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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01239-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01239-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 25 de marzo de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01239-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros1
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: retiro del servicio policial. Subtema 1: retiro por llamamiento a calificar
servicios. Subtema 2: falsa motivación y desviación de poder

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 25 de marzo de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La parte demandante solicitó la nulidad del Decreto 703 del 16 de abril de 2015, por
el cual se retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar
servicios, al teniente coronel Wenceslao Ferrín Rengifo, por cuanto se incurrió en falsa
motivación y desviación de poder. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones, al considerar que no se
demostró que los motivos del acto administrativo censurado fueron ajenos al interés
general y al buen servicio, máxime cuando se cumplieron los requisitos legales para
el ejercicio de esa facultad discrecional.

1 Wescenlao, Jairo Andrés, Jhamell y Samuel Ferrín Arias; Álvaro Ernesto, Luis Fernando, Yenli y Juvenecio Ferrín

Rengifo; Jayzuly y Anderson Ferrín Prieto, María del Socorro Arias Aldana, Segundo Wenceslao Ferrín Solis, Jeicol
Stiv Ferrín Venegas y María Nila Rengifo de Ferrín.

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Wenceslao Ferrín Rengifo; Wescenlao, Jairo Andrés, Jhamell y Samuel Ferrín
Arias; Álvaro Ernesto, Luis Fernando, Yenli y Juvenecio Ferrín Rengifo; Jayzuly y
Anderson Ferrín Prieto, María del Socorro Arias Aldana, Segundo Wenceslao Ferrín
Solis, Jeicol Stiv Ferrín Venegas y María Nila Rengifo de Ferrín, mediante apoderado,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el 11 de noviembre de 20152, en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte actora solicitó que se declarara la nulidad parcial del Decreto 703 del
16 de abril de 2015, a través del cual el presidente de la República retiró del servicio
activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios, al teniente coronel
Wenceslao Ferrín Rengifo3.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante pidió el reintegro
al servicio activo del señor Wenceslao Ferrín Rengifo en el grado de coronel, a partir
del 1.º de diciembre de 2014, sin solución de continuidad; pagarle todos los
emolumentos laborales correspondientes al grado al que debe ser reincorporado
desde el retiro; cancelarle a él y a los demás accionantes los perjuicios morales y
materiales; lo anterior con los respectivos intereses, indexación y las costas
procesales, sin que se ordene realizar descuentos por concepto de dineros recibidos
del erario por otra vinculación laboral.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

i) El señor Wenceslao Ferrín Rengifo ingresó a la Policía Nacional como alumno
en la Escuela General Santander en 1990, se graduó como subteniente el 5 de
noviembre de 1992 a través de la Resolución 8756 de 1992 y fue ascendido durante
su trayectoria policial a los grados de teniente, capitán, mayor y teniente coronel
(ascendido a este último grado por el Decreto 4678 del 27 de noviembre de 2009).
Igualmente, obtuvo 158 felicitaciones y 32 condecoraciones, sin haber sido objeto de

2 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 07.Demanda-fl.491-
541.pdf.
3 Se advierte que, mediante auto del 18 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Segunda, Subsección D, rechazó la demanda frente a las pretensiones de nulidad de las actas 007-ADEHU-
GRUAS-2.25 del 9 y 10 de junio de 2014, 002-ADEHU-GRUAS-2.25 del 11 de junio de 2014, 027-ADEHU-GRUAS-
2.25 del 4 de septiembre de 2014 y 002-APROP-GRUAS-3-22 del 13 de enero de 2015 y la constancia de
notificación personal del Decreto 703 de 16 de abril de 2015, por lo que, por razones metodológicas, en este acápite
solo se relaciona el acto administrativo frente al cual se admitió la demanda, sin perjuicio de que las mencionadas
actas se analicen al examinar la legalidad del aludido Decreto.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

investigación penal o disciplinaria.

ii) Wenceslao Ferrín Rengifo se desempeñó en varias áreas de la Policía Nacional
como instructor de la compañía de deportistas, jefe de deportes y comandante de la
sección de vigilancia, del personal de policías de la compañía de deportistas, de
estación, de distrito, de la compañía de estudiantes, de la compañía de cadetes, de la
fuerza disponible, de la sección alumnos y operativo de seguridad ciudadana; además,
contaba con una extensa formación académica en la institución4.

iii) Desde el 2010 hasta el 2014 Wenceslao Ferrín Rengifo —período en el que
tenía el grado de teniente coronel—, obtuvo varios reconocimientos y
condecoraciones, entre otros, por buen desempeño laboral, alta gerencia y el rescate
de un secuestrado.

iv) Por medio del Decreto 703 del 16 de abril de 2015, al mencionado oficial se le
retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por la causal de llamamiento a calificar
servicios, al no aprobar la evaluación de trayectoria profesional para realizar el curso
de ascenso al grado de coronel, efectuada por la junta de evaluación y clasificación
para oficiales de esa institución.

v) Respecto de esta última y la junta de generales de la Policía Nacional, la parte
accionante refirió unas situaciones de suspensión y reanudación de las sesiones, poco
tiempo dedicado al estudio de cada oficial, ausencia de constancia de firma de
asistentes y agendas laborales de algunos de sus integrantes que se cruzaron con los
horarios de las sesiones de esas juntas, para concluir que realmente no se realizó la
valoración de la trayectoria profesional de Wenceslao Ferrín Rengifo ni existe un
concepto individual.

vi) Con ocasión del retiro del servicio activo de la Policía Nacional, Wenceslao
Ferrín Rengifo entró en un desequilibrio mental, que a su vez afectó a su cónyuge e
hijos, por lo que estuvieron en tratamiento psicológico.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 83, 121, 123, 189, 211,
216 y 218.
La Ley 1437 de 2011, artículos 137 y 138.
La Ley 857 de 2003, artículos 1 a 4.
El Decreto 1791 del 2000, artículos 22, 23 y 29.
El Decreto 1512 de 2000, artículos 55 a 59.
El Decreto 1800 del 2000, artículos 42, 49 y 50.
Las Resoluciones 3593 de 2003 y 6088 de 2006 (artículo 3).

4 Cuyos títulos se relacionan en la página 7 de la demanda. Samai, índice 2,
ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 07.Demanda-fl.491-541.pdf.

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Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

6. Al explicar el concepto de violación, los demandantes adujeron falsa motivación
y desviación de poder en la expedición del decreto que retiró del servicio al señor
Wenceslao Ferrín Rengifo por llamamiento a calificar servicios, al estar sustentado en
actos preparatorios que «nunca fueron realizados y nunca se realizó el estudio de [su]
Trayectoria Profesional […]».

7. Afirmaron que con el acta 007 del 10 de junio de 2014, expedida por la junta de
evaluación y clasificación para oficiales de la Policía Nacional, a través de la cual se
dispuso no recomendar al señor Wenceslao Ferrín Rengifo ante la junta de generales,
para realizar el curso de capacitación de ascenso al grado de coronel, se «esconde la
realidad» de su trayectoria profesional, dadas las siguientes falencias:

8. (i) En su página 11 se indicó que la sesión se suspendería y continuaría el 10
de junio de 2014 a las 14:00; sin embargo, en la página 1 se señaló que empezó a las
14:15, lo que dejó dudas si realmente esa junta se realizó ese día; (ii) no se cerró el
acta del 9 de junio de ese año con las respectivas firmas de los integrantes que
asistieron; y (iii) tampoco se realizó el protocolo establecido para reanudar la sesión,
consistente en el llamado a lista de los integrantes que harían parte de esa junta, la
lectura del acta anterior y la verificación de cuórum y de los temas a tratar.

9. Aseguraron que esa irregularidad se confirmó con la agenda de la subdirectora
de la Policía Nacional Luz Marina Bustos, pues se encontraba el 10 de junio de 2014
entre las 14:15 y las 17:20 en el comité de traslados de oficiales superiores y a las
17:00 en reunión con William Barrera, oficial enlace del Ministerio de Hacienda. Por
ende, «al parecer existe una falsedad (art 286 ss. código penal), en el acta de N.° 07
del 9 y 10 de junio de 2014 de la junta de Evaluación y Clasificación de Oficiales, y
realmente nunca se hizo el estudio exhaustivo de la evaluación de la trayectoria
profesional de los señores oficiales en el grado de Teniente Coronel promoción 062,
donde salió perjudicado [Wenceslao Ferrín Rengifo]», cuando en su hoja de vida
figuraban 158 felicitaciones y 32 condecoraciones, sin haber sido objeto de sanciones.

10. Adujeron que una circunstancia similar a la descrita en el párrafo anterior se
suscitó en la sesión registrada en el acta 002 del 11 de junio de 2014, por cuanto,
según la agenda de la subdirectora de la Policía Nacional Luz Marina Bustos, ese día
a las 16:00 estuvo con la asesora Luz Mery Hernández y a las 17:00 en reunión con
Alfonso Gómez Méndez, ministro de justicia; por su parte, el general Yesid Vásquez
Prada a las 16:20 atendió al señor Víctor Hugo Herrera; a las 17:20, al coronel George
Quintero Medina, y a las 17:40, a la teniente Diana Marcela Ávila Nossa.

11. Alegaron vulneración del derecho a la igualdad por parte de la junta asesora
del Ministerio de Defensa, toda vez que se había decidido cambiar la determinación
de no recomendar para curso de ascenso a 5 de los 27 tenientes coroneles, por orden,
al parecer, del «Ministro de la Defensa DR JUAN CARLOS PINZON BUENO», sin
motivación alguna. Por ende, la junta asesora del Ministerio de Defensa dejó de ser
un cuerpo colegiado, en el que las decisiones se tomaban por unanimidad, tal como

4

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

se manifestó en el oficio 2015-019935 del 26 de enero de 2015, en respuesta a una
petición. En tal sentido, en el acta 020 del 12 de junio de 2014, confirmada por la 027
del 4 de septiembre de 20145, no quedaron consignadas las razones por las cuales el
ministro modificaba el acta 002 del 11 de junio de 2014.

12. Agregaron que, de acuerdo con el Decreto «de planta» 294 del 13 de febrero
de 2014, existían 289 vacantes para el grado de coronel, de las cuales se ocuparon
239, es decir, que había 50 disponibles, lo que demostraba que Wenceslao Ferrín
Rengifo tenía la vacante jerárquica para ascender a ese grado; además de que su
hoja de vida demostraba las felicitaciones y condecoraciones que denotaban su buen
desempeño laboral al servicio de la comunidad. Por último, alegaron la afectación
sicológica que esta situación laboral les generó.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Policía Nacional, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la
demanda y afirmó que el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios se creó
con el fin de renovar la institución y que se permitiera que los funcionarios con mayores
capacidades personales, de liderazgo, laborales e intelectuales, entre otros aspectos,
lograran asumir nuevos cargos, sin que ello significara que quienes no eran llamados
al grado inmediatamente superior no cumplieran con los estándares de eficiencia para
ser funcionarios públicos.

14. Expresó que para la junta asesora era difícil adoptar la decisión de destacar
entre un grupo de hombres y mujeres excepcionales a una porción de ellos, es decir,
escoger a los mejores entre los mejores, por lo que si un oficial llegaba al grado de
teniente coronel es porque tenía una buena trayectoria y había tenido méritos para
escalar en la estructura jerárquica, lo cual no significaba que todos los tenientes
coroneles debían ser llamados a curso y ascendidos a los grados de coronel y,
posteriormente, al de general.

15. Indicó que el retiro del servicio del señor Wenceslao Ferrín Rengifo se produjo
dentro de los parámetros legales, al contar con más de 24 años de servicios, lo que lo
hacía acreedor de la asignación de retiro, y al no recomendarlo para ascenso la
respectiva junta; en esa medida, no era necesaria la motivación expresa del acto de
desvinculación. Además, las buenas anotaciones de la hoja de vida del oficial,
calificaciones y condecoraciones no generaban por sí solas fuero alguno de
estabilidad y no podían limitar la potestad que el ordenamiento le concedió al Gobierno
nacional, puesto que la idoneidad para el ejercicio del cargo y el buen desempeño de
las funciones no otorgaban a su titular prerrogativas de permanencia.

16. Así mismo, planteó las excepciones que denominó falta de legitimación en la
causa por pasiva y actos administrativos ajustados a la Constitución, la ley y la

5 En la que se invocó la facultad discrecional, así como los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

5

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jurisprudencia6.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 25 de marzo de 2021, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte accionante7. Consideró que dentro del
expediente no obraban pruebas que permitieran advertir que la finalidad del acto
demandado fue diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia o que la intención del
retiro fue ajena al buen servicio y al relevo jerárquico del mando, máxime cuando la
idoneidad del oficial en su trayectoria profesional no inhibe el ejercicio de la facultad
discrecional del retiro del servicio por la causal de llamamiento a calificar servicios.

18. Concluyó que la parte demandante no logró demostrar de manera fehaciente
que los motivos que desencadenaron el llamamiento a calificar servicios son ajenos
al interés general y al buen servicio, y que en realidad desbordaron la facultad que
tenía el nominador de separar del servicio activo a quien cumplió más de 15 años en
la institución.

2.4. Recurso de apelación

19. El señor Wenceslao Ferrín Rengifo y otros, mediante su apoderado,
interpusieron recurso de apelación8 para que se revoque la sentencia de primera
instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes razonamientos:

20. Señalaron que se demostró en el expediente la desviación de poder en la
expedición del Decreto 703 de 2016, ya que, contrario a lo consignado en su parte
motiva, los integrantes que realizaron el estudio de la trayectoria del oficial Wenceslao
Ferrín Rengifo nunca se reunieron para ese fin. Lo anterior, dado que en el acta 007
del 9 y 10 de junio de 2014 «se puede evidenciar el estudio de la trayectoria
profesional de 83 tenientes coroneles y 83 mayores de la Policía Nacional se realizó
en 2 días, donde para el día 9 de junio de 2014, la junta de Evaluación y Clasificación
en su acta 07, suspendió sesión a las 19 y 30 horas, sin realizar el cierre de la misma,
se evidencia que no hay constancia de las firmas de los Asistentes para ese día, (pag-
11 del acta)» y el 10 de junio de 2014 se reanudó a las 14:00, sin cumplir el protocolo9.

21. Insistieron en que no se realizó un estudio de la trayectoria profesional del
teniente coronel Wenceslao Ferrín Rengifo, porque los integrantes de las juntas de
evaluación y clasificación y de generales de la Policía Nacional estuvieron en otras

6 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 13.
ContestacionDemanda-fl-577-612.
7 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 36. Fallo.
8 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital,
38CorreoRecursoApelacionDemandante.
9 Esto es, «(1) el llamado a lista de los integrantes que van a hacer parte en esa junta para ese día, (2) lectura del

acta anterior, (3) verificación del quórum, (4) los temas a tratar (p. 11 del acta)».

6

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Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

actividades; por ejemplo, los generales Luz Marina Bustos Castañeda y Miguel Ángel
Bojacá, quienes entre las 14:30 y 16:00 tenían registrado en sus agendas la asistencia
al comité de traslados de oficiales superiores para el 10 de junio de 2014. Situación
corroborada en el acta 009 de ese comité, que evidenció lo siguiente:

Acta 007 Acta 009
inició a las 14:15 horas y finalizó inició a las 14:30 horas y finalizó a
a las 17:20 horas las 18:00 horas

MG Luz Marina Bustos MG Luz Marina Bustos

MG Yesid Prada Vásquez MG Yesid Prada Vásquez

MG Jorge Hernando Nieto R MG Jorge Hernando Nieto R

MG Miguel Ángel Bojacá MG Miguel Ángel Bojacá

22. Manifestaron que también está acreditado que el general José Ángel Mendoza
Guzmán «no estuvo en sesión de la Junta de Generales, para el 11/06/2014 (folio 160
casilla 4), porque para ese día se encontraba cumpliendo funciones como comandante
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra».

23. Reiteraron que se quebrantó el derecho a la igualdad porque en el acta 002 del
11 de junio de 2014 se registró que 5 tenientes coroneles no habían sido
recomendados por la junta de generales, pero en el acta 20 del día 12 siguiente la
junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional modificó esa decisión sin ninguna
motivación, al parecer, por orden del entonces ministro de defensa, con
desconocimiento de lo establecido en el artículo 60 del Decreto 1512 de 2000.

24. Añadieron que, mediante el acta 027 del 4 de septiembre de 2014, se indicó
que el señor Wenceslao Ferrín Rengifo no había sido llamado al curso de ascenso;
decisión basada en las vacantes existentes para ese grado, en la facultad discrecional
y en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; sin embargo, en el Decreto 294
del 13 de febrero de 2014 se estableció que las vacantes para el grado de coronel
eran 289. Al revisar el escalafón de oficiales para el 1.° de diciembre de 2014 se
encontraron 270 oficiales, de los cuales 31 correspondían a generales, es decir, que
solo había 239 coroneles y el decreto dio un cupo de 289, por lo que había 50
vacantes.

25. En cuanto a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, aducidos en la
misma acta como sustento de la decisión, afirmaron que el teniente coronel
Wenceslao Ferrín Rengifo cumplió con las calidades profesionales y la actitud del
servicio, al contar con 158 felicitaciones y 32 condecoraciones.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

26. Mediante auto del 7 de abril de 202210, el despacho ponente admitió el recurso

10 Samai, índice 4.

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de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32811 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

29. ¿Se encuentra acreditada la falsa motivación y la desviación de poder alegada
por la parte demandante, que desvirtúe la presunción de legalidad del Decreto 703 del
16 de abril de 2015, a través del cual se retiró del servicio activo de la Policía Nacional,
por llamamiento a calificar servicios, al teniente coronel Wenceslao Ferrín Rengifo?

30. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para la
procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de poder.
A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos probados
relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios

31. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se
encuentra regulado principalmente en el Decreto Ley 1791 de 2000 y en la Ley 857
de 2003, disposiciones que introducen la figura del «llamamiento a calificar servicios»,

11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

como una modalidad de desvinculación basada en razones institucionales y de
servicio.

32. En efecto, el artículo 55 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por el
artículo 2 de la Ley 857 de 2003, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios. Por su parte, el artículo 57 del citado decreto dispone que el
personal de oficiales, suboficiales y agentes «solo podrá ser retirado por llamamiento
a calificar servicios después de haber cumplido 15 años de servicio».

33. Por su parte, la Ley 857 de 2003, en su artículo 1, prevé que el retiro de los
oficiales debe someterse al «concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional», salvo en los casos de oficiales generales
o cuando concurran otras causales específicas. Así mismo, el artículo 3 de dicha ley
reitera que el retiro por llamamiento a calificar servicios «solo procederá cuando se
cumplan los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro».

34. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales.

35. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado12 y de la Corte
Constitucional13, dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos
armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a
la manera ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

36. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 que, en su
momento analizó las normas vigentes sobre las formas de retiro en la Policía Nacional,
señaló que el llamamiento a calificar servicios, a diferencia del retiro por voluntad de
la dirección nacional, se caracteriza por los siguientes elementos:

a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho de
cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura implica
el ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese de las
funciones del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión deshonrosa.

12 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00385-
00(AC).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua, lo
cual no es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos
armados y la manera corriente de culminar una carrera en la misma.
c) El llamamiento hace parte de las atribuciones inherentes al ejercicio del poder
de mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y
policiales deben disponer de los poderes para sustituir eficazmente, en la
medida de las necesidades y conveniencias, los mandos superiores y medios
de la institución, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza
institucional.

37. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en las sentencias SU-2017 de 2016 y
SU-237 de 2019, que revisó 4 tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
tomaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las fuerzas militares y la Policía.

38. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

39. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:

Es importante llamar la atención que si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo
por la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el
punto de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se
establece frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.

40. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:

En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.

41. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:

Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.

42. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como también
lo ha hecho el Consejo de Estado14, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (como quiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).

43. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, señaló que:

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).

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De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten15.

44. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual
contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva
a la administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando
en la fuerza pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de
los oficiales que son objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de
culminar la carrera militar o policial.

3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios

45. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo:

a) Tiempo mínimo de servicio para acceder a la asignación de retiro: el artículo 57
del Decreto Ley 1791 de 2000 establece que el personal de oficiales,
suboficiales y agentes «solo podrá ser retirado por llamamiento a calificar
servicios después de haber cumplido quince (15) años de servicio». Ello implica
que el retiro únicamente procede cuando el uniformado ha consolidado el
derecho a la asignación de retiro.

b) Concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional: conforme al artículo 1 de la Ley 857 de 2003, el retiro del
personal de oficiales requiere someterse al «concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional», excepto
en las hipótesis expresamente excluidas por la norma. Dicho concepto
constituye un presupuesto habilitante para la expedición del acto definitivo.

46. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal16.

15
Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
16 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado 05001-23-31-000-

2001-03004-01(0357-12).

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47. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».

48. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

49. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en
desarrollo de la citada junta, dado que las consideraciones de los comandantes de las
distintas fuerzas en relación con su personal son de inmediato cumplimiento. En este
punto, debe precisarse que la aprobación posterior de las actas de la junta asesora
constituye una formalidad, lo que se explica en el hecho de que solo hasta que culmine
la sesión de la junta es posible confeccionar el acta, esto es, el documento físico, el
cual se suscribe por quienes intervinieron en su expedición, una vez concurran al
desarrollo de una nueva junta17.

3.3.3. La falsa motivación

50. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición18. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.

51. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad» 19.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.

52. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las

17 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado 05001-23-31-000-

2001-03004-01 (0357-12).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-
03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
19 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.

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razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión20. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad21. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos22:

Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.

53. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)23.

54. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
Nacional, lo cual es aplicable para los oficiales, por así ordenarlo el artículo 1 de la
Ley 857 de 2003, que modificó el Decreto 1791 de 2000.

55. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003,
para la procedencia del llamamiento a calificar servicios, pese a que en el acto se
indicó ello, o en el evento en que se citan otros motivos distintos a aquellos, es viable
el estudio de la causal de nulidad de falsa motivación. Lo contrario, significaría dejar
sin defensa a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto por estas razones y, por
ende, se vulneraría su derecho al debido proceso.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de

2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,

proceso con radicado 2006-00348.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia

se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».

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3.3.4. La desviación de poder

56. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general24.

57. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 25. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina26 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»27.

58. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»28.

59. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en

24
Ibidem.
25 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
26 Younes Moreno, Diego, Curso de Derecho Administrativo.
27 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
28
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).

15

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el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»29.

3.4. Hechos probados

60. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

61. Según el extracto de hoja de vida emitido por la Policía Nacional el 8 de enero
de 201530, el señor Wenceslao Ferrín Rengifo prestó sus servicios a la Policía
Nacional en condición de cadete y alférez desde el 23 de enero de 1990 hasta el 4 de
noviembre de 1992, y en calidad de oficial del 5 de noviembre de 1992 al 8 de enero
de 2015, para un total de tiempo de servicios de 24 años, 2 meses y 4 días; su último
grado fue el de teniente coronel, que ejerció desde el 1.° de diciembre de 2009, y el
último cargo fue el de comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía
Metropolitana de Bogotá. Así mismo, se indicó que obtuvo 158 felicitaciones y 32
condecoraciones31, además de no haber sido objeto de sanciones.

62. En el acta 007-ADEHU-GRUAS-2.25 del 932 y 1033 de junio de 2014, se dejó
constancia de la sesión realizada por la junta de evaluación y clasificación para
oficiales de la Policía Nacional, en la que se efectuó el estudio de la trayectoria
profesional de 80 tenientes coroneles aspirantes a curso de capacitación para
ascenso en el segundo semestre de 2014, entre los cuales se hallaba el señor
Wenceslao Ferrín Rengifo, en la que se decidió no recomendarlo. Fue suscrita por la
subdirectora general de la Policía Nacional Luz Marina Bustos Castañeda y el registro
de asistencia, por el inspector general Yesid Vásquez Prada, el director de la «DISEC»
Jorge Hernando Nieto Rojas, el director de la «DITAH» Miguel Ángel Bojacá Rojas, el
director de «DIRAF» Luis Eduardo Martínez Guzmán y el secretario general Ciro
Carvajal Carvajal34.

63. Con el acta 009/GRUTR-APROP-1.10-1 del 10 de junio de 201435, se registró
la sesión celebrada por el comité asesor de traslados para el personal de oficiales
superiores de la Policía Nacional, a la que asistieron la subdirectora general de la
Policía Nacional Luz Marina Bustos Castañeda, el inspector general Yesid Vásquez
Prada, el director de seguridad ciudadana Jorge Hernando Nieto Rojas, el director de
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, expediente 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia que indicaba
que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención
de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda, Subsección B,
proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
30 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 64 a 70.
31 Las copias de algunas fueron aportadas con la demanda. Samai, índice 2,
ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211, pp. 71 a 89.
32 Sesión desarrollada de las 16:30 a las 19:30.
33 Sesión realizada de las 14:15 a las 17:20
34
Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,
pp. 88 a 100; y 03. Anexos-fl.118-211, pp. 1 a 4.
35 Sesión desarrollada de las 14:30 a las 18:00.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

talento humano Miguel Ángel Bojacá Rojas y el jefe de área de procedimientos
personales Oleskyenio Flórez Rincón, pero en el registro de asistencia no se identifica
acta ni hora de finalización de la reunión36.

64. Mediante el acta 002-ADEHU-GRUAS-2.25 del 11 de junio de 2014, se
consignó la sesión de la junta de generales de la Policía Nacional, en la que, con
fundamento en las recomendaciones de la junta de evaluación y clasificación para
oficiales de esa institución, contenidas en el acta 007 del 9 y 10 de junio de 2014,
decidió sobre la selección de oficiales en el grado de teniente coronel aspirantes a
curso de ascenso, en el sentido de no proponer, entre otros, a Wenceslao Ferrín
Rengifo37.

65. A través del acta 020-ADEHU-GRUAS-2.25 del 12 de junio de 2014, se dejó
registro de la reunión de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía
Nacional, en la que se decidió por unanimidad no recomendar al Gobierno nacional
unos tenientes coroneles aspirantes a realizar los cursos de capacitación para
ascenso al grado de coronel, entre los cuales se hallaba el señor Wenceslao Ferrín
Rengifo38.

66. En el acta 027 -ADEH-GRUAS-2.25 del 4 de septiembre de 2014, se anotó que
en sesión de la fecha se reunió la junta asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional y resolvió la solicitud de reconsideración de la decisión de no
recomendar ante el Gobierno nacional a unos tenientes coroneles de la Policía
Nacional, entre ellos, Wenceslao Ferrín Rengifo, para realizar el curso de ascenso al
grado de coronel, en el sentido de confirmar la decisión adoptada mediante el acta
020 del 12 de junio de 2014; para lo cual estimó que la selección para curso, como
facultad discrecional, se realiza bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado39.

67. El 16 de septiembre de 2014 el señor Wenceslao Ferrín Rengifo pidió al mayor
general de la Policía Nacional Yesid Vásquez Prada certificación acerca de su agenda
laboral del 11 y 12 de junio de 201440, quien, a través del Oficio S-2014-
065377/ASJUR-INSGE-1.10 del 8 de octubre de 2014, le suministró copia41.

68. Por conducto del Oficio S-2014-109881/ADEHU-GRUAS-1.10 del 21 de
noviembre de 2014, el jefe del área de desarrollo humano, en respuesta a una petición
formulada el 27 de octubre del mismo año por un abogado, indicó que las vacantes

36 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 5 a 8.
37 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,

pp. 46 a 55.
38 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 21 a 28.
39
Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,
pp. 32 a 36 y 57 a 87.
40 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,

p. 56.
41 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 9 a 15.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

para los ascensos de oficiales las fijaba el Gobierno nacional cada año a través de un
decreto de planta, para ese año el Decreto 294 de 2014; y que la recomendación ante
el Gobierno nacional de los oficiales superiores en el grado de mayor para que
realizaran el concurso previo de ascenso se efectuaba a través de un procedimiento
de evaluación de la trayectoria profesional para lo cual se acudía a la historia laboral
de cada oficial42.

69. El mencionado Decreto 294 de 2014 modificó la planta de oficiales, nivel
ejecutivo, suboficiales, agentes y auxiliares de la Policía Nacional. En relación con la
categoría de oficiales en el grado de coroneles se estableció una planta de 224 para
la vigencia 2014 (febrero) y a partir del 1.° de diciembre de ese año quedaría
constituida por 289 coroneles43.

70. El 19 de diciembre de 2014 el señor Wenceslao Ferrín Rengifo presentó
petición al general de la Policía Nacional José Ángel Mendoza Guzmán, para obtener
certificación de su agenda laboral del 9 al 12 de junio y el 4 de septiembre de 2014;
frente a lo cual, con Oficio S-2015- 000256 REGI6-COMAN-38.10 del 2 de febrero de
2015, dicho oficial le informó que para tales fechas se encontraba en Medellín, en
ejercicio de sus funciones como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá44.

71. El señor Wenceslao Ferrín Rengifo solicitó el 22 de diciembre de 2014 a la
subdirectora general de la Policía Nacional Luz Marina Bustos Castañeda certificación
de su agenda laboral del 9 al 12 de junio y 4 de septiembre de 201445. Por medio del
Oficio S-2014-143037/SUDIR-GRASE-29 del 24 de diciembre de 2014, se entregó a
Wenceslao Ferrín Rengifo copia de la agenda de la subdirectora general y se precisó
que los eventos programados para los aludidos días habían podido ser modificados,
ajustados o reprogramados, por actividades no previstas, de acuerdo con las
ocupaciones y prioridades del servicio46.

72. Con memorial del 22 de diciembre de 2014, el señor Wenceslao Ferrín Rengifo
solicitó al director de Policía Nacional certificación sobre las horas de inicio y
finalización de las actividades realizadas en la sala de juntas de la subdirección
general de esa institución los días 9 y 10 de junio de 2014, y en el salón general
Santander de la dirección general de la Policía Nacional el 11 de junio de 201447.

73. Por el Oficio S-2014-003097/ADEHU-GRUAS-1.10 del 6 de enero de 2015, el

42 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 47 y 48.
43 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 49 a 56.
44 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 17 a 20.
45
Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,
pp. 37 a 39.
46 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,

pp. 40 a 45.
47 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 42 a 44.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

jefe del área de desarrollo humano de la Policía Nacional dio respuesta a la anterior
petición, en el sentido de señalar que el 9 y 10 de junio de 2014 en la sala de juntas
de la subdirección general de la Policía Nacional se reunió la junta de evaluación y
clasificación para oficiales en razón al procedimiento de la evaluación de la trayectoria
profesional de los oficiales superiores, situación que quedó plasmada en el acta 007
ADEHU-GRUAS-2.25; y el 11 de junio de 2014 en el salón general Santander de la
dirección general de la institución se llevó a cabo la junta de generales en atención al
mismo procedimiento, lo cual se consignó en el acta «002» ADEHU-GRUAS -2.2548.

74. Mediante escrito del 30 de diciembre de 2014, el apoderado de Wenceslao
Ferrín Rengifo pidió se le informara la razón por la que no pudo cambiar la decisión
ante el Gobierno nacional para que realizara el curso de ascenso a coronel49.

75. A través del Oficio S-2015-019935/INSGE-ASJUR -1.10 del 26 de enero de
2015, el inspector general de la Policía Nacional, en atención a la anterior solicitud,
indicó que la junta de evaluación y clasificación para oficiales de la Policía Nacional
estudiaba la trayectoria profesional de los oficiales para seleccionar y recomendar el
personal para curso de capacitación de ascenso ante la junta de generales, la cual
presenta propuesta ante la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional, que finalmente recomienda al gobierno los oficiales superiores que
debían asistir a dichos cursos, de acuerdo con el parágrafo del artículo 22 del Decreto
Ley 1791 de 2000, el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución 3593 del 2 de octubre
de 2001 y el numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de 200050.

76. El 13 de enero de 2015, conforme al acta 002-APROP-GRURE3-22, se reunió
la junta asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional con el fin de realizar
la evaluación sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios, entre otros oficiales,
de Wenceslao Ferrín Rengifo, en la que se advirtió que su trayectoria profesional se
evaluó en el año 2014, según el Oficio S-2024-211108-GUPOL-1-10 del 7 de junio de
2014, con el cual se comunicó las decisiones en torno al asunto, para concluir que no
superó la evaluación de trayectoria policial, por lo que no era dable que pudiera
ascender en la escala policial, conforme al Decreto 1791 de 2000, y, en ese sentido,
resultaba oportuno recomendar el retiro por la mencionada causal como herramienta
útil para la renovación de la estructura piramidal de la institución51.

77. Por Decreto 703 del 16 de abril de 2015, el presidente de la República retiró del
servicio activo de la Policía Nacional al teniente coronel Wenceslao Ferrín Rengifo,
por llamamiento a calificar servicios, en atención a que, en sesión del 13 de enero de
2015, protocolizada en acta 002-APROP-GRURE3-22, la junta asesora del Ministerio

48 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 45 y 46.
49
Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,
pp. 29 a 38.
50 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 03. Anexos-fl.118-211,

pp. 39 a 41.
51 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,

pp. 20 a 31.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
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de Defensa para la Policía Nacional así lo recomendó52.

78. En el aludido acto se citaron apartes de la mencionada acta, en la que se
invocaron las normas y jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación, para
señalar que, además de contar con 24 años, 2 meses y 9 días de servicios, para ser
beneficiario de asignación de retiro, su trayectoria profesional fue valorada por la junta
de evaluación y clasificación para oficiales de la Policía Nacional en sesión del 9 y 10
de junio de 2014, en la que se acordó por unanimidad no recomendar su selección
ante la junta de generales de esa institución para el curso de capacitación de ascenso,
la cual, a su vez, en sesión del 11 del mismo mes decidió tampoco proponerlo ante la
junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional para curso de ascenso de coronel,
que igualmente se reunió el 12 de junio de 2014 y coincidió en la misma determinación.

79. El citado decreto fue notificado el 23 de abril de 2015 al señor Wenceslao Ferrín
Rengifo53.

3.5. Caso concreto.

80. La parte apelante controvierte la legalidad del Decreto 703 del 16 de abril de
2015, que retiró del servicio activo al señor Wenceslao Ferrín Rengifo por llamamiento
a calificar servicios, en resumen, al estimar que, pese a estar motivado en la valoración
de su trayectoria profesional por las correspondientes juntas, realmente no se realizó
un examen al respecto, por cuanto hubo irregularidades en las sesiones en las que se
estudió; además de que se quebrantó su derecho a la igualdad frente a 5 oficiales que
sí obtuvieron cambio de decisión favorable frente al curso de ascenso, aunque existían
más vacantes para el grado de coronel, por lo que no se cumplieron los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad invocados en el acto acusado, pues él contaba con
las calidades profesionales y la actitud del servicio para ser seleccionado.

81. Sobre el particular, sea lo primero precisar que si bien las actas de las juntas de
evaluación y clasificación para oficiales, de generales y asesora del Ministerio de
Defensa para la Policía Nacional comportan actos preparatorios54, que no son pasibles
de juzgamiento, al servir de fundamento del acto administrativo de retiro del servicio,
pueden valorarse por parte del juez para establecer la legalidad de dicha decisión55.

82. Ahora bien, el Decreto 703 del 16 de abril de 2015, objeto de demanda, tuvo
como sustento la recomendación de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional acerca del retiro del servicio activo del teniente coronel Wenceslao
Ferrín Rengifo por llamamiento a calificar servicio.

52 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,

pp. 5 a 11.
53 Samai, índice 2, ED_CORREORADI_RVENVIOEXPEDIENTE(.MSG), expediente digital, 02. Anexos-fl23-117,

p. 19.
54 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado

76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).

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83. La sesión de dicha junta se realizó el 13 de enero de 2015 (acta 002-APROP-
GRURE3-22), en la que se advirtió sobre las decisiones adoptadas en torno a la
evaluación de trayectoria policial del oficial por parte de la junta de evaluación y
clasificación para oficiales los días 9 y 10 de junio de 2014 (acta 007), la junta de
generales de la Policía Nacional el 11 del mismo mes (acta 002) y la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para esa institución policial el 12 de junio de 2014 (acta
020), en las que no se recomendó su selección para el curso de ascenso a coronel,
por lo que al no poder ascender en la escala policial, tener derecho a la asignación de
retiro56 y en aras de la renovación de la estructura piramidal de la institución, era
recomendable su retiro por la aludida causal.

84. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines
de la figura del llamamiento a calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de
2016 de la Corte Constitucional, en la que se argumentó que:

Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite,
con el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera
cuando se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la
dignidad propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la
institución disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los
miembros de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la
recomendación de la Junta Asesora que corresponda.

85. En consecuencia, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 1.° y 3.°
de la Ley 857 de 2003, esto es, el concepto previo de la junta asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para la Policía Nacional, y la consolidación del derecho a la
asignación de retiro, por lo que no se advierte falsa motivación del acto administrativo
acusado.

86. No obstante, como se dejó anotado, la parte demandante sustentó la falsa
motivación y la desviación de poder en el hecho de que realmente no se realizó un
examen de su trayectoria profesional, en primer lugar, al haberse presentado
irregularidades en la sesión de la junta de evaluación y clasificación para oficiales
realizada el 9 y 10 de junio de 2014, dado que el acta en la que quedó registrada (007
-ADEHU-GRUAS-2.25) contendría inconsistencias, porque algunos de sus integrantes
se encontraban en otras actividades, conforme a sus agendas laborales.

56 Al contar con 24 años, 2 meses y 9 días de servicios. Conforme al artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, «Los

Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro […]».

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87. En lo concerniente a este aspecto, se observa que en la aludida sesión se
efectuó el estudio de la trayectoria profesional de 80 tenientes coroneles aspirantes al
curso de capacitación para ascenso en el segundo semestre de 2014, entre los cuales
se hallaba el señor Wenceslao Ferrín Rengifo, en la que se decidió no recomendarlo.

88. En el acta 007 -ADEHU-GRUAS-2.25, que contiene el registro de tal sesión, se
anotó que inició el 9 de junio de 2014 a las 16:30, se suspendió a las 19:30 y se reanudó
el día 10 siguiente a las 14:00, la cual fue suscrita por la subdirectora general de la
Policía Nacional Luz Marina Bustos Castañeda y la secretaria de la junta. Por su parte,
en el registro de asistencia se señaló que en este último día la reunión empezó a las
14:15, el cual fue suscrito por el inspector general Yesid Vásquez Prada, el director de
la «DISEC» Jorge Hernando Nieto Rojas, el director de la «DITAH» Miguel Ángel
Bojacá Rojas, el director de «DIRAF» Luis Eduardo Martínez Guzmán y el secretario
general Ciro Carvajal Carvajal.

89. Para el 10 de junio de 2014 también se convocó a la junta de traslados de
oficiales superiores, cuya sesión transcurrió de las 14:30 a las 18:00, según el acta 009
de la fecha, a la cual asistieron, entre otros, la subdirectora general de la Policía
Nacional Luz Marina Bustos Castañeda, el inspector general Yesid Vásquez Prada, el
director de seguridad ciudadana Jorge Hernando Nieto Rojas y el director de talento
humano Miguel Ángel Bojacá Rojas, pero el registro de asistencia, pese a que coincide
con la hora inicial y la fecha señalada en el acta, no contiene hora de finalización ni el
número del acta al que corresponde.

90. Por lo tanto, aunque los últimos cuatro oficiales parecen haber asistido
simultáneamente a las juntas de evaluación y clasificación para oficiales y la de
traslados de oficiales superiores realizadas el 10 de junio de 2014, no es dable
determinar con certeza si finalmente fue dentro del mismo horario, en razón a los datos
faltantes en el registro de asistencia de la segunda de las juntas mencionadas.
Además, aunque en el proceso se aportaron sus agendas laborales, en las que aparece
el registro de esas juntas, lo cierto es que también obra Oficio S-2014-143037/SUDIR-
GRASE-29 del 24 de diciembre de 2014, en el que se indicó que estaban sujetas a
modificaciones y era posible que se incluyeran por actividades no previstas, de acuerdo
con las ocupaciones y prioridades del servicio57.

91. Por otra parte, en relación con el general José Ángel Mendoza Guzmán, se
precisa que, aunque en el Oficio S-2015- 000256 REGI6-COMAN-38.10 del 2 de
febrero de 2015 se indicó que para las fechas señaladas por el demandante en su
petición (9 al 12 de junio y 4 de septiembre de 2014) se encontraba en Medellín como
comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se observa que suscribió
el registro de asistencia a la sesión del 11 de junio de 2014, como integrante de la junta
de generales de la Policía Nacional, consignada en el acta 002-ADEHU-GRUAS-2.25
de la fecha, en la que se resolvió no proponer para curso de ascenso de coronel, entre

57
En similar sentido se pronunció esta Subsección, al resolver un caso análogo, en sentencia del 23 de octubre
de 2025, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024), M. P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.

22

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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

otros, al teniente coronel Wenceslao Ferrín Rengifo; documento que vale anotar no ha
sido tachado de falso.

92. En este orden de ideas, carece de asidero fáctico la afirmación de los
demandantes acerca de que «realmente nunca se hizo el estudio exhaustivo de la
evaluación de la trayectoria profesional» de Wenceslao Ferrín Rengifo, porque algunos
integrantes de las juntas de evaluación y clasificación para oficiales y de generales de
la Policía Nacional se encontraban en otras actividades, pues, además de que las
correspondientes actas están debidamente suscritas por ellos, las agendas aportadas
por sí solas no dan cuenta de la coincidencia entre otras labores y el desarrollo real de
esas sesiones. En similar sentido se pronunció esta Subsección, en sentencia del 23
de octubre de 202558, en un litigio análogo al presente, en los siguientes términos:

121. Por lo tanto, no podría concluirse que no participaron en las sesiones, pues las
agendas pueden variar dependiendo de muchos factores. Por el contrario, se observa
que en el Acta 007 se dejó constancia de que por unanimidad se resolvió por la junta
de evaluación y clasificación no recomendar al demandante para el curso de ascenso,
la cual fue suscrita, entre otros, por los mayores generales Yesid Prada Vásquez,
Jorge Hernando Nieto Rojas y Miguel Ángel Bojacá Rojas.

122. Se destaca que la agenda de los referidos oficiales de la Policía Nacional, no
resultan ser una prueba fehaciente y contundente para acreditar la presunta
irregularidad señalada por el demandante en la expedición de las actas 007 del 9 y 10
de junio de 2014 y 009 del 10 de junio de esa anualidad.

123. En un caso similar al presente, esta Sección en sentencia del 3 de septiembre de
202059, consideró lo siguiente respecto de la asistencia a las sesiones en la que se
emitieron las actas 007 del 9 y 10 de junio y 002 del 11 de junio de 2014, aquí
cuestionadas:

«Pese a que la parte actora expone que los generales de la Policía Nacional, Yesid
Vázquez Prada, José Ángel Mendoza Guzmán y Luz Marina Bustos Castañeda
no estuvieron presentes en las sesiones en las que se celebraron las Actas 007
de 9 y 10 de junio y 002 de 11 de junio de 2014, lo cierto es que fueron firmadas,
lo cual deja entrever que estuvieron de acuerdo con la decisión adoptada. Aunado
a lo anterior, la información que suministraron los servidores públicos al
demandante sobre su presencia en las citadas sesiones con fundamento en el
Sistema de Información de la Subdireción General, estaba sujeta a modificaciones
o ajustes, de tal forma que era posible incluirse actividades no registradas en el
sistema, de acuerdo con las ocupaciones y prioridades del servicio, como lo señaló
la misma entidad. En ese orden de ideas, las actas fueron expedidas por la
respectiva Junta sin que se observara alguna contradicción con la realidad o
inconsistencia en la información registrada y lo ocurrido.» [Se subraya]

124. Así las cosas, es necesario precisar que quien pretende desvirtuar la legalidad
del acto administrativo demandado le corresponde demostrar que la motivación de

58
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado
76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).
59 Expediente: 52001-23-33-000-2016-00229-01 (0245-18).

23

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Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

aquel no se ajusta a los parámetros legales, que está viciado de desviación de poder,
falsa motivación o cualquier otra irregularidad.

93. En lo referente al presunto quebranto del derecho a la igualdad, dado que,
aunque existían vacantes suficientes para el grado de coronel, solo cinco (5) oficiales
sí obtuvieron cambio de decisión favorable frente al curso de ascenso, se precisa que
en el acta 027 -ADEH-GRUAS-2.25 del 4 de septiembre de 2014, la junta asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, al confirmar la decisión adoptada en el
acta 020-ADEHU-GRUAS-2.25 del 12 de junio de 201460, trajo a colación apartes
jurisprudenciales del Consejo de Estado, con el fin de concluir que la selección para
tales cursos se realizaban en ejercicio de la facultad discrecional y bajo los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, de acuerdo con las condiciones de mérito de los
aspirantes, por lo que de modo alguno sustentó su decisión en una falta de vacantes.

94. Resulta oportuno precisar que, si bien es cierto que la existencia de vacantes
puede ser determinante a la hora de seleccionar los aspirantes a los respectivos cursos
de capacitación para ascenso, también lo es que no constituye la única razón para
elegirlos, pues, además, están de por medio las razones de necesidad y conveniencia
institucionales, que inspiran el ejercicio de la facultad discrecional en la adopción de
este tipo de decisiones, cuya finalidad es la renovación de personal, busca garantizar
la dinámica de la carrera de los uniformados y constituye una herramienta de relevo y
permeabilización en pro del mejoramiento y excelencia institucional. Sobre este
aspecto, en la sentencia del 12 de junio de 202561, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación reiteró que:

30. La jurisprudencia del Consejo de Estado62 ha sostenido que la discrecionalidad de
las Juntas de Evaluación y Clasificación para recomendar al personal para ascenso es
una herramienta legítima de gestión institucional que permite valorar factores como la
confianza, la proyección de liderazgo, la idoneidad técnica, la capacidad para la toma
de decisiones estratégicas y la adaptación a las exigencias del servicio, además de los
antecedentes disciplinarios o penales. En este sentido, el ingreso y permanencia en la
carrera policial otorgan a sus integrantes una estabilidad relativa, pero no confieren un
derecho adquirido al ascenso, ya que este depende de una valoración integral
realizada por la administración y no exclusivamente de la antigüedad o de la ausencia
de sanciones.

31. La estructura piramidal de la planta de personal en la Policía Nacional impide que
todos los oficiales accedan a la cúpula de mando, lo cual hace necesario un proceso
de selección riguroso, basado en criterios de mérito, perfil profesional, confianza
institucional y existencia de vacantes. […]

60 De no recomendar a Wenceslao Ferrín Rengifo para la realización del curso de ascenso a coronel.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2014-00316-01 (1929-2021).
62 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2009.

Rad. 11001-03-25-000-2005-00002-00 (0145-05); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 26 de noviembre de 2009. Rad. 25000-23-25-000-2001-12161-01 (0794-07); Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de mayo de 2017. Rad. 66001-23-33-000-2013-00362-01(5030-14);
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2020. Rad. 11001-03-25-000-
2016-00177-00 (0881-16); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de
2023. Rad. 19001-23-33-000-2017-0048-01 (2368-2022); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 22 de mayo de 2025. Rad. 25000-23-42-000-2021-00379-01 (3014-2024).

24

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

95. En lo que atañe al cambio de decisión respecto de cinco (5) oficiales, que en
principio no habían superado el examen de trayectoria profesional y fueron
recomendados en la sesión de la junta asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional, según quedó registrado en el acta 020-ADEHU-GRUAS-2.25 del 12
de junio de 2014, en criterio de los demandantes, al parecer, por orden del entonces
ministro de defensa; en efecto, el artículo 60 del Decreto 1512 de 2000 establece que:

Artículo 60. Recomendaciones de las Juntas Asesoras. Las conclusiones de las Juntas
se consignarán en forma de recomendaciones, que no podrán ser modificadas sino
por el Ministro de Defensa Nacional. En los demás casos, las modificaciones deberán
ser autorizadas por la respectiva Junta Asesora.

96. Por consiguiente, en virtud del mandato contenido en la precitada norma, el
ministro de defensa se encuentra facultado para modificar las recomendaciones de
las juntas asesoras, sin que se exija algún requisito en particular para el ejercicio de
esa potestad. Por lo anterior, no se advierte la vulneración del derecho a la igualdad
alegada por la parte demandante63.

97. En este orden de ideas, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente
no existe evidencia que permita concluir que las recomendaciones de las juntas de
evaluación y clasificación para oficiales, de generales de la Policía Nacional y asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para esa institución policial respondieron a motivos
ajenos a los fines constitucionales del servicio. En esa medida, la Sala considera que
en esta oportunidad la existencia del tiempo de servicio requerido y del concepto
previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa impide inferir un propósito
diferente al que la ley contempla.

98. Lo anterior, porque la desviación de poder debe tener un definido respaldo
probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que la
administración tuvo para expedir el acto enjuiciado son ajenos a los que la ley señala
para tal efecto.

99. En este punto, la Sala reitera que el buen desempeño del cargo no se traduce
en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la fuerza
pública para acudir a la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios. De
manera tal que las circunstancias atinentes a las felicitaciones, condecoraciones,
buenas calificaciones y ausencia de sanciones en el ejercicio del cargo, como esta
corporación lo ha sostenido, no generan por sí solas fuero de estabilidad en el
empleo64. La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las
funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia, pues lo
normal es el cumplimiento de los deberes por parte del funcionario.

63 A igual conclusión arribó esta Subsección en un caso similar, en la sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso

con radicado 76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024), M. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 20120, expediente 05001-

23-31-000-2002-00428-01 (0871-11).

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

100. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados
por la parte demandante; por el contrario, se concluye que fue expedido con apego a
las condiciones exigidas en el Decreto Ley 1791 de 2000 y la Ley 857 de 2003 para
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.

3.6. Conclusión

101. La Subsección concluye que el retiro del entonces teniente coronel Wenceslao
Ferrín Rengifo por la causal de llamamiento a calificar servicios se ajustó a las
exigencias establecidas en el Decreto Ley 1791 de 2000 y la Ley 857 de 2003, por
cuanto se acreditó que el oficial contaba con el tiempo mínimo de servicio requerido
para acceder a la asignación de retiro y medió concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa, presupuestos habilitantes para la expedición del acto, sin que
se haya comprobado que esa decisión obedeció a hechos inexistentes, erróneos o
ajenos a los fines previstos por la ley. En consecuencia, se confirmará la sentencia
apelada, que negó las pretensiones de la demanda.

3.7. Costas

102. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario65 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de

65
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01239-01 (3604-2021)
Demandantes: Wenceslao Ferrín Rengifo y otros
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 25 de marzo de 2021, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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