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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01542-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01542-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN en lo que respecta a la pretensión de reintegro por fuero sindical, por lo brevemente considerado. SEGUNDO: En consecuencia, se DECLARA LA NULIDAD de todo lo actuado por esta Jurisdicción en lo relativo a la pretensión de reintegro por fuero sindical, por lo que se ordena la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria laboral, para que resuelva sobre el asunto de su competencia, por lo expuesto. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, por las razones expuestas en precedencia. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01542-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)
Demandante: Héctor Jairo Osorio Madiedo
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación.

Temas: Insubsistencia/ Libre nombramiento y remoción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sección Segunda – Subsección C, que negó las pretensiones y no
impuso condena en costas.

ANTECEDENTES

El señor Héctor Jairo Osorio Madiedo, instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con
el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 299 del 26 de octubre de 2015 por
medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de
Subgerente Administrativo y Financiero, Código 084, Grado 07.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reintegrarlo al cargo
que ocupaba o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración y, a pagarle los
salarios, prestaciones y aumentos, junto con los intereses e indexación y, se
declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación de sus servicios.
Que se ordene la reparación del daño con el pago de perjuicios morales y
materiales, daño a la vida de relación y por alteración de las condiciones de
existencia, en sumas debidamente actualizadas con base en el IPC de conformidad
con lo previsto en el CPACA.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de ley y, se condene en
costas y agencias en derecho.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ingresó a trabajar a la entidad demandada a través de vínculo legal y
reglamentario y prestó sus servicios con integridad, siendo un funcionario
sobresaliente; además, adelantó varias denuncias por casos de corrupción o
detrimentos injustificados del erario.

Que el 4 de agosto de 2015, se reunió con varios empleados para constituir su
sindicato -SINEMPUFOVYS-, por tanto, es socio fundador del mismo y, el 16 de
octubre de ese año, presentaron pliego de solicitudes a la entidad, lo cual generó
malestar a sus directivos.

Que mediante Resolución No. 299 del 26 de octubre de 2016 fue declarado
insubsistente, no obstante que se encontraba amparado por un fuero al momento
de su retiro.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 43, 44 y 53 de la
Constitución Política de Colombia; 135, 136, 158 y 192 de la Ley 201 de 1995 y,
182 del Decreto 262 de 2000.

Se adujo que el acto acusado se encuentra viciado por desviación de poder y
violación de derechos fundamentales, especialmente laborales. En efecto, sostuvo
que no fueron razones del buen servicio las que motivaron la desvinculación, sino
otras que riñen con lo que debe ser la teleología y el propósito de una buena
administración. Así mismo, que el trabajo es un derecho y una obligación social que
debe gozar de especial protección del Estado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

En auto del 26 de mayo de 2016, se admitió la demanda.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá indicó que no debe accederse a
las pretensiones de la demanda por cuanto el cargo que era ocupado por el
demandante era de libre nombramiento y remoción y, por tanto, podía ser removido
del mismo a discrecionalidad del nominador.

Que no puede hablar de trayectoria en la entidad, cuando la prestación de sus
servicios no superó los 4 meses y, que se omitió detallar y/o especificar cuál era el
fuero que le amparaba para la fecha de su desvinculación.

En escrito separado, la entidad, solicitó que el llamamiento en garantía de la

2

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

señora Fabiola Márquez Grisales, quien fungía como gerente del Fondo y suscribió
el acto de retiro del actor; petición a la cual se accedió en auto del 20 de febrero de
2017

La señora Fabiola Márquez Grisales, señaló, que el cargo ocupado por el actor
era de libre nombramiento lo que permitía su desvinculación discrecional y, que no
se acreditó la desviación de poder alegada como vicio de nulidad del acto
demandado, en tanto, no se probó que ello hubiere obedecido a razones ajenas al
buen servicio, concretamente, a retaliaciones derivadas de la conformación del
sindicato.

Que el demandante al ostentar un cargo de nivel directivo, no gozaba de la garantía
del fuero sindical y, si en gracia de discusión ello fuera así, lo cierto es que dicho
derecho, a la luz de lo establecido en el artículo 405 del CST, cesa transcurridos 2
meses desde la inscripción del fuero sindical que, en el asunto, tuvo lugar el 4 de
agosto de 2015, por manera que para el 26 de octubre de ese año -cuando se
produjo su retiro-, ya había fenecido cualquier beneficio derivado de tales hechos.

El 26 de octubre de 2017 se realizó la audiencia inicial y el 23 de noviembre de
ese año, se desarrolló la audiencia de pruebas en la que se ordenó a las partes
presentar por escrito sus alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En Sentencia del 24 de octubre de 2018 1, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”, negó las pretensiones y se
abstuvo de imponer condena en costas al extremo vencido.

Se concluyó que el cargo de Subgerente Administrativo y Financiero del fondo es
de libre nombramiento y remoción, por ser del nivel directivo, consecuente con lo
cual la desvinculación del mismo obedecía a consideraciones "intuito personae” del
nominador por llevar implícito una relación de confianza.

Que no se acreditó la causal de desviación de poder alegada, ni que con la decisión
de retiro del servicio se desconocieron derechos fundamentales del demandante.

Que la toma de medidas para combatir la corrupción y cualquier otro acto contrario
a la legalidad era parte de las funciones asignadas a su cargo, al igual que cumplir
el mismo con excelencia; por tanto, tales circunstancias no generan estabilidad
laboral alguna.

Que tampoco se probó que el demandante efectivamente hubiere sido el fundador
del sindicato de la entidad demandada y que en virtud de ello fuera beneficiario de
fuero alguno que impidiera su remoción del cargo.

1
Notificado el 31 de octubre de 2018.

3

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

Que en razón de todo lo dicho, el acto demandado conserva su presunción de
legalidad.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante 2 insistió en que, durante el ejercicio de su cargo, el
demandante denunció actos de corrupción y en detrimento del erario público, cosa
que no era del agrado de los directivos de la entidad; así como tampoco que fuera
socio fundador del sindicato de ésta.

Que la decisión de su retiro obedeció a su clara defensa del patrimonio público,
concretamente, fue una retaliación por no prestarse para desembolsar los valores
del convenio de la línea 123 que, si fueron, abonados por quien llegó al cargo de
gerente del fondo, luego de su declaratoria de insubsistencia. De manera que, no
fue el buen servicio la causa de su despido; conclusión que tiene respaldo
probatorio en los medios que fueron allegados al expediente.

Que la persona que lo remplazó en el ejercicio de su cargo no tiene méritos que se
asemejen a los de él, por manera que no podía actuar con la misma entereza y
conocimientos.

Que se desconocieron las garantías derivadas del fuero sindical, tanto así, que no
se procedió a levantar el mismo previó a la terminación del vínculo laboral.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 27 de noviembre de 2018 se admitió el recurso de apelación y el 15 de agosto
de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

La parte demandante reiteró en su totalidad los argumentos vertidos en el recurso
de apelación.

La parte demandada insistió en que la declaratoria de insubsistencia del
demandante se efectuó en uso de la facultad discrecional por tratarse de un cargo
de libre nombramiento y remoción y, en que no se acreditó que el motivo de ello
hubiera sido distinto al mejoramiento del servicio y al derecho que le asiste al
nominador a elegir sus colaboradores en cargos de dirección, confianza y manejo.

La llamada en garantía solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia
por considerar que la decisión de retiro se legitima en la facultad discrecional como
herramienta de aplicación respecto de empleos de libre nombramiento y remoción;
la misma que limita la garantía del fuero sindical respecto de dichos cargos.

El agente del Ministerio Público no emitió concepto de fondo.

2
En escrito recibido el 3 de diciembre de 2018. Recurso concedido en auto del 5 de diciembre de 2018.

4

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

CONSIDERACIONES

Advierte la Sala que ningún pronunciamiento se efectuará sobre la naturaleza del
cargo ocupado por la demandante, a saber, Subgerente Administrativo y
Financiero, Código 084, Grado 07 del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
D.C., en la medida que no se discute que es de libre nombramiento y remoción.

Tampoco se entrará a dilucidar sobre la facultad de remoción discrecional con que
cuentan los nominadores frente a este tipo de cargos, ni tampoco, sobre la no
obligación de motivar los actos de insubsistencia de nombramientos efectuados en
estos 3, puesto que, ningún reparo se efectuó al respecto en el escrito de alzada.

Así, en los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar
si el acto administrativo acusado, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento efectuado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en
favor del demandante, se encuentra viciado de nulidad por desviación de poder ;
causal que cimienta sobre tres supuestos:

1. El demandante desarrolló sus labores con excelencia denunciando actos de
corrupción y, en detrimento del erario público, circunstancias que no eran del
agrado de los directivos de la entidad, por lo que el acto de retiro obedeció a
retaliaciones de estos.

2. La persona que lo remplazo no tenía méritos similares a los de él, por tanto,
no podía ejercer el cargo con la misma entereza y conocimientos.

3. Se desconocieron las garantías derivadas del fuero sindical, tanto así, que
no se procedió a levantar el mismo previó a la terminación del vínculo laboral.

A pesar de que el Tribunal resolvió sobre lo pertinente, la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa no es competente para dilucidar sobre la figura del fuero sindical,
toda vez que, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 2º del
CPTSS -modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y adicionado por el
artículo 3º de la Ley 1210 de 2008-, la jurisdicción ordinaria laboral conoce de las
«acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral».

Atendiendo a lo dicho, se declarará la falta de jurisdicción y, consecuente con ello,
la nulidad de todo lo actuado en lo que al fuero sindical refiere, por ello, se
ordenará la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria laboral para que se
pronuncie sobre el asunto de su competencia, en los términos establecidos en el
artículo 138 del CGP 4 -aplicable por remisión del artículo 208 del CPACA-

3
Ver en este sentido Sentencia C-1003 de 2003 de la Corte Constitucional y entre otras las sentencias del Consejo de Estado
proferidas en los expedientes radicados: 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14) y 73001-23-33-000-2013-00447-01
(4519-14).
4
ARTÍCULO 138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA NULIDAD
DECLARADA. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo

5

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

Decidido lo precedente, se continuará con el análisis de los presupuestos restantes
para lo cual se dilucidará sobre lo siguiente:

De la Desviación de Poder:

Se ha considerado “que este vicio está referido a la «…la intención con la cual la
autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el
legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario». En otras
palabras, incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus
atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la buena marcha de la
administración, sino por móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u
ocultos” 5

En otras palabras, la existencia de un vicio de poder se desprende de la convicción,
de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de
los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en
acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la
causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y
se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]» 6

De lo cual se concluye que en los casos donde se predica la desviación del poder,
la carga de la prueba recae por regla general en la parte demandante como lo
prevé el Artículo 167 del Código General del Proceso y como también lo hacía el
177 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, para destruir la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, “afirmación que,
atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso7 de que «incumbe a
las partes, probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen” 8

actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia,
esta se invalidará.
La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la
prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad
de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.
El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.
5
Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12).
6
Radicación número 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
7
Artículo 167 del CGP.
8
Ídem.

6

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

En Sentencia del 28 de enero de 2021 9, sobre la figura en cita en lo que respecta
a la facultad discrecional de los nominadores, sostuvo la Corporación: “Por lo tanto,
esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de
facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución
de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo
alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la
teleología a la que constitucional y legalmente contestó la norma”.

Caso Concreto:

Lo primero que debe precisarse es que no se valorarán las pruebas que fueron
allegadas con el recurso, porque se aportaron por fuera de las oportunidades
probatorias del artículo 212 del CPACA 10 y, no solicitó el interesado su decreto y
práctica en la forma prevista en la norma en cita, aceptar lo contrario vulnera el
derecho al debido proceso y, de defensa y contradicción de las partes en litigio.

Aclarado lo anterior, se procede a resolver los cargos de desviación de poder, en
el mismo orden en que fueron formulados, así:

1. El demandante desarrolló sus labores con excelencia denunciando actos
de corrupción y, en detrimento del erario público, circunstancias que no eran
del agrado de los directivos de la entidad, por lo que el acto de retiro obedeció
a retaliaciones de estos.

La prueba documental allegada al expediente 11 permite tener por acreditado que el
demandante elevó oficios ante la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, relacionados con el Convenio No. 561 de 2014, explicando las razones por
la cuales no era viable suscribir un otrosí al mismo; las cuales, según cobertura de
prensa, no fueron acogidas por el entonces alcalde del distrito capital.

Que por Resolución No. 164 del 11 de junio de 2015, el Gerente del Fondo delegó

9
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00801-01(3437-16)
10
Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse,
practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la
reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las
mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación
de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso,
las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o
impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia,
pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse
dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas
que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.
11
Ver cuadernos de adición de la demanda y cuadernos Nos. 2 y 3.

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Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

en la subgerencia administrativa y financiera la celebración y ordenación del gasto
de todos los contratos y convenios necesarios para el ejercicio de las funciones de
la entidad.

La hoja de vida allegada ilustra sobre los estudios realizados y la experiencia del
demandante.

A su turno, los testimonios rendidos por los señores Rafael Arévalo Ruíz y Virgilio
Antonio Hernández Castellanos dan cuenta de las distintas actuaciones e
intervenciones surtidas por el demandante relacionadas con la firma de convenios
y/o autorización de desembolsos, con mayor detenimiento se hace referencia al
denominado “contrato de la línea 123 de Bogotá” o “convenio 123” 12, respecto del
cual, se afirmó, guardaba estrecha relación con las funciones desempeñadas por
el actor en calidad de ordenador del gasto, quien “finalmente quien decidía si se
giraba o no la plata” 13; también, se refirieron a la firma de otrosí del referido convenio
y/o contrato.

Los declarantes, igualmente, expusieron la forma en que actuaron en aspectos
relacionados con el convenio y/ contrato a que se viene haciendo alusión, y, se
refirieron a las destacadas cualidades personales y laborales del demandante en el
ejercicio de sus funciones.

Por último, hicieron alusión a las labores encomendadas a la nueva gerente del
Fondo quien asumió, entre otras, la función de ordenadora del gasto.

Para la Sala lo probado no estructura la desviación de poder como causal de
anulación del acto demandado, puesto que, no se acreditó que la declaratoria de
insubsistencia en él contenida obedeciera a retaliaciones contra la labor adelantada
por el actor en relación con el Convenio No. 561 de 2014, ni ningún otro.

Lo que se observa al respecto es que esas labores obedecían al giro ordinario de
sus funciones, tal como fue sostenido por el A quo; funciones que devenían por
delegación que se había efectuado en el cargo por el ocupado de ordenador del
gasto y que le obligaban a la protección de los recursos públicos, como, en efecto
lo hizo.

Sin embargo, la idoneidad y eficacia en la prestación del servicio no se pueden
considerar como argumentos contundentes que permitan desvirtuar la facultad
discrecional conferida al nominador para la libre remoción.

Ello, porque, es obligación de todo servidor público prestar sus servicios en forma
óptima y eficiente, en la medida que ayuda a la consecución de los fines esenciales

12
El que realmente se identifica como Convenio No. 561 de 2014 suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (Ver folio 27 C. Adición de demanda)
13
Reverso folio 140 del expediente. Testimonio de Virgilio Alfonso Hernández Castellanos.

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del Estado; por tanto, la buena conducta de la actora en el ejercicio de su cargo no
garantiza su estabilidad, sino que se constituye en el presupuesto natural del
ejercicio del empleo 14.

En otras palabras, el buen desempeño de la demandante en el empleo no enerva
la facultad discrecional del nominador para declarar su insubsistencia tratándose
de un cargo de libre nombramiento y remoción; además que con posterioridad a su
retiro no se probó ninguna circunstancia negativa que hubiese afectado el servicio
público a cargo de la dependencia donde laboraba.

2. La persona que lo remplazo no tenía méritos similares a los de él, por tanto,
no podía ejercer el cargo con la misma entereza y conocimientos.

En el punto, se recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha indicado que la
causal de desviación de poder implica llevar al juzgador la plena convicción de que
la intención de quien profirió el acto, se alejó de la finalidad del buen servicio, es
decir, se usó con fines distintos a los previstos por la norma.

Así, se ha sostenido que la prueba de esta causal “ha de encontrarse en
circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de
establecer, precisamente la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión” 15.

En el caso que nos ocupa, no se trajo al expediente el acto por medio del cual se
designó el remplazo del actor, que es posterior al que determinó su desvinculación.

En tal sentido, el argumento esbozado, tratándose de un hecho posterior 16 a la
declaratoria de insubsistencia, no puede tenerse como fundamento para acreditar
una desviación de poder, a lo sumo, puede tenerse como un indicio al cual deben
acompañarse otras pruebas al respecto, cosa que no sucedió en el sub examine.

En suma de todo lo expuesto, no se acreditó que el acto acusado se encontrara
viciado por desviación de poder, por lo que hay lugar a CONFIRMAR la decisión de
primera instancia.

De la Condena en Costas.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
14
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de febrero de 2017. Radicado No. 500012333000201300063 01 (3165-2014).
15
Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011, radicado interno No.
0734-10, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
16
En este mismo sentido se pronunció la Corporación en sentencia del 1º de agosto de 2024, expediente radicado: 76-001-
23-33-000-2014-00152-01 (0343-2016)

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analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en las
actuaciones surtidas en el trámite procesal por el extremo demandante, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la imposición de
condena en costas, por lo que se abstendrá la Sala de ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN en lo que respecta a la
pretensión de reintegro por fuero sindical, por lo brevemente considerado.

SEGUNDO: En consecuencia, se DECLARA LA NULIDAD de todo lo actuado por
esta Jurisdicción en lo relativo a la pretensión de reintegro por fuero sindical, por lo
que se ordena la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria laboral, para
que resuelva sobre el asunto de su competencia, por lo expuesto.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 24 de octubre de
2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “C”, por las razones expuestas en precedencia.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

10

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-01542-01 (0902-2019)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

11

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