Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01829-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01829-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01829-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01829-02 (5828-2022)
Demandante: Clara Inés Sánchez Infante
Demandado: Universidad de Cundinamarca
Tema: Régimen salarial y prestacional de los docentes de
universidades estatales. Puntos salariales por experiencia
calificada. Evaluación de desempeño. Puntos salariales y
bonificación (no salarial) por productividad académica.
Requisitos de las publicaciones. Ausencia de prueba de los
documentos.
Decisión: Confirmar decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que no se acreditó
el requisito de las evaluaciones de desempeño y no se aportaron
los documentos (producción académica) que se pretendía hacer
valer para la asignación de puntos salariales y reconocimiento
de bonificaciones (no salariales).
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de primera instancia del 4 de agosto de 2022 proferida por la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Clara Inés Sánchez Infante por conducto de apoderada judicial,
presentó demanda1 contra la Universidad de Cundinamarca para obtener la nulidad
de los actos administrativos de 4 de junio de 20132 y 14 de julio de 20143, por medio
de los cuales se negó una solicitud de asignación de puntos salariales por
experiencia calificada de 2003 a 20124 y por productividad académica.
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «REF. Respuesta derecho de petición Clara Inés Sánchez Infante».
3 «REF. Recurso de reposición profesora Clara Inés Sánchez Infante».
4 La información se extrae de la demanda: - Reclamación 2003: 5 puntos salariales - Reclamación 2004: 1,38
puntos salariales - Reclamación 2005: 3 puntos salariales - Reclamación 2006: 7 puntos salariales -
Reclamación 2007: 7 puntos salariales - Reclamación 2008: 7 puntos salariales - Reclamación 2009: 7 puntos
salariales - Reclamación 2010: 2 puntos salariales - Reclamación 2011: 2 puntos salariales - Reclamación 2012:
2 puntos salariales.
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2. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de los
puntos salariales por experiencia calificada de 2003 a 20125 y por productividad
académica respecto de 3 publicaciones6. Subsidiariamente, reclamó que de
prosperar la nulidad del Acuerdo No. 2 de 2009 del Consejo Superior de la
Universidad de Cundinamarca, se asignaran los puntos salariales de 2010 a 2014
con fundamento en el Acuerdo No. 5 de 1998 de la misma autoridad.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que en 1984
ingresó como docente tiempo completo a la Unidad de Salud del Instituto
Universitario de Cundinamarca (hoy Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Cundinamarca). Asimismo, que de conformidad con los Decretos
1444 de 1992, 2912 de 2001 y el Acuerdo No. 5 de 1998, estaba inscrita en el
sistema de puntos salariales para la determinación de su remuneración mensual y
para 2006 contaba con un total de 495,23 puntos.
4. Mediante el Decreto 1279 de 2002, el Gobierno Nacional estableció el
régimen salarial y prestacional de las universidades estatales, el cual fue
reglamentado por la Universidad de Cundinamarca a través del Acuerdo No. 2 de
2009.
5. Indicó que el 25 de febrero de 2013 radicó petición para el reconocimiento
de puntos salariales por experiencia calificada y por productividad académica. El
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Universidad de
Cundinamarca, a través de acto administrativo de 4 de junio de 2013, negó la
solicitud, decisión que fue confirmada en reposición por acto administrativo de 14
de julio de 2014.
6. Manifestó que la legalidad del Acuerdo No. 2 de 2009 estaba siendo
discutida, en segunda instancia, ante el Consejo de Estado.
7. Como fundamento de la vulneración señaló que, para el reconocimiento de
puntaje a los docentes de carrera, la Universidad de Cundinamarca debía aplicar el
Decreto 1444 de 1992 entre el 1 de enero de 2003 y el 2 de abril de 2009 y el
Decreto 1279 de 2002 desde 3 de abril de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012.
No obstante, desde 2003 la institución no ha cumplido con su obligación de asignar
el puntaje al que tiene derecho.
8. Adujo que el sistema de puntos salariales, por mandato legal, define la
remuneración mensual de los docentes universitarios de conformidad con los
artículos 1 y 4 del Decreto 1444 de 1992, 6 y 18 del Decreto 1279 de 2002 y está
aparejado al concepto de salario justo, proporcional y oportuno, a la luz de los
5 La información se extrae de la demanda: - Reclamación 2003: 5 puntos salariales - Reclamación 2004: 1,38
puntos salariales - Reclamación 2005: 3 puntos salariales - Reclamación 2006: 7 puntos salariales -
Reclamación 2007: 7 puntos salariales - Reclamación 2008: 7 puntos salariales - Reclamación 2009: 7 puntos
salariales - Reclamación 2010: 2 puntos salariales - Reclamación 2011: 2 puntos salariales - Reclamación 2012:
2 puntos salariales.
6 La información se extrae de la demanda: Ensayo “Una mirada a la realidad del programa de enfermería”: 60
puntos bonificación - Documento circular para estándares de calidad del programa de enfermería: 8.57 puntos
bonificación - Documento autoevaluación de la relación docente servicio: 8.57 puntos bonificación.
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artículos 53 de la Constitución Política, 1 y 12 del Convenio No. 95 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)7 y las sentencias SU-995 de 1999 y T-
093 de 2010 de la Corte Constitucional.
9. Sostuvo que corresponde a la universidad establecer y realizar la
evaluación de desempeño docente, siendo este uno de los elementos para tener en
cuenta en los procesos de acreditación de programas.
10. Explicó que de acuerdo con el Decreto Ley 19 de 2012 y los principios de la
función administrativa, está prohibido exigir documentos que reposan en la entidad
siendo, para el caso concreto, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento
de Puntaje la autoridad encargada de la elaboración, coordinación y custodia de las
evaluaciones de desempeño.
11. Manifestó que el Estatuto de Profesores8 prevé que la realización de la
evaluación docente es una obligación a cargo de la universidad a través del Consejo
de Facultad y los decanos y que, por conducto de los directores o coordinadores de
programa, la Oficina de Talento Humano debe notificar personalmente el resultado
de dichas evaluaciones9.
12. Respecto del reconocimiento de puntaje por productividad académica,
señaló que los escritos denominados «documento circular para estándares de
calidad del programa de enfermería» y «documento autoevaluación de la relación
docencia servicio» son publicaciones de carácter divulgado o de sistematización del
conocimiento relacionadas con las políticas de desarrollo académico adoptadas por
la universidad (Acuerdo No. 5 de 1998) y/o material de soporte a la docencia
(Acuerdo No. 2 de 2009), acordes a los criterios de acreditación.
13. Agregó que sobre el ensayo «Una mirada a la realidad del programa de
enfermería», la universidad no emitió pronunciamiento alguno y desconoció la
importancia de las tecnologías de la información de cara a la forma como fue
expresada dicha obra escrita (a través de publicación en página web).
14. Alegó que la respuesta a sus solicitudes no respetó los plazos (30 días para
convocar al comité y 45 días para resolver) y las formas (resolución motivada) que
establece el Acuerdo No. 1 de 2010.
Contestación de la demanda
15. La Universidad de Cundinamarca se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de caducidad, prescripción y falta de
cumplimiento de requisitos para la asignación de puntos por experiencia calificada
y por productividad académica.
7 Aprobado en Colombia mediante la Ley 54 de 1962.
8 Acuerdos Nos. 29 de 1997, 24 de 4 de julio de 2007 y 8 de 2009.
9 Acuerdo No. 1 de 2009.
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16. Señaló que en la demanda no se explicó en qué consistía el vicio de nulidad
que se le endilgaba a los actos demandados y que lo pretendido no era otra cosa
que la aplicación de normas expresamente derogadas.
17. Alegó que, de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de reclamación,
entiéndase el Decreto 1279 de 2002 y el Acuerdo No. 2 de 2009, los puntos por
experiencia calificada no se asignan por el mero paso del tiempo, sino que están
supeditados a obtener una calificación como mínimo sobresaliente en la evaluación
de desempeño del año anterior, aspecto que no fue demostrado en el proceso.
Sostuvo que los actos administrativos de reconocimiento de puntaje no fueron
recurridos ni demandados oportunamente y, por ello, quedaron en firme.
18. Manifestó que, al ser los procesos de evaluación y autoevaluación
compartidos entre el docente, los estudiantes y la universidad, no puede trasladarse
la responsabilidad de su no realización exclusivamente a la entidad, pues ello
implicaría desconocer la prohibición de beneficiarse de la culpa propia.
19. Adujo que los textos que pretendió hacer valer la demandante para reclamar
el puntaje por productividad académica no fueron publicados en una revista
clasificada, indexada u homologada por Colciencias ni en las memorias de un
evento académico, en los términos del Decreto 1279 de 2002, por lo que su
pretensión sobre el particular no tiene vocación de prosperidad10.
20. Precisó que con la solicitud de 2013 la parte actora pretendió revivir
términos y, en ese sentido, la demanda no fue oportunamente presentada de cara
a las resoluciones que resolvieron sobre los puntos salariales de 2003, 2004 y 2010
(Resoluciones Rectorales Nos. 453 de 17 de marzo de 2003, 3341 de 12 de
noviembre de 2004, y respuesta del CIAR de 1 de marzo de 2010). Asimismo,
manifestó que lo reclamado por la demandante había prescrito de 2012 hacia atrás.
Decisión de excepciones
21. El 9 de mayo de 2018, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró no probada la excepción de caducidad tras
considerar que lo reclamado dada la vigencia del vínculo laboral, tiene el carácter
de prestación periódica y, en ese sentido, de conformidad con el artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 – CPACA, la demanda podía presentarse en cualquier tiempo11.
Sentencia apelada
10 En la contestación se hizo mención a los siguientes productos: Ensayo «Una mirada a la realidad del programa
de enfermería»; artículos «La simulación y su importancia en el proceso de aprendizaje» y «El suicidio de
menores de edad un campanazo de alerta al que todos debemos actuar»; conferencia «El proceso de atención
de enfermería, norma o medidas de bioseguridad, métodos de limpieza, desinfección y esterilización, manejo
de residuos y deshechos hospitalarios, aislamiento hospitalario, uso de guantes técnica abierta y cerrada,
lavado de manos, oxigenoterapia-pulsometría y gases arteriales, nebulizaciones, sistemas de infusión,
intubación gastrointestinal»; Documento circular para estándares de calidad del programa de enfermería; y
Documento autoevaluación de la relación docente servicio.
11 Mediante auto de 22 de abril de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó
la decisión del tribunal, tras comprobar que al momento de presentación de la demanda la señora Sánchez
Infante estaba vinculada a la Universidad de Cundinamarca.
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22. Mediante sentencia de 4 de agosto de 2022, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Para ello, señaló que no era posible reconocer puntos salariales por
experiencia calificada pues no se aportaron las evaluaciones de desempeño de los
periodos reclamados, siendo estas un requisito necesario para ello.
23. Sostuvo que de conformidad con el Acuerdo No. 29 de 1997 de la
Universidad de Cundinamarca, la docente tenía la carga de solicitar la realización
de aquellas evaluaciones, lo cual no quedó acreditado en el proceso.
24. En lo que respecta a la productividad académica, aclaró que, de las razones
de la demanda y los argumentos planteados en la reclamación administrativa, logró
advertir que lo pretendido por la parte actora fue el reconocimiento de la bonificación
(puntos bonificación) y no puntos salariales. Sin embargo, no existieron elementos
de juicio que hicieran posible catalogar las producciones en las que participó la
demandante como cualquiera de las modalidades que prevé la norma para ese fin.
25. Finalmente, no condenó en costas a la parte demandante, pues no fueron
causadas ante su falta de demostración en el proceso.
Recurso de apelación
26. La demandante solicitó que se revocara la decisión de primer grado y en su
lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Señaló que la sentencia de
primera instancia desconoció (i) que el sistema de puntos salariales es el
mecanismo legal establecido para determinar la remuneración mensual de los
docentes universitarios, y (ii) el alcance que constitucional12 y convencionalmente13
se le ha dado al concepto de salario.
27. Indicó que el tribunal dio una lectura errada del Acuerdo No. 29 de 1997
pues esta norma no se refiere a la evaluación de desempeño sino a aquella que se
debe realizar en el periodo de estabilidad. Solo hasta la expedición del Acuerdo No.
2 del 2015, el Consejo Académico de la universidad adoptó los instrumentos para
la evaluación de los docentes.
28. Alegó que no pueden trasladarse obligaciones del ente universitario a sus
docentes, pues pese a que estos últimos participan en el proceso de evaluación, es
la universidad a través de sus autoridades administrativas la que debe establecer
los instrumentos de evaluación, tramitar sus etapas y consolidar los resultados.
29. Agregó que la sentencia apelada incurrió en un error al condicionar los
derechos laborales a la conducta del empleado, pues en virtud del principio de
12 Artículo 53 de la Constitución Política y sentencia SU-519 de 1997 de la Corte Constitucional.
13 Artículos 1 y 12 del Convenio No. 95 de la OIT.
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irrenunciabilidad, ninguna omisión del trabajador puede justificar el desconocimiento
de sus garantías.
30. Frente a la negativa de reconocer puntos por productividad académica,
adujo que los escritos «documento circular para estándares de calidad del programa
de enfermería» y «documento autoevaluación de la relación docencia servicio»
cumplieron los requisitos de la norma para ello, así como los lineamientos del
Consejo Nacional de Acreditación.
31. En cuanto al ensayo «Una mirada a la realidad del programa de
enfermería», insistió que la universidad no emitió pronunciamiento alguno y que su
publicación en página web se hizo por orden de la vicerrectoría académica. En ese
sentido, estimó que no resultaba coherente que la demandada desacredite un
producto académico para efectos salariales y prestacionales, pero se valga de la
misma para soportar el cumplimiento de los indicadores de calidad en educación
dentro de los procesos de acreditación de calidad ante el Ministerio de Educación
Nacional.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
32. Mediante auto de 13 de abril de 2023, se admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de 4 de agosto de 2022.
33. La Universidad de Cundinamarca solicitó que se confirmara la decisión de
primera instancia y para ello insistió en los argumentos planteados en la
contestación de la demanda y sus alegatos de conclusión de primera instancia.
34. Agregó que la demandante no puede pretender que se aplique el Acuerdo
No. 5 de 1998 bajo la presunta ilegalidad del Acuerdo No. 2 de 2009, pues este
último superó el respectivo control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo14, siendo así una norma vigente y de obligatorio cumplimiento.
Asimismo, al haber sido derogado el Decreto 1444 de 1992 a través del Decreto
2912 de 2001, el mencionado Acuerdo No. 5 de 1998 quedó sin fundamento jurídico
y, en consecuencia, no es procedente reconocer puntos salariales apoyándose en
disposiciones que ya no hacen parte del ordenamiento jurídico.
35. Finalmente, reiteró que habían transcurrido más de 4 meses entre la
demanda y los pronunciamientos iniciales de la universidad y las nuevas solicitudes
no pueden revivir los términos para demandar, así como que toda reclamación que
tuviere más de 3 años de llegar a ser procedente debe ser analizada de cara a la
figura de la prescripción.
36. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 22 de febrero de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2012-
01947-02 (1390-2014)
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II. CONSIDERACIONES
Competencia
37. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
38. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si la demandante acreditó
los requisitos legales para el reconocimiento de los puntos salariales por experiencia
calificada y productividad académica en los periodos reclamados, así como de la
bonificación (no salarial) por productividad académica. De ser afirmativa la
respuesta a este interrogante, deberá estudiarse si operó o no el fenómeno de
prescripción.
Análisis del problema jurídico
39. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 4 de agosto de
2022 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, luego de corroborar que, en efecto, no se
acreditaron las evaluaciones de desempeño para los periodos reclamados, ni fueron
aportados los documentos invocados como producción académica.
40. Lo anterior, de conformidad con el marco normativo que regula el régimen
salarial y prestacional de los docentes de las universidades públicas y
concretamente el reconocimiento de puntos salariales por experiencia calificada y
por productividad académica en la Universidad de Cundinamarca.
41. Al respecto, se tiene que el Decreto 1444 de 199215 determina la
remuneración mensual de los docentes tiempo completo16 de las universidades
estatales a partir de la sumatoria de todos los puntos que a cada cual corresponda
de acuerdo con factores como estudios, escalafón, experiencia calificada,
productividad académica y actividades de dirección, multiplicado por el valor del
punto.
42. Frente a los puntos salariales por experiencia calificada, estableció una
tabla fija acorde a la categoría del docente y determinó que el puntaje se
15 Aplicable a los docentes de universidades públicas del orden departamental, municipal y distrital, en virtud de
los Decretos 55 de 1994, 55 de 1995, 44 de 1996 y 66 de 1997.
16 Para los demás se calcularía de forma proporcional la dedicación.
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reconocería anualmente con base en la evaluación del año inmediatamente
anterior. Por su parte, en relación con la productividad académica, determinó los
puntajes dependiendo de ciertas categorías entre las que se contempla la relativa a
«publicaciones impresas a nivel universitario de carácter divulgativo o de
sistematización del conocimiento que estén relacionadas directamente con las
políticas de desarrollo académico adoptadas por la respectiva universidad» 17.
43. Mediante Acuerdo No. 29 de 1997, el Consejo Superior de la Universidad
de Cundinamarca expidió el estatuto de profesores de la institución. En él18 se indicó
que la evaluación de desempeño es uno de los fundamentos del sistema de carrera,
hace parte del proceso integral, permanente y sistemático de evaluación docente y
está coordinado por el respectivo consejo de facultad al que este adscrito el
empleado. Asimismo, señala que dicha evaluación se realizaría por solicitud del
docente o por decisión de la institución, así como su periodicidad.
44. La misma autoridad profirió el Acuerdo No. 5 de 199819, por medio del cual
se fijaron los criterios para asignar puntajes, entre otros, a la productividad
académica y la experiencia calificada. En lo que respecta esta última, dispuso que
para la evaluación de desempeño debía remitirse a lo previsto en el estatuto de
profesores. Sobre productividad académica, definió sus formas, entre ellas, las
publicaciones impresas a nivel universitario, sus modalidades y requisitos para ser
avaladas, así como los criterios de evaluación y procedimiento.
45. El Decreto 2912 de 200120 mantuvo la experiencia calificada y la
productividad académica como factores de puntaje y fijó nuevas tablas para la
asignación de puntos para cada uno. Además, diferenció el puntaje (salarial) por
productividad académica de las bonificaciones por productividad académica, pues
estas últimas no tiene carácter salarial.
46. Por su parte, el Decreto 1279 de 200221 conservó la experiencia calificada
y la productividad académica como factores para la asignación de puntos salariales
de la remuneración inicial y su modificación. Sobre la asignación de puntaje por
experiencia calificada, indicó que está supeditada a la evaluación del desempeño
del año inmediatamente anterior. Frente a la productividad académica, señaló sobre
cuáles productos se podría reconocer puntaje. Finalmente, reprodujo la
diferenciación entre puntos salariales por productividad académica y bonificaciones
por productividad académica.
47. A través del Acuerdo No. 24 de 2007, el Consejo Superior de la Universidad
de Cundinamarca expidió un nuevo estatuto profesoral. En este se determinó que
la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es valorar el desempeño de
17 Decreto 1444 de 1992, artículos 1, 4 y 5.
18 Acuerdo No. 29 de 1997, artículos 22, 60 y 62.
19 Acuerdo No. 5 de 1998, artículo 3, 7, 9, 10, 11 y 18.
20 Decreto 2912 de 2001, artículos 3, 6, 7 y 13.
21 Decreto 1279 de 2002, artículos 6, 9, 10, 12, 18, 19 y 24.
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los profesores en todas sus funciones y se lleva a cabo anualmente por el decano
a partir de la reglamentación que haga el Consejo Académico de la institución22.
48. En virtud de lo anterior, dicha instancia académica dictó el Acuerdo No. 1
de 2009, por medio del cual se reglamentó el sistema de evaluación de desempeño
de los profesores de la universidad. Allí se determinó, entre otros, que (i) el proceso
de evaluación de desempeño es obligatorio para los evaluadores y el evaluado; (ii)
las evaluaciones semestrales se llevarían a cabo entre la semana 12 y 13 de cada
periodo académico; (iii) en dicha evaluación intervienen el director o coordinador del
programa, el docente y los estudiantes; y (iv) la conformación del portafolio de
evidencias es responsabilidad de los 2 primeros23.
49. Finalmente, el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca profirió
el Acuerdo No. 2 de 2009. En este se dispuso24 que (i) los docentes se remuneran
con el sistema de puntos salariales que toma en consideración, entre otros, la
experiencia calificada y la productividad académica; (ii) para el puntaje por
experiencia calificada se fijó una tabla que tomó en consideración la actividad de
investigación, la docencia universitaria, la dirección académica y experiencia disímil
de la docencia, así como el escalafón docente, y se supeditó su asignación a la
calificación mínima de sobresaliente25 en la evaluación de desempeño; (iii) el
puntaje por producción académica atendería las modalidades, criterios y topes
previstos en el Decreto 1279 de 2002; y (iv) las bonificaciones por productividad
académica son reconocimientos monetarios no salariales que se conceden por una
sola vez a actividades o productos académicos específicos.
Bajo ese contexto, la Sala estima necesario determinar qué norma (reglamentos
internos) era aplicable para cada periodo reclamado. En ese sentido, se evidencia
que para aquellas reclamaciones sobre los puntos salariales de 2003 a 2009 (año
de expedición del Acuerdo No. 2 de 2009), estaban vigentes los Acuerdos No. 29
de 1997 y 5 de 1998; mientras que, para lo correspondiente de 2009 en adelante,
la petición debía resolverse al tenor de lo consignado en los Acuerdos No. 1 y 2 de
2009. Aunado a ello, respecto del Acuerdo No. 24 de 2007, debe precisarse que si
bien dicho acto fue expedido durante el primer periodo (2003-2009), lo cierto es que
en él se determinó que la evaluación docente se haría a partir de la reglamentación
que hiciera el Consejo Académico de la institución, la cual solo se produjo hasta
2009 (Acuerdo No. 1 de 2009).
50. Asimismo, es preciso señalar que con independencia del régimen interno
de la universidad que estuviere vigente, el reconocimiento de puntos salariales por
experiencia calificada nunca ha sido automático ni deriva del simple paso del
tiempo, pues ha estado supeditado al resultado de la evaluación de desempeño; así
lo exigen tanto en el Decreto 1444 de 1992 como en el Decreto 1279 de 2002. Sin
22 Acuerdo No. 24 de 2007, artículo 33.
23 Acuerdo No. 1 de 2009, artículos 9, 11, 12, 13, 14 y 16.
24 Acuerdo No. 2 de 2009, artículo 4, 13, 14, 15 a 23, 27, 38 y 40.
25 Acuerdo No. 1 de 2009, artículo 19.2.
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Demandante: Clara Inés Sánchez Infante
embargo, en el presente caso, la realización de las aludidas evaluaciones no fue
acreditada por la parte demandante.
51. De acuerdo con las normas citadas, la responsabilidad sobre las
evaluaciones no recae exclusivamente en la universidad. El Acuerdo No. 29 de 1997
preveía que estas se hacían por solicitud del docente o decisión de la institución.
Luego, los Acuerdos Nos. 24 de 2007 y 1 de 2009 determinaron que se trataba de
un proceso de obligaciones compartidas en razón de la intervención del director o
coordinador del programa, el docente (a través de las autoevaluaciones y su
obligación sobre el portafolio de evidencias) y los estudiantes, siendo de carácter
obligatorio tanto para el evaluado (entiéndase el docente) como para los
evaluadores.
52. En ese orden, no son de recibo los argumentos relativos a que la
demandada trasladó su responsabilidad a la señora Clara Inés Sánchez Infante
como una carga que no estaba llamada a soportar, porque el ordenamiento jurídico
le asignó como docente deberes puntuales frente al proceso de evaluación de
profesores, dándole así una participación activa en la misma.
53. En otras palabras, aunque la evaluación de desempeño es una función
institucional, el régimen interno aplicable también impone al docente ciertas cargas
de participación y gestión dentro del proceso evaluativo. En este caso, la
demandante no aportó las evaluaciones de desempeño y mucho menos los
portafolios de evidencia correspondientes a los años 2003 a 2012. Por esa razón,
no resulta procedente el reconocimiento de los puntos salariales por experiencia
calificada.
54. Ahora bien, sobre los puntos salariales y la bonificación (no salarial) por
producción académica, debe señalarse que no todo documento académico o
institucional elaborado por un docente da lugar al reconocimiento de puntaje. Para
ello, debe encuadrarse en una de las modalidades previstas en el régimen aplicable
y cumplir las condiciones formales y sustanciales exigidas para su reconocimiento.
55. No obstante, en el asunto bajo estudio, la Sala comparte las
consideraciones del tribunal, pues la demandante no aportó los escritos que
pretendía hacer valer para que le fuera modificado su puntaje salarial y reconocida
una bonificación no salarial, y sin esos documentos (productos) el juez no puede
verificar su naturaleza y adecuación a las categorías legales, así como los criterios
de evaluación que le eran aplicables. Sobre el particular, debe recordarse que de
conformidad con el artículo 167 del CGP, la carga de la prueba recae en quien alega
los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones.
56. En consecuencia, la ausencia de prueba de las evaluaciones de desempeño
como de los productos académicos impide tener por acreditados los supuestos
normativos para el reconocimiento del puntaje y la bonificación reclamada, lo que
conduce a confirmar la decisión apelada.
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Demandante: Clara Inés Sánchez Infante
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
59. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 4 de agosto de
2022 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Clara Inés
Sánchez Infante, a favor de la Universidad de Cundinamarca. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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