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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01946-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01946-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal tercero (3) de la sentencia del Treinta y uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala Transitoria, aclarado por medio de la providencia del Treinta (30) de junio de Dos Mil Veinte (2020), el cual quedará así: «TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario del demandante desde el Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011) y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese momento el demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto, hasta su desvinculación; b). Reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011), hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 del 2021 dada ras razones expuestas en el anterior literal. Es de señalar que las diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para el cargo de juez de la República. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos. c) liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, a partir Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011), y hasta el momento de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si el demandante siguiere vinculado en su calidad de juez de la República, teniendo en cuenta que a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01946-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2016-01946-02 (1111-2022)1
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, contra
la sentencia del Treinta y uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala Transitoria, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones3.

1. El señor Hernán Mauricio Oliveros Motta, por intermedio de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:

«1.1. Se declare la NULIDAD del acto administrativo DESAJ14-JR-582 del 5 de febrero de
2014, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá –
Cundinamarca, así como, la nulidad de la Resolución No. 3397 del 23 de mayo de 2014,
mediante la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial confirmó en segunda
instancia dicha decisión.

1
Expediente físico
2
Expediente físico – folios 36-42
3
Expediente físico – folios 36-37

2

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

1.2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y en restablecimiento de los
derechos de mi poderdante, se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
• Bogotá, a RELIQUIDAR los salarios, las primas de servicio, de vacaciones y navidad, las
vacaciones, cesantías y la bonificación por servicios prestados, más las diferencias que
resulten en el pago de la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992.

1.3. Igualmente, y como consecuencia de la declaratoria de nulidad y en restablecimiento
de los derechos de mi representado, se CONDENE a la aquí demandada:

1.3.1. Al PAGO de las diferencias salariales ocasionadas por la disminución de la
remuneración mensual de mi poderdante, en razón al descuento del 30% del salario
básico, por concepto de prima especial.

1.3.2. Al PAGO de las diferencias prestacionales por la indebida liquidación de las primas
de servicio, de vacaciones y navidad, las vacaciones, cesantías y la bonificación por
servicios prestados, entendida esta reliquidación sobre el 100% del salario básico
establecido en los decretos que reglamentan el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios judiciales año por año.

1.3.3. Al PAGO de las diferencias que resulten en el pago de la prima especial
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

1.3.4. Al PAGO de los intereses moratorios, así como, el pago indexado de las referidas
sumas.

1.3.5. Finalmente, se ordene a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Bogotá, para que los pagos
futuros, en lo sucesivo, sea el señalado en el respectivo incremento que decrete el
gobierno, más el 30% de ese valor, como prima especial sin carácter salarial, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y que las prestaciones sociales sean liquidadas
con el 100% del valor del salario básico.»

2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes4:

3. El señor Hernán Mauricio Oliveros Motta, labora al servicio de la Rama Judicial en
el cargo de Juez Tercero Laboral Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá, desde el
Seis (6) de julio del Dos Mil Once (2011), con vinculación activa a la fecha de presentación
del medio de control de la referencia.

4. El Veintitrés (23) de diciembre del Dos Mil Trece (2013), radicó petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial -
Bogotá, por medio de la cual, solicitó la reliquidación de salarios, las primas de servicios,
de vacaciones y navidad, las vacaciones, cesantías y la bonificación por servicios
prestados, más las diferencias que resultaran en el pago de la prima especial
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

4
Expediente físico – folios 37-38

3

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

5. Mediante oficio DESAJ14-JR-582 del Cinco (5) de febrero del Dos Mil Catorce
(2014), la accionada resolvió no acceder a lo antes pedido, por lo que, interpuso recurso
de apelación.

6. A través de la Resolución No. 3397 del Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Catorce
(2014), la dirección ejecutiva de administración judicial de Bogotá D.C., resolvió el recurso
de apelación, en el sentido de confirmar en todas sus partes, la decisión contenida en el
oficio DESAJ14-JR-582 del Cinco (5) de febrero del Dos Mil Catorce (2014).

7. El Quince (15) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), agotó la etapa de
conciliación ante la Procuraduría No. 10 Judicial II para Asuntos Administrativos.

1.2. Normas violadas y concepto de violación5

8. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:

9. La Constitución Política: artículos 13, 25 y 53 y, la Ley 4ª de 1992: artículo 14.

10. En el concepto de violación, sostiene que, la Rama Judicial, al considerar que el
treinta por ciento (30%) del salario básico constituye la prima especial sin carácter salarial
y al liquidar las prestaciones sobre el setenta por ciento (70%) restante, redujo
indebidamente la remuneración del demandante.

11. En ese sentido, se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración
judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.

1.3. Contestación de la demanda6

12. La entidad demandada actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, los actos
demandados se ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.

5
Expediente físico – folios 92-96
6
Expediente híbrido, Samai, visualizar expediente, documento 32ED-CUADERNO01-28CONTESTACIONDEMANDA.

4

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

13. Afirmó que, la sentencia de simple nulidad del Consejo de Estado tiene efectos
generales y hacia el futuro, por lo que, no permite reconocer pagos retroactivos ni
derechos particulares, y, la administración no puede inaplicar normas vigentes, en razón
a que, el control de legalidad corresponde exclusivamente a los jueces.

14. Sostuvo que, la prima especial del 30% no tiene carácter salarial, tal como, lo
establecen la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, disposición que, además fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, razón por la cual, no puede incluirse para
la liquidación de prestaciones sociales.

15. Formuló las excepciones de «ausencia de causa petendi», «cosa juzgada
constitucional», comoquiera que, la citada prima según la Ley 4ª de 1992, es sin carácter
salarial. Asimismo, alegó la excepción de caducidad, pues, considera había operado, al
momento de ser interpuesto el medio de la referencia.

1.4. La sentencia de primera instancia7.

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala Transitoria, por medio de la
sentencia del Treinta y uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas de la siguiente
manera:

«PRIMERO: DECLARAR improbada la excepción denominada “Ausencia de causa petendi”
formulada por la Nación —Rama Judicial, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en el oficio
No. DESAJ14-JR-582 del 05 de febrero de 2014 y la Resolución 3397 del 23 de mayo de
2014, proferidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en favor del señor
HERNAN MAURICIO OLIVEROS MOTTA retroactivamente la diferencia existente entre lo
percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales, sobre la base del
salario básico más el 30% de acuerdo a la prima especial de servicios, y de las prestaciones
sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico para las que únicamente se tuvo
en cuenta el 70% del salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente al
periodo comprendido entre el 06 de julio de 2011 y hasta tanto ejerza como Juez de la
República, debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: La Nación Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

7
Expediente físico – folios 133-137

5

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

QUINTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto en
la parte motiva.

SEXTO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.

SÉPTIMO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la parte
demandante de los remanentes de los gastos ordinarios de prueba especial o que hubiere
lugar, y al archivo del expediente.»

17. La anterior decisión, fue aclarada por medio de la providencia del Treinta (30) de
junio de Dos Mil Veinte (2020), en el sentido de precisar que, el ordinal tercero quedaría
así8:
«TERCERO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en
favor del señor HERNAN MAURICIO OLIVEROS MOTTA retroactivamente la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir por concepto de:
ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico. El 30%
de acuerdo a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales liquidadas
sobre la base de todo el salario básico, es decir teniendo en cuenta el 30% del
salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación desde el
06 de julio de 2011 y hasta tanto ejerza como Juez de la República, debiéndose
descontar lo pagado efectivamente por los mismos conceptos, conforme con lo
expuesto en la parte motiva»

18. A la anterior decisión arribó el Tribunal, luego de considerar conforme a las
pruebas obrantes en el expediente y, en los hechos que no fueron objeto de
controversia, que el señor Hernán Mauricio Oliveros Motta, para el Seis (6) de julio de
Dos Mil Once (2011), fungía como juez de la República, por lo que, de acuerdo con la
normatividad aplicable al sub examine, es beneficiario de la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

19. En atención a lo expresado por la demandada sobre la prima especial de servicios,
concluyó que, no fue correctamente liquidada en los ingresos mensuales del
demandante, razón por la cual, declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados,
pues, le asistía el derecho a que, le paguen las diferencias entre lo recibido y lo dejado
de percibir desde el Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011), hasta tanto, funja como
Juez de la República, por lo que, señaló no tenía vocación de prosperidad la excepción
propuesta por la Nación - Rama Judicial denominada “Ausencia de causa petendi".

20. En consecuencia, ordenó a la accionada reconocer, reliquidar y pagar los ingresos
mensuales del señor Hernan Mauricio Oliveros Motta, sobre la base del 100% del salario
básico más el 30% de la prima especial de servicios y las prestaciones liquidadas sobre

8
Expediente físico – folios 153-154

6

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

la base de todo el salario básico, sin sumar o restar el 30% equivalente a la prima
especial, toda vez que, dicha prestación social no tiene carácter salarial. Asimismo,
dispuso que las diferencias mensuales reconocidas, deben ser indexadas.

1.5. De los recursos de apelación.

21. La parte demandante9 señala que, de la orden de restablecimiento del derecho,
no es clara, cuál es la parte del salario dejado de pagar, así como tampoco, cuál es la
diferencia objeto de condena, lo que puede afectar la ejecutabilidad y materialización de
la decisión judicial con grave afectación a los intereses del demandante.

22. Considera que debe aclararse, la orden judicial, en el sentido de indicar que la
diferencia objeto del pago corresponde al 30% del salario básico que fue dejado de pagar
mes a mes, por la indebida interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, durante
todos los periodos que el demandante se encuentre vinculado como funcionario judicial.

23. Asimismo, aduce que, la condena no es clara ni expresa, pues, deja un marco de
interpretación respecto a qué prestaciones se liquidaron con el porcentaje indicado, con
lo que se desconoció que todas y cada una de las prestaciones (prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios
prestados, seguridad social en salud y pensión, etc.) fueron liquidadas irregularmente
sólo sobre el 70% del salario básico, por lo que, debió concretarse la condena a
determinar que deben ser reliquidadas todas y cada una de ellas sobre el 100% del
salario básico incluido el 30% que fue ilegalmente descontado.

24. De igual manera, solicita el reconocimiento de los intereses previstos en el artículo
195 del CPACA, y las costas procesales, al configurarse los supuestos de hecho y de
derecho.

25. Por otra parte e inconforme con la decisión de primera instancia, la demandada10,
también interpuso recurso de apelación, en el cual, sustenta que, de acceder al pago
adicional del 30% de la retribución consagrada anualmente, en cada uno de los decretos
salariales, por concepto de prima especial, implicaría que mensualmente se le pague al
servidor una remuneración que excede el techo establecido por el Decreto 1251 del 14
de abril del 2009, del total de los ingresos de los magistrados de las altas cortes, según

9
Expediente físico folios 146-147
10
Expediente físico – folios 148-150

7

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

el caso.

26. Aduce que, en caso de considerarse que, a la parte actora le asiste derecho en
cuanto a la forma de liquidación de la prima especial, debe aplicarse la prescripción trienal
desde el mes de julio de 2014 hacia atrás.

1.5. Trámite de segunda instancia

27. Mediante oficio del Dos (2) de marzo de Dos mil Veintitrés (2023)11, los
magistrados de la sección segunda, Subsección B, se declararon impedidos para conocer
del medio de control de la referencia en razón a que, les asistía interés directo en el
resultado del proceso.

28. Por auto del Veintiuno (21) de septiembre de Dos mil Veintitrés (2023)12, la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, declaró fundado el
impedimento de los magistrados de la Subsección B y, a la vez, estos también se
declararon impedidos.

29. El Veintitrés (23) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025), se realizó el sorteo de
los conjueces que han de reemplazar a los H. Magistrados de la Sección Segunda, cuyo
conocimiento correspondió al conjuez Dr. Hugo Alberto Marín Hernández13.

30. Por auto del Cinco (5) de marzo de Dos mil Veinticinco (2025), el conjuez ponente,
ordenó remitir el presente asunto al despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero
Banguera, para lo de su cargo.

31. Por auto del Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la
referencia y dispuso continuar con el trámite para proferir la decisión correspondiente14.

32. El Primero (1°) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), se ordenó admitir los recursos
de apelación interpuestos por los extremos de la litis en contra de la sentencia de primera
instancia, y se dispuso que, una vez ejecutoriado el auto, salvo que las partes presenten

11
Expediente híbrido, Samai, visualizar expediente, documento 071MANIFESTACÓNIMPEDIEMENTO
12
Expediente híbrido, Samai, visualizar expediente, documento 074AUTORESUELVEIMPEDIEMENTO
13
Expediente híbrido, Samai, acta de sorteo de conjuez
14
Expediente híbrido, Samai, visualizar expediente, documento 088AUTOAVOCA

8

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

solicitudes probatorias, dentro de los diez (10) días siguientes, se autorizó a las partes
presentar sus alegatos de conclusión, sin necesidad de auto que así lo disponga, de
acuerdo con el artículo 247.4 del CPACA15.

33. La parte accionante, presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que,
aduce no desconocer que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, no tiene carácter salarial, además, en cumplimiento de la Ley 332 de
1996, únicamente constituye ingreso base de liquidación, para la pensión de jubilación.
No obstante, la petición se centró en el hecho que, la administración judicial haya
descontado la referida prima del salario básico, cuando la misma no puede generar una
disminución en la remuneración básica del funcionario, sino que, debe entenderse como
un plus en el ingreso de los servidores públicos, tal y como, lo ha indicado el Consejo de
Estado en reiterada jurisprudencia.

34. Considera que, la decisión de primera instancia no debe restringirse al cargo de
juez, sino que debe comprender todos los cargos establecidos en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, el cual, predica no sólo respecto de jueces, sino también de otros cargos que
no pueden ser excluidos de la debida interpretación normativa, pues, ello conllevaría
avalar la indebida actuación de la entidad demandada.

35. Expone que, es procedente el pago de intereses moratorios como indemnización
de los perjuicios ocasionados por el pago indebido de los salarios y acreencias laborales.

36. De cara al fenómeno de la prescripción, aduce que, no debe ser aplicada a las
cesantías causadas durante la vinculación del demandante, teniendo en cuenta lo
señalado en la sentencia de unificación CE-SUJ-004-2016, según la cual, el derecho a
las cesantías no prescribe mientras la relación laboral se encuentre vigente.

1.6. Concepto del Ministerio Público.

37. El representante del Ministerio Público delegado ante el H. Consejo de Estado, se
abstuvo de rendir concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

15
Expediente híbrido, Samai, visualizar expediente, documento 093AUTOADMITE

9

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

2.1 Competencia

38. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia,
cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, este se resolverá sin limitaciones.

2.2. Problemas jurídicos

39. Corresponde a la Sala, resolver los siguientes:

i) ¿Al señor Hernán Mauricio Oliveros Motta, en su calidad de juez de la
República, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

ii) ¿La orden de restablecimiento del derecho, impuesta por el A quo a la entidad
accionada a favor del demandante, es clara y está acorde con el ordenamiento
jurídico que regula la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992?

iii) ¿El reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, en los términos
ordenados por el Tribunal, supera el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009?

iv) ¿Se configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por el señor Hernán Mauricio Oliveros Motta?

v) ¿Hay lugar a imponer condena en costas procesales a la parte demandada, en
aplicación de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso?

40. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios y ii) caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos.

10

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

41. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, ejercer distintas
funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral 19, literal e), ibidem, del
siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.” Este esquema se

materializa a través de las denominadas leyes marco, en virtud de las cuales se le reserva
al Congreso de la República la determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su
parte, la regulación particular de la materia, así como su aplicación concreta -vía decreto-
16.

42. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en el
artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el legislador en
la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial17, con arreglo a la cual regula
una materia, al amparo de un amplio margen de decisión, restringido por los principios,
parámetros y directrices generales que impone el legislador18. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha sostenido que, entre la potestad reglamentaria del ejecutivo, y la
extensión de la ley habilitante, existe una relación inversamente proporcional, puesto que
“ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de
la potestad reglamentaria”19.

43. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin embargo,
con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa regulada por el
ejecutivo20. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta potestad regulatoria
habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir legislación anterior con fuerza de
ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991, siempre que se someta a los criterios
definidos en la ley marco correspondiente. Así, los decretos expedidos por el Gobierno

16
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
17
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009, radicación:
2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor: Luis Fernando
Jaramillo Duque.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00 (2171-
2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra Mercedes
Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
19
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-000-
2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.

11

Número Interno: 1111-2022
Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

en desarrollo de una ley marco, no se entienden como los decretos reglamentarios
ordinarios del artículo 189, numeral 11, sino actos administrativos de carácter general
que cumplen un mandato constitucional directo de completar la ordenación de la
materia21.

44. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce (12) de mayo
de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta dinámica normativa (es
decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está radicada en la necesidad de
regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema prestacional y salarial de los servidores
públicos, de una manera flexible que permita responder eficiente y rápidamente a
situaciones cambiantes, que se podrían ver amenazadas por la falta de dinamismo que
supone el trámite legislativo22.

45. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150, numeral 19,
literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco 4ª de 1992 23, en
virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los sujetos contemplados
en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, sin distingo del sector, régimen o denominación; los empleados del Congreso,
la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización
Electoral y la Contraloría General de la República; los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.

46. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-244
de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se alude, corresponde al género que
comprende todos los derechos laborales, mientras que el “salario” es sólo una especie
dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas que, aunque
incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan necesariamente incidencia
en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-000-
2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo de 2022,
Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
23
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

12

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Demandante: Hernán Mauricio Oliveros Motta
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

47. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el reconocimiento
automático que todo pago deba ser considerado base para el cálculo de prestaciones
sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite la creación de bonos, primas
o beneficios que aumenten el ingreso disponible del trabajador, pero a los cuales se les
niegue impacto sobre la carga prestacional24.

48. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y criterios
que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados
en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general,
como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del
Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes
en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor,
ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización
Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

49. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que lo
integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los
siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban
desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

50. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de 1992
dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte el Gobierno, “carecerá

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-000-
2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto reafirma la competencia
concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, en el entendido que, mientras el Congreso de
la República define los objetivos y criterios generales, el Gobierno regula los aspectos
específicos, sin que, a través de dicha facultad reglamentaria especial, le esté permitido
desconocer derechos adquiridos, desmejorar los salarios y prestaciones sociales,
soslayar la carrera administrativa, o inobservar la política macroeconómica y fiscal del
país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

51. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió
la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para
los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, excepto
los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a
partir del primero 1° de enero de 1993.

52. La prima especial de servicios, fue creada como un incremento calculado sobre el
100% de la asignación básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996
dispuso que aquella sería factor salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

53. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de estudio
por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia del veintinueve
(29) de abril de dos mil catorce (2014)25, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos que fijaron el régimen
salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la naturaleza de la prima
especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco,
esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador
con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de
la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29 de abril
de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).

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Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

54. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a un
valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración
derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento
de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En el citado
pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de servicios es un incremento del
salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii)
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los
beneficiarios tienen derecho a percibirla como un incremento del salario básico, sin que
en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo
correspondiente.

55. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, en la precitada sentencia:

1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de

15

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la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80%
es un piso y un techo.

56. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter salarial
para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no constituye factor
para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 332 de 1996.

2.3.3. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.

57. De igual manera, la Sala de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción
de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes
términos26: “Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y,
a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual sentido, precisó

que27:

“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en un plazo de
3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que
puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo de 2026,
radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

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disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969”.

58. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)28, el Consejo
de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho. Valga anotar que, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de
los aportes pensionales, puesto que, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 constitucional,29 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y
no regresividad, y con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en
pensiones.

59. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo,
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción, convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez
del trabajador.

60. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la prescripción se cuenta
retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en
vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la
sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los
aportes pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho
fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, como
se expuso ut supra30.

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez).
29
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo de 2026,
radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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61. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, y en la norma
aplicable al caso concreto, se procede a decidir el presente asunto.

2.4. Hechos probados.

62. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante petición del Veintitrés (23) de diciembre de Dos mil Trece (2013)31, la
apoderada del demandante le solicito al Director Seccional de Administración Judicial de
Bogotá: (i) Reliquidar los salarios, las primas de servicio, vacaciones y de navidad, así
como las vacaciones, la bonificación por servicios, las cesantías y la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, respecto de los tiempos laborados
como juez de la República, desde el Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011); (ii) que las
referidas sumas sean indexadas; y (iii) los pagos posteriores se hagan de manera
correcta y conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

b) En virtud del Oficio DESAJ14-JR-582 del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Catorce
(2014)32, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, negó lo solicitado
por el actor, para lo cual, sostuvo que: “(…) Se evidencia que por mandato expreso de la Ley
4ª de 1992, artículo 14, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial ni prestacional,
situación reiterada en los distintos decretos aplicables a los servidores de la Rama Judicial, lo
que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para liquidación (sic) y pago de
las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios
prestados, ya que solo se tendrá en cuenta para el sistema general de pensiones y de seguridad
social en salud. Como quiera que las normas que regulan la prima especial se encuentran
actualmente vigentes y opera sobre ellas su presunción de legalidad mientras no hayan sido
anulada o suspendidas por la jurisdicción, esta Dirección Ejecutiva Seccional tiene la obligación
de aplicarlas cabalmente, para sus (sic) actuaciones queden enmarcadas dentro de los
parámetros legales existentes (…) aclaró en lo concerniente al pago de salarios de los servidores
judiciales adscrito al distrito judicial, cumple una función netamente pagadora, razón por la cual,
toda actuación está sujeta a los lineamientos precisados en la normatividad que a la fecha se
encuentra vigente.»

c) Mediante escrito del Trece (13) de febrero de Dos mil Catorce (2014)33, el interesado

31
Expediente físico – folios 3-5
32
Expediente físico – folios 6-7
33
Expediente físico – folios 9-10

18

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interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo primigenio, el cual, fue
concedido por medio de la Resolución No. 1069 del Siete (7) de marzo de Dos Mil Catorce
(2014)34, y resuelto a través de la Resolución No. 3397 del Veintitrés (23) de mayo de
Dos Mil Catorce (2014), en el sentido de confirmar en todas sus partes la decisión
recurrida35.

d) Por medio de la certificación expedida por la coordinadora del área de talento humano
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, se hace constar
que, el señor Hernan Mauricio Oliveros Motta, presta sus servicios en la Rama Judicial
desde el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Siete (2007) y a la fecha de
expedición del certificado, Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013),
desempeñaba el cargo de juez municipal, grado 00, ejerciendo sus funciones en el
Juzgado 3 Municipal Pequeñas Causas Laborales Bogotá, nombrado en descongestión
y pertenece al régimen salarial acogido, el cual devenga los siguientes conceptos:
asignación básica: $ 3.538.836, Prima Especial Servicios(2): $ 1.061.651 y Bonificación
Judicial: $ 579.99636.

e) Con la certificación DESAJ13-THCER-9547 del Veintisiete (27) de diciembre de Dos
Mil Trece (2013)37, en la cual, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
hizo constar que, el señor Hernan Mauricio Oliveros Motta, registra vínculos con la
seccional, al prestar sus servicios, entre otros cargos, el de juez en el Juzgado 3 Municipal
Pequeñas Causas Laborales Bogotá desde el Once (11) de marzo de Dos Mil Once
(2011) al Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013).

f) Por medio de la certificación ADESAJ14-THCER-907, expedida el Cuatro (4) de febrero
de Dos Mil Catorce (2014), por la coordinadora del área de talento humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, hace constar los factores
pagados al señor Hernan Mauricio Oliveros Motta durante las anualidades 2011 al 201338.

2.5. Análisis del caso concreto.

63. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad de los actos
administrativos contenidos en el oficio DESAJ14-JR-582 del Cinco (5) de febrero de Dos

34
Expediente físico – folio 11
35
Expediente físico – folios 13-17
36
Expediente físico – folio 21
37
Expediente físico – folio 22
38
Expediente físico – folio 26 reverso -30

19

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Mil Catorce (2014), y en la Resolución No. 3397 del Veintitrés (23) de mayo de Dos Mil
Catorce (2014), en virtud de los cuales, se negó el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios del 30%, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
adicional o incremento de la asignación básica, así como, la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del sueldo, sin sustraer del mismo el 30%
por el referido concepto.

64. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de los actos enjuiciados y, como
consecuencia de lo anterior, condenó a la demandada a: «reconocer y pagar en favor del
señor Hernan Mauricio Oliveros Motta retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido
y lo que debió percibir por concepto de: ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base
del salario básico. El 30% de acuerdo a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, es decir teniendo en cuenta el 30% del salario
básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación desde el 06 de julio de 2011 y
hasta tanto ejerza como Juez de la República, debiéndose descontar lo pagado efectivamente
por los mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva».

65. Inconforme con la decisión de primera instancia, los extremos de la litis interpusieron
recurso de apelación, en virtud de los cuales, la parte accionante solicita modificar la
orden del restablecimiento del derecho, pues, la considera confusa y, por ello, puede
tener dificultad al momento de pretender ejecutar la sentencia como título ejecutivo. A su
turno, la parte accionada, solicitó revocar el fallo impugnado, porque el acceder a dicha
condena supera los topes salariales establecido por el Gobierno Nacional para los jueces
y, en el caso de no acceder a su revocatoria, se declare la prescripción trienal.

66. Para efectos metodológicos, se procederá a dar respuesta a los problemas jurídicos
en el precisó orden en el que fueron planteados.

2.5.1. Del derecho a la prima especial de servicios y su alcance.

67. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado por
medio de los certificados laborales expedidos el Veintinueve (29) de noviembre de dos
mil trece (2013)39 y veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013)40, por la
Coordinadora de Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá –

39
Expediente físico – folios 21
40
Expediente físico – folio 22

20

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Cundinamarca, que el señor Hernan Mauricio Oliveros Motta, entre el Once (11) de marzo
de Dos Mil Once (2011) al Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013),
desempeñó el cargo de juez en el Juzgado 3 Municipal Pequeñas Causas Laborales
Bogotá, nombrado en descongestión, y pertenece al régimen salarial acogido.

68. Adicionalmente, del análisis de los certificados expedidos el Veintinueve (29) de
noviembre de dos mil trece (2013)41 y cuatro (4) de febrero de dos mil catorce (2014)42,
por la Coordinadora del Área de Talento Humano, se logra tener certeza que el actor
mensualmente percibía asignación básica, prima especial de servicios y bonificación
judicial, factores que al ser analizados, advierten el fraccionamiento del primero a causa
del porcentaje correspondiente a la prima especial de servicios, veamos:

Total sueldo Remuneración Decreto fijó
Sueldo Prima
Vigencia + prima Gobierno remuneración
mensual especial
especial Nacional mensual ACOGIDOS
2011 $3,258,236 $977,471 $4,235,707 $4,235,707 Decreto 1039 de 2011
2012 $3,421,148 $1,026,345 $4,447,493 4,447,493 Decreto 874 de 2012
2013 $3.538.836 $1,061.651 $ 4,600,487 $4,600,487 Decreto 1024 de 2013

69. En consecuencia, le resultan aplicable al actor, las reglas establecidas en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el Dos (2) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (22042018).

70. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia en mención43, la
prima especial de servicios se erige como un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al
amparo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, “los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante
la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la
escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de
1993”. En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia tienen

derecho, en los términos del precedente, al reconocimiento y pago de las diferencias que,
por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que la prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, como
se dispuso en la Ley 332 de 1996.

41
Expediente físico – folios 21
42
Expediente físico – folios 28-30
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 2 de
septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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71. En ese orden, los argumentos de la parte pasiva no son de recibo, pues, pretende
desconocer que, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en
ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador.

72. Así, es claro el derecho que, tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada, al negar dicho derecho, por medio
de los actos administrativos objetos de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el A quo, en tanto y por cuanto, acogen una
interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.

2.5.2. De la orden de restablecimiento del derecho emitida por el A quo.

73. Sin necesidad de transcribir nuevamente el contenido del ordinal tercero, colige la
Sala que, aun cuando el A quo, por medio de la providencia del Treinta (30) de junio de
Dos Mil Veinte (2020), efectuó su aclaración, dicha orden, tal como lo advierte el extremo
activo de la litis, continuó confusa. Luego entonces, a la luz del marco normativo y
jurisprudencial que regula la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, es dable darle claridad a la orden judicial, en el sentido de precisar en
esta oportunidad, que uno de los porcentajes del 30 % corresponde al salario (con
incidencia prestacional) y el otro, a la prima especial adicional al salario sin carácter
salarial, bajo estos términos se deben conceder las pretensiones a título de
restablecimiento del derecho.

74. De igual forma, es oportuno para la Sala precisar, que si bien a la luz de los
certificados laborales antes analizados, se acredita que el actor entre el Once (11) de
marzo de Dos Mil Once (2011) al Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013),
desempeñó el cargo de juez en el Juzgado 3 Municipal Pequeñas Causas Laborales
Bogotá, no es menos cierto que, en la demanda se afirma que el actor se desempeña
como juez desde el seis (6) de julio de dos mil once (2011); la reclamación administrativa
pidió expresamente el reconocimiento respecto de los tiempos laborados como juez
desde el seis (6) de julio de dos mil once (2011); y la sentencia de primera instancia
concedió el derecho precisamente desde esa fecha, además que, tal aspecto tampoco

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hace parte de los argumentos de los recursos de apelación, se mantendrá dicha data en
guarda del principio de congruencia.

2.5.3. Del tope previsto en el Decreto 1251 de 2009

75. La entidad demandada sostuvo que, el reconocimiento de la prima especial de
servicios implicaba superar los topes de remuneración previstos en el Decreto 1251 de
2009.

76. Al respecto, debe indicarse que, la jurisprudencia de esta Corporación 44 ha sido
enfática al precisar que, el pago de las diferencias salariales y prestacionales que surjan
con ocasión a la debida aplicación de la prima especial de servicios como un incremento
a la asignación básica con carácter no salarial, debe realizarse garantizando por la
entidad nominadora que no sean superados los topes salariales establecidos por el
Gobierno Nacional; así las cosas, se adicionará el ordinal tercero de la sentencia recurrida
con el fin de hacer tal precisión y con ello garantizar que se respeten tales límites
salariales. Además, se indicará que, el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.

2.5.4. De la prescripción

77. La parte demandada alegó que, las eventuales reclamaciones se encuentran
afectadas por la prescripción trienal, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.

78. Al respecto, lo primero que indica la Sala es que, la prescripción es un fenómeno
jurídico procesal en virtud del cual, a pesar de ser titular de un derecho, se pierde por
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos casos
que la reclamación y/o demanda se haya interpuesto dentro de los términos legales.

79. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos
laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal

44
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), radicado
17001233300020210006102 (2642-2025).
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
radicado: 17001-23-33-000-2016-00650-02 (0898-2020)
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026),
radicado: 17001-23-33-000-2016-00780-02 (2857-2019)

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consagrado en el artículo 4145 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

80. En casos como el que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción fue
definido expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:

«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia.

Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de
su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su
contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante
la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de
1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado
en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»

81. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que, desde la
entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados
podrían reclamar los derechos que por prima especial de servicios consideraban les
resultaba aplicable a cada caso.

82. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que, se presentó la reclamación administrativa,
conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y según lo
establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala de Conjueces de esta
Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que, en ella se aclaró, la manera

45
Dec. 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.

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en que debe aplicarse la figura de la prescripción, siendo un precedente vinculante y
vigente para el momento en que se resuelve la litis.

83. Conforme lo probado, el demandante prestó sus servicios en el cargo de juez en el
Juzgado 3 Municipal Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, entre el Once (11) de
marzo de Dos Mil Once (2011) al Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Trece (2013),
y el Veintitrés (23) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), radicó ante la Dirección de
Administración Judicial Seccional de Bogotá la reclamación administrativa; por lo tanto,
no se configuró el fenómeno de la prescripción en los términos que aduce la parte
demandada, razón por la cual, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

2.5.5. De las costas procesales

84. El criterio mayoritario de esta Sala46 respecto a la condena en costas se atempera a
lo siguiente:

85. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»

86. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

46
Al respecto se destacan las siguientes providencias recientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de julio de 2026, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicado 73001-23-33-000-2020-
00371-01 (0895-2026); sentencia de 22 de mayo de 2026, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma47.

89. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

90. Al revisar las actuaciones procesales, que integraron la defensa de la entidad
demandada en primera instancia, no se observa que, hubiese obrado de mala fe o con
temeridad48, en tanto, no emergen conductas o circunstancias irregulares que, afectaran
el curso procesal surtido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por el
contrario, se avizora que, la entidad actuó en ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción, sin realizar acciones de orden dilatorio o encaminadas a la obstrucción del
proceso.

91. Por otra parte, la Sala no evidencia el carácter manifiestamente ilegal de
fundamentación jurídica en los actos procesales de defensa de la demandada, toda vez
que, esta estructuró su defensa, sobre argumentos razonables y jurídicamente
sustentados, a partir de aspectos como, la incompetencia para la determinación salarial
y prestacional de los servidores que integran su planta de personal, la ausencia del
carácter salarial de la prima especial de servicios desde el plano legal, y, el carácter
restrictivo en el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales, de acuerdo
con las normas que rigen las escalas salariales de la entidad, razón por la cual, no
prospera el reparo del demandante dirigido a que se impongan costas a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), dado que no se acreditó
temeridad o mala fe.

92. Aunque las razones que anteceden serían suficientes para resolver los argumentos
de los recursos de apelación, la Sala no puede pasar por alto que el A quo, omitió ordenar

47
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre
de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
48
Al respecto se destaca el criterio aplicado por la Sala en la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida en el asunto con radicado
No. 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023).

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los aportes a seguridad social en pensiones, cuando es claro que la Ley 332 de 1996,
señala que, la prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos de los
aportes al sistema pensional.

93. A tono con lo anterior, de oficio se modificará y adicionará el ordinal cuarto de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para precisar que, el pago de los
aportes a pensión deberá efectuarse, desde el Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011),
dada la vinculación del demandante como juez municipal, sobre el 100% de la asignación
básica, más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, y hasta tanto la
entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese
momento el demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el
derecho a dicha prima, o en su defecto, hasta su desvinculación sin que opere la
prescripción.

94. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado de manera
pacífica esta Subsección49.

95. Finalmente, se confirmará en lo demás, la sentencia objeto del recurso de apelación,
entre lo cual, se encuentra la orden a la accionada de dar cumplimiento a la sentencia en
los términos establecidos en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, razón por la cual, se hace
innecesario emitir pronunciamiento sobre los intereses previstos en el artículo 195 en
mención, que depreca nuevamente la parte actora en sede de la alzada.

2.6. Condena en costas.

96. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón por la
cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

49
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024. (se
sugiere verificar el tipo de letra)

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2.7. Conclusión.

97. El demandante en su calidad de juez, durante el tiempo reclamado le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992. En todo caso, la Sala adicionará y modificará la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia para precisar la orden del restablecimiento del derecho,
ordenar el pago de los aportes a pensión y el límite del derecho reclamado a la entrada
en vigor del Decreto 272 de 2021. Confirmará en lo demás, la sentencia objeto del recurso
de apelación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal tercero (3) de la sentencia del Treinta
y uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sala Transitoria, aclarado por medio de la providencia del Treinta
(30) de junio de Dos Mil Veinte (2020), el cual quedará así:

«TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se
ORDENA a LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima especial de servicios
equivalente al 30% del valor del salario del demandante desde el Seis (6) de julio de
Dos Mil Once (2011) y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los
mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, hasta tanto la entidad dé
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese
momento el demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el
derecho a dicha prima, o en su defecto, hasta su desvinculación; b). Reliquidar las
prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin
sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del Seis
(6) de julio de Dos Mil Once (2011), hasta la entrada en vigencia del Decreto 272 del
2021 dada ras razones expuestas en el anterior literal. Es de señalar que las
diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin que
en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional para el cargo de juez de la República. El
cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos. c) liquidar y trasladar al fondo de pensiones
correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones
que resulten procedentes, a partir Seis (6) de julio de Dos Mil Once (2011), y hasta el
momento de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, si el demandante
siguiere vinculado en su calidad de juez de la República, teniendo en cuenta que a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, el ingreso base de cotización

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será el cien por ciento (100%) de la asignación básica mensual más el treinta por
ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios, en los términos
previstos en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren sido
efectuadas previamente.»

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del Treinta y uno (31) de julio de
Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sala Transitoria, por medio de la cual, concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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