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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01301-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01301-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 16 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Olga Lucía Pinzón Hernández contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar. Segundo: Sin condena en costa en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01301-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

22 de septiembre de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandante: OLGA LUCÍA PINZÓN HERNÁNDEZ
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Temas: Reajuste de asignación básica de personal de la
Dirección General de Sanidad del Ministerio de
Defensa. Aplicación de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019. Empleo de servidor
misional del Ministerio de Defensa no asimilable a
nivel asesor de la planta de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-163-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 16 de noviembre de 2017 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Olga Lucía Pinzón Hernández, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar que el régimen salarial previsto para el personal de la Dirección
General de Sanidad del Ministerio de Defensa, es el contemplado en el
artículo 3, numeral 6 del Decreto 3062 de 1997, es decir, el advertido
para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

2. Declarar la nulidad del Oficio 397119 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.10
del 13 de octubre de 2015 proferido por la Dirección General de Sanidad
Militar, mediante el cual se denegó la petición de la demandante tendiente
a obtener el reconocimiento y pago de su asignación básica conforme a lo
previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.

3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada,
reliquidar y pagar la asignación básica de la señora Olga Lucía Pinzón
Hernández de conformidad con los preceptos del artículo 3, numeral 6 del

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
2
Folios 92 vuelto a 93.

2
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

Decreto 3062 de 1997, esto es, con el reconocimiento de las diferencias
resultantes entre lo devengado por aquella y las remuneraciones fijadas
para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional desde su
ingreso a la entidad como personal civil no uniformado, según los
decretos expedidos para tal efecto anualmente, bajo el entendido de que
aquella se encuentra en el nivel asesor, lo que arroja un saldo pendiente
de pago de $286.309.016.

4. Conminar a la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de
Sanidad Militar a indexar y ajustar las prestaciones sociales percibidas
por la demandante con base en los nuevos valores que se determinen
para su asignación básica, así como cualquier otro emolumento que
dependa de dicho ingreso mensual reliquidado.

5. Condenar a la autoridad demandada a pagar la sanción moratoria de un
día de salario por cada uno de retraso en el abono adecuado y completo
de las cesantías reconocidas a la señora Pinzón Hernández.

6. Ordenar a la parte pasiva cumplir la sentencia conforme a los artículos
192 y siguientes del CPACA, así como al pago de gastos y costas
procesales a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes3

1. La señora Olga Lucía Pinzón Hernández fue nombrada en el cargo de
servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 10 de la planta
global del Ministerio de Defensa, según la Resolución 0323 del 5 de junio
de 1996, cargo para el cual tomó posesión desde el 26 de junio del
mismo año, el cual a su vez se encuentra en el nivel asesor de
conformidad con el Manual General de Funciones de Empleados Públicos
de 2010, contenido en la Resolución 0598 del 14 de mayo de dicha
anualidad.

2. La libelista percibe a la fecha de presentación de la demanda (10 de
marzo de 2016), una asignación básica determinada por los parámetros
fijados por el Gobierno Nacional en los decretos salariales aplicables al
personal civil del Ministerio de Defensa, en los cuales se precisan ciertos
valores que distan frente a los previstos para el personal de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.

3. La demandante presentó petición el 22 de septiembre de 2015 ante el
Ministerio de Defensa, Comando General, Dirección General de Sanidad
de las Fuerzas Militares, ello con el fin de que se reliquidara su asignación
básica en atención al artículo 3, numeral 6 del Decreto 3062 de 1997, es
decir, con base en la remuneración mensual prevista para los empleados
de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

4. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio del 397119 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.10 del 13 de octubre
de 2015.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia

3
Folios 89 a 92.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 21 de marzo de 2017.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

«[…] El apoderado de la entidad demandada en el escrito de contestación a la
demanda propone la excepción de caducidad […]

En la demanda se está solicitando la reliquidación de la asignación básica y las
prestaciones sociales, las que constituyen prestaciones periódicas, por lo tanto
en el presente asunto no opera el fenómeno jurídico de la caducidad.

Ahora, es de precisar que el acto administrativo demandado es un acto particular
plausible de ser atacado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que lo argumentado por la parte demandada en la excepción,
deberá analizarse en la decisión de fondo.

Con apoyo en lo anterior, se RESUELVE: Declarar no probada la excepción de
caducidad propuesta por la entidad demandada. […]» (Folios 148 a 149 y en
CD obrante a folio 151).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Determinar si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento,
liquidación y pago de la asignación básica de conformidad con lo establecido en
el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997, y como consecuencia de lo
anterior a la indexación, reliquidación y pago de las prestaciones sociales
devengadas en su condición de personal civil perteneciente a la planta de
personal del sector defensa, y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por el pago incompleto de las cesantías, de conformidad con la normativa
reguladora de la materia y los hechos debidamente probados. […]» (Folio 149 y
en CD que reposa a folio 151).

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 16 de noviembre de 2017, por medio de
la cual denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Indicó que en virtud de las facultades otorgadas al presidente de la República
para organizar el sistema de salud de las Fuerzas Militares, se expidió el
Decreto 1301 de 1994, mediante el cual se crearon ciertas instituciones
como establecimientos públicos del orden nacional adscritos al Ministerio de
Defensa Nacional, a los cuales fueron incorporados los servidores públicos

5
Folios 205 a 211.

4
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

que prestaban sus servicios a la Dirección de Sanidad Militar, a partir del 1.°
de marzo de 1996, como en efecto sucedió con la señora Pinzón Hernández.

Ahora, en relación con el régimen salarial de este personal, citó el artículo 56
de la Ley 352 de 1997, para exponer que al reorganizarse el servicio de
sanidad militar y de policía, los empleados tuvieron un nuevo régimen de
conformidad a las normas que se dictaren por el Gobierno Nacional, para la
respectiva entidad descentralizada. Por lo que se remitió al Decreto 3062 de
1997, el cual en su artículo 3 estableció los lineamientos de la incorporación
de los empleados públicos y trabajadores oficiales a las plantas del personal
de salud que se crearon para el Ministerio de Defensa Nacional.

Con base en lo anterior, adujo que lo pretendido por la demandante es que le
sea aplicado el régimen salarial previsto en el numeral 6 del Decreto 3062
ejusdem, esto es, aquel previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
orden nacional. Por tanto, manifestó que debía efectuarse una distinción
entre el régimen salarial y la asignación básica que se devengue en las
distintas entidades, toda vez que las asignaciones salariales dependen
exclusivamente de la clase de empleos, como de las funciones a desarrollar,
y ello, por consecuencia lógica, se encuentra enmarcado dentro de las
funciones de cada ente; motivo por el cual no es posible realizar
equivalencias entre las asignaciones básicas, no así en cuanto al régimen de
los elementos que la integran.

En todo caso, recordó que el presidente de la República puede señalar el
régimen salarial de manera diferente en las entidades públicas, para lo cual
deberá observar la naturaleza y el objeto de las mismas, así como las
responsabilidades y obligaciones de cada empleo, ello, en cumplimiento de
la Ley 4ª de 1992.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, y se
abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante presentó recurso de alzada contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada, y en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto consideró que la
argumentación del a quo para fundamentar su negativa va en contravía de
los supuestos normativos contenidos en la Ley 352 de 1997 y el Decreto
3062 del mismo año, en la medida que resulta ilógico concebir que a un
funcionario le sea aplicada una tabla salarial distinta de la naturaleza jurídica
del régimen salarial previsto para aquel, pues dicha situación violenta el
principio de inescindibilidad de la ley, al imponer aplicaciones parcializadas
en materia salarial.

Agregó que, contrario sensu a lo afirmado por el juez de primera, la Ley 1033
de 2006 nunca concibió facultades para reformar la regulación sobre la
remuneración del personal sometido a condiciones especiales, sino que
únicamente otorgó la competencia para regular aspectos relacionados con la
nomenclatura y clasificación de los empleos que integran el sector defensa.
Para lo cual citó el artículo 72 del Decreto 091 de 2008, a partir del cual, se
evidencia que se mantienen vigentes los regímenes salariales como el de los
servidores que laboran en la Dirección General de Sanidad Militar.

Seguidamente indicó que la creación de un nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de cargos no puede conllevar necesariamente a que la

6
Folios 218 a 227.

5
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

Administración modifique un régimen salarial, puesto que es diferente la
estructura organizacional de una dependencia respecto de la determinación
remunerativa que rige a los funcionarios que la integran. Si a su vez se tiene
en cuenta que dicha variación efectuada agravó la situación salarial de la
demandante, lo cual desconoce las normas especiales y favorables que
aplican sobre la materia, además del principio de progresividad contenido en
el artículo 19 del Decreto 092 de 2007.

Continuó su razonamiento al exponer que, una vez la señora Pinzón
Hernández fue posesionada como servidor misional en sanidad militar,
aquella debía ser remunerada como asesor de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, pues ambos cargos guardan relación idéntica en cuanto a la
funcionalidad desempeñada, de modo que no se genera duda alguna sobre
su derecho a percibir una remuneración salarial bajo los parámetros que el
legislador ha concebido para este último grupo de empleados bajo dicha
calidad.

Para reforzar su afirmación, efectuó un comparativo entre las asignaciones
básicas devengadas por la libelista año a año paralelamente con cada uno
de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para los empleados del
Ministerio de Defensa y la Rama Ejecutiva, para argüir que no se concibe de
qué manera intempestivamente le fue desmejorado y modificado su régimen
salarial, pues precisó que a partir del 2009 la administración debía reconocer
el salario en aplicación de las prerrogativas previstas para este último
precitado grupo del orden nacional, como en efecto lo había realizado desde
antes de la reestructuración de la planta del personal.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante7: solicitó que fueran tenidos en consideración los
argumentos esbozados en la alzada, así como los reiterados
pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el supremo órgano de lo
contencioso administrativo, en el sentido de establecer que aquellos
empleados que fueron vinculados a partir de la expedición del Decreto 1301
de 1994, son gobernados por el régimen salarial de la Rama Ejecutiva. Para
tal efecto, citó sendas providencias proferidas por la Sección Segunda de
esta Corporación, entre las cuales se resaltan las del 25 de junio de 2015,
con radicado interno 3469-2013 y del 19 de febrero de 2018, con radicado
interno 2417-2015.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 250.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo la formuló
la parte demandante.

Problema jurídico

7
Folios 246 a 249.

6
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿La señora Olga Lucía Pinzón Hernández tiene derecho a la reliquidación de
su asignación básica de acuerdo con el el artículo 3.°, numeral 6 del Decreto
3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el Gobierno
Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, ello
desde el año 2009 y bajo el planteamiento de que el cargo que ocupa en la
entidad demandada como servidor misional en sanidad militar, código 2-2,
grado 10, es del nivel jerárquico asesor para efectos de determinar el monto
de la remuneración a ajustar?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante no tiene
derecho al ajuste de su asignación salarial con base en el artículo 3.°,
numeral 6 del Decreto 3062 de 1997 para el período solicitado, toda vez que
conforme a la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019 proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación para casos como el particular,
el pago de la remuneración a aquella por parte de la entidad demandada, se
ha ajustado a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en dicha
providencia. Sobre este planteamiento se expone lo siguiente:

Acerca de la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019 del 12 de
diciembre de 2019 y su aplicabilidad al presente caso

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado, así como en el sustento argumentativo de la demanda, la contestación
y el recurso de apelación, se infiere que la señora Olga Lucía Pinzón
Hernández pretende la reliquidación de la asignación básica mensual que
devenga desde el año 2009, a fin de que sea igualada a la prevista para los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
conforme al artículo 3.°, numeral 6 del Decreto 3062 de 1997.

Lo anterior se deduce en la medida en que dentro del recurso de alzada se
esgrimió la siguiente afirmación al momento de efectuar la comparación
entre las asignaciones devengadas por los empleados públicos del sector
defensa y la Rama Ejecutiva: «[…] Recuérdese que el 27 de octubre de 2009,
fue posesionado (sic) en el cargo de SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD
CÓDIGO 2-2 GRADO 10, por ello no se concibe de qué manera, intempestivamente
le fue modificado su régimen salarial, máxime cuando la administración venía
reconociéndolo adecuadamente. A partir de los años siguientes sin norma que lo
facultara, la entidad procedió a cancelar los salarios de la demandante, únicamente
con las tablas aplicables para el personal civil no uniformado del ministerio de
defensa, debiendo hacerlo con las que aplican para el personal de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional, como en efecto se reconocía para 2007 a 2009 […]».
(Folio 227 anverso y reverso).

Por su parte, la entidad demandada sostiene que no ha existido detrimento
salarial de la libelista, habida cuenta de que le ha pagado la remuneración
de acuerdo con la normativa aplicable a cada vigencia hasta 2009 cuando el
marco regulatorio de su situación se concretó en el desarrollado para el
personal civil del Ministerio de Defensa, sin que se reporte afectación alguna
a las condiciones de la demandante.

Lo expuesto denota que, el objeto de la controversia en el sub lite consiste
en la determinación del régimen salarial que gobierna las condiciones
remunerativas del servicio prestado por la libelista al Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar, en calidad de empleada perteneciente
al personal civil no uniformado de la salud adscrito a la referida autoridad de
conformidad con la Ley 352 de 1997 y posteriores.

7
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

Pues bien, bajo dicho entendido se resalta que la Sección Segunda del
Consejo de Estado expidió sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-2019
del 12 de diciembre de 20198, por medio de la cual se fijaron las reglas
jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial de asuntos
como el analizado en dicha providencia y el que es objeto de examen en esta
oportunidad.

En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo
de su parte resolutiva9, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de
definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos
de dicha providencia.

Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre la situación
jurídica laboral, salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Ministerio de Defensa en vigencia de la Ley 100 de 1993, así como en virtud
de la organización del sistema de salud de las Fuerzas Militares conforme al
Decreto Ley 1301 de 1994, al igual que ante la supresión del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y la posterior creación de la Dirección General
de Sanidad de acuerdo con la Ley 352 de 1997.

Igualmente, en la referida providencia se verificaron las consecuencias de la
unificación del régimen de administración de personal del personal civil
adscrito a los organismos y dependencias del sector defensa con base en la
Ley 1033 de 2006, y del mismo modo, los efectos del Decreto Ley 92 de
2007 que modificó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
del sector en comento, el cual contempló particularmente en materia salarial,
que los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa
continuarían regidos por la normativa anterior a este último precepto, pero
condicionado hasta que se materializara el ajuste de las plantas de personal.

Al respecto, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en comento frente al marco normativo aplicable a los casos como
el particular, se señaló lo siguiente:

«[…] 53. En resumen, se tiene entonces que el Presidente de la República
organizó el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, en virtud de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de
1993.

54. El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de 1994 (derogado por la Ley 352 de
1997) que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público, entidad descentralizada.

55. El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno
Nacional para los servidores vinculados a establecimientos públicos del orden
nacional, quienes, por hacer parte de un órgano descentralizado, NO se

8
Ídem.
9
El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Adviértase a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio
en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]». (Negrilla del texto original).

8
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

regían, en materia salarial, por las normas establecidas para el personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional.

56. Así pues, los empleados públicos, que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de 1994, se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa, y que
ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados
por el régimen salarial contemplado para dicho establecimiento público.

57. En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron
sometidos a la Ley 100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicaría el Decreto ley 2701 de 1988 y normas que lo
modificaran o adicionaran. Por otra parte, quienes se hubieran vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de
1990.

58. La Ley 352 de 1997 (derogó el Decreto Ley 1301 de 1994) creó la
Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando
General de las Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares, creado mediante el Decreto 1301 de 1994.

59. El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías
para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa; en materia prestacional se dispuso que los
vinculados “antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas
que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal
vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará
esta disposición” (art. 3, num.4). Y, en materia salarial señaló que a “los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen
salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional” (art. 3, num. 6) (Resaltado fuera de texto).

60. Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92
de 2007, y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración
del personal civil del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General
de Sanidad Militar, mediante la realización de las equivalencias de lo empleos
preexistentes frente la nueva planta que fue ajustada con la tabla de
organización “TO”, fijada en la Resolución 1453 de 2008. Así pues, el Decreto
4783 de 2008 ordenó la incorporación de los funcionarios de la Planta de
Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a quienes se
dispuso que continuarían “percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados”. […]». (Negrilla y cursiva del texto original).

En concreto, con base en los referidos postulados, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó una serie de reglas jurisprudenciales de obligatoria
observancia en casos como el sub iudice, las cuales se sintetizan de la
siguiente manera:

SUPUESTO
REGLAS DE UNIFICACIÓN
NORMATIVO

(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
1. Entre la vigencia Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas
del Decreto 1301 reguladas por el Gobierno Nacional para los servidores de los
de 1994 y de la Ley establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que
352 de 1997 estaban vinculados a un órgano del nivel descentralizado no se regían por
las normas reguladas para el personal civil del Ministerio de Defensa

9
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el
previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se
vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las
demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que
lo modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se
incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados
por el Decreto 1214 de 1990.

2. A partir de la (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
vigencia de la Ley Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud
352 de 1997, los del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto
empleados para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
públicos que antes Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
prestaban sus
servicios en el (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de
Instituto de Salud las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del
de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
Militares y que vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto
fueron 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
incorporados a la
planta de salud del Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Ministerio de se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia
Defensa Nacional, prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto
dejaron de 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
pertenecer al
sector
descentralizado

(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se
reajustaron las plantas de personal, se determinaron las equivalencias y se
fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no uniformados del
sector Defensa se empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
3. A partir de la
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
Ley 1033 de 2006
Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
se unificó el
Sanidad Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración
régimen de
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia
administración de
del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron
personal que se
incorporados.
aplica al personal
civil vinculado a
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
los organismos y
incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la
dependencias del
nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no
Sector Defensa.
uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
Por ello, los
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
empleos públicos
del Ministerio de Defensa Nacional.
del personal civil
no uniformado
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
asignados a la
equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema
Dirección General
de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
de Sanidad Militar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes
pertenecen a la
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para
planta de personal
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
del Ministerio de
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del
Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la
Ley 352 de 1997.

Determinación del régimen salarial aplicable a la demandante en
atención a las reglas de la sentencia de unificación del 12 de diciembre
de 2019 y la verificación de su situación particular

10
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

De conformidad con el marco jurisprudencial de unificación descrito, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

• La señora Olga Lucía Pinzón Hernández fue nombrada en provisionalidad
para ocupar el cargo de profesional universitario, código 3020-13,
odontóloga, de la planta de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares de la UPS Dispensario Médico en la Fuerza Aérea Colombiana,
ello según la Resolución 0323 del 5 de junio de 1996 proferida por el
director general de dicha institución (folio 4). Para tal efecto, aquella tomó
posesión del empleo el día 26 de junio de 1996, tal como se advierte de la
respectiva acta (folio 3).

• Posteriormente, de acuerdo con el acta de posesión que data del 15 de
enero de 1998 (folio 2), se evidencia que la demandante fue incorporada
en la planta del personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, a través de Resolución
00038 del 15 de enero de la misma anualidad, en el cargo de profesional
especializado, código 3010, grado 14.

• A partir del acta de posesión 1238/2009 del 27 de octubre de 2009 (folio
5), se extrae que la libelista fue nombrada mediante Resolución 1379 del
14 de octubre del mismo año, bajo el empleo de servidor misional en
sanidad militar, código 2-2, grado 10 en la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de
Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana.

• Mediante petición del 22 de septiembre de 2015 (folios 6 a 9), la señora
Pinzón Hernández solicitó ante el Comando General, Dirección de
Sanidad Militar, lo siguiente:

«[…] SEGUNDA: Se efectúe el reconocimiento, pago y liquidación de la
asignación de mis clientes, de conformidad con lo previsto en el numeral 6
del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, esto es, aplicando las asignaciones
básicas previstas para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos y cuyo detalle se
efectúa a continuación, recalcando particularmente que se ubican en el
NIVEL ASESOR de conformidad con lo previsto en el MANUAL
GENERAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2010
contenido en la resolución 0598 de 14 de mayo de 2010.

TERCERA: Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación
básica que viene percibiendo cada uno de mis clientes, dada su condición de
personal civil, perteneciente a la planta de personal de las entidades que
integran el sector defensa, aplicando debidamente lo previsto en el numeral
6 del artículo 3 del decreto 3062 de 1997, en el sentido de reconocer un
salario equivalente al previsto para los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, según los parámetros fijados por el gobierno desde 2007 y hasta
que el pago se haga efectivo, con los efectos económicos solicitados en las
demás peticiones, para cada uno de mis poderdantes y según se expresa en
los siguientes cuadros […]». (Negrilla y mayúscula conforme a la
transcripción).

• La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficio 397119 MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.10 del
13 de octubre de 2015 (folio 10), expedido por el director general de
Sanidad Militar, ello conforme a los siguientes argumentos:

«[…] El régimen salarial aplicable al personal de la Planta de Empleados
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad
Militar, establecida mediante Decreto 4783 de 2008, es el que fija las escalas

11
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

de la asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas, de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, por lo cual no hay lugar a indexar, reliquidar y ajustar las
prestaciones sociales de sus poderdantes, toda vez que las asignaciones
básicas han sido pagadas de conformidad con los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional. […]».

• Conforme a la certificación del 6 de octubre de 2015 suscrita por el
coordinador del grupo de talento humano de la Dirección General de
Sanidad Militar (folio 11), la señora Olga Lucía Pinzón Hernández
devengó desde 2006 a 2015 los siguientes valores:

AÑO 2006
SUELDO BASICO MENSUAL $1.651.429.00
AÑO 2007
SUELDO BASICO MENSUAL $1.725.744.00
AÑO 2008
SUELDO BASICO MENSUAL $1.823.939.00
AÑO 2009
SUELDO BASICO MENSUAL $1.963.836.00
AÑO 2010
SUELDO BASICO MENSUAL $2.003.113.00
AÑO 2011
SUELDO BASICO MENSUAL $2.066.612.00
AÑO 2012
SUELDO BASICO MENSUAL $2.169.943.00
AÑO 2013
SUELDO BASICO MENSUAL $2.244.590.00
AÑO 2014
SUELDO BASICO MENSUAL $2.310.590.00
AÑO 2015
SUELDO BASICO MENSUAL $2.418.255.00

Pues bien, al realizar el análisis comparativo de las asignaciones básicas
previstas desde 2009 a 2015 en: i) los decretos salariales de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, ii) los decretos salariales del
personal civil del Ministerio de Defensa y iii) la remuneración efectivamente
pagada a la libelista por ese mismo lapso, se advierte lo siguiente:

ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
ASIGNACIÓN
BÁSICA SEGÚN BÁSICA SEGÚN
BÁSICA
AÑO CARGO DECRETOS DECRETOS DIFERENCIA
PAGADA A LA
RAMA PERSONAL
DEMANDANTE
EJECUTIVA CIVIL
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 708 $451.912 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $1.963.836
$2.415.748 CONTRA)
ASESOR - RAMA
2009 (desde el
EJECUTIVA)
27 de octubre
Servidor misional en
al 31 de
sanidad militar, código 2-
diciembre)
2, grado 10 (NIVEL DECRETO 738
• $1.963.836 $0
ASESOR - PERSONAL $1.963.836
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1374 $2.187.526 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $2.003.113
$4.190.639 CONTRA)
ASESOR RAMA
EJECUTIVA)
2010 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 10 (NIVEL DECRETO 1529
• $2.003.113 $0
ASESOR - PERSONAL $2.003.113
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1031 $2.256.871 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $2.066.612
$4.323.483 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2011
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1049
2, grado 10 (NIVEL - $2.066.612 $0
$2.066.612
ASESOR - PERSONAL
CIVIL MINISTERIO DE

12
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

DEFENSA)

Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 853 $2.369.715 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $2.169.943
$4.539.658 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2012 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 10 (NIVEL DECRETO 0843
• $2.169.943 $0
ASESOR - PERSONAL $2.169.943
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1029 $2.451.233 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $2.244.590
$4.695.823 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2013 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 10 (NIVEL DECRETO 1020
• $2.244.590 $0
ASESOR - PERSONAL $2.244.590
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 199 $2.523.291 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $2.310.590
$4.833.881 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2014 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 10 (NIVEL DECRETO 190
• $2.130.590 $0
ASESOR - PERSONAL $2.310.581
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)
Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
DECRETO 1101 $2.640.885 (EN
2, grado 10 (NIVEL - $2.418.255
$5.059.140 CONTRA)
ASESOR - RAMA
EJECUTIVA)
2015 Servidor misional en
sanidad militar, código 2-
2, grado 10 (NIVEL DECRETO 1120
• $2.418.255 $0
ASESOR - PERSONAL $2.418.255
CIVIL MINISTERIO DE
DEFENSA)

Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que la demandante fue
vinculada en un principio al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares de la
UPS Dispensario Médico en la Fuerza Aérea Colombiana, desde el 26 de
junio de 1996, esto bajo el cargo de profesional universitario, código 3020-13,
odontóloga, de la planta de personal de dicha institución.

Posteriormente, aquella fue nombrada en la planta del personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea
Colombiana, para ocupar el empleo de profesional especializado, código
3010, grado 14, a partir del 15 de enero de 1998.

Ahora bien, del material probatorio enunciado, también se desprende que a
partir del 27 de octubre de 2009, la señora Olga Lucía Pinzón Hernández fue
incorporada a la planta de personal reestructurada de la Dirección General
de Sanidad Militar en calidad de servidor misional en sanidad militar, código
2-2, grado 10, según la Resolución 1379 del 14 de octubre de 2009, ello con
ocasión de la expedición del Decreto 4738 de 2008 que aprobó el ajuste y la
modificación de la aludida estructura de servidores del Ministerio de Defensa,
de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de empleos
especial de dicho sector, contemplado en los Decretos 092, 3034, 4803 de
2007 y 2127 de 2008.

Por consiguiente, según la regla jurisprudencial de la sentencia de unificación
del 12 de diciembre de 2019 elaborada para el tercer supuesto normativo10 y

10
(ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del
Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados

13
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

anunciada en la tabla referida, la cual se cumple en el presente caso con
base en lo relatado anteriormente, es dable asegurar que a partir del 27 de
octubre de 2009, la asignación básica de la demandante, en efecto es la
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa Nacional11.

Lo expuesto, dado que desde esa fecha la libelista se posesionó en el
empleo al que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura y
clasificación especial de la Dirección General de Sanidad Militar,
específicamente en el cargo de servidor misional en sanidad militar, código 2-
2, grado 10.

De acuerdo con este análisis, es posible asegurar que el 26 de octubre de
2009 fue el último día en el que la señora Pinzón Hernández desempeñó el
cargo de profesional especializado, código 3010, grado 14 de del Ministerio
de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana. Por ello, hasta esa data la
demandante tuvo derecho a la aplicación de los decretos salariales de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, sin que tal situación sea prorrogable o de
aplicación extensiva para anualidades posteriores como se insta en la
demanda, debido al cambio de su situación jurídica con el nuevo
nombramiento en un empleo regulado por su propia normativa expresa, lo
cual se encuentra avalado jurisprudencialmente.

Lo anterior, en la medida en que desde el 27 de octubre de 2009, aquella fue
incorporada a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 10, que corresponde
al nivel asesor (artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007), plaza con base en la
cual, según se aprecia del cuadro comparativo desarrollado anteriormente,
percibió la remuneración fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional conforme al
precitado nivel y grado correspondientes, sin que se reporte ningún tipo de
diferencia entre el monto de la asignación fijada y la pagada efectivamente,
lo cual se ajusta a la señalada regla de unificación interpretativa, y por lo
tanto convalida la legalidad del acto administrativo cuestionado al negar la
reliquidación reclamada.

Empero, al margen de lo esbozado hasta este punto, lo cierto es que la parte
apelante en su recurso sostuvo que la situación particular que debe tenerse
en cuenta desde el año 2009 para efectos salariales conforme a sus
pretensiones, es que el último cargo desempeñado por la demandante
corresponde al de servidor misional en sanidad militar, cuyo nivel es el de
asesor según el Manual General de Funciones de Empleados Públicos de
2010, contenido en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010, por lo que
aseguró que debía tenerse en cuenta el valor de la asignación de aquel
orden jerárquico y grado prevista por el Gobierno Nacional en los decretos
que fijan la remuneración de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
nacional y no el señalado para el personal civil no uniformado del Ministerio
de Defensa.

Al respecto, en primer lugar se destaca que el hecho de asumir tal
planteamiento sería tanto como predicar una nivelación salarial, que al
mismo tiempo implica la acreditación por parte de quien la alega de una
vulneración al principio de igualdad en materia laboral, basada en un
tratamiento discriminatorio ante una situación concreta equiparable en
materia de funciones, condiciones, requisitos y características concretada en

civiles no uniformados del sector defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el
Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
11
Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120
de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019

14
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

la existencia de dos empleos similares en tales aspectos pero con
remuneración diferente.

Si bien desde el 27 de octubre de 2009 en adelante, efectivamente la libelista
ha ejercido el empleo de servidor misional, que se encuentra ubicado en un
nivel jerárquico asesor según el artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007, tal
circunstancia no conlleva la prosperidad del argumento impugnativo de la
recurrente al sostener que bajo aquel entendido el salario que le corresponde
es el previsto para dicho orden funcional en la normativa que regula los
empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Sobre el punto, basta con reiterar que, en razón de la incorporación de la
señora Pinzón Hernández en el referido cargo derivado de la
reestructuración de la planta de personal del Ministerio de Defensa, para
aquella se generó una nueva situación laboral que enervó la posibilidad de
continuar sometida al régimen salarial de los funcionarios de la Rama
Ejecutiva, tal como se precisó en la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019. Por tal motivo, lo atinente a su remuneración pasó a
regirse conforme a la normativa que se expidiera específicamente para los
servidores civiles no uniformados de la aludida entidad.

Lo propio aconteció y se demostró en el cuadro comparativo elaborado
previamente, en el que se vislumbra sin hesitación que, desde el 27 de
octubre de 2009 en adelante, el salario que la demandante percibió era
exactamente igual al que se fijó en los decretos realmente aplicables para el
nivel asesor del sector defensa y para el grado del empleo en el cual esta fue
nombrada.

De otro lado, si bien de acuerdo con el ejercicio de comparación aludido,
efectivamente se advierte una diferencia sustancial entre los valores de la
asignación básica de un empleo del nivel asesor en grado 10 de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, contrastados con los montos pagados por ese
mismo concepto a la señora Olga Lucía Pinzón Hernández, ello se justifica
en la razón previamente esgrimida.

No obstante, si el fundamento de la parte activa para solicitar el reajuste de
su remuneración es el hecho de que ejerció un cargo con funciones de
asesor y que por lo tanto deben ser equiparadas sus condiciones
económicas a las de su par en la aludida planta de personal, se arribaría a la
misma conclusión de improcedencia que se expuso con antelación, esto es,
que en esencia, lo que se busca es una nivelación salarial y no una
reliquidación por mandato expreso legal o reglamentario.

Este mismo postulado fue advertido por la Sección Segunda de esta
corporación en la referida sentencia de unificación del 12 de diciembre de
2019, puesto que en el análisis concreto del caso analizado en dicha
oportunidad (el cual comparte idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los
del asunto de marras), se aseguró lo siguiente: «Contrario a lo afirmado en la
demanda, no es viable el pago de la asignación básica de la actora con la
remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama Ejecutiva del nivel
nacional para el empleo de asesor grado 14, porque tal como se indicó en el acto
acusado, si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado del cargo de la
accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se puede aplicar el
código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código y el grado del
Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se estaría frente a una
nivelación salarial no establecida legalmente”.». (Cursiva del texto original).

Según la referida intelección, la Sala reitera que en el sub examine no es
posible verificar una eventual equiparación salarial como la reclamada,
habida cuenta de que en la demanda no se formularon postulados fácticos y

15
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

jurídicos ni se aportaron medios de prueba en clave de parangón, para
evidenciar una alegada desigualdad remunerativa en detrimento de los
intereses de la libelista, bajo el presupuesto esgrimido por esta, atinente a
que desempeñó el cargo como asesora en iguales condiciones a las de su
equivalente nominal en la Rama Ejecutiva según el Manual General de
Funciones de Empleados Públicos de 2010.

De hecho, contrario a lo anterior, al analizar las actividades y cargas
consagradas en el referido manual desarrollado en la Resolución 0598 del 14
de mayo de 2010 traída a colación por la libelista en el hecho noveno de la
demanda (folio 91 vuelto), y al mismo tiempo, al cotejar tales elementos con
la esencia del nivel funcional de asesor de la Rama Ejecutiva del orden
nacional de acuerdo con el artículo 4.° del Decreto 770 de 200512, no se
presenta una teleología común entre ambos extremos, habida cuenta de que
el cargo ocupado por la señora Pinzón Hernández en la Dirección General de
Sanidad Militar, implica la ejecución de acciones asistenciales y de atención
en salud, pero no contempla obligaciones relacionadas con asesoría o
consejería a funcionarios directivos de la entidad.

Por esta razón y sin perjuicio de lo planteado con anterioridad, sería inviable
sostener que se configura en el presente asunto una discriminación salarial
injustificada en razón del nivel jerárquico ocupado por el demandante que
eventualmente permitiera acceder a sus pretensiones. Ello ha sido analizado
por esta Subsección en sentencia del 25 de febrero de 202113 en la cual se
precisó la improcedencia de aquel argumento de la parte activa al resolver un
proceso similar al sub iudice, en el cual se indicó lo siguiente:

«[…] Por último, la parte apelante manifiesta que los cargos del nivel asesor
del Ministerio de Defensa y del nivel asesor de la rama ejecutiva del orden
nacional son equivalentes, toda vez que cumplen similares funciones de
aconsejar y asesorar a la entidad. Adujo que ello es evidente al comparar el
contenido de los Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007 y la Resolución 0598
de 2010 que fijan sus funciones. Con este argumento solicita aplicación del
régimen salarial de los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional.

Al respecto, la Sala debe precisar que el análisis que solicita la demandante
en nada varía su situación laboral, dado que su vinculación a la Dirección
General de Sanidad Militar como «servidor misional» se produjo con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1033 de 2006 y los Decretos
91 y 92 de 2007 y 4783 de 2008, y, en tal medida, su situación salarial se
reguló desde un principio por la escala de asignación básica fijada por el
Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio
de Defensa Nacional.

De igual manera, comparadas las funciones de los cargos se puede concluir
que son distintas. Así, el artículo 4.° del Decreto 770 de 2005 indica que el
nivel asesor de la rama ejecutiva nacional «agrupa los empleos cuyas
funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los
empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden
nacional».

Entretanto, la Resolución 0598 de 14 de mayo de 2010,14 respecto del
empleo de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 14, señaló
que las funciones específicas relacionadas con el cargo están encaminadas a
la prestación del servicio de salud. […]».

12
«[…] ARTÍCULO 4º. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos
de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: […] 4.2 Nivel Asesor. Agrupa
los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la
alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. […]». (Negrilla conforme a la transcripción).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 25 de febrero de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2016-05941-01(5623-18).
14
Citada y transcrita por la demandante en su escrito de apelación.

16
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

Con base en lo desarrollado hasta este punto, se hace palmaria la sujeción
de legalidad del acto administrativo demandado que negó la reliquidación de
la asignación básica devengada por la señora Pinzón Hernández, quien
solicitaba la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional conforme al artículo 3.°, numeral 6.° del Decreto
3062 de 1997. Por ello, es necesario confirmar el fallo apelado en punto a la
denegación de las pretensiones de la parte activa.

En conclusión: la demandante no tiene derecho a la reliquidación de su
asignación básica desde 2009 de acuerdo con el el artículo 3.°, numeral 6.°
del Decreto 3062 de 1997, es decir, bajo el régimen salarial previsto por el
Gobierno Nacional para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional, habida cuenta de que según la sentencia de unificación del 12 de
diciembre de 2019 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
para el desarrollo interpretativo de casos como el particular, la normativa
referida solo aplicaba hasta el 26 de octubre de 2009.

Ahora, desde el 27 de octubre de 2009, aquella fue incorporada en la nueva
planta de personal civil de la entidad demandada, por lo que se encontraba
sometida al régimen salarial que se expidiera para tales servidores en
particular, sin que se reporte un detrimento en la remuneración que devenga
desde su vinculación y sin que por el nivel asesor del cargo que ocupa como
servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 10, este pueda
asimilarse salarialmente a un empleo de igual jerarquía en la Rama Ejecutiva
del orden nacional, al no preverse ni configurarse una nivelación en tal
sentido.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada que
denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan
los argumentos del recurso de apelación formulado por la parte activa.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201615, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

15 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

17
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01301-01 (1219-2018)
Demandantes: Olga Lucía Pinzón Hernández

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.

No obstante, aún bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandante, ello al no observarse su
causación de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en
razón del cambio jurisprudencial ocurrido en el transcurso del proceso con
ocasión de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 16 de noviembre de 2017 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Olga Lucía Pinzón Hernández contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.

Segundo: Sin condena en costa en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

16
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».

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