Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01660-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (4891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Paloma Rincón Peñaloza
contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Paloma Rincón Peñaloza presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los autos ADP 004316 del 21 de mayo de 2015 y ADP
003162 del 4 marzo de 2016, mediante los cuales la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó
el reconocimiento de la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 En adelante CPACA.
2 En adelante Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el día de la
adquisición del estatus pensional, con la inclusión de todo lo devengado durante el
año anterior a su consolidación; ii) la indexación de las sumas adeudadas y los
intereses moratorios, según las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y del artículo
192 del CPACA.; y iii) el pago de la condena en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Paloma Rincón Peñaloza nació el 15 de mayo de 1960 y prestó sus servicios en
calidad de docente, con honestidad y honradez, entre: el 1º y el 28 de febrero de
1979, el 1º y el 31 de mayo de 1980, el 1º y el 31 de diciembre de 1980, el 10 de
marzo y el 9 abril de 1981 y el 10 de abril de 1981 y el 8 de agosto de 2011 en el
Distrito de Bogotá, el último nombramiento se realizó en propiedad, a través del
Decreto 416 del 2 de marzo de 1981.
3.2. El 17 de julio de 2012 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la
cual fue negada por la Ugpp mediante la Resolución RDP 011915 del 17 de octubre
de 2012.
3.3. El 10 de febrero de 2015, solicitó de nuevo el reconocimiento de la prestación,
con ocasión de lo cual la Ugpp profirió el Auto ADP 004316 del 21 de mayo de 2015,
por medio de la cual señaló que la decisión del 17 de octubre de 2012 estaba en
firme. Asimismo, mediante el Auto ADP 003162 del 4 de marzo de 2016 reiteró la
decisión adoptada con la Resolución RDP 011915 del 17 de octubre de 2012.
3.4. El 2 de febrero de 2016, requirió al Ministerio de Educación Nacional con el fin
de que informara si la docente había estado vinculada con esa entidad y «[m]ediante
Oficio del Ministerio de Educación Nacional de fecha 05 de febrero de 2016, emite respuesta
a la solicitud anteriormente radicada, informando que mi mandante no ha tenido vinculación
con la misma» [sic].
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13 de la Constitución Política; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 39 de 1903; 1 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 126 y 127
de la Ley 115 de 1994; 15 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 279 de 100
de 1993; y 32 y 34 del Decreto 2277 de 1979.
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Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Los actos demandados fueron expedidos con violación directa de la ley, puesto
que la entidad de previsión desconoció que la docente había acreditado una
vinculación del orden nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
además no consideró «la copia auténtica de los desprendibles de pago de los meses de
febrero de 1979, mayo y diciembre de 1980 de la Secretaría de Educación de Bogotá. Aun
cuando no reposa acta de posesión por tratarse de una vinculación por interinidades, el
documento es válido para demostrar la vinculación por cuanto señala el tiempo laborado».
El nombramiento ostentado debió entenderse nacionalizado, porque fue suscrito por
el distrito de Bogotá, en concordancia con lo previsto en la Ley 91 de 1989.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:
6.1. La demandante acreditó el requisito de los 50 años de edad, pero no aportó
«certificación alguna que indique que […] laboró como docente en los años 1978, 1979 y
1980, por lo anterior debe tenerse en cuenta que la demandante, antes del 31 de diciembre
de 1980, no se encontraba vinculada a la docencia oficial». De manera que no era posible
acceder al reconocimiento de la pensión gracia sin el cumplimiento de las exigencias
previstas por la normatividad vigente.
6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inepta demanda por falta
de requisitos formales; ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; iii)
buena fe; iv) prescripción; y v) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en
sentencia proferida el 26 de junio de 20205, negó las pretensiones de la demanda.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. Si bien los actos administrativos de nombramiento los suscribió una autoridad
territorial, ello no implicaba que la docente tuviera el carácter de territorial o
nacionalizado, en este sentido «la demandante no acreditó que antes o después del 31
3 Índice 4 de Samai, actuación denominada: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 4.
4 Índice 4 de Samai, actuación denominada: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 4.
5 Índice 22 de Samai del Tribunal Administrativo de Caldas, actuación denominada:
38Sentencia1ai_sentencia_17001233300020210000(.pdf) NroActua 22(.pdf) NroActua 22.
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de diciembre de 1980 se le hubieran pagado salarios como docente con recursos que no
provinieran de la Nación ‘aún antes de 1980 ya la Nación estaba legalmente obligada a
pagar los salarios de los docentes’ (es decir, que le hubieran pagado con recursos propios
de alguna entidad territorial), pues no obra prueba irrefutable alguna de la que desprenda
tal supuesto, no puede concluirse que cumplió el primer requisito, consistente en haber
ejercido como docente costeada con recursos de una entidad territorial».
8.2. El derecho al reconocimiento de la pensión gracia no radicó en la existencia de
la desigualdad salarial «para acceder a dicha prestación debería probar que en todo ese
período no se le reconocieron los beneficios laborales establecidos en la ley a todos los
docentes por igual, que en ese lapso no se aplicó la ley, debiendo acreditar, en
consecuencia, cuáles rubros se le reconocieron, con el fin de cotejarlos con los establecidos
en la ley y a partir de ahí verificar si estuvo en situación de desventaja o desigualdad. Esa
desigualdad que debe y puede probarse sin dificultad (basta la prueba documental), no se
ha probado en éste y en muchos casos […] se ha perdido de vista […] que la finalidad de
la pensión gracia era (y es) corregir, retribuir, equilibrar, reparar compensar una clara y
prolongada desigualdad de los docentes realmente territoriales, que debe estar probada, y
no general una desigualdad en contra de los docentes nacionales».
1.4. El recurso de apelación
9. Paloma Rincón Peñaloza solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia6, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
10. El a quo desconoció la jurisprudencia y el material probatorio obrante en el
expediente, además vulneró el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, porque argumentó la negativa con conceptos ampliamente superados vía
jurisprudencial, al observar la normatividad sin tener en cuenta la integralidad del
derecho reclamado, de manera que debe acatarse lo dispuesto por el Consejo de
Estado en la sentencia «CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y la SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022, en las cuales el Órgano de Cierre, le reconoce el derecho
a la Pensión Gracia, a los docentes cuyos tiempos hayan sido señalados como nacionales,
pero que sus plazas a ocupar, son a toda vista Territoriales y los recursos con los cuales
les cancelaron sus salarios, así sean provenientes a la Nación, al llegar a los
Departamentos y Municipios, se convierten en rentas exógenas y por supuesto en recursos
propios» [sic].
11. Además, la vinculación en calidad de docente territorial o nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980 fue probada con los comprobantes de pago emitidos por
el Banco del Comercio en contraprestación por los servicios prestados, elemento
probatorio que no fue tachado como falso, en relación con este periodo laborado
«agotadas la vías de solicitud a la Entidad que sucedió al Banco del Comercio, a saber: el
Banco Ganadero que hoy es el BBVA […] se obtuvo como respuesta que sólo están
6 Índice 43 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
28_RECIBEMEMORIALES_25000234200020160166(.pdf) NroActua 43
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obligados a guardar información financiera de los últimos 10 años» [sic].
12. Asimismo, fue solicitada la información de los periodos laborados en los planteles
educativos IED Rafael Uribe Uribe, IED Escuela Richad Nixon y el IED Clemencia
Holguín de Urdaneta, sin obtener respuesta, tal como sucedió con la solicitudes
enviada a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., «[p]ara este extremo, negar el derecho a
la prestación solicitada por las circunstancias formales analizadas vulnera flagrantemente
no solo el Estado Social de Derecho de la Nación, sino todo un proyecto de vida […] Es de
resaltar que el A Quo [sic] tampoco concedió importancia alguna a la Declaración
Juramentada allegada al expediente, de testigo que bajo la gravedad de juramento da
constancia de la vinculación de mi poderdante como docente en las instituciones y en los
años en cuestión».
13. Finalmente, en caso de duda hermenéutica de la norma deberá aplicarse el
principio de in dubio pro operario, respecto de la vinculación ostentada por la
docente antes del 1980.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
14. Mediante el auto del 23 de enero de 20247 fue admitido el recurso de apelación
interpuesto por el demandante.
15. A través del auto proferido el 18 de febrero de 20258, fue negada la solicitud
probatoria presentada por Paloma Rincón Peñaloza y fue decretada como prueba
de oficio el requerimiento a la Secretaría de Educación Distrital para que allegara al
expediente el certificado o constancia del periodo laborado por la docente durante
los años 1979 y 1980 en los colegios Rafael Uribe Uribe, Richard Nixon y Clemencia
Holguín de Urdaneta y los actos administrativos de nombramiento.
1.6. El Ministerio Público
16. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
17. Se circunscribe a resolver:
17.1. ¿Si Paloma Rincón Peñaloza acreditó la vinculación ostentada en calidad de
7 Índice 7 de Samai, actuación denominada: AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 7.
8 Índice 17 de Samai, actuación denominada: 52Autoqueniega_48912023Niegasolicit(.pdf) NroActua
17.
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docente durante los años 1979 y 1980?
17.2. De resultar acreditado lo anterior ¿si la docente cumplió con los demás
requisitos previstos en la normatividad vigente para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
18. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
19. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
20. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
10
21. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
22. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
23. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
24. Enefecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
12 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
25. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
26. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
27. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación».
14 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación».
15 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16 «Por la cual se expide la ley general de educación».
17 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994».
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27.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
27.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
28. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
29. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva
entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente
convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los
respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con
cargo al situado fiscal.
30. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
31. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 18, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
32. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200020 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
18 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
33. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala21 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198922 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
34. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201823, así:
21 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
23 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
35. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202224 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».25
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
11
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
36. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
37.1. Paloma Rincón Peñaloza nació el 15 de mayo de 196026.
37.2. Según la copia de los recibos proferidos por el Banco del Comercio 385882,
216343, 453218 y 453217 la demandante devengó $9.196, $8.815, $2.486 y $2.760
el 31 de mayo de 1980, el 28 de febrero de 1979, el 31 de diciembre de 1980 y el
31 de diciembre de 1980, respectivamente, por concepto de salario básico.
37.3. Mediante el Decreto 410 del 2 de marzo de 1981 «[p]or el cual se causan algunas
novedades de personal docente en la Secretaría de Educación Distrital», el alcalde mayor
del Distrito Especial de Bogotá, presidente de la Junta Administradora FER, nombró
a la demandante [quien para ese momento se llamaba Elba Rosa Rincón Peñaloza].
26 Índice 4 de Samai, actuación denominada: ED_C01_CD1 FOLIO 1A-DEMANDA Y ANEXOS(.zip)
NroActua 4. Mediante escritura pública 3769 del 19 de octubre de 2001 fue protocolizado el cambio
de nombre de la demandante quien antes se llamaba Elba Rosa Rincón Peñaloza.
12
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Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
37.4. El8 de agosto de 2011, el profesional especializado de la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., mediante el formato único para la expedición de la
historia laboral, certificó que la prestación del servicio en calidad de docente, en
propiedad, en el nivel de primaria, con una vinculación del orden nacionalizado, en
los siguientes términos:
Novedad Acto administrativo Desde Hasta
«Reconocimiento Resolución 3364 del 10/03/1981 09/04/1981
tiempo laborado 04/12/1981
antes posesión»
Nombramiento en Decreto 0416 del 10/04/1981
propiedad en 02/03/1981
primaria
37.5. El
9 de agosto de 2011, mediante el oficio 5-2011-105264, el profesional
especializado del grupo de certificaciones laborales de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., manifestó lo siguiente: «[e]n respuesta a su solicitud de la referencia, allegada por
parte de la Secretaría de Hacienda y de acuerdo a nuestra competencia, le informamos que
revisada su hoja de vida lo mismo que la base de datos de la Entidad, no se encontraron
soportes que evidencien que haya laborado como docente para los años 1978, 1979 y 1980,
si bien es cierto que nos allegó fotocopias de desprendibles de pago, también es cierto que
estos no reflejan la fecha real de ingreso ni de retiro, por lo tanto no nos sirven como
soportes para certificar».
37.6. El 17 de julio de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia y mediante
la Resolución RDP 011915 del 17 de octubre de 2012, la Ugpp negó la petición al
no encontrar acreditada la vinculación como docente oficial antes del 31 de
diciembre de 1981.
37.7. El
9 de junio de 2014, mediante el oficio CS-R-056 el rector del Colegio
Clemencia Holguín de Urdaneta, Institución Educativa Distrital, respondió el
requerimiento enviado por la Secretaría de Educación Distrital, referencia Tutela
2014-0044, Solicitud Constancia Laboral, así: «[c]on referencia a su solicitud me
permito informarle que una vez revisados los archivos que reposan en la institución no se
encontraron registros de esos años con información de la señora Elba Rosa Rincón
Peñaloza. Por lo anterior le invito a direccionar esta solicitud a la oficina de archivo del nivel
central de la Secretaria de Educación Distrital».
37.8. El 16 de junio de 2014, mediante el oficio RAD.SED.1201426691 referencia
Tutela 2014-0044, el rector del Colegio Rafael Uribe Uribe, Institución Educativa
Distrital respondió el requerimiento enviado por la Secretaría de Educación Distrital
así: «[p]ara su conocimiento y fines pertinentes atentamente informo que no existe base de
datos, ni archivo (Documentación docentes) del Colegio Richard Nixon, por lo anterior me
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
es imposible atender su solicitud con relación a la certificación laboral de la señora Elba
Rosa Rincón Peñaloza».
37.9. El 24 de noviembre de 2014, mediante el acta de declaración juramentada
3785, la demandante manifestó: «Me he desempeñado como docente al servicio de la
Secretaría de Educación del Distrito desde el día veintisiete (27) de septiembre de mil
novecientos setenta y ocho (1978) hasta la actualidad».
37.10. El 10 de febrero de 2015, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, para
tal efecto la Ugpp ordenó el archivo de la petición, porque «de acuerdo al histórico de
resoluciones que se encuentran al interior del expediente administrativo, ya la Entidad se
ha pronunciado, estableciendo de manera taxativa que la solicitante no cumple con los
requisitos para acceder a la prestación solicitada, toda vez que no acredita vinculación a la
docencia municipal, distrital, nacionalizada o distrital, con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980. Que de acuerdo a lo mencionado, es necesario remitirnos a los estipulado en el
Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011», mediante el Auto ADP 004316 del 21 de mayo de
2015.
37.11. Mediante el Auto ADP 013096 del 20 de octubre de 2015, la Ugpp le solicitó al
Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
librar de responsabilidad a esa entidad en el proceso de acción de tutela 074-2015
al considerar que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales de la
docente, al respecto consideró «teniendo en cuenta que la Resolución RDP 011915 del
17 de octubre de 2012 quedó en firme, así como los demás actos administrativos proferidos
con anterioridad y en consideración a que no fueron aportados elementos de juicio que
permitan a esta Entidad emitir nuevamente un pronunciamiento del respecto del
reconocimiento de la pensión de Jubilación Gracia, se procedió a archivar la solicitud
incoada y se declaró la firmeza de los actos administrativos proferidos por anterioridad por
la Entidad». En este sentido, fue proferida la Resolución ADP 013295 del 21 de
octubre de 2015, la Ugpp manifestó que «los tiempos de servicio antes relacionados se
puede observar que al 31 de diciembre de 1980, la peticionaria no se encontraba vinculada
a la docencia oficial, teniendo en cuenta que la disposición regula una situación transitoria,
pues como se evidencia su propósito era colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […] teniendo en cuenta lo antes citado esta
Subdirección se permite Aclarar a la peticionaria y al Juez de Tutela que la interesada no
cumple con los requisitos exigidos por la norma para ser beneficiaria de la pensión gracia».
37.12. El 25 de noviembre de 2015, mediante el acta de declaración juramentada
3816 la demandante manifestó que se ha desempeñado con honradez,
consagración, idoneidad y buena conducta.
37.13. El 5 de febrero de 2016, con el oficio 2016-ER-013567 la asesora de la
Secretaría General de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de
Educación Nacional respondió a la solicitud presentada por la demandante, así: «le
informo que revisada la documentación que reposa en los archivos del Ministerio de
14
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
Educación Nacional, no se ha encontrado registro a nombre de la señora Paloma Rincón
Peñaloza […] que indique que laboró para el Ministerio de Educación Nacional».
37.14. El 10 de abril de 2025, el profesional especializado del Grupo Certificaciones
Laborales de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en respuesta al requerimiento
decretado como prueba de oficio a través del auto del 18 de febrero de 2025, indicó:
«verificadas las bases de datos de nómina, inactivos, interinos y hojas de vida, no se
encontró aporte alguno que evidencie que la señora PALOMA RINCÓN PEÑALOZA […] haya
laborado en la Secretaría de Educación del Distrito, como docente interina en los años 1979
y 1980 en los colegios Rafael Uribe Uirbe, Richard Nixon y/o Clemencia Holguín de
Urdaneta».
37.15. El 8 de abril de 2025, el director de servicios administrativos de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., en respuesta al requerimiento decretado como prueba de
oficio a través del auto del 18 de febrero de 2015, aseguró: «una vez verificados los
sistemas de información aplicativo PS DOCUMENTS, bases de datos y expedientes físicos
bajo custodia del Archivo Central de la Secretaría de Educación del Distrito y en el marco
de su competencia, en el expediente de historia laboral no reposan comunicaciones,
certificaciones, órdenes de trabajo o actos administrativo de posesión o nombramiento para
las vigencias 1979-1980, con relación a la señora Paloma Rincón Peñaloza».
2.4. Análisis sustancial
38. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la vinculación del orden
territorial, distrital o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 no fue
acreditada por la docente.
39. Paloma Rincón Peñaloza solicitó que se revocara la decisión adoptada por el
tribunal de primera instancia, comoquiera que el a quo omitió valorar el material
probatorio obrante en el expediente, mediante el cual fue acreditado el requisito de
la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, en tanto no tuvo en cuenta los
comprobantes pago, la declaración extrajuicio y la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
40. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, la docente acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad;
ii) ejerció la docencia con buena conducta; iii) acreditó una experiencia anterior al
31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada y iv)
completó 20 años de servicio en una plaza territorial o nacionalizada.
41. Al respecto, se advierte que Paloma Rincón Peñaloza contaba con más de 50
años de edad [nació el 15 de mayo de 1960], por lo que cumplió con ese requisito
en el año 2010. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de la buena
15
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
conducta, en tanto no fue cuestionado por la entidad previsional, ni fue dilucidado
argumento alguno del cual se infiera lo contrario.
42. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente con
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, al
expediente fueron aportadas: i) la copia de los comprobantes de pago realizados en
el Banco del Comercio el 28 de febrero de 1979, el 31 de mayo de 1980, el 31 de
diciembre; y ii) la declaración juramentada 3785 del 24 de noviembre de 2014, en la
cual la demandante indicó «[m]e he desempeñado como docente al servicio de la
Secretaría de Educación del Distrito desde el día veintisiete (27) de septiembre de mil
novecientos setenta y ocho (1978) hasta la actualidad».
43. Al respecto la Sala advierte que los elementos probatorios con los cuales se
pretende acreditar el requisito no permiten identificar la entidad empleadora, el
periodo laborado ni el cargo ejercido, ni la plaza ocupada, en este sentido la
Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201827, precisó que «(iv)
para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en
su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial» (se resalta).
44. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se pronunció en varias ocasiones
[el 9 de agosto de 2011, el 8 y el 10 de abril de 2025] en las cuales señaló la
ausencia de datos relacionados con la prestación del servicio en calidad de docente
por parte de la demandante. Asimismo, la Secretaría de Educación mediante el
formato único para la expedición de la historia laboral certificó [el 8 de agosto de
2011] que la docente ejerció por primera vez el 10 de marzo de 1981, el ente
territorial además en el marco de un proceso de tutela adelantado por la
demandante, requirió al Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta [9 de junio de
2014] y al Colegio Rafael Uribe Uribe [16 de junio de 2014] para que allegaran la
información laboral de la docente. Sin embargo, la respuesta emitida por los rectores
de cada uno de los planteles corroboró la inexistencia de datos relacionados con la
prestación del servicio de docencia.
45. Además, el Ministerio de Educación Nacional indicó que en la documentación de
esa dependencia no obraba información de la prestación del servicio de la docente.
46. Lo anterior, permite concluir que no fue acreditada la vinculación de la docente
antes del 31 de diciembre de 1980, sin que mediara el silencio por parte de los
planteles educativos requeridos ni de los entes territoriales, en tanto fueron
enlistadas las respuestas emitidas por cada uno de ellos, las cuales coincidieron en
27 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
la ausencia de información que ofreciera certeza de la prestación del servicio de la
demandante en esa época.
47. Ahora, en cuanto a la jurisprudencia mencionada en el recurso de apelación, no
es posible desprender un estudio del origen de los recursos que financiaron el cargo
ejercido por la docente, porque en el presente asunto no fue determinado ese
aspecto ni la plaza ejercida ni el ente en el cual estuvo vinculada. En ese sentido,
tampoco resulta plausible aplicar el principio de in dubio pro operario solicitado, toda
vez que de los elementos probatorios obrante en el expediente no fue alcanzada
una certeza mínima que permita dubitación en la existencia de la vinculación de la
docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues solo se determinó el ingreso por
primera vez desde el 10 de marzo de 1981, certificado por la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá.
48. De manera que se confirmará lo dispuesto por el tribunal de primera instancia al
no encontrar acreditada la prestación del servicio como docente antes del 31 de
diciembre de 1980 en ejercicio de una vinculación del orden territorial, municipal o
distrital.
2.5. Costas
49. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
50. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
51. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
17
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
52. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
53. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
decidió no condenar en costas y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
54. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Paloma Rincón Peñaloza
no acreditó el cumplimiento del requisito de la vinculación del orden territorial y/o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980. En esas condiciones, se
confirmará la sentencia proferida el 26 de junio de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Paloma Rincón
Peñaloza en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
18
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01660-01 (04891-2023)
Demandante: Paloma Rincón Peñaloza
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmt
19
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