Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00635-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00635-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-00635-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00635-01 (1496-2021)
Demandante: Juan Gustavo Cobo Borda
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones y Ministerio de
Relaciones Exteriores
Temas: Base de cotización en pensión de empleado de planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
Juan Gustavo Cobo Borda instauró demanda contra Colpensiones y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 054512 del 16 de noviembre de 2007;
024653 del 12 de junio de 2008, ambas proferidas por el ISS; y el Oficio DITH del 1.°
de diciembre de 2010 emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A título de restablecimiento del derecho, que se condene al Ministerio de Relaciones
Exteriores a pagar a Colpensiones las cotizaciones sobre los salarios realmente
devengados. Que se condene a Colpensiones a incluir dichos salarios en su historia
laboral y que reliquide la pensión con el promedio de los factores salariales percibidos
en el último año de servicio. Que le paguen intereses moratorios, se dé cumplimiento a
la sentencia en los términos de ley.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00635-01 (1496-2021)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 10 de octubre de 1948, y prestó sus servicios al Ministerio de Cultura
desde el 24 de julio de 1975 hasta el 1.° de junio de 1983 y, en el de Relaciones
Exteriores, entre el 1.° de junio de 1983 y el 30 de octubre de 1998.
Que el ISS mediante Resolución 2660 de febrero 1 de 2005, le reconoció una pensión
con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sobre las
cotizaciones efectuadas en los últimos 10 años.
Que luego con la expedición de la Resolución 054512 del 16 de noviembre de 2007 el
ISS modificó la cuantía de la mesada, pero no le tuvo en cuenta los salarios realmente
devengados en moneda extranjera como miembro de carrera diplomática del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Que mediante Resolución 254653 de 12 de junio de 2008, se negó la reliquidación de
la pensión con base en los ingresos realmente devengados en moneda extranjera por
el demandante durante el tiempo en que laboró en el Ministerio de Relaciones
Exteriores1.
Que el 1.° de septiembre de 2008 solicitó al coordinador de Nómina y Prestaciones
Sociales del Ministerio que pagara los aportes al ISS sobre los salarios realmente
devengados en moneda extranjera. Petición que fue resuelta negativamente, según el
artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, de modo que no era posible reajustar los
aportes a pensión.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 17 de febrero de 20172 y notificada a las demandadas,
quienes se opusieron a las pretensiones.
Colpensiones indicó que no se puede reliquidar la pensión con base en lo devengado
en el último año de servicios porque la Corte Constitucional, a través de sentencia
SU230 de 2015, dispuso que el IBL no hace parte del régimen de transición y, en
consecuencia, este se rige por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores
regulados en el Decreto 1158 de 1994.
Propuso las excepciones que denominó «cobro de lo no debido», prescripción, buena
fe, genérica e «inexistencia del derecho reclamado».
1
El acto indica que en su contra no procedía recurso alguno.
2 Se rechazó la demanda frente a la Resolución 02660 del 1.° de febrero de 2005 que le reconoció la pensión, por
falta de agotamiento del requisito de procedibilidad. Providencia visible en archivo digital
«*7ED_ACTUACIONES_04ADMITEDDAYSSFLS101118.PDF».
2
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El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que para el periodo en que el actor
laboró, todos los aportes, fueran de empleados de planta interna como externa, se
fundaron en el Decreto 1089 de 1983, y que se realizaron sin discriminar el valor de los
aportes mensuales por cada funcionario, pues las cotizaciones particulares empezaron
a partir de la Ley 100, por lo que no es posible reliquidar dichos pagos conforme al
salario devengado en divisas.
Propuso las excepciones de «inepta demanda», «inexistencia del fundamento para
pedir reliquidación de aportes a pensión», «imposibilidad de dar aplicación a la Ley 100
de 1993», «irretroactividad de la Constitución de 1991», pago, «especialidad del
servicio exterior», «buena fe de la administración, aquiescencia del demandante y
conocimiento de la existencia de la figura del salario del cargo equivalente en planta
interna como factor de liquidación de prestaciones sociales», «irretroactividad de la
sentencia C-535/05», y la genérica.
El 23 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron pruebas. El 27 de agosto del mismo año se realizó la audiencia de pruebas
y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones, indicando que
el Ingreso Base de Cotización del actor se calculó con base en el artículo 57 del Decreto
10 de 1992, que disponía que las prestaciones de los funcionarios del servicio exterior
se liquidaban y pagaban conforme a las asignaciones de los cargos equivalentes en la
planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que según lo dispuesto por la sentencia C535 de 2005, tanto el IBC como el IBL se
deben fijar con base en lo realmente devengado en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, por lo que, al tomar el ingreso de un cargo equivalente en planta
interna, se le reconoció una pensión inferior a la que en derecho le correspondía.
Que las diferencias de las mesadas se encuentran afectadas por la prescripción, por lo
que solo tendrán efectos fiscales a partir del 8 de octubre de 2012 y que debe atenderse
el límite de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese sentido, condenó
a Colpensiones a reliquidar la pensión con el 75% de los salarios realmente
devengados durante el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pensión y lo
condenó en costas. Textualmente se dijo:
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Respecto de la liquidación ordenada, precisó que la entidad demandada debe
descontar de las sumas reconocidas al actor, el valor de los aportes correspondientes
y sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal, aclarando que dichos aportes
para pensión deben ser en el porcentaje que concierne al trabajador, pues lo que
pertenezca por ese mismo concepto a la entidad empleadora, la entidad demandada,
repetirá contra de ella para obtener su pago.
RECURSOS DE APELACIÓN
Colpensiones apeló la sentencia, señalando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establece que la pensión reconocida en vigencia de aquella se debe liquidar sobre los
factores salariales devengados y consagrados en el Decreto 1158 de 1994, siempre
que sobre ellos se hayan realizado los respectivos aportes.
Que deben atenderse las disposiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado en cuanto a que el régimen de transición solo protege la edad,
tiempo de servicios y monto de la norma pensional anterior, pero que el IBL y los
factores a computar se rigen por la Ley 100 y sus decretos reglamentarios. Se opuso,
además, a la condena en costas, considerando que no se demostró su causación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores apeló parcialmente la decisión, respecto a la
posibilidad de Colpensiones de repetir en contra de ella para obtener el pago de los
aportes a pensión que como empleador le correspondían, reiterando que los aportes
realizados se hicieron conforme a lo que la Ley exigía en ese momento, pues la orden
se sustentó en la sentencia C535 de 2005, la cual no tiene efectos retroactivos, por lo
que la orden del tribunal carece de fundamentos fácticos y jurídicos.
TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 21 de junio de 2021 se admitieron los recursos y el 9 de febrero de
2023 se corrió traslado para alegar de conclusión.
Tanto la demandante como el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteraron sus
argumentos de primera instancia y el último del recurso de apelación.
El agente del Ministerio Publico rindió concepto solicitando se confirme la decisión,
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indicando que el IBC se calcula tomando como base para ese efecto la “asignación
básica mensual”, lo cual considera no deja duda alguna que debe referirse a la
devengada en el ejercicio de las funciones efectivamente ejecutadas, y que no procedía
hacer aportes con el sueldo de un cargo ficticio en el cual el trabajador no se había
desempeñado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho a la reliquidación de su
pensión con base en el salario efectivamente devengado en moneda extranjera,
aplicando la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la sala Plena del
Consejo de Estado, y si había lugar a condenar en costas de primera instancia a la
Administradora Colombiana de Pensiones.
Marco normativo y jurisprudencial
Mediante el Decreto 10 de 1992 el Gobierno Nacional reguló lo relacionado con el
servicio exterior de la República, así como la carrera diplomática y consular,
disponiendo, entre otros, en su artículo 57, que las prestaciones sociales de los
empleados del servicio exterior se liquidarían y pagarían con base en las asignaciones
del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dicha norma fue reproducida por el artículo 66 del Decreto 274 de 2000, pero la Corte
Constitucional a través de la sentencia C292 de 2001, declaró su inexequibilidad, al
concluir que el Ejecutivo había desbordado las facultades otorgadas por el Congreso
de la República, al regular el régimen salarial y prestacional de las personas que prestan
sus servicios al Estado en el exterior.
Posteriormente, fue la Ley 797 de 2003 en su artículo 7, parágrafo, que intentó regular
cómo se debía determinar el ingreso base de cotización de los funcionarios de la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que «se tomará como base
la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas
vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna» y que «el ingreso base de
liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para
los cargos equivalentes en la planta interna».
En sentencia C173 de 2004, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del aparte
subrayado considerando que «las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando
como consideración la asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado»,
pues de lo contrario estaríamos ante un trato discriminatorio, porque la prestación se
liquidaría bajo una asignación menor a la que en derecho corresponde pues se sujetaría
a la de empleos diferentes, con asignación muchas veces menores y que tienen
responsabilidades muy diferentes a su cargo.
Y en sentencia C535 de 2005, la Corte advirtió que pese a la derogatoria del Decreto
10 de 1992, su artículo 57 seguía surtiendo efectos jurídicos, declarándolo inexequible
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al señalar que éste implicaba un tratamiento diferenciado injustificado, que contraría el
principio de igualdad y vulnera los derechos a la seguridad social y mínimo vital.
Resolución del caso concreto
La Sala advierte que el señor Cobo Borda laboró en el Ministerio de Relaciones
Exteriores entre el 1.° de junio de 1983 y el 29 de agosto de 1994 y entre el 10 de
febrero de 1998 y el 30 de octubre del mismo año3, tiempo durante el cual prestó sus
servicios en planta externa, recibiendo su salario en dólares y en francos suizos.
Durante dicho periodo su empleador cotizó al sistema de seguridad social en pensiones
conforme lo regulaba el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, esto es, con base en
el salario del cargo equivalente en planta interna4.
De acuerdo con lo expuesto, el ISS reconoció la pensión sobre el 75% del promedio de
lo que cotizaría en un cargo equivalente de la planta interna, debiendo concluirse que
no se tuvieron en cuenta los salarios reales devengados y, en consecuencia,
encontrando demostrado un actuar lesivo de los derechos fundamentales a la seguridad
social y a su mínimo vital.
Ahora, si bien los periodos laborados son anteriores a las declaratorias de
inexequibilidad de las diferentes normas que han regulado que las cotizaciones a
pensión del personal de planta externa del Ministerio se hace con base en un cargo
equivalente de la planta interna, la Sala debe destacar que la Corte Constitucional, en
sentencia T098 de 2006, al estudiar un caso similar a quien le fue negada la
reliquidación porque la decisión contenida en las sentencias C292 de 2001 y C173 de
2004 tenían efectos hacia el futuro dispuso lo siguiente:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial consolidada,
en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión de quienes hicieron
parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse tomando como base el salario
realmente devengado y nunca un salario inferior, se PREVIENE al Ministerio de
Relaciones Exteriores sobre sus efectos vinculantes para que la precitada doctrina sea
observada y aplicada en casos semejantes».
En ese sentido, la Corte le dio efectos inter comunis, extendiéndose sus efectos a las
situaciones concretas de personas que, aun sin haber promovido la acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos, se encuentran igualmente afectadas por la
situación de hecho o de derecho que lo motivó5.
3 Según Formato No. 1 Certificado de Información Laboral obrante a folio 40 del archivo digital
«5ED_ACTUACIONES_02DDAYANEXOSFLS169.PDF»
4 Así se advierte en distintas certificaciones expedidas por el coordinador de nómina y prestaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, visibles de folios 32 a 38 del archivo digital
«5ED_ACTUACIONES_02DDAYANEXOSFLS169.PDF»
5 Así lo expone la Corte Constitucional en sentencia T149 de 2016.
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Cabe precisar que esta Sección en sentencia del 3 de agosto de 2023 6 adoptó esta
misma posición en un caso similar, en el que el demandante también había prestado
sus servicios en la planta externa del Ministerio hasta el año 1994.
«Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, accedió a las pretensiones de
la demanda y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de Jesús Alfredo Rey Córdoba
con el 75% del promedio de los salarios devengados efectivamente en dólares por este,
durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 1993 y el 17 de octubre de
1994, cuyo monto se deberá convertir al equivalente en pesos colombianos.»
Los anteriores argumentos también permiten dar respuesta al motivo de apelación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, quien consideró improcedente la facultad que se
le concedió a Colpensiones, de repetir contra ella por los aportes faltantes, tal y como
se ordenó por la Corte Constitucional en el fallo de tutela citado 7, en el entendido de
que el ministerio debe remitir a la administradora de pensiones la información sobre los
salarios realmente percibidos, pero además, remitir los aportes debidamente
«liquidados según el salario real del trabajador».
Frente a la aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la Sala
advierte que en la Resolución 054512 del 16 de noviembre de 2007, el ISS liquidó la
pensión teniendo en cuenta los factores regulados en el Decreto 1158 de 1994 y
percibidos en los 3.025 días anteriores a la última cotización, a partir de lo cual se infiere
que se cumplen las reglas fijadas en la decisión de esta Corporación en 2018,
discutiéndose únicamente, en el presente asunto, el valor que debía tomarse por
asignación básica, pues como se anotó, las cotizaciones se efectuaron con base en el
salario de un cargo equivalente en la planta interna del Ministerio de Relaciones
Exteriores y no con los salarios realmente percibidos.
Finalmente, en cuanto a las costas en primera instancia, el tribunal condenó a
Colpensiones con base en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, aduciendo que
acogieron un régimen objetivo de causación.
Esta Subsección venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su
reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron,
6 Proferida en el proceso con radicación 25000234200020080023001 (3646-2014) de Jesús Alfredo Rey Córdoba
contra la UGPP, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar.
7 «Segundo: ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que, si aún no lo ha hecho, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta Sentencia, proceda a enviar al Instituto de Seguros Sociales - ISS, la información
que constitucionalmente corresponde para la pensión que le corresponda al señor Armando Echeverri Jiménez,
como son los salarios que realmente devengó al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que esta
nueva circunstancia material sea tenida en cuenta por el ISS en una correcta liquidación de la pensión que le
corresponda al actor.
Igualmente, considerando que los aportes remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores al ISS correspondieron
a un salario menor al devengado por el señor Armando Echeverri Jiménez, el mismo tiene derecho a que se le
remitan los aportes bien liquidados según el salario real del trabajador, obligación compartida por el empleador y el
trabajador, DISPONER que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el señor Armando Echeverri Jiménez
quedan obligados a cancelar al ISS, en la proporción que les corresponda, la parte no aportada de las cotizaciones,
a lo cual procederán una vez el ISS indique a cada uno la suma que adeudan por concepto de aportes, sin que dicha
suma incluya valores correspondientes a sanciones ni a intereses de mora.».
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00635-01 (1496-2021)
sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera
temeraria, malintencionada o de mala fe.
El criterio se varió con la adición del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que indica que
la condena en costas es viable, si se acredita que la parte vencida obró con carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la sala
considera que en este caso particular debe acudirse a la tesis que se había sostenido
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, pues la decisión de
primera instancia fue proferida en ejercicio de la autonomía propia del juez de origen,
previamente a la referida circunstancia.
En otras palabras, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia
apelada (30 de enero de 2020), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para
la imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra la
parte demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme a
las previsiones citadas, es decir, al encontrar demostrada su causación por la actuación
que debió desplegar la parte demandante para obtener la reliquidación de su pensión.
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00635-01 (1496-2021)
En el presente caso, se observa que no hay lugar a la condena en costas, pues no se
advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, las partes expusieron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar sentencia proferida el treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la
demanda en el proceso promovido por el señor Juan Gustavo Cobo Borda contra la
Administradora Colombiana de Pensiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería para actuar como apoderada de Colpensiones a la
abogada Yeliseth Carreño Quintero, identificada con cédula de ciudadanía
1.065.649.382 y tarjeta profesional 274.071, según sustitución al poder visible en índice
28 de la plataforma Samai.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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