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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01105-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01105-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFÍRMASE la sentencia del 23 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por Jacqueline García Varón, con fundamento en las consideraciones esgrimidas en esta providencia. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, por Secretaría.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01105-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., 27 de enero de 2022

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01105-01
Nº interno: (4430-2018)
Demandante: JACQUELINE GARCÍA VARÓN
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH
Medio de control: Medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho
CPACA
Tema: Insubsistencia de cargo de libre nombramiento y remoción, no
acreditación de la causal de desviación de poder

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 23 de mayo de 2018 mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección C, negó las pretensiones de la
demanda sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

La señora Jacqueline García Varón, a través de apoderado, interpuso el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 CPACA,
mediante el cual pretende1:

-Que se declare la nulidad de la Resolución Número 730 del 14 de septiembre de
2015 “Por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento”, expedida
por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante la cual la
desvinculó del cargo denominado Experto Código G3 Grado 07 del Despacho del
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada, a
reintegrar a la demandante al cargo que desempeñaba y al pago de todos los

1
Folios 11-34

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

salarios con sus respectivos reajustes y demás emolumentos dejados de percibir
desde la fecha del retiro hasta la fecha en que se haga el reintegro efectivo, así
como el pago de la indemnización por los perjuicios causados. Solicitó que se
declare que no hubo solución de continuidad en los servicios prestados y que se
cumpla la sentencia en los términos del CPACA.

Los hechos en que se apoyan las anteriores pretensiones son resumidos de la
extensa relación efectuada en la demanda, en los siguientes:

Inicialmente la señora Jacqueline García Varón se desempeñó en la ANH en calidad
de contratista, en virtud de la suscripción de dos contratos de prestación de
servicios2. Posteriormente mediante Resolución 532 del 2 de octubre de 2012 y Acta
de Posesión 106 del 3 de octubre de dicha anualidad, fue nombrada en el cargo
Experto código G3 grado 07 en el Despacho del Presidente de la ANH.

El 29 de octubre de 2012 Talento Humano de la Agencia enteró a la funcionaria
García Varón acerca de las funciones del cargo en el que fue posesionada,
establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales adoptado
mediante Resolución 258 del 13 de julio de dicho año.

Menciona que durante su desempeño laboral participó en el diseño, evaluación y
desarrollo entre otros de varios contratos, así como participó en el proceso licitatorio
y de adjudicación entre otros de los contratos 203, 206, 229, 243 y 280 todos del
año 2012 y, en el año 2013 en los contratos 111, 124, 125, 131, 149, 169, 176 y
177.

Destacó la trascendencia de los servicios prestados por la accionante, al punto que
fue siempre evaluado su desempeño por parte de la Vicepresidencia Técnica, con
100% sobresaliente con 4 factores de cumplimiento. Igualmente mencionó los
aportes de la Geóloga a la entidad, lo cual la acredita con una hoja de vida excelente
sin ningún tipo de investigación ni penal ni disciplinaria.

Señaló que para el año 2015 la Vicepresidencia Técnica con sus expertos,
propusieron los nuevos proyectos a desarrollar, por lo que la Geóloga demandante
aportó dos estudios para el “programa sísmico regional pailitas 2015”, uno por valor
estimado de $27.409.226.250 pesos y el otro por $5.726.808.843.

2
N° 014 del 2 de febrero y el contrato N° 180 del 1° de agosto ambos de 2012, cuyo objeto era asesorar al
área de Gestión del conocimiento de la Subdirección Técnica en su condición de Geóloga.

2

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Indicó que paralelamente a la generación de los anteriores proyectos, en el año
2015 llegó una nueva administración a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por
lo que los proyectos de la Vicepresidencia Técnica fueron suspendidos hasta que
fueran revisados por parte del Geólogo Juan Carlos Isaza, profesional de confianza
del nuevo Presidente de la entidad, quien contaba con menor experiencia que la del
grupo de geólogos expertos entre ellos la accionante.

A finales del mes de marzo de 2015, el área de recursos humanos de la Agencia
informó a todo el personal de la Vicepresidencia Técnica, que debían presentar la
renuncia protocolaria siendo aceptada únicamente la del Vicepresidente. En junio
de dicha anualidad, se inició la convocatoria para la contratación para lo cual se
efectuó la respectiva publicación en el SECOP, hecho que molestó al Presidente de
la entidad demandada.

Relató el apoderado de la accionante, que para la contratación del “programa
sísmico regional Pailitas 2015” fueron seleccionados dos proponentes quedando
habilitada la propuesta presentada por la firma PETROSEISMIC S.A. que no era del
agrado del Presidente de la entidad.

En el mes de agosto de 2015, la señora Jacqueline García fue designada integrante
del Comité Asesor Evaluador de las ofertas presentadas, decisión que pidió fuera
reconsiderada para que fuera otra persona designada en su lugar, petición que fue
negada por la Presidencia de la Agencia, motivo por el cual fue ratificada como
Calificador Técnico.

El apoderado de la accionante es prolífico en relatar los aspectos técnicos que
rodearon el proceso de contratación pública, señalando que el 25 de septiembre de
2015 se llevó a cabo la adjudicación del contrato, proceso que estuvo calificado de
corrupción.

En todo caso indicó, que el 15 de septiembre de 2015, le fue comunicada a la
Geóloga Jacqueline García la resolución de declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento, obligándola a que hiciera la inmediata entrega de su puesto de
trabajo y le fue bloqueado su computador, por lo que calificó de abrupto su retiro.

Señaló el apoderado de la parte actora según el acontecer fáctico, que la
declaratoria de insubsistencia “es una retaliación contra mi mandante por seguir los

3

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

protocolos y debido proceso en los trámites de la contratación de la entidad”.
Posteriormente efectúa una presentación de la hoja de vida de la demandante, de
su perfil profesional y la descripción de las funciones que ejecutó, con el fin de
destacar que, a pesar de haber desempeñado un cargo de libre nombramiento y
remoción, fueron calificados sus servicios, hecho inusual para estos cargos.

Las normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invocó como transgredidas por el acto administrativo objeto
de nulidad, las siguientes disposiciones constitucionales: los artículos 1°, 2°, 13, 25,
43, 44 y 53; así como los artículos 135, 136, 158 y 192 de la Ley 201 de 1995; y el
artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000 y demás normas complementarias, al
considerar que la facultad discrecional de la que es titular la Administración, no
puede justificar decisiones que no procuran el mejoramiento del servicio público y
que se fundan en factores burocráticos.

Afirmó que dadas las circunstancias que rodearon la insubsistencia de la
accionante, el acto objeto de nulidad adolece de desviación de poder al violentar
sus derechos laborales, como quiera que fue una funcionaria ejemplar altamente
comprometida con sus funciones, por lo que no fueron razones del buen servicio
público las que motivaron su desvinculación.

Así mismo le fueron vulnerados sus derechos laborales, especialmente el de
estabilidad laboral y el de condición más favorable, por cuanto en virtud de su
excelente desempeño tenía pleno derecho a permanecer en el cargo. Por lo
anterior, la entidad demandada desconoció los principios superiores, así como la
garantía del derecho a la igualdad y la estabilidad laboral, así como el
reconocimiento del derecho al trabajo y a percibir los salarios y emolumentos a que
tenía derecho. Destacó que razones burocráticas no pueden justificar el retiro del
cargo de una excelente funcionaria, sino que debe obedecer a verdaderas razones
lógicas y reales, dado el contenido del artículo 53 superior.

Respecto de la naturaleza del cargo indicó que, a pesar de que la demandante fue
desvinculada de un empleo cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción,
lo cierto es que “las funciones que cumplía no cumplen (sic) con las características
que ha determinado la Corte Constitucional para que pueda ser manejado como un
cargo de libre nombramiento y remoción”, transcribe in extenso apartes de la
sentencia C-618 de 2015.

4

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Mencionó el apoderado de la demandante en forma literal lo siguiente: “De igual
forma, sobre la imposibilidad de aplicar las condiciones de los cargos de libre
nombramiento y remoción a este tipo de cargos, encontramos las siguientes
sentencias del Consejo de Estado”3, al considerar que dichos pronunciamientos
encajan en el presente caso y por ello pidió tenerlos en cuenta como elementos de
juicio para decidir esta controversia.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la ANH se opuso a las pretensiones de la demanda, al afirmar que
el acto administrativo demandado se expidió bajo los presupuestos legales, motivo
por el cual no se configuraron las causales de desviación de poder ni violación de
los derechos laborales alegadas en el libelo de la demanda4.

Advirtió según la jurisprudencia de esta Sección, que quien invoca la desviación de
poder como causal de nulidad de un acto administrativo, tiene el deber procesal de
probar su dicho máxime cuando los actos de la Administración se presumen legales,
según el artículo 88 CPACA, motivo por el cual en relación con los supuestos de los
hechos alegados tiene el demandante la carga probatoria.

Señaló el apoderado de la entidad demandada que los argumentos de la demanda
se limitaron a expresar una serie de inconformidades sin sustento jurídico, por lo
que omitió las formalidades propias del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Destacó que el cargo desempeñado por la demandante, era de libre nombramiento
y remoción, por lo que mediaba para su ocupación o nombramiento la confianza
entre el nominador y el funcionario, así como la liberalidad de la disposición del
cargo.

Indicó que en el cargo del cual fue desvinculada la demandante, fue nombrada en
su reemplazo la señora Clara Liliana Guatame Aponte profesional que reunía los
requisitos para acceder al cargo, además que se procuró el mejoramiento del
servicio prestado para el cargo.

3
Sentencia del 19 de junio de 2008 MP. Jaime Moreno; y sentencias sin fechas radicados número 2000-02046-
02 M.P. Jesús María Lemus; radicado número 2001-01573-01 M.P. Alfonso Vargas Rincón; radicado número
2000-01341-01 M.P. Gerardo Arenas y radicado número 2003-04222-01 M.P. Gerardo Arenas.
4
Folios 66-82

5

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Reprochó que en la demanda se destacó el excelente desempeño laboral de la
accionante, cuando lo cierto es que la idoneidad y el buen desempeño en el cargo
no generan estabilidad laboral según reiterada jurisprudencia de esta Sección.

En síntesis, para el apoderado de la ANH, no existe prueba que acredite que el
nominador tuvo en cuenta intereses particulares o capciosos y, que al expedir el
acto acusado se apartó del buen servicio, por lo que la parte activa se apartó del
presupuesto consignado en el artículo 177 del CGP, al no probar el supuesto de
facto que sustenta las pretensiones de la demanda. Propuso la excepción
denominada genérica.

3. De la Audiencia Inicial

En virtud del artículo 180 CPACA, ante el Despacho Ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se adelantó audiencia inicial a la que asistieron
los apoderados de los extremos litigiosos, el delegado del Ministerio Público y la
demandante. Ante la propuesta de la excepción denominada genérica por parte de
la entidad demandada, el magistrado instructor no la encontró probada. Se fijó como
litigio el siguiente: “En este proceso se debe determinar si el acto demandado, esto
es, la resolución N° 730 del 14 de septiembre de 2015, por medio de la cual el
Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos declaro insubsistente el
nombramiento de la demandante, señora Jacqueline García Varón en el cargo de
Experto Código G3 Grado 07 del Despacho del Presidente de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, está o no viciado de nulidad por los cargos expuestos en la
demanda, o por los que encontrare este Tribunal demostrados. En caso de
prosperar la pretensión de nulidad, se deberá establecer si la demandante tiene o
no derecho al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda, teniendo en
cuenta que dichas pretensiones son consecuenciales a la de nulidad”. Esta decisión
luego de ser notificada en estrados, no fue objeto de recurso alguno. Igualmente la
invitación a un acuerdo conciliatorio no prosperó en virtud de que el Comité de
Conciliación de la entidad demandada, no propuso ninguna fórmula de arreglo con
la accionante5.

4. De la sentencia de primera instancia

5
Folios 121-124 CD 120

6

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C
mediante sentencia del 23 de mayo de 2018, negó las súplicas de la demanda sin
condena en costas en contra de la demandante, al no encontrar desvirtuada la
presunción de legalidad de la Resolución N° 730 del 14 de septiembre de 2015, con
fundamento en las siguientes consideraciones6:

Respecto de la naturaleza del cargo desempeñado por la demandante, indicó que
de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1760 de 20037, las personas vinculadas
a la Agencia tendrán el carácter de empleados públicos. Por su parte, el Decreto
4173 de 20118 en el artículo 12 sobre el régimen de personal, dispuso que la
administración de personal y de carrera administrativa se regían por la Ley 909 de
2004 y el Decreto Ley 2400 de 1968, que en el artículo 26 dispuso lo relativo a la
declaratoria de insubsistencia por parte de la autoridad nominadora.

Respecto de la insinuación de la renuncia, refirió de acuerdo con el aporte
jurisprudencial, que el nominador se encuentra facultado para pedirla en tratándose
de empleados de libre nombramiento y remoción pues no gozan de estabilidad
laboral propia de los inscritos en carrera administrativa.

A juicio de la primera instancia, la parte actora se limitó a transcribir un aparte de la
sentencia C-618 de 2015 pero no explicó las razones por las cuales consideró que
dicha providencia se aplica al caso de la demandante, aunado a que no efectuó un
análisis concreto de las funciones del cargo Experto Código G3 Grado 07, con el fin
de acreditar que dicho cargo no tiene la naturaleza de un empleo de libre
nombramiento y remoción.

Por lo anterior, apreció que a pesar de que la parte activa no expuso con claridad el
concepto de violación, el fallador dando aplicación al principio de prevalencia del
derecho sustancial frente al formal y con el fin de garantizar el derecho fundamental
de acceso efectivo a la administración de justicia, entraría a fallar el fondo del
debate.

El cargo que desempeñó la demandante sí es de libre nombramiento y remoción,
aunado a que así lo dispone el Decreto 1128 de 2012 y, porque el empleo Experto

6
Folios 183-194
7
“Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, se modifica su estructura orgánica
y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S.A.”
8
“Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH”

7

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

sí requiere de un nivel especial y cualificado de confianza, dada la adscripción al
Despacho del Presidente de la ANH.

Por otra parte, no fue acogido el cargo relativo a la supuesta desviación de poder
porque supuestamente la resolución de insubsistencia no buscó el mejoramiento
del servicio. Respecto de la recepción de la prueba testimonial, en la que el
apoderado de la ANH tachó de falsedad el testimonio del señor Jairo Alonso Osorio
Naranjo por presunta amistad íntima con la accionante y, contra la declaración del
señor Libardo Rivera Narváez por supuesta ausencia de credibilidad, que en el
CPACA no se regula la tacha de los testigos, por lo que es necesario aplicar el
Código General del Proceso que sí lo estipula en el artículo 211 sobre la
imparcialidad del testigo.

El a quo apreció que analizados en conjunto los testimonios con la prueba
documental, no se puede afirmar que el Presidente de la ANH adoptó la decisión de
declarar insubsistente el nombramiento de la actora, buscando un fin diferente al
mejoramiento del servicio.

Tampoco existe prueba alguna que acredite la afirmación según la cual, la
insubsistencia fue producto de la retaliación por asumir la señora García Varón un
criterio diferente al del Presidente de la entidad en un proceso de contratación,
aunado a que la diferencia de criterios profesionales con el nominador por sí mismo,
no es indicativo de desviación de poder, de allí que advirtió “Contrario censu, la
ausencia de coincidencias y unidad de criterio frente a la delicada dirección en
temas de contratación, puede eventualmente llevar a entorpecer las labores diarias
y la toma de decisiones céleres que se requieran y, en consecuencia, pueden
perjudicar el servicio. Es esa la razón por la cual se autoriza la libre remoción de
servidores en los cargos de alta dirección de las entidades”.

Insistió el fallador que la discrepancia con las directrices de quien ejerce la función
de la conducción institucional así como las orientaciones y directrices a su cargo,
es un motivo válido para la remoción, pues en dado caso la contradicción que llegara
a hacer un servidor respecto de esas orientaciones llevaría a perjudicar el servicio,
razón suficiente para tomar una decisión que resulte acorde con el buen servicio,
por tanto dice el Tribunal si la discrepancia en este caso, fue la causa para la
remoción de la accionante, el ejercicio de la potestad discrecional resulta adecuada
a los hechos que le sirvieron de causa, por lo que la ilegalidad pregonada no se dio.

8

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Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

4. Del recurso de apelación

La demandante por conducto de su apoderado judicial, solicitó la revocatoria de la
decisión de la primera instancia para que en su lugar se acceda a las pretensiones
de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos de inconformidad9.

Cuestionó que no obstante la extensión de la providencia en la que se analizaron
varios temas jurídicos, el fallador negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en dos argumentos: i) el primero relativo a la facultad discrecional del
nominador para remover funcionarios de libre nombramiento y remoción y, ii) el
segundo que no evidenció la causal de desviación de poder por cuanto el
nominador, bien podía ejercer su facultad discrecional en vista de la discrepancia
de criterios con el fin de que no se entorpeciera el ejercicio contractual institucional,
aunado a que no existe un nexo de causalidad entre la declaratoria de
insubsistencia y el hecho de la oposición esgrimida por la demandante por su
oposición a la entrega de la licitación a un específico proponente, argumento este
que calificó de contradictorio.

Reafirmó el argumento según el cual la insubsistencia objeto de nulidad, fue
producto de una retaliación que emprendió la Administración por haber ajustado su
actuación a los protocolos y al debido proceso institucional, durante su participación
en el proceso licitatorio.

A renglón seguido el apoderado de la accionante reiteró los argumentos de la
demanda, para lo cual hizo un recuento de las pretensiones del medio de control
ejercitado y del material probatorio allegado al expediente, con fundamento en el
cual insistió en el hecho de que a la señora Jacqueline García le fueron violados
sus derechos laborales por cuanto la hoja de vida aportada al expediente, acredita
su vasta trayectoria laboral así como las irregularidades que caracterizaron su
arbitraria remoción, que acreditan la causal de desviación de poder en vista de que
la insubsistencia no tuvo como fundamento el mejoramiento del servicio público.

Según el apelante, los declaraciones de los testigos señores Carlos Alberto Rey,
Jairo Alonso Osorio Naranjo y Libardo Rivera Narváez, fueron coincidentes en
señalar lo siguiente: i) que las calidades profesionales de la demandante, son
“absolutamente” superiores al promedio, y que sus funciones siempre fueron

9
Folios 204-208

9

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

prestadas de forma sobresaliente; ii) que la accionante jamás sufrió ningún tipo de
llamado de atención o queja por las funciones desempeñadas; iii) que la declaratoria
de insubsistencia fue intempestiva y que deja sin lugar a dudas la convicción de que
fue un acto motivado por la posición de la funcionaria frente a la adjudicación del
contrato ANH-04-CM-2015; iv) que la insubsistencia se dio durante el trámite entre
la evaluación que presentó la demandante y la adjudicación del contrato; v) que la
remoción fue la retaliación por no modificar su posición sobre la evaluación del
proceso de adjudicación; vi) que el retiro no fue motivado para mejorar la prestación
del servicio, por cuanto este se vio desmejorado pues se sobrecargó al señor Carlos
Alberto Rey y que las geólogas que fueron vinculadas con posterioridad, no entraron
a desempeñar las funciones de la demandante; vii) el perfil profesional de la
funcionaria que reemplazó a la demandante, es diferente al de la señora Jacqueline
García y no entró a reemplazarla como tal.

De acuerdo con las anteriores declaraciones y demás prueba documental, el
apelante cuestionó que la primera instancia no hubiera reconocido el nexo de
causalidad entre el acto administrativo demandado y el desarrollo de la adjudicación
del contrato ANH-04-CM-2015, pues basta con escuchar los testimonios para
concluir que su remoción del cargo fue la retaliación por no modificar su posición
ante dicho proceso contractual.

Por último, manifestó el impugnante que el a quo presentó una absurda
argumentación que pierde toda objetividad, al manifestar que si dentro del proceso
contractual de la entidad un funcionario se opone por determinada razón a la
adjudicación, entonces el nominador queda facultado para retirarlo de la entidad ya
que esto evidenciaría el entorpecimiento del desarrollo de la entidad pública, al
efectuar la siguiente inconformidad: “no faltaba más que a estas alturas del desarrollo
constitucional y de los triunfos que han tenido los trabajadores del Estado en el respeto de
sus derechos, regresemos a la posición de una TEORÍA ESTATUTARIA, donde el HECHO
DEL PRÍNCIPE es completamente aceptado por que (sic) el funcionario ha encontrado que
existe alguna irregularidad. Lo anterior deja mucho que desear de la administración de
justicia, si ese es el racero con el que se van a estudiar los temas de los empleados públicos,
y en especial la desviación de poder, pues de un solo brochazo están acabando con la
misma como una causal de nulidad de los actos administrativos”.

5. Alegatos de conclusión ante la segunda instancia

5.1. Por la parte demandante

10

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Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

El apoderado judicial de la señora Jacqueline García Varón descorrió el término de
traslado para alegar de conclusión, en el que reiteró los argumentos esgrimidos en
el recurso de apelación10.

5.2. Por parte de la entidad demandada ANH

El apoderado judicial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos además de solicitar
se confirme el fallo impugnado, se opuso a los argumentos de la apelación al
reiterar: i) que la parte accionante no logró acreditar la causal de desviación de
poder; ii) ninguno de los testimonios señalaron de forma directa al Presidente de la
Agencia o manifestó conocer algún interés particular que pudiera motivar la
declaratoria de insubsistencia; iii) tampoco se encuentra acreditado que el
nominador incurrió en alguna situación irregular o anómala que pudiera sugerir la
presencia de intereses particulares; iv) la funcionaria designada en reemplazo de la
accionante, tenía similares o mejores calidades que la demandante cumplía, al
contar con los requisitos en las mismas condiciones de la señora Jacqueline García,
por lo que el perfil profesional no sufrió desmejora y menos aún el servicio que
presta la ANH y, vi) la prestación del servicio no se desmejoró de ninguna manera,
ya que las funciones que desempeñaba la actora las asumió el señor Carlos Arturo
Rey, quien en todo caso ya venía ejecutando esas mismas tareas, por lo que
simplemente lo que sucedió fue la redistribución de las cargas laborales y las tareas
propias de sus funciones, por lo que no se acreditó la desviación de poder alegada11.

El Ministerio Público guardó silencio al no presentar concepto, según certificación
secretarial del 26 de julio de 201912.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA13, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de
la parte demandante.

10
Folios 227-231
11
Folios 232-256
12
Folio 257
13
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja

11

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, es el de
establecer si el a quo en la providencia impugnada, no valoró en debida y legal
forma el material probatorio en especial la prueba testimonial que evidencia -según
la demandante-, la causal de desviación de poder de que adolece el acto
administrativo que declaró la insubsistencia del cargo Experto Código G3 Grado 07
del Despacho del Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, que
desempeñaba en la entidad.

Con el fin de abordar el anterior planteamiento jurídico, la Sala considera necesario
desarrollar los siguientes temas: 2.1. Acto administrativo demandado; 2.2.
Naturaleza jurídica del cargo desempeñado por la demandante, marco legal y
jurisprudencial acerca del retiro de un funcionario de libre nombramiento y remoción;
2.3. Hechos probados; 2.4. Caso Concreto; 2.4.1. Cuestión previa y 2.4.2. Causal
de desviación de poder por desmejoramiento del buen servicio público.

2.1. Acto Administrativo demandado

El acto objeto del presente control de nulidad y restablecimiento del derecho, es del
siguiente tenor literal14:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 730
14 de Septiembre de 2015

‘Por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento’

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH

En ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 4 del Artículo 9
del Decreto 714 de 2012,

cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de
radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se
esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia
de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.
Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y
celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PARÁGRAFO. En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Folio 2

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Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declárase insubsistente el nombramiento de
JACQUELINE GARCÍA VARÓN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 65.770.696 de Ibagué, en el cargo de Experto Código G3 Grado 07, del
Despacho del Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de septiembre de 2015

MAURICIO DE LA MORA RODRÍGUEZ
Presidente”

2.2. Naturaleza jurídica del cargo desempeñado por la demandante, marco
legal y jurisprudencial acerca del retiro de un funcionario de libre
nombramiento y remoción

La Carta Política en el artículo 125 establece:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo;
por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la
Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de
institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período
para el cual este fue elegido.”

Si bien es cierto de acuerdo con el anterior marco constitucional, el acceso a los
cargos en la Administración Pública por regla general es con fundamento en el
mérito, mediante procesos de selección resultando la carrera administrativa el
instrumento adecuado para el manejo de la administración de personal, lo cierto es
que también se contempló la excepción a dicho principio general, por lo que se
conciben algunos empleos que no deben ser proveídos por el sistema de carrera
administrativa, tal es el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción, de

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elección popular, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Por su parte, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confieren los literales d), e) y f) del artículo 16 de la Ley 790
de 2002, expidió el 26 de junio de 2003 el Decreto 1760 “Por el cual se escinde la
Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y
se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía
de Colombia S. A.”, que previó los siguientes supuestos normativos:

“ARTÍCULO 2o. CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, ANH. Créese la Unidad Administrativa
Especial denominada Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, entidad
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía administrativa y financiera, sometida al régimen jurídico
contenido en el presente decreto y, en lo no previsto en él, al de los
establecimientos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de
1998 y en las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen”.
(..)
“ARTÍCULO 17. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES. Para todos los
efectos legales, los empleados vinculados a la planta de personal de la Agencia
tendrán el carácter de empleados públicos.”

En virtud de los anteriores preceptos normativos, es claro que en principio la
naturaleza jurídica de la ANH fue la de una Unidad Administrativa Especial adscrita
al Ministerio de Minas y Energía, pero en todo caso dicha normativa fue enfática en
asignarles a sus empleados el carácter de empleados públicos.

Posteriormente mediante el Decreto 4137 del 3 de noviembre de 2011 “Por el cual
se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH”,
expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas en los literales d) y e) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, dispuso:

“ARTÍCULO 1o. CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA DE LA AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, ANH. Cámbiase la naturaleza jurídica de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, de Unidad Administrativa Especial
con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y
financiera a la de Agencia Estatal, del sector descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas
y Energía.”

Respecto del Régimen de Personal en la ANH, el artículo 12 del Decreto 4137 de
2011, dispuso:

“Los servidores de la Agencia en materia de administración de personal y de
carrera administrativa continuarán rigiéndose por lo señalado en el Sistema
General, en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley

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2400 de 1968 y en las demás normas que lo modifiquen y adicionen. En materia
salarial y prestacional se regirán por lo señalado por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades consagradas en la Ley 4ª de 1992.”

Según se lee de la norma transcrita, no cabe duda que los servidores públicos de
la ANH concebida actualmente como una Agencia Estatal, están sometidos al
sistema general de carrera, de acuerdo con los preceptos normativos de la Ley 909
de 2004 y del Decreto Ley 2400 de 1968, en lo atinente al sistema salarial estarán
sujetos a las disposiciones que trace el Gobierno Nacional en ejercicio de los
preceptos de la Ley 4a de 1992.

Es preciso advertir que el acto administrativo objeto de la presente demanda, invocó
como fundamento legal el Decreto 714 del 10 de abril de 2012 “Por el cual se
establece la estructura de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y se dictan
otras disposiciones.”, que en el artículo 4° dispuso:

“ARTÍCULO 9°. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH, cumplirá las siguientes funciones:

(…)

4. Ejercer la facultad nominadora, con excepción de los que corresponda a otra
autoridad. (…)”

En desarrollo del artículo 125 de la Constitución Política, el legislador profirió la Ley
909 del 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”, que establece:

“ARTÍCULO 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos
y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con
excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución
Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban
ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los
siguientes criterios:

(…)
f) <Literal adicionado por el artículo 1 de la Ley 1093 de 2006. El nuevo texto
es el siguiente:> Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que
tengan asignadas funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las
oficinas de los secretarios de despacho, de los Directores de Departamento
Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos
especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y
primera.

En vista de que la señora Jacqueline García Varón, fue declarada insubsistente del

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cargo que desempeñó como empleada pública de la ANH, denominado Experto
Código G3 Grado 07 del Despacho del Presidente de la Agencia, se trata de un
cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que estaba sometido a las
previsiones del artículo 41 de la legislación de carrera, que determina:

“ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de
libre nombramiento y remoción (…)”

Por tanto, con fundamento en este precepto legal según el cual, una de las causales
del retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y
remoción, como en este caso, el cargo de Experto del Despacho del Presidente de
la ANH, es que la entidad demandada profirió el acto de retiro del servicio del
empleo desempeñado por la demandante, determinación que no requería de
motivación por ser un acto discrecional del nominador, según lo prevé el parágrafo
2° del inciso segundo del artículo 41 ídem, que dispone:

“PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución
Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento
y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.”
(subrayas fuera de texto)

Ha sido por demás prolífico el aporte jurisprudencial según el cual, la desvinculación
o retiro de estos cargos -de los cuales no está excluido el cargo de -Experto Código
G3 Grado 07-, se hace en virtud de una facultad discrecional mediante acto
administrativo que no exige de motivación, pero que en todo caso dicha
discrecionalidad está limitada a los parámetros de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad, por cuanto lo que se presume es que estos actos de retiro están
fundados en razones del buen servicio en los términos del artículo 44 CPACA15,
presunción legal que para poder ser desvirtuada se requiere de la carga de la
prueba de quien la promueve, en este caso de la parte demandante.

La Sala encuentra pertinente transcribir el siguiente aporte jurisprudencial16:

15
ARTÍCULO 44. DECISIONES DISCRECIONALES. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter
general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional
a los hechos que le sirven de causa.
16
Sentencia del 23 de febrero de 2011 radicación número 170012331000200301141202 (0734-10) M.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila

16

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“El fenómeno de desviación de poder se puede presentar, aun en los actos
administrativos de naturaleza discrecional, pues tal prerrogativa no puede
ejercerse de manera arbitraria o exceder los lineamientos previstos en el
ordenamiento jurídico; por consiguiente, además de los requisitos objetivos que
legalmente se exigen, es preciso que el retiro esté inspirado en razones del
buen servicio17.

Sin embargo es pertinente afirmar por parte de la Sala, que demostrar la causal
de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que
la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y
se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Cuando se invoca este
vicio, necesariamente, la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores
a la determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la
intención del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la
decisión.

(…)
Lo anterior se sustenta, en que el afectado tiene la carga de probar de manera
fehaciente, que los motivos que desencadenaron su retiro son ajenos al interés
general y al buen servicio, y que en realidad desborda la facultad que tiene la
autoridad nominadora para separar del empleo a funcionarios que no gozan de
amparo ni fuero de estabilidad.

(…)
De acuerdo con lo expuesto, la situación en que se encuentran los empleados
que gozan de fuero de relativa estabilidad laboral no es igual a la de los
funcionarios de libre nombramiento y remoción pues, respecto de estos se
predica un grado de confianza que no se requiere en aquellos. La finalidad que
se persigue con la autorización de removerlos libremente es razonable pues
consiste en asegurar la permanencia de la confianza que supone el ejercicio del
cargo.” (subrayas y negrita fuera de texto)

Respecto de la causal de desviación de poder en cargos de libre nombramiento y
remoción, la Subsección A de esta Sección señaló18:

“Esta causal se configura cuando el nominador dicta un acto que está dentro de
sus atribuciones, observa las formalidades prescritas por la ley y se ajusta en
sus términos a las normas superiores; sin embargo, al proferirlo, se tienen en
cuenta motivos distintos de aquellos para los cuales se le confirió el poder, es
decir, contrarios al buen servicio público a cargo de la entidad que representa.
La desviación de poder se presenta, entonces, cuando la atribución de que está
investido el funcionario se ejerce hacia un fin distinto del previsto en la ley.”

2.3. Hechos probados

Se relacionan a continuación las pruebas que interesan al proceso:

2.3.1. Resolución N° 532 del 2 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se hace
un nombramiento ordinario”, expedida por el Presidente de la ANH, mediante la cual

17 Al respecto, dispone el artículo 36 del C.C.A.: “En la medida en que el contenido de una decisión,
de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.
18
Sentencia del 7 de noviembre de 2019 radicación número 76001-23-31-000-2011-01138-01 (4852-14)
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

17

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se designó a la demandante en el cargo de Experto Código G3 Grado 07 del
Despacho del Presidente de la entidad19.

2.3.2. Acta de Posesión N° 106 del 3 de octubre de 2012, mediante la cual la señora
Jaqueline García Varón tomó posesión en el que fue nombrada20.

2.3.3. Trámite conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para
Asuntos Administrativas llevada a cabo el 16 de febrero de 2016, que en atención a
la falta de ánimo conciliatorio entre las partes, fue declarada fallida21

2.3.4. Resolución N° 730 del 14 de septiembre de 2015“Por medio de la cual se
declara insubsistente un nombramiento”, expedida por el Presidente de la ANH
mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento de la demandante, acto
administrativo acusado de nulidad22.

2.3.5. Resolución N° 919 del 11 de noviembre de2015 “Por medio de la cual se hace
un nombramiento ordinario” expedida por el Presidente de la entidad demandada,
mediante el cual nombró con carácter ordinario a la señora Clara Liliana Guatame
Aponte, en el cargo de Experto Código 03 Grado 07, de dicho Despacho23.

2.3.6. Extracto formato único Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la
Función Pública, de la funcionaria Claudia Liliana Guatame Aponte diligenciado en
noviembre 24 de 201524.

2.3.7. Acta de Posesión N° 81 del 25 de noviembre de 2015 mediante la cual la
señora Guatame Aponte tomó posesión del cargo de Experto Código 03 Grado 07
del Despacho del Presidente de la ANH25.

2.3.8. Acta de Posesión N° 042 del 11 de agosto de 2016 mediante la cual la
servidora pública tomó posesión del empleo de Vicepresidente de Agencia Código
E2 Grado 06, adscrito a la Vicepresidencia Técnica de la ANH, para el cual fue
encargada mediante Resolución 587 del 10 de agosto de dicha anualidad26.

19
Folio 7
20
Folio 8
21
Folios 9-10
22
Folio 65
23
Folio 87

24
Folios 88-90
25
Folio 91
26
Folio 92

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2.3.9. Querella interpuesta contra personas en averiguación de responsables ante
la Fiscalía General de la Nación el 17 de febrero de 2016 por el señor Mauricio de
la Mora Rodríguez en su condición de Presidente de la ANH, con ocasión de la
solicitud de conciliación prejudicial radicada por la señora Jacqueline García Varón
para el eventual trámite -que en efecto se dio-, al interponerse el presente control
de legalidad27.

2.3.10. Extracto Formato Único Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la
Función Pública de la funcionaria García Varón Jacqueline, de fecha 20 de febrero
de 201528.

2.3.11. Memorando fechado 29 de octubre de 2012 mediante el cual el funcionario
Experto de Talento Humano le remitió a la funcionaria Jacqueline García Varón, el
aparte correspondiente a las funciones del cargo Experto G3 G07, establecidas en
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales adoptado mediante
Resolución 258 del 13 de julio de 201229.

2.4. Caso concreto

La parte actora demandó la nulidad de la Resolución N° 730 del 14 de septiembre
de 2015, expedida por el Presidente de la ANH señor Mauricio De La Mora
Rodríguez, mediante la cual declaró la insubsistencia del nombramiento ordinario
de la señora Jacqueline García Varón en el empleo de Experto Código G3 Grado
07 adscrito al Despacho del Presidente de la entidad demandada, al invocar como
causales de nulidad del acto administrativo la desviación de poder y la violación de
los derechos fundamentales laborales de la demandante.

La primera instancia no encontró acreditada ninguna de las causales de nulidad, en
vista de que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
de retiro, como quiera que en virtud de la naturaleza del cargo del cual fue retirada
el cual correspondía a uno de libre nombramiento y remoción, el Presidente de la
ANH podía ejercer la facultad discrecional, decisión que fue proferida dentro del
marco normativo y jurisprudencial que fue analizado en el juicioso fallo.

27
Folios 93-95
28
Folios 99-100
29
Folios 107

19

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En el mismo sentido, el Tribunal de primera instancia no encontró acreditada la
causal de desviación del poder por el desmejoramiento en la prestación del servicio,
menos aún encontró prueba alguna acerca del nexo de causalidad entre la
declaratoria de insubsistencia y el desarrollo de la adjudicación del contrato ANH-
04-CM-2015, argumento invocado por la parte actora.

Inconforme con la determinación anterior, el apoderado de la señora Jacqueline
García Varón en el recurso de apelación pretende la revocatoria del fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al cuestionar que contrario a lo analizado y
decidido por el fallador, el material probatorio sí acreditó la configuración de la
causal de desviación de poder.

Es así como, en criterio del apelante, la expedición del acto administrativo
demandado tuvo como motivación la retaliación del Presidente de la ANH porque la
señora Jacqueline García Varón “siguió los protocolos y debido proceso en los
trámites de la contratación de la entidad esto corrobora que no fueron razones de
buen servicio las que motivaron la desvinculación de mi poderdante, por manera
que ese retiro deviene en una clásica desviación de poder, habida cuenta de que el
nominador no persiguió dicho fin, sino probablemente otros, reñido con lo que debe
ser la teleología y propósito de una buena administración.”

Aduce el impugnante que la prueba documental acredita la excelencia en la hoja de
vida de la demandante y su trayectoria laboral, mientras que la prueba testimonial
da cuenta del desempeño laboral sobresaliente de la señora Jacqueline García y
que su desvinculación de la ANH fue intempestiva, al estar motivada por la postura
asumida frente a la adjudicación del contrato ANH-04-CM-2015, al no haber
modificado su punto de vista sobre la evaluación de dicha adjudicación.

El impugnante reiteró que la declaratoria de insubsistencia no tuvo como motivación
el mejoramiento del servicio “pues como quedó evidenciado, el servicio se vio
desmejorado pues se sobrecargó de trabajo al señor Carlos Alberto Rey, y las
geólogas que fueron vinculadas con posterioridad no entraron a desempeñar las
funciones de la demandante”.

2.4.1. Cuestión Previa

Resulta imperioso para la Sala advertir, que el apoderado de la señora Jacqueline
García Varón en el libelo demandatorio, pretendió argumentar que en el caso sub

20

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judice, no era procedente reconocer la naturaleza del cargo Experto Código G3
Grado 07 del cual fue desvinculada la accionante como de libre nombramiento y
remoción, por cuanto a pesar de que formalmente si podía tener tal condición dadas
las funciones que le correspondió desarrollar, debía ser considerado como un cargo
de naturaleza distinta incluso esgrimió que había sido objeto de evaluación periódica
por su desempeño, hecho inusual para este tipo de empleos.

Contraria a esta postura, el fallo impugnado luego de analizar la naturaleza del cargo
a la luz del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los
empleos de la planta de personal de la ANH consignado en la Resolución N° 258
de 2012, determinó que según las funciones asignadas al cargo Experto G3
Grado0730, no cabe duda que la demandante sí desempeñó un cargo de libre
nombramiento y remoción al tenor del artículo 5° de la Ley 909 de 2004, que además
se encuentra contemplado en el artículo 2° del Decreto 1128 del 30 de mayo de
2012 “Por el cual se modifica la Planta de Personal de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH de que trata el Decreto 0766 de 2012”.

Como quiera que el apoderado de la demandante, en el recurso de apelación no
planteó ninguna discrepancia ni esgrimió inconformidad alguna respecto de la
anterior decisión, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento en tal sentido
pues rebasaría la competencia funcional otorgada a la segunda instancia en los
términos del recurso de apelación.

En todo caso resulta necesario partir del supuesto según el cual, ante el silencio
frente al particular, la Sala asumirá que la parte actora reconoció y aceptó que el
cargo Experto Código G3 Grado 07, corresponde a la de un empleo de libre
nombramiento y remoción, presupuesto necesario para poder desarrollar el
siguiente argumento de la apelación.

2.4.2. Causal de desviación de poder por desmejoramiento del buen servicio.

El apoderado de la demandante en la alzada fue reiterativo en insistir que la
desvinculación de su prohijada, fue una retaliación por no haber cambiado su
postura durante la adjudicación del proceso contractual ANH-04-CM-2015, es decir,
por asumir la señora Jacqueline García Varón un criterio diferente al del nuevo

30
Entre ellas, Asesorar, proponer y participar en la planeación y diseño de nuevas rondas de negocio que se
desarrollen a futuro, y en los nuevos proyectos de la Vicepresidencia Técnica, bajo los parámetros de
confidencialidad, cooperación, calidad, efectividad y cumplimiento de la legislación y la normatividad.

21

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Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Presidente de la Agencia en el referido contrato, de allí que dicha insubsistencia no
estuvo motivada por razones del mejoramiento del buen servicio.

Respecto de la causal de desviación de poder, esta Sala ha dicho31:

“En cuanto a la desviación de poder resulta pertinente anotar que se trata del
vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido que el
objeto perseguido por el mismo, configura un requisito que hace a su legalidad
y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y el ordenamiento
jurídico; de manera pues, que este vicio se reconoce, cuando se está ante la
presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las
normas que debe someterse.

En cuanto a la configuración de ésta causal de nulidad, por tal aspecto, es
menester recordar, como ya lo ha precisado la jurisprudencia de esta
Corporación, que lo que debe cuantificar el juez, a efectos de calificar la no
idoneidad del reemplazo, son los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo, porque, en principio, el acto administrativo de nombramiento de un
empleado es ajeno y autónomo a la declaratoria de insubsistencia, de manera
que la eventual ilegalidad del primero, no incide en la legalidad del segundo.
En este sentido, debió probarse que el reemplazo de la actora no reunió los
requisitos necesarios para el ejercicio del cargo o en su defecto que las
calidades del nuevo funcionario eran evidentemente inferiores de las de la
funcionaria saliente, de tal manera que se patenticen las dificultades en la
prestación del servicio generada por su retiro, razones éstas que imponen
declarar la improsperidad de la desviación de poder por este argumento.”

En cuanto al desmejoramiento del buen servicio, se ha sostenido y ahora se
comparte el siguiente precedente jurisprudencial32:

“En otras palabras, cuando un acto administrativo se encuentra inspirado en
fines del buen servicio público, lleva implícita la presunción de legalidad, y debe
ser desvirtuable mediante prueba en contrario. Es decir, que la afectada, en
este caso, tiene la carga de probar de manera fehaciente, que los motivos
que desencadenaron su retiro son ajenos al interés general y al buen
servicio, y que en realidad desborda la facultad que tiene la autoridad
nominadora para separar del empleo a funcionarios que no gozan de
amparo ni fuero de estabilidad.” (subrayas y negritas nuestras)

Teniendo en cuenta las anteriores líneas jurisprudenciales cotejadas a la luz del
acopio probatorio allegado al expediente relacionado en el numeral 2.3. de esta
providencia, la Sala observa que las razones de inconformidad planteadas en la
alzada no alcanzan a desvirtuar las consideraciones esgrimidas por la primera
instancia, motivo por el cual desde ya se anuncia la confirmación del fallo apelado,
por las siguientes razones:

31
Sentencia del 11 de febrero de 2015 radicación número 05001-23-31-000-2002-00382-01(0193-12) M.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
32
Sentencia del 9 de febrero de 2012 radicación número 52001-23-31-000-2006-01431-02 (1819-11) M.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila

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A pesar del empeño efectuado por la parte actora, en pretender demostrar el nexo
causal existente entre la declaratoria de insubsistencia y su participación en el
proceso de adjudicación contractual ANH-04-CM-2015 llevado a cabo por la
Entidad, lo cierto es que en el plenario brilla por su ausencia prueba que así lo
acredite, ya que la accionante no comprobó una finalidad contraria a la Constitución
Política y al marco legal, en el ejercicio de la facultad discrecional desplegada por el
nominador de la entidad demandada al expedir el acto acusado.

No obstante la extensión en el relato de los hechos relacionados con la participación
de la señora Jacqueline García Varón en dicho proceso contractual -dada su vasta
experiencia como geóloga en la Vicepresidencia Técnica de la ANH-, la cual se
requería para proyectar estudios relacionados con el “Programa Sísmico Regional
Pailitas 2015”, lo cierto es que no existe ninguna prueba que lleve al convencimiento
del juez contencioso, en el sentido de vislumbrar que su desvinculación de la entidad
estuvo motivada por alguna inconformidad del nominador respecto de la actuación
de la ex funcionaria en torno a dicha adjudicación contractual.

Es así como, no existe prueba documental que acredite las discusiones surtidas al
interior de los comités de seguimiento contractual o en aquellos comités asesores y
de evaluación de proyectos de la ANH, en los que tuvo participación la accionante
llevados a cabo en torno al tema de la cuestionada adjudicación contractual, por
tanto, resulta evidente que no existe prueba que confirme o desvirtúe los hechos
endilgados por la demandante siendo su obligación acreditarlo en virtud del artículo
167 del Código General del Proceso CGP.

Menos aún obra prueba que indique algún tipo de molestia o disgusto en que
supuestamente habría incurrido el Presidente de la ANH señor Mauricio De La Mora
Rodríguez, por el hecho de que el proyecto había sido publicado en el SECOP lo
cual había motivado de su parte un “email fuerte”, ni tampoco figura prueba
documental que indique cuál fue concretamente la participación de la actora que
generó la inconformidad del Presidente de la entidad, al no contarse con las actas
de los comités de evaluación, pruebas documentales que brillan por su ausencia.

Al contrario, llama a atención de la Sala, el hecho de que según lo relatado por el
propio apoderado de la demandante, la señora Jacqueline García se opuso a la
designación que le hizo el nuevo Presidente de la Agencia, para que participara en
el Comité Asesor Evaluador de las propuestas presentadas dentro del contrato

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Demandante: Jacqueline García Varón
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

ANH-04-CM-2015, como quiera que este hecho desde otro punto de vista lo que
evidencia es el reconocimiento y buen concepto laboral que tenía la recién
posesionada Administración33, sobre el desempeño de la funcionaria en aquel
momento debido a su trayectoria y conocimiento en la asesoría prestada como
geóloga.

Incluso también resulta un contrasentido la afirmación de la parte actora según la
cual, la insubsistencia fue producto de la retaliación por la contratación, como quiera
que según lo relató el apoderado judicial la adjudicación contractual se llevó a cabo
el día 25 de septiembre de 2015, cuando lo cierto es que según la realidad procesal
se observa que la desvinculación de la señora García Varón mediante el acto
administrativo acusado data del 14 de septiembre, de tal manera que primero se
llevó a cabo el acto de insubsistencia y posteriormente la adjudicación contractual
pero no al contrario, como lo esgrimió inicialmente el apoderado de la actora pues
en la apelación morigeró este cuestionamiento al percatarse de su ilógica
apreciación.

Así las cosas, la Sala no puede pasar inadvertido y al contrario apreciará a la luz de
la sana crítica, la prueba relativa a la querella instaurada ante la Fiscalía General de
la Nación el 17 de febrero de 2016 por el Presidente de la ANH34, quien consideró
que los hechos y argumentos esgrimidos en la solicitud de conciliación prejudicial
radicada ante la Procuraduría General de la Nación por la señora Jacqueline García
Varón, previa a la interposición del presente control de legalidad de la Resolución
N° 730 de 2015, incurrieron en los delitos de injuria y calumnia, al alejarse de la
realidad fáctica y porque no son ciertas las supuestas irregularidades en que
habrían aparentemente incurrido los miembros de la Agencia en torno al tema del
proceso contractual, sindicación ésta que vulneró la honra y el buen nombre del
querellante.

Lo anterior, por cuanto verificado el texto de la querella se observa que los
supuestos hechos irregulares que motivaron el ejercicio de la acción penal por parte
del Presidente de la entidad demandada, corresponde a los mismos hechos que
fueron relatados en el libelo introductorio de la presente demanda. Por tanto, a juicio
de esta instancia judicial, esta prueba lo que evidencia es que no existe duda en el
sentido de que la cuestionada contratación estatal y su nexo causal con la

33
Consultada la página web de la ANH el señor Mauricio De La Mora Rodríguez se posesión ante el Ministro
de Minas y Energía como Presidente de la entidad el 24 de marzo de 2015
34
Folios 93-95

24

Número interno:4430-2018
Demandante: Jacqueline García Varón
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insubsistencia de la accionante, carecen de supuesto probatorio alguno, al punto
que condujo tal incriminación al reproche penal por los delitos de injuria y calumnia
en contra de la demandante.

Por otra parte, la prueba documental arrimada al proceso alude a las hojas de vida
de la demandante y de la señora Clara Lilliana Guatame Aponte 35, quien a pesar
de haber sido posesionada el 25 de noviembre de 201536 dos meses después de la
insubsistencia de Jacqueline García Varón el 14 de septiembre de dicha anualidad,
acredita no solo el cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder al cargo,
sino también su amplia experiencia laboral y perfil profesional que la calificaban para
acceder al empleo Experto que ocupaba la demandante.

Ahora bien, tampoco acreditó la parte actora el desmejoramiento del servicio en
vista de la designación de la señora Clara Liliana Guatame Apone, por cuanto
cotejada su hoja de vida37 con la de la señora Jacqueline García Varón38, se observa
que ambas son geólogas de profesión, que mientras la primera terminó su pregrado
en el año 1995 y la Maestría en el año 2003, la segunda se graduó como profesional
en el año 2000 y su Maestría la obtuvo en el año 2011, por tanto ambas cumplen
con las exigencias de estudios39 para el desempeño del cargo de Experto Código
G3 Grado 07, consignadas en el Manual Específico de Funciones de Competencias
Laborales de la Entidad.

En cuanto a la trayectoria laboral se observa que a pesar de la diferencia de tiempo
entre el título profesional obtenido por la señora Guatame en el año 1995 frente al
de la accionante en el año 2000, la primera tiene una experiencia laboral de 13 años
mientras que la demandante de 11 años y 9 meses, motivo por el cual queda
descartado el desmejoramiento del servicio pues la designada funcionaria en
reemplazo de la demandante cumplió los requisitos para el cargo y, porque además
su perfil profesional garantizó la adecuada prestación del servicio en la ANH.

A juicio de la Sala, no cabe duda de que la designada funcionaria ostentaba una
sólida experiencia laboral, tanto así que fue encargada de la Vicepresidencia
Técnica de la Agencia40, designación que sin duda tuvo como fundamento no solo

35
Folios 96-100
36
Según certificación expedida el 4 de agosto de 2016 por el grupo interno de Talento Humano de la ANH
visible a folio 86
37
Folios 88-90
38
Folios 58-59
39
Título profesional y título de postrado en modalidad de especialización
40
Acta de Posesión 042 del 11 de agosto de 2016 obrante a folio 92

25

Número interno:4430-2018
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el conocimiento técnico en los temas asignados sino también el factor del lazo de
confianza con su nominador.

En cuanto al hecho de que la funcionaria Clara Guatame, no hubiera asumido como
tal las funciones que ejecutaba la demandante pues estas le fueron asignadas a
otro Experto de la Entidad señor Carlos Rey, por manera alguna acreditan el
desmejoramiento del servicio ya que dicha decisión corresponde a la autonomía de
las directivas de la Entidad, aunado a que la parte activa ni en la demanda ni en la
apelación, presentó cuadros o estadísticas que evidenciaran algún
desmejoramiento en la prestación del servicio en la Entidad, luego del retiro del
cargo que desempeñaba la demandante.

Por otra parte, en lo que respecta al argumento según el cual dadas las excelsas
calidades profesionales y extensa trayectoria laboral de la demandante, la ANH no
la podía retirar del servicio, ha sido por demás prolífica la jurisprudencia de esta
Sección en sostener que la excelencia en la hoja de vida y la abnegada prestación
del servicio público, no otorgan estabilidad laboral en tratándose de cargos de libre
nombramiento y remoción, motivo por el cual la evaluación satisfactoria de la
accionante –de lo cual no obra prueba alguna-, no desvirtúan la presunción de
legalidad que ampara el acto administrativo acusado,.

En suma, las excelsas calidades del perfil profesional pregonadas por la
demandante, no deben mirarse como un acto meritocrático o loable de dicha
servidora que enerve el ejercicio de la facultad discrecional de libre remoción del
nominador, sino como el mínimo esperado de la prestación del servicio y un deber
de todo servidor público, aunado a que dicha condición no le otorgaba fuero de
estabilidad laboral alguno.

Sobre el particular esta misma Subsección consignó los siguientes presupuestos41:

“Es importante precisar que las altas capacidades y logros académicos con los
que pueda contar la demandante no generan por sí solas fuero alguno de
estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le
concede al nominador, mucho menos constituyen plena prueba de la desviación
de poder, pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el
ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí
solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es
el buen cumplimiento del deber por parte del funcionario”.

41
Sentencia del 8 de febrero de 2018 Radicación Número: 25000-23-42-000-2012-01507-01 (3812-16) M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez

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En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala coincide con la primera
instancia en el sentido de que no encontró acreditada la desviación de poder por
ausencia de prueba documental.

2.4.3. De la prueba testimonial que acredita la causal de desviación de poder
del acto administrativo demandado

Aduce el apoderado de la demandante en la alzada, de acuerdo con las
declaraciones rendidas por los señores Jairo Alonso Osorio Naranjo, Carlos Alberto
Rey y Libardo Rivera Narváez, que sí se encuentra acreditada la causal de nulidad
de desvío de poder endilgada al acto administrativo demandado, por cuanto
mediante dichas declaraciones se acreditaron los siguientes hechos, entre ellos,
que la insubsistencia fue producto de la retaliación de la Administración porque la
señor Jacqueline García Varón no modificó su postura respecto de un contrato
estatal.

Literalmente el apelante esgrimió que la prueba testimonial acreditó los siguientes
hechos:

“-Que las calidades profesionales de la demandante son absolutamente
superiores al promedio, y que sus funciones siempre fueron prestadas de forma
sobresaliente;
• Que la demandante jamás sufrió ningún tipo de llamado de atención o queja
por las funciones desempeñadas;
• Que la declaratoria de insubsistencia de la demandante fue intempestiva, y
que deja sin lugar a dudas la convicción de que fue un acto motivado por la
posición de la funcionaria frente a la adjudicación del contrato ANH-04-CM-
2015;
• Que la insubsistencia se presentó durante el trámite entre la evaluación que
presentó de (sic) la demandante y la adjudicación del contrato;
• Efectivamente la declaratoria de insubsistencia de mi mandante es una
retaliación por no modificar su posición sobre la evaluación del proceso de
adjudicación;
• La motivación de la insubsistencia no fue nunca la de mejorar el servicio, pues
con quedó evidenciado, el servicio se vio desmejorado pues se sobrecargó de
trabajo al señor Carlos Alberto Rey, y las geólogas que fueron vinculadas con
posterioridad no entraron a desempeñar las funciones de la demandante;
• La entidad pretendió demostrar que se vinculó a una geóloga con una buena
hoja de vida, pero se demostró que el perfil de esta profesional es diferente al
de la demandante y no entró a reemplazarla a ella”.

La Sala no comparte los anteriores argumentos de inconformidad por cuanto,
analizado el fallo impugnado se observa que la primera instancia sí apreció en
conjunto los testimonios y los analizó a la luz de las reglas de la sana crítica, por lo

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que no violó el artículo 187 CAPA42, distinto es que tal determinación no sea
compartida por la parte activa dada la pretensión de nulidad incoada, luego de haber
determinado que no se desvirtuó la presunción de legalidad de la resolución
demandada.

Respecto de las calidades profesionales y el desempeño sobresaliente de la
demandante, así como la ausencia de llamados de atención y de queja en su contra,
así como la manera intempestiva de llevarse a cabo la insubsistencia, no son
acogidos por esta instancia, por cuanto según ya se analizó el desempeño laboral
sobresaliente no es motivo de estabilidad laboral sino que es el nivel de compromiso
que se espera de todo servidor público, además que no existe prueba alguna que
acredite la gestión “sobresaliente” de la accionante. Tampoco la ausencia de
investigación o de antecedente le impedían al nominador prescindir de sus servicios,
determinación que obviamente y dada la metodología como se da esta clase de
decisiones por parte de la Administración, resultan ser intempestivas y hasta
abruptas lo cual desde ningún punto de vista se puede traducir en su ilegalidad.

Respecto de la pregonada retaliación de la ANH por la postura asumida por la
demandante que incomodó supuestamente a la nueva administración de la entidad,
la parte demandante pretende acreditarla con la prueba testimonial obrante en el
expediente.

En efecto el día 30 de marzo de 2017 ante el Despacho de la Magistrada Ponente
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se adelantó Audiencia de Pruebas en
la que se recepcionaron las declaraciones de los señores Jairo Alonso Osorio
Naranjo, Carlos Alberto Rey González y Libardo Rivera Narváez43.

En primer lugar, respecto de la tacha de falsedad endilgada por el apoderado de la
ANH en la audiencia de pruebas a los testimonios de los señores Jairo Alonso
Osorio Naranjo y Libardo Rivera Narváez, luego de analizados dichos testimonios
en los términos del artículo 211CGP44, no existía mérito para restarles credibilidad,

42
La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen. (…)

43
Folios 143-147
44
Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales
u otras causas.

28

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aunado a que dichas declaraciones no demostraron la intención disfrazada del
Presidente de la entidad demandada, de buscar un fin diferente al mejoramiento del
buen servicio.

Respecto de la declaración rendida por el señor Jairo Alonso Osorio Naranjo, quien
afirmó conocer a la señora Jacqueline García por haber sido compañeros en la
Universidad de Caldas y de trabajo en la ANH, en su declaración relató las funciones
que desempeñó la demandante, pero ante la pregunta concreta de si conocía las
razones por las cuales fue retirada del servicio, respondió que no las sabía a ciencia
cierta y que dicha decisión se adoptó por tratarse de un cargo de libre remoción,
además dijo que cuando se dan cambios en la Administración de una entidad
pública, lo normal es que se adopten este tipo de insubsistencias, al tiempo que
destacó las calidades profesionales de la demandante. Luego de referirse al
proceso contractual en el que dijo le constaba que la señora Jacqueline propuso
que no la vincularan al Comité Evaluador, afirmó de forma perentoria que no le
constaba un nexo de causalidad entre tales hechos. Refirió que la señora Claudia
Guatame no asumió las funciones que desempeñó la actora y que tenía un perfil
diferente al de la demandante45.

Llama la atención la respuesta que dio a la pregunta efectuada que “si sabía que
debido el empate en el proceso contractual tenía coincidencia o relación directa este
hecho con la insubsistencia de la señora García Varón”, al responder “no sabría la
fecha exactamente, pero a los varios días llegó la carta de destitución”, respuesta
que no demuestra la inminencia de las fechas entre la adjudicación contractual y el
retiro de la parte actora. Así mismo al responder el declarante que la señora Claudia
Guatame tenía un perfil profesional distinto al de la accionante, por manera alguna
se le puede endilgar que esté diciendo que no cumplía con el perfil y los requisitos
para ocupar el cargo, como lo cuestionó el apelante.

En cuanto a la declaración rendida por el señor Carlos Alberto Rey46, corrobora esta
instancia según su dicho que fueron compañeros de trabajo en la ANH con la
accionante, que no conoció las causas o motivos de la insubsistencia ni tampoco le
constaba el nexo directo del proceso de contratación con dicha determinación;

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el
momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
45
Según el CD visible a folio 143, la declaración del señor Jairo Alonso Osorio Naranjo se llevó a cabo entre las
11:05 y las 11:27 am
46
Que inició a las 11:30 y terminó a las 11:50 aproximadamente

29

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igualmente destacó las excelentes labores adelantadas por la señora Jacqueline en
el ejercicio de su cargo; reconoció haber sido la persona que asumió las funciones
en reemplazo de la desvinculada funcionaria.

Sobre este asunto adujo el impugnante que el acto acusado adolece de nulidad por
cuanto se desmejoró el servicio “al haberse sobrecargado de trabajo al señor Carlos
Alberto Rey”, afirmación ésta que pierde solidez por cuanto en primer lugar, en la
declaración el señor Rey nunca se quejó por la supuesta “sobrecarga laboral”, al
tiempo que reconoció haber sido el funcionario que asumió las funciones que
desempeñaba la señora Jacqueline García, en vista de que en oportunidades
anteriores él ya las había asumido, dada su calidad de ser uno de los geólogos
expertos con que contaba la entidad. Por tanto, el punto de vista del testigo es
distinto a la interpretación que le pretende dar el apelante.

En punto al testimonio rendido por el señor Libardo Rivera Narváez47, fue enfático
en afirmar que no le consta de manera directa, las razones de la insubsistencia de
la demandante a pesar de que le pareció que no fue “normal”; esgrimió que el a los
pocos días de haber participado la señora Jacqueline en la evaluación del proceso
contractual, fue declarada insubsistente; destacó las excelentes calidades
profesionales en el desempeño laboral

En términos generales observa la Sala, que las anteriores declaraciones denotan
imparcialidad al tiempo que se trata de testigos de oídas, por cuanto a ninguno de
los declarantes les consta las razones de la declaratoria de insubsistencia de la
demandante y respecto del nexo causal pregonado en la demanda, entre la
participación de la demandante y su desvinculación de la entidad, dejaron entrever
que en vista del empate entre los proponentes, se vio la necesidad de dirimirlo para
escoger al ganador, pero por manera alguna refirieron que tal hecho haya obedecido
a las discrepancias entre el Presidente de la ANH y la señora Jacqueline García,
así lo mencionó el señor Osorio Naranjo.

Por las anteriores razones, a juicio de esta Sala la prueba testimonial no acredita la
desviación de poder, aunado a que ninguno de los tres declarantes fueron testigos
presenciales ni les consta de manera directa las razones por las cuales la
Administración decidió prescindir de los servicios de la demandante, de allí que se
está ante testigos de oídas, en vista de que sus delaciones fueron con fundamento

47
Inició a las 11.54 y concluyó pasadas las 12:13

30

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en los referenciado por terceros incluso por la misma señora Jacqueline, pero lo
cierto es que no les consta de manera personal las razones del retiro, menos aún el
desmejoramiento del servicio con ocasión de la posesión de la funcionaria Clara
Liliana Guatame Aponte.

Corolario de lo anteriormente expuesto, las pruebas testimoniales referidas no
favorecen las aspiraciones de la demanda ni respaldan las afirmaciones realizadas,
toda vez que carecen de fuerza demostrativa para justificar la desviación de poder
en virtud del desmejoramiento en la prestación del servicio público.

Finalmente, esta Sala comparte la apreciación del Tribunal de primera instancia, en
el sentido de que la discrepancia de criterios profesionales con el nominador por sí
mismo no es indicativo de desviación de poder que conduzca a concluir que existió
un interés ilegítimo en la declaración de insubsistencia.

Lo anterior, por cuanto en primer lugar, no existe prueba indiciaria ni prueba directa
que acredite la aludida disparidad de criterios –tal sería el caso de alguna orden
verbal o escrita impartida por el nominador que la actora se hubiera rehusado a
cumplir, la cual se insiste no obra en la foliatura-, en segundo lugar, porque no se le
puede desconocer al nominador, la libertad que tiene de conformar su equipo de
trabajo el cual estará integrado por un equipo calificado desde el punto de vista
profesional pero además que goce de su entera confianza.

En el presente caso, la nueva administración se había posesionado en marzo de
2015, es decir, seis meses antes de la expedición del acto de insubsistencia
demandado, lo cual evidencia que el nominador estaba conformando su equipo de
colaboradores.

Por tanto, resultó sesgado el cuestionamiento del apelante respecto de la
consideración efectuada por la primera instancia, como quiera que desconoce y
pasa por alto que la facultad de retiro de un funcionario de libre nombramiento en
virtud de la discrepancia de criterios, resulta razonable en virtud del grado de
confianza entre el nominador y su equipo de colaboradores, en temas de alta
complejidad como lo es el de la contratación institucional.

La Sala comparte el siguiente antecedente jurisprudencial dela Subsección A de

31

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esta Sección48:

“Respecto de esta clase de empleos públicos, ha sido claro el criterio
establecido por la Sala en lo relacionado con el tratamiento que debe darse a
los funcionarios que los ocupan, en el entendido de que corresponde a la
Administración, en ejercicio de su facultad discrecional y con el fin del
mejoramiento del servicio, efectuar los movimientos de personal que a bien
tenga dada la naturaleza especial que revisten, por lo que no es necesaria la
motivación expresa del acto de retiro de los mismos, para proferir dicha
decisión.

Es en síntesis, una amplia facultad o margen de libertad para que la
Administración elija a los funcionarios que en su sentir desempeñarán una mejor
tarea en pro del buen servicio público que prestan y del cumplimiento de los
fines que se le han encomendado, por ello resulta razonable en aras del interés
de la institución, al cual debe ceder el interés particular, que el nominador en
ejercicio de su potestad discrecional pueda retirar del servicio a los funcionarios
de libre nombramiento y remoción para reacomodar su equipo”.

Igualmente los argumentos esgrimidos por esta misma Subsección en el siguiente
precedente49:

“Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de
confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le
permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que
sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.
En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de desvinculación
de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de
motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la
escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales
o de confianza”.

De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, a juicio de esta Sala
encuentra respaldo el argumento de la primera instancia según el cual, la
contradicción que un servidor haga respecto de las orientaciones de la política
institucional de una entidad, podrían llegar a perjudicar la adecuada prestación del
servicio público, por cuanto resulta incuestionable que en virtud del grado de la
confianza que debe mediar entre el nominador y su subalterno –en tratándose de
cargos de libre nombramiento y remoción-, este supuesto fáctico seguramente no
se tiene que presentar.

En vista de que la prueba documental ni la testimonial acreditaron la causal de
desviación de poder endilgada a la declaración de insubsistencia de la demandante,

48 Sentencia del 8 de mayo de 2008, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Radicación Nº:70001 23 31

000 2001 01370 01 (2447-07)

49
Sentencia del 20 de noviembre de 2020 Radicación número: 13001-23-31-000-2010-00218-01 (4140-13)
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

32

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la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del 23 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, que negó las
pretensiones de la demanda instaurada por Jacqueline García Varón, con
fundamento en las consideraciones esgrimidas en esta providencia.

DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, por Secretaría.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

33

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