Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01012-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-2018)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, no prueba subordinación, abogada
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, quienes
actúan por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 26 de enero
de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
i.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), la señora Janeth Peñaranda Canosa, por
intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 20155161339601
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
100-603-2014 del 12 de agosto de 2015, expedido por el Instituto de Desarrollo
Urbano, en adelante IDU, por medio del cual se negó el reconocimiento de los
derechos prestacionales y de seguridad social reclamados.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que entre ella y el IDU existió una relación laboral y que todo el
tiempo servido entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015, sin solución
de continuidad, tiene efectos legales para el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, como se le pagan a un
empleado de planta como profesional universitario, código 219, grado 03, de la
Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales del IDU; ii) condenar al
IDU a pagar a favor de la señora Peñaranda Canosa la retención en la fuente, ICA,
riesgos profesionales que fueron descontados de sus contratos, horas extras,
cesantías definitivas, primas de servicios, navidad, junio, antigüedad, de
vacaciones y técnica, vacaciones, intereses a las cesantías y demás derechos
laborales no cancelados; iii) cancelar a favor del fondo de pensiones al cual se
encuentre afiliada los valores correspondientes a las cotizaciones que no fueron
realizadas durante la vigencia de la relación laboral; iv) declarar que no hay
prescripción trienal del derecho; v) reconocer y pagar la sanción moratoria por el
no pago oportuno de las cesantías; y vi) dar cumplimiento al fallo en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Janeth Peñaranda Canosa «laboró» al servicio del IDU a través de
contratos de prestación de servicios personales desarrollando iguales funciones
que quienes desempeñaban el cargo de profesional universitario, código 219,
grado 03 de la Subdirección Técnica Jurídica de Ejecuciones Fiscales de la
entidad, en el período comprendido entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero
de 2015.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
ii) Durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios asumió el
pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales en un 100% y
nunca se le cancelaron prestaciones sociales.
iii) Los referidos contratos encubrieron una verdadera relación laboral, puesto que
la prestación personal del servicio fue objeto de subordinación, ya que debía
cumplir los horarios impuestos para la atención directa de los usuarios y recibir
órdenes y directrices del subdirector técnico de ejecuciones fiscales, Carlos
Ramírez y de su coordinadora delegada, Ana Fernández.
iv) El 16 de julio de 2015, mediante derecho de petición solicitó al IDU el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a que
hubiera lugar por el tiempo «laborado» entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de
febrero de 2015.
v) El 12 de agosto de 2015, la subdirectora técnica de Recursos Humanos del
IDU dio respuesta nugatoria frente a las prestaciones solicitadas con el argumento
de que la vinculación se dio como contratista y no como empleada de la entidad.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2
y 7 del Decreto 2400 de 1968; 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 5, 8, 16, 21, 24, 32,
34, 40, 45 y 46 del Decreto 1045 de 1968; 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 2, 6 y 7
del Decreto 1950 de 1973; 85 del Decreto 01 de 1984; y 32 y 81 de la Ley 80 de
1993.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) La conducta desplegada por el IDU fue orientada a sustraerse de la obligación
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
legal de índole laboral respecto a la demandante, quien fuera su trabajadora
dependiente y subordinada, contratada para realizar las labores de abogada en la
Subdirección Técnica Jurídica y Ejecuciones Fiscales, que requerían su
permanencia en el sitio de trabajo por la necesidad del servicio en el horario
determinado por su jefe inmediato.
ii) La cantidad sucesiva de contratos de prestación de servicios hizo que la
relación laboral que sostuvieron fuera permanente, así como la remuneración
percibida de forma mensual proveniente de los recursos presupuestales del IDU.
iii) La actividad realizada por la señora Peñaranda Canosa como abogada en el
área de valorización es una función permanente que corresponde a la razón social
del IDU, cuyo cargo y funciones existen en la planta de personal de la entidad bajo
la denominación de profesional universitario, código 219, grado 03, de la
Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales.
iv) El IDU sometió a un trato desigual a la demandante con respecto a sus
iguales, al no permitirle disfrutar los beneficios propios de un contrato laboral en el
tiempo y en las circunstancias debidas.
1.2. Contestación de la demanda
El IDU
El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1
y expuso las siguientes razones de defensa:
i) El IDU suscribió varios contratos de prestación de servicios como apoyo a la
gestión con la señora Peñaranda Canosa, luego de la naturaleza de esas
vinculaciones no se desprende una relación de subordinación laboral ni
dependencia para el desarrollo de la actividad contratada.
1 Folios 131 al 150.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
ii) La entidad cumplió con todas las disposiciones contenidas en el clausulado
de los contratos de prestación de servicio como pagar las sumas estipuladas por
concepto de honorarios, y proporcionar la información requerida para la normal
ejecución del objeto contractual.
iii) La accionante firmó de manera libre, consciente y voluntaria los contratos
temporales de prestación de servicio sin que pueda desconocerlos ahora para
pretender el reconocimiento de una relación laboral.
Propuso las excepciones de inexistencia de los elementos que configuran una
relación laboral, no cumplimiento de los requisitos para ser considerado
funcionario, cobro de lo no debido, prescripción, y la genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia escrita proferida el 26 de enero de 2018,2 accedió a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:
i) Con fundamento en el objeto de los contratos de prestación de servicios se
observa que la demandante se obligó con el IDU a desarrollar actividades como
abogada en la Subdirección Técnico-Jurídica y de Ejecuciones Fiscales, por lo
tanto, los servicios debían ser prestados de forma personal y se pactó el pago de
una contraprestación económica.
ii) En el proceso se recaudaron los testimonios de los señores Gloria Acevedo
y Jorge Ruiz solicitados por la parte demandante y de los señores Alejandra
Muñoz y Carlos Ramírez, pedidos por la parte demandada, declaraciones que no
fueron coincidentes y se contradicen en cuanto a la presunta subordinación.
2 Folios 326 al 338. Con ponencia del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
iii) No obstante, al revisar los estatutos del IDU se tiene que en la planta de
personal existía el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, el cual
ejercía similares funciones a las desempeñadas por la demandante, además, esta
circunstancia la reconoció la entidad al manifestar que tuvo que acudir a la figura
del contrato de prestación de servicios al no contar con el recurso humano
suficiente para cumplir con las necesidades institucionales, luego se deduce que la
señora Peñaranda Canosa debía desarrollar labores bajo total subordinación y
dependencia como los demás empleados.
iv) Evidentemente las funciones realizadas por la demandante en el IDU
relacionadas con la proyección de actos administrativos, entre otras, son labores
que tienen correspondencia con el objeto de la entidad y no podían realizarse en
lugar distinto a sus instalaciones, pues para su desarrollo era indispensable
consultar el sistema y base de datos institucional, aunado al hecho de que los
proyectos de acto eran avalados previamente por el subdirector técnico jurídico.
v) Así pues, las labores desempeñadas llevaron consigo subordinación al
acreditarse que en la planta de personal de la entidad existían abogados que
prestaban los servicios en igualdad de condiciones que la demandante; las
funciones tienen relación con el objeto misional; todos los servidores del IDU
debían cumplir horario y acatar órdenes de los jefes inmediatos; y las actividades
no fueron ocasionales o temporales, pues se desplegaron por más de 6 años,
circunstancias que conllevan establecer que se configuró una verdadera relación
laboral.
vi) Como la actora elevó reclamación administrativa el 16 de julio de 2015, y la
última vinculación culminó el 27 de febrero de 2015, no hay lugar a aplicar la
prescripción del derecho y en consecuencia se declarará la existencia de la
relación laboral entre el 21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015. Sin
embargo, teniendo en cuenta que a partir del 1º de septiembre de 2013, le fue
reconocida pensión de vejez, el restablecimiento del derecho se hará hasta el 31
de agosto de 2013, día anterior al reconocimiento de la prestación, en
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
consideración a que se le pagaran las prestaciones «dejadas de percibir como si
hubiere sido empleada pública, lo cual a todas luces es incompatible con dicha
prestación, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992».
vii) Las prestaciones salariales y sociales dejadas de percibir se deben liquidar
conforme a los honorarios pactados. De igual manera el IDU deberá pagar los
porcentajes de cotización correspondientes al empleador en pensión y salud.
viii) Finalmente, negó la devolución de las deducciones efectuadas por
concepto de retención en la fuente, de los valores cancelados por riesgos
profesionales y el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. La demandante
El apoderado de la señora Janeth Peñaranda Canosa interpuso recurso de
apelación3 en contra de la sentencia previamente referenciada, y solicitó que se
adicione para acceder a las pretensiones de la demanda en los términos en que
fue solicitado. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:
i) Es imposible que concurra una incompatibilidad respecto del
reconocimiento de la indemnización por la declaratoria de la existencia de la
relación laboral encubierta o subyacente con la pensión de vejez que devenga la
demandante, ya que no ostenta la calidad de empleada pública y no está
percibiendo dos asignaciones que provengan del Estado. Lo anterior por cuanto es
posible ser pensionado del sector público y celebrar contratos de prestación de
servicios con entidades estatales, luego la actora tiene derecho al reconocimiento
y pago de la indemnización desde el 21 de julio de 2008 hasta el 27 de febrero de
3 Folios 343 al 346.
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2015, y no como lo ordenó el fallador de primera instancia, hasta el 31 de agosto
de 2013.
ii) Como quedó probado que sí existía en la planta de personal del IDU el cargo
de profesional universitario, código 219, grado 03, la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de todas las prestaciones que devengaban los funcionarios
que ostentaban dicho empleo, liquidadas con base en el salario percibido por
ellos, y no conforme el valor pactado en los contratos de prestación de servicios.
iii) Con respecto a la no devolución del valor de los aportes pagados por
concepto de riesgos profesionales, contrario a lo afirmado por el Tribunal, si le
asiste el derecho a pesar de que las certificaciones no se hubiesen aportado al
proceso siempre que se demuestre el pago de estos, circunstancia que se puede
dar incluso al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia por parte del
IDU.
iv) Por último, la accionante tiene derecho además a que se le paguen los
aportes que no se realizaron a las Cajas de Compensación Familiar y que debió
cancelar el IDU si no hubiera desnaturalizado la relación contractual.
1.4.2. La demandada
El IDU, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación en contra la
sentencia de primera instancia y solicitó fuera revocada, bajo las siguientes
consideraciones:4
i) Si bien es cierto la señora Peñaranda Canosa desarrolló actividades en el
IDU desde el año 2008 y hasta el año 2015, dichas labores fueron desempeñadas
en forma independiente y autónoma mediante diversas órdenes de prestación de
servicios, por lo que resulta claro que no existió vínculo laboral alguno, ya que
hubo interrupción entre una y otra orden de prestación de servicios.
4 Folios 347 al 352.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
ii) El tiempo que el contratista debe invertir en el cumplimiento del objeto
contractual, bien puede coincidir con el horario de atención al público de la
entidad, circunstancia que no configura por si sola la existencia de una relación
laboral, pues obedece a razones prácticas.
iii) Sin perjuicio de la autonomía e independencia del contratista, el desarrollo
del contrato implica necesariamente una actividad de supervisión y una efectiva
coordinación entre las partes, sin que esto desnaturalice su condición de contrato
estatal ni prueba en debida forma el elemento de la subordinación. Lo que el
Tribunal denominó «acatar órdenes de sus jefes inmediatos» realmente constituye
el ejercicio de supervisión que debe realizarse.
iv) Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 807 de 1993,
la información tributaria distrital está amparada por la más estricta reserva,
condición que exige el uso de unos medios informáticos cualificados para
garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esta. Es así como el
uso de tales herramientas genera un orden que proporciona o requiere la entidad,
situación que no afecta la autonomía del profesional como lo afirmó el a quo.
v) En la parte considerativa del fallo se indicó que por existir una relación entre
la labor realizada por la demandante y el objeto de la entidad, ello es indicativo de
la existencia de subordinación; sin embargo, este razonamiento se convierte en
una presunción injustificada de la que se derivaría una prohibición para el IDU de
celebrar contratos que no deviene de la ley.
vi) Finalmente, en caso de que los anteriores argumentos no sean de recibo,
solicitó se declare la prescripción que fue propuesta en su oportunidad y que ha
operado respecto de los contratos de prestación de servicios DTA-PSP-927-2008,
DTA-PSP-931-2009, DTA-PSP-1135-2009, dtgc-psp-607-2010 y dtgc-psp-319-2011,
entre cuya finalización y la fecha de la reclamación administrativa trascurrieron
más de tres años.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora Janeth Peñaranda Canosa, por intermedio de su apoderado, descorrió
el término para alegar, reiteró los argumentos esbozados en el recurso de
apelación y solicitó que fuera adicionada la decisión de primera instancia con el
reconocimiento de los valores pretendidos.5
1.5.2. La demandada
El IDU, en el escrito de alegatos, insistió en las consideraciones expuestas en el
recurso de apelación sobre la falta de elementos probatorios en el plenario que
acrediten la supuesta relación laboral que reconoció el a quo.6
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:
1. Si está probado en el plenario que entre la señora Janeth Peñaranda Canosa y
5 Folios 390 al 393.
6 Folios 394 al 400.
7 Folio 415.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
el IDU existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculada contractualmente y, de ser así,
2. Establecer si se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de
los contratos celebrados. Y por último determinar,
3. Si se deben reconocer, adicionalmente, las prestaciones sociales
correspondientes al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2013, fecha
en que la señora Peñaranda Canosa comenzó a devengar una pensión de vejez y
el 27 de febrero de 2015, cuando feneció su última vinculación con el IDU, teniendo
en cuenta el valor del salario devengado por los empleados de planta de la entidad
que desempeñan el cargo de profesional universitario, código 219, grado 03, y no
los honorarios pactados en el contrato, y
4. Si procede el reconocimiento a favor de la demandante de los valores pagados
por concepto de riesgos profesionales y de los aportes que debió cancelar la
entidad referente a la afiliación a una Caja de Compensación Familiar.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 9, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 10 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».11
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».12
10 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
11 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
15
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.13
13
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
16
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el
objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las
condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que
rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y
prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas,
autónomos e independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de
una relación laboral de raigambre funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
17
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.14
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de
turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,15 la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En
ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció
una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de
su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de
control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana
crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de
ser valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de
tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a
los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
15 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.
54 y 55.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;16 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas.17
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
16 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
17 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1
de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».18
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.19
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados de la relación laboral encubierta o subyacente,
es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
21
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes
a la terminación del vínculo develado como laboral.20
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.
2.3. Hechos probados.
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. Sobre la idoneidad y experiencia de la contratista
i) El 7 de diciembre de 2006, la señora Peñaranda Canosa obtuvo el título de
abogada en la Universidad Libre.21
ii) De conformidad con la hoja de vida de la actora que reposa en el dosier se
observa que acreditó experiencia laboral anterior a la celebración de contratos
20 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
21 Folio 58 anexo 1.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
con el IDU a través de las siguientes vinculaciones:22
Empresa o Cargo Fecha ingreso Fecha retiro
entidad
Telecom Oficinista V 12/11/1980 30/03/1995
Concejo de Auxiliar 18/04/2000 31/12/2003
Bogotá Administrativo
MPS Mayorista de Asesora jurídica 04/2007 06/2008
Colombia
2.3.2. En torno a la relación que invoca la demandante
i) La señora Janeth Peñaranda Canosa tuvo las siguientes vinculaciones como
contratista con el IDU para prestar labores como abogada en la Subdirección
Técnico-Jurídica y de Ejecuciones Fiscales:
Contratos de prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 DTA-PSP- 21/07/2008 30/04/2009 6
927-2008 meses
(Fl.49) y 10
días
2 DTA-PSP- 14/05/2009 13/07/2009 2 Prestar servicios profesionales a la
931-2009 meses Subdirección Técnico-Jurídica y de
(Fl.52) Ejecuciones Fiscales.
3 DTA-PSP- 14/07/2009 23/06/2010 11
1135-2009 meses Prestar servicios profesionales
(Fl.56) y 10 para gestionar, realizar el trámite
días de las actuaciones jurídicas,
4 DTGC-PSP- 12/07/2010 11/03/2011 8 derechos de petición y solicitudes
607-2010 meses efectuadas por organismos de
(Fl.61) control derivados de la asignación
trámite de recursos reclamaciones
5 DTGC-PSP- 18/03/2011 15/03/2012 11
319-2011
y demás peticiones de los
meses contribuyentes, cobro, en
(Fl.66) y 28 cumplimiento del pago de la
días contribución de valorización en el
6 DTGC-PSP- 27/03/2012 26/07/2012 4 marco de los planes programas y
272-2012 meses
(Fl.71) procesos y proyectos encaminados
al fortalecimiento institucional para
7 DTGC-PSP- 30/07/2012 03/03/2013 7 el mejoramiento de la gestión del
951-2012 meses IDU.
(Fl.76)
22 Folios 29 al 33, 106 al 108, 204 al 206, 280 al 282 del anexo 1.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
y4
días
8 IDU-262- 14/03/2013 13/09/2013 6
2013 meses
(Fl.86)
9 IDU-1065- 27/09/2013 11/08/2014 10
2013 meses
(Fl.82) y 15
días
10 IDU-744- 28/08/2014 27/02/2015 6
2014 meses
(Fl.90)
ii) El 30 de octubre de 2015, el subdirector general de gestión corporativa del IDU
expidió certificación de los 10 contratos de prestación de servicios suscritos con la
accionante, y detalló los plazos de ejecución, dependencia coordinadora,
honorarios y obligaciones pactadas en cada uno de ellos.23
iii) En los folios 178 al 187 obran las actas de terminación y liquidación de los
contratos DTA-PSP-927-2008, DTA-PSP-931-2009, DTA-PSP-1135-2009, DTGC-PSP-
607-2010 y DTGC-PSP-319-2011.
iv) El 5 de noviembre de 2015, la subdirectora técnica de recursos humanos de la
entidad certificó que en la planta semi global de empleos del IDU existen 42 cargos
de profesional universitario, código 219, grado 03, de los cuales existen tres al
servicio de la Subdirección Técnico-Jurídica y de Ejecuciones Fiscales, indicó los
factores salariales que devengan y afirmó que según el manual de funciones y
competencias laborales desempeñan las siguientes funciones:24
1. Proyectar actos administrativos que resuelven las reclamaciones que por
concepto de la contribución de valorización presenten los contribuyentes.
2. Revisar la información de orden legal, técnico y financiero que soporta el sustento
del acto administrativo.
3. Atender los contribuyentes con el objetivo de orientarlos frente a las diferentes
inquietudes que se generen por la contribución de la valorización.
4. Notificar a los contribuyentes de los actos administrativos, que resuelven las
reclamaciones presentadas por concepto de la contribución de valorización.
23 Folios 31 al 36.
24 Folios 37 y 38.
24
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
5. Realizar la ejecutoria de los actos administrativos en forma oportuna, dando
cumplimiento a la normatividad legal vigente.
6. Realizar control de calidad a los actos administrativos proyectados por los
abogados contratistas de los expedientes generados en virtud de las reclamaciones
presentadas por los contribuyentes, con ocasión de la asignación de la valoración.
7. Organizar talleres jurídicos para la definición de políticas por parte de la
dependencia.
Los requisitos de estudio y experiencia para ocupar el cargo de profesional
universitario, código 219, grado 03, empleo al cual pretende se le homologue
salarialmente la actora son a) título de formación universitaria en Derecho, y b) 24
meses de experiencia profesional relacionada.25
2.3.3. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 16 de julio de 2015, la demandante en ejercicio del derecho de petición
solicitó al director del IDU fuera expedido un acto administrativo en el cual se
declarara que entre esa institución y aquella existió una relación laboral entre el
21 de julio de 2008 y el 27 de febrero de 2015; y como consecuencia de ello
reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las
que tiene derecho, entre otras pretensiones.26
ii) El 12 de agosto de 2015, mediante el Oficio 20155161339601, la subdirectora
Técnica de Recursos Humanos (e) del IDU despachó de manera desfavorable las
pretensiones invocadas por carecer de fundamento legal, bajo los siguientes
argumentos:27
Con base en el estudio de cargas de trabajo, tiempos y movimientos adelantados por la
Subdirección Técnica de Desarrollo de la Organización del Instituto, se concluyó que la
planta de personal del IDU es insuficiente para atender la ejecución de los planes,
programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo de la ciudad, circunstancia que
vale decir permanece inalterable si se tiene en cuenta que el presupuesto del Instituto de
Desarrollo Urbano para la construcción de las grandes obras a lo largo de las últimas
25 Folio 40 vuelto.
26 Folios 2 al 13.
27 Folios 14 al 30.
25
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
administraciones se ha triplicado y que no obstante la imperiosa necesidad de contar con el
suficiente recurso humano en las áreas misionales como en las de apoyo a la gestión, no ha
sido posible la ampliación de la planta de personal de la entidad por razones de orden
presupuestal.
Para suplir la deficiencia de personal al menos hasta tanto pueda conjurarse la situación
señalada, se viene estructurando el Plan de Contratación de Prestación de Servicios con
personas naturales en el cual se detallan los perfiles de los profesionales requeridos, el
número de ellos, los honorarios y la duración de los respectivos contratos; con base en los
estudios de oportunidad y conveniencia de qué tratan los numerales 7 y 12 del artículo 25
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, en concordancia con lo establecido en el artículo 3
del Decreto 066 de 2008.
Si se fijan por tanto los respectivos términos de referencia o pliego de condiciones de cada
contrato con base en la información suministrada por cada área a la que le fue autorizado
un número específico de cupos y previo proceso de verificación de competencias, se
selecciona el contratista que cumpla con los requisitos en términos de idoneidad y
experiencia relacionada con el objeto de contrato.
[…]
En armonía con lo anterior, y dado la necesidad de contar con los servicios de un abogado
que apoyara la gestión de la dependencia en lo que concierne a la atención de las
reclamaciones de los contribuyentes por cobro de valorización derivadas del Acuerdo 180
de 2005, se contrataron los servicios de la profesional Janeth Peñaranda Canosa, en
consideración al hecho que la misma contaba con la experiencia necesaria en el litigio de
procesos judiciales ante distintos despachos judiciales y los Altos Tribunales como la Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, y la experiencia que
ostentaba en materia de cobro coactivo si se tiene en cuenta que se desempeñó como
inspectora ejecuciones fiscales en la Alcaldía de Ocaña, Norte de Santander.
[…]
La clase de actividad que implica la atención al contribuyente, amerita la emisión de una
serie de instrucciones necesarias para el suministro de la información en una misma línea,
más aún cuando el personal dedicado a esta labor es numeroso y disímil, de manera que
sería inaceptable que cada contratista impartiera la información en forma desarticulada y sin
una directriz clara que necesariamente debe provenir de la entidad contratante, de lo
contrario lo que generaría es caos y desorden que solo entrabarían la gestión que se
pretende adelantar. En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, es indispensable una
debida coordinación por parte de la entidad contratante, circunstancia que de ninguna
manera riñe con la autonomía e independencia de la que goza la persona que presta su
capacidad laboral mediante la figura de la contratación estatal.
[…]
La contratación de los profesionales debido al incremento en la carga de trabajo que implica
el cobro de la valorización para la construcción de buena parte de las obras que se
construyen en la ciudad, algunas de las cuales toman mayor tiempo que otras, bien sea por
la magnitud del proyecto o por las vicisitudes de orden legal que rodean o que pueden surgir
a lo largo del proceso, no convierte la labor del contrato en una función permanente que
debe ser desempeñada por un funcionario con un cargo en la planta, se reitera que la propia
ley permite esta clase de contratación por tiempo indispensable para el cumplimiento del
objeto contractual. De otra parte vale precisar que aunque un contrato de prestación de
servicios se relacione bien sea con un proyecto en particular o una o varias etapas de un
proceso, tampoco significa que el contrato se pueda terminar sino hasta cuando culmine el
proyecto, toda vez que los contratos culminan al vencimiento del plazo pactado.
Ahora bien, puede ocurrir que cuando una persona es contratada para apoyar la gestión en
alguna de las dependencias del Instituto, en proyectos a mediano y largo plazo, como
26
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
acontece por ejemplo en el caso de Transmilenio cuya implementación se ha llevado a cabo
en tres grandes fases que han demandado casi que una década de tiempo, se presentan
casos en los que contratistas que se vincularon al comienzo del proyecto cosecharon una
experiencia consolidada con el gran reto que ha sido la puesta en funcionamiento de un
sistema de transporte innovador, trayectoria que por decirlo de alguna manera ha venido
siendo aprovechada por la Entidad que lo siguió contratando, pues no puede perderse de
vista que esta mega obra que es Transmilenio aún a la fecha se encuentra en construcción,
es más, resta todavía buen tiempo para su culminación si se tiene en cuenta que se ha
considerado que a futuro existirán nuevas rutas por la ciudad.
2.3.4. Las declaraciones rendidas en el proceso
i) El 28 de abril de 2017, rindieron testimonio los señores Alejandra Muñoz
Calderón, Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, Gloria García Acevedo y Jorge
Edison Ruiz Artunduaga.28
La señora Alejandra Muñoz Calderón, testigo de la entidad demandada, manifestó
lo siguiente:
Preguntado: Doctora Alejandra Muñoz Calderón, es usted familiar o pariente o
tiene algún vínculo con la señora Janeth Peñaranda Canosa. Contestó: no.
Preguntado: doctora Alejandra usted ha sido citada por este despacho con el
propósito de recibirle declaración en una demanda presentada por la señora Janeth
Peñaranda Canosa contra el Instituto de Desarrollo Urbano, de conformidad con el
escrito de demanda, la demandante, en esencia, está solicitando la declaratoria de
nulidad de un acto por el cual se le niega la existencia de una relación laboral y que
como consecuencia de lo anterior se le paguen algunas acreencias laborales.
Sírvase informarle a este estrado qué sabe, qué conoce, o qué le consta sobre lo
que le acabamos de informar. Contestó: sí, tengo conocimiento que la contratista
Janeth Peñaranda formuló una solicitud en ejercicio del derecho de petición, en
donde reclamaba que no tenía una vinculación contractual sino realmente detrás de
esa vinculación contractual había una relación laboral, ella presentó un escrito al
IDU de reclamación. Preguntado: sírvase informarle a este despacho hace cuánto
usted conoce a la señora Janeth Peñaranda Canosa. Contestó: Janeth trabajó un
tiempo en el Instituto, bueno en el Instituto son bastantes los contratistas ella trabajó
un tiempo y ella prestaba sus servicios profesionales en la subdirección técnica
jurídica y ejecuciones fiscales. Preguntado: sírvase informar a este despacho y, si
lo puede precisar con fechas, durante qué tiempo estuvo vinculada la señora Janeth
Peñaranda Canosa como contratista según lo por usted dicho en esta audiencia.
Contestó: bueno si mal no recuerdo creo que ella trabajó en un período como entre
el 2005-2006, como hasta el 2009 como contratista. Preguntado: sírvase informar a
este despacho qué actividades realizaba la señora Janeth Peñaranda Canosa en
ejercicio de ese contrato de prestación de servicios. Contestó: bueno el objeto
contractual hacía relación a la gestión de las reclamaciones que presentan los
28 Cd obrante a folio 281.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01012-01 (4369-18)
Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
contribuyentes frente a la contribución de valorización, en términos generales era
eso. Preguntado: sírvase informar al despacho en qué lugar preciso debía ejecutar
esas actividades la señora Janeth Peñaranda Canosa. Contestó: bueno en el sitio
que se le determinara, pero generalmente en la subdirección técnica jurídica y
ejecuciones fiscal, la oficina que queda en la calle 20. Preguntado: quién
determinaba ese sitio. Contestó: bueno en el contrato, en el objeto contractual se
dice que es el sitio donde se le asigne, ahí lo dice la cláusula contractual, pero
realmente digamos los contratos de prestación de servicios en el IDU pues están
determinados esos cupos dentro de un plan anual de contratación que obedece a
unas necesidades del servicio que exhiben las dependencias, entonces con base en
esas necesidades del servicio es que esos cupos que son aprobados en el plan,
entonces van dispuestos para que el contratista realice su gestión en la oficina que
demostró y acreditó que se requería de cierto cupo de contratistas. Preguntado:
sírvase informar al despacho si la señora Janeth Peñaranda Canosa debía cumplir
horario para el cumplimiento de esas actividades, de esos contratos. Contestó: no,
los contratistas ellos no cumplen horarios, lo que ocurre es que bien puede pasar
que un contratista para el desarrollo del objeto contractual pues ello le demande un
tiempo inclusive superior al que puede tener una jornada laboral para los empleados
del instituto, lo importante es que el contratista dé cumplimiento a lo que se
comprometió en el contrato y si eso le demanda bastantes horas laborales, pues
bien puede pasar que sea superior, pero que a ellos se les exija un horario no, a los
que se les exige horario en el Instituto es a los empleados de planta. Preguntado:
sírvase informarle al despacho si la señora Janeth Peñaranda Canosa recibía
órdenes en ejecución de sus contratos de prestación de servicios. Contestó: los
contratistas de servicios del instituto y digamos en un área como la subdirección
técnica de ejecuciones fiscales que ellos recibieran órdenes no, lo que ocurre es
que digamos el jefe de la dependencia tiene que pues emitir una serie como de
orientaciones para aspectos de organización del trabajo, para que haya como una
identidad, que los abogados hablen el mismo lenguaje porque en mi parecer pues
que anden como ruedas sueltas, digamos que el contribuyente especialmente se
percate de que la administración por un lado dice una cosa o que otra persona dice
otra cosa, pues realmente, a ver, por razón de organización y que el contribuyente
quede bien informado sobre una cosa tan importante para él como es lo que tenga
que ver con el cobro de una valorización, pues lógicamente que debe haber una
identidad en la forma como se contesta al contribuyente. Preguntado: sírvase
informar al despacho si dentro del IDU existieron para la época de vinculación de la
señora Janeth Peñaranda Canosa funcionarios que desarrollaran funciones
similares y que fueran de planta de la entidad durante ese tiempo.
Contestó:
realmente los contratos de prestación de servicios y los cupos asignados en el
Instituto en el plan de contratación obedecen la gran mayoría a necesidades del
servicio en el sentido que no alcanza el personal de planta, son muy pocos los
funcionarios y eso pasa a lo largo y ancho de las dependencias del IDU, realmente
son muy pocos los funcionarios de planta para la gestión tan grande que hay que
hacer especialmente en valorización, entonces lo cierto es que pues esa es la razón
por la cual se les contrata, entonces por eso no es ilógico pensar que hay personal
de planta que hace funciones similares porque es que no alcanzan los funcionarios
de planta. (…) Preguntado: la primera pregunta va encaminada a que por favor
aclares una respuesta que acabas de hacer a una pregunta del señor magistrado
respecto a la oficina de ejecuciones fiscales cuando te referías a oficina de
ejecuciones fiscales te referías al área que hace administrativamente parte del
instituto o al lugar físico donde está ubicada la oficina de ejecuciones fiscales. Contestó: al área de ejecuciones fiscales. Preguntado: segundo, doctora
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
Alejandra, usted sabe qué tipo de vinculación tuvo la señora Janeth Peñaranda
Canosa con el Instituto. Contestó: por supuesto, como contratista tenía una relación
de carácter eminentemente contractual. Preguntado: usted sabe si en el desarrollo
de alguno de sus contratos, que son varios, ella realizó algún tipo de compensación. Contestó: no, a mí no me consta eso, la compensación está instalada en el IDU
para el personal de planta. Preguntado: usted tiene conocimiento si la señora
demandante se le exigió participar en alguna de las actividades desarrolladas por el
IDU para los servidores de la entidad. Contestó: no tengo conocimiento y no me
consta nada de eso. Preguntado: tiene usted conocimiento si la demandante
percibió en alguna oportunidad dineros por concepto de prestaciones económicas. Contestó: no, los contratistas devengan honorarios. Preguntado: tiene usted
conocimiento si la demandante tenía algún tipo de registro que le controlara a ella o
la hora de llegada o la hora de salida de la entidad. Contestó: no, para control de
horario no, sencillamente en el Instituto y en todas las entidades el personal que
ingresa a los edificios y por razón de control y seguridad digamos hay control de
visitantes y hay un torniquete para los empleados de planta, pero el hecho de que
ellos entren al edificio así sea a título de visitante o a título de contratista que en
este caso es ella y se hace es por razones de seguridad. Preguntado: tiene usted
conocimiento si a la demandante Janeth Peñaranda Canosa se le realizó algún tipo
de requerimiento o amonestación. Contestó: no tengo conocimiento, no me consta
nada de eso. Preguntado: usted maneja las bases de datos respecto de la nómina
de la entidad, es cierto o no. Contestó: de la nómina sí claro en la sección de
Recursos Humanos está el grupo de nómina y el grupo de nómina maneja todo lo
relacionado con los pagos de los empleados públicos de planta de la entidad. Preguntado: en alguna oportunidad estuvo en esa base de datos la demandante
Janeth Peñaranda Canosa. Contestó: no, por supuesto que no. (…) Preguntado:
doctora manifiéstele a este despacho si el sitio de trabajo lo determinaba el IDU o el
contratista podía cambiarlo. Contestó: no, en el contrato se especifica que el sitio,
que digamos la contratista debe prestar sus servicios en el sitio que le sea asignado. Preguntado: lo determinaba el IDU. Contestó: pues no me consta eso,
sencillamente me apego a lo que dice la cláusula contractual. Preguntado:
manifieste a este despacho si de alguna forma el IDU controlaba el horario de los
contratistas como lo fue con una planilla de identificación, podría hacer, con
identificación dactilar, o algún tipo de tarjeta. Contestó: no, control de horario no se
le hace a los contratistas, como les explicaba hace un momento, si los contratistas
digamos tienen algún plástico para ingresar al instituto se hace es por razones de
seguridad nada más, señor magistrado es que en caso de ocurrir una eventualidad
como un terremoto o algún sismo, cualquier emergencia, se debe saber quiénes son
las personas que están dentro de los edificios entonces no, realmente el control de
horario se tiene es para los empleados de planta, lo otro solamente control de
acceso. Preguntado: y cómo se controla el horario de los funcionarios de planta. Contestó: bueno, existe un sistema en donde se registra la entrada y la salida de
los empleados de planta y, los empleados de planta entran a través de un torniquete
y de hecho los jefes tienen la posibilidad de solicitar el registro. Preguntado: me
permito ponerle de presente a folio 47 de la subdirección técnica de Recursos
Humanos, que mi mandante estuvo vinculada mediante contrato de prestación de
servicio desde el año 2008 hasta el año 2015, contratos consecutivos de los cuales
ahí están las copias. Manifieste a este despacho si la actividad realizada por la
doctora Janeth era inherente al objeto social de la entidad o era ajena o transitoria. Contestó: como no entiendo.
Preguntado: el objeto social de la entidad cuál es del
IDU, usted lo debe conocer porque es la jefe de personal. Contestó: no yo no soy la
jefe de personal, yo soy una profesional de Recursos Humanos y claro la entidad
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
obviamente además de la contribución de recibir los pagos de la contribución de
valorización y de cobrarla, además pues como todos sabemos, es la que se encarga
de la realización de las obras de infraestructura de la ciudad. Preguntado: y la
actividad realizada por mi mandante era ajena, o sea, era temporal, transitoria o era
una actividad inherente al IDU. Contestó: la actividad de la contratista tenía que ver
con el cobro de la valorización y como decía anteriormente dado que el personal de
planta no es suficiente por eso se acude a la contratación para apoyo a esa gestión. Preguntado: manifiéstele a este despacho teniendo en cuenta me dice usted que
es la jefe de Recursos Humanos. Contestó: no, yo no soy la jefe de Recursos
Humanos yo soy una profesional que trabaja en el área de Recursos Humanos. Preguntado: trabaja en el área, teniendo en cuenta lo anterior usted conoce las
funciones de los funcionarios del área en que laboraba mi mandante, usted
manifestó que laboraba en el área de la subdirección técnica jurídica y de
ejecuciones fiscales, cuáles eran las funciones de estos. Contestó: en términos
generales en esta subdirección se hacen los cobros coactivos de la contribución de
valorización. Preguntado: hay algún cargo de planta que realizara las mismas
funciones. Contestó: hay cargos en la planta de diferentes profesiones que se
encargan de realizar la gestión de cobro de valorización. Preguntado: o sea las
mismas funciones que el contratista. Contestó: sí, por eso digo que los contratistas
que se asignan a las dependencias es por las necesidades que presenta la
dependencia por insuficiencia de personal. Preguntado: manifiéstele a este
despacho quién realizaba la coordinación del área de la subdirección técnica y
jurídica de ejecuciones fiscales. Contestó: me imagino que el subdirector técnico
jurídico de direcciones fiscales es quien coordina. Preguntado: cómo se llama. Contestó: Carlos Francisco Ramírez. Preguntado: manifiéstele a este despacho si
el doctor Carlos Francisco dentro de sus funciones podría hacer llamados de
atención a los funcionarios contratados mediante prestación de servicios. Contestó:
no se puede entender como llamados de atención, sencillamente él como
coordinador del contrato pues a él sí le corresponde pues vigilar que el contratista
cumpla con su objeto contractual y sencillamente pues dé orientaciones e
instrucciones para que la gestión del contratista pues se haga conforme a lo pactado
en el contrato. Preguntado: manifiéstele al despacho si las funciones para las
cuales fue contratada la doctora Janeth Peñaranda Canosa las realizaba con los
elementos brindados por el IDU. Contestó: sí realmente los contratistas la mejor
forma de que ellos presten sus servicios es atendiendo a que los insumos se
encuentran en la entidad pues ellos pueden hacer uso obviamente de los elementos
de los que dispone el IDU. Preguntado: manifieste a este despacho si la doctora
Janeth Peñaranda gozaba de autonomía en el cumplimiento de sus labores o por el
contrario se encontraba subordinada a la coordinación del IDU hoy demandado. Contestó: no se encontraba subordinada, ella prestaba sus servicios y desarrollaba
su objeto contractual con autonomía. Preguntado: porqué le consta. Contestó: a
ver, el hecho de que trabajara en el IDU con insumos del IDU y por el hecho de que
haya una ausencia de personal eso no significa que está subordinada como lo hace
un empleado de planta. Preguntado: cuál es la diferencia.
Contestó: la diferencia
es que el empleado de planta se somete a una relación reglamentaria legal, el
empleado de planta sí tiene el deber de a acatar todas las instrucciones y las
órdenes que da el jefe, el contratista no, el contratista tiene libertad para realizar su
trabajo con autonomía e independencia, se le contrata casi que por su perfil y su
experiencia, casi que son contratos intuito persona en el sentido de que se le
requiere dados sus conocimientos y todos los funcionarios en el IDU son
conscientes y tienen el conocimiento de que ellos frente a los contratistas no pueden
ejercer supervisión, lo que no quiere decir que entonces los contratistas no hagan
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
un equipo de trabajo para hacer su gestión, para que su gestión sea realmente
exitosa. Preguntado: manifestó usted al despacho que el coordinador se encargaba
de dar las directrices para que los contratistas no fueran como ruedas sueltas. De
igual forma usted manifiesta que les podía ser llamados de atención. Contestó: no,
yo no manifesté que les puede hacer llamado de atención, el llamado de atención se
le hace al empleado público, inclusive se le hace a través de escrito, inclusive en
una época ese escrito iba a la historia laboral, pero el coordinador perfectamente
tiene la facultad de realizar un tipo de orientación, decir mire en este sentido para
que todos hablemos el mismo idioma y sobre todo frente al contribuyente como lo
decía anteriormente, que el contribuyente debe tener la seguridad de que su
reclamo o su petición o lo que solicita pues se haga con seguridad, pues no puede
ocurrir que en aras de perseverar esa independencia y esa autonomía no pueda
haber una orientación en el sentido de que lo que se diga al contribuyente se preste
para inseguridades. Preguntado: manifieste a este despacho si la doctora Janeth
Peñaranda cancelaba las cotizaciones en salud, pensión y riesgos laborales.
Contestó: en el contrato de prestación de servicios los contratistas les queda
expresamente establecido que deben pagar las cotizaciones del sistema de
Seguridad Social ellos tienen esa obligación por ley. Preguntado: manifieste al
despacho hasta donde le conste si la doctora Janeth Peñaranda cumplió a
cabalidad las funciones asignadas en los contratos dados por el IDU. Contestó:
seguramente que si lo hacía porque el pago de los honorarios pues depende de que
haya un cumplimiento del objeto contractual pactado. Preguntado: manifiéstele a
este despacho si la doctora Janeth Peñaranda como usted manifestó que podía
disponer de su horario ella podía cambiar los turnos con otra persona sin previa
autorización del IDU. Contestó: no me consta eso porque realmente pues yo no he
trabajado con ella en la oficina.
El señor Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, quien trabaja en el IDU en calidad de
subdirector técnico-jurídico y de ejecuciones fiscales, en su testimonio narró lo
siguiente:
Preguntado: doctor Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, sírvase informar a este
estrado qué sabe, qué conoce, o qué le consta sobre lo que le acabamos de
informar. Contestó: sí, efectivamente la señora Janeth Peñaranda tuvo una
vinculación con el Instituto de Desarrollo Urbano mediante contrato de prestación de
servicios en la dependencia de la cual soy titular, su vinculación como digo emana
de un contrato de prestación de servicios, esos contratos de prestación de servicios
se realizaron por insuficiencia de la planta de personal para atender el trabajo o las
actividades que debían desarrollarse en dicha subdirección, debo aclarar que la
subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales del IDU se encarga de
asignar la contribución de valorización, resolver los recursos interpuestos por los
ciudadanos y realizar el cobro coactivo de dicha contribución. La Contribución de
valorización se define en la ciudad de acuerdo con unos actos que expide el
Concejo de la ciudad, que son unos acuerdos que establecen la zona de influencia y
quienes deben contribuir a la construcción de las obras, eso hace que prácticamente
todos los inmuebles de la ciudad deban estar involucrados en el tema de
valorización y también hace que la entidad no pueda prever exactamente qué
necesidades va a tener después de notificar por ejemplo una valorización que en
este caso por ejemplo actualmente la ciudad tiene dos millones de predios, si se
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
hiciera una notificación a dos millones de propietarios, pues es imposible saber en
qué porcentaje van a presentar recursos. En el año 2005 el Concejo de la ciudad
autorizó el acuerdo 180 de 2005 que debía asignarse en el año 2007, en el año
2007 se notificó a los predios de la ciudad y por razón de ese acuerdo se
presentaron algo así como 80.000 reclamaciones, 80.000 reclamaciones que
cualquier infraestructura prevista para atenderlas pues estaría desbordando esa
infraestructura y por esa razón la entidad debió acudir a la modalidad de prestación
de servicios como en el caso de la señora Janeth Peñaranda. Preguntado: puede
informarle a este auditorio desde cuándo hasta cuándo estuvo vinculada la señora
Janeth Peñaranda Canosa a la dependencia por usted antes referida. Contestó: no
podría precisar con toda claridad, ya que en la dependencia de la cual soy titular
tengo más de 150 personas a mi cargo, de manera que me resulta muy difícil, pero
si la memoria no me falla como lo dije anteriormente a la señora Janeth Peñaranda
se le contrató, inicialmente, para atender algunas de las reclamaciones que se
presentaron en razón del acuerdo 180, que como digo se notificó en el 2007, si no
estoy mal ella se vinculó hacía el año 2008, 2009 aun cuando yo no estaba en esa
dependencia, aclaro que aun cuando llevo más tiempo en la entidad, soy titular de
esa dependencia sólo a partir del mes de mayo del año 2009. Preguntado: y hasta
cuándo. Contestó: tampoco recuerdo con claridad, pero eso fue como hasta el año
2014-2015, no recuerdo. Preguntado: sírvase precisarle a este despacho qué
actividades en concreto realizaba la señora Janeth Peñaranda Canosa en ejecución
de sus contratos. Contestó: durante ese tiempo, pues debo aclarar que
adicionalmente cada contrato de prestación de servicios tiene unas obligaciones
específicas, y seguramente si se revisan las minutas de cada contrato se va a
encontrar que las obligaciones eran diferentes, como diferentes fueron las
necesidades de la administración, pero básicamente lo que ella hacía era revisar
algunos documentos que se le asignaban para resolver las reclamaciones que
formulaban los ciudadanos y elaborar un proyecto de acuerdo con sus
conocimientos que finalmente podría convertirse en un acto administrativo que
resolvía la reclamación del contribuyente. Preguntado: sírvase informarle a este
despacho si la señora Janeth Peñaranda Canosa em cumplimiento de ese contrato
debía cumplir horario. Contestó: absolutamente no, a ella se le entregaba un
paquete por decirlo así de documentos que debía revisar, que podía revisar desde
su casa inclusive, lo que sucede es que por la razón del volumen dichos volúmenes
no se pueden manejar sino a través de la utilización de herramientas
sistematizadas, entonces hay unas plataformas específicas de sistemas en la
entidad a las que la señora debía acceder y para esa actividad pues debía
desplazarse al instituto, pero ella se desplazaba al instituto pues a veces cuando se
le requería, porque obviamente el contrato tiene unas obligaciones que le exigían de
alguna manera estar presente en las oportunidades que se le solicitaban para
presentar informes e incluso para atender de manera personal algunos
contribuyentes, pero ella realizaba estas labores con absoluta independencia y tanto
así que mensualmente presentaba unos informes de lo que había realizado y esos
informes los firmaba el suscrito como coordinador del contrato una vez revisado que
se hubieran ejecutado esas actividades y esos informes son los que servían de base
para pagarle los honorarios mensualmente. Preguntado: sírvase informar al
despacho si la señora Janeth Peñaranda Canosa recibía órdenes para efectos del
cumplimiento de los contratos por usted antes indicados.
Contestó: el contrato
señala una serie de obligaciones y pues obviamente yo como supervisor del
contrato tenía que estar pendiente que se cumplieran esas obligaciones, como dije
anteriormente que evacuara las actividades que se le entregaban, pero no recibía
órdenes específicas, pues obviamente si el trabajo que llegaba a realizar no cumplía
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las expectativas de la entidad se le devolvía para que lo cumpliera acorde con los
requerimientos y con las obligaciones plasmadas en la minuta del contrato de
prestación de servicios. Preguntado: sírvase informar al despacho si en el IDU
existía personal de planta que cumpliera funciones o actividades similares a las
desarrolladas por la señora Janeth Peñaranda Canosa en el cumplimiento de sus
contratos de prestación de servicios. Contestó: precisamente una de las
justificaciones que tienen los contratos es la insuficiencia de personal de planta para
atender esas actividades, luego lo que ella hacía no lo hacía el personal de planta,
adicionalmente en la oficina la subdirección técnica jurídica de ejecuciones fiscales
pues ejerce la jurisdicción coactiva y la mayor parte del personal de planta estaba
dedicado a esa función, porque esa es una función propia de la administración y que
no puede delegarse en un tercero. Preguntado: sírvase explicarle a este despacho
en qué se diferenciaba la subordinación del personal de planta con la supervisión
que realizaba su dependencia sobre los contratos de la señora Janeth Peñaranda
Canosa. Contestó: pues difiere sustancialmente en muchos aspectos en primer
lugar el personal de planta pues está sujeto a un horario, a un reglamento interno de
trabajo, adicionalmente el personal de planta es de carrera administrativa y como tal
tiene una evaluación del desempeño que se hace de acuerdo con los lineamientos
de la ley que rige la evaluación del desempeño en el sector público y pues que
obviamente un contratista no puede cumplir esos mismos lineamientos,
adicionalmente incluso las actividades que la entidad realiza como por ejemplo la
capacitación que además es una obligación de la entidad, pues solo se le da a los
empleados, nunca a los contratistas, obviamente que por ejemplo el conocimiento
del software y de los sistemas de necesidad pues requería que de alguna manera
se le diera una inducción de cómo funcionan para que los pudiera manejar, pero
evidentemente no hay instrucciones específicas, sino un control sobre la ejecución
del contrato, control que ejercía yo directamente, control que es completamente
diferente al que pudiera ejercer con los funcionarios actuales incluso si se les llama
la atención, pues están los mecanismos que la ley autoriza para el efecto entre ellos
el llamado de atención por escrito con copia a la hoja de vida para los funcionarios,
en manera alguna para los contratistas. (…) Preguntado: doctor Carlos Francisco
durante la permanencia de la señora Janeth Peñaranda Canosa la entidad de parte
suya le impartió algún tipo de orden a la señora respecto del modo en que debía
ejecutar su contrato. Contestó: no, instrucción respecto al modo, pues ella es
abogada y como tal pues el clausulado del contrato era muy claro respecto a las
obligaciones que debía adelantar, por supuesto sí las actividades que ella
desarrollaba no estaban de acuerdo con las expectativas de la entidad, pues yo
personalmente se las devolvía y le decía por ejemplo esta resolución no está bien
modifíquela en este sentido, o le hacía observaciones de tipo jurídico, porque pues
si se hacían citas jurídicas inexactas, imprecisas o equivocadas es obvio que debía
cambiarlas, pero aparte de esa instrucción no había ninguna otra diferente o por
ejemplo en el momento que ella presentaba los informes mensuales de su actividad,
pues decirle a ver usted tenía un compromiso de adelantar equis número de
actividades y solamente presentó estas, entonces si no las presenta no le puedo
pagar los honorarios, o no le puedo autorizar porque yo no era el que pagaba los
honorarios y en ese sentido le devolvía el informe para que lo adecuara para
permitir que se hiciera el pago mensual de los honorarios. Preguntado: se impartió
algún tipo de orden a la señora Peñaranda Canosa, respecto a que debía ejecutar el
contrato exclusivamente en las instalaciones de la subdirección jurídica y de
ejecuciones fiscales.
Contestó: pues como ya mencioné en una respuesta al señor
magistrado la necesidad de utilizar los sistemas de la entidad pues hacía necesario
que ella tuviera que ir a la entidad, igual para entregar su trabajo tenía que ir a la
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entidad a entregarlo, igual para recibirlo y pues aparte de esas circunstancias pues
no había ninguna instrucción diferente. Preguntado: doctor Carlos Francisco en
algún momento la señora Peñaranda Canosa recibió algún tipo de pago diferente al
de los honorarios estipulados en el contrato. Contestó: no veo de dónde pudiera
recibir un pago diferente aparte de los honorarios pactados en el contrato. Preguntado: doctor Carlos Francisco en la parte documental y pues en las demás
pruebas que se han recepcionado consta que se celebraron diferentes contratos de
prestación de servicios entre la señora Janeth Peñaranda Canosa y la entidad,
usted sería tan amable de manifestar al despacho la causa por la que se celebraron
los diferentes contratos de prestación de servicios con la misma persona. Contestó:
pues en primer lugar quiero aclarar que el tema de valorización es un tema que solo
conocen las personas que han trabajado en el IDU o que de alguna manera han
tenido una vinculación con la entidad, entonces en el mercado laboral no es fácil
encontrar no solo en el mercado laboral sino frente a esta actividad no es fácil
encontrar personas que tengan esa especialidad, de hecho de valorización hay
solamente dos o tres libros escritos en toda su historia con relación a este tema, y
en las universidades no hay específicamente un curso de actualización ni está en el
pensum académico de manera que quien haya trabajado allá de alguna manera
tiene un valor agregado, o quien se haya desempeñado como contratista también
tiene un valor agregado y es que pues conoce un tema que difícilmente van a
conocer los abogados en su generalidad, por esa razón la señora Peñaranda desde
que se vinculó en su primera oportunidad pues tenía ya una experticia que le
permitía a la entidad poder contar con sus servicios. De hecho si se miran las
minutas de esos contratos no podría decir cuántos fueron todas tienen diferencia, en
los primeros puede haber dicho que se contrataba para adelantar gestiones
respecto del acuerdo 180 de 2005, después el acuerdo 180 de 2005 tuvo una
segunda fase que se aplicó en el año 2008, después vino el acuerdo 398 del 2000, y
así sucesivamente y en las minutas de esos contratos se especificaba, por qué, es
que el tema de la valorización es un tema político y que emana del Concejo de la
ciudad, entonces cuando sale un acuerdo de valorización que entre otras cosas aun
cuando la administración lo presenta como iniciativa al Concejo puede suceder
políticamente que salga o no salga, y en esas circunstancias pues la entidad no
sabe si va a necesitar o no necesitar de más o menos personas, incluso decir su
planta es suficiente o no es suficiente y mucho menos frente a una posibilidad de
interponer recursos como por ejemplo el año antepasado se notificó el acuerdo 523
del Consejo y, contrario a lo que pensábamos, se presentaron solo 3.000 recursos,
pero en el acuerdo 180 se presentaron 80.000, entonces para atender un volumen
documental tan grande, pues se acudía a la figura del contrato de prestación de
servicios y por esa razón la señora Peñaranda tuvo diferentes contratos, pero
además contratos que tuvieron solución de continuidad, porque un contrato no iba
inmediatamente enseguida del otro si se revisa igualmente hay períodos en los que
pues ella no estaba, después se le llamaba, mire usted quiere vincularse
nuevamente y se hacía un contrato diferente, pero los contratos no tienen una
inmediatez de que al día siguiente que continuaba otro, sino de acuerdo a las
necesidades de la entidad. Preguntado: doctor Carlos Francisco acaba usted de
manifestar que la señora Peñaranda Canosa por el tiempo laborado mediante
contrato de prestación de servicios con la entidad tenía como un plus en sus
conocimientos y que la diferenciaba a los demás abogados, la pregunta es por qué
no se suscribió un nuevo contrato con la señora Janeth Peñaranda Canosa si ella
tenía ese conocimiento que era favorable para la entidad.
Contestó: precisamente
por lo que acabé de anotar porque se redujo la necesidad, porque vinieron otros
acuerdos como el acuerdo 523 que tuvo 3.000 recursos cuando antes habíamos
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
tenido 80.000, entonces desafortunadamente pues ya no requeríamos de su
colaboración. (…) Preguntado: señor Francisco manifesté a este despacho si
alguna vez la doctora Janeth pudo realizar sus actividades fuera de las instalaciones
del IDU. Contestó: claro por supuesto, ella podía realizarlas fuera de las
instalaciones de la entidad, en efecto muchos contratistas incluso en los fines de
semana me manifestaban que tenían mucho espacio en sus actividades personales
y por ejemplo algunos estaban atrasados en el índice de entrega de productos y en
un sábado y un domingo, llegaban el lunes con todo listo, aun cuando si hubieran
sido días ordinarios hubieran tardado semanas. Preguntado: estoy manifestando
respecto a la doctora Janeth no a los demás funcionarios, manifiésteme una
oportunidad en especial. Contestó: igual que lo que acabo de mencionar la señora
Janeth era igual. Preguntado: manifieste en este despacho si como coordinador
podía hacer llamados de atención o sancionar a la contratista. Contestó: el contrato
establece cuáles son las potestades si se quiere de la administración frente al
contratista y en esa medida pues yo podía hacer lo que decía el contrato. Preguntado: o sea sí podía sancionar. Contestó: no, la sanción como tal no creo
que estuviera prevista dentro de la minuta de ninguno de los contratos que ella
ejecutó, simplemente si el contratista no cumplía con el objeto del contrato pues no
se le pagaba, si eso es sanción, pues no se. Preguntado: me puede leer desde
acá, sobre las obligaciones del contratista. Contestó: debería leer usted. Preguntado: no, siga. Contestó: a ver dónde quiere que le lea, aquí dice
“contratista de cualquiera de las obligaciones contractuales, adelantar los trámites
necesarios para la aplicación de sanciones contractuales a que haya lugar”. Preguntado: me puede decir si esta es su firma. Contestó: si señor es mi firma. Preguntado: le manifestó usted a este despacho que las actividades realizadas por
mi mandante eran diferentes a los empleados de planta, cuénteme qué diferencia
había. Contestó: la diferencia básica pues como mencioné también en una
respuesta anterior la mayor parte de los funcionarios de planta, que son pocos
realmente, porque en la subdirección no pasaban de ser, no le sabría decir con
exactitud, pero 10 personas 12 personas algo así, ejercían la jurisdicción coactiva,
es decir ejercían como abogados, ejecutores entonces la elaboración de los actos
administrativos que resolvían los recursos estaba básicamente asignada a los
contratistas. Preguntado: a folio 38 del expediente poniendo de presente las
funciones que tiene el cargo de profesional universitario código 209, grado 3, de la
subdirección técnica jurídica de ejecuciones fiscales, en las dichas funciones no veo
por ningún lado el cobro coactivo, las puede leer y me puede aclarar por favor.
Contestó: sí, a ver que dice una certificación de la subdirectora de Recursos
Humanos que “de conformidad con el manual de funciones y competencias
adoptado mediante resolución 1240 el folio correspondiente a cargo del profesional
universitario, código 219, grado 03 de la subdirección técnica tiene las siguientes
funciones: organizar talleres jurídicos para la definición de políticas por parte de la
dependencia”, no creo que ningún contratista haya organizado talleres jurídicos para
tal fin en la entidad, realizar control de calidad de los actos administrativos, el
contratista en materia de esta acción no realizaba control de calidad en unos actos
administrativos, realizar ejecutoria de actos administrativos de forma oportuna,
tampoco fue gestión que adelantara la contratista aquí presente, notificar a los
contribuyentes de los actos administrativos que resuelven las reclamaciones,
atender a los contribuyentes, revisar información de orden legal, son todas
funciones muy genéricas de todas maneras los funcionarios de la entidad tenían
unas reuniones periódicas, de la entidad no perdón de mi oficina, tenían reuniones
periódicas conmigo en esa condición como servidores públicos de la entidad
vinculados mediante acto reglamentario y no se parece en nada a lo que pudiera
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
haberse ejecutado con relación a la señora demandante. Preguntado: manifiesta
usted al despacho que mi mandante no hacía ningún tipo de notificación ni nada,
voy a poner de presente el folio 53 de uno de los contratos. Puede leer el numeral 4.
Contestó: dar el trámite respectivo para el despacho, citación, notificación de los
recursos reclamaciones, comunicaciones, derechos de petición, actuaciones
oficiosas, revocatorias directas y demás radicados competentes de la subdirección
que le sean asignados por reparto con sujeción a las normas de procedimiento
aplicable en cada caso previa, gestión elaboración e impresión de los documentos
resultantes de las decisiones administrativas. Preguntado: manifieste a este
despacho si las actividades realizadas por mi mandante la doctora Janeth eran de
carácter transitorio o inherentes a las funciones del IDU. Contestó: pues por
supuesto que la entidad no puede contratar a alguien para realizar actividades que
no tengan que ver con la función administrativa del IDU o de lo contrario habría
peculado y no sé qué otra implicación de orden penal, de manera que obvio, las
actividades que la señora desarrolló están en el contrato y tienen que ver con la
función administrativa que desempeña el Instituto en la órbita distrital, eran de
carácter permanente en la medida en que como lo mencioné dependían de un
acuerdo específico del Concejo de la ciudad que establecía un cobro de la
contribución de valorización que tiene una vigencia en el tiempo y que termina de la
misma manera. (...) Preguntado: doctor Carlos Francisco desea agregar algo más a
la declaración que acaba de rendir. Contestó: sí señor quiero referirme a que las
preguntas que me ha formulado el señor apoderado de la demandante respecto a
que si la señora hacía notificaciones o no, de manera particular expresé que no las
realizaba ella, aun cuando pudieran figurar ahí en la minuta del contrato, porque
dentro de la subdirección había un grupo específico dedicado a las notificaciones, y
la notificación igual que pasa en un despacho judicial pues no se le confía al
profesional como tal, es decir en un juzgado el juez no es el que hace las
notificaciones, las hacen notificador, de la misma forma en la subdirección las
notificaciones las hace un grupo de técnicos y operativos que no son profesionales
necesariamente, lo que sucede es que está contemplado entre la minuta porque el
contribuyente con mucha frecuencia se duele de que no fue notificado de la
asignación y que entonces él no tuvo la oportunidad de Interponer los recursos, si
ese fuera el caso de alguno de los expedientes que tuvo a cargo la señora Janeth
Peñaranda, pues muy seguramente hubiera tenido que referirse a la notificación
como tal, adicionalmente quiero mencionar que de acuerdo con la coordinación que
yo ejercía respecto a la ejecución de los contratos, la señora Peñaranda aparecía
como pensionada por una entidad pública y cómo tal no hacía los aportes que
requería el contrato, siendo pensionada pues me parece la verdad no entiendo cuál
es la realidad de lo que pretende a través de esta demanda contra el IDU.
Por su parte, la señora Gloria García Acevedo, testigo de la parte demandante,
hizo las siguientes declaraciones:
Preguntado: Señora Gloria García Acevedo tiene algún vínculo con la señora
Janeth Peñaranda. Contestó: no señor. Preguntado: tiene usted algún vínculo con
el Instituto de desarrollo urbano IDU. Contestó: Laboré en el instituto de desarrollo
urbano. Preguntado: sírvase informarle a este auditorio qué sabe, qué conoce, qué
le consta de lo que le acabamos de informar. Contestó: yo la conocí a ella en 2008
y yo trabajé hasta el 12 de agosto de 2014, yo la conocía como compañera de
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
trabajo que estaba ahí al lado de mi escritorio. Preguntado: sírvase informar al
despacho cuando usted dice que la conoció, en qué lugar fue eso. Contestó: en la
subdirección jurídica de ejecuciones fiscales. Preguntado: sírvase informar al
despacho usted qué actividad o por qué razón usted estaba vinculada al IDU. Contestó: en prestación de servicios. Preguntado: sírvase informar al despacho
bajo qué modalidad estaba vinculada la señora Janeth Peñaranda Canosa al IDU. Contestó: prestación de servicios también. Preguntado: sírvase informar al
despacho qué actividad desarrollaba la señora Janeth Peñaranda Canosa en esa
prestación de servicios. Contestó: como abogada. Preguntado: sírvase informar al
despacho si la señora Janeth Peñaranda Canosa en esa actividad debía cumplir
horario en el IDU. Contestó: sí allá nos hacían cumplir horario, entrabamos a las
8:00 de la mañana y salíamos a las 5:30 con una hora de almuerzo. Preguntado:
quién exigía ese horario. Contestó: el jefe, el subdirector jurídico. Preguntado:
cómo se llama el subdirector jurídico. Contestó: doctor Carlos Francisco. Preguntado: qué pasaba si la señora Janeth Peñaranda Canosa no cumplía con
ese horario. Contestó: pues a veces nos ponían problema para cuando nos iban a
dar el contrato tenían muy en cuenta si uno cumplía el horario o no. Preguntado:
sírvase informar al despacho si la señora Janeth Peñaranda Canosa recibía órdenes
como abogada en ese contrato de prestación de servicios. Contestó: sí, porque las
órdenes las daba el subdirector. Preguntado: en qué consistían esas órdenes
entonces. Contestó: yo tengo entendido que les hacían un reparto y tenían que
hacer los procesos, sacarlos adelante. Preguntado: sírvase informar a este
despacho, si lo sabe, si había personas de planta vinculadas al IDU que
desarrollaran funciones similares a las ejecutadas por la señora Janeth Peñaranda
Canoso. Contestó: sí el doctor Armando Sosa, él entró en carrera Administrativa
porque se ganó un concurso. Preguntado: qué actividades ejercía él como
funcionario de planta del IDU. Contestó: las mismas de la doctora Janeth. Preguntado: a usted porqué le consta eso. Contestó: porque ellos hacían ese
tema sobre resoluciones de valorización. Preguntado: sírvase informar al despacho
qué remuneración recibía la señora Janeth Peñaranda Canosa en esos contratos de
prestación de servicios. Contestó: no sé, yo no sé cuánto ganaba ella. (…)
Preguntado: manifiéstele a este despacho, hasta donde le conste con qué
periodicidad recibía algún pago por parte del IDU la doctora Janeth Peñaranda. Contestó: pues allá nos tocaba mensualmente pasar un informe y si uno no pasaba
el informe no nos pagaban, un informe de actividades de las que uno realizaba
durante el mes para que nos pagaran. Preguntado: manifestó usted a este
despacho que a ustedes les controlaban el horario, manifieste de qué forma era
controlado el horario. Contestó: primero era con la huella y después entrábamos
ahí con unos torniquetes con huella, ahí quedaba registrada la hora que uno entraba
y la hora que salió. Preguntado: teniendo en cuenta su respuesta anterior quién
determina el horario de trabajo de la doctora Janeth Peñaranda. Contestó: el
subdirector. Preguntado: qué era quién. Contestó: el doctor Carlos Francisco. Preguntado: manifieste a este despacho si la doctora Janeth Peñaranda gozaba de
autonomía en el cumplimiento de sus labores o por el contrario se encontraba
subordinada a los funcionarios del IDU. Contestó: pues yo siempre la veía al lado
de mi escritorio a ella trabajando. Preguntado: manifiéstele a este despacho si ella
recibía algún tipo de orden de un superior. Contestó: sí el doctor Carlos Francisco
como era el subdirector el jefe inmediato. (…) Preguntado: en qué consistían esas
órdenes, qué órdenes vio usted que recibía la señora Janeth Peñaranda Canosa de
Carlos Francisco Ramírez Cárdenas.
Contestó: yo como veía que les hacían
reparto, eso era que les hacían reparto. (…) Preguntado: manifiéstele a este
despacho si las funciones realizadas por la doctora Janeth Peñaranda las podría
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
realizar en cualquier momento, lugar o si por el contrario debería realizarlas en el
IDU. Contestó: pues sí ella siempre hizo la prestación de servicio ahí, como nos
daban todos los implementos para trabajar ahí, entonces nosotros laborábamos ahí
en el IDU. Preguntado: manifiéstele a este despacho hasta donde le conste si tiene
conocimiento que a la doctora Janeth Peñaranda le hayan cancelado dineros por
concepto de prestaciones sociales o algún tipo de indemnización. Contestó: no.
Preguntado: porque le consta. Contestó: no lo sé, no me consta.
Por último, el señor Jorge Edison Ruiz Artunduaga, traído a declarar por petición
de la accionante, sostuvo lo siguiente:
Preguntado: señor Jorge Édison Ruiz Artunduaga es usted familiar o pariente, o
tiene algún vínculo con la señora Janeth Peñaranda Canosa. Contestó: no señor.
Preguntado: tiene usted algún vínculo con el Instituto de desarrollo urbano.
Contestó: no señor juez. Preguntado: sírvase informar a este estrado qué sabe,
qué conoce, o qué le consta sobre lo que le acabo de informar. Contestó: señor
juez pues yo fui compañero de la señora Janeth Peñaranda en el Instituto de
desarrollo urbano entre los años 2008 y 2011 fue compañera mía de escritorio
prácticamente se puede decir desarrollando las mismas actividades que yo
elaboraba ahí para esa época. Preguntado: sírvase informar a este despacho bajo
qué modalidad está vinculada la señora Janeth Peñaranda Canosa con el IDU.
Contestó: teníamos contrato de prestación de servicio. Preguntado: cuál era su
vinculación, la suya. Contestó: la mía era contrato prestación de servicios.
Preguntado: sírvase especificar al despacho qué actividades desarrollaba Janeth
Peñaranda Canosa en cumplimiento de ese contrato de prestación de servicios.
Contestó: se desarrollaba la elaboración de actos administrativos y todo tipo de
requerimiento que hacía la entidad por temas de valorización obviamente, además
de contestar peticiones de los contribuyentes, elaborábamos todo tipo de actos
administrativos casi siempre referentes pues a los recursos interpuestos por esos
contribuyentes y emitíamos actos administrativos. Preguntado: sírvase informar al
despacho si en el cumplimiento de esas actividades la señora Janeth Peñaranda
Canosa debía cumplir horario de trabajo. Contestó: sí señor sí cumplimos horario
de trabajo. Preguntado: alguien exigía el cumplimiento del horario de trabajo.
Contestó: sí mi jefe, en el momento era el señor Carlos Ramírez. Preguntado: de
qué manera exigía el cumplimiento de ese horario de trabajo. Contestó: para la
época en parte cuando inicié a laborar ahí con la compañera Janeth nosotros
firmamos en muchas ocasiones unas planillas para poder llevar el control porque en
ese momento no había otro modo de ingreso a las instalaciones donde se llevara un
reporte de ingreso y salida, entonces nos hacían firmar unas planillas, yo recuerdo
que como el último año crearon como unas tarjetas para el ingreso, entonces
también con eso a veces llevaban, pues nos decían tranquilos que nosotros
estamos llevando ya el control y pedimos simplemente un reporte no sé a la
administración de vigilancia donde nos diga usted a qué hora está llegando y a qué
hora está saliendo. Preguntado: qué pasaba si se incumplía ese horario. Contestó:
a mí en muchas ocasiones pues me llamaban la atención, alguna vez lo que pasa
es que recordando eso hasta me llegaron a pasar un memorando, pero como fue
para una época allá estoy hablando como algunos 7 años pues la verdad no creo
haber guardado ese documento, pero hasta un memorando a mí me pasaron por
una llegada tarde. Preguntado: sírvase informar al despacho en qué lugar debía
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
cumplir sus actividades la señora Janeth Peñaranda Canosa en cumplimiento de
ese contrato de prestación de servicios. Contestó: en el Instituto de desarrollo
Urbano ahí en las oficinas de la calle 20, en un momento yo estuve en la carrera
novena. Preguntado: la señora Janeth Peñaranda Canosa podía cumplir sus
actividades en un lugar diferente al por usted antes indicado. Contestó: no su
señoría, no porque primero pues obviamente la orden era que teníamos que estar
obviamente en las instalaciones, había unos programas con los cuales emitíamos
los conceptos y hacíamos todo nuestro trabajo y como decía en su momento de que
siempre reiterativo era “tiene que estar aquí a las 8, tiene que ser a las 8”. Preguntado: le consta a usted que la señora Janeth Peñaranda Canosa algún día
se ausentó durante la ejecución de estos contratos de prestación de servicios. Contestó: no me consta. Preguntado: sírvase informar al despacho si la señora
Janeth Peñaranda Canosa recibía órdenes en la ejecución de sus contratos de
prestación de servicios. Contestó: sí señor sí me consta porque pues como era
compañero de escritorio de ella en el momento que estuve en el IDU entre 2008 y
2011, recibíamos orden del señor Carlos. Preguntado: en qué consistían esas
órdenes. Contestó: el de cumplimiento obviamente primero como le reiteraba el de
horario, el cumplimiento obviamente de nuestras tareas, el de obviamente la emisión
de actos administrativos de acuerdo pues a lo asignado que teníamos que elaborar
en ese momento. Preguntado: sírvase informarle al despacho si para esa época
existían empleados de planta del IDU que desarrollaran funciones similares a las
ejecutadas por ustedes en desarrollo de sus contratos de prestación de servicios. Contestó: sí señor, sí había unos compañeros los que puedo recordar porque
obviamente los tenía al lado, era una sala con cubículos muy pequeños donde nos
podíamos ver las caras, entonces estaba a un lado, tenía una compañera Elvira algo
y en otro extremo de la sala había una funcionaria que era Elizabeth, que
desempeñaban lo mismo. De hecho, pues en el ambiente laboral uno se
colaboraba, entonces manejamos siempre los mismos temas, desarrollábamos las
mismas actividades, entonces obviamente nos apoyábamos, por eso es que las
conozco. Preguntado: sírvase informar a este despacho en qué se diferenciaba la
ejecución laboral de los empleados de planta con la ejecución contractual que
realizan ustedes como contratistas del IDU. Contestó: para mí, ninguna señor juez,
porque reitero trabajaba muchas veces muchos de los temas los hacía con ellos,
entonces nos apoyábamos para obviamente dar una respuesta a alguna petición
como tal nos apoyábamos entonces por eso no le veo ninguna diferencia a las
actividades que yo hacía a las que hacen ellos. Preguntado: y en cuanto a las
condiciones de desarrollo laboral de ellos y de cumplimiento del contrato de
prestación de servicios de ustedes había alguna diferencia. Contestó: no yo no la
veía, porque pues como abogado sé que uno tiene actividades que las tiene que
desempeñar o elaborar en otra forma a los funcionarios y no, igual llegaba a la
misma hora, hacía las mismas actividades, las mismas tareas por los funcionarios,
igual. Preguntado: sírvase informar a este despacho qué tipo de remuneración
recibía la señora Janeth Peñaranda Canosa en cumplimiento de ese contrato de
prestación de servicios. Contestó: señor juez nosotros siempre mensualmente
teníamos un pago después de obviamente entregar un informe de todo lo laborado
en el mes, entonces recibíamos una cantidad, una suma de dinero siempre cada
vez. Preguntado: sírvase informar al despacho si la señora Janeth Peñaranda
Canosa suscribió un solo contrato de prestación de servicios o se trataba de varios. Contestó: no me consta, pues señor juez cuántos pudo ella haber afirmado eso si
no lo tengo presente, cuántos pudo haber firmado.
Preguntado: durante el tiempo
que usted estuvo en el IDU se interrumpió en algún momento la presencia de la
doctora Janeth Peñaranda Canosa en el IDU en cumplimiento de sus contratos de
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
prestación de servicios. Contestó: no señor, siempre pues entre 2008 y 2011 que
yo estuve en el IDU siempre estuvo laborando conmigo. (…) Preguntado: señor
Jorge Edison le manifestó usted a este despacho que las funciones realizadas por
un funcionario de planta eran las mismas que realizaba un contratista, porqué tenía
usted conocimiento que ellos eran funcionarios de planta las personas que
mencionó. Contestó: siempre se me presentaron como tal pues obviamente uno
además de la parte laboral toma algo de amistad, se puede decir, entonces en el
transcurso de los días siempre obviamente ellos asumían que podían tener unas
vacaciones, porque se ausentaban y uno obviamente interrogarle porqué, no porque
tengo derecho a unas vacaciones, porque pues fechas de pago y cosas así.
Preguntado: manifestó usted a este despacho que usted hacía las mismas
funciones que la doctora Janeth Peñaranda, considera usted que las funciones
realizadas por la señora Janeth Peñaranda correspondían al objeto social del IDU o
por el contrario eran de carácter transitorio. Contestó: es del objeto del IDU lo que
desarrollamos ahí. Preguntado: manifieste a este despacho quién determina el
horario de trabajo de la doctora Janeth Peñaranda o el mismo suyo. Contestó: no lo
determinaba como lo repetía el señor Carlos Ramírez obviamente era el que nos
ordenaba y nos decía la hora de entrada y salida. Preguntado: manifieste a este
despacho si la doctora Janeth Peñaranda gozaba de autonomía en el cumplimiento
de sus labores o por el contrario se encontraba subordinada a alguno de los
funcionarios del IDU. Contestó: siempre teníamos que estar desarrollando
actividades siempre se desarrollaban dentro de las instalaciones del IDU y bajo la
supervisión del doctor Carlos. Preguntado: manifieste a este despacho hasta donde
le conste si la doctora Janeth Peñaranda cancelaba las cotizaciones en salud
pensión y riesgos laborales. Contestó: sí señor porque de todas formas pues
siempre me decía que la había cancelado y por tal nosotros si no pasábamos
planilla no nos pagaban, si no aportamos la planilla de Seguridad Social.
Preguntado: manifiéstele a este despacho hasta donde le conste si la doctora
Janeth Peñaranda cumplió a cabalidad las funciones asignadas en los contratos
dados por el IDU. Contestó: hasta la fecha que yo estuve si me consta, hasta el
año 2011 que yo estuve laborando en el IDU. (…) Preguntado: qué tipo de relación
tiene usted con la señora Janeth Peñaranda Canosa. Contestó: en momento del
2008 a 2011 siempre fue laboral y obviamente compañera de trabajo del puesto
además porque nosotros como éramos bastantes entonces teníamos puesto
seguido, y la verdad, pues hasta ahora que me volvió a llamar porque estábamos
muy alejados, entonces la verdad amistad como tal no porque llevaba años sin
saludarla, pero respecto a la situación fue que se comunicó conmigo. Preguntado:
bueno y sobre la otra razón de la tacha usted ha presentado alguna demanda
reclamación o alguna queja frente a su vinculación como contratista del IDU.
Contestó: ninguna, señor juez.
ii) El 18 de octubre de 2017, la directora de prestaciones económicas de la
Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, certificó
que mediante la Resolución GNR332635 del 3 de diciembre de 2013, se reconoció
una pensión de vejez a favor de la señora Janeth Peñaranda Canosa, a partir del
1º de septiembre de 2013.29
29 Folio 318.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 26 de enero de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda, se formularon
los recursos de apelación objeto de análisis para controvertir, por una parte, la
decisión de declarar una relación laboral encubierta o subyacente entre la
demandante y el IDU pese a que, en su entender, en el expediente no está
probado en debida forma el elemento de la subordinación y, por otra parte, para
solicitar que se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones a las que se
tienen derecho por todo el tiempo en el que estuvo prestando sus servicios,
teniendo en cuenta para la liquidación el salario devengado por los profesionales
universitarios código 219, grado 03 de la entidad, y se efectué la devolución de los
montos pagados por concepto de riesgos profesionales y Caja de Compensación
Familiar.
Así las cosas, para resolver la alzada, en primer lugar, se debe resolver el
siguiente interrogante.
2.4.1. ¿Está probado en el plenario que existió entre la señora Janeth
Peñaranda Canosa y el IDU una relación laboral encubierta o subyacente que
permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente?
Es pertinente hacer énfasis en que en estos asuntos en los que se pretende
demostrar una relación laboral encubierta o subyacente, quien demanda debe
acreditar que no prestó un servicio de colaboración o coordinación en el marco de
las actividades contratadas y que en el adelanto de la ejecución contractual se
configuraron los elementos relativos a i) la prestación personal del servicio; ii) la
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y,
iii) la remuneración como retribución.
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene
que la demandante estuvo vinculada con la entidad demandada; sin embargo, en
el proceso no se logró demostrar que la relación que los unió contiene los
elementos configurativos de la relación laboral, en particular el de la
subordinación, tal como se precisa a continuación.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
En primer lugar, la demandante acredita la prestación personal del servicio, a
través de los 10 contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se
detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia.
En segundo lugar, se encuentra que la señora Peñaranda Canosa tuvo dentro de
sus funciones la de gestionar y realizar el trámite de las actuaciones jurídicas
derivadas de los recursos, reclamaciones y demás peticiones de los
contribuyentes respecto del cobro de la contribución de valorización en la
Subdirección Técnico-Jurídica y de Ejecuciones Fiscales del IDU, lo cual revela,
como expresión sustantiva y cierta de su ejercicio, que la labor fue desarrollada
por la demandante, y no a través de otra persona.
Asimismo, las funciones detalladas en los contratos de prestación de servicios y
sus prórrogas dejan ver la vocación personalísima de las actividades que la
señora Janeth debía desarrollar, a saber:
1) Atender a los contribuyentes en forma eficaz y oportuna, con el objetivo de
orientarlos frente a las diferentes inquietudes que se generen por la reasignación de
la contribución de la valorización por beneficio general o local, 2) recepcionar
recursos, reclamaciones, comunicaciones, derechos de petición, actuaciones
oficiosas, revocatoria directas y demás radicados competencia de la STJEF, 3)
proyectar dentro de los términos de ley los pronunciamientos y/o respuestas a los
recursos, reclamaciones, comunicaciones, derechos de petición, actuaciones
oficiosas, revocatorias directas, y demás radicados competencia de la STJEF que
les sean asignados por reparto, entregándolos en debida forma, en las cantidades y
dentro de las fechas establecidas según cronograma de trabajo, 4) dar el trámite
respectivo para el despacho, citación y/o notificación de los recursos,
reclamaciones, comunicaciones, derechos de petición, actuaciones oficiosas,
revocatorias directas, y demás radicados competencias de la STJEF que les sean
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
asignados por reparto, con sujeción a la norma de procedimiento aplicable en cada
caso, previa gestión, elaboración e impresión de los documentos resultantes de las
decisiones administrativas, 5) para la proyección de los actos administrativos y
demás las actuaciones se debe realizar análisis jurídico, verificando todos los
documentos fundamento del recurso, las actuaciones contenidas dentro del
expediente y la información contenida en los sistemas, programas y bases de datos
manejados en la STJEF, 6) mantener actualizados los sistemas, programas y bases
de datos manejados en la STJEF e ingresar en debida forma cada una de las
actuaciones generadas en el trámite de los expedientes que por reparto le sean
asignados y hacer entrega en físico de documentos que requieran digitalización, 7)
cumplir las metas fijadas previamente en cuanto a sustanciación o actividades
relacionadas o afines con los mismos, 8) realizar las constancias de ejecutorias de
los actos administrativos, en forma oportuna, dando cumplimiento a la normatividad
legal vigente, 9) responder y guardar la debida reserva y confidencialidad de todos
los documentos que le sean asignados, 10) utilizar los equipos, útiles e implementos
y muebles del área exclusivamente para desarrollar el objeto contractual y
conservarlos en buen estado y hacer la devolución de los mismos a la terminación
del contrato, 11) dar cumplimiento a las tareas fijadas de acuerdo a las políticas
establecidas en los diferentes acuerdos o convenios celebrados por el Instituto, 12)
en el evento de la pérdida de uno de los expedientes el contratista deberá presentar
ante autoridad competente el denuncio correspondiente. De igual forma realizar la
reconstrucción del mismo hasta el estado en que se encontraba el expediente sin
que lo anterior lo exonere la responsabilidad a que haya lugar, 13) de acuerdo al
cronograma establecido presentar para revisión y aprobación informe mensual con
relación a las actividades, pagos de Seguridad Social, aprobación de informe
mensual con relación de actividades […]
2.4.1.2. Remuneración
En el sub lite, queda acreditada la remuneración efectuada mensualmente por el
IDU a la demandante con los contratos de prestación de servicios y la certificación
del 30 de octubre de 2015 expedida por el subdirector general de gestión
corporativa, documentos que constituyen prueba suficiente para acreditar que se
pactó una contraprestación por los servicios prestados a la entidad.
2.4.1.3. Subordinación continuada
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:
i) El lugar de trabajo. En el presente asunto la demandante prestó sus servicios
personales al interior de las instalaciones del IDU. Dicha información se extrae de
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
los testimonios de los señores Alejandra Muñoz Calderón, Carlos Francisco
Ramírez Cárdenas, Gloria García Acevedo y Jorge Edison Ruiz Artunduaga.
Por una parte, a la señora Gloria García Acevedo, bachiller, quien fue compañera
de la demandante en la Subdirección Técnico-Jurídica y de Ejecuciones Fiscales,
le consta que aquella prestó servicios en esa dependencia entre 2008 y 2014, ya
que estaban sentadas una al lado de la otra en el puesto de trabajo mientras
ejecutaba los contratos de prestación de servicios que suscribieron
respectivamente con la entidad.
Por otra parte, el señor Jorge Edison Ruiz Artunduaga, abogado vinculado por
contrato de prestación de servicios, quien desarrolló actividades en la referida
subdirección desde el 2008 y permaneció hasta 2011, afirmó haber conocido a la
señora Peñaranda Canosa prestando sus servicios en el escritorio contiguo al
suyo.
Asimismo, los señores Alejandra Muñoz Calderón, como abogada de la oficina de
recursos humanos y Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, en calidad de
subdirector técnico jurídico y de ejecuciones fiscales del IDU a partir del año 2009,
indicaron que la demandante debía prestar sus servicios en el sitio donde
determinara la entidad al tenor de las cláusulas contractuales y que la utilización
de los sistemas de información o gestión documental hacían necesario que ella
tuviera que acudir al instituto.
ii) El horario de labores. Para acreditar este indicio al plenario únicamente se
aportaron las declaraciones de los señores Alejandra Muñoz Calderón, Carlos
Francisco Ramírez Cárdenas, Gloria García Acevedo y Jorge Edison Ruiz
Artunduaga; sin embargo, su dicho no logra demostrar la imposición de una
jornada de trabajo a la demandante, tal como pasa a analizarse.
Las declaraciones recaudadas en el proceso no fueron coincidentes, por cuanto
los señores Alejandra Muñoz Calderón y Carlos Francisco Ramírez Cárdenas,
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testigos solicitados por la parte demandada, fueron contestes al indicar que la
actora no estaba sometida al cumplimiento de horario, pues para desarrollar el
objeto contractual le daban un tiempo superior al que tenían los empleados
públicos y que no se controlaba su hora de ingreso y salida de la entidad.
A su vez, agregaron que si los contratistas tenían algún tipo de tarjeta de
aproximación para ingresar al instituto era por razones de seguridad nada más, ya
que, en caso de ocurrir una eventualidad, como un terremoto, debía tenerse
certeza de quienes estaban al interior del edificio; luego dicha medida no se
ejerció con el ánimo de controlar el «horario» o «jornada» de estos servidores.
Contrario a ello, los señores Gloria García Acevedo y Jorge Edison Ruiz
Artunduaga indicaron que la demandante estaba supeditada a asistir a la entidad y
al cumplimiento de horario, el cual era establecido y exigido por el subdirector
Técnico-Jurídico del IDU, que este concordaba con el impuesto a los funcionarios
de planta de la entidad, esto es, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. con una hora de
almuerzo, y que el control de ingreso se realizaba, primero a través de planillas de
turnos, luego por medio de registros en un sistema biométrico o de tarjetas de
aproximación.
Por último, agregaron que el cumplimiento de horario al que se sometió a la
demandante era requisito indispensable para que le renovaran el contrato de
prestación de servicios.
Además de las referidas declaraciones, se insiste, al dosier no se aportó ningún
otro soporte probatorio (como cuadros de turnos, o de control de ingreso) que
corrobore que a la actora se le exigía el cumplimiento de un horario o jornada, 30 o
que de forma clara precise la hora de inicio y/o terminación de aquella, luego no es
dable afirmar que se encuentre demostrado de manera clara este indicio.
30 De igual manera, en la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas
actividades de la Administración (...) necesariamente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas (...)».
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Sin embargo, en gracia de discusión, el hecho de que la demandante
presuntamente hubiera desarrollado sus labores a través de una jornada de
trabajo no acredita, per se, el elemento de la subordinación, en la medida en que
dicha circunstancia puede hacer parte de la necesaria coordinación que ha de
existir entre los extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera en que
deben prestarse los servicios.
La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento
de subordinación».31
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las razones
por las cuales el Tribunal encontró probado dicho indicio tuvieron fundamento en
la similitud de las obligaciones contractuales plasmadas en cada encargo,
respecto de las funciones detalladas en el manual de funciones y competencias
del IDU para el empleo de profesional universitario, código 219, grado 03, y el
análisis de los testimonios practicados en la audiencia de pruebas.
No obstante, a diferencia de lo advertido por el a quo dichos medios de prueba no
acreditan o no llevan a la convicción de que se hubieran adelantado por parte de
funcionarios de la entidad actividades de control, vigilancia, imposición o
seguimiento a la actividad desplegada por la demandante, que en ejercicio de la
sana crítica se alejen del concepto de coordinación propio de los contratos de
prestación de servicios.
31 Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
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Al revisar el contenido de cada contrato de prestación de servicios se tiene que el
objeto que debía desarrollar la demandante era prestar servicios profesionales
como abogada, para recepcionar recursos, reclamaciones, comunicaciones,
derechos de petición, actuaciones oficiosas, revocatoria directas respecto del
cobro de la contribución de valorización en Bogotá, entre otras actividades que
requerían de sus conocimientos jurídicos, sin que de ello se pueda concluir que el
ejercicio de su labor no se diera de manera independiente o que estuvo sometida
al cumplimiento de órdenes, máxime cuando la profesión de abogado se
caracteriza por su liberalidad.
Las declaraciones que reposan en el plenario hacen referencia a detalles propios
de la actividad contratada, como la proyección de actos administrativos, la
notificación de estos y la atención de los contribuyentes en forma eficaz y
oportuna, con el objetivo de orientarlos frente a las diferentes inquietudes que se
generen por la contribución de la valorización; empero, más allá de ello no se
refieren en particular a las condiciones de modo en las que presuntamente se
presentó una relación de carácter laboral, ni mucho menos ilustran respecto a
cuáles eran las actividades u órdenes que se le imponían a la señora Peñaranda
Canosa que desnaturalizaban el objeto contractual o que le impedían atender los
procesos encomendados de manera autónoma e independiente.
Nótese que la señora Alejandra Muñoz Calderón, manifestó que la actividad
desplegada por la contratista tenía que ver con el cobro de la valorización y que se
acudió a la figura del contrato estatal dado que el personal de planta no resultaba
suficiente para atender los reclamos de los ciudadanos ante esta contribución, de
suerte que «los contratistas que se asignen a las dependencias es por las
necesidades que presenta la dependencia por insuficiencia de personal».
Continuó su relato al indicar que a la accionante no se le impartían órdenes que
afectaran su autonomía, sino que, contrario a ello, el jefe de la dependencia en la
que prestó servicios emitía una serie de orientaciones en aspectos de
organización de la información y del recurso humano para tornarlo eficiente y para
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que hubiera identidad en el grupo de trabajo y tuvieran líneas claras de acción
referentes a los requerimientos de los contribuyentes de la valorización.
Concretamente señaló que el contribuyente no se debe percatar de que «la
administración por un lado dice una cosa o que otra persona dice otra cosa, pues
realmente, a ver, por razón de organización y que el contribuyente quede bien
informado sobre una cosa tan importante para él como es lo que tenga que ver
con el cobro de una valorización, pues lógicamente que debe haber una identidad
en la forma como se contesta al contribuyente».
De igual modo, insistió en que la señora Peñaranda Canosa no recibía llamados
de atención, sino que «sencillamente él como coordinador del contrato pues a él sí
le corresponde pues vigilar que el contratista cumpla con su objeto contractual y
sencillamente pues dé orientaciones e instrucciones para que la gestión del
contratista pues se haga conforme a lo pactado en el contrato» y que dichas
orientaciones nunca desbordaron el objeto contractual.
Por su parte, el señor Carlos Francisco Ramírez Cárdenas, fue enfático al señalar
que la contratación de la demandante obedeció estrictamente a las necesidades
de la administración, la cual se vio desbordada en su capacidad operativa ante la
gran cantidad de reclamaciones que elevaron los contribuyentes respecto al cobro
de la valorización en la ciudad de Bogotá, pues «en el año 2005 el Concejo de la
ciudad autorizó el acuerdo 180 de 2005 que debía asignarse en el año 2007, en el
año 2007 se notificó a los predios de la ciudad y por razón de ese acuerdo se
presentaron algo así como 80.000 reclamaciones, 80.000 reclamaciones que
cualquier infraestructura prevista para atenderlas pues estaría desbordando esa
infraestructura y por esa razón la entidad debió acudir a la modalidad de
prestación de servicios como en el caso de la señora Janeth Peñaranda».
Como subdirector de la dependencia y supervisor del contrato aseveró que no le
imponía órdenes a la accionante, sino que «el contrato señala una serie de
obligaciones y pues obviamente yo como supervisor del contrato tenía que estar
pendiente que se cumplieran esas obligaciones, como dije anteriormente que
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evacuara las actividades que se le entregaban, pero no recibía órdenes
específicas, pues obviamente si el trabajo que llegaba a realizar no cumplía las
expectativas de la entidad se le devolvía para que lo cumpliera acorde con los
requerimientos y con las obligaciones plasmadas en la minuta del contrato de
prestación de servicios».
Asimismo, increpó en que la actora es abogada y como tal podía determinar que el
clausulado del contrato era claro respecto a las obligaciones que debía adelantar,
por tanto, «si las actividades que ella desarrollaba no estaban de acuerdo con las
expectativas de la entidad, pues yo personalmente se las devolvía y le decía por
ejemplo esta resolución no está bien modifíquela en este sentido, o le hacía
observaciones de tipo jurídico, porque pues si se hacían citas jurídicas inexactas,
imprecisas o equivocadas es obvio que debía cambiarlas, pero aparte de esa
instrucción no había ninguna otra diferente».
Adicionalmente, indicó que el tema de la valorización solo lo conocen quienes han
trabajado en el IDU, luego en el mercado laboral no es fácil encontrar personal, por
esa razón la entidad vinculó en varias ocasiones a la accionante, aunque sin
solución de continuidad.
Ahora, las declaraciones de la señora Gloria García Acevedo no contienen
elementos que permitan inferir el elemento de la subordinación, pues a la
pregunta de en qué consistían las presuntas órdenes que se le impartían a la
actora, contestó lo siguiente: «yo tengo entendido que les hacían un reparto y
tenían que hacer los procesos, sacarlos adelante». Así las cosas, se advierte que
de dicha respuesta no se logran rescatar elementos contundentes que permitan
hacerse una idea de la forma cómo, presuntamente, estaba sometida la
demandante al cumplimiento de órdenes o cómo se direccionaba su labor por
parte de los funcionarios de la entidad.
De igual modo ocurre con lo depuesto por el señor Jorge Edison Ruiz Artunduaga
quien además de narrar las condiciones de prestación del servicio de la señora
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Peñaranda Canosa en cuanto a la función desempeñada de gestión de todas las
reclamaciones que presentaban los usuarios frente a la contribución de
valorización y que las realizaba con elementos suministrados por el IDU, no hizo
una clara exposición de la forma como se afectaba su autonomía e independencia.
Por el contrario, reconoció que la labor del subdirector técnico-jurídico del IDU era
de supervisión, pues a la pregunta de que si la doctora Janeth Peñaranda gozaba
de autonomía en el cumplimiento de sus labores o por el contrario se encontraba
subordinada a alguno de los funcionarios contestó que «siempre teníamos que
estar desarrollando actividades, siempre se desarrollaban dentro de las
instalaciones del IDU y bajo la supervisión del doctor Carlos».
De igual modo, detalló que la imposición de órdenes consistía en «el cumplimiento
obviamente de nuestras tareas, el de obviamente la emisión de actos
administrativos de acuerdo pues a lo asignado que teníamos que elaborar», lo que
a todas luces la Sala encuentra como actividades propias del objeto contractual.
En ese orden, de las pruebas aportadas al dosier no se extrae con un mínimo
grado de certeza que se le exigiera a la demandante que ejecutara el objeto
contractual con unas condiciones de modo impuestas por la entidad y, en tal
sentido, no se demostró su inserción en el círculo rector u organizativo del IDU,
pues más allá de las instrucciones que se le impartieron en el contrato, no se
acreditó con suficiencia que la demandada hubiera ejercido una influencia decisiva
sobre la forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus obligaciones.
De suerte que la Sala no encuentre en el expediente otros medios de prueba con
la suficiente entidad que permitan aseverar que la señora Peñaranda Canosa
recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios
o ejecutar el contrato.
En efecto, hechos como estos han determinado el criterio hermenéutico de esta
Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, precisándose que no
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toda relación de servicios implica per se la existencia del elemento de la
subordinación, ya que entre contratante y contratista puede existir una relación de
coordinación de actividades.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en controversias similares y ha concluido que entre
contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus
actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias
para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no
significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.32
En suma, en este caso no se logró demostrar con grado de certeza la presunta
subordinación a la que estuvo sometida la demandante, tal como se afirmó en la
sentencia de primera instancia.
Por último, hace énfasis la Subsección en que, aunque existió una relación
contractual entre las partes por aproximadamente 7 años, durante el referido
período no se logró acreditar el elemento de la subordinación continuada, indicio
propio de las relaciones laborales, razón por la que la temporalidad, no resulta
suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.
Dicho de otro modo, pese a que podría considerarse que la relación contractual
excede el término estrictamente indispensable, ya que se desarrolló por varios
años, no se logró acreditar el elemento de la subordinación continuada, propio de
las relaciones laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo y, por ello, el indicio de la no temporalidad, en este
caso, no resulta determinante.
32 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente 05001233300020130081301 (3867-14), M. P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Así, a pesar de que se demostraron sucesivas contrataciones de prestación de
servicios que abarcaron un período de más de 7 años, esta situación no resulta
suficiente para declarar demostrada la existencia de una relación laboral
encubierta, pues como se viene afirmando, la subordinación es el elemento
esencial que caracteriza este tipo de relaciones, y en el presente caso, no logró
acreditarse con los escasos medios de prueba aportados al proceso.
Por consiguiente, el acervo probatorio arrimado al dosier solo consigue demostrar
la prestación personal del servicio de la demandante y la remuneración como
contratista al servicio del IDU, más no es posible establecer con total certeza si
existió subordinación, por consiguiente, la Sala revocará la decisión de primera
instancia.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,33 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
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sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 365 del Código General del Proceso,34 la Sala considera que es dable
condenar en costas de ambas instancias a la demandante, toda vez que se
revocará en su integridad la sentencia del a quo, luego resultó vencida en el
proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que la parte demandante no logró
demostrar el elemento de la subordinación continuada, propio de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes. En ese orden, se revocará la decisión de
primera instancia. Con condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
34«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Janeth Peñaranda Canosa
F A L L A:
Primero.- Revocar la sentencia del 26 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso instaurado por la señora Janeth Peñaranda Canosa en contra del Instituto
de Desarrollo Urbano, IDU, en su lugar se dispone.
Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero.- Condenar en costas en ambas instancias a la señora Janeth
Peñaranda Canosa, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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