, a su lado, una maleta sobre la cual le solicitó información. El
demandante le manifestó que no era de su propiedad y que pertenecía a una
persona que había abandonado el lugar momentos antes.

89. Indicó que procedió a abrir la maleta y encontró varias pacas cuyo contenido se
asemejaba a marihuana. Señaló que el señor Holguín insistió en que la maleta
pertenecía a otra persona, por lo que mientras él permanecía con el demandante,
el subintendente Bustos se comunicó con mandos de la SIJIN para verificar si se
encontraba desarrollando alguna actividad oficial. Según afirmó, al no lograrse
establecer que estuviera cumpliendo una misión del servicio, se continuó con el
procedimiento de captura y judicialización.

90. Asimismo, precisó que la maleta no fue encontrada físicamente en poder del
demandante, pues se hallaba en el piso, al lado izquierdo de donde este se
encontraba sentado. Sin embargo, explicó que descartaron que perteneciera a otra
persona y que, debido a su proximidad con el investigado, se consideró procedente
su judicialización.

91. El mayor José Francisco Peña Gómez28, quien para la fecha de los hechos
se desempeñaba como jefe encargado de la SIJIN de Bogotá, se ratificó en los
informes suscritos dentro de la actuación disciplinaria. Manifestó que fue informado
sobre un procedimiento de judicialización por porte de estupefacientes que
involucraba al patrullero Yamid Eduardo Holguín Obregón, por lo que se trasladó al
lugar de los hechos, donde observó que unidades de vigilancia adelantaban el
procedimiento tras hallar una maleta que contenía droga y que, según la información
recibida, se encontraba junto al uniformado.

92. Asimismo, indicó que posteriormente tuvo conocimiento, a través del capitán
Carlos Arturo Payome, de una información suministrada por una fuente humana
según la cual se iba a realizar una negociación irregular de marihuana por parte de
un funcionario de la SIJIN en inmediaciones de la Sexta Antigua, precisamente en
el sector donde fue capturado el demandante. Señaló que dicha información fue
comunicada antes de la captura y que posteriormente coincidió con los hechos
ocurridos ese día.

93. Igualmente, afirmó que no recibió información por parte del patrullero Holguín
Obregón ni de sus superiores inmediatos acerca de la ejecución de algún
procedimiento policial a su cargo. Por el contrario, le fue informado que el
uniformado debía presentarse a las instalaciones de la SIJIN a las 15:00 horas para
permanecer disponible para el servicio y atento a eventuales requerimientos
institucionales.

28 Folios 72-74, Ib.

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94. Finalmente, expresó que, desde una perspectiva lógica y propia de la
experiencia policial y judicial, resultaba difícil aceptar que un funcionario
permaneciera junto a una maleta que contenía varios kilogramos de marihuana sin
conocer su procedencia o contenido. Agregó que tampoco resultaba razonable que
una persona encontrara un elemento de esas características en un establecimiento
público y no informara de inmediato a las autoridades sobre tal situación.

95. El capitán Carlos Arturo Payome Rodríguez29, quien para la fecha de los
hechos se desempeñaba como jefe del Grupo de Delitos contra el Terrorismo de la
SIJIN Bogotá, manifestó que el 18 de septiembre de 2014 una persona que no
conocía le informó que se iba a realizar una venta de estupefacientes en
inmediaciones de la SIJIN por parte de un funcionario de la institución. Aunque no
consideró plenamente confiable la información, la remitió a la oficina de
estupefacientes para su verificación.

96. Indicó que posteriormente, hacia las 18:00 horas, fue informado de un
procedimiento adelantado por unidades de vigilancia con un funcionario de la SIJIN
involucrado en un presunto caso de estupefacientes. Al llegar al establecimiento
donde ocurrían los hechos, habló con el patrullero Yamid Eduardo Holguín Obregón,
quien le manifestó que se encontraba realizando un procedimiento y que la maleta
incautada pertenecía a un informante que pronto llegaría al lugar.

97. Sin embargo, al solicitar información sobre el procedimiento, verificó con el
teniente Luis Barrios, señalado por el patrullero como conocedor de la actividad,
quien manifestó no tener conocimiento de ninguna misión o procedimiento
adelantado por Holguín Obregón. Posteriormente llegaron otros mandos de la SIJIN,
quienes permanecieron atentos al desarrollo del procedimiento policial.

98. Se aportó informe de vigilancia en casos de captura en flagrancia del 18 de
septiembre de 2014, en el cual se reportó la realizada frente al demandante30.

99. La teniente Gloria Alejandra Delgadillo Otálora31, quien para la fecha de los
hechos se desempeñaba como jefe del Grupo de Delitos contra la Administración
Pública de la SIJIN, manifestó que acudió a la panadería “La Camarita” junto con el
capitán Carlos Arturo Payome para verificar el procedimiento que se adelantaba
contra el patrullero Yamid Eduardo Holguín Obregón. Señaló que, en el lugar, el
uniformado les manifestó que la maleta que contenía la sustancia estupefaciente no
era suya, sino de una fuente humana, y que se encontraba realizando un
procedimiento respecto de esta, el cual, según afirmó, era conocido por el entonces
subteniente Luis Emiro Barrios.

100. Indicó que, ante dichas manifestaciones, el capitán Payome se comunicó con
el subteniente Barrios, quien posteriormente se presentó en el lugar y expresó que
no tenía conocimiento de ningún procedimiento adelantado por el patrullero Holguín

29 Folios 79-81, Ib.
30 Folios 87-88, Ib.
31 Folios 91-93, Ib.

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Obregón. Además, precisó que dicho oficial se desempeñaba como jefe encargado
del grupo al que pertenecía el demandante y confirmó que este únicamente debía
apoyar actividades previamente asignadas por la unidad.

101. Finalmente, afirmó que durante todo el tiempo que permaneció en el
establecimiento comercial nunca observó la llegada del supuesto informante o
propietario de la droga al que hacía referencia el patrullero Holguín Obregón, pues
únicamente encontró al uniformado en el lugar al momento del procedimiento y
posterior judicialización.

102. Mediante auto del 5 de noviembre de 2014 de dispuso la apertura de la
investigación disciplinaria contra el demandante y se le citó a audiencia pública, la
cual se llevó a cabo el 14 de noviembre siguiente. En ella, el actor expresó que no
deseaba rendir versión libre, su abogado presentó los respectivos descargos y
solicitó pruebas.

103. Mediante oficio nro. 0150-256 del 13 de noviembre de 2014, la Fiscalía 256
remitió la entrevista rendida por Rafael Cano Vargas32, administrador de la
panadería “La Camarita”. En dicha diligencia manifestó que el día de los hechos,
aproximadamente a las 5:00 p.m., ingresaron al establecimiento tres uniformados y
dos personas de civil. Indicó que los policías realizaron solicitudes de identificación
a las personas que se encontraban dentro y fuera del local y posteriormente se
acercaron a un hombre que se hallaba solo en una de las mesas, a quien requirieron
durante varios minutos y le registraron una maleta.

104. Asimismo, señaló que había visto con anterioridad a esa persona porque
frecuentaba el establecimiento, aunque no la conocía personalmente. Manifestó que
dicha persona había ingresado acompañada de otra, pero aclaró que no se fijó si
alguno de ellos portaba la maleta al momento de entrar. También informó que las
cámaras de seguridad de la panadería no se encontraban funcionando desde
aproximadamente un mes antes de los hechos. Finalmente, precisó que cuando la
Policía ingresó al establecimiento el señor que acompañaba al patrullero ya no se
encontraba allí, pues este permanecía solo en la mesa al momento del
procedimiento.

105. Posteriormente en ampliación de declaración decretada en audiencia pública,
el subintendente Javier Ricardo Bustos Vasallo33 manifestó que el procedimiento se
desarrolló en la panadería “La Camarita”, un establecimiento comercial de amplia
afluencia de público ubicado en una zona de constante tránsito de personas. Señaló
que el patrullero Yamid Eduardo Holguín Obregón se encontraba sentado en una
mesa de cuatro puestos ubicada al fondo del local.

106. Precisó que la maleta en la que posteriormente fue hallada la sustancia
estupefaciente no era portada por el disciplinado en ninguna parte de su cuerpo,
pues se encontraba en el piso, debajo de la mesa y al lado del lugar donde estaba
32 Folios 141-142, Ib.
33
Folios 145-147, Ib.

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sentado. Indicó, igualmente, que el elemento estaba ubicado aproximadamente a
cincuenta centímetros del actor, al alcance de su mano, debido a la cercanía entre
la silla y la pared del establecimiento.

107. Finalmente, afirmó que, en su criterio, la captura fue declarada ilegal porque
el patrullero Holguín Obregón no tenía la maleta en su poder ni la portaba
físicamente al momento del procedimiento, aunque aclaró que desconocía las
razones específicas que llevaron a la autoridad judicial a adoptar dicha decisión.

108. También se amplió la declaración del Patrullero Cristian Ferney Quiroz
Reyes34, quien manifestó que el procedimiento se realizó en una panadería donde
había aproximadamente siete u ocho sillas y que el patrullero Yamid Eduardo
Holguín Obregón se encontraba sentado al fondo del establecimiento, ocupando la
última silla. Indicó que la maleta hallada durante el procedimiento estaba en el piso,
junto al pie izquierdo del investigado, al lado del lugar donde se encontraba sentado.

109. Precisó que la maleta fue encontrada en el suelo, junto al demandante, y que
este se encontraba solo en una mesa destinada para cuatro personas. Agregó que
la distancia entre el patrullero y la maleta era aproximadamente de cinco
centímetros, circunstancia que evidenciaba su cercanía inmediata con el elemento
hallado.

110. Asimismo, ratificó que la maleta no se encontraba adherida al cuerpo del
investigado ni era llevada en sus manos al momento del procedimiento policial, sino
ubicada en el piso al lado del lugar donde permanecía sentado.

111. Fallo de primera instancia35 del 2 de diciembre de 2014, en el que la Oficina
de Control Disciplinario Interno declaró disciplinariamente responsable al patrullero
Yamid Eduardo Holguin Obregón por la comisión, a título de dolo, de la falta
gravísima prevista en el numeral 22 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006,
consistente en portar sustancias prohibidas por la ley, que produzcan dependencia
física. Con tales fines, consideró demostrado que el investigado quebrantó las
disposiciones sustanciales del régimen disciplinario especial.

112. La autoridad disciplinaria concluyó que la conducta atribuida al demandante
fue cometida a título de dolo, al considerar acreditado que tenía pleno conocimiento
de la ilicitud de portar sustancias estupefacientes prohibidas por la ley y, aun así,
decidió desplegar dicha conducta. Señaló que, debido a su formación como
miembro de la Policía Nacional y de las funciones que desempeñaba en la Seccional
de Investigación Criminal, conocía las prohibiciones legales y disciplinarias
relacionadas con el porte de estupefacientes, así como su deber de prevenir y
combatir este tipo de infracciones.

113. Asimismo, sostuvo que el investigado tenía conciencia de que el porte de
marihuana constituía una conducta sancionada por la ley y contraria a los deberes
34 Folios 148-149, Ib.
35 Folios 158-197, Ib.

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propios de su condición de servidor público. No obstante, consideró demostrado que
para el momento de los hechos portaba aproximadamente 9,6 kilogramos de
marihuana, circunstancia que evidenciaba, a juicio del operador disciplinario, tanto
el conocimiento de la conducta como la voluntad de realizarla. Por lo dicho, aplicó
la sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 10 años.

114. Fallo de segunda instancia36 del 7 de marzo de 2015, en el que se confirmó
la anterior determinación. En esta se consideró que no existieron irregularidades
que afectaran la validez del proceso disciplinario y centró su análisis en el principal
argumento de la defensa, según el cual la conducta era atípica porque el patrullero
Yamid Eduardo Holguín Obregón no tenía la maleta en sus manos ni adherida a su
cuerpo al momento de la captura.

115. Al respecto, concluyó que dicha interpretación era demasiado restrictiva,
pues el hecho de no tener físicamente la maleta en las manos no significaba que no
la portara. Destacó que las pruebas demostraban que la maleta se encontraba a
escasos centímetros del disciplinado, debajo de la mesa donde estaba sentado, que
este conocía su existencia y que incluso la entregó voluntariamente a los
uniformados cuando le fue requerida.

116. La decisión tuvo en cuenta principalmente las declaraciones de los patrulleros
Javier Bustos Vasallo y Cristian Quiroz Reyes, quienes coincidieron en señalar que
la maleta estaba al lado del investigado; la entrevista rendida por el administrador
de la panadería, quien indicó que la maleta la tenía Holguín cuando llegaron los
policías; y las declaraciones de los superiores de la SIJIN, quienes afirmaron que el
demandante no se encontraba adelantando ningún procedimiento oficial.

117. Asimismo, la autoridad disciplinaria resaltó que el supuesto informante o
propietario de la droga nunca apareció y que las explicaciones ofrecidas por el
investigado fueron contradictorias, pues inicialmente dijo desconocer la maleta y
posteriormente afirmó que pertenecía a una fuente con la cual realizaba un
procedimiento.

118. Con fundamento en esas pruebas concluyó que el patrullero sí portaba la
maleta y conocía su contenido, razón por la cual la conducta se adecuaba a la falta
gravísima prevista en el numeral 22 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. De igual
manera, descartó las causales de exclusión de responsabilidad propuestas por la
defensa, al considerar que no existía prueba de que actuara bajo una orden superior
o bajo un error invencible. Por el contrario, estimó que, dada su formación y
experiencia como miembro de la Policía Nacional, conocía plenamente la
prohibición de portar estupefacientes.

119. A través de Resolución nro. 01077 del 31 de marzo de 2015, el demandante
fue retirado del servicio37.

36 Folios 219-230, Ib.
37 Folio 333 CD que contiene archivo «HOLGUIN OBREGON YAMID EDUARDO TOMO UNO.pdf», dentro de

este folio 233.

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120. La apoderada de la parte actora sostuvo, desde la actuación disciplinaria y
en el presente proceso, que la conducta atribuida a su cliente era atípica, por cuanto
no se encontraba acreditado el verbo rector “portar” previsto en el numeral 22 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. Argumentó que la maleta en la que fue hallado
el estupefaciente no fue encontrada en su poder, ni era llevada en sus manos o
adherida a su cuerpo, sino que se encontraba ubicada en el piso, junto al lugar
donde estaba sentado, circunstancia que impedía concluir que portara la sustancia
prohibida por la ley.

121. Asimismo, señaló que el propio investigado manifestó desde el inicio de la
actuación que la maleta no era de su propiedad y que pertenecía a un tercero, razón
por la cual consideró que las autoridades disciplinarias realizaron una indebida
adecuación típica de la conducta y declararon su responsabilidad sin que existiera
plena prueba de que llevara consigo el elemento que contenía la marihuana. En
consecuencia, afirmó que la sanción disciplinaria se fundamentó en una
interpretación errónea de los hechos y de la norma aplicable al caso.

122. En primer lugar, de las pruebas recaudadas dentro de la actuación
disciplinaria se encuentra acreditado que el señor Yamid Eduardo Holguín Obregón,
para el momento en que fue requerido por los uniformados de vigilancia, se
encontraba sentado en la panadería “La Camarita” junto a una maleta que contenía
aproximadamente 9,6 kilogramos de marihuana. En efecto, las declaraciones
rendidas por los patrulleros Javier Ricardo Bustos Vasallo y Cristian Ferney Quiroz
Reyes fueron coincidentes en señalar que la maleta se encontraba debajo de la
mesa y a escasos centímetros del investigado. Así mismo, ambos uniformados
manifestaron que cuando le solicitaron el elemento para su inspección, el
demandante no mostró sorpresa por su existencia ni desconocimiento respecto de
esta, limitándose a afirmar que no era de su propiedad. Sin embargo, tal explicación
no fue respaldada con elemento probatorio alguno durante la actuación disciplinaria,
pues el investigado no rindió versión libre, no identificó plenamente a la supuesta
persona a quien atribuyó la propiedad de la maleta ni logró aportar prueba que
corroborara su dicho.

123. Ahora bien, tampoco resulta de recibo el argumento según el cual la conducta
es atípica porque la maleta no era llevada en sus manos o adherida a su cuerpo. La
falta disciplinaria imputada se estructuró a partir del verbo rector “portar”, expresión
que, en su sentido natural y obvio, significa llevar consigo o tener sobre sí
determinado elemento.

124. En el presente asunto quedó demostrado que la maleta se encontraba junto
al demandante, bajo su inmediata esfera de disponibilidad y control, circunstancia
que permitió a los operadores disciplinarios concluir razonablemente que este la
portaba. A ello se suma que ninguna de las explicaciones ofrecidas por el
investigado logró ser corroborada dentro del proceso. Por el contrario, las
declaraciones de sus superiores evidenciaron que no se encontraba desarrollando
ningún procedimiento oficial, que no existía autorización para reunirse con una

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fuente humana de información y que tampoco se acreditó la existencia del supuesto
informante al que atribuyó la propiedad de la sustancia estupefaciente.

125. En ese contexto, no puede acogerse la interpretación propuesta por la parte
demandante, según la cual únicamente existe porte cuando el objeto es llevado
físicamente en las manos o adherido al cuerpo. Tal entendimiento desconoce el
alcance que el derecho disciplinario ha reconocido al verbo rector y conduciría a
situaciones contrarias a la lógica y a las reglas de la sana crítica, pues bastaría con
apartar momentáneamente un elemento de la persona para excluir cualquier
responsabilidad derivada de su porte.

126. Aunado a lo anterior, debe recordarse que, a diferencia de lo que ocurre en
materia penal, el derecho disciplinario admite la existencia de tipos abiertos o en
blanco, los cuales requieren ser complementados mediante una interpretación
sistemática de las normas que regulan los deberes, mandatos y prohibiciones
aplicables a los servidores públicos38. Sobre el particular, la Corte Constitucional39
ha señalado que los tipos abiertos constituyen una herramienta válida para
determinar el alcance de los deberes funcionales de los servidores estatales y
establecer cuándo una conducta resulta disciplinariamente reprochable.

127. Así las cosas, el juicio de adecuación típica no se limita a una interpretación
gramatical aislada de la norma, sino que exige verificar, a partir de las circunstancias
demostradas en el proceso, si el comportamiento investigado encuadra
razonablemente en la descripción legal de la falta. En esa medida, la autoridad
disciplinaria podía válidamente concluir, a partir de la valoración integral de las
pruebas, que el demandante portaba la sustancia prohibida por la ley, pese a que
la maleta no se encontrara físicamente adherida a su cuerpo.

128. Por lo anterior, la Sala considera que la conducta desplegada por el
demandante se subsumió adecuadamente en la falta gravísima prevista en el
numeral 22 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y que la interpretación realizada
por los operadores disciplinarios se ajustó a los principios de legalidad y tipicidad.
En consecuencia, no prospera el cargo relacionado con la alegada atipicidad de la
conducta.

129. Segundo interrogante. ¿Los operadores disciplinarios vulneraron los
derechos al debido proceso y defensa del actor al valorar indebidamente las
pruebas, omitir dar credibilidad a los elementos probatorios que le eran favorables,
negar una prueba relevante para la defensa y proferir decisiones presuntamente
falsas o insuficientemente motivadas?

130. La parte demandante sostuvo que las autoridades disciplinarias incurrieron
en una indebida valoración probatoria al fundamentar la declaratoria de
responsabilidad únicamente en aquellos elementos que resultaban desfavorables al

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente nro.

11001-03- 25-000-2021-00261-00.
39 Sentencia C-818 de 2005.

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investigado, omitiendo el análisis de pruebas que, en su criterio, desvirtuaban la
configuración de la falta disciplinaria.

131. En particular, afirmó que no se otorgó el mérito probatorio correspondiente a
las declaraciones rendidas por los uniformados Javier Ricardo Bustos Vasallo y
Cristian Ferney Quiroz Reyes, quienes señalaron que la maleta contentiva de la
sustancia estupefaciente no fue hallada en poder del demandante, sino en el piso,
al lado del lugar donde este se encontraba sentado. Asimismo, indicó que tampoco
se valoró adecuadamente la circunstancia de haberse declarado ilegal su captura
dentro de la actuación penal, elementos que, de haber sido apreciados
integralmente, habrían conducido a una decisión diferente.

132. No obstante, la Sala no comparte dicha apreciación. En efecto, de la lectura
de los fallos disciplinarios se advierte que las declaraciones de los patrulleros Bustos
Vasallo y Quiroz Reyes sí fueron objeto de valoración expresa por parte de los
operadores disciplinarios. Incluso, fue precisamente a partir de tales testimonios que
se estableció que la maleta se encontraba junto al investigado, debajo de la mesa
en la que estaba sentado y a una distancia mínima de este.

133. Por consiguiente, no es acertado afirmar que dichas declaraciones fueron
ignoradas o excluidas del análisis probatorio. Lo que ocurrió fue que las autoridades
disciplinarias les otorgaron un alcance distinto al pretendido por la defensa,
concluyendo que, pese a no encontrarse físicamente adherida al cuerpo del
investigado, la maleta permanecía bajo su esfera inmediata de disponibilidad y
control.

134. De igual forma, tampoco resulta de recibo el argumento relacionado con la
declaratoria de ilegalidad de la captura. En primer lugar, porque dentro del
expediente disciplinario no obra la providencia judicial mediante la cual se adoptó
esa determinación, razón por la cual se desconocen los fundamentos fácticos y
jurídicos que la sustentaron.

135. En segundo lugar, porque la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad
penal constituyen ámbitos autónomos e independientes, con finalidades,
procedimientos y estándares de valoración distintos, de modo que la decisión
adoptada dentro de la actuación penal no condiciona ni determina por sí sola el
resultado del juicio disciplinario. Incluso, la ilegalidad de una captura puede
obedecer a aspectos meramente procedimentales sin incidencia en la
determinación de la responsabilidad disciplinaria del investigado.

136. En cuanto al reparo relacionado con la negativa de la prueba consistente en
la inspección o visita especial al lugar de los hechos, encuentra la Sala que tampoco
se configuró vulneración alguna de los derechos de defensa y contradicción. En
efecto, durante la audiencia pública celebrada el 14 de noviembre de 2014, el
operador disciplinario negó la práctica de dicho medio de prueba por considerarlo
innecesario frente al material probatorio ya recaudado. Frente a esa decisión se
informó expresamente a los sujetos procesales la procedencia de los recursos de

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reposición y apelación. El apoderado del investigado interpuso y sustentó el recurso
de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente en la misma diligencia, e
igualmente formuló recurso de apelación, cuyo trámite fue concedido para ser
sustentado al momento de la lectura del fallo. Posteriormente, al revisar la
actuación, no se evidencia que se hubiese impedido a la defensa intervenir o
exponer argumentos respecto de dicha inconformidad, ni tampoco que hubiera
existido limitación alguna para el ejercicio de los mecanismos de contradicción
previstos por el ordenamiento jurídico.

137. Aunado a lo anterior, la parte demandante no logró demostrar que la práctica
de la prueba negada tuviera la virtualidad de modificar el sentido de la decisión
disciplinaria. Por el contrario, dentro del expediente obraban múltiples elementos de
convicción que permitían establecer la ubicación de la maleta, la proximidad
existente entre esta y el investigado y las circunstancias en que ocurrió el
procedimiento policial. De esta manera, la negativa del medio probatorio no
comportó una afectación real y efectiva de las garantías procesales del disciplinado.

138. De otro lado, la apoderada insistió en que las decisiones disciplinarias
desconocieron los principios de imparcialidad, búsqueda de la verdad real,
necesidad de la prueba y valoración integral del material probatorio, pues, a su
juicio, se privilegiaron únicamente aquellos elementos que apuntaban a
comprometer la responsabilidad del investigado. Sin embargo, tal afirmación carece
de respaldo en el expediente. De los fallos disciplinarios se advierte que las
autoridades realizaron un examen conjunto de las pruebas testimoniales y
documentales incorporadas a la actuación, valoraron las explicaciones
suministradas por el demandante y expusieron de manera razonada las razones por
las cuales les restaron credibilidad. En consecuencia, no puede afirmarse que la
sanción se hubiera fundamentado en apreciaciones arbitrarias o carentes de
soporte probatorio.

139. Finalmente, tampoco prospera el cargo relacionado con la supuesta
vulneración del debido proceso y del derecho de defensa. La actuación disciplinaria
se adelantó con observancia de las etapas legalmente previstas, el investigado
contó con asistencia técnica, tuvo la oportunidad de solicitar y controvertir pruebas,
presentar descargos, formular alegatos e interponer recursos contra las decisiones
que consideró lesivas de sus intereses.

140. Además, los actos sancionatorios contienen una exposición detallada de los
hechos investigados, de las pruebas valoradas y de las razones jurídicas que
llevaron a la declaratoria de responsabilidad. Por ello, no se evidencia la existencia
de irregularidades sustanciales que hubieran afectado la validez de la actuación o
comprometido las garantías constitucionales del disciplinado.

141. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó una indebida
valoración probatoria, ni la omisión de pruebas favorables, ni la vulneración de los
derechos de defensa y debido proceso alegadas por la parte demandante. Por lo
tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

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142. Todo lo anterior permite concluir la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales impuso la sanción disciplinaria al demandante. Por
consiguiente, se impone confirmar la sentencia apelada.

143. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

144. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del C.P.A.C.A., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá
imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se
regirá por las normas del C.G.P.40

145. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

146. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos
planteados en el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

147. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2020, a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó el señor Yamid Eduardo Holguin Obregon en contra de la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
40 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

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