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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01823-02

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01823-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F ALL A PRIMERO. CONFI RM AR la sentencia prof erida el 19 de mayo de 2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda f ormulada por el señor José Raf ael Cortés Otalora en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), por la s ra zones expuesta s en las consideraciones que anteceden. SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia. TERCERO: Ejecut oriada esta pro videncia devolve r el e xpediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01823-02

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veint itrés (2 023)

Referencia: Nulidad y restable cimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01832 0 2 (2777-2021)
Demandante: José Raf ael Cortés Otalora
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República ( F O N P R E C O N )

Temas: Ajuste mesada pensional. Ejecución sentencia C -
258 de 2013

SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A – LEY 1437 DE 2011

I. AS UNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia del 1 9 de mayo de 2021, prof erida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECE DENTES

1. Demanda

El señor José Raf ael Cortés Otalora en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

artícu lo 138 de la Ley 1437 de 2011 1 (e n adelante CPACA), f ormuló
en síntesis las siguientes:

Pretensiones

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 463 del 30 de julio y
652 del 14 de octubre, ambas de 2015, que establecieron que su
pensión de jubilación es objeto de las pre visiones de la sentencia
C-258 de 2013 y conf irmaron esa determinación.

Como consecuencia de la anter ior, p idió que se o rdene al Fondo de
Previsión Social del Congreso (en adelante FONPRECON) a pagar
la dif erencia, debidamente actualizada, que se generó por la
aplicación de la se ntencia C -258 de 2013 y la Resolución 443 del
12 de julio de 2013 2 desde el 1º de julio de 2013 ; y a reconocer
intereses moratorios, conf orme a los artículos 192 y 195 del
CPACA.

Hechos

El demandante relató que (i) FO NPRECON a tra vés de la
Resolución 443 del 12 de julio de 2013 adoptó medidas tendientes
a dar cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional; (ii) esta Corporación, a través del f allo de tutela del
23 de octubre de 2014, amparó el derecho al debido proceso suyo
y de otros accionantes, con miras a que en el marco de una
actuación administrativa se verif icara la procedencia del ajuste de
su mesada pensional al tope de los 25 smlmv; y (iii) dicho

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en adelante CPACA
2 Adoptó medidas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia C -258 de 2013.

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

procedimiento, f inalmente, terminó con la expedición de las
resoluciones acusadas.

Normas violadas y concepto de vi olación

El actor citó como disposiciones violadas el preámbulo y los
artícu los 1, 2, 6, 13, 21, 29, 3, 42, 46, 48, 58, 83 y 209 de la
Constitución Polít ica; 3, 93 y 162 de la Ley 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de viola ción, expuso que FONPRECON

soslayó que «par a la reducción de las mesadas pensionales se
requería de un procedimiento de carácter particula r e n el que se
vinculara a los afectados, con el f in de que […] ejercieran sus
derechos de audiencia y def ensa, para así lograr la debida
aplicación de la referi da providencia» C -258 de 2013.

Esta Corporación en varios pronunciamientos señaló que el f ondo
demandado no ha «lle vado a cabo los trámites necesarios para
asegurar a los af ectados sus derechos f undamentales» y, por ende,
desconoció los f allos de tutela.

2. Contestación de la demanda 3

F O N P R E C O N por inte rmedio de apoderado, se opuso a la prosperidad

de las pretensiones, por las razones que se e xpresan a
continuación: 4

No hay «argumentación alguna encaminada a demostrar la presunta
ilega lidad de los actos administrativos acusados, esto es, las
Resoluciones 463 del 30 de julio de 2015 y 652 del 14 de octubre

3 Folios 146 a 174.
4 Folios 294 al 310 del cuaderno principal

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

de la misma anualidad, mediante las cuales […] d io cu mplimiento
al f allo de tutela de 23 de octubre de 2014, proferido por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado […]».

En el asunto sub judice se ataca «en su integridad la Sentencia C -
258 de 2013, prof erida por la Corte Constitucional y la Resolución
443 del 12 de julio de 2013, acto de ejecución no susceptible de
control jurisd iccion al y que no está demandado en la presente litis».

A la f echa cursa demanda de lesivid ad presentada en contra del
demandante, que puede tener incidencia en el presente caso,
porque su pensión será reajustada «al porcentaje del 50% del
ingreso mensual promedio tan pronto como sea resuelto el recurso
de súplica y, por tal razón, es f actible que su pensión no supere el
monto de los 25 smlmv y lo decidido en Sentencia C -258 de 2013
le sea inaplicable».

De conf ormidad con lo dispuesto en la sentencia C -258 d e 2013 «no
era necesario iniciar trámite administrativ o alguno a f in de reajustar
las mesadas pensionales en tanto tal modif icación sería de carácter
automático».

No se puede desconocer que la pensión fue reconocida
irre gularmente, pero «dado que ya había sido objeto de demanda
LA CUAL TIENE FALLO FAVORABLE A FONPRECON EN LAS DOS
INSTANCIAS no era viable inicia r una actuación administrativa o
judicial al respecto, por lo que debía ajustarse la pensión a 25
smlmv, mientras queda en f irme el f allo del H. Consejo de Estado,
MOMENTO PARA EL CUAL SE REAJUSTARÁ LA MESADA
PENSIONAL, LA CUAL NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE AJUSTE
AUTOMÁTICO A 25 SMLMV, pues será seguramente inf erior a dicha
cif ra».

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

Propuso las e xcepciones de: ineptitud sustantiva de la demanda,
por f alta de concepto de violación de la norma y porque los acto s
demandados no son susceptibles de control jurisdiccion al; y f alta
de causa jurídica p ara pedir.

3. Audiencia inicial 5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en diligencia del 26 de
enero de 2017, estableció (i) que no existe nin guna irregularidad
que genere nulidad y (ii ) declaró no p robada la excepció n de inepta
demanda. FONPRECON apeló esta últ ima determinación, la cual f ue
conf irmada por esta Corporación, mediante proveído del 19 de junio
de 2020 6.

En la audienc ia de continuación del 16 de marzo de 2021 7, se f ijó el
litigio en los siguie ntes términos:

En est e pr oceso se deber á det erm inar si est án o no vici ad os de
nuli dad por los ca r g os expuest os en la dem anda, los act os
dem andados, est o es, ( i) la Resoluc ión No. 0463 del 30 de j ulio de
2015; y de su conf irm at or ia, ( ii) la Resol ución No. 00652 del 14 de
oct ubr e de 2015, m ediant e las cua les se det er m inó q ue la pensión
del dem andant e, señor José Raf ael Cor t és O t alor a es obj eto de la
aplic ación de la sent encia C - 258 de 2013 pr of er ida por la Cor t e
Const it ucion al y, en consecuencia, la ajust ó al t ope de 25 SML MV
a par t ir del 1º de j u li o de 2013 y neg ó el r est ablecim ient o d el m ont o
de la m esada pensional de veng ada con ant er ior idad al 1º de j uli o
de 2013, as í com o el pag o de las dif er encias.

En especia l se debe pr ecisar si a la pensión del dem andant e , le es
aplic able o no la sent encia C - 258 de 2013 de la H. Cor t e
Const it ucion al, en lo q ue a t ope pension al se r ef ier e.

Def inido el punt o a nt er ior , se r esolver á sobr e las pr et ensiones

5 Folios 247 a 255.
6 Folios 260 a 264.
7 Folios 279 a 281.

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

consecuenci ales.

4. La sentencia apelada 8

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante sentencia del 19 de mayo de 2021, negó
las pretensiones de la demanda y la condena en costas, con
f undamento en lo que sigue:

La «pensión del demandante es objeto del ajuste automático
ordenado por la Corte Constitucion al en la sentencia C -258 de
2013, al monto de los 25 smlmv, ha bida cuenta que f ue ajustada
conforme al régimen especial regulado en el artículo 17 de la Ley
4ª de 1992, norma sobre la cual el Alt o Tribunal hizo el estudio de
constitucionalidad, y por tanto dicha decisión no puede discutirse
en este proceso, porque hizo tránsito a cosa ju zgada co nstitucional
y es de obligatorio cumplimiento».

Los «actos administrativos demandados, por medio de los cuales
se ajustó la mesada pensional del actor al tope de los 2 5 smlmv a
partir del 1º de julio de 2013, se encuentran ajustados al
ordenamiento jurídi co y deben permanecer incólumes […], puesto
que a través de ellos la entidad demandada se limitó a dar pleno
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia C -258 de 2013 y al
Acto Legislativo 01 de 2005, para cuyos ef ectos, la Corte
Constitucional no ordenó t ramitar procedimiento administrativo
alguno».

No hay lugar a condenar en costas, en la medida en que el
accionante pla nteó una discusión de buena f e y no incurrió en
conductas dilatorias o temerarias.

8 Folios 299 a 311 cuaderno principal

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

5. El recurso de apelación 9

El demandante interpuso recurso de apelación 10 y lo sust entó así:

FONPRECON «no cumplió, bajo ningún criterio, con lo ordenado
para tales ef ectos por la Sentencia C -258 de 2013 y la ley, al aplicar
de tajo, un descuento que debía haberse realizado lle va ndo a cabo
un procedimiento administrativo de carácter particular, como
mínimo, mediante el cual se le asegurarán al ciudadano af ectado
sus derechos de audiencia y def ensa, a lo sumo y ojalá aplicando
para tales ef ectos lo dispuesto por los art ícu los 34 a 44 del
CPACA».

La Resolución 443 de 12 de julio de 2013 no fue publicad a por la
entidad demandada de la f orma que ordena el artículo 65 de la ley
1437 de 2011, que obligaba a emitir «actos de carácter particular
con respecto a cada af ectado por su actividad»

Hay lu gar a reconocerle las sumas qu e le f ueron descontadas hasta,
por lo menos, la f echa en que « quedó ejecutoriada la sentencia de
segunda instancia prof erida por el máximo tribunal de lo
contencioso administrativo dentro del Radicado No.
25000232500020080012000 […] ».

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El ponente, por auto del 24 de septiembre de 2021, admitió la
impugnación y, en concordancia con el artícu lo 212 del CPACA y e l
ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual

9 Folios 313 y 313vto.
10 F o l i o s 402 al 415 del cuaderno principal

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

se modif icó el artículo 247 del CPACA, dispuso que, por Secretaría,
dentro de los 10 d ías siguientes a la ejecutoria de la mencionada
providencia, pasara el e xpediente al Despacho p ara dictar
sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 16
de noviembre de 2021, prof erida por la Secretaría, en la cual se
indicó que no hubo solicitud de pru ebas, se procede a decidir de
f ondo el asunto.

III. CONSIDER ACI ONES

1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la ref erencia, acorde con lo
dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 ( C P A C A ).

Asimismo, conf orme con lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2. Problema jurí dico

11 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjui cio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
c a s o s p r e v i s t o s p o r l a l e y.
S i n e m b a r g o , c u a n d o a m b a s p a r t e s h a ya n a p e l a d o t o d a l a s e n t e n c i a o l a q u e
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

Se circunscribe a establecer si era dable ajustar, de manera
automática, la mesada pensional pe rcibida por el demandante, al
monto de 25 SMLMV, a partir del 1.º de julio de 2013, en
cumplimiento de la sentencia C -258 de 2013, emitida por la Corte
Constitucional.

Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) marco normativo y (ii) caso concreto.

2.1 Marco norma ti vo y jurisprudencial. Sentencia C -258 de 2013
de la Corte Consti tucional.

La Corte Constitucional, en relación con el tope de 25 smlmv que
deben tener las mesadas de las pensiones reconocidas con
f undamento en el régimen especial de congresistas, puntualizó que
no constituye una medida regresiva y atiende el límite que siempre
se ha f ijado en el ordenamiento jurídico, en especial, en Ley 797 de
2003 y el Acto Legislativo 1 de 2005:

T al com o se señaló en las sent enci as C – 089 de 1997 y C –15 5 de
1007, debe acudir se a las r eg las de t ope cont enidas en la
nor m at iva leg al y c onst it uciona l vig ent e, pues ellas r ef lejan la
decisi ón dem ocr át ic a de l Cong r eso en ej er cicio de su f acult ad de
est ablecer le yes y d e r ef orm ar la Const i t ución. As í, t ant o l a Ley
797 de 2003 com o el Act o Leg islat i vo 01 de 2005 coi ncide n en
una r eg la de t ope de 25 smm lv , ese ha sido el cr it er io r azon able
f ij ado por el Congr eso a par t ir de am plios debat es y con
f undam ent o en dif erent es est udios apor t ados por el Min ist er i o de
Hacien da y ot r os or g anism os públicos encar g ados de ve la r por
la sost enibi li dad del sist em a de pens ion es. De ig ual m aner a, y
com o se expl icó en pr ecedencia, en aus encia de nor m a expr esa
en el r ég im en especial, r ig e la del sist ema g ener al de pensiones,
conf orm e a la cual las pens iones s í es t án suj et as t ope y, ese
t ope es 25 sm lm v. Par a la Sa la, ese cr it e r io r azon able d ebe
t om ar se en consider ación en est a o por t unidad con m ir as a
elim in ar los obst ácul os q ue la inexist enc i a de t opes en el r ég im en
der i vado del ar t ícu lo 17 de la Ley 4 de 1 992 g ener a.

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

También planteó tres hipótesis resp ecto de la aplicación de la
sentencia C-258 de 2013, así: (i) a p artir de la ref erida providencia,
ninguna pensión de jubilación causada bajo el régimen especial de
congresistas (art ículo 17 de la Ley 4ª de 1992), puede reconocerse
o liqu idarse « por fuera de las condicio nes que fijan la interpretación
conforme a la Constitución »; (ii) como ef ecto inmediato del aludido
f allo y sin necesidad de reliquidación , desde el 1º de julio de 2013,
ninguna mesada podrá exceder 25 S MLMV, por lo que « […] deberán
ser reajustadas a utomática mente a este tope por la autoridad
admin istrativa »; y (iii) para ef ectos de re vocar o liquidar las
pensiones de jubilación reconocidas con forme al artículo 17 de la
ley 4ª de 1993, obtenidas con f raude a la Le y o con abuso del
derecho, deberá adelantarse un procedimiento administrativo que
observe el debido proceso, y las decisiones serán susceptibles de
controvert ir ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo.
Respecto del último punto ordenó:

Cuart o. - Las pensio nes r econocidas a l am par o del ar t ícu lo 1 7 de
la Le y 4 de 1992, con abuso del der echo o con f r aude a la ley, en
los t ér m inos del acápit e de conclusion es de est a sent encia, se
r evis ar án por los r epr esent ant es leg ales de las inst it uci one s de
seg ur idad socia l c om pet ent es, q uienes podr án r evocar la s o
r eliq uidar las, seg ún cor r esponda, a m ás t ar dar el 31 de dicie m br e
de 2013.

Ahora bien, resulta pertinente señalar que el órgano de cierre de la
jurisdicción constit ucional dif erenció entre las pensiones adquiridas
con o sin f raude a la le y o abuso del derecho. Dentro de la última
hipótesis (pensiones adquiridas sin f raude a la ley o abuso del
derecho), distinguió dos situaciones:

• La pr im er a r ef er ida a aq uellos der echos pensiona les causad os al
am par o del ar t ícul o 17 de la Ley 4ª de 1992 y q ue fuer on
adq uir idos cum pl ien do t odos los r eq uis it os leg ales, at endi en do los
cr it er ios j ur ispr uden ciales vig ent es, baj o la con vicci ó n de est ar
act uando de buena f e y baj o l os f act or es salar ia les de cot i za ción

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

est ablecid os por el G obier no Nacion al no por volunt a d del
cot iza nt e.

• En l a segun da , se e ncuent ran aquel l as si t uaci ones en l as que,
aun cuando n o e ncuadran en l as hi pót esi s de a bus o del
derecho ni fraude a l a l ey, resul t a improcedent e predi car de
el l as un compl et o cumpl i mi ent o de l as condi ci ones para
benef i ci arse del régi men pensi onal di spuest o en el art í cul o 17
de l a Le y 4ª de 199 2 .

Esta distinción obedece, a que el máximo trib unal constitucional
observó que el régimen del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, se
extendió a f uncionarios que al 1° de abril de 1994 no estaban
cobijados por el régimen especial, y por ende, en su criterio no
podían ser benef iciarios del mismo, por lo qu e a su ju icio dichos
servidores “obtuvieron una liquidación o reliquidación de la pensión
con clara desproporción, en relación con la que les habría
correspondido en una aplicación conforme a la Const itución del
mencionado régimen ”.

La Corte Constituciona l previó para las dos situaciones descritas
un trato dif erente por parte de las entidades de seguridad social .
En ef ecto, en cuanto a los derechos pensionales causados al
amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, de aquellos
benef iciarios que se encontra ban ef ectivamente en el régimen al 1º
de abril de 1994 y que cumplieron to dos los re quisitos legales, la
Corte reiteró que las mesadas correspondientes debían “ser
ajustadas, sin necesidad de hacer reliquidaciones caso por caso,
hasta bajar a 25 salarios m ínimos legales mensuales vig entes, tope
pensional que fue dispuesto por el Constituyente como ra zonable.
Es decir, aquí no se trata de una re liquidación sino de un ajuste
hacia el futuro ”.

Mientras que f rente aquellos derechos pensionales que f ueron
reconocidos con f undamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992,

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

pero sin tener en cuenta la totalidad de las exigencias para la
aplicación de dicho régimen (se gún la interpretación realizada por
la Corte Constitu cional), sin que pueda predicarse que existió
abuso del derecho a f raude a la ley, el alto tribunal constitucional
estableció que la s entidades de seguridad social competentes,
mediante el procedimiento administrativo pre visto en los artículos
19 o 20 de la Ley 797 de 2003, deben entrar a revisar o r eliquidar
las mesadas pensionales correspondientes, aun cuando estén por
debajo del tope de 25 smlmv, pero sin af ectar el derecho al mínimo
vital. En este punto, la Corte Constit ucional dispuso:

Q ui nt o. - En los dem ás casos de pe nsiones r econoc ida s de
m aner a cont r ar ia a lo dispuest o en los n um er ales i 12, ii 13 y i ii 14 d e l
or dinal t er cer o , q ui enes t ienen a su c ar g o el r econocim ie nt o y
pag o de las pension es decr et adas al am par o del ar t ículo 17 de la
Ley 4 de 19 92 deber án en e l m ar co de s u com pet encia t om ar las
m edidas encam inad as par a hacer ef ect ivo el pr esent e f allo,
aplic ando en lo per t inent e, los ar t ícu los 19 y 20 la Ley 797 de
2003, en los t ér m inos del apar t ado de conclusiones de est a
sent encia.

Ac tuación admini strati va para acatar la sentencia C-258 de 2013
en relación con el ajuste automático de las mesadas
pensionales al tope de 25 smlmv.

Fonprecon expidió la Resolución 443 de 12 de julio de 2013, con la
cual, f undada en la obligatoriedad del aludido fallo judicia l, estipuló:

12 (i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo.
13 ( i i ) C o m o f a c t o r e s d e l i q u i d a c i ó n d e l a p e n s i ó n s o l o p o d r á n t o m a r s e a q u e l l o s

i n g r e s o s q u e h a ya n s i d o r e c i b i d o s e f e c t i v a m e n t e p o r e l b e n e f i c i a r i o , t e n g a n
carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas.
14 ( i i i ) L a s r e g l a s s o b r e i n g r e s o b a s e d e l i q u i d a c i ó n ( I B L ) a p l i c a b l e s a t o d o s

los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos
21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.

Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Rafael Cortés Otalora

ART Í CULO PRI ME RO : Adopt ar las m edidas t endient es al
cum plim ient o de las ór denes im pa r t idas por la Cor t e
Const it ucion al en la Sent encia C- 258 de 2013.

ART Í CULO SEG UNDO : Or denar a la Of icina Asesor a de
Planeac ión y Sist e m as del Fondo d e Pr evisió n Soc ial del
Cong r eso q ue se realic en las m od if icaciones per t i nent es al
Sist em a de Nóm ina de Pensionados d el Fondo de Pr evis ión
Socia l de l Cong r eso de la Repúb lic a, pa r am et r izándo lo a ef ect o
de q ue a par t ir del 1 de j ulio de 201 3, ni ng una m esada pensi onal
super e los 25 salar i os m ín im o s leg ales m ensuales vig ent es.
[ …]

ART Í CULO CUART O : Com unicar a t odos y cada un o d e los
pensiona dos de l Fo ndo de Pr e visió n So cial d el Cong r eso de la
Repúb lica cu ya m esada pens iona l super e 25 sm m lv, q ue a p ar t ir
del 1 de j ulio de 2013 su m esada pensional ser á aj ust ada al t ope
de 25 sm m lv conf orm e a lo or denado po r la Cor t e Const it uci onal
en la sent encia C- 2 58 de 2013.

La Corte Constitucional, en sentencia T -615 de 2015 15, estableció
que la Reso lución 443 de 2013 es un acto general de cu mplimiento
de una sen tencia judicial no susceptible de control de legalidad, en
los siguientes términos:

En consecuencia, se advier t e q ue la Resoluci ón No. 0443 de 12
de j ulio de 2013 , no const it uyó un act o g ener al q ue
ar bit r ar iam ent e y de m aner a ir r azona ble hubiese m od if ica do la
sit uación j ur ídica d e los acc ionant es y q ue hub ier a deb ido
expe dir se com o un act o adm inist r at ivo de car áct er part icular . Por
el cont r ar io, ést e r eúne las car act er íst icas de un act o de
cum plim ient o de un a sent encia j udicia l pr of er ida por la Cor t e
Cons t it ucion al, la cual debe ser acat ada por t odas las
aut or idades púb lica s.

Sobr e el par t icular , es m enest er r esalt ar q ue la j ur ispr udencia
del Consej o de Est ado ha señalado q ue los act os dir ig idos a dar
cum plim ient o a u na or den de car áct er j udicial, no son
suscept ibles de l co nt r ol de leg alidad a nt e la j ur isdicción d e lo
cont encioso adm in i st r at ivo, ni puede n ser obj et o de acciones
j udicia les, por q ue ello im plicar ía des conocer una decis ión

15Corte Constitucional, sentencia T -615 de 28 de septiembre de 2015,
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: José Rafael Cortés Otalora

j udicia l con car áct er de cosa j uzg ada. E n ef ect o, ha indicado el
Conse j o de Est ado q ue, aún si en gr acia de discusión se
acept ase la pr oc edencia de la n ulid ad sobr e un acto
adm inist r at i vo de e j ecución, la conse c uencia j ur íd ica de ello
ser ía la r epet ición de lo or denad o en la sent encia. E n est e
sent ido, la in iciac ió n int er m in able de a cciones j udic iales o de
r ecur sos en la vía g uber nat i va dir ig idos a cont r over t ir act os de
ej ecución, de vendr ía en la ino bser vanc ia del pr incip io de cosa
j uzg ada, e im pedir ía la r esolución ef ect iva de los conf lict os
suscit ados en el m ar co de las dis t int as j ur isdicc iones.

Esta Corporación, en un caso dirigid o a obtener la nulidad de la
Resolución 443 de 2013 16, también estableció que d icho acto no es
susceptible de control judicial, por haberse expedido en
cumplimiento de una sentencia, así:

FO NPRECO N se lim i t ó a dar cum plim ient o a la decis ión ad opt ada
por la Cor t e Const it uciona l en l a Sent en cia C - 258 de l 201 3 , y a
las ór denes cont e nidas en ést a, espec íf icam ent e, en lo
concer nient e al r eaj ust e de las m esadas pensionales al l í m ite
im puest o en el Acto Leg islat ivo 01 del 2005, sin exceder los
alcances de la m enc ionada pr o vi denci a j udici al.

[ …]

En est e sent ido, el r eaj ust e inm ediat o r eali zado por
FO NPRECO N no s ólo dio est r ict o cum plim ient o a la or den
im par t ida por la Cor t e Const it ucional, sino q ue dio cor rect a
aplic ación a una nor m a const it ucional , com o es el caso del
ar t ícu lo 48 super ior , adicionado por el Act o Leg islat i vo 01 del
2005, la cual ha b ía sido ino bser vada an t es de la exp edic ión de
la Sent enci a C - 258 del 2013.

Topes pensionales

El ordenamiento jurídico ha e stablecido limita ciones al
reconocimiento pensional, incluso de las prestaciones reconocidas

16Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de
septiembre de 2016, expediente 250002342000201400189 01 (1183 -2016), C.
P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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en el marco de regímenes especiales amparados por la transición,
así:

• La Ley 4ª de 21 d e enero de 1976 17, en su artículo 2º 18,
estable ció la prohibición de que el valor de la pensión
excediera de 22 smlmv.
• La Ley 71 de 19 d e diciembre de 1988 19, en su artícu lo
2º 20, dispuso un límite de 15 smlmv.
• El Decreto 1160 de 2 de junio de 1989 21, en su artículo
3º 22, reiteró un límite máximo para la pensión de
jubilación por aportes de 15 smlmv.
• La Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 23, en el parágraf o
3º de su artículo 18 24, autorizó al Gobierno Nacional a
limitar el monto de la pensión en el régimen de prima
media con prestación def inida a 20 smlmv.
• El Decreto 314 de 4 de febrero de 1994 25, en su artículo
2º, f ijó que las pensiones a cargo del Instituto de Seguros
Sociales no podrán ser superiores a 20 smlmv 26.

17 « p o r la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores
público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones».
18 « L a s p e n s i o n e s a q u e s e r e f i e r e e l A r t í c u l o a n t e r i o r n o p o d r á n s e r i n f e r i o r e s

al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo
s a l a r i o » ( n e g r i t a c o n s u b r a ya s f u e r a d e l t e x t o ) .
19 « p o r l a c u a l s e e x p i d e n n o r m a s s o b r e p e n s i o n e s y s e d i c t a n o t r a s

disposiciones».
20 « N i n g u n a p e n s i ó n p o d r á s e r i n f e r i o r a l s a l a r i o m í n i m o l e g a l m e n s u a l , n i

exceder de quince (15) veces dicho salario ; salvo lo previsto en
convenciones colectivas, p actos colectivos y laudos arbitrales » (negrita con
s u b r a ya s f u e r a d e l t e x t o ) .
21 « p o r e l c u a l s e r e g l a m e n t a p a r c i a l m e n t e l a L e y 7 1 d e 1 9 8 8 » .
22 « N i n g u n a p e n s i ó n p o d r á s e r i n f e r i o r a l s a l a r i o m í n i m o l e g a l m e n s u a l , n i

exceder de quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en convenciones
colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales ».
23 « P o r l a c u a l s e c r e a e l s i s t e m a d e s e g u r i d a d s o c i a l i n t e g r a l y s e d i c t a n o t r a s

disposiciones».
24 « C u a n d o e l G o b i e r n o N a c i o n a l l í m i t e l a b a s e d e c o t i z a c i ó n a v e i n t e ( 2 0 )

salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida no podrá ser superior a dicho valor ».
25 « P o r e l c u a l s e l i m i t a l a b a s e d e c o t i z a c i ó n o b l i g a t o r i a d e l S i s t e m a G e n e r a l

de Pensiones ».
26 « E n d e s a r r o l l o d e l p a r á g r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 1 8 d e l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 ,

el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para los

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• La Ley 797 de 29 de enero de 2003 27, en el inciso 4º de
su artículo 5º 28, señaló un tope pensional de 25 smlmv.
• El Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005, en el
parágraf o 1º del artículo 1º 29, elevó a rango constitucional
el límite para el re conocimiento pensional a 25 smlmv.

Sobre el particula r, la Corte Constitucional ha señalado que el
derecho a la pensión adquirido en virtud de la e xtensión de los
regímenes especiales no impide el reconocimiento y la
reliquidación pensional con limitación, así la norma rectora no lo
consagre, por cuanto prevalecen los princip ios de igualdad,
sostenibilidad f inanciera del sistema, interés general y d istribución
equitativa de los recursos limitados del Sistema de Seguridad
Social 30.

En efecto, en sentencia C -089 de 1997, plasmó de f orma inequívoca
su postura f rente a la a plicación del monto máximo de 20
smlmv para los servidores públicos excluidos del Sistema de
Seguridad Social Integral (Le y 100 de 1993), por cuanto « una
interpretación diferente, conduciría a la existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluíd os [sic] de los lí mite s máximos

afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, no
podrá ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales ».
27 « P o r l a c u a l s e r e f o r m a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e l s i s t e m a g e n e r a l d e

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales ».
28 « E l l í m i t e d e l a b a s e d e c o t i z a c i ó n s e r á d e v e i n t i c i n c o ( 2 5 ) s a l a r i o s m í n i m o s

legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado .
Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el
gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales
para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales».
29 « A p a r t i r d e l 3 1 d e j u l i o d e 2 0 1 0 , n o p o d r á n c a u s a r s e p e n s i o n e s s u p e r i o r e s

a veinticinco (25) salarios mínimos leg ales mensuales vigentes, con cargo a
recursos de naturaleza pública ».
30 V e r s e n t e n c i a s d e l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l C - 0 8 9 d e 1 9 9 7 y T - 3 6 0 d e 2 0 1 8 .

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que la ley ha previsto para el reconocimiento y valor de las
pensiones» 31.

Luego, en fallo C -155 de 1997, insistió en que es legít imo que la
ley f ije un límite máximo al monto de la pensión, sin que por ello
se entienda conculcado el derecho a la seguridad social 32.

En la sentencia C -258 de 2013, previamente analizada, precisó que
resulta «desproporcionado y contrario a los principios
constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran
el siste ma general d e pensiones, la interpretación conforme a la
cual las mesadas de quienes se encuentran en transición no están
sujetas a tope » 33.

Por lo expuesto, en providencia T-360 de 2018, conclu yó que
«debido a que los topes pensionales han sido una constante en el
ordenamiento jurídico, resultaría contradictorio que, por ejemp lo,
una autoridad judicial interprete que una mesada pensional por el
hecho de ser especial, tiene una cua ntía ilimitada» , y recordó que
«en caso de que las normas especiales de tales regímenes no
dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía
aplicarse el tope señalado en las reglas
generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones
que la modifican en lo pertinente » 34.

2.2 Caso concreto.

31 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C - 0 8 9 d e 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 9 7 , M . P . J o r g e

Arango Mejía.
32 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C - 1 5 5 d e 1 9 d e m a r zo d e 1 9 9 7 , M . P . F a b i o

Morón Díaz.
33 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C - 2 5 8 d e 7 d e m a yo d e 2 0 1 3 , M . P . J o r g e

Ignacio Pretelt Chaljub.
34 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a T - 3 6 0 d e 3 1 d e a g o s t o d e 2 0 1 8 , M . P .

Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: José Rafael Cortés Otalora

De conf ormidad con el análisis normativo y jurisprudencial realizado
en los párrafos que preceden, en el caso del señor Luis Eduardo
Sanguino Soto se encuentra acreditado lo siguiente:

➢ El 18 de junio de 1987, Fonprecon por Resolución 628,
reconoció al se ñor José Raf ael Cortés Otalora una pensión de
jubilación equiva lente al 75% de lo deven gado en el último año
de servicio y ef ectiva a part ir del 20 de julio de 1986, f echa en
la que acreditó el retiro del servicio 35.

Tuvo en cuenta que el antes nombrado (i ) nació el 31 de
diciembre de 1935 y (ii) acreditó 21 años, 4 meses y 25 días
de servicio, presta dos en el departamento de Cundinamarca, la
Superintendencia de Sociedades y a la Cámara de
Representantes.

➢ El 16 de diciembre de 1993, Fonprecon por Resolución 1212,
reconoció al demandante «un Reajuste Especial en su mesada
pensional por una sola ve z, de tal manera que su pensión en
ningún caso podrá ser inf erior al 50% de la que t endrían
derecho los actuales Congresistas» 36.

➢ El 28 de diciembre d e 1994, Fonprecon por Resolución 1581 y
con fundamento en la sentencia T -456 de 1994, reconoció un
reajuste especial, equivalente al 75% a partir del 1º de enero
de esa anualidad 37.

➢ El 9 de f ebrero de 1996, Fonprecon mediante Resolución 66 y
con f undamento en la sentencia T -463 de 1995, reconoció al
accionante un reajuste especial, equivalente al 75%, a partir

35 F o l i o s 35 a 37, cuaderno anexo.
36 F o l i o s 43 a 45, cuaderno anexo.
37 F o l i o s 4 8 a 5 2 c u a d e r n o a n e x o .

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del 1º de enero de 1992 38.

➢ El 23 de octubre de 2014, la Sección Segunda, Subsección B,
de esta Corporación, p or un f allo de tutela, amparó a va rios
accionantes, entre ellos el actor, y ordenó a Fonprecon que
«garantice el derecho al debido proceso administrativo de
[esos] tutelantes en desarrollo de las actuaciones que deba
adelantar en virtud de las decisiones a doptadas en la sentencia
C-258 de 2013 de la Corte Constitucional» 39.

➢ El 13 de noviembre de 2014, Fonprecon por medio de la
Resolución 904, (i) acató lo decidido por esta Corporación en
el f allo de tutela de 23 de octubre de la misma anualidad y (ii)
determinó que la pensión de jubilación reconocida al
demandante es «objeto de aplicación de la Sentencia C -258 de
2013, en consecuencia del ajuste automático al tope de 25
smlmv [...] a partir del 1º de julio de 2013» 40, así:

Q ue com o puede apr eciar se con base en las inst r ucciones
im par t idas por la Cor t e Const it ucional q ue t ienen aplicac ión
pr ef er ent e y oblig at or ia, es clar o q ue la or den de aj ust e aut om át ico
a 25 sm lm v no r eq uier e de la expedic ión de un act o adm inist r at ivo
par a su ej ecución por t r at ar se de un m andat o incor porado al
or denam ient o j ur ídico a t r avés de una sent enci a de
Const it ucion al idad c on ef ect os erg a om nes.

Q ue no obst ant e lo ant er ior , en pleno a cat am ient o de la se nt encia
pr of er ida por la Sub sección B de la Sec ción Seg unda del C onsej o
de Est ado en la Sent encia del 23 de oct ubr e de 2014, con el
pr esent e act o se adecua a la f orm a or denada por la r ef er ida
Cor por ación la apl i cación de l aj ust e aut om át ico de la m esada
pensiona l de la q ue es t it ular el accionan t e, br in dando la posi bil idad
de enj uiciar el act o adm inist r at ivo a nt e la Jur isdicción de lo
Cont encioso Adm in i st r at ivo de co nf or m idad con l o est ablec i do en la

38 F o l i o s 61 a 64 cuaderno anexo.
39 F o l i o s 79 a 123.
40 F o l i o s 2 0 8 a 2 2 5 c u a d e r n o a n e x o .

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Ley 1437 de 2011, as í com o la posibili dad de int er poner el r ecur o
de r eposición.

➢ El 13 de enero de 2015 , Fonprecon por Resolución 14, co nf irmó
«en todas sus partes la Resolución No. 904 del 13 de
noviembre de 2014, mediante la cual se ordenó el ajuste al tope
de 25 smlmv ordenado por la Sentencia C -258 de 2013 [...]» 41.

➢ El 27 de mayo de 2015, Fonprecon medi ante Resolución 288,
en cumplimiento de una orden emitida en un incide nte de
desacato dejó sin ef ecto las Resoluciones 904 de 2014 y 14 de
2015, para disponer «de manera inmediata el inicio de una
actuación administrativa tendiente a la aplicación de la
sentencia C-258 de 2013 [...]» 42.

➢ El 30 de julio de 2015, Fonprecon vía Resolución 463 del 30 de
julio de 2015, (i) acató lo decidido por esta Corporación en el
f allo de tutela de 23 de octubre de la misma anualidad y (ii )
determinó que la pensión de jubilación reconocida al
demandante es «objeto de aplicación de la Sentencia C -258 de
2013, en consecuencia del ajuste automático al tope de 25
smlmv [...] a partir del 1º de julio de 2013» 43. En este acto se
evidenció que el a ludido f ondo inició un medio de control de
nulidad y restable cimiento del derecho (en la modalidad de
lesividad) en contra del ahora actor, en los siguientes términos:

Q ue es de r esalt ar se q ue con ant er ior id ad a la se nt encia C - 258 de
2013, el Fondo de P r evis ión Soc ia l del C ong r eso de la República ya
hab ía cum pl ido con el deber leg al de im pug nar la leg alidad de los
act os adm inist r at ivo s q ue r eaj ust ar on la pensión de l señor JO SÉ
RAFAE L CO RT ÉS OT ALO RA en cuant ía super ior a la per m it ida por
la Le y.

41 F o l i o s 242 a 254 cuaderno anexo.
42 F o l i o s 281 a 286 cuaderno anexo.
43 F o l i o s 3 0 2 a 3 1 5 c u a d e r n o a n e x o .

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Q ue seg ún lo ant er ior se evidenci a q ue el Fondo de Pr evis ión Socia l
del Cong r eso im pet ró Acción de Lesivid ad r adicada baj o el núm er o
250002325 0002008 0 012002 pr oceso q ue se encuent r a en t r ám ite,
en consecuencia no hay lug ar al inic io de una nueva acci ón; en
t ant o, en el pr oceso j udicia l en cur so se debat e una de cisión
adm inist r at i va q ue or denó el r eaj ust e de una pensió n con el
pr opósit o de eq uip ar ar la pensión de l int er esado a la de ot r o
cong r esist a q ue se pensionó co n base en un ing r eso super ior , sin
q ue exist ier a nor m a q ue or denar a t al equipar aci ón.

Q ue de acuer do con lo ant er ior , no es cier t o q ue se pr esente una
“ lit ispen denci a” como la señalada por e l pet icion ar io, en t ant o la
Acción de les i vida d t iene por obj et o una reliq uidac ión por debaj o de
25 sm lm v, m ient r as q ue el aj ust e a dicho t ope oper a en r elaci ón con
t odas las m esadas pensiona les y es una m edida de c ar áct er
aut ónom o»

➢ El 24 de agosto de 2015, el demandante interpuso recurso de
reposición contra la Resolución 463 de la misma anualidad 44.

➢ El 14 de octu bre de 2015, Fonprecon por Resolució n 652,
conf irmó en todas sus partes la resolución recurrida 45, porque
«la ef ectividad del ajuste automático ordenado por la Sentencia
C-258 de 2013 corresponde a la materialización de una orden
Constitucional y la pretensión de ef ectuar pagos superiores a
25 smlmv resulta contraria a la constitución, tal como lo acl aró
la Corte Constitucional en la Sentencia T -615 de 2015 [...]».

➢ El 23 de septiembre de 2015, la Sección Segunda, Subsección
A, de esta Corporación 46 (i) conf irmó lo decidido por el Trib unal
Administrativo de Cundinamarca a través de la sentencia del
16 de junio de 2011; (ii) declaró probada la excepción de
caducidad respecto de las Reso lucio nes 1572 de 1996 y 269

44 F o l i o s67 a 73.
45 F o l i o s74 a 78.
46 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n B , s e n t e n c i a d e l 2 3 d e

septiembre de 2015, radicado 25000 23 25 000 2008 00120 02, M.P. Sandra
Lisseth Ibarra Vélez (E).

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de 1997, expedidas por Fonprecon y (iii) declaró la nulidad de
las Resoluciones 1 581 de 1994 y 66 de 1996, «la primera que
reconoció y ordenó el pago del reajuste especial en el
equivalente al 75% del ingreso mensual promedio devengado
por un congresista en el año 1994 y ef ectiva a partir de l 1º de
enero de ese año, y la segunda en cuanto reconoció el reajuste
especial en ese mismo porcentaje dura nte los años 1992 y 1993
[...]».

En ese or den de i deas, com o el e x cong r esist a señor RAFAE L
CO RT ÉS OT ÁLO RA f ue pensionado co n ant er ior idad a la ent r ada
en vig enci a de la Le y 4ª de 1992, t en ía der echo a q ue su pensión
f uer a r eaj ust ada hast a alcanzar el 50% de la pensió n q ue
deve ng aba un Cong resist a par a el año 1994.

Com o las Resol ucio nes Nos. 1581 de 29 de diciem br e de 1994 (f ls.
48 a 52 c. p) y 00 066 de 9 de f ebr ero de 1996 ( f ls. 61 a 64) ,
r econocier on el r eaj ust e especial a l señ or CO RT ÉS OT ÁLORA por
encim a del por cent aj e est ablecido por el ar t ícu lo 17 del Decr et o
1359 de 199 3 m odif icado por el ar t íc ulo 7 del D ecr et o 1293 d e 1994,
y con ef ect os f iscales dif er ent es al que señaló, por cuant o lo
r econoció a par t ir del 1 de ener o del año 1992, es r azón m ás q ue
suf icient e par a decr et ar su nulidad, c om o en ef ect o lo hi zo e l
T r ibunal en la sent e ncia de pr im er a inst ancia, sin q ue ha ya lug ar a
la de voluc ión de lo p ag ado en exceso, por haber lo r ecibido de buena
f e.

2.2.1 Análisis sustanci al

Conf orme a lo exp uesto en acápites precedentes y lo a creditado en
el plenario, la Sa la conclu ye que Fonprecon no desconoció el
ordenamiento superior al ajustar la mesada pensional del
accionante al monto de 25 smlmv; por el contrario, se limitó a
ejecutar una orden j udicial que se tornaba de obligatorio
cumplimiento para las autoridades del territo rio nacional. Esta tesis
se f unda en los siguientes razonamientos:

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

Fonprecon le reco noció al señor José Raf ael Cortés Otalora una
pensión de jubilación, la cual f ue ajusta da y, luego limitada en su
tope: Lo último, en consideración a las precisas órdenes impartidas
por la Corte Constitucional en la sentencia C -258 de 2013. Medida
que era automática y, por ende, no requería de un procedimiento
administrativo previo.

No obstante, el f ondo demandado, a través de las re soluciones
enjuiciadas, atendió las órdenes impartidas en el f allo de tutela del
23 de octubre de 2014, encaminadas a garantizar el debido proceso
del señor Cortés Otalora y, de f orma consecuente, verif icar la
procedencia del ajuste de su mesada pensional al tope de los 25
smlmv, en el marco de una actuación administrativa que se
adelantó.

Así las cosas, el argumento planteado por el actor, consistente en
que Fonprecon aplicó en f orma equivocada la Sentencia C -258 de
2013 y desconoció lo señalado por esta Corporación en el f allo de
tutela del 23 de octubre de 2014, queda sin f undamento por cuanto,
como quedó visto , el aludido f ondo sí adelantó la respectiva
actuación administrativa y garantizó los derechos de def ensa y
contradicción, a pesar de que no estaba obligado a ello conforme
lo indicó la sentencia C -258 del 2013.

Lo anterior, por cu anto esa decisión de la Corte Constit ucional f ijó
una regla ine quívo ca, cuyo cumplimiento era imperativo para los
f ondos de p ensiones so pena de incurrir en un abierto desacato a
una orden judicial impartida en sede de control de
constitucionalidad.

Así las cosas, Fo nprecon no tenía una alternativa dif erente a
disponer el ajuste automático de la pensión que ven ía devengando

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

el demandante en aras de que se aviniera a los mandatos
constitucionales allí reivindicados. 47 En consecuencia, dicha
determinación no constituyó una actuación arbitraria o irrazonable;
por el contrario, reúne las características de un acto de
cumplimiento de una sentencia judicial prof erida por la Corte
Constitucional, vin culante para todas las autoridades públicas.

En ef ecto, a través de las sentencias T -892 de 2013, T -320 de 2015,
T-360 de 2018, T -073 de 2019, la mencionada alta corte reaf irmó la
obligator iedad de la sentencia C -258 de 2013, al señalar que la
aplicación del límit e al monto pensional resulta imperativo para las
entidades encargadas del pago de estas prestaciones, pues se trató
de un mandato constitucional que rige para todas las pen siones qu e
se paguen con recursos públicos.

En ese orden, la ejecución de la Sentencia C -258 de 2013 resultaba
inexorable para Fonprecon y comportaba una materialización d el
Acto Legislativo 1 de 2005, así como los principios de sostenibilidad

47 Esta tesis también ha sido sostenida, entre otras, en las siguientes
providencias:
De la Corte Constitucional. Sentencias T -892 de 2013, T -320 de 2015, T -360
de 2018, T-073 de 2019, SU-575 de 2019 y Auto 478 de 3 de diciembre de
2020, expediente: T-7.780.673
i) Del Consejo de Estado.
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez,
sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000 -23-42-000-2016-
01911-01 (5824-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. San dra Lisset Ibarra Vélez,
sentencia de 30 de octubre de 2020, radicado: 25000 -23-42-000-2014-02515-
02 (4114-2018).
• Sección Segunda, Subsección B, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, auto
de 21 de febrero de 2019, radicado: 63001 -23-33-000-2018-00103-01 (4771-
18).
• S e c c i ó n P r i m e r a , C . P . D r . O s wa l d o G i r a l d o L ó p e z , a u t o d e 1 6 d e a g o s t o d e
2018, radicado: 11001 -03-15-000-2014-04194-01(AC) A.

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

f inanciera, igualdad, solidaridad, ef iciencia, universalidad y
progresividad que orientan el sistema de seguridad social integral.

En este punto, no se puede soslayar que los límites máximos de la
prestación fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de
1976 y se sigu iero n reiterando en las Leyes 71 de 19 88, 100 de
1993 y 797 de 2003.

Por último, no sobra señalar que la Resolución 443 de 2013 no se
aplicó directamente al caso del accionante, de ahí qu e en nada
incide si este acto general de trámite f ue notif i cado en debida f orma
o no.

En conclusión, como el marco el marco normativo y jurisprudencial
esbozado en acápite precedente, permite establecer que las
mesadas pensionales están sujetas a un tope máximo, lo cual está
acorde con lo ordenado en la sentenci a C-258 de 2013 y acatado
por Fonprecon a partir del 1º de ju lio de 2013, se conf irmará la
decisión del a quo que negó las pret ensiones de la demanda. En
esa medida, no le asiste derecho al actor a la devolu ción de las
dif erencias que pretende.

3. Condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
inclu ye los honorarios de abogado o agencia s del d erecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos o rdinarios del proceso y otros
como son los necesarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.

Conf orme a las anteriores re glas, la Sala no condenará en costas
de segunda instancia al demandante, pese a que no prosperó el
recurso de apelación que interpu so, por cuanto la entidad
demandada no intervino en esta instancia presentando alegatos de
conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Con sejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

F ALL A

PRIMERO. CONFI RM AR la sentencia prof erida el 19 de mayo de
2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda
f ormulada por el señor José Raf ael Cortés Otalora en contra del
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
(Fonprecon), por la s ra zones expuesta s en las consideraciones que
anteceden.

SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda
instancia.

TERCERO: Ejecut oriada esta pro videncia devolve r el e xpediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI» .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2016 01823 02 (2777-2021)
Demandante: José Rafael Cortés Otalora

Esta providencia f ue considerada y aprobada por la Sala en sesión
del once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) .

G AB RI EL V AL BUE N A H ERN ÁN D EZ
Consej er o de Est ado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consej er o de Est ado Consej er o de Est ado

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