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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02276-01

Prima técnica

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02276-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 21 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Nación - Congreso de la República – Senado de la República en contra de la señora María Teresa Reina Álvarez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. - SIN CONDENA EN COSTAS, de conformidad con lo señalado en precedencia. TERCERO. - Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02276-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

15 de julio de 2021

PRIMA TÉCNICA / PRIMA TÉCNICA DE LOS EMPLEADOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA / REQUISITOS DE LA PRIMA TÉCNICA DE LOS EMPLEADOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA /

[P]ara el reconocimiento y pago de la prima técnica a favor de los empleados del Senado de la República, debe atenderse a los presupuestos de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, no siendo suficiente acreditar la antigüedad en el cargo, por lo que se hace necesario demostrar la permanencia en él, esto es, que el servidor público se encuentra desempeñando el cargo en propiedad y está inscrito en la carrera administrativa. […] [D]el material probatorio allegado, se extrae que al momento del reconocimiento de la prima técnica (19 de febrero de 2004) la demandada se encontraba vinculada en provisionalidad como subsecretaria, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado de la República, es decir, no se encontraba nombrada en propiedad ni inscrita en carrera administrativa, requisito que como ya se vio, es indispensable para el reconocimiento de la prima técnica, que fue concebida como un reconocimiento económico para atraer y mantener en el servicio a funcionarios altamente calificados, conforme a las previsiones del Decreto Ley 1661 de 1991. Ahora bien, la Sala no considera acertada la tesis del apoderado de la parte demandada quien señala que como la señora (…) se desempeñó en la citada Corporación durante más de 20 años, ello demuestra su vocación de permanencia en el cargo y por ende debe mantenerse el reconocimiento de la prima técnica, con base en los principios de in dubio pro operario y primacía de la realidad sobre las formas. […] [L]os cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad. De acuerdo con esto, no puede predicarse ni la estabilidad laboral propia de los de carrera ni la discrecionalidad relativa de los de libre nombramiento y remoción. […] [L]a larga permanencia de la señora (…) en la citada Corporación, no tiene la virtualidad de otorgarle derechos de carrera ni mucho menos modificar la naturaleza del vínculo laboral en el desempeño de su cargo como subsecretaria, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado de la República, toda vez que ello solo ocurre en virtud del principio del mérito. […] [L]a esencia jurídica y teleológica de un nombramiento en propiedad, de ninguna manera podría asimilarse para el caso de un empleado en provisionalidad que invoque la aplicación del principio contenido en el artículo 53 constitucional, toda vez que la formalidad en cuanto a la clase de relación reglamentaria, no busca ocultar o hacer nugatoria la realidad laboral de quien ocupa un cargo de manera temporal, sino por el contrario, garantizar el principio superior del mérito como forma preferente de acceso a los empleos públicos de carrera administrativa previsto en el canon 125 ibídem. […] [S]e alegó igualmente que en este caso se vulneró el derecho igualdad de la accionada toda vez que algunos funcionarios en las mismas situaciones, pero de género masculino, sí gozan de la citada prestación. […] [N]o es acertado pretender el reconocimiento de la prima técnica a partir de la supuesta violación del derecho a la igualdad, comoquiera que se parte del incumplimiento de uno de los requisitos indispensables para obtener el citado beneficio, como lo es encontrarse desempeñando el cargo en carrera administrativa, de acuerdo con el marco jurídico ya analizado, donde además se vislumbró que su vinculación como provisional no puede ser asimilada a la de un empleado en propiedad.

CONDENA EN COSTAS

[N]o se impondrá condena en costas de segunda instancia pues pese a que en este caso a la accionada se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto, en este caso la demanda fue promovida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad de la resolución a través de la cual se ordenó el reconocimiento de la prima técnica a la demandada, asunto en el que se ventila un interés público, como lo es la salvaguarda del patrimonio estatal.

FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 53 / CP – ARTÍCULO 125 / DECRETO LEY 1661 DE 1991 / DECRETO 2164 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-02276-01(5439-18)

Actor: CONGRESO DE LA REPÚBLICA – SENADO DE LA REPÚBLICA

Demandado: MARÍA TERESA REINA ÁLVAREZ

Referencia: LESIVIDAD – PRIMA TÉCNICA PARA EMPLEADOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - FUNCIONARIA NOMBRADA EN PROVISIONALIDAD.

ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de 21 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la Nación - Congreso de la República – Senado de la República.

ANTECEDENTES

2.1. La demanda.
2.1.1. Pretensiones.

2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la Nación - Congreso de la República – Senado de la República, actuando a través de apoderado, solicitó:

La declaratoria de nulidad de la Resolución 1535 de 19 de febrero de 2004 proferida por el director general administrativo del Senado de la República, a través de la cual le fue reconocida la prima técnica a la señora María Teresa Reina Álvarez.
Declarar que la demandada no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica establecida en la resolución demandada.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene cesar el pago por concepto de la prima técnica en favor de la demandada.

2.1.2. Hechos

3. La Sala resume los hechos de la demanda de la siguiente manera:

4. La señora María Teresa Reina Álvarez fue nombrada en provisionalidad mediante la Resolución 050 de 29 de enero de 1993 en el cargo de transcriptora, grado 04, de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República y se posesionó mediante acta núm. 28 de 22 de febrero de 1993. El citado empleo es de carrera administrativa.

5. Entre noviembre de 1994 y mayo de 1997 la señora Reina Álvarez fue encargada, en varias oportunidades, de los empleos de subsecretario, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado y profesional universitario, grado 06, de la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República.

6. Mediante Resolución 1399 de 18 de 15 de enero de 2004 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de subsecretaria, grado 07, de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República, en el cual se posesionó el 18 de enero del mismo año, cargo que también es de carrera administrativa.

7. A través de la Resolución 1535 de 19 de febrero de 2004 se le reconoció la prima técnica equivalente al 50% de la asignación básica mensual y, por tal concepto, al momento de la presentación de la demanda se le habían cancelado $237´491.033.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. En la demanda se invocaron como vulnerados los artículos 4.°, 5.° y 9°. del Decreto 2164 de 1991, 1.°, 3.° y siguientes del Decreto 1724 de 1997; 1.°, 3.°. y siguientes del Decreto 1336 de 2003 y el Decreto 1661 de 1991.

9. En el concepto de violación se indicó que la Resolución 1535 de 19 de febrero de 2004, proferida por el director general administrativo del Senado de la República, es violatoria del régimen normativo que regula la prima técnica.

10. Para tal efecto, estimó que, aun cuando se amparó en el Decreto 1336 de 2003, desconoció la naturaleza provisional de la vinculación de la servidora, toda vez que tanto el Decreto 1724 de 1997, como el Decreto 1336 de 2003, restringieron el reconocimiento del beneficio a aquellos funcionarios nombrados en propiedad, en armonía con la definición que de la prima técnica consagró el Decreto 1661 de 1991, con lo cual además, se estrechó el campo del reconocimiento, limitándolo a instancias directivas y de asesorías vinculadas a ese nivel.

2.1.4.- De la solicitud de suspensión provisional

11. La Nación- Congreso de la República - Senado de la República solicitó la suspensión provisional del acto acusado. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

12. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 13 de diciembre de 2016, ordenó la suspensión provisional de la Resolución 1535 de 19 de febrero de 2004 proferida por el director general administrativo del Senado de la República.

13. Contra la anterior decisión el apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación.

14. Mediante proveído de 10 de marzo de 2017, se concedió el recurso de apelación, en el efecto devolutivo, providencia en la cual se impuso al apelante la obligación de suministrar las expensas para la expedición de las copias, a efectos de la remisión de las piezas procesales necesarias al superior, esto so pena de declarar desierto el recurso al tenor de lo señalado por el artículo 324 del C.G.P.

15. Por auto de 3 de abril de 2017 la magistrada sustanciadora del proceso declaró desierto el recurso, ante el incumplimiento en el suministro de las expensas por parte del apoderado de la demandada.

2.2.- Contestación de la demanda

16. La señora María Teresa Reina Álvarez, por medio de apoderado, presentó escrito de contestación de la demanda, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de nulidad del acto administrativo acusado y, como consecuencia al restablecimiento del derecho solicitado en el libelo.

17. Con ese fin, el apoderado sostuvo que el Decreto 1661 de 1994 para efectos del reconocimiento y pago de la prima técnica solo exige (i) título de formación avanzada y experiencia altamente calificada de no menos a 3 años y (ii) evaluación del desempeño; además, fue a través del Decreto 2164 de 1994 que se introdujo el requisito del nombramiento de carácter permanente.

18. De acuerdo con lo anterior, el apoderado indicó que en este caso se deben aplicar los principios constitucionales de favorabilidad en la interpretación de las normas y primacía de la realidad sobre las formas, puesto que, aun cuando la vinculación de la demandada fue en provisionalidad, se encuentra demostrado que lleva más de 23 años laborando en el Senado de la República, por lo que ha desempeñado su trabajo con vocación de permanencia y es la entidad la que no ha convocado a concurso de méritos para la provisión del cargo.

19. Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo y de principio de favorabilidad en la interpretación.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 21 de febrero de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda.

21. Para el efecto, después de realizar un recuento de las pruebas y de la normatividad aplicable al caso concreto, consideró que la señora María Teresa Reina Álvarez no tenía derecho al reconocimiento de la prima técnica, conclusión a la que arribó por las siguientes razones:

(i) Para acceder al reconocimiento de la prima técnica, se debe acreditar el desempeño del cargo en propiedad, de conformidad con lo señalado por los Decretos 1661 de 1991 y 2164 del mismo año.

(ii) Los nombramientos que se le efectuaron a la señora Reina Álvarez desde 1993 (como transcriptora grado 04) fueron en provisionalidad, conforme se desprende de los actos de nombramiento.

(iii) Igualmente el cargo que desempeñaba la señora Reina Álvarez en provisionalidad al momento del reconocimiento de la prima en mención (19 de febrero de 2004) fue el de subsecretaria grado 07 de la comisión séptima, que es de carrera administrativa conforme con lo señalado por los artículos 367, 368 y 384 de la Ley 5 de 1992.

(iv) El simple transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de generar derechos de carrera, por cuanto de conformidad con el artículo 125 constitucional el ingreso a la carrera administrativa se realiza a través de un concurso de méritos.

22. Por lo anterior accedió a la pretensión anulatoria de la Resolución 1535 de 19 de febrero de 2004 proferida por el director general administrativo del Senado de la República, «Nulidad que conlleva necesariamente la cesación del pago de la prima técnica a la señora María Teresa Reina Álvarez».

23. Indicó que no analizaría si la demandada percibió o no de buena fe las sumas que le fueron reconocidas a título de prima técnica, toda vez que la entidad demandante no solicitó a título de restablecimiento del derecho el reintegro de dichos valores.

24. Finalmente se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada al advertir que no incurrió en conductas dilatorias o temerarias.

2.4. El recurso de apelación

25. El apoderado de la señora María Teresa Reina Álvarez formuló recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

26. En este sentido indicó que la prima técnica fue creada para retener en la entidad a los funcionarios que demuestren especial conocimiento o experticia en el desarrollo de sus funciones, y en este caso la demandada ha laborado por más de 20 años en el Senado de la República, por lo que cumple los requisitos establecidos en la ley para el reconocimiento de la citada prima.

27. Además, la servidora fue vinculada por primera vez al Senado de la República en el año 1993, esto sin que la entidad demandante haya adelantado el concurso para la provisión del cargo de subsecretaria de comisión permanente del Senado, razón por la cual, en conjunción con los principios de in dubio pro operario y de primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, debe mantenerse la legalidad del acto administrativo demandado.

28. Finalmente dijo que se vulnera el derecho a la igualdad de la accionada toda vez que algunos funcionarios en las mismas situaciones, pero de género masculino, sí gozan de la citada prestación.

2.5. Alegatos de conclusión

29. Las partes demandante y demandada, así como el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

30. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Marco de análisis de la segunda instancia.

31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el presente caso, la demandada es apelante única, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.3. Problema jurídico

32. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora María Teresa Reina Álvarez, tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica por su desempeño, en provisionalidad, como subsecretaria de la Comisión Séptima del Senado?

33. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial de la prima técnica y su consagración para los empleados de la Nación- Congreso de la República- Senado de la República y (ii) caso concreto.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial de la prima técnica.

34. Por virtud de la Ley 60 de 1990, el Congreso le confirió facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar el régimen de prima técnica en las distintas ramas y organismos del sector público, a fin de que además de los criterios existentes, se permitiera su pago ligado a la evaluación de desempeño. Estas facultades se extendieron a la definición del campo y temporalidad de su aplicación, al procedimiento, a los requisitos y criterios para su asignación.

35. En ejercicio de las citadas facultades, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 1661 de 1991, que en su artículo 1.° definió la prima técnica de la siguiente manera:

«[…] un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados, que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Así mismo será un reconocimiento al desempeño en el cargo».

36. El artículo 2.° ibidem, dispuso como criterios para el otorgamiento de la prima técnica, los siguientes: a) título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de tres (3) años; b) la evaluación del desempeño.

37. El artículo 3.° consagró que cuando se tratara del criterio correspondiente al título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional, el reconocimiento del beneficio requería del desempeño del cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo.

38. Por el contrario, cuando se estaba ante la presencia de la evaluación de desempeño, la referida prima se podía asignar en todos los niveles.

39. El artículo 4.° estipuló que se debe otorgar como un porcentaje de la asignación básica mensual que corresponda al empleo del funcionario o empleado a quien se asigna, que no podrá ser superior al 50% de la misma, y el valor se reajustará en la misma proporción en que varía la asignación básica mensual.

40. Por otra parte, el artículo 1.° del Decreto 2164 de 1991, incluyó a los empleados de las Unidades Administrativas Especiales, como beneficiarios de esta prima. En su artículo 3.° dispuso que se podía otorgar alternativamente por: a) título de estudios de formación avanzada y tres (3) años de experiencia altamente calificada; b) terminación de estudios de formación avanzada y seis (6) años de experiencia altamente calificada y c) por evaluación del desempeño.

41. El artículo 4.° del referido decreto, en cuanto al estímulo por formación avanzada y experiencia altamente calificada consagró que tendrían derecho los empleados que desempeñaran, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, siempre que acreditaran título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años. El título de formación avanzada podría compensarse por tres (3) años de experiencia, siempre que se acreditara la terminación de los estudios en la respectiva formación. Y la experiencia debía ser calificada por el jefe del respectivo organismo.

42. Posteriormente, el presidente de la República, en desarrollo de las normas marco de que trata la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 1724 de 1997, que en su artículo 1.° modificó el artículo 3.° del Decreto 1661 de 1991, para restringir el reconocimiento de esta prestación a los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público.

43. Y en el artículo 3.°, estipuló que, en los demás aspectos, la prima técnica se regiría por las disposiciones vigentes.

44. La citada norma en el artículo 4.° expresamente determinó que «aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes al momento de su otorgamiento».

45. Lo anterior significa que esta norma estableció un régimen de transición, con el propósito de respetar los derechos de quienes devengaron la prima técnica por ocupar los cargos que a partir de la vigencia de este Decreto dejaron de ser beneficiarios de la misma. Así, se permitió que los empleados que reunieran los requisitos para acceder a la prima técnica con anterioridad a la vigencia del Decreto 1724 de 1997 continuaran en el goce de la prima hasta su retiro de la entidad o hasta que se cumpliera alguna de las condiciones para perder el derecho.

46. Ahora bien, a través el Decreto 1335 del 22 de julio de 1999, estableció una nueva modificación al régimen de reconocimiento de la prima técnica, en lo referente a los niveles beneficiarios (artículo 2), ya que si bien reiteró su limitación a quienes se encontraran nombrados en propiedad de manera permanente en cargos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, eliminó como criterio de asignación la «[…] Terminación de estudios de formación avanzada y seis (6) años de experiencia altamente calificada […]» regulado en el literal b) del artículo 3 del Decreto 2164 de 1991.

47. A su vez, el Decreto 1336 de 2003, en su artículo 1.° modificó los empleos destinatarios de la prima técnica, para tener en cuenta «[…] a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial […]».

48. Luego, el Decreto 2177 de 2006 en su artículo 3.º, modificó los criterios para la asignación de la prima técnica, consagrando que a la misma tienen derecho los empleados con: a) título de estudios de formación avanzada y cinco (5) años de experiencia altamente calificada; o, b) la evaluación del desempeño, y mantuvo lo prescrito en el artículo 8 del Decreto 2164 de 1994, referente a lo que debe entenderse por título universitario de especialización.

3.4.1. De la prima técnica establecida para los empleados de la Nación- Congreso de la República- Senado de la República.

49. El artículo 9.o de la Ley 52 de 1978 «por la cual se determina la planta de personal para el Congreso Nacional, se fija sus asignaciones y se dictan otras disposiciones», estableció a favor de los funcionarios allí mencionados, el derecho al reconocimiento de una prima técnica, en los siguientes términos:

«Las Comisiones de la Mesa del Senado y de la Cámara de Representes podrán reconocer prima técnica hasta por un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la asignación básica mensual a los funcionarios elegidos por las plenarias de ambas corporaciones; y los Directores Administrativos, a los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes y a aquellos empleados cuyas funciones sean de carácter técnico definido por la ley.
La asignación de prima técnica se hará por resolución motivada e individual, previa valoración de las calidades profesionales y personales que se relacionen directamente con las funciones inherentes al cargo, mediante una ponderación de factores correspondientes a los títulos, experiencia y calidad. Asignada la prima técnica, cesará en su disfrute por cambio de cargo; sin embargo, si el nuevo empleo fuere susceptible de su asignación, podrá decretarse.

El reconocimiento de prima técnica se hará con base en la siguiente proporción: estudios y títulos, hasta un veinte por ciento (20%) y, experiencia, hasta el veinte por ciento (20%) complementario».

50. Posteriormente, el artículo 386 de la Ley 5ª de 1992 «por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes» señaló un régimen especial de transición para proteger los derechos adquiridos de los empleados del Congreso de la República que pertenecían a la planta de personal de la Ley 52 de 1978 y pasaron a ocupar cargos en la nueva planta de personal, en el cual indicó que seguirían «[…] disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley […]».

51. A través de la Resolución núm. 044 de 27 de enero 1994, proferida por el director general administrativo del Senado de la República, se reglamentó el reconocimiento de la prima técnica para los empleados de la planta de personal de esa corporación donde se señaló:

«Artículo primero.- La Dirección General Administrativa del H. Senado de la República, podrá asignar y reconocer prima técnica a los empleados públicos de la Corporación que conforman tanto la planta administrativa como de la (sic) Unidad de Trabajo Legislativo, comprendidos en la Ley 5ª de 1992, en sus artículos 369, 387 y 388, siempre que no provengan de la planta de las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983, de conformidad, con los considerandos de la presente resolución, en los términos y procedimientos señalados en su parte resolutiva, con base en lo regulado en el Decreto Ley 1661, con sus Decretos Reglamentarios 2164 y 2753 del mismo año.
Artículo segundo.- Tendrán derecho a solicitar el reconocimiento de la prima técnica los funcionarios de que trata el artículo anterior de la presente resolución, siempre que hayan cumplido seis (6) meses como mínimo de servicios continuos en el H. Senado de la República, para lo cual deberán presentar en la División de Recursos Humanos su solicitud correspondiente acompañada de los documentos requeridos».(Negrilla de la Sala).

52. Posteriormente, mediante la Resolución 1919 de 23 de diciembre de 1994, el director general administrativo del Senado de la República, modificó el artículo 6.° de la Resolución 044 de 27 de enero de 1994, en el sentido de establecer que para la asignación de prima técnica por formación avanzada se reconocería un porcentaje no superior al 50% sobre el salario básico mensual, observando lo establecido en los artículos 6.° y 8.° del Decreto 1661 de 27 de junio de 1991.

53. Si bien se dictó con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la prima técnica en el caso que nos ocupa (2004), debe citarse el Decreto 0854 del 25 de abril de 2012, en el cual se establecieron los cargos que podrían acceder al reconocimiento de la prima técnica, donde se encuentran los subsecretarios de las comisiones constitucionales, pero sujetos a los requisitos de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, tal como se extrae de la siguiente transcripción:

«ARTÍCULO 6°. El Secretario General del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, los Subsecretarios Generales, los Directores Administrativos, los Secretarios Generales y Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes del Congreso de la República, Coordinadores de Unidad, Subsecretarios Auxiliares, Jefes de División, Jefes de Oficina, Jefes de Sección, Secretarios Privados, Subcoordinadores de Unidad, Subsecretarios de Comisión, Jefes de Unidad y Coordinadores de Comisión, tendrán derecho a la prima técnica de que tratan los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y demás normas que los modifiquen o adicionen.». (Negrita fuera del texto).

54. Como se advierte de lo anterior, para el reconocimiento y pago de la prima técnica a favor de los empleados del Senado de la República, debe atenderse a los presupuestos de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, no siendo suficiente acreditar la antigüedad en el cargo, por lo que se hace necesario demostrar la permanencia en él, esto es, que el servidor público se encuentra desempeñando el cargo en propiedad y está inscrito en la carrera administrativa, tal como lo señaló esta Corporación, en sentencia de 20 de febrero de 2020 dentro del proceso 25000-23-42-000-2014-01002-01(2377-18).

3.5. Caso concreto

55. Luego de lo anterior, la Sala examinará la situación fáctica de la demandada en los siguientes términos:

a). Vinculación laboral.

56. Mediante la Resolución 050 de 29 de enero de 1993 la señora María Teresa Reina Álvarez fue nombrada en provisionalidad como «transcriptora grado 04 de la Comisión Séptima del Senado, por el término de cuatro meses, cargo en el que se posesionó el 22 de febrero de 1993.

57. A través de la Resolución 1491 de 29 de noviembre de 1994 el director general administrativo del Senado de la República encargó a la señora Reina Álvarez como subsecretaria, grado 7, de la Comisión Séptima, para lo cual tomó posesión el 1.° de diciembre de 1994.

58. Con Resolución 206 de 7 de marzo de 1995, el director general administrativo del Senado de la República nuevamente encargó a la demandada como subsecretaría, grado 07, de la Comisión séptima, posesionándose el 7 de marzo de 1995.

59. Posteriormente, a través de la Resolución 1735 de 9 de noviembre de 1995 el director general administrativo del Senado de la República encargó a la demandada como profesional universitario, grado 06, de la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, por el término de 3 meses contados a partir de su posesión, la cual ocurrió el 9 de noviembre de 1995.

60. La señora Reina Álvarez fue encargada nuevamente como profesional universitario, grado 06, de la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, a través de las Resoluciones 050 de 31 de enero de 1996, 962 de 6 de mayo de 1996, 1622 de 29 de agosto de 1996, 1899 de 1.° de noviembre de 1996, 004 de 16 de enero de 1997 y 362 de 22 de abril de 1997.

61. Finalmente, mediante Resolución 1399 del 15 de enero 2004 el director general administrativo del Senado de la República nombró a la señora Reina Álvarez en el cargo de subsecretaria, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado, del cual tomó posesión a través de acta 013 de 18 de enero del 2004

b). Reconocimiento de la prima técnica.

62. Por Resolución 1535 de 19 de febrero de 2004 el director general administrativo del Senado de la República reconoció la prima técnica a la accionada, así:

«Que mediante Resolución proferida por el Director General del Senado de la República, fue nombrada en el cargo de SUBSECRETARIA de LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, la Doctora MARÍA TERESA REINA

Que la Ley 4ª. de 1992 establece el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, y en su Artículo Primero dispone que "El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de ...b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización electoral y la Contraloría General de la República''.

Que el Decreto 3597 de Diciembre 12/2003 en su Artículo 6°. Consagra: "El Secretario General del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, los Subsecretarios Generales, los Directores Administrativos, los Secretarios Generales y Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes del Congreso de la República tendrán derecho a la prima técnica de que tratan los decretos 1661 y 2573 de 1991 y demás normas que le modifiquen o adicionen".

Que la Doctora MARÍA TERESA REINA, identificada con la cédula de ciudadanía 39.536.977 de Bogotá, como SUBSECRETARIA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, elevó petición de conformidad a las normas antes citadas, acreditando y cumpliendo los requisitos en ellas exigidos de escolaridad y experiencia altamente calificada

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Reconocer a favor de Doctora MARÍA TERESA REINA, identificada con la cédula de ciudadanía 39.536.944 de Bogotá, quien se desempeña como SUBSECRETARIA DE LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, por concepto de prima técnica un porcentaje del CINCUENTA POR CIENTO (50%) sobre el sueldo básico mensual de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición».

3.6. Análisis de la Sala.

63. En primer lugar, debe señalarse que de conformidad con lo señalado por la Ley 5ª de 1992 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes» se extrae que el cargo de subsecretario, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado de la República corresponde a un cargo de carrera administrativa, lo cual se extrae del artículo 384, numeral 2.° que estableció la clasificación de los cargos, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 384. PRINCIPIOS QUE REGULAN. Los servicios administrativos y técnicos del Senado de la República y de la Cámara de Representantes que por medio de esta Ley se establecen, se fundamentan en los siguientes principios:

1. Los funcionarios al servicio de las Corporaciones, se denominan empleados de la Rama Legislativa del Poder Público.

2. Por el origen de su nombramiento, los empleados de la Rama Legislativa del Poder Público se clasifican de la siguiente manera:

a) De elección. Secretarios Generales, Subsecretarios Generales, Secretarios Generales de las Comisiones Constitucionales y los Coordinadores de las Comisiones legales de ambas Cámaras y el Director General del Senado de la República.

b) De libre nombramiento y remoción. Director Administrativo de la Cámara de Representantes, Jefes de División y Jefes de Oficina del Senado y la Cámara, Secretarios Privados, Profesionales Universitarios, Secretarias Ejecutivas y Conductores de las Presidencias y Vicepresidencias de ambas Cámaras; la Secretaria Ejecutiva, los Conductores, el Profesional II y el Asistente Administrativo de la Secretaría General de ambas Cámaras; el Profesional Universitario, y el conductor del Director General del Senado; conductores de las Comisiones Constitucionales y Legales de ambas Cámaras; el Asistente de Control de Cuentas de la Cámara, los Coordinadores de las Comisiones de Ética de ambas Cámaras y de Derechos Humanos y Audiencias, y de la Comisión adscrita a organismos Nacionales e Internacionales del Senado. Así mismo, los empleados de la Unidad de trabajo Legislativo de que trata la presente Ley;

c) De carrera administrativa. Los demás cargos o empleos no contemplados en los literales anteriores.

3. La función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y, en general, conforme lo establece el artículo 209 de la Constitución Nacional.» (Subrayas de la Sala).

64. Asimismo, del material probatorio allegado, se extrae que al momento del reconocimiento de la prima técnica (19 de febrero de 2004) la demandada se encontraba vinculada en provisionalidad como subsecretaria, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado de la República, es decir, no se encontraba nombrada en propiedad ni inscrita en carrera administrativa, requisito que como ya se vio, es indispensable para el reconocimiento de la prima técnica, que fue concebida como un reconocimiento económico para atraer y mantener en el servicio a funcionarios altamente calificados, conforme a las previsiones del Decreto Ley 1661 de 1991.

65. Ahora bien, la Sala no considera acertada la tesis del apoderado de la parte demandada quien señala que como la señora Reina Álvarez se desempeñó en la citada Corporación durante más de 20 años, ello demuestra su vocación de permanencia en el cargo y por ende debe mantenerse el reconocimiento de la prima técnica, con base en los principios de in dubio pro operario y primacía de la realidad sobre las formas.

66. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que los cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad. De acuerdo con esto, no puede predicarse ni la estabilidad laboral propia de los de carrera ni la discrecionalidad relativa de los de libre nombramiento y remoción. En virtud de lo anterior:

«[…] no son asimilables a los cargos de carrera administrativa, y es por ello que a los primeros no le son aplicables los derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios, es decir, superar exitosamente el concurso de méritos y el período de prueba, entre otros. Pero tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su vinculación no se sustenta en la confianza para ejercer funciones de dirección o manejo que es propia de éstos, sino en la necesidad de evitar la parálisis de la función pública mientras se logra su provisión en los términos que exige la Constitución».

67. En este sentido, la larga permanencia de la señora Reina Álvarez en la citada Corporación, no tiene la virtualidad de otorgarle derechos de carrera ni mucho menos modificar la naturaleza del vínculo laboral en el desempeño de su cargo como subsecretaria, grado 07, de la Comisión Séptima del Senado de la República, toda vez que ello solo ocurre en virtud del principio del mérito tal como lo ha señalado esta Subsección en anteriores oportunidades:

«[…]
No es viable la adquisición de los derechos de carrera administrativa por “prescripción adquisitiva de dominio” como erróneamente lo argumentaron los aquí demandantes, en razón a que el único modo legalmente previsto para hacerse acreedor a la inscripción en dicho escalafón, es a través de la superación de las etapas del concurso de méritos y del periodo de prueba con una evaluación de desempeño satisfactoria, y además, porque no se trata de bienes respecto de los cuales opere dicha figura.»

68. Asimismo se ha señalado que la esencia jurídica y teleológica de un nombramiento en propiedad, de ninguna manera podría asimilarse para el caso de un empleado en provisionalidad que invoque la aplicación del principio contenido en el artículo 53 constitucional, toda vez que la formalidad en cuanto a la clase de relación reglamentaria, no busca ocultar o hacer nugatoria la realidad laboral de quien ocupa un cargo de manera temporal, sino por el contrario, garantizar el principio superior del mérito como forma preferente de acceso a los empleos públicos de carrera administrativa previsto en el canon 125 ibídem.

69. Ahora bien, en la apelación se alegó igualmente que en este caso se vulneró el derecho igualdad de la accionada toda vez que algunos funcionarios en las mismas situaciones, pero de género masculino, sí gozan de la citada prestación.

70. Frente a ese argumento debe indicarse que no es acertado pretender el reconocimiento de la prima técnica a partir de la supuesta violación del derecho a la igualdad, comoquiera que se parte del incumplimiento de uno de los requisitos indispensables para obtener el citado beneficio, como lo es encontrarse desempeñando el cargo en carrera administrativa, de acuerdo con el marco jurídico ya analizado, donde además se vislumbró que su vinculación como provisional no puede ser asimilada a la de un empleado en propiedad.

71. En este sentido, es improcedente analizar la presunta violación del mencionado derecho mediante del test respectivo desarrollado por la Corte Constitucional para la supuesta vulneración, toda vez que a través del mismo no puede convalidarse una situación irregular a través de la cual se reconoció la referida prestación sin reunir uno de los requisitos legales para el reconocimiento de la prima técnica, en claro desconocimiento de uno de los principios del Estado Social de Derecho, como lo es el principio del mérito, erigido por el legislador en este caso, como una clara exigencia para el reconocimiento del citado emolumento laboral.

72. Así las cosas, esta Sala de decisión considera acertada la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por las mismas razones decidió acceder a las pretensiones de la demanda al advertir que el acto demandado no se ajustó a las normas en que debía fundarse, motivo por el cual se confirmará en su integridad la decisión objeto de apelación.

3.7. Costas.

73. Las costas procesales, entendidas como los gastos necesarios en los que las partes tuvieron que incurrir para ejercer una correcta defensa de sus intereses dentro del proceso judicial, comprenden de un lado, las expensas o gastos ordinarios del proceso y de otra, las agencias en derecho.

74. Su reconocimiento está regulado por el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual dispone que: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código Procedimiento Civil».

75. De acuerdo con lo anterior no se impondrá condena en costas de segunda instancia pues pese a que en este caso a la accionada se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto, en este caso la demanda fue promovida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad de la resolución a través de la cual se ordenó el reconocimiento de la prima técnica a la demandada, asunto en el que se ventila un interés público, como lo es la salvaguarda del patrimonio estatal.

76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 21 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Nación - Congreso de la República – Senado de la República en contra de la señora María Teresa Reina Álvarez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. - SIN CONDENA EN COSTAS, de conformidad con lo señalado en precedencia.

TERCERO. - Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Con ponencia de la magistrada Luz Myriam Espejo Rodríguez.
Folios 3 y s.s.
Folios 16 a 18.
Folios 121 a 129.
Folios 131 a 135.
Folios 151 y 152
Folios 110 a 119.
Folios 199 a 207 vto.
Folio 199.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».
«Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales, y se dictan otras disposiciones.»
«Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991».
«Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.»
«Por el cual se modifican los artículos 3 y 4 del Decreto 2164 de 1991.».
«Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.»
Negrilla de la Sala.
«Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre prima técnica»
«Por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial.»
Proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, con ponencia del Consejero César Palomino Cortés.
Obra a folios 25 y 26.
Folio 27.
Folio 29.
Folio 32.
Folios 33 y 34.
Folio 35.
Folios 36 a 42.
Folio 54.
Folio 55.
Folios 56 y 57.
Desde el 18 de enero de 2004.
El principio in dubio pro operario, implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso admiten diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, hipótesis bajo la cual el operador jurídico debe escoger aquella que brinde mayor amparo o sea más favorable al trabajador. ( Corte Constitucional sentencia T-088 de 2018).
El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecido en el artículo 53 Superior, tiene como objetivo la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o
denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla; esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado y tiene plena aplicación como en casos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral.
Sentencia T – 147 de 2013
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Sentencia de 14 de abril de 2016.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez., sentencia de 13 de mayo de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01251-02(4267-19).
Sentencia C-127 del 21 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Plena de la corporación en el expediente Expediente D-12269.

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