Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00742-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-00742-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00742-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-00742-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Ruales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Ruales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución-intereses moratorios
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada y la apelación adhesiva
contra la sentencia de 19 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó
seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
2. El señor José Jacinto Vidal, formuló demanda ejecutiva con el fin de lograr el
cumplimiento de las sentencias del 17 de julio de 2008 proferida por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, confirmada y aclarada el 13 de noviembre de 2010 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento radicado 25000-23-25-000-2005-07046-01
instaurado contra la Caja Nacional de Previsión Social.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
3. Las decisiones invocadas como título ejecutivo ordenaron a la autoridad
administrativa a reconocer una pensión de jubilación al accionante en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre incluyendo en forma proporcional, los factores salariales devengados
en ese lapso, con efectividad a partir del 20 de diciembre de 2003 pero con
efectos fiscales a partir del retiro del servicio.
4. La ejecutante consideró que el pago ordenado en las providencias se efectuó
con posterioridad a su ejecutoria, por esa razón se causaron intereses
moratorios; que la Resolución UGM 039501 de 22 de marzo de 2012 dio
cumplimiento parcial a las sentencias reliquidándose la prestación periódica y
reportándose la inclusión en nómina hasta enero de 2012, no obstante, esa
determinación se modificó mediante la Resolución UGM 039501 de 22 de marzo
de 2012, pero que en el pago realizado no se incluyeron los intereses moratorios
de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Teniendo en cuenta lo anterior se generó un error en el cálculo de los intereses
moratorios que se causaron a partir del 11 de septiembre de 2010, día de la
ejecutoria y hasta el 24 de mayo de 2012, momento en el que se requirió el
cumplimiento de la decisión a la entidad pública.
6.Por lo anterior, solicitó que se librara mandamiento de pago contra la UGPP
por la suma de $57.089.540,47 por concepto de intereses moratorios con su
correspondiente indexación hasta el pago efectivo.
1.2. Mandamiento de pago
7. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca través de auto del 1° de noviembre de 2018 libró mandamiento
ejecutivo en contra de la UGPP y a favor de José Jacinto Vidal Rúales por el valor
reclamado en la demanda correspondiente a los intereses moratorios causados
desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo base de recaudo y hasta la fecha
de pago de la condena.
8. Para llegar a la conclusión, verificó que, si bien el fallo quedó ejecutoriado el
10 de septiembre de 2010, el primer pago se realizó el 25 de abril de 2012 y el
segundo el 25 de mayo de 2012, por lo que era procedente el reconocimiento de
los intereses moratorios, ya que, al observarse las liquidaciones efectuadas por
el órgano de previsión social solamente se incluyeron las diferencias de las
mesadas y la indexación respectiva, sin reconocerse ni pagarse los intereses
moratorios.
1.3. Contestación de la demanda
9. La UGPP presentó escrito de defensa con las siguientes excepciones:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
10. Pago total de la obligación, especificó que las Resoluciones UGM 12328 de
6 de octubre de 2011 y UGM 039501 de 22 de marzo de 2012 dieron
cumplimiento a los fallos invocados como título ejecutivo.
11. Falta de legitimación en la causa por pasiva, aseguró que la UGPP carecía
de competencia para el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados
en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues el artículo 5° de
la Resolución UGM 012328 de 6 de octubre de 2011 indicó que dicho pago
estaría a cargo del proceso liquidatorio de CAJANAL, motivo por el que la
reclamación del concepto debería continuar siendo atendida por el patrimonio
autónomo constituido para el propósito o por la entidad que asumiera el pago de
los pasivos; del mismo modo, el artículo 6° del citado acto administrativo
estableció que el área de nómina de CAJANAL realizaría las operaciones para el
cálculo de los intereses moratorios, así, su reconocimiento se encuentra a cargo
de dicha entidad.
12. Imposibilidadde pago de intereses moratorios a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, destacó que el pago de éstos
estaba a cargo de PAR CAJANAL o en su defecto de la cartera ministerial que
asumió los pasivos de ese tipo que era el Ministerio de Salud y la Protección
Social.
13. Inexistencia del título ejecutivo, afirmó que la demandante no podía
reclamar el reconocimiento de los intereses moratorios, toda vez que no radicó
ante la autoridad administrativa la solicitud de pago, siendo un requisito
indispensable a efectos de reconocer o no el derecho.
14. No hay lugar a intereses moratorios, explicó que la institución no incurrió en
mora, ya que, nunca se presentó la solicitud de pago de intereses, además, la
obligación no encuentra en cabeza de la UGPP.
15. Prescripción, aseveró que, si bien es cierto el simple escrito del trabajador,
surte efectos en cuanto a la interrupción de la prescripción por una sola vez, y
por un lapso igual al señalado, la solicitud no puede referirse a un derecho
indeterminado y en el evento de que sean presentados múltiples derechos de
petición no serán idóneos para interrumpir la prescripción.
16. Caducidad de la acción ejecutiva, manifestó que el término de presentación
de la demanda es de 5 años contados a partir de la exigibilidad del derecho y que
si la demanda se presentó con posterioridad al 1° de julio de 2015, su radicación
fue extemporánea.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
1.5. Sentencia de primera instancia
17. El tribunal dictó sentencia el 19 de noviembre de 20202 ordenando seguir
adelante con la ejecución contra la UGPP; declaró no probada las excepciones
de inexistencia del título ejecutivo, no hay lugar a intereses moratorios,
indexación, caducidad de la acción ejecutiva, aplicación artículo 176 del CCA y
condena en costas no proceden, prescripción y pago total de la obligación; así
mismo, condenó en costas a la entidad ejecutada y ordenó a las partes a que
presentaran la liquidación del crédito de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
446 de la Ley 1564 de 2012.
18. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
imposibilidad de pago por intereses moratorios a cargo de la UGPP, inexistencia
del título ejecutivo y caducidad de la acción ejecutiva, aclaró que se decidieron a
través del auto con fecha de 27 de mayo de 2019, pues, también fueron alegados
mediante recurso de reposición en contra del auto que libró orden de pago, no
obstante, en lo concerniente a la excepción de no hay lugar a intereses
moratorios señaló que no integraba a las excepciones descritas en el numeral 2°
del artículo 442 de la Ley 1564 de 2012 sino un argumento de defensa
relacionado con el fondo del debate.
19. Por otra parte, analizó que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la liquidación de una entidad pública no implicaba que no se pudieran
iniciar procesos ejecutivos para obtener el pago de obligaciones a cargo del ente
suprimido o disuelto y que tampoco los acreedores tenían la obligación de
hacerse parte en el trámite liquidatorio en tanto el referido procedimiento
suspendía los términos de prescripción y caducidad, lo cual implicó que los
acreedores tuviesen la posibilidad ejercer el derecho de acción una vez concluida
la liquidación.
20. En ese orden, estudió la excepción de prescripción, concluyendo que como el
fallo quedó ejecutoriado el 10 de septiembre de 2010, se hizo exigible el día 11
de marzo de 2012, la fecha límite para presentar la demanda ejecutiva sería el
11 de marzo de 2017, y teniendo en cuenta que el escrito se radicó el 8 de febrero
de 2016 no operó la prescripción.
21. Ahora bien, sobre la excepción de pago total de la obligación destacó si bien
se aportaron las liquidaciones efectuadas por la UGPP para determinar la
diferencia entre la mesada cancelada y la que debió pagar desde el mes de junio
de 2008 hasta abril de 2012, el órgano de previsión social se limitó a liquidar las
diferencias de las mesadas pensionales y la indexación, sin incluir ningún valor
referido a los intereses moratorios.
2
Archivo titulado «14 SENTENCIA», expediente digital, índice 2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
22. Por lo anterior, el a quo liquidó los intereses moratorios, para lo cual tomó como
capital indexado adeudado a la fecha de ejecutoria de la sentencia según la
Resolución UGM 012328 de 6 de octubre de 2011 la suma de $ 81.237.105,05
menos los descuentos por aportes a salud, esto es, $ 8.578.415,93, generándose
la suma de $ 72.658.689,12, en ese sentido y con base a la última suma
estableció que los intereses moratorios a que tenía derecho el demandante
ascendieron al valor de $21.571.882.5.
23. Luego, analizó que como la Resolución UGM 012328 de 6 de octubre de 2011,
acto mediante el cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias que
se acreditaron como título ejecutivo, con posterioridad fue modificado a través de
la Resolución UGM 039501 de 22 de marzo de 2012 en el sentido de ordenar
que la mesada pensional se incrementara de $ 3.680.937 a $ 4.717.197, decisión
que fue incluida en nómina de mayo de 2012, se generó un nuevo capital e
indexación.
24. De ahí que, al realizar la liquidación de los intereses moratorios con el capital
indexado adeudado a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, dio la suma de
$34.014.181,66, menos los descuentos por aportes a salud que fue de
$3.553.006, arrojó la cuantía de $ 30.461.175,66 que es la base sobre la cual se
debían liquidar los intereses moratorios durante el período de 11 de septiembre
de 2010 a 30 de abril de 2012, de tal forma que por intereses moratorios la UGPP
adeuda la suma de 11.702.020,37.
25. Hizo hincapié en que si bien se libró mandamiento de pago por la suma de
$57.089.540,47, debía modificarse el valor por concepto de intereses moratorios
y, en consecuencia, continuar adelante con la ejecución por la suma de
$33.273.903,18.
26. De otro lado, aseveró que las agencias en derecho se encontraban
contempladas dentro de las costas procesales, como lo dispone los artículos 365
y 366 de la Ley 1564 de 2012, las cuales se determinarán son fundamento al
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura en el que fue señalado lo siguiente, en los procesos ejecutivos
de primera instancia «hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia», en esos términos se
tasaron las agencias en derecho en una cuantía equivalente al 3% del valor
pagado. Razón por la cual, condenó en costas a la entidad.
1.6. Recursos de apelación
27. Laparte ejecutada presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
28. Sostuvo que el a quo ordenó seguir adelante la ejecución por la suma de
$33.273.903.18 por concepto de intereses moratorios liquidados desde el 11 de
septiembre de 2010 (día siguiente a la ejecutoria del fallo de 2° instancia del
proceso ordinario) hasta el 30 de abril de 2012 (mes anterior a la fecha de
inclusión en nómina de la Resolución UGM 39501 del 22-03-2012.
29. Lo anterior por cuanto el fallador de instancia calcula 2 períodos a la hora de
liquidar los intereses moratorios, a saber:
30. A partir de la base de la Resolución No. UGM 12328 del 06-10-2011, que indica
un capital indexado adeudado por $ 81.237.105.05, al cual se le aplicaron lo
descuentos para el pago de la seguridad social en salud por valor de
$8.578.515.93, arrojando un valor de $72.658.689.12, valor que fue tomado como
base para el cálculo de los intereses.
31. La Segunda base para liquidar intereses, se estableció conforme la Resolución
No. 39501 del 22-03-2012, que indicó un capital restante por cancelar según
reliquidación por valor de $ 34.014.181.66, suma a la cual se le descontó el valor
de $3.553.006 por concepto de descuentos por aportes a la seguridad social, por
lo cual se fijó la base para el cálculo de los intereses moratorios por valor de
$30.461.175.66, calculados desde el 11 de septiembre hasta el 30 de abril de
2012 (mes anterior a la segunda inclusión en nómina).
32. De conformidad con lo anterior y toda vez que el fallador de instancia ordenó
practicar la liquidación del crédito conforme lo establece el artículo 446 del C.G.P;
a continuación, se aporta una liquidación alternativa a la efectuada por el
Despacho, atendiendo los parámetros indicados mediante Resolución No. RDP
20820 del 11 de septiembre de 2020.
33. De allí que realiza una liquidación del crédito y concluye que la suma a pagar
por intereses moratorios, teniendo en cuenta los valores reportados por las
resoluciones UGM 12328 de 06/10/2011 y UGM 39501 de 22/03/2012, asciende
a M/CTE $ 12.451.145.62.
34. De otro lado, apeló lo concerniente a la condena en costas y agencias en
derecho, explicando que su imposición debe atender a unos criterios como lo son
la conducta de las partes y que se encuentren causadas y comprobadas, en ese
sentido, el artículo 365 del Código General del Proceso no contempló una
apreciación objetiva, descartando que el sujeto procesal vencido en el debate se
condene en costas, determinación que adoptó el juez de primera instancia sin
verificar las actuaciones de los intervinientes, pues, dentro trámite no se advirtió
temeridad ni mala fe de la UGPP, del mismo modo, el artículo 280 del CGP
preceptúa que en la sentencia «el juez siempre deberá calificar la conducta
procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
35. Deotro lado, la parte demandante en su recurso de apelación adhesiva
expresó que:
36. ElTribunal de primera instancia acertó en la liquidación de los intereses
moratorios liquidada en los términos del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, respecto del capital causado hasta el momento de la ejecutoria
de la sentencia y en los pagos realizados con fundamento a las resoluciones
UGM 012328 de 6 de octubre de 2011 y UGM 039501 de 22 de marzo de 2012.
37. Reprochó el punto del capital o diferencias de mesadas generadas con
posterioridad a la fecha de ejecutoria del fallo, toda vez que, el a quo únicamente
analizó el capital indexado adeudado a la fecha de ejecutoria de la decisión
respecto de los pagos realizados a través de las resoluciones UGM 012328 de 6
de octubre de 2011 y UGM 039501 de 22 de marzo de 2012, omitiendo que luego
a esa fecha se continuaron causando diferencias de mesadas e intereses
moratorios.
38. No solamente se causó un capital indexado adeudado a la fecha de ejecutoria
de la sentencia, además se generó un capital posterior correspondiente al valor
de mesadas calculadas desde el día siguiente a la fecha en la que adquirió
ejecutoria la decisión y hasta que se incluye en pago de la prestación periódica
en nómina de pensionados.
39. Este último capital también causa intereses, aunque de manera diferente, de
lo contrario se pagaría unas sumas depreciadas, las mismas no se indexaron tal
como se acreditó con los pagos llevados a cabo en el mes de enero de 2012
respecto de la Resolución UGM 012328 de 6 de octubre de 2011 y el pago
efectuado en el mes de mayo de 2012 respecto de la Resolución UGM 039501
de 22 de marzo de 2012.
1.7. Trámite de segunda instancia
40. El 1° de febrero de 2022 se admitieron los recursos de apelación3 y se dispuso
que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso
regresaría al despacho para fallo.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
3
Índice 4 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4.
42. De tal modo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el presente caso
apelaron las partes, en esta instancia la Sala se pronunciará sobre los reparos
expuestos en los recursos.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Obligación de sustentar debidamente el recurso de apelación por
parte de la UGPP
43. En primer lugar, se determinará si el cargo formulado por la parte ejecutada
consistente en presentar una liquidación alternativa para dar cumplimiento a la
fase de liquidación del crédito en el asunto de la referencia controvirtió los
argumentos expuestos por el a quo.
44. Pues bien, en cuanto al objeto del recurso de apelación que es examinar en
segunda instancia los reparos concretos del apelante respecto a la controversia
decidida5, el artículo 328 del Código General del Proceso6, aplicable en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como consecuencia de la remisión
normativa del artículo 306 del CPACA7, consagró que la competencia del juez de
segundo grado se encuentra delimitada a los argumentos planteados en el
escrito, excluyendo los temas diferentes a los planteados en el recurso.
4
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5
Artículo 320 de la Ley 1564 de 2012. Fines de la apelación. «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71».
6
Artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. Competencia del superior. «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones […]».
7
Artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. Aspectos no regulados. «En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
45. En múltiples ocasiones, el Consejo de Estado8 ha determinado que no resulta
suficiente con que el recurrente presente y sustente su escrito de apelación, sino
que lo respalde de forma adecuada, confrontando los argumentos expuestos por
el a quo para desvirtuar total o parcialmente la providencia. Lo anterior, en aras
de fijar el marco de acción del juez de segunda instancia. Sobre el particular se
ha expresado:
«Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental
para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la
simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es
suficiente con la manifestación general de no estar conforme con la decisión
impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado
de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o
desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis
planteada» [Negrilla fuera de texto]
46. Aplicada la anterior referencia normativa y jurisprudencial al caso de marras,
se concluye que los argumentos depositados en la alzada no señalaron los yerros
o desaciertos en que incurrió la sentencia impugnada respecto del monto por el
cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.
47. En otras palabras, con el escrito de reproche no se contrariaron los
razonamientos adoptados por el juez de primera instancia para seguir adelante
con la ejecución por la suma de $33.273.903,18 que correspondieron a los
intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el mes
anterior a la inclusión en nómina de las Resoluciones UGM 012328 de 6 de
octubre de 2011 y UGM 039501 de 22 de marzo de 2012 que dieron cumplimiento
a la providencia, sino que únicamente se aportó una liquidación alternativa con
fundamento a los parámetros y metodología utilizada por el órgano de previsión
social, así como el alegato de la expedición del acto administrativo de que trata
la Resolución RDP de 11 de septiembre de 2020, aspectos que no fueron objeto
de decisión ni debate en la sentencia de 19 de noviembre de 2020.
48. Sumado al hecho de que en el mismo escrito la parte recurrente sostiene que
«De conformidad con lo anterior y toda vez que el fallador de instancia ordenó
practicar la liquidación del crédito conforme lo establece el artículo 446 del C.G.P;
a continuación, se aporta una liquidación alternativa a la efectuada por el
Despacho, atendiendo los parámetros indicados mediante Resolución No. RDP
20820 del 11 de septiembre de 2020», lo cual denota que está ejerciendo su
derecho a presentar la liquidación del crédito conforme se dispuso en la sentencia
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia del 8 de mayo
de 2023. Radicado: 76001 23 31 000 2009 00496 01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda- Subsección A, Sentencia del 30 de enero de 2020. Radicado 05001-23-33-000-2016-00693-01(1623-18) y
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 18 de mayo de 2018. Radicado
25000 23 24 000 2010 00642 02 (20718).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
recurrida, como etapa procesal posterior a la misma, pero de ninguna manera
controvirtiendo la decisión del a quo contenida en ella.
49. Así las cosas, para la Sala, el escrito presentado por la apoderada de la parte
ejecutada no satisfizo los estándares del derecho de impugnación, pues no
cumplió con la carga de sustentarlo debidamente.
50. En consecuencia, el recurso de apelación lo es en apariencia, por cuanto, el
reproche formulado en este no es congruente con la motivación e ideas del a quo,
como puede inferirse, la sustentación del recurso de apelación no guardó
congruencia frente a la motivación del fallo de primer grado, de ahí que, esta
instancia no tiene competencia para pronunciarse al respecto.
2.2.2. Congruencia de las pretensiones de la demanda ejecutiva con el
argumento de inconformidad referido por el señor José Jacinto Vidal
Rúales
51. Es importante verificar si el reproche formulado por la parte ejecutante guarda
congruencia con lo reclamado en la demanda o por el contrario se está intentado
el reconocimiento en la presente instancia de pretensiones no incluidas en el
escrito y respecto de las cuales la UGPP no contó con la oportunidad de
pronunciarse.
52. El ejecutante en el escrito de la demanda ejecutiva solicitó lo siguiente:
«Se libre a favor del señor JOSE JACINTO VIDAL RUALES, y en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP […],
mandamiento ejecutivo de pago, por las siguientes sumas de dinero y por los
valores relacionados a continuación:
Por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($57.089.540.47) MCTE, por concepto de intereses moratorios derivados de la
sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección D y el […] Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, debidamente ejecutoriados con fecha 10 de septiembre de 2010, y
los cuales se causaron entre el período del 11 de septiembre de 2010 al 24 de
mayo de 2012, de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A., suma
que deberá ser actualizada hasta que ser verifique el pago total de la misma».
53. Así mismo, el interesado calculó los intereses tomando como base un capital
fijo a partir de la ejecutoria de la sentencia invocada como título ejecutivo y hasta
los dos pagos realizadas por la entidad, de la siguiente manera:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
54. Resolución UGM 12328 de 6 de octubre de 2011: en la liquidación9 que realizó
la UGPP, se anotó que el retroactivo se calcularía desde el 16 de junio de 2008
al 31 de diciembre de 2011. El total a reportar era de $124.318.829,24 y los
descuentos a salud ascendían a $12.919.504,91, es decir que el neto a pagar
correspondía a $111.399.324,33:
RESUMEN FINAL
Concepto Mesadas Indexación Intereses Total a Descuentos Neto a pagar
reportar salud
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 84.567.720,24 869.242,00 0,00 85.436.962,24 6.329.106,39 46.413.446,86
12,5 20.246.153,50 1.091.402,00 0,00 21.336.555,50 0,00 0,00
Mesadas adicionales 17.251.570,50 283.741,00 0,00 17.545.311,50 7.892.118,88
Totales 122.074.444,24 2.244.385,00 0,00 124.318.829,24 12.919.504,91 111.399.324,33
55. A su vez, en el cupón de pago generado por Bancolombia10 detalló:
56. Los citados valores se tuvieron en cuenta por el ejecutante en la liquidación 11
que se anexó a la demanda, así:
«LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS DE SENTENCIA JUDICIAL
JOSE JACINTO VIDAL RUALES
[…]
FECHA DE EJECUTORIA DE SENTENCIA 10 de septiembre de 2010
FECHA DE PAGO RESOL. UGM 012328/2011 25 de enero de 2012
VALOR PAGADO DIFERENCIAS MESADAS $124.318.817,33 DESCUENTOS DE SALUD $13.438.400
Total base para liquidar intereses $110.880.417,33
INTERESES A LIQUIDAR DESDE 11-sep-10 HASTA 25-ene-12
9
Folios 64 y 65 del archivo titulado «02 PROCESO DIGITALIZADO JOSE VIDAL RUALES», expediente digital, índice 2
de Samai.
10
Folio 66 del archivo titulado «02 PROCESO DIGITALIZADO JOSE VIDAL RUALES», expediente digital, índice 2 de
Samai.
11
Folio 73, ídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
[…]».
57. No obstante, en la Resolución UGM 039501 de 22 de marzo de 201212, la
liquidación13 realizada por la UGPP señaló que el retroactivo se calcularía desde
el 16 de junio de 2008 hasta el 30 de abril de 2012. El total a reportar era de
$60.634.672,12 y los descuentos a salud ascendían a $6.329.106,39, es decir
que el neto a pagar correspondía a $54.305.565,74, véase:
RESUMEN FINAL
Concepto Mesadas Indexación Intereses Total a Descuentos Neto a pagar
reportar salud
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 52.742.553,25 0,00 0,00 52.742.553,25 6.329.106,39 46.413.446,86
12,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mesadas adicionales 7.892.118,88 0,00 0,00 7.892.118,88 7.892.118,88
Totales 60.634.672,12 0,00 0,00 60.634.672,12 6.329.106,39 54.305.565,74
58. Enel comprobante de pago generado por el establecimiento bancario
Bancolombia de fecha 25 de mayo de 201214, se consignó:
59. De otro lado, en la liquidación15 que se aportó con la demanda también
sirvieron como parámetro los anteriores valores para liquidar los intereses, en los
siguientes términos:
«LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS DE SENTENCIA JUDICIAL
JOSE JACINTO VIDAL RUALES
[…]
12
Folios 67 a 70, ídem.
13
Folio 71, ídem.
14
Folio 72 del archivo titulado «02 PROCESO DIGITALIZADO JOSE VIDAL RUALES», expediente digital, índice 2 de
Samai.
15
Folio 73, ídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
FECHA DE EJECUTORIA DE SENTENCIA 10 de septiembre de 2010
FECHA DE PAGO RESOL. UGM 012328/2011 25 de enero de 2012
VALOR PAGADO DIFERENCIAS MESADAS $124.318.817,33 DESCUENTOS DE SALUD $13.438.400
Total base para liquidar intereses $110.880.417,33
INTERESES A LIQUIDAR DESDE 11-sep-10 HASTA 25-ene-12
[…]».
60. Así las cosas, en las liquidaciones realizadas por el ejecutante se especificaron
que los intereses derivados de la primera resolución ascendieron a la suma de
$35.330.821,65, y por la segunda el monto era de $21.758.718,82, para un total
de $57.089.540,47 que equivale a la cuantía reclamada en la demanda.
61. Ello también se ratificó en la liquidación de los intereses moratorios, pues, en
esta se señalaron las casillas de «período», «base cálculo», «No. Días», «tipo de
tasa», «tasa mensual», «tasa diaria» y «total» con base al capital fijo de cada
acto administrativo hasta la ejecutoria de la sentencia, de la siguiente manera:
«[…]
PERIODO BASE CALCULO DIAS TIPO DE TASA TASA MENSUAL TASA DIARIA VALOR
11-sep-10 al 30-sep-10 $110.880.417,33 20 1,5 BANCARIO 21,32% 0,0530% $1.174.247,52
01-oct-10 al 31-oct-10 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $1.981.793,53
01-nov-10 al 30-nov-10 $110.880.417,33 30 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $1.917.864,71
01-dic-10 al 31-dic-10 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $1.981.793,53
01-ene-11 al 31-ene-11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $1.981.793,53
01-feb-11 al 28-02-11 $110.880.417,33 28 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $1.790.007,06
01-mar-11 al 31-mar-11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $1.981.793,53
01-abr-11 al 30 abr-11 $110.880.417,33 30 1,5 BANCARIO 26.54% 0,0645% $1.790.007,06
01-may-11 al 31-may11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 26.54% 0,0645% $1.981.793,06
01-jun-11 al 30-jun-11 $110.880.417,33 30 1,5 BANCARIO 26.54% 0,0645% $2.145.532,94
01-jul-11 al 31-jul11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 27,95% 0,0675% $2.217.050,70
01-ago-11 al 31-ago-11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 27,95% 0,0675% $2.145.532,94
01-sep-11 al 30-sep-11 $110.880.417,33 30 1,5 BANCARIO 27,95% 0,0675% $2.321.477,07
01-oct-11 al 31-oct-11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 29,09% 0,0700% $2.321.477,07
01-nov-11 al 30-nov-11 $110.880.417,33 30 1,5 BANCARIO 29,09% 0,0700% $2.246.590,02
01-dic-11 al 31-dic-11 $110.880.417,33 31 1,5 BANCARIO 29,09% 0,0700% $2.405.071,26
01-ene-12 al 25-ene-12 $110.880.417,33 25 1,5 BANCARIO 29,88% 0,0717% $1.986.235,92
TOTAL INTERESES ADEUDADOS SEGÚN RESOLUCIÓN UGM 012328/2011 $35.330.821,65
PERIODO BASE CALCULO DIAS TIPO DE TASA TASA MENSUAL TASA DIARIA VALOR
11-sep-10 al 30-sep-10 $53.639.769,20 20 1,5 BANCARIO 21,32% 0,0530% $568.056,72
01-oct-10 al 31-oct-10 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $958.717,05
01-nov-10 al 30-nov-10 $53.639.769,20 30 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $927.290,76
01-dic-10 al 31-dic-10 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $958.717,06
01-ene-11 al 31-ene-11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $958.717,06
01-feb-11 al 28-02-11 $53.639.769,20 28 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $865.917,09
01-mar-11 al 31-mar-11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 23,42% 0,0577% $958.717,60
01-abr-11 al 30 abr-11 $53.639.769,20 30 1,5 BANCARIO 26.54% 0,0645% $1.037.928,02
01-may-11 al 31-may11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 26.54% 0,0645% $1.072.625,63
01-jun-11 al 30-jun-11 $53.639.769,20 30 1,5 BANCARIO 26.54% 0,0645% $1.037.926,04
01-jul-11 al 31-jul11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 27,95% 0,0675% $1.123.013,13
01-ago-11 al 31-ago-11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 27,95% 0,0675% $1.123.013,13
01-sep-11 al 30-sep-11 $53.639.769,20 30 1,5 BANCARIO 27,95% 0,0675% $1.096.815,27
01-oct-11 al 31-oct-11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 29,09% 0,0700% $1.163.487,98
01-nov-11 al 30-nov-11 $53.639.769,20 30 1,5 BANCARIO 29,09% 0,0700% $1.125.951,17
01-dic-11 al 31-dic-11 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 29,09% 0,0700% $1.163.182,84
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
01-ene-12 al 31-ene-12 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 29,88% 0,0717% $1.197.474,05
01-feb-12 al 29-feb-12 $53.639.769,20 29 1,5 BANCARIO 29,88% 0,0717% $1.214.604,03
01-mar-12 al 31-mar-12 $53.639.769,20 31 1,5 BANCARIO 29,88% 0,0717% $1.195.474,04
01-abr-12 al 30-abr-12 $53.639.769,20 30 1,5 BANCARIO 30,78% 0,0735% $1.82.506,44
01-may-12 al 24-may-12 $53.639.769,20 24 1,5 BANCARIO 30,78% 0,0735% $946.816
TOTAL INTERESES ADEUDADOS SEGÚN RESOLUCIÓN UGM 039501/2012 $21.758.718,82
TOTAL INTERESES ADEUDADOS (35.330.821,65+$21.758.718,82) $57.089.540,47
[…]».
62. Conforme lo descrito, es claro que el ejecutante únicamente reclamó una
pretensión dirigida a que el juez del ejecutivo librara orden de pago a su favor y
en contra de la UGPP por el valor de $57.089.540,47 por concepto de los
intereses moratorios causados por la demora en el pago de la sentencia que
cobró ejecutoria el 10 de septiembre de 201016 en virtud de la cual se ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación.
63. De ahí que, a través de la providencia de 1° de noviembre de 2018 17 se librara
mandamiento de pago por el valor pretendido en la demanda «correspondiente a
los intereses moratorios derivados del pago tardío del reajuste pensional
ordenado en la sentencia proferida por esta […] Corporación […] el 17 de julio de
2008, confirmada y aclarada por el H Consejo de Estado el 13 de mayo de 2010,
día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión judicial base de recaudo,
hasta la fecha de pago de la condena. Dicha suma será liquidada en la etapa
procesal correspondiente».
64. Y si bien es cierto en la sentencia que continuó adelante con la ejecución,
luego de realizar el correspondiente análisis, se concluyó que la suma adeudada
correspondía a $33.273.903,18, por concepto de los intereses moratorios
causados entre el 1° de septiembre de 2010 y el 30 de septiembre de 2012; no
es menos cierto que allí no se contempló un concepto distinto al mencionado.
65. Sobre esa decisión el ejecutante manifestó en el recurso de apelación su
aquiescencia, así: «De la decisión anterior, se pues (sic) manifestar, que es
acertada la liquidación de intereses en los términos del artículo 177 del C.C.A,
respecto del capital causado hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia y
referidos en los pagos efectuados de conformidad con las resoluciones RDP
06139 de 2012 y UGM 059564 de 2012». Pero expresó que debe ordenarse el
pago de los «intereses causados sobre el capital posterior a la ejecutoria del fallo
que es título ejecutivo en este proceso, tal como suficientemente se ilustró en
páginas anteriores del escrito de este recurso».
66. Entonces,es claro que el ejecutante en su escrito de apelación tiene el
propósito de que se estudie una pretensión no incluida en la demanda, lo que
16
Conforme a sello secretarial de la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, visto en el folio 56 del
archivo titulado «02 PROCESO DIGITALIZADO JOSE VIDAL RUALES», expediente digital, índice 2 de Samai.
17
Folios 102 a 112 del archivo titulado «02 PROCESO DIGITALIZADO JOSE VIDAL RUALES», expediente digital, índice
2 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
contraría lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA18, según el cual el fallo debe
motivarse y fundamentarse en la demanda y en su contestación, con un análisis
crítico de los elementos probatorios junto a los razonamientos que
fundamentaron la decisión, en concordancia con el artículo 281 de la Ley 1564
de 2012 que consagró el principio de congruencia de la sentencia tanto en la
parte motiva como en la parte resolutoria y entre el estudio de fondo y lo expuesto
por la parte demandante y demandada en las respectivas oportunidades
procesales19, cuya finalidad se delimita en la protección a las partes de
salvaguardar el derecho al debido proceso y de defensa, por ello, la actuación
procesal se dirige a refutar los argumentos y hechos expuestos en la demanda,
en caso del demandado, y en la contestación, cuando la calidad en la que se
interviene en el proceso es como demandante.
67. De la misma manera, la incongruencia no solamente se predicará cuando
exista divergencia entre lo reclamado en la demanda y lo decidido, también se
presentará si el fallo no tiene relación con lo solicitado en el recurso de apelación.
68. Por ello, según lo establecido por el artículo 320 de la Ley 1564 de 2012 20, el
análisis y órbita de competencia del juez de segundo grado se delimita en los
aspectos de hecho y de derecho presentados al juzgado previo a que se decida
la controversia, más aún, los argumentos de la impugnación también deben
limitarse a aquellos; de allí que sea improcedente, por medio de la apelación, que
se estudie y acceda a pretensiones no planteadas en la demanda y respecto de
la cual el a quo no contó con la oportunidad estudiar; así como tampoco, la
ejecutada pudo exponer argumentos de defensa respecto de ellas.
69. Así las cosas, si el ejecutante no estaba de acuerdo con el cumplimiento de
las órdenes que se dio a la sentencia invocada como título ejecutivo a través de
las Resoluciones UGM 012328 de 6 de octubre de 2011 y UGM 039501 de 22 de
marzo de 2012 también debió formular la pretensión respecto al capital posterior
de las mesadas calculadas desde el día siguiente a la fecha en la que adquirió
ejecutoria la decisión y hasta que se incluye el pago de la prestación periódica
en nómina de pensionados, con los correspondientes intereses moratorios
derivados ésta.
18
Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. Contenido de la sentencia. «La sentencia tiene que ser motivada, En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis de crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus […]».
19
Artículo 281 de la Ley 1564 de 2012. Congruencias. «La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley […]».
20
Artículo 320 de la Ley 1564 de 2012. Fines de la apelación. «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
70. En consecuencia, la Sala no puede realizar un pronunciamiento respecto de
un tema que no fue debatido en la primera instancia.
2.3. Problema jurídico
71. De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación radicado
por la UGPP, el problema jurídico se contrae en resolver ¿si resulta procedente
la condena en costas impuesta a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por resultar
vencida en este proceso?
2.3.1. Análisis de la Sala
72. Las costas del proceso están relacionadas con todos los gastos necesarios o
útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados
gastos del proceso, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso 21 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación 22.
73. Así mismo, el concepto de costas comprende las agencias del derecho que
son los gastos generados por el apoderamiento dentro del proceso u honorarios
del abogado, que el juez reconocerá discrecionalmente a favor de la parte
vencedora siguiendo los criterios contemplados en los numerales 3° y 4º del
artículo 366 de la Ley 1564 de 201223, y que no necesariamente deben
corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su
abogado24 los cuales tendrán que ser establecidos contractualmente entre éstos
conforme a los criterios previstos en el numeral 8° del artículo 28 de la ley 1123
de 200725.
74. Dicho lo anterior, advierte la Sala que la sentencia de primera instancia fue
proferida en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin la modificación de la Ley 2080
21
Artículo 171, numeral 4° en concordancia con el artículo 178 ídem.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección A. Providencia dictada el 7
de abril de 2016. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
CP William Hernández Gómez.
23
«[…] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos
por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se
litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre
que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]».
24
Criterio aceptado por la Corte Constitucional en las sentencias C-043 de 2004 y C-539 de 1999
25
Regula la norma como deber de los abogados, el de «…fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y
proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada
vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
de 2021. Ahora, el artículo 365 el CGP, aplicable al caso por remisión expresa
del artículo 188 del CPACA, estableció la siguiente regla: “8. Solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
75. Lo anterior, viene determinado por un criterio objetivo que se activa frente a la
parte que es vencida en el proceso. Es decir, para su imposición no se requiere
examinar la conducta desplegada por el condenado. En ese contexto, esta
Subsección venía sosteniendo que este tipo de sanción se abría paso en la
medida en que se comprobara su causación bajo los criterios fijados en el
artículo 365 del CGP26.
76. Sin embargo, la Sala advierte que el a quo en la sentencia recurrida no motivó
la imposición de esta, por lo tanto, se revocará en dicho aspecto.
77. Finalmente es de advertir que mediante memorial radicado el 26 de marzo de
2023, la apoderada de la autoridad administrativa comunicó la orden de pago OP
58385422 a favor del señor José Jacinto Vidal Rúales por la suma de
$12.451.145,6227, sin embargo, no se aportó el comprobante de pago o algún
documento que acreditara que el ejecutante recibió el dinero estipulado en la
orden de pago, razón por la cual, será el a quo quien determine si hubo o no pago
total de la obligación en la etapa correspondiente.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
78. La Sala no condenará en costas a la parte ejecutante toda vez que las
premisas plasmadas en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de sus
intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal. Lo que
igualmente ocurre con la parte ejecutada, pues su recurso se encuentra
sustentado jurídicamente, además, prosperó parcialmente su apelación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 17 de abril
de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca por medio del cual condenó en costas a la UGPP.
26
Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 (4492-2013), consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez.
27
Índice 9 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00742-01 (4582-2021)
Demandante: José Jacinto Vidal Rúales
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada, según lo expuesto
en la parte motiva.
TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía,
identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta
profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los
términos del poder conferido28.
QUINTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Michael
Stiven Gaviria Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.532.623 de
Florencia y tarjeta profesional 350.692 del C.S de la J., como apoderado sustituto
de la UGPP, en los términos del poder otorgado29.
SEXTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
28
Poder general visto en el índice 18 de Samai.
29
Sustitución de poder vista en el índice 18 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.