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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00691-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00691-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de abril de 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Betty Luz Martínez Ayazo en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pero por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2016-00691-01 (3661-2021) Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-00691-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-42-000-2016-00691-01 (3661-2021)
Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: La competencia de las Oficinas de Control Disciplinario Interno
para sancionar a los servidores públicos que, con ocasión de
sus funciones, deben ejercer la profesión de abogados.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia del 8 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) el fallo disciplinario de primera instancia del 12 de mayo de 20141,
mediante el cual se impuso a la demandante el correctivo de suspensión e
inhabilidad especial por el término de un (1) mes; ii) la decisión de segunda instancia
del 15 de enero de 20152, por medio del cual se confirmó la anterior providencia y;
iii) el Decreto nro. 1358 del 19 de junio de 20153, a través del cual se hizo efectiva
la aludida sanción4.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió que para todos los efectos salariales
y prestacionales se declare como efectivamente laborado el período durante el cual
la accionante permaneció suspendida del servicio.

4. Hechos. La demandante ingresó a la entidad accionada en calidad de alumna
del nivel directivo y fue dada de alta como subteniente mediante la Resolución
Ministerial nro. 2485 del 1.° de junio de 2011, data a partir de la cual fue designada
como abogada de defensa judicial en el Departamento de Policía del Valle del
Cauca. En tal ocasión recibió un total de 226 expedientes judiciales que en el mes
de enero ascendieron a 400.

1 Folios 15 a 46 del expediente.
2 Folios 1 a 14, ibidem.
3 Folios 47 y 48, ibidem.
4 En el auto de fecha 1.° de marzo de 2016 —que admitió la demanda—, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la pretensión de nulidad de este Decreto, luego de considerar que a través suyo no se
definió la situación jurídica de la demandante. (Ver archivo denominado
««16ED_CUADERNO1_07AUTOADMISORIO-RECHAZAPARCIALMENTE», contenido la carpeta «Principal»
del expediente digital que reposa en el índice 10 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo

5. El secretario general de esa institución rindió un informe ante la Oficina de Control
Disciplinario en el que puso de presente diversas novedades presentadas en los
procesos nro. 76001-33-31-012-2011-00423-00, 76001-33-31-012-2011-00360-00,
76001-33-31-018-2011-00273-00 y 76147-33-31-001-2009-00292-00.

6. Con fundamento en dicho informe se inició una indagación preliminar en su contra
y, posteriormente, el 11 de marzo de 2014 se profirió el pliego de cargos en el que
se le reprochó la comisión de la falta grave contenida en el numeral 10 de la Ley
1015 de 20065, porque, según la autoridad disciplinaria, incumplió
injustificadamente las órdenes relativas al servicio contenidas en la Directiva
Administrativa Permanente nro. 010 DIPON SEGEN de fecha 17-03-2011, que
contiene los parámetros de defensa de la Policía Nacional.

7. El 12 de mayo de 2014, el inspector delegado de la Región de Policía nro. 4 dictó
el fallo disciplinario de primera instancia en el que declaró disciplinariamente
responsable a la accionante de la falta que le fue endilgada y, en consecuencia, le
impuso como correctivo la medida de suspensión e inhabilidad especial por el
término de un (1) mes. Esta decisión fue confirmada el 15 de enero de 2015 por el
inspector general de la Policía Nacional y fue ejecutada mediante el Decreto nro.
1358 del 19 de junio de ese mismo año.

8. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 13, 25, 29, 53, 83, 125, 209 y 218 de la
Constitución Política; 3.° y 138 del Código Contencioso Administrativo (sic); 6.°, 92,
128 y subsiguientes de la Ley 734 de 2002; 3.°, 5.°, 7.°, 11, 16, 18 y 20 de la Ley
1015 de 2006; 59 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 640 de 2011. Al desarrollar el
concepto de violación adujo que:

9. Las autoridades que la investigaron y sancionaron no eran sus jueces naturales,
pues fue censurada por una omisión cometida en su calidad de abogada de defensa
judicial y no como miembro de la Policía Nacional. Por tanto, de acuerdo con la Ley
270 de 1996, la única autoridad competente para adelantar ese procedimiento era
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

10. Sin embargo, para justificar esa competencia se le reprochó el incumplimiento
de las órdenes relativas al servicio contenidas en la Directiva Administrativa
Permanente nro. 010 DIPON SEGEN de 17 de marzo de 2011 y se ajustó su
comportamiento a la falta grave contenida en el numeral 10 del artículo 35 de la Ley
1015 de 2006. Por consiguiente, como tal omisión se enmarcó dentro de su
profesión como abogada, deviene atípica la falta que le fue enrostrada, además de
la falsa motivación de los actos sometidos a juicio.

11. La sanción fue impuesta con base en el informe de novedad suscrito por el
secretario general de institución, que no fue ratificado al interior del proceso

5 Consistente en «[i]ncumplir, modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir

cambios, sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio.»

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Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo

disciplinario. Además, no tuvo en cuenta que en sus relatos los doctores María
Cristina Ruíz Rengifo, Israel Martínez Muñoz, Roberto Carlos Patiño López y el
subteniente Jesús Andrés Sierra Gamboa hicieron manifestaciones favorables a la
demandante.

12. Sostuvo que se desconoció el principio del non bis in ídem, debido a que,
además de la sanción disciplinaria, la demandante recibió tres anotaciones
desfavorables en su folio de vida los días 30 de mayo, 30 de junio y 30 de julio de
2012.

13. Contestación de la demanda6. Dentro de la oportunidad legal, la demandada
ejerció su derecho de contradicción en los siguientes términos:

14. Los funcionarios que adelantaron la actuación disciplinaria lo hicieron en el
ámbito de sus competencias legales, porque la accionante nunca fue sancionada
como abogada, sino en su calidad de servidora de la institución.

15. Por tanto, no es acertada la tesis de la parte actora según la cual la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura era la entidad
competente para investigarla, toda vez que la falta disciplinaria imputada se
encontraba prevista en el régimen especial aplicable a los miembros de la Policía
Nacional —Ley 1015 de 2006—.

16. Las anotaciones en la hoja de vida reprochadas por la parte actora no vulneraron
el principio del non bis in idem, pues ellas se hicieron en el marco del proceso de
seguimiento de su actividad laboral que no influenciaron la calificación integral de
servicios de aquella, pues estás concluyeron con el máximo puntaje que se puede
asignar a un servidor de la institución policial.

17. Por último, propuso las excepciones de «actos administrativos ajustados a la
constitución y la ley» e «indebida oportunidad para invocar y solicitar la presunta
nulidad».

18. Como sustento de la primera, explicó que en el desarrollo de la investigación
disciplinaria siempre se garantizó el respeto de los derechos constitucionales de la
actora. Para justificar la segunda, indicó que en sede administrativa nunca se
pusieron de presente los argumentos relacionados con la violación del juez natural,
la atipicidad de la conducta ni el doble juzgamiento, sino que las intervenciones de
la accionante siempre estuvieron encaminadas a exculparse de la situación por
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.

19. Sentencia de primera instancia7. Es la dictada el 8 de abril de 2021, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió las pretensiones de
la demanda. Para llegar a esa conclusión, consideró que:

6 Folios 115 a 130, ibidem.
7 Folios 201 a 219, ibidem.

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Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo

20. De acuerdo con la sentencia C-899 de 2011 —que resolvió la demanda de
inexequibilidad formulada en contra de unos apartados del inciso segundo del
artículo 19 de la Ley 1123 de 2007—, un abogado que ejerce funciones públicas
puede ser disciplinado por los consejos seccionales y por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cuando se trate del
incumplimiento de las normas que regulan esa profesión y, además, por la
Procuraduría General de la Nación y demás autoridades disciplinarias ante la
desatención de sus funciones públicas.

21. En el presente asunto las autoridades internas de la Policía Nacional eran
competentes para investigar y sancionar a la demandante, toda vez que se le
reprochó el incumplimiento de sus actividades como servidora estatal.

22. En consecuencia, la falta que le fue endilgada a la demandante no es atípica,
porque guardó relación con el ejercicio de sus funciones como abogada de defensa
del Departamento de Policía del Valle del Cauca. En tal contexto, ese
comportamiento, tipificado en el numeral 10 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 y
concretado frente a la actora en el incumplimiento injustificado de las instrucciones
relativas al servicio, se complementó con la desatención de la Directiva
Administrativa Permanente nro. 010 DIPON-SEGEN dictada por la dirección general
de la Policía Nacional el 17 de marzo de 2011, que establece la obligación de
contestar todas las demandas formuladas en contra de la institución y el deber de
apelar todas las sentencias condenatorias.

23. De cara a ello, sostuvo que en el proceso sancionatorio se recibieron las
declaraciones de los señores María Cristina Ruíz Rengifo, Roberto Carlos Patiño
López e Israel Martínez Muñoz —frente a los que la accionante adujo que no fueron
valorados—, quienes al unísono manifestaron que trabajaron conjuntamente con la
demandante en la oficina de defensa judicial del Departamento de Policía del Valle
del Cauca, que tenían entre 200 y 400 expedientes como carga laboral, lo que les
impedía cumplir a cabalidad con las etapas de cada uno de esos procesos.

24. Por consiguiente, a partir de esos relatos, se examinaron las actuaciones que
dieron lugar a la imposición de la sanción disciplinaria, así:

Radicado: 76001-33-31-012-2011-00423-00
Acción: Reparación directa
El término para contestar la demanda vencía el 13 de marzo de 2012; sin
embargo, el escrito de defensa fue presentado el 14 de marzo siguiente, es decir,
con un (1) día de extemporaneidad.

Radicado: 76001-33-31-012-2011-00360-00
Acción: Reparación directa
El término para contestar la demanda vencía el 13 de marzo de 2012, pero el
escrito de defensa fue radicado el 14 de marzo del mismo año, esto es, un (1) día
después de vencido el plazo.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-00691-01 (3661-2021)
Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo

Radicado: 76001-33-31-018-2011-00273-00
Acción: Reparación directa
El término para contestar la demanda vencía el 11 de enero de 2012 y la
contestación no fue presentada, tal como quedó consignado en la sentencia de
primera instancia.

Radicado: 76147-33-31-001-2009-00292-00
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
La sentencia de primera instancia fue proferida el 12 de diciembre de 2011 y el
término para interponer el recurso de apelación vencía el 27 de enero de 2012;
no obstante, el recurso fue presentado el 30 de enero siguiente.
Contra la decisión que rechazó el recurso por extemporáneo se interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente por el juzgado de
conocimiento.

25. Con fundamento en ello, el tribunal afirmó que existieron tres (3) actuaciones
procesales extemporáneas relacionadas con la contestación de las demandas, dos
(2) de ellas se hicieron con retardo de un día, circunstancia que, a juicio del a quo,
«significa que tuvo una confusión frente al conteo de los términos; pero no que
observara una conducta negligente frente al deber de hacerlo. De la otra
contestación no se conoce a ciencia cierta que ocurrió. Y en relación con el recurso
de apelación que también presentara con un día de retraso, es dable hacer la misma
conclusión, en el sentido de no existir un actuar negligente, sino una errónea
interpretación al momento de contabilizar los tiempos para hacerlo».

26. En ese sentido, agregó que «es posible deducir que existió impericia en la
contabilización de términos que tuvo la investigada al contestar la demanda, pero
ello pudo también ocurrir por tener un criterio propio al estimar que empezaba a
correr no el mismo día de la fijación en lista, sino al siguiente. O porque el empleado
que la auxiliaba en la revisión de los estados no lo hizo a tiempo. Circunstancias
que no fueron averiguadas.»

27. Asimismo, consideró que la carga laboral asignada a la demandante —
aproximadamente 300 procesos— sí influía en el cumplimiento de sus funciones. A
ello se le sumaba que también tenía a su cargo la atención de conciliaciones
judiciales y el trámite de acciones de repetición, como lo informó el testigo Israel
Martínez Muñoz.

28. En relación con el deber funcional, reiteró que «tanto en las contestaciones de
las demandas como en el recurso de apelación, no fue que la investigada hubiera
desatendido su deber de actuar, sino que lo hizo un día hábil después. Lo que, si
bien jurídicamente significa que no actuó oportunamente, disciplinariamente debe
valorarse de manera distinta, atendiendo las razones que condujeron a dicho
proceder, concluyéndose que la recarga de funciones pudo haber ocasionado la
conducta atribuida a la señora Martínez Ayazo».

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Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo

29. Por otro lado, no advirtió falencias en la valoración que tales autoridades hicieron
del informe de novedad rendido por el entonces secretario general de la Policía
Nacional, pues este simplemente ofreció una información objetiva de las falencias
que la demandante tenía en su labor.

30. Finalmente, aseguró que a la accionante no se le vulneró el principio del non bis
in ídem, por cuanto toda restricción disciplinaria debe registrarse en el folio de vida
del servidor público sancionado, al igual que las demás novedades relacionadas con
la prestación del servicio.

31. Recurso de apelación8. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la entidad accionada la recurrió en apelación en los siguientes términos:

32. En el proceso quedó plenamente acreditado que la señora Betty Luz Martínez
Ayazo incumplió los deberes y funciones que le correspondía, omisión que se
concretó en la falta de contestación oportuna de tres (3) demandas y en la
presentación extemporánea del recurso de apelación contra una sentencia que
condenó a la institución.

33. Dicha conducta ocasionó un grave perjuicio a la administración, ya que las
omisiones procesales de esa naturaleza generan importantes consecuencias
jurídicas y patrimoniales para la entidad.

34. No obstante, el tribunal construyó justificaciones ajenas al debate probatorio, al
concluir que la demandante incurrió en una confusión al contabilizar los términos
procesales, circunstancia que nunca fue invocada como argumento de defensa por
la disciplinada.

35. Añadió que esa excusa resultó inadmisible porque: i) la demandante era
abogada y venía desempeñando esas funciones desde el mes de junio de 2011, por
lo que contaba con experiencia suficiente en el manejo de los términos procesales
y; ii) no era la única funcionaria encargada de la defensa judicial de la entidad, razón
por la que podía solicitar apoyo a sus compañeros cuando lo estimara necesario.

36. En cuanto a la carga laboral, sostuvo que no todos los procesos tenían
actuaciones simultáneas ni coincidían en sus vencimientos, circunstancia que
desvirtuaba que el volumen de trabajo hubiera impedido la presentación oportuna
de las contestaciones de las demandas y del recurso de apelación.

37. Finalmente, resaltó que los testigos que laboraban en la misma dependencia de
defensa judicial manifestaron que desarrollaban una carga laboral semejante y,
pese a ello, ninguno dejó vencer los términos procesales a su cargo.

8 Folios 227 a 230, ibidem.

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Trámite correspondiente a la segunda instancia.

38. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 26 de noviembre de 20219
se admitió la alzada. Dentro de la oportunidad de ley no se presentaron
intervenciones de las partes ni del agente del Ministerio Público Delegado ante esta
corporación.

39. No obstante, el 5 de mayo de 202610 se emitió auto en el que se requirió la
totalidad del expediente disciplinario, llamado que fue atendido favorablemente por
la Policía Nacional11.

II. CONSIDERACIONES

40. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el aludido
recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12.

41. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por la
entidad recurrente, se debe establecer sí: ¿la carga laboral derivada del elevado
número de procesos asignados a la demandante y la presunta confusión en la
contabilización de términos constituyen circunstancias objetivas que justifican el
incumplimiento de los deberes funcionales propios de su cargo como defensora
jurídica de la Policía Nacional, o si, por el contrario, la autoridad disciplinaria acertó
al concluir que dicho incumplimiento obedeció a una actuación negligente y, por
ende, era procedente la imposición de la sanción disciplinaria?

42. Sin embargo, la Sala se abstendrá de resolver el anterior cuestionamiento, en
tanto advierte la configuración una situación que amerita confirmar la sentencia
apelada, pero por razones distintas a las consignadas en ella.

43. Con tales fines, se referenciará a continuación el control judicial sobre los actos
administrativos sancionatorios dictados en los procesos disciplinarios.

44. El control judicial integral sobre los actos administrativos sancionatorios
dictados en los procesos disciplinarios. En sentencia del 9 de agosto de 201613,
la Sala Plena de esta corporación, luego de reseñar las tesis que a lo largo de los
tiempos fijaron los criterios para el ejercicio del control judicial sobre las decisiones
disciplinarias sancionatorias14, unificó la jurisprudencia para pregonar que, en

9 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
10 Índice 15 de la plataforma SAMAI.
11 Índice 21, ejusdem.
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
13 Expediente 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-11).
14 i) La intangibilidad relativa e implícita de la decisión disciplinaria administrativa, fundada en la justicia rogada

y la deferencia especial [Ley 167 de 1941]; ii) La intangibilidad relativa explícita y deferencia especial respecto
de la decisión disciplinaria administrativa [Sentencia C-197 de 1999]; iii) El control jurisdiccional sobre las
decisiones disciplinarias es pleno, en la medida en que se desborden los límites impuestos por la Constitución
Política y la ley; en caso contrario, la sede judicial no se erige en una tercera instancia de debate [Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de diciembre de 2012, expediente radicado 2005-00012, C.P.

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adelante, dicha revisión sería «integral».

45. Con ello pretendió superar el simple examen de legalidad para avalar y
promover un análisis sustancial y profundo que contrastara la providencia
sancionatoria con la Constitución Política y la Ley, teniendo como norte la garantía
y protección de los derechos fundamentales15.

46. En otras palabras, el control judicial integral implica que, al analizar la legalidad
del acto administrativo sancionatorio, el juez no debe tener deferencias especiales
con la autoridad disciplinaria, de modo que la especialidad que gobierna a aquel
trámite no puede levantarse como un obstáculo para el adecuado examen de justicia
que este debe desplegar.

47. Entonces, solo por citar un ejemplo, el juez de lo contencioso administrativo
puede reevaluar e infirmar la interpretación normativa y probatoria realizada por el
operador disciplinario, sin que las consideraciones, argumentos y conclusiones
adoptadas por este trunquen esa actuación. Es decir, el juez podrá censurar,
invalidar o desestimar las tesis invocadas por la autoridad disciplinante, en orden a
potenciar la tutela judicial efectiva de los derechos que, de la revisión del
expediente, advierta infringidos.

48. Para mayor claridad de lo indicado, a continuación, se transcriben los
argumentos que soportan la aludida regla de unificación:

«Alcance del control judicial integral.

En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo
es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto
administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La
existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de
ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo

Gerardo Arenas Monsalve] y; iv) El aludido control jurisdiccional es pleno e integral y no se encuentra limitado
por los argumentos planteados en la demanda, ni por cortapisas a la competencia del juez contencioso [Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2014, radicado interno 0263-2013, C.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren].
15 Como sustrato de esa nueva tesis, se invocaron las siguientes: i) la potestad disciplinaria, al pertenecer al

campo del ius punendi, amerita la intervención del juez administrativo, en orden a verificar su ajuste a la
Constitución Política y la ley, y el respeto de los principios de racionalidad y dignidad humana; ii) A nivel
convencional [CADH] y constitucional, los ciudadanos deben contar con recursos judiciales idóneos y efectivos
no solo para garantizar la protección de sus derechos, sino también para remediar las eventuales violaciones a
los mismos; iii) la finalidad para la que fue instituida la jurisdicción de lo contencioso administrativo
«preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos previstos en la constitución y la ley» también
cobija a las decisiones disciplinarias, pues son expresión de la actuación administrativa sujeta al control judicial
a ella atribuido y; iv) las decisiones de esta naturaleza no son equiparables a las proferidas por los jueces de la
República.

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contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también
garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios
que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es
garante de la tutela judicial efectiva».

49. Con fundamento en ese derrotero, la sentencia de marras destacó que, en virtud
del control judicial integral, el juez:

i) No está limitado por los cargos de nulidad invocados en la demanda, sino
que puede examinar la decisión cuestionada a la luz de cualquiera de las
causales previstas en el artículo 137 del CPACA y que sean conexas con los
derechos fundamentales del disciplinado.

ii) Puede revalorar las pruebas recaudadas en el proceso sancionatorio y
determinar su pertinencia, conducencia y utilidad en la declaratoria de
responsabilidad de la parte actora.

iii) Está facultado para determinar si en el curso del procedimiento
sancionatorio se privilegiaron los principios rectores de la ley disciplinaria. Por
ejemplo, si se respetó la presunción de inocencia, si se garantizó el derecho
de defensa y contradicción, si se configuró una causal excluyente de
responsabilidad, entre otros.

50. Por lo que sigue, se reitera que, aunque el control judicial integral le otorga al
juez amplias facultades durante el examen de legalidad del acto sancionatorio, ello
no significa que, en todos los casos, la autoridad judicial deba verificar
minuciosamente cada una de las etapas y actuaciones del proceso disciplinario en
búsqueda de posibles irregularidades, vicios e ilegalidades, pues, a voces de la
citada sentencia de unificación:

«[…] Todo lo anterior no implica que desaparezca la exigencia prevista en el ordinal
4.º del artículo 162 de la Ley 1437, que regula el contenido de la demanda, esto es,
el deber de invocar los fundamentos de derecho de las pretensiones, las normas
que se consideran trasgredidas y de explicar el concepto de violación, porque como
bien se indicó en la sentencia de la Corte Constitucional (C-197 de 1999) dicha carga
procesal de la parte demandante, es legítima y proporcionada.»

51. El caso concreto. De cara a lo expresado, la Sala estima necesario examinar
la competencia de la autoridad que adelantó la actuación disciplinaria y expidió los
actos administrativos demandados, en tanto fue uno de los cargos de nulidad
formulados en la demanda.

52. Este análisis resulta procedente en virtud del control judicial integral que ejerce
el juez de lo contencioso administrativo sobre los actos disciplinarios —pues,
aunque por obvias razones la parte actora no apeló la sentencia, la determinación
de la competencia de la autoridad demandada es relevante para la protección de
los derechos constitucionales fundamentales de la accionante—, ya que dicha
inspección no se limita a una revisión meramente formal de las decisiones
sancionatorias ni supone deferencia especial frente a las conclusiones de la

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autoridad disciplinaria. Por el contrario, comprende el examen pleno de la
interpretación normativa, la valoración probatoria, las irregularidades procesales y
el respeto de todos los principios que gobiernan la potestad disciplinaria.

53. Precisado lo anterior, la Sala observa que el inciso segundo del artículo 19 de
la Ley 1123 de 200716 —Código Disciplinario del Abogado— incluye entre los
destinatarios de ese régimen a los abogados que en ejercicio de funciones públicas
deben ejercer esa profesión.

54. La referida disposición fue objeto de demanda de inconstitucionalidad, porque,
a juicio del accionante, el legislador no debió incluir en el régimen disciplinario de
los abogados a quienes desempeñan funciones públicas, toda vez que quien tiene
la competencia constitucional para vigilar y sancionar la conducta oficial de los
servidores estatales es la Procuraduría General de la Nación, más no los consejos
seccionales ni el Superior de la Judicatura.

55. En criterio del actor, la norma desconocía las competencias atribuidas a la
autoridad perteneciente al Ministerio Público y vulneraba el principio del non bis in
ídem.

56. Al examinar esos cargos, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-899
de 201117, declaró exequible la disposición y explicó que los servidores públicos y/o
los particulares en ejercicio de funciones públicas que, en virtud de tales
atribuciones deban ejercer la abogacía, están sujetos al Código Disciplinario del
Abogado por las faltas cometidas en desarrollo de esa actividad; sin que ello excluya
el control disciplinario que surge ante la infracción del resto de sus deberes
funcionales no asociados directamente al desempeño de esa profesión. En esa
oportunidad, la Corte precisó:

«El artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 está planteando que todos los abogados que
cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o
jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público son sujetos pasibles
de este estatuto. El inciso segundo aclara que se entienden incluidos en dicho
régimen los abogados que tengan una relación subjetiva con el Estado como
servidores públicos o particulares en ejercicio de una función administrativa
en lo que hace al ejercicio de su profesión […]

En criterio de la Sala, el inciso acusado sólo tiene una interpretación plausible: los
abogados que en su condición de servidores o particulares que ejerzan función
pública deban ejercer la profesión, quedan sujetos a las regulaciones del
Código Disciplinario del Abogado por las faltas que lleguen a cometer en su
ejercicio, sin que ello excluya la competencia de los órganos disciplinarios
encargados de velar por el correcto ejercicio de la función pública. En

16 Que a la letra dice «[a]rtículo 19. Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio

de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas,
tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones
jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia
provisional. Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas
relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en
representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios
profesionales a cualquier título.»
17 Sentencia C-899 de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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consecuencia, éstos serán responsables ante i) la Procuraduría General de la
Nación o la oficina de control interno disciplinario, según sea el caso, en su condición
de servidores o particulares que ejercen función pública en los términos del Ley 734
de 2002, por la violación de sus deberes funcionales y ii) los consejos seccional o
superior de la Judicatura, por la violación de la normativa que rige la profesión de
abogado, Ley 1123 de 2007. (Énfasis y subrayado de la Sala)

57. De acuerdo con el anterior pronunciamiento, la autoridad competente se
determina atendiendo la naturaleza del deber infringido. Así entonces, cuando el
reproche recae sobre la conducta oficial desplegada por el funcionario público y tal
comportamiento está asociado al desconocimiento de los deberes funcionales que
el respectivo empleo demanda, la competencia corresponde a la Procuraduría
General de la Nación y/o a la respectiva oficina de control interno disciplinario.

58. Por el contrario, cuando la censura se relaciona con la vulneración de los
deberes éticos y profesionales propios del ejercicio de la abogacía, el conocimiento
corresponde a la jurisdicción disciplinaria. A esta misma conclusión ha arribado la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en el pronunciamiento de fecha
11 de junio de 2025, expediente nro. 11001-03-06-000-2025-00016-0018.

59. En el presente asunto, la actora fue investigada y sancionada por las
dependencias disciplinarias internas de la Policía Nacional19 en su calidad abogada
de defensa judicial de esa institución, labor que cumplía en razón del vínculo laboral
sostenido con aquel ente en su condición de uniformada. Por consiguiente, esta
Sala advierte que el núcleo esencial de la imputación formulada a la demandante
se edificó sobre una serie de omisiones en las que, como abogada, incurrió al
interior de unos procesos judiciales en los que la Policía Nacional actuó como
demandada.

60. En este orden de ideas, es claro que la actuación sancionatoria debió ser
adelantada por las otrora Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura20 pues, se
insiste, a la accionante nunca se le reprochó el incumplimiento de sus deberes
funcionales, sino, por el contrario, se le censuraron las omisiones relativas a su labor
como defensora judicial, conductas que, como se vio antes, se adscriben al régimen
disciplinario de los abogados y, por ende, atribuyen la competencia para su
investigación y sanción en los órganos jurisdiccionales arriba señalados.

61. Así las cosas, las autoridades disciplinarias de la Policía Nacional carecían de
competencia para adelantar y decidir el proceso sancionatorio en los términos en
que fue estructurada la imputación. Este defecto desconoció la garantía del juez
natural y afectó de manera sustancial el debido proceso de la demandante, razón
por la cual los actos administrativos sancionatorios se encuentran viciados de
nulidad.

18 C.P. John Jairo Morales Alzate.
19 Esto es, la Inspección Delegada Regional Cuatro y por la Inspección General de la Policía Nacional.
20 En la actualidad, tales funciones son ejercidas, según la instancia correspondiente, por las Comisiones

Seccionales de Disciplina Judicial y por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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62. La anterior conclusión releva a la Sala de pronunciarse sobre el problema
jurídico formulado en esta instancia y, por demás, le permite confirmar la sentencia
apelada, pero por las razones aquí expuestas.

63. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P., teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

66. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de abril de 2021, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió la señora Betty Luz Martínez Ayazo en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, pero por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Demandante: Betty Luz Martínez Ayazo

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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