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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01037-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01037-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 14 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Flaminio Velásquez Urrego contra la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la motivación. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo con la motivación del presente fallo. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01037-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2016-01037-01 (2724-2020)
Demandante : Flaminio Velásquez Urrego
Demandada : Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general
por 10 años
Actuación : Decide apelación de sentencia - Ley 1437 de 2011

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de 14 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), mediante la
cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 3 a 16). El señor Flaminio Velásquez Urrego, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declaren nulas: (i) la «[…] Audiencia pública iniciada el
día 27 de mayo de 2014 y finalizada el día 25 de noviembre del mismo año
[…]» (sic), en la cual se sancionó disciplinariamente al accionante con
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y (ii) la
Resolución 249 de 12 de marzo de 2015, con la que el registrador distrital del
estado civil confirma la anterior decisión.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) eliminar «[…] las anotaciones en los registros de
antecedentes disciplinarios, tanto en la Registraduría Nacional del Estado
Civil, como en la Procuraduría General de la Nación […]» (sic); (ii) «[…]
reintegrar[lo] al cargo de ANALISTA DE SISTEMAS 4005-05 adscrito a la
Registraduría Distrital Auxiliar de Kennedy o a otro de igual o de mayor
categoría» (sic), sin solución de continuidad; (iii) pagar «[…] todos los salarios

Expediente: 25000-23-42-000-2016-01037-01 (2724-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Flaminio Velásquez Urrego contra la Nación – Registraduría
Nacional del Estado Civil

y prestaciones sociales dejados de percibir desde el día en que fue desvinculado
[…] hasta el día en que se haga efectivo su reintegro […]»; y (iv) reconocer
«[…] perjuicios materiales […] y morales que en la […] demanda […] se
acredite o demuestre o en […] incidente de liquidación de perjuicios […] se
decrete […]» (sic).

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que en desarrollo de sus
funciones como analista de sistemas 4005-05 adscrito de la registraduría
distrital auxiliar de Kennedy, en su contra se adelantó la investigación
disciplinaria 099-024-2011, en la que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, porque (i) no se le
permitió controvertir la declaración rendida por la quejosa, señora Johana María
Vásquez Valencia, al punto que se admitió a la denunciante que posteriormente
ratificara y ampliara su testimonio por escrito, situación que se puso de presente
por su apoderado, sin que la Administración se pronunciara al respecto; (ii) no
se dio cierre a la investigación disciplinaria para proceder a realizar su
correspondiente evaluación, tal como le correspondía ni se decretó mediante
auto, que debía notificarse por estado, de conformidad con el artículo 160 (letra
A) de la Ley 734 de 20021; (iii) que pese a declarar por auto de 27 de mayo de
2014, que el procedimiento a aplicar dentro del trámite de la investigación
disciplinaria era el verbal previsto en el artículo 175 y siguientes del Código
Disciplinario Único (CDU), se siguió por el procedimiento inquisitivo al
proferir la decisión de segunda instancia por escrito, es decir, por la misma
ritualidad del proceso ordinario; (iv) si bien en la parte motiva del mencionado
auto se señala que se le requiere para formular pliego de cargos, en su resolutiva
se omite hacer alusión al respecto; por consiguiente, nunca formalmente se le
hace formulación y notificación de pliego alguno, razón por la cual se pretermite
de una ritualidad propia del procedimiento disciplinario, como lo prevén los
artículos 162, 163, 165 y 166 de la Ley 734 de 2002; y (iv) no hubo pliego de
cargos, el que se requiere como prerrequisito para poder impartir la decisión
sancionatoria, en tanto que al investigado no se le imputó ni formuló cargo
alguno, mucho menos se le concedió término para presentar sus descargos, y si
en gracia de discusión se aceptara su existencia, se debe concluir que este
resultaría igualmente incongruente desde el punto de vista fáctico y jurídico
frente a la decisión sancionatoria impuesta.

Que son incongruentes las decisiones sancionatorias impuestas porque se le
condenó por ser el «[…] autor de las faltas disciplinarias tipificadas en los

1
Norma adicionada por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011, concordante y complementario con el artículo
105 (inciso 2) del Código Disciplinario Único (CDU), adicionado a su vez por el artículo 46 de la mencionada
Ley.
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numerales 01 y 39 de la Ley 734 de 2002 C.D.U., como GRAVÍSIMAS a título
de DOLO […]» (sic), y en decisión de segunda instancia de 12 de marzo de
2015, se resuelve «[…] CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido
en audiencia pública el 25 de noviembre de 2014, por medio del cual la
Operadora Disciplinaria de la Registraduría Distrital del Estado Civil, resolvió
sancionar[lo] disciplinariamente con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD
GENERAL POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS […]» (sic); es decir, se le condena
por una falta que no existe en el régimen jurídico disciplinario, que no se
encuentra estipulada en la aludida norma.

Sostiene que, aunque las decisiones sancionatorias proferidas en su contra se
encuentran fundamentadas en pruebas de naturaleza documental, en
grabaciones magnetofónicas, estas fueron producto de una interceptación ilegal
de las comunicaciones y, por ende, no podían ser tenidas en cuenta al no haber
sido objeto de transliteración, cotejo y contradicción.

Que tuvo como origen el mencionado procedimiento disciplinario adelantado
en su contra, el hecho de que por comunicación emitida el 8 de noviembre de
2011, en la franja noticiosa de la cadena radial W Radio, que fue conocida por
la oficina de prensa de la Registraduría Nacional de Estado Civil, se presentó
una denuncia por la señora Johanna María Vásquez Valencia, quien fuere
candidata a edil de la localidad de Kennedy en las elecciones de 30 de octubre
de 2011, por presuntas irregularidades al interior de la registraduría distrital
auxiliar de dicha localidad, en la que se lo identificó como autor de las faltas
disciplinarias que finalmente le fueron endilgadas, y ese mismo día se ordenó
la apertura de la investigación.

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en
primera y segunda instancias, sancionó al demandante con destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años.

Lo anterior, por cuanto, en calidad de analista de sistemas 4005-05 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil adscrito a la registraduría distrital
auxiliar de Kennedy, pretendió obtener dinero de la señora Johanna María
Vásquez Valencia en las elecciones de 30 de octubre 2011, quien fuera aspirante
del Polo Democrático al cargo de edil de la localidad de Kennedy en Bogotá
para las elecciones de autoridades locales, para ello le cobró a esta candidata, la
suma de dos millones de pesos ($2.000.000.oo).

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La demandada lo halló responsable de las faltas gravísimas a título de dolo
descritas en el artículo 48 (numerales 1 y 39) de la Ley 734 de 2002, por «[…]
Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo […]», la cual
encuadró en el delito de concusión; y utilizar su cargo «[…] para participar en
las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias
políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley
[…]».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 6, 29, 90, 121 a 123 de la
Constitución Política; 4, 6, 9, 13, 23, 34, 35, 42 a 46, 48, 135, 137, 138, 140,
162 a 166, 175 a 177, siguientes y concordantes de la Ley 734 de 2002; y 46,
51, 53, siguientes y concordantes de la Ley 1474 de 2011.

Asevera que se vulneraron las referidas normas de orden constitucional y legal,
principalmente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, en
cuanto (i) no se le permitió «[…] ejercer el derecho de contracción del
testimonio de la quejosa y declarante señora JOHANNA MARÍA VÁSQUEZ
VALENCIA, y por el contrario [auspició] que dicho derecho le fuera
conculcado […] al permitir que su ratificación y ampliación le fueran
aceptadas por medio de un escrito, sin tener derecho a la contradicción o al
contra interrogatorio de la testigo, conforme se anunció, solicitó y reiteró en
sinnúmero de oportunidades por la Defensa […]» (sic); (ii) se pretermitió «[…]
la aplicación del artículo 160 A de la Ley 734 de 2002, artículo adicionado por
el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el inciso 2o del artículo
105 del CDU, adicionado por el artículo 46 de la Ley 1474 de 2011, al no
haberse decretado el cierre de la investigación conforme a las normas antes
señaladas, y menos aún al no proferirse dicho auto de cierre, [en consecuencia,]
mal pudo haberse realizado la notificación señalada en la segunda norma antes
referida, lo cual constituye otra grave e insaneable irregularidad sustancial del
proceso, toda vez que se viola y desconoce las formas propias de cada juicio»
(sic); (iii) no se respetó el procedimiento a seguir, dado que, a pesar de «[…]
haberse declarado mediante el auto del 27 de mayo de 2014, que […] era el
[…] previsto en el artículo 175 y siguientes del CDU, esto es, EL
PROCEDIMIENTO VERBAL, el mismo se siguió por el […] inquisitivo escrito,
es decir, por la misma ritualidad del proceso ordinario, conforme da cuenta las
copias fotostáticas de todo el proceso […] con lo cual igualmente se desconoció
el principio del debido proceso y de las ritualidades propias de cada juicio»
(sic); (iv) que si bien en el mencionado auto, presuntamente se profiere el pliego
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de cargos, se observa que en la parte resolutiva de dicho proveído se omitió
hacer alusión a este, contra la ritualidad establecida en los artículos 162, 163,
165 y 166 de la Ley 734 de 2002, por consiguiente, tampoco se le concedió
término alguno para presentar frente a ello sus descargos; (v) que existe
incongruencia entre los cargos que le fueron imputados en el supuesto pliego de
cargos y los aducidos por la decisión de primera instancia, lo que no solo la hace
irregular, sino ilegal porque desconoce sus derechos al debido proceso y de
defensa; y (vi) que se presenta incongruencia entre las determinaciones de
primera y segunda instancias, esta última proferida de manera escrita, que debió
ser dictada de forma verbal, en atención a que se le declaró en la primera
responsable «[…] como autor de las faltas disciplinarias tipificadas en los
numerales 01 y 39 de la Ley 734 de 2002 C.D.U., como GRAVISIMAS a título
de DOLO […]» (sic), y luego en segunda instancia, se resuelve «[…]
CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido en audiencia pública el
25 de noviembre de 2014, por medio del cual la Operadora Disciplinaria de la
Registraduría Distrital del Estado Civil, resolvió sancionar disciplinariamente
con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE 10
AÑOS […]» (sic), es decir, se le condena por una falta que no existe en el
régimen jurídico disciplinario, que no se encuentra estipulada en la aludida
norma, con desconocimiento del principio de legalidad consagrado en el
artículo 4 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 23 ibidem.

Que con las decisiones acusadas fueron quebrantados los principios de
presunción de inocencia y de legalidad «[…] ya que desde la apertura de las
diligencias disciplinarias se advertía el ánimo parcializado, la tendencia
proclive y el ánimo proactivo del operador disciplinario de la oficina de control
disciplinario de la Registraduría Distrital del Estado Civil, por arremeter en
[su] contra […] no darle la oportunidad de controvertir como era su derecho
la supuesta afirmación efectuada por la quejosa […] desvirtuar o controvertir
la prueba ilícita e ilegal que arrimó aquella como soporte probatorio de la
acusación […]» (sic); se permitió y auspició la declaración juramentada
presentada por la quejosa, para evitar que esta fuera contrainterrogada o
controvertida en la conducta que aquella denunciaba, es decir, partió la
autoridad disciplinante de un «[…] principio de «presunción de
responsabilidad» […]. Nunca se pensó que [el investigado] fuera «inocente»
[…]» (sic).

Argumenta que se trasgrede con las decisiones acusadas, el principio de
culpabilidad, que proscribe la prédica de la responsabilidad objetiva, en cuanto
«No hay una prueba, ni indiciaria que el comportamiento funcional del actor,
se pueda ubicar dentro de una o cualquiera de las modalidades de la
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culpabilidad (Dolo, Culpa Grave o Culpa Leve), ya que la prueba recaudada
por la quejosa es ILEGAL, en la medida que ese escrito (TRANSCRITO) de la
GRABACIÓN, no cumple con los requisitos establecidos por [el] ordenamiento
para su legalidad en materia probatoria, en donde supuestamente existió un
dialogo entre la quejosa y el [funcionario] y la cual no pudo ser controvertida
como en derecho debió haber[se] hecho al momento de ser presentada la misma
por la quejosa […]».

Que los actos sancionatorios acusados fueron expedidos con abuso y desviación
de poder, pues «De la simple y sola lectura de los «presuntos» cargos
imputados al hoy sancionado […] y […] normas en las que se fundamenta la
sanción impuesta [se] permite deducir la ilegalidad e incoherencia de la
sanción y la desviación de poder disciplinario […] que la voluntad del
operador disciplinario era sancionar de cualquier manera al [accionante] […]»
(sic).

Aduce que «[…] (i) el proceso disciplinario, se inició, sin la ampliación y
ratificación de la queja, con lo que se violó el parágrafo del artículo 90 del
CDU. (ii) Jamás se observaron a plenitud las debidas formalidades del proceso
disciplinario. (iii) La dignidad humana, eje y fundamento de la razón de ser del
estado de derecho colombiano, se pisoteó vulgarmente por parte […] de la
oficina de control disciplinario de la Registraduría del Estado Civil. (iv) Jamás
se despachó a favor del investigado, el cúmulo de DUDAS reinantes al interior
del proceso y la duda en relación con la naturaleza de la TRANSCRIPCIÓN
DE LA GRABACIÓN aportada por la denunciante, se resolvió en contra del
funcionario […]. (v) Nunca se aplicó el principio de favorabilidad, en pro del
hoy sancionado. (vi) La referida igualdad de la ley, no se observó en la medida,
que fue un proceso únicamente para el [demandante] y no para todos y cada
uno de los funcionarios que debían intervenir con ocasión de ese trámite […]»
(sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 104 a 142). La accionada, por conducto
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Asevera que se actuó conforme a derecho y con respeto al debido proceso por
cuanto puede observarse que «[…] todas y cada una de las actuaciones
realizadas en la investigación disciplinaria [fue] notificado el ex funcionario
[…] así como […] de las citaciones realizadas a la quejosa […] para ampliar
la denuncia que había realizado a través de los medios de comunicación y para
recaudar pruebas para ser aportadas en la investigación, se puede comprobar
en el expediente, que de todo lo actuado se compulsó copia al demandante […]

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para que ejerciera su derecho a la defensa y de contradicción […]» (sic); y
procede a describir, in extenso, las actuaciones realizadas al interior del
procedimiento disciplinario, de lo cual se destaca lo siguiente:

a. Que una vez «[…] recaudado todo el material probatorio que permitió la
formulación de cargos […] mediante decisión de sustanciación notificada el 15
de febrero de 2012, [se] declaró cerrada la investigación conforme al artículo
160A de la Ley 734 de 2011, así mismo en cumplimiento a lo indicado en el
estatuto anticorrupción que modificó el CUD frente a la normativa de
notificación de las decisiones de cierre de investigación y alegatos antes del
fallo, se estableció la notificación por estado de los actos antes mencionados
conforme al artículo 46 de la Ley 1474 de 2011, advirtiendo que contra el
mismo procedía el recurso de reposición, el cual debía presentarse y
argumentarse dentro de los tres (3) días siguientes hábiles a la notificación del
mismo […]» (sic).

b. Que como de conformidad con «[…] lo establecido en el artículo 177 de la
Ley 734 de 2002, cuando el operador disciplinario determina que debe seguirse
con el procedimiento verbal, la primera actuación es la citación a audiencia
pública […] se emite auto de […] 27 de mayo de 2014, el cual calificó el
procedimiento a seguir conforme al verbal, citando a audiencia» (sic).

c. Que «[…] En la audiencia celebrada el 18 de julio de 2014, se dio lectura al
mismo, siendo el momento procesal para que el investigado [aportara] o
[solicitara] pruebas, tal como lo hizo el ex funcionario […] quién […] solicitó
la nulidad de la prueba aportada por la señora JOHANNA MARÍA VÁSQUEZ,
que era la grabación de la conversación sostenida entre ellos, argumentando
que la misma fue aportada al proceso de manera ilegal y fraudulenta, pues
violaba su derecho a la intimidad. Dicha audiencia fue suspendida hasta el día
22 de julio de 2014 […] en la cual se resolvió sobre la solicitud de nulidad de
la prueba allegada al expediente, recurso que fue negado por el operador
disciplinario, fundamentando sus consideraciones en la legalidad y veracidad
de la misma (Folios 396 y ss.), decisión que fue apelada por parte del
apoderado del [demandante] concedi[é]endo[se] dicho recurso para que lo
resolviera este despacho, el cual por medio de la Resolución No. 944 del 01 de
septiembre de 2014, resolvió negar por improcedente la solicitud de nulidad de
la prueba y archivo del proceso, (Folios 414 y ss.), decisión que fue notificada
de manera correcta a las partes […]» (sic).

d. Que según consta en el «[…] acta de diligencia de continuación de audiencia
pública celebrada el […] 27 de octubre de 2014, […] estando presente el ex
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funcionario […] a través de su apoderado, la operadora disciplinaria de la
época informó cómo era debido que podía solicitar y aportar pruebas si así lo
deseaba, a lo que expresaron «...en mi condición me permito manifestar al
despacho que atendiendo la posibilidad de ampliar la versión libre mi
poderdante ha considerado que ya está rendida y ampliada motivo por el cual
no hará uso de dicho derecho, adicional a ello dado que no existe pruebas por
solicitar de nuestra parte respetuosamente rogamos al despacho que si ha bien
lo tiene se señale fecha y hora para efectos de proceder con los ALEGATOS
DE CONCLUSION», [por lo que] de acuerdo a lo anterior, se demuestra que
le fue respetado el derecho a la defensa, al debido proceso y a la contradicción
dándole derecho como él mismo lo expresó de ampliar su versión, y no tenía
más pruebas por solicitar o aportar» (sic).

e. Aduce que en la misma acta de diligencia «[…] se fijó como nueva fecha para
continuar con la audiencia pública el […] 11 de noviembre de 2014 […], el
[investigado] por intermedio de su apoderado presenta ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN, dejando[se] copia del mismo en el respectivo expediente […],
al terminar, la operadora disciplinaria consideró conveniente suspender dicha
audiencia y continuarla el día 25 de noviembre de 2014 a las 9:00 am, con la
finalidad de estudiar los alegatos presentados. Continuada la audiencia
pública […] la operadora disciplinaria declaró responsable disciplinariamente
al [demandante] por incurrir en las faltas disciplinarias tipificadas como
GRAVISIMAS a título de DOLO, artículo 48 de la Ley 734 de 2002 inciso 1 y
39, en consecuencia, lo sancionó con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD, y en
la misma audiencia el disciplinado, mediante apoderado, apeló la decisión,
solicitando se le absolviera de las conductas imputadas» (sic).

f. Por auto de 4 de diciembre de 2014, el despacho de los registradores distritales
del estado civil incorpora a la investigación disciplinaria el escrito de alegatos
de conclusión presentado en siete (7) folios por el demandante a través de su
apoderado; y mediante auto de 18 siguiente, se decretó la práctica de prueba,
de oficio, que consistía en escuchar en declaración bajo la gravedad de
juramento a la quejosa, para que declarará sobre los hechos denunciados por
ella y se comisionó para su práctica a un profesional de la planta global de la
registraduría distrital, proveído que fue debidamente comunicado al
demandante y a su apoderado, con oficios 5061 y 5062 de 19 de diciembre de
2014, respectivamente, recibidos en la misma fecha, vía correo electrónico, con
la indicación de la fecha y hora en que se practicaría la diligencia de declaración
juramentada de la quejosa, que apeló con el argumento de que existía una
nulidad por decretar tal prueba

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g. Que, por conducto de oficio de 30 de diciembre de 2014, la comisionada
remite las diligencias adelantadas en cumplimiento del auto de 18 de diciembre
de 2014, en 14 folios y 4 cederrones, y comunica que a la diligencia habían
comparecido la declarante y el apoderado del demandante, quien una vez
iniciada la diligencia de declaración dejó constancia sobre la presentación de la
solicitud de nulidad y se retiró sin firmarla.

i. Dado a que se decretó de oficio y se practicó una prueba en segunda instancia,
auto de 23 de febrero de 2015, se corrió traslado por el término de dos (2) días
contados a partir del siguiente a la notificación por estado; y a través de
Resolución 249 de 12 de marzo de 2015, los registradores distritales del estado
civil de la época resolvieron la apelación presentada por el demandante y
confirmaron, en su totalidad, lo decidido en audiencia pública de 25 de
noviembre de 2014, cuya notificación se surtió por edicto, dado que fue
imposible localizar al demandante.

Concluyó que no son de recibo los argumentos expuestos por el demandante en
lo referente a que se le ha violado y/o vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y contradicción, porque, como se observa y refleja de
manera clara, la demandada en todas las actuaciones procesales desplegadas en
dicho procedimiento interno disciplinario ejerció en términos coherentes y
ajustados a lo mandado por la ley, sin que se hubieran presentado dilaciones u
obstrucciones, ni mucho menos se le hubiera negado alguna etapa.

Expresa que no fueron vulnerados los principios de presunción de inocencia y
legalidad, por cuanto «[…] se le permitió no solo tener acceso a la grabación
aportada por la quejosa […], sino que también se le entregó copia del escrito
radicado por [esta], dándole la oportunidad procesal para conocer y debatir
las pruebas[…]» (sic).

Que no se trasgredió el principio de culpabilidad, «[…] que fue la propia
víctima, JOHANNA MARÍA VÁSQUEZ VALENCIA, quién grabó la
conversación que sostuvo con el [funcionario] con el fin de constituir la prueba
y promover las denuncias correspondientes, prueba que arrojó como resultado
el convencimiento a la operadora disciplinaria de los hechos que fueron
materia y objeto del proceso disciplinario» (sic); «[…] audio aportado en su
momento como prueba [que] cumple los requisitos de legalidad […] sobre todo
al haber sido reconocida […] por el [mismo investigado], cuando señaló en la
diligencia de versión libre rendida el 21 de diciembre de 2011, «La grabación
de la llamada que reposa en este expediente fue el mismo día a eso de las 7:30
de la noche, le conteste como una llamada normal» (folio. 44 C-1)» (sic).
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Argumenta que no se incumplió ni violó el procedimiento verbal, en razón a
que, tal como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado2, «[…].
Procede aplicar el proceso verbal: en flagrancia, por confesión, ante faltas
leves y las gravísimas enlistadas en el inciso 2 del artículo 175 del CPU y,
además, si al valorar la apertura de la investigación se encuentran reunidos
todos los requisitos sustanciales para formular pliego de cargos» (sic).

Que se debe desestimar las pretensiones porque los actos acusados no fueron
expedidos con desviación o abuso de poder, lo discutido son meras
aseveraciones y consideraciones personales del apoderado del sancionado.

1.6 La providencia apelada (ff. 312 a 329 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), en sentencia de 14 de
noviembre de 2019, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas),
al considerar que, contrario a lo afirmado por el demandante, no se siguió un
procedimiento distinto y «Las respectivas audiencias se realizaron los días 18
de julio, 22 de julio, 27 de octubre, 11 de noviembre y 25 de noviembre de 2014
[…]. En la audiencia de 25 de noviembre de 2014 (fls. 464-489 carpeta 3), se
decidió tener en cuenta la versión libre que ya había rendido el investigado el
21 de diciembre de 2011, la ampliación de la queja presentada por escrito por
parte de la quejosa (aclara la Sala, que tanto la queja como esa ampliación
fueron presentadas por escrito), y la transcripción del audio que había sido
allegado por la quejosa, con una grabación magnetofónica, para respaldar la
queja. En esta misma audiencia […] se profirió […] fallo disciplinario de
primera instancia, lo cual quedó consignado en la respectiva acta (fls. 464-489
carpeta 3) […]», y luego la decisión de segunda instancia fue dictada por
escrito, según lo dispuesto por el artículo 180 ibidem.

Que, si bien tiene razón el recurrente cuando afirma que no se realizó el cierre
de la investigación, ni formuló pliego de cargos, para el caso ello no se requería
y el auto de 27 de mayo de 2014 le fue debidamente notificado, pues se le
remitió una citación, por lo que el 11 de junio de 2014 se le notificó
personalmente, a pesar de que el auto de cargos y su notificación no son un
deber legal que surja de las normas que regulan el procedimiento verbal.

Arguye que como al analizar «[…] el auto de citación a audiencia de fecha 27
de mayo de 2014, se le endilgó al [demandante] […] el haber cobrado
indebidamente dos millones de pesos ($2.000.000) a la señora Johanna María
Vásquez Valencia, para el favorecimiento de la misma en las elecciones del 30

2
Sentencia de Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B,
radicado 11001-03-25-000-2011-00206-00 (0713-11).
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de octubre de 2011 como aspirante del Polo Democrático a edil de la localidad
de Kennedy en Bogotá para las elecciones de autoridades locales, por lo cual
en ese momento se consideró que había incurrido en las conductas descritas
como faltas gravísimas por el artículo 48 numerales 1o y 39 de la Ley 734/02
[…] lo cual desembocó en que su conducta configurara la descripción típica
[…] de concusión […]», se dijo claramente que el investigado podía haber
incurrido en la mencionada descripción típica y trascribió el artículo 404 de la
Ley 599 de 2000, que tipifica este delito.

Que aunque en la decisión de primera instancia de 25 de noviembre de 2014, al
sancionar al disciplinado por haber incurrido en la descripción típica de los
delitos de concusión y asesoramiento ilegal, existió la incongruencia señalada
por el demandante, «[…] como quiera que la sanción se impuso también por
haber incurrido en la descripción típica del delito de concusión, la cual se
encuentra probada, como se aplica en esta sentencia, la sanción se mantendrá,
porque es suficiente para sustentar la sanción que se le impuso al disciplinado».

Que, de conformidad con lo expresado por el mismo investigado en su versión
libre rendida el 21 de diciembre de 2011, es claro que la grabación de la llamada
telefónica sostenida entre las partes implicadas fue realizada por la quejosa,
cuando ella consideró que le solicitó dinero para favorecerla en las elecciones,
por ende, estaba legalmente autorizada para hacerlo al sentirse amenazada y la
prueba es válida sin que se requiriera de más requisitos, tal como lo ha señalado
la jurisprudencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia
(sentencia 34282 de 10 de mayo de 2011).

Respecto del tema de falta de contradicción de la prueba, destaca que «[…] en
auto de 27 de mayo de 2014, se dispuso que se seguiría el proceso verbal y
además, literalmente respecto a las pruebas, quedó consignado, «CUARTO:
Tener como pruebas las allegadas a la presente actuación disciplinaria» (fl.
376 carpeta 3), y en efecto, se tuvo como prueba documental el CD que contiene
la grabación telefónica aportado por la quejosa y se hizo la transcripción de
dicho audio, es decir que tuvo la oportunidad de oponerse a la prueba […]».
Igualmente, el investigado tuvo otras oportunidades para controvertir la prueba:
«[…] el día 7 de diciembre de 2011, solicitó copia del escrito radicado por la
quejosa (folio 40 carpeta 1), el cual fue concedido conforme a la constancia
secretarial suscrita por el investigado y la operadora disciplinaria, […] se [le]
permitió escuchar la grabación contenida en el CD aportado por la quejosa,
que obra a folio 41 de la carpeta 1. Y como se dijo […] el 21 de diciembre de
2011 (folios 42 a 45 carpeta 1), rindió versión libre donde además se pudo
pronunciar sobre la grabación. Así mismo, el 20 de enero de 2012 (folio 55
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carpeta 1) […] rindió ampliación de versión libre y allegó solicitud de nulidad
y rechazó la prueba aportada por la quejosa (folios 56 a 58 carpeta 1), por
considerar que la grabación magnetofónica no cumplió con los requisitos
formales de una prueba legalmente decretada o con cumplimiento de los
requisitos de la sana crítica. Adicionalmente, solicitó el archivo de la acción
disciplinaria […]»; y por auto de 27 de enero de 2012 (folios 63 a 68 carpeta
1), negó nulidad propuesta «[…] por considerar que la grabación la realizó la
víctima del hecho irregular, para lo cual trajo a colación la sentencia T-233 de
2007 proferida por la Corte Constitucional, que respalda esa afirmación,
donde se advierte que la prueba recaudada por la víctima o autorizada por ella,
en la que se consigna su imagen o su voz, puede válidamente ser allegada al
proceso […]».

Que, además, el investigado en ningún momento de la actuación disciplinaria
presentó tacha de falsedad de la reproducción mecánica de voz, conforme a lo
establecido en los artículos 269 y siguientes del Código General del Proceso
(CGP), razón por la cual se reitera la validez de la prueba.

Indica que se permitió al investigado ejercer el derecho de contradicción frente
al testimonio y declaración de la quejosa por cuanto, «[…] mediante auto de 8
de noviembre de 2011 (fls. 3-5 carpeta 1), se ordenó la apertura de la
investigación disciplinaria, y […] dispuso escuchar en diligencia de
declaración juramentada a la quejosa, con el fin de ampliar y ratificar su queja.
El 30 de noviembre de ese año, rindió la declaración juramentada […] a la
cual asistió el investigado (fls. 34-35 carpeta 1), donde ella solicitó presentar
la declaración de manera escrita y aportar las pruebas para sustentar su
denuncia. [frente a lo cual] si bien es cierto específicamente no se le respondió
[su] petición, se le [preguntó] que en cuánto tiempo presentaría el escrito y ella
[aseveró] que, a más tardar el viernes, de donde se infiere que tácitamente se
le permitió que [lo] presentara, a lo cual el disciplinado no se opuso, porque
allí no se dejó constancia de ninguna manifestación en ese sentido».

Que «[…] El 2 de diciembre de 2011, ella aportó la ampliación de la queja y
el CD con la grabación (fls. 36-38 carpeta 1). El 7 de diciembre del año
referido, el investigado solicitó copia de la ampliación y se le permitió escuchar
la grabación (fl. 41 carpeta 1). Mediante auto de 16 de mayo de 2012 (fls. 200-
205 carpeta 2), se declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del cierre de
la investigación disciplinaria, y declaró que esa decisión no invalidaba las
pruebas allegadas y practicadas legalmente conforme al último inciso del art.
145 del C.D.U. y adicionalmente, dispuso escuchar nuevamente en ampliación
de la declaración juramentada a la señora Johanna María. Esa audiencia
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finalmente no se realizó, y […] mediante auto de 27 de mayo de 2014, por el
cual se decidió seguir el procedimiento verbal, se determinó tener en cuenta las
pruebas que hasta el momento habían sido practicadas, decisión contra la cual
no se observa que se hubiera opuesto el [accionante] habiendo tenido
oportunidad de hacerlo […]».

Precisa que, analizadas y cotejadas las declaraciones rendidas por los
implicados y la grabación aportada, se concluye que se le da credibilidad a la
quejosa, en el sentido de que el sancionado le pidió el dinero para poder
ayudarla en el resultado electoral y no fue ella quien se lo ofreció, en atención
a que en la grabación se evidencia que «[…] en varias oportunidades, la señora
Johanna, le insistió [al demandante] […] que [él] le había pedido la suma de
dos millones de pesos ($2.000.000), ante lo cual […] no controvirtió esa
afirmación, no se molestó, no le llamó la atención por hacer ese tipo de
afirmación, y en general, no hizo un reclamo al respecto, siendo un asunto tan
grave», cuando de conformidad con las reglas de la experiencia, si a una persona
se le hace este tipo de afirmación «[…] lo que hace es sorprenderse y
eventualmente indignarse, y hacer inmediatamente el reclamo, lo cual no
sucedió en este caso, [pues] se limitó a señalar que consideraba que ella estaba
grabando ante lo cual ella negó tal proceder, y […] a hacer otras afirmaciones,
como las que se escuchan en la grabación […]».

Que no se advierte que la controvertida investigación disciplinaria se haya
adelantado amparada en circunstancias de naturaleza subjetiva por parte de la
autoridad demandada, con desviación de poder y atropello al principio de la
dignidad humana, sino, por el contrario, con base en el principio de legalidad,
dado que existen pruebas que demuestran la ocurrencia de la falta cuya sanción
fue impuesta.

Aclara que como se considera «[…] que no puede prosperar el cargo frente a
la conducta relacionada con el delito de asesoramiento ilegal, la sanción
impuesta por la conducta atinente al delito de concusión se mantiene, porque
constituye falta gravísima al tenor del art. 48 numeral 1, que señala que quien
realice objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. De acuerdo con el
art. 44 ibídem, la sanción para las faltas gravísimas dolosas, es la destitución
y la inhabilidad general. Finalmente, el art. 46 de la Ley 734 de 2002, señala
que la inhabilidad general será de 10 a 20 años. Como se impuso la destitución,
se debe mantener la sanción en esta materia».

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1.7 El recurso de apelación (ff. 338 a 344 vuelto). Inconforme con la anterior
providencia, el accionante, mediante su apoderado, interpuso recurso de
apelación, en el que reitera algunos aspectos fácticos y jurídicos ya señalados
en la demanda y refuta lo estimado por el Tribunal. Sostiene que si bien muestra
el a quo la existencia de vicios de fondo y de naturaleza procedimental dentro
de la investigación disciplinaria objeto de análisis de una manera incongruente
se procede a negar las pretensiones de la demanda, al ir más allá de la literalidad
y espíritu de las normas en las que debía fundarse, además de realizar
interpretaciones extensivas y excesivas de la norma a aplicar; y aunque
reconoce la incongruencia al interior de la decisión sancionatoria, extrañamente,
procede a sanear la situación con el argumento frágil de que de todas maneras
se debía sancionar al investigado.

Afirma que el Tribunal no aplicó el principio de integralidad, porque está
desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados y en la sentencia
advirtió que «[…] no se realizó el cierre de la investigación, ni se formuló
pliego de cargos […]», y se señaló que «[…] el auto de cargos y su notificación
no es un deber legal que surja de las normas que regulan el procedimiento
verbal […]»; es decir, realizó una revisión del procedimiento disciplinario de
manera sesgada, con un prisma sustancialmente diferente al tradicional, porque
le dio valor a pruebas obtenidas de manera ilícita e ilegal y con fundamento en
una interpretación errada de la versión libre del investigado. Luego, las
irregularidades procedimentales que debían ser valoradas por el juez bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracterizan, como garante
de los derechos y de la tutela judicial efectiva, tampoco fueron cumplidas.

Que el fallador de instancia no observó los siguientes aspectos: (i) que no hubo
ampliación y ratificación de la queja que fuere presentada de manera oral,
acorde a lo previsto en el artículo 90 (parágrafo) del Código Disciplinario Único
(CDU); (ii) que al no citarse a la quejosa a esta diligencia, se le negó al
investigado, por sustracción de materia, la posibilidad de ejercer su derecho de
contradicción al no permitírsele preguntar e indagar a esta sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos materia de investigación;
(iii) que se le negó al investigado la posibilidad de ejercer el derecho de defensa
o el debate probatorio testimonial, frente a lo cual dice el Tribunal que el
investigado guardó silencio; (iv) que se desconoció lo dispuesto en el artículo
177 ibidem, por haberse oído en «audiencia» al investigado; (v) que se
desconoció que el período probatorio dentro del proceso verbal es de tres (3) o
máximo de cinco (5) días, toda vez que para citar a audiencia se debe contar con
las pruebas suficientes para formular cargos, lo cual «brilló por su ausencia»;
(vi) guardó silencio respecto de que dentro de la audiencia o período probatorio
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se suspende la audiencia para la práctica de las pruebas; (vii) que antes de la
audiencia, se le permitirá al disciplinado conocer las pruebas recaudadas e
informará cuándo se realizará la audiencia para que prepare o estudie los
alegatos de conclusión, lo cual no ocurrió; y (viii) que el procedimiento verbal,
contrario de ser breve, ágil, debido y sumario, se convirtió en un ordinario que
irrespetó no solo los tiempos o lapsos previstos para este tipo de procedimientos,
sino que permitió que la autoridad disciplinaria acomodara a su conveniencia
operativa y funcional, lo que de suyo lo torna o convierte en un abuso de poder
o es una extralimitación de sus deberes funcionales.

Argumenta que con la decisión impugnada, se avala por el Tribunal la violación
o desconocimiento del principio constitucional y legal del debido proceso, al
aceptarse que en limitación al derecho de defensa y contradicción del
demandante frente a la declaración de la quejosa, de manera incorrecta,
inapropiada e indebida contra el verdadero espíritu del procedimiento verbal, se
permitió que esta se ratificara por escrito, cuando la ampliación y su ratificación
deben ser por vía oral en presencia del funcionario competente. Igualmente, no
se dijo nada respecto de «[…] la valoración errada dada al contenido del auto
de destitución de calenda 25.11.14, en el que se dice que los hechos objeto de
la investigación disciplinaria se conocieron por la difusión de los medios de
comunicación (W Radio y Caracol) en las emisiones del 8 de noviembre del año
2.011, merced a lo cual, la «oficina de control interno disciplinario, procedió
de oficio». [Luego,] [s]i ello es así, entonces ¿cuál es la causal legal para
invocar […] la aplicación del procedimiento verbal señalado en el art. 175 del
CDU? [cuando] son taxativas las causales allí establecidas y precisamente esa
clase de situaciones no están contempladas como elementos constitutivos para
aplicar este tipo de procedimientos» (sic).

Que se construye de manera extraña e inexplicable por el Tribunal un argumento
«[…] sobre la base de una falacia, toda vez que, determina que dentro de un
proceso disciplinario verbal no es necesario tener: (i) auto que cierre la
investigación y (ii) auto de formulación de cargos, cuando […] no es cierto […]
se requiere [de] la existencia de estas dos etapas procesales […], [dado que]
cualquier investigado […] tiene el derecho de saber por qué? del juicio de
reproche, pero en este caso […] este requisito no se presentó, […] [el
investigado] nunca tuvo acceso de manera clara, diáfana y concreta sobre qué
hechos y tipos disciplinarios se hacia la calificación de las eventuales faltas y
es tan aberrante lo acontecido […] que terminó sancionado indebidamente por
una falta que jamás fue objeto de valoración o estudio […]» (sic).

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Discute que fue inobservado con la decisión judicial que, a pesar de que los
actos acusados tuvieron como origen la grabación aportada por la quejosa, ella
no fue sometida a interrogatorio o contra-interrogatorio alguno por parte del
extremo pasivo, en violación de los derechos fundamentales al debido proceso
y de contradicción del investigado; se partió de una prueba ilegal para
imponerse finalmente la sanción, dado que tampoco se tuvo en cuenta por la
Administración el debido cuidado o precaución y la sutileza de validar la
originalidad de la grabación, pues no hay prueba técnica que valide la voz del
funcionario investigado, el respectivo cotejo de voces y esta tampoco fue
autorizada en su debido momento por autoridad competente.

Que, igualmente, se presenta una violación al principio constitucional y legal
del debido proceso y al derecho de defensa, ante la falta de motivación de los
actos sancionatorios acusados, debido a la incongruencia existente entre estos,
dado que se le sancionó al actor, en primera y segunda instancias, al parecer por
la comisión de un tipo en blanco, de las conductas de los numerales 1 y 39 «de
la Ley 734 de 2002» (sic), sin especificarse el artículo a que correspondía dicha
normativa, cuando era deber y obligación de la autoridad disciplinaria realizar
una debida y adecuada tipificación de la conducta que se reprocha como
constitutiva de falta; no se puede establecer realmente cuál es la adecuación
típica de la falta disciplinaria endilgada, ni menos aún existe esa remisión para
establecer o precisar, bajo esas relaciones especiales de sujeción, cuál fue el
deber, la prohibición, el conflicto de intereses o el régimen de inhabilidades o
incompatibilidades que el accionante desconoció o violento para ser merecedor
de la sanción impuesta.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 7 de febrero de 2020 (f. 346)
y admitido por esta Corporación a través de proveído de 30 de noviembre de
2021 (f. 353), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 7 de marzo de 2022 (f. 355), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por el accionante y el organismo demandado3.

3
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
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2.1.1 Parte demandante. Reiteró los argumentos presentados con la demanda
y el recurso de apelación, para concluir que las resoluciones acusadas
incurrieron en la violación normativa alegada y, por ende, «es claro que si se
diera credibilidad al dicho de la quejosa, aquella, no puede ni podía salir
indemne en una investigación de carácter penal, en tanto acá no se puede ni
podrá hacer carrera que aquel que peca por pagar no recibe sanción social,
moral o penal alguna, sino que dicho reproche solo se debe hacer a quien peca
por la paga. […] la acción incoada está llamada a prosperar y debe ser acogida
en un todo las pretensiones de la demanda» (sic).

2.1.2 Ente demandado. Por su lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil
asevera que «una vez se ordenó que el proceso disciplinario se adelantara de
manera verbal, todas las etapas procesales se surtieron mediante audiencias
de las cuales se tiene constancia en las respectivas actas, y en los cuadernos
allegados como prueba […] no se encuentra acreditado por el demandante la
existencia de este vicio en la formación de los actos administrativos de sanción
por parte del operador disciplinario […] Se evidencia que el fundamento-
concepto de violación-del cargo no son más que aseveraciones y
consideraciones personales del apoderado del señor Velázquez» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 «[…] Audiencia pública iniciada el 27 de mayo de 2014 y finalizada el
día 25 de noviembre del mismo año […]» (sic), en la que se sancionó
disciplinariamente al accionante con destitución e inhabilidad general por el
término de diez (10) años (ff. 19 a 44).

3.2.2 Resolución 249 de 12 de marzo de 2015, con la que el registrador distrital
del estado civil confirma la anterior decisión (ff. 45 a 69).

3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
las pretensiones de la demanda. Para tal propósito, examinará si los actos
acusados fueron expedidos sin pruebas válidas para imponer la sanción, con
expedición irregular y con violación del debido proceso, conforme a las
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acusaciones de la demanda y el escrito de apelación.

3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:

i) Aviso noticioso de 8 de noviembre de 2011, en la emisora W Radio (f.1, c.
2), en el que la señora Johanna María Vásquez Valencia denuncia la exigencia
por parte del demandante de la suma de $2.000.000, para «cuidarle los votos»;
y auto de apertura de investigación disciplinaria, expediente 099-024-2011 de
la misma fecha, que se sustentó en esa denuncia.

ii) Diligencia de declaración juramentada de 30 de noviembre de 2011, en la que
la mencionada señora Vásquez pidió que «permita presentar [su] declaración
de manera escrita y con la cual aportar[á] las pruebas que pretend[e] hacer
valer para sustentar [su] denuncia. Lo anterior en razón a que no [se sentía]
cómoda con la presencia del señor FLAMINIO VELÁSQUEZ en esta diligencia,
por declarar contra una persona que se encuentra presente en la misma». Esta
solicitud fue aceptada por el investigador y el investigado no dijo nada al
respecto (ff. 34 y 35, c. 2).

iii) En cumplimiento de lo dispuesto en el acta anterior, la señora Vásquez
presentó un escrito que denominó «ampliación de queja», en el que expresó que
el demandante se le acercó para comentarle que «habían pedido [su] cabeza y
que era lógico quien era, dictando que se trataba de la persona que estaba en
segundo lugar en la lista de resultados en la lista del Polo, además [le] señaló
que había un monto que él está pagando por su cabeza, pero que él no quería
ayudarle a él y que era bueno que [ella] para por cuidar [sus] votos, [le] explicó
cómo en cada comisión él tendría que pagar a alguien para ese fin. […]
Posteriormente [se] comunicó con él el día lunes y aport[ó] la grabación de
esta llamada» (ff. 36 y 37, c 2).

En el cederrón con la grabación de una conversación sostenido entre la señora
Johanna y el señor Flaminio (así se identificaron), en el que se destaca que el
segundo reconoció tácitamente que le había solicitado dinero, eso se colige de
la expresión «eso no quiere decir que si tu no accedes a lo que yo te dije, como
quiera que hayas tomado las cosas […] lo que hicieron lo hicieron a mis
espaldas […] desafortunadamente para ti yo hago parte de la registraduría
[…] yo soy un cajoncito, pero son siete cajoncitos más […] yo respondo por
mí, pero como voy a llamar a motivar a las demás personas como le digo a ellas
[…] mi candidata es ella […] bueno cuanto me cobra, no fue porque yo coloqué

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la tarifa, […] el tema es que yo tampoco no me fui con la otra persona […]
pero desafortunadamente habían siete cajones que yo no podía cubrir […]».
En otras palabras, al escuchar la grabación se deduce, sin ninguna duda, que el
demandante pidió la suma de $2.000.000,oo, y los justificó en que sus demás
compañeros de labores se los solicitaron (cederrón visible en el folio 38, c. 2).

iii) Diligencia de versión libre rendida por el demandante (ff. 42 a 45).

iv) Auto que cita a audiencia verbal y ordena adecuar el procedimiento a esta
modalidad, asimismo, se le endilgaron los cargos contenidos en los artículos 22
a 25, 35 y 48, numerales 1 y 39, de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el
artículo 404 del Código Penal (ff. 361 a 376, c. 4).

v) El procedimiento disciplinario 99-24-2011, seguido contra el demandante,
obra en los cuadernos 2 a 9 y los cederrones visibles en los folios 38, c. 2, y 390
c. 3.

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.

3.5 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado desde sus
inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso, cuya
vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos
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criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disciplinaria, son los
siguientes4:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario
a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los siguientes
elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a
todas las actuaciones disciplinarias5: “(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el
derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de
controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la
presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el
principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la
prohibición de la reformatio in pejus” 6.

3.6 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
causales de nulidad invocadas en el escrito de apelación de la sentencia. La
Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda, por
las siguientes razones:

De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa

4 Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
5 Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
6
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas, véase también la sentencia C- 721 de 2015.
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disposición del artículo 88 del CPACA7, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara dichos actos administrativos.

Esta Corporación ha reiterado que «de acuerdo con la Jurisprudencia
Constitucional8 y Contencioso Administrativa9 no toda irregularidad procesal
da lugar a nulidad, en ese orden, para que el defecto bajo análisis -atendiendo
a las condiciones del caso concreto- conduzca a la anulación del proceso
correspondiente debe afectar el núcleo esencial del debido proceso y ser
trascendental para la modificación de la decisión objeto de cuestionamiento
judicial»10, y este no es el caso, como se explica a continuación.

3.6.1 Quebranto del debido proceso y del derecho de defensa del investigado.
Ahora bien, a su juicio, se tramitó por el procedimiento verbal lo que conllevó
la violación del debido proceso, porque se escuchó su versión en «audiencia»,
lo que le impidió ejercer el debida forma su derecho de defensa; no se dan las
causales «previstas en el artículo 175 del CDU, para aplicar este tipo de
procedimientos» (sic); se violaron los plazos señalados en la ley para agotar las
etapas procedimentales, lo que le permitió a la autoridad disciplinaria acomodar
a su conveniencia operativa y funcional; y, además, la decisión sancionatoria de
segunda instancia se emitió por escrito.

El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, cuya inobservancia alega el demandante,
preceptúa:

El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos
en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el
momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando
haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

7
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
8
Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de abril de 2013, radicado: 11001-03-25-
000-2011-00599-00 (2307-2011).
10
Fallo de 28 de julio de 2014, sección segunda, subsección B, radicado: 11001-03-25-000-2011-00365-00
(1377-11).
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También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas
gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59 y 62 de esta ley.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de
cargos se citará a audiencia.

De la norma trascrita se extrae que el procedimiento verbal se aplica no solo
contra los servidores públicos sorprendidos en el momento de la comisión de la
falta, o con elementos o efectos que den cuenta de la ejecución de la conducta,
o cuando hayan confesado o se trate de faltas leves y los demás casos allí
previstos, sino que estableció, además, una cláusula general de procedimiento,
en virtud de la cual, en todo caso, se citará a audiencia (propia del procedimiento
verbal) si al valorar sobre la apertura de investigación disciplinaria, iniciada o
no por el procedimiento ordinario, se dan los requisitos sustanciales para
proferir pliego de cargos, cualquiera que fuere el sujeto disciplinable.

En el caso que nos ocupa, resulta claro que la actuación disciplinaria, o mejor,
el procedimiento verbal, que fue el utilizado, se adelantó con arreglo a la
normativa aplicable y la accionada lo eligió porque, después de culminada la
indagación preliminar, encontró que al momento de valorar la decisión de
apertura de investigación estaban colmados los requisitos sustanciales para
mutar el trámite a uno verbal, como la facultaba el aludido artículo 175 de la
Ley 734 de 2002.

La aplicación del procedimiento verbal se supone es más ágil porque, prima
facie, existe certeza sobre el hecho atribuido al sujeto disciplinario, lo que
permite que la decisión pueda adoptarse de manera pronta, pero esta celeridad
no implica vulneración del debido proceso.

No encuentra la Sala que cambiar el procedimiento disciplinario de ordinario a
verbal quebrante el principio del debido proceso, si se cumplen las condiciones
sustanciales requeridas para ello, por cuanto ambos procedimientos (el
ordinario y el verbal) en sí mismos garantizan dicho principio, tal como están
configurados en la ley y no se desvanece por adoptar el segundo, pues preservan
su estructura, con la obligación para el funcionario disciplinario de respetar
cabalmente la ritualidad que emplee, es decir, someterse a las formas propias
que caracterizan cada procedimiento.

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La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del inciso final del
artículo 175 de la Ley 734 de 2002 en la sentencia C-242 de 2010 y la reiteró
en la C-370 de 16 de mayo de 2012; ya lo había expresado en la providencia C-
763 de 2009.

Recapituló la Corte, en el fallo C-370 de 2012, que la constitucionalidad de la
norma que regula el procedimiento disciplinario verbal y la posibilidad de
aplicarlo a una actuación ya iniciada por el ordinario, se sustenta en tres razones:
(i) en la libertad de configuración del legislador en materia disciplinaria, que se
adecúa a los principios y valores constitucionales, garantiza la vigencia de los
derechos fundamentales, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo; (ii) en que el trámite verbal
desarrolla los principios de celeridad, economía procesal y publicidad; y (iii)
por el conocimiento que tiene el disciplinado de que en el transcurso del trámite
pueda modificarse el procedimiento ordinario a verbal, de acuerdo con la
pruebas o su desarrollo.

Por otro lado, en lo atinente a la alegada violación de los plazos señalados en la
ley para agotar las etapas procedimentales; revisado el trámite disciplinario, la
subsección constata que el demandante planteó varias nulidades, impetró
múltiples recursos y pidió la reprogramación de fechas para el recaudo de las
pruebas, circunstancias que conducen a dilatar un procedimiento que en
principio está concebido para ser ágil. En este caso, la demora no implica la
anulación de los actos sancionatorios, siempre y cuando la decisión se profiera
dentro del plazo de prescripción, como ocurrió en el presente asunto.

3.6.2 Expedición irregular. En concreto, se revisarán los cargos de expedición
irregular y violación del derecho de audiencia y defensa, porque: (i) «[…] no se
realizó el cierre de la investigación, ni se formuló pliego de cargos […]»; alega
que «[…] cualquier investigado […] tiene el derecho de saber por qué? del
juicio de reproche, pero en este caso […] este requisito no se presentó, […] [el
investigado] nunca tuvo acceso de manera clara, diáfana y concreta sobre qué
hechos y tipos disciplinarios se hacia la calificación de las eventuales faltas y
es tan aberrante lo acontecido […] que terminó sancionado indebidamente por
una falta que jamás fue objeto de valoración o estudio […]» (sic); se profirió
por escrito la decisión sancionatoria; y (ii) falta de motivación de los actos
sancionatorios, pues la comisión de un tipo en blanco de las conductas de los
numerales 1 y 39 «de la Ley 734 de 2002» (sic), sin especificarse el artículo a
que correspondía dicha normativa ni cuál es la adecuación típica de la falta
disciplinaria endilgada; es decir, que desechó la alternativa o hipótesis de estar
frente al injusto previsto en el artículo 394 del Código Penal, que consagra la
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Expediente: 25000-23-42-000-2016-01037-01 (2724-2020)
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alteración de resultados electorales; jamás se adecuó la conducta al injusto que
real y probatoriamente correspondía.

Advierte la Sala que el apelante, en esta instancia, no discute los hechos que
motivaron la sanción, sino que limita su inconformidad a los aspectos antes
reseñados, los que a continuación se pasan a responder.

Respecto del argumento consistente en que no se realizó el cierre de la
investigación, ni se formuló pliego de cargos, la subsección advierte que el
procedimiento que se seguía contra el demandante era el ordinario, sin embargo,
por auto de 29 de enero de 2014, la autoridad disciplinaria decidió declarar la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto de cierre de investigación
disciplinaria y, por tener la facultad de tramitarlo por el procedimiento verbal,
se le citó mediante providencia de 17 de febrero de 2014 para audiencia. Esta
decisión, luego de enumerar los hechos y las pruebas recabadas, se sustentó bajo
los siguientes razonamientos:

[…] Da origen a la acción disciplinaria la queja presentada por la señora
JOHANNA MARIA VASQUEZ VALENCIA, 8 de noviembre de 2011 el 20
de junio de 2013 en la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría
Distrital, en la cual informa de la conducta irregular del funcionario
FLAMINIO VELASQUEZ URREGO, consistente en pedirle dinero para el
éxito de unos resultados de unos comisión electorales en el año 2011, el
favorecimiento y participación con partidos políticos, aprovechando su
condición de funcionario de la Registraduría Nacional, para realizarle
manipulación en los resultados electorales.
Por el favorecimiento político que pretendía el señor FLAMINIO
VELASQUEZ URREGO, con la candidata al partido político del polo a la
Junta de Acción Comunal de la zona de Kennedy, hecho que se encuentra
probado y demostrado con los elementos probatorios existentes en el sumario
y con la certeza que el mismo pretendía tener un lucro aprovechando su
condición de servidor público en la zona en que la quejosa era candidata. […]
De suerte que con lo anterior, queda establecido que el presunto inculpado
FLAMINIO VELASQUEZ URREGO, se aprovechó de modo indebido de su
calidad de funcionario de la Registraduría Auxiliar de Kennedy, para cobrar
injustamente una suma de dinero a la señora JOHANNA MARIA
VASQUEZ, por obtener unos resultados en las elecciones del 30 de octubre
de 2011 en los comicios correspondientes a la JAL e igualmente utilizo su
cargo para participar en las actividades de los partidos y que la quejosa confió
en que el disciplinado podía llevarlo a cabo por ser servidor público de la
Entidad. […]
Para el despacho de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se
evidencia que el comportamiento del investigado FLAMINIO VELASQUEZ
URREGO, vulnera el ordenamiento jurídico en precedencia, pues de las
mismas se infiere que el encartado aprovechando su condición de funcionario
de la Registraduría Auxiliar de Kennedy, pudo haber hecho creer
erróneamente a la quejosa JOHANNA MARIA VASQUEZ, que tenía la
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facultad para la modificación de los resultados electorales a las JAL, para lo
cual en forma ilegal exigió una suma de dinero.
Este hecho se demostró en la medida que de la queja como de la conversación
sostenida en reiteradas oportunidades manifiesta su compromiso para
cuidarle los resultados a la señora JOHANNA MARIA VASQUEZ,
igualmente asevera que debía haber compromisos con las otras comisiones
para los resultados exitosos, y no siendo suficiente su afirmación en que
dichos fueron favorables para el tener el compromiso con la candidata
Igualmente, con su comportamiento quebrantó lo ordenado en la Ley
Disciplinaria, respecto del cumplimiento de deberes, de conformidad con lo
previsto en el numeral primero, segundo y octavo del artículo 34 de la Ley
734 de 2002, e incurrió en la prohibición consagrada en el numeral tercero
del artículo 35 de la misma normativa. […]
Por tal razón, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, esta
Oficina considera, que la FALTA GRAVISIMA fue cometida por el
disciplinado a título de DOLO, ya que libre y conscientemente dirigió su
comportamiento hacia la realización de una conducta que se adecua
objetivamente a hechos punibles y que es sancionada disciplinariamente al
infringir el numeral 1 y 39 del artículo 48 de la Ley 734 de. 2002, y que a la
postre, de la misma manera consciente y libre, quebranta los deberes de los
numerales 1, 2 y 8 del artículo 34 a que está sometido todo servidor público,
e infringe la prohibición del numeral 3 del artículo 35 ibídem, a que hemos
hecho alusión en este auto. […]
La calificación del comportamiento endilgado al investigado FLAMINIO
VELASQUEZ URREGO, está descrito disciplinariamente como FALTA
GRAVISIMA, ya que está enmarcado en el artículo 48, numeral 1 y 39, de
la Ley 734 de 2002 […].
Lo anterior, en razón a que el investigado adecuo objetivamente su
comportamiento a unas conductas consideradas como tipo penal descrito en
el artículo 404 de la Ley 599 del 2000 — Código Penal, como son la
concusión. [ff. 306 a 321 c. 3].

De acuerdo con lo reseñado, carece de fundamento la acusación del actor, en el
sentido de que en el pliego de acusaciones no se identificó la tipicidad de la
conducta, el grado de culpabilidad, ni la ilicitud sustancial.

De la sola lectura de los cargos imputados se verifica, sin equívocos, que se
trató de una actuación administrativa desarrollada con sujeción al régimen
disciplinario aplicable a los servidores públicos, en particular, se ajustó en rigor
al artículo 163 de la Ley 734 de 200211, alusivo a lo que debe contener el pliego
de cargos.

11
«ARTÍCULO 163. CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se formulen
cargos al investigado deberá contener:
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de
la conducta.
3. La identificación del autor o autores de la falta.
4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.
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Observa la Sala que en el acto de imputación jurídica se expuso al actor que
incurrió, al parecer, en las faltas disciplinarias, como gravísimas, descritas así:
(i) en el artículo 48 (numeral 1) de la Ley 734 de 2002, el cual cataloga
expresamente como conducta sancionable de los servidores públicos lo
siguiente: «1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la
ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con
ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo».

El anterior tipo disciplinario, por ser en blanco, se integró con el artículo 404
de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), que preceptúa: «El servidor público que
abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o
prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad
indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión […]».

Por ello, la falta se calificó como gravísima y se le endilgó a título de dolo, en
atención a que el demandante voluntariamente se ofreció a intervenir en los
resultados del mecanismo electoral para la designación de ediles de la Junta
Administradora Local de Kennedy, durante las elecciones de 30 de octubre de
2011.

En este contexto, para la Sala no existió irregularidad sustancial en el auto de
llamado a audiencia verbal, puesto que al examinar el expediente
administrativo, se comprueba que en dicho acto aparecen consignados la
identificación del autor de la falta, el cargo y la función desempeñada en la
época de comisión de la conducta, la descripción y determinación del
comportamiento investigado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se realizó, las normas presuntamente quebrantadas y el concepto de la violación,
la modalidad específica de la conducta, el análisis de las pruebas que
fundamentaron el cargo atribuido, los criterios tenidos en cuenta para
determinar la gravedad o levedad de la falta y la forma de culpabilidad (ff. 659
a 670 c. 2), como lo preceptúa el artículo 163 de la Ley 734 de 2002. Tampoco
existe alguna irregularidad en el hecho de que la decisión de segunda instancia
se adopte por escrito, lo sustancial es que aparezcan debidamente sustentadas
las razones por las cuales se le sanciona de manera definitiva al investigado,
como ocurrió en el presente asunto.

De igual modo, se evidencia que en lo referente al procedimiento disciplinario
y a las ritualidades propias del debido proceso, se brindó la garantía y

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta,
de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.
7. La forma de culpabilidad.
8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales».
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oportunidad para ejercer el derecho de audiencia y contradicción, se siguieron
las etapas procesales de apertura, pliego de cargos y decisión; se concedieron
los recursos de ley, se hizo una valoración sistemática del material probatorio
y se respetó el principio de legalidad, en especial, porque el cargo disciplinario
por el cual se sancionó al demandante es claro, preciso, específico y se
fundamenta en la ley aplicable.

Amén de lo antes dicho, al actor se le endilgó la violación del artículo 48
(numeral 39) de la Ley 734 de 2002, que describe la conducta reprochable para
el derecho sancionatorio así: «39. Utilizar el cargo para participar en las
actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias
políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley».
Esta conducta, de la que también lo halló responsable la autoridad sancionatoria,
resulta inane e inocua revisarla, pues la sanción aplicada fue la de destitución e
inhabilidad por 10 años, es decir, que le impuso la sanción mínima para las
faltas gravísimas cometidas a título de dolo. En otros términos, la subsunción
de esta conducta no resultó útil para aumentar la pena accesoria.

3.6.3 Violación del derecho de defensa por indebida valoración probatoria.
El accionante sustenta este cargo en que: (i) se le dio valor a pruebas obtenidas
de manera ilícita e ilegal, en específico en lo que tiene que ver con la denuncia
formulada en su contra y su ratificación por escrito, el cual pretende sea
descartada porque no hubo ampliación de manera oral, acorde a lo previsto en
el artículo 90 (parágrafo) del Código Disciplinario Único (CDU); y (ii) la
grabación aportada por la quejosa, para soportar su denuncia, no fue sometida
a interrogatorio o contra-interrogatorio alguno por parte del extremo pasivo, y
es una prueba ilegal, dado que no se validó la originalidad de la grabación, no
hay prueba técnica que identifique la voz del investigado por cotejo de voces;
su grabación no fue autorizada por autoridad competente.

Respecto de la grabación de voz, por parte de la víctima de un ilícito
sancionatorio, esta subsección ha tenido la oportunidad de pronunciarse así:

La Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único- consagró un régimen
probatorio especializado –artículos 128 a 142-, en el que con base en el
principio de libertad probatoria enunció los medios de prueba e indicó que
también son aceptables: i) cualquier “medio técnico científico que no viole el
ordenamiento jurídico” los cuales se deben practicar conforme de conformidad
con el Código de Procedimiento Penal del sistema inquisitivo y ii) todos
aquellos no previstos en la ley disciplinaria, los cuales se deben practicar de
acuerdo con las disposiciones que los regulen12.

12
Ley 734 de 2002, artículo 130 - medios de prueba.
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La Corte Constitucional13 en su jurisprudencia menciona que los elementos
probatorios ilegales o inconstitucionales deben ser excluidos del acervo
probatorio, siendo estos aquellos recaudados, practicados y valorados en
contra de las normas propias de cada juicio –por ejemplo sin orden judicial
previa-, y la prueba inconstitucional consiste en aquella que se obtiene con
desconocimiento de los preceptos constitucionales y mediante la vulneración
de los derechos fundamentales. No obstante en ese mismo tribunal ha
reconocido que no toda irregularidad procesal en el recaudo, práctica y
valoración de una prueba implica, necesariamente, la violación del debido
proceso, por lo tanto debe verificarse, entonces, su verdadera afectación y a
los derechos fundamentales, para proceder a aplicar la regla de exclusión
probatoria.

En desarrollo de la regla anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha señalado que la víctima de un delito puede preconstituir
prueba de dicho hecho punible, al grabar al infractor mientras comete el delito,
sin necesidad de obtener el consentimiento de éste ni autorización judicial
previa, pues la grabación obtenida por la víctima, en estas circunstancias, es
una prueba legal que puede ser introducida al juicio14. En ese orden una
persona es víctima de un delito, puede grabar al momento en que es sometida
a la exigencia criminal15, de esta manera lo prohibido es la grabación de
terceros sin su autorización o la intercepción ilegal de medios de
comunicación, como correo o líneas telefónicas, pero si es la misma víctima
la que se graba a sí misma y al infractor cuando ocurren hechos punibles, esta
grabación es legal.

En todo caso en aplicación del artículo 21 de la Ley 734 de 2002 de acuerdo
con el cual en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los
principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política, y en lo
no previsto se aplicará entre otros el Código de Procedimiento Penal -en lo que
no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario- son aplicables al
procedimiento disciplinario los criterios de excepción o de ponderación de la
regla de exclusión probatoria a saber “el vínculo atenuado, la fuente
independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley”
-a los cuales hace referencia el artículo 554 de la referida codificación adjetiva
penal-.16

La validez de las grabaciones de voz realizadas en ámbitos privados de la
persona sin la debida autorización del titular implica, sin más, el
quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del
derecho a la intimidad del sujeto.

13
Corte Constitucional, sentencia T- 233 de 2007, 29 de marzo de 2007, Magistrado Ponente: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
14
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, 13 de noviembre de 2014,
radicación: 76636, Magistrado Ponente: Fernando Alberto Castro Caballero.
15
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, 11 de septiembre de 2013, radicación: 41790, Magistrado
Ponente: María Del Rosario González Muñoz.
16
Consejo de Estado, subsección B, sentencia de 25 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-
00574-00 (2201-11).
28

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Sin embargo, en este asunto no ocurre lo anterior porque estamos ante una
prueba adquirida por la víctima en la que ella, limita su intimidad y por medios
propios, graba su voz con el fin de develar la existencia de la conducta ilícita
que la victimiza. Es el caso de la persona que de manera voluntaria habilita el
conocimiento judicial de sus comunicaciones privadas, para que se procese la
conducta que la afecta.

El demandante, por su lado, no está en la condición de víctima, sino de presunto
sujeto activo de la conducta reprochable bajo el ilícito sancionatorio, por lo que
resulta aplicable el precedente de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, no estamos ante una prueba ilícita o espuria, por el contrario, la
denunciante, con el fin de dar soporte a su dicho y no solo que se quedara en
una mera confrontación entre la palabra de la querellante y el querellado, optó
por recabar la prueba de la grabación de su conversación en la que el
demandante, pese a intuir que estaba registrada su voz, optó por confesar y
justificar su ilícito sancionatorio.

Es más, durante el procedimiento disciplinario o en este proceso contencioso
administrativo no redarguyó ni tacho de falso el contenido de las grabaciones,
simplemente pretende que esta Corporación desconozca su validez, porque no
las pudo controvertir, cuando es claro que la denuncia y la grabación de voz
comportan la piedra angular de la investigación sancionatoria y siempre tuvo
el conocimiento de su contenido.

En el sub lite, las decisiones sancionatorias expresamente señalaron y
justificaron la escogencia de tal descripción típica consagrada como delito por
la ley penal (concusión), en atención a que el sujeto activo era un servidor
público, que con abuso de su cargo se adecuó al verbo rector porque solicitó
dinero a una de las candidatas a la Junta Administradora Local de Kennedy para
«cuidarle sus votos»; adujo que una parte era para él y otra para sus compañeros
encargados de la sistematización de los votos, como lo exige la norma penal;
además de que, por ser una conducta de medio, no era necesario que
comprobara que obtuvo la entrega del dinero pedido, porque la descripción
típica no lo exige.

Un análisis del tipo penal de concusión (artículo 404 del Código Penal) exigía
que el verbo rector le fuera imputado por la autoridad disciplinaria como
constitutiva de la conducta reprochada al investigado, tal como la inducción y
la necesaria relación de la solicitud para el pago de una suma de dinero o

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Expediente: 25000-23-42-000-2016-01037-01 (2724-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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utilidad suya o para un tercero, sin que interese si se le pagó o recibió los
dineros o el beneficio, es decir, estamos ante un tipo de mera conducta.

En el mismo sentido, respecto de la falta de «oportunidad» para controvertir la
denuncia presentada por la señora Johanna, cabe destacar que durante el trámite
del procedimiento disciplinario no redarguyó o tacho de falso su dicho o el
documento (cederrón) que produjo la denunciante con el fin de dar soporte a su
señalamiento contra el accionante.

De modo que la sanción impuesta al actor no resultó injusta, desproporcionada
o arbitraria, por el contrario, está provista de justificación legal; fue razonada y
razonable, motivada en lo que objetivamente se demostró durante la
investigación administrativa, con sujeción a las previsiones del artículo 170 de
la Ley 734 de 2002, en el sentido de que «el fallo» disciplinario «debe ser
motivado y contener el análisis de las pruebas en que se basa y el análisis y
valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones»,
requisito formal y sustancial que fue colmado a cabalidad, por consiguiente, el
cargo de indebida valoración probatoria carece de fundamento jurídico.

Por último, se precisa que el hecho de que exista una difusión o conocimiento
en los medios de comunicación de la situación denunciada por la víctima, no
afecta la validez o ejecutividad de los actos censurados, máxime cuando ella
procuró obtener otros medios de prueba (como la grabación relacionada) para
no quedarse con solo su dicho, amén de que actuaciones irregulares, como la
cometida por el demandante, son noticia y la comunidad tiene el derecho a
conocerla.

Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que se debe confirmar la sentencia
apelada, en cuanto negó las súplicas de la demanda.

3.7 Otro asunto procesal. Frente a la condena en costas, la Sala estima que
según lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP),
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin
aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre
de 201617, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en

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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 25000-23-42-000-2016-01037-01 (2724-2020)
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la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal
de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por tanto, al no
observarse tal proceder de la parte accionante, se revocará dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Expediente: 25000-23-42-000-2016-01037-01 (2724-2020)
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Nacional del Estado Civil

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 14 de noviembre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección
D), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Flaminio Velásquez Urrego contra la Nación –
Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a la motivación.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo
con la motivación del presente fallo.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SADRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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