Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02302-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02302-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02302-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Demandante : Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros
Demandado : Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general
Actuación : Decide apelación de sentencia - Ley 1437 de 2011
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 11 de junio de 20201, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D)
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 120 a 132). Los señores Jhonatan Estiven
Sepúlveda Cruz, Humberto de Jesús Sepúlveda Valencia, Mariluz Cruz
Rodríguez, Sebastián Sepúlveda Cruz, Laura Nataly Sepúlveda Cruz y Alba
Marina Rodríguez Cruz, mediante apoderado, ocurren ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declaren nulos: (i) la decisión administrativa de primera
instancia de 22 de julio de 20152, expedida por el jefe de la oficina de control
disciplinario interno de la dirección general de Policía Nacional, a través de la
cual sancionó disciplinariamente al patrullero Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz
con destitución e inhabilidad general por 12 años; y (ii) el acto administrativo
de segunda instancia de 13 de octubre del mismo año3, con el que el inspector
delegado especial de la dirección general de la institución confirmó la sanción.
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Folios 257 a 270.
2
Folios 7 a 71.
3
Folios 72 a 106.
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
A título de restablecimiento del derecho, solicitan se condene a la demandada
al pago de los perjuicios morales y se ordene la cancelación de los antecedentes
disciplinarios del sancionado de los registros de la Procuraduría General de la
Nación.
1.3 Fundamentos fácticos de la demanda. Aducen los integrantes de la parte
demandante que el señor Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz se desempeñaba
como patrullero de la Policía Nacional en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y
se le acusó de que durante los días 6 y 20 de noviembre de 2013 no realizó, de
manera eficiente, los controles de antinarcóticos que le correspondían, lo que
facilitó que dos ciudadanos (hombre y mujer) pudieran trasportar sustancias
alucinógenas en vuelos con destino a Madrid (España), pero la mujer fue
capturada por autoridades de ese país con cocaína en su equipaje de mano y él
fue detenido en el avión antes del decolaje a ese mismo destino por autoridades
del aeropuerto en Colombia, también con cocaína en su maleta.
Agrega que, con ocasión de la investigación disciplinaria, el patrullero
Sepúlveda Cruz solicitó su retiro de la institución, el cual se hizo efectivo el 3
de enero de 2014.
Que la Policía Nacional, por esos hechos, lo sancionó con destitución e
inhabilidad general por 12 años, a través de los actos administrativos aquí
demandados.
1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Policía Nacional, en primera y segunda
instancias, sancionó al entonces patrullero Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz, en
2014, con destitución e inhabilidad general por 12 años.
Lo anterior, por cuanto halló demostrada su responsabilidad, por omisión, en
hechos sucedidos los días 6 y 20 de noviembre de 2013, cuando el uniformado,
quien desarrollaba la función de «perfilador de pasajeros», recibió la alerta
como posibles pasantes de estupefacientes de los pasajeros Claudia Andrea
Londoño Monsalve y Luis Gilberto Vélez Ortega, pese a lo cual no actuó con
rigor respecto de ella, como haber acudido al registro o control antinarcóticos
biológico (perro), rayos X y entrevista, lo que facilitó que saliera del país con
cocaína en su equipaje de mano, pero fue capturada en el aeropuerto de España,
según lo informaron a Colombia las autoridades de ese país. Y, en relación con
el mencionado ciudadano, pese a que también se le generó alerta al patrullero,
no realizó el control, con el pretexto de que no lo encontró, y el pasajero logró
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
abordar el avión que lo llevaría a Madrid, con 12 paquetes de cocaína en su
equipaje (20 kilos y 485 gramos), pero fue capturado por otros funcionarios en
el mismo aeropuerto El Dorado, que lo bajaron de la aeronave.
La accionada formuló pliego de cargos al disciplinado por haber incurrido en la
falta gravísima y dolosa, contenida en el artículo 34 (numeral 22) de la Ley 1015
de 2006, por «permitir el transporte de (…) cualquier tipo de (…) sustancias
que produzcan dependencia (…) psíquica, prohibidas por la ley» (f. 22,
cuaderno principal), y por la conducta descrita en el artículo 35 de la misma
Ley, de «10. Incumplir […], sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones
relativas al servicio» (f. 37), por las cuales resultó sancionado.
Antes de la destitución, el patrullero Sepúlveda Cruz solicitó el retiro de la
Policía Nacional, que le fue aceptado mediante Resolución 5001 de 17 de
diciembre de 2013 por el director general de la institución.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
vulneradas por los actos administrativos los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53,
83, 125, 126, 209, 229 y 230 de la Constitución Política; 6, 92, 128 y 175 de la
Ley 734 de 2002; 3, 5, 7, 11, 16, 18 y 20 de la Ley 1015 de 2006.
Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
demandados, la parte actora los acusa de violatorios de la normativa superior en
que debían fundarse.
Para tal efecto, formula los cargos de violación del debido proceso por omisión
de etapas, inobservancia de los derechos de contradicción y defensa, puesto que
no se allegaron las pruebas decretadas; se incurrió en falsa motivación e
incongruencia en la tipicidad de la falta.
Que la autoridad disciplinaria no examinó la situación fáctica real, dado que el
policial sí realizó el procedimiento de registro a la pasajera Claudia Andrea
Londoño Monsalve, al pasarla con su maleta de mano por el equipo de rayos x,
y ella pudo haber obtenido la sustancia ilícita después de la requisa, dada la
distancia que hay entre el lugar de inspección y las salas de abordaje del avión.
Que en la actuación disciplinaria quedó claro que, para llevar los narcóticos
hasta la aeronave, el ciudadano Luis Gilberto Vélez Ortega fue ayudado por
personas que trabajan en el aeropuerto El Dorado y el uniformado no tuvo
contacto con él, por consiguiente, no incurrió en la omisión que se le atribuye
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
como policía.
Que se le modificó el pliego de cargos de manera irregular en dos
oportunidades, cuando ya se había proferido sanción disciplinaria, que fueron
anuladas.
Agrega que no se allegaron a la actuación administrativa unas pruebas que
fueron decretadas, ni se realizó valoración de las demás, toda vez que el
uniformado no era el único que tenía el control de la situación y pudieron haber
intervenido para el paso ilegal de los estupefacientes otros pasajeros, auxiliares
de vuelo, maleteros o pilotos; por eso, no se desvirtuó la presunción de
inocencia del sancionado, ni se conoció la manera como los alucinógenos
ingresaron al avión, es decir, que no se probaron los hechos atribuidos.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 192 a 203). La Policía Nacional, mediante
apoderado, se opuso a las súplicas de la demanda. Sostiene que los actos
acusados se expidieron con sujeción a la ley. Asegura que durante la
investigación disciplinaria se demostró la falta gravísima atribuida al patrullero
sancionado.
Que la accionada realizó un análisis integral de las pruebas, los descargos, los
fundamentos de calificación de la falta y la culpabilidad; por consiguiente, no
incurrió en falsa motivación, ni en las demás acusaciones.
1.6 La providencia apelada (ff. 241 a 270). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección D), en sentencia de 11 de junio de
2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.
Estimó que no existió irregularidad en la actuación disciplinaria, puesto que la
apreciación de las pruebas fue legal, conforme a las reglas de la sana crítica.
Que «si bien es cierto, que se declaró en dos oportunidades [nulos] los fallos
que habían sido proferidos en primera instancia, lo cierto es que esas
actuaciones, por efectos de la nulidad, quedaron sin valor jurídico, y por ende,
conforme a la norma transcrita, podía variarse el pliego de cargos antes de que
se profiera sentencia de primera instancia, que fue lo que ocurrió en la
actuación disciplinaria, donde claramente le señaló los cargos y las normas
infringidas» (f. 263, vuelto); con las nulidades, el procedimiento se retrotrajo
hasta la etapa pertinente para adelantarlo de nuevo, con las formalidades legales,
y el implicado tuvo la oportunidad de desvirtuar el nuevo pliego de cargos,
comoquiera que solicitó pruebas.
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Que no es cierto que no se hayan recaudado todas las pruebas decretadas, sino
que simplemente se negaron unas por impertinentes, esto es, «las publicaciones
periódicas y el informe de la DIJIN, [dado que] estas no se relacionaban con
los hechos materia del litigio, pues, se trataba de investigar el
desmantelamiento de bandas delincuenciales al interior del aeropuerto,
situación ajena a la investigación» (f. 265, vuelto).
Considera que, contrario a lo que afirma la parte demandante, la autoridad
disciplinaria sí valoró cada una de las pruebas que se allegaron a la actuación
disciplinaria. Se demostró que en los días 6 y 20 de noviembre de 2013 el
uniformado desarrollaba la función de «perfilador de pasajeros», cuando
recibió la alerta como posibles pasantes de droga de los pasajeros Claudia
Andrea Londoño Monsalve y Luis Gilberto Vélez Ortega, en su orden, pese a
lo cual no actuó con rigor respecto de ella, como haber acudido al control de
antinarcóticos biológico (perro), rayos x y entrevista, lo que facilitó que saliera
del país con cocaína en su equipaje de mano, pero fue capturada en el aeropuerto
de Madrid (España).
Que, en relación con el mencionado ciudadano, también se le generó alerta al
patrullero con suficiente anticipación para que adelantara la correspondiente
revisión de antinarcóticos, no obstante, no realizó el control, con el pretexto de
que no lo encontró, y el pasajero logró abordar el avión que lo llevaría a Madrid,
con 12 paquetes de cocaína en su equipaje (20 kilos y 485 gramos), sin embargo,
fue capturado y bajado del avión por otros funcionarios en el mismo aeropuerto
El Dorado, que le impidieron salir del país.
1.7 El recurso de apelación (ff. 280 a 283). La parte demandante, por conducto
de apoderado, en su difuso escrito de impugnación, (i) insiste en que al haber
declarado nulas dos (2) veces la decisión administrativa de primera instancia, el
ente estatal vulneró el principio de «non reformatio in pejus» y no podía
formularle nuevo pliego de cargos al encartado, ni agravarle la situación, como
ocurrió, puesto que ello comporta violación del debido proceso; (ii) arguye que
en los actos sancionatorios se realiza «una unión de dos clases de
comportamientos totalmente independientes, mezclando la desatención
elemental con las reglas de obligatorio cumplimiento, sin que se fundamente en
derecho con cuáles pruebas obrantes en el proceso se sustentaba el tipo
disciplinario en la modalidad de CULPA GRAVÍSIMA, más cuando ni siquiera
se le indicó sobre qué acto o prueba documental o testimonial se encuentra
registrada la regla de obligatorio cumplimiento, menos sobre la supuesta
desatención elemental que la fue reprochada» (f. 280, vuelto); (iii) que para el
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
registro de pasajera Claudia Andrea Londoño Monsalve utilizó todo los medios
a su alcance, como revisión de su equipaje, rayos X, sin encontrar nada ilegal
en su cuerpo o pertenencias y los estupefacientes se los pudieron entregar
mientras se desplazó entre el puesto de control donde le practicó la revisión y
las sala de abordaje. En lo concerniente al control del señor Luis Gilberto Vélez
Ortega, asegura «no haber hecho los registros debido a lo complicado de la
situación, al no contar con el tiempo necesario y no ser posible la ubicación de
este ciudadano y demás aspectos expresados en versión libre» (f. 281); (iv) para
probar la conducta omisiva imputada, a la autoridad disciplinaria le
«correspondía probar que el señor Patrullero SEPÚLVEDA tenía
conocimiento respecto al transporte de drogas, en caso contrario tan solo se
achacaría una negligencia en su servicio» (f. 281, vuelto); y (v) las pruebas
recaudadas no se valoraron adecuadamente, puesto que ninguna demostró que
permitiera el tráfico de estupefacientes por medio de los aludidos ciudadanos,
máxime cuando observó con rigor el procedimiento de control a la señora
Londoño Monsalve y su equipaje hasta donde le era permitido, y en cuanto al
señor Vélez Ortega, «es evidente la participación de otras personas de
seguridad del aeropuerto El Dorado» en el paso de los narcóticos.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 3 de noviembre de
20204 y admitido por esta Corporación a través de auto de 24 de marzo de 20225,
en el que se dispuso la notificación personal al correspondiente agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó el
trámite regular del proceso, para cuyo efecto se corrió traslado a las partes y al
respectivo representante del Ministerio Público con auto de 20 de mayo de
20226, con el propósito de que aquellas alegaran de conclusión y este
conceptuara (oportunidad que no aprovechó).
2.1.1 La parte demandada. La Policía Nacional, mediante apoderado, en el
memorial de alegaciones, expresa que su actuación fue ajustada a derecho; que
son hipotéticos los cargos que formuló la parte actora contra las decisiones
acusadas y se observaron todas las garantías sustanciales durante el
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Folio 285.
5
Folio 292.
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Folio 294.
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
procedimiento disciplinario. Que son evidentes las pruebas que demuestran la
responsabilidad disciplinaria del señor Sepúlveda Cruz, las cuales fueron
valoradas de manera integral por la autoridad disciplinaria (índice 13, aplicativo
Samai del Consejo de Estado).
2.1.2 La parte demandante. Se limitó a expresar que reitera los argumentos
que planteó en el recurso de apelación contra el fallo impugnado.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Actos acusados.
3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 22 de julio de 20157,
expedida por el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la dirección
general de Policía Nacional, a través de la cual sancionó disciplinariamente al
patrullero Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz con destitución e inhabilidad
general por 12 años.
3.2.2 Acto administrativo de segundo grado de 13 de octubre de 20158, con el
que el inspector delegado especial de la dirección general de la Policía Nacional
confirmó la sanción.
3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sección segunda, subsección D) negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte actora. Para tal propósito, examinará si los actos
acusados fueron expedidos con violación del debido proceso por (i)
inobservancia del principio de «non reformatio in pejus y (ii) indebida
apreciación de las pruebas, conforme a las acusaciones planteadas en el escrito
de alzada.
3.4 Marco normativo - régimen disciplinario de la Policía Nacional. En
virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos
217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Constitución Política, facultó
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Folios 7 a 71.
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Folios 72 a 106.
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Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales
servidores.
En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario
de la Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso que son destinatarios: «[…] el
personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren
retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo»; el artículo
58 prevé que el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen
disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de 2002, o la
norma que la modifique.
Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que
adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, debían aplicar esta
normativa en lo concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario
Único o Ley 734 de 2002 en el campo procedimental, como ocurrió en el asunto
sub examine.
3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el memorial de impugnación de la sentencia:
i) El señor Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz, en el momento de la comisión de
los hechos sancionados, se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional
en Bogotá y desarrollaba funciones de «Perfilador Sala Censo del Área de
Control Portuario y Aeroportuario en el Aeropuerto Internacional El Dorado»
(f. 8, cuaderno principal). Fue retirado de la institución, por solicitud propia
(antes de la destitución), mediante Resolución 5001 de 17 de diciembre de 2013
por su director general.
ii) Hace parte del plenario copia del expediente administrativo de la
investigación disciplinaria que motivó la expedición de los actos
administrativos acusados.
iii) Reposa en el expediente fotocopia de la Resolución 5563 de 7 de diciembre
de 2015, con la que el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción
disciplinaria impuesta al señor Sepúlveda Cruz (f. 6, cuaderno principal).
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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3.6 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política, 6 de la Ley 734 de 2002 y 6 de la Ley 1015 de 2006
establecen la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de
principios materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las
autoridades disciplinarias, en cuanto constituyen derechos de los sujetos
disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse,
presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten;
cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-
administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los
funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.
Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán acatar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado desde
sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso,
cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos
criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disciplinaria, son los
siguientes9:
“i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario
a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
9 Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada
en otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
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vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”
En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los siguientes
elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a
todas las actuaciones disciplinarias10: “(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el
derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de
controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la
presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el
principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la
prohibición de la reformatio in pejus” 11.
3.7 Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las
causales de anulación invocadas en la apelación de la sentencia. La Sala
confirmará la sentencia impugnada, que negó las pretensiones de la demanda,
por las siguientes razones:
De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA12, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa.
De ahí que en sede judicial se realice un juicio de validez de la actuación
disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier defecto procesal tiene el
poder de afectar la presunción de legalidad que ampara dichos actos
administrativos.
3.7.1 La anulación del procedimiento administrativo por la autoridad
disciplinaria permite garantizar el derecho de defensa del investigado y
corregir las irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, en
los términos del artículo 143 del Código Disciplinario Único, como
10 Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya
citadas T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
11
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
12
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
10
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
aconteció en el presente asunto. Aduce el sancionado que, al haber declarado
nulas dos (2) veces la decisión administrativa de primera instancia, el ente
estatal vulneró el principio de «non reformatio in pejus» y no podía formularle
nuevo pliego de cargos, ni agravarle la situación, como ocurrió, puesto que, a
su juicio, ello comporta violación del debido proceso.
Al respecto, destaca la Sala que el artículo 143 del Código Disciplinario Único
(CDU) preceptúa que son causales de nulidad de la actuación disciplinaria, entre
otras, «2. La violación del derecho de defensa del investigado.3. La existencia
de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso», y fue
precisamente eso lo que procuró la autoridad disciplinaria al anular en dos
oportunidades el acto sancionatorio de primera instancia, tal como lo expresó
en la decisión administrativa de segundo grado aquí cuestionada, en el sentido
de que «fue decretada [la nulidad] en garantía de la prevalencia de los derechos
del investigado al reponer la actuación; ello en aras de corregir los yerros que
van en detrimento del debido proceso de su prohijado».
Ahora bien, la anulación implica jurídicamente dejar sin efectos la
correspondiente actuación desde el momento cuando se presenta la causal y, por
consiguiente, nada impide rehacerla a partir de esa etapa, con las plenas
facultades para actuar que la ley le otorga a la autoridad disciplinaria, como si
nada hubiera ocurrido antes (salvo la validez de las pruebas allegadas y
practicadas en forma legal), precisamente para que el procedimiento se
desarrolle de nuevo con estricta observancia de la normativa omitida, que bien
puede incluir la formulación correcta del pliego de cargos, siempre que al
implicado se le garantice el ejercicio de sus derechos de contradicción y
defensa, como aconteció en el asunto en examen.
Obsérvese que, en ese sentido, el CDU establece que «En cualquier estado de
la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto
advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior,
declarará la nulidad de lo actuado» (se destaca) [artículo 144] y que «La
declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento
en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y
ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada
nula» (artículo 145). La configuración normativa de este último artículo otorga
plenas atribuciones, no solo a la autoridad disciplinaria de primera instancia de
corregir su actuación, sino a la de segundo grado de declarar la nulidad «desde
el momento en que se presente la causal», antes que limitarse a resolver el
recurso de apelación, dado que no es un convidado pasivo e indiferente dentro
11
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
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de la investigación disciplinaria, sino que es otro de los llamados por la ley a
efectuar, de oficio inclusive, control de legalidad del procedimiento; de ahí que
el artículo 145 ibidem lo faculte para «ordenar que se reponga la actuación que
dependa de la decisión declarada nula».
Con todo, en el caso sub examine, la parte apelante no justificó de qué manera
la actuación administrativa repuesta le haya comportado vulneración de
prerrogativas constitucionales y legales, lo cual tampoco pudo suceder, toda vez
que, por una parte, no formuló reparo alguno respecto de la actuación corregida,
y, por otra, el argumento de que el ente estatal desconoció el principio de «non
reformatio in pejus» y no podía formularle nuevo pliego de cargos al encartado,
ni agravarle la situación, resulta improcedente, en razón a que, como se anotó,
después de la anulación, nada impedía que se le presentara un nuevo pliego de
acusaciones, frente a los cuales ejerció, de manera amplia y mediante
apoderado, los derechos de contradicción y defensa, sin limitación alguna, en la
forma prevista en el CDU.
Además, ante la anulación parcial de la actuación administrativa, cuando
incluya el pliego de cargos y se formule uno nuevo, no cabe predicar el
desconocimiento del principio de «non reformatio in pejus», comoquiera que
esta prerrogativa «se circunscribe a la prohibición de agravar la pena con
ocasión del fallo de segunda instancia», como lo ha reiterado la Corte
Constitucional (en sentencia C-1076 de 2002), y este no fue el caso, puesto que
con la decisión anulada no se empeoró la sanción, en razón a que, justamente,
se dejó sin efecto en favor del disciplinado y, al reponerse la actuación, que
luego culminó con la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años
aquí demandada, impuesta en la primera instancia, la Policía Nacional tampoco
la agravó, dado que el inspector delegado especial de la dirección general de la
institución se limitó a confirmarla, mediante acto administrativo de segunda
instancia, de 13 de octubre de 201513.
Reitera la Sala que no resulta dable invocar violación del principio de «non
reformatio in pejus» respecto de una actuación anulada, por la elemental razón
de que carece, en absoluto, de efecto legal, por haber sido retirada del
ordenamiento jurídico, amén de que lo que se pretende en este proceso es la
anulación de los actos sancionatorios con los que culminó la investigación
disciplinaria y no de los que dejó sin efectos la misma Policía Nacional en el
curso del procedimiento, que, por lo mismo, carecen de control judicial.
13
Folios 72 a 106.
12
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
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En este contexto, no se evidencia quebranto de los derechos al debido proceso
y defensa, en razón a que el disciplinado desde el comienzo mismo de la
investigación disciplinaria tuvo pleno conocimiento de la acusación, la cual se
mantuvo hasta la imposición de la sanción cuestionada, en garantía del principio
de congruencia.
De suerte que la Sala no encuentra razón para admitir que el pliego de cargos
fue variado o que comportara dificultad para la defensa determinar con
precisión los medios adecuados encaminados a desvirtuar la inculpación. La
sanción tampoco se impuso por una causa distinta a la imputada ab initio, como,
de manera equivocada, lo asegura la parte demandante.
Por consiguiente, no está llamada a prosperar la censura de violación del debido
proceso por el cargo de inobservancia del aludido principio.
3.7.2 Se determinó la comisión de la falta, la ilicitud sustancial de la
conducta que motivó la sanción y la responsabilidad del expolicía. Revisado
el expediente administrativo, encuentra esta Corporación que, durante la
actuación disciplinaria, la accionada le formuló pliego de cargos al entonces
patrullero Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz por haber incurrido en la falta
gravísima y dolosa, contenida en el artículo 34 (numeral 22) de la Ley 1015 de
2006, por: «permitir el transporte de (…) cualquier tipo de (…) sustancias que
produzcan dependencia (…) psíquica , prohibidas por la ley » (f. 22, cuaderno
principal), por las cuales resultó sancionado, puesto que mientras desarrollaba
la función de «perfilador de pasajeros», no efectuó control riguroso que las
circunstancias exigían a la ciudadana española Claudia Andrea Londoño
Monsalve el 6 de noviembre de 2013, pese a que con anterioridad había recibido
alerta respecto de ella como posible pasante de estupefacientes en el aeropuerto
El Dorado de Bogotá, lo que permitió que la ciudadana viajara a Madrid
(España), donde fue capturada con cocaína en su equipaje de mano (6.275
gramos), por autoridades de ese país, que lo informaron a Colombia, hecho que
está demostrado en el proceso (f. 9).
De igual modo, porque el 20 de noviembre de 2013, pese a que también recibió
alerta temprana como eventual pasante de estupefacientes respecto del pasajero
Luis Gilberto Vélez Ortega, no realizó el control, con el pretexto de que no lo
encontró, y el mencionado señor logró abordar el avión que lo llevaría a Madrid,
con 12 paquetes de cocaína en su equipaje (20 kilos y 485 gramos), pero fue
capturado y bajado de la aeronave antes del decolaje por otros funcionarios en
el mismo aeropuerto El Dorado, que le impidieron salir del país.
13
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Por estos dos hechos también se le imputó cargo, por la conducta descrita en el
artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 consistente en «10. Incumplir […], sin causa
justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio» (f. 37).
La parte apelante aduce que, para probar la conducta omisiva imputada, a la
autoridad disciplinaria le «correspondía probar que el señor Patrullero
SEPÚLVEDA tenía conocimiento respecto al transporte de drogas, en caso
contrario tan solo se achacaría una negligencia en su servicio» (f. 281, vuelto).
Al respecto, sobre la noción de falta disciplinaria, la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en precisar que «Lo que genera el reproche de
la administración al agente estatal o al particular que ejerce función pública
no es propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función
pública sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o
defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan»14
(se destaca).
De igual modo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el Código
Disciplinario Único consagra para todos los servidores públicos un deber
general afirmativo, relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido
encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; otro
deber general negativo, referido a la abstención de cualquier clase de acto u
omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio
esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas; y una
obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y
rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le
haya sido encomendado15.
En el asunto sub examine, el entonces patrullero de la Policía Nacional
Sepúlveda Cruz, como «perfilador de pasajeros», no controvierte que fue
avisado con suficiente anticipación, a modo de alerta, de que la ciudadana
española Claudia Andrea Londoño Monsalve podría ser pasante de
estupefaciente con destino a su país en un vuelo de 6 de noviembre de 2013,
que es un destino crítico, considerado así por los organismos de seguridad del
Estado, precisamente por esos fines ilícitos, sospecha que resultó cierta, puesto
que la mencionada señora fue capturada con 6.275 gramos de cocaína en su
equipaje de mano a su llegada a Madrid, como se lo informaron a las autoridades
de Colombia, hecho que tampoco discute el uniformado.
14
Sentencia C- 181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
15
Sentencia C-30 de 2012.
14
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Pese a la alerta, el patrullero Sepúlveda Cruz no realizó en Bogotá el registro de
manera rigurosa y detallada que el caso ameritaba a la mencionada pasajera y a
su equipaje de mano, como haber acudido al control antinarcótico biológico
(perro), rayos X y entrevista, lo que facilitó que la mujer saliera del país con
estupefaciente (cocaína) en su valija de mano.
La defensa del sancionado intenta desvanecer la negligencia en el desempeño
de la labor, con la evasiva de que «el patrullero SEPULVEDA realizó todo el
procedimiento ordenado; […] la señora pudo haber recibido tal sustancia
posteriormente a pasar por el filtro, amén del hecho de que después del filtro,
los pasajeros deben transitar un largo trayecto hasta llegar a la sala de
abordaje trayecto en el que el pasajero puede ser contaminado con sustancias
estupefacientes, sin que exista control alguno en dicho trayecto», pero se trata
de una conjetura, que no desvirtúa el hecho cierto, de que, si bien el uniformado
practicó el registro de la pasajera, no lo realizó en forma exhaustiva y con apoyo
pleno de los medios tecnológicos a su alcance, pese a la alerta temprana que
recibió por correo electrónico del patrullero Yeison Arley García Castañeda de
la sala «CENSO del Área de Puertos y Aeropuertos de la Dirección de
Antinarcóticos», que ameritaba haber acudido al control biológico (con perro),
puesto que de otro modo la viajera no habría podido atravesar el cerco de
seguridad con el estupefaciente en su menaje de mano, en una cantidad (más de
seis kilos) fácilmente detectable por el canino.
Compromete en mayor medida la responsabilidad el hecho de que, respecto del
del pasajero Luis Gilberto Vélez Ortega, el sancionado no realizó ningún
control o registro, con el pretexto de que no lo encontró, «debido a lo
complicado de la situación al no contar con tiempo necesario y no ser posible
la ubicación de este ciudadano» frente al cual también se había generado con
antelación alerta como posible pasante de estupefacientes, conocida por el
uniformado, sin embargo, el mencionado pasajero logró abordar el avión que lo
llevaría a Madrid el 20 de noviembre de 2013, con 12 paquetes de cocaína en
su equipaje (20 kilos y 485 gramos), pero fue capturado y bajado de la aeronave
antes del decolaje por otros funcionarios en el mismo aeropuerto El Dorado,
que le impidieron salir del país, no propiamente por la gestión de control del
patrullero Sepúlveda Cruz, hecho que también fue acreditado en el
procedimiento disciplinario (f. 10)
Con todo, el apelante aduce que «ni siquiera se probó que los dos pasajeros
hubieran ingresado al avión con la sustancia estupefaciente, en consecuencia,
no sería el cargo de tráfico de sustancias estupefacientes el que debió
15
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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endilgarse, pues se podría concurrir algún otro tipo de falta disciplinaria
referida a la negligencia en sus deberes, mas no endilgarle una en el que se
señalara directamente de narcotraficante» (sic) [f. 282, vuelto], no obstante, a
renglón seguido, afirma lo contrario, al decir que «las pruebas documentales lo
único que se probó fue la captura de los dos ciudadanos portando sustancias
estupefacientes […] y si hubiera existido alguna conducta irregular por parte
de mi poderdante sería la de demostrar algún tipo de negligencia en el
cumplimiento de sus deberes ,más nunca trasportar o permitir trasportar la
sustancia estupefaciente» (sic).
De hecho, la falta de diligencia en el registro de los pasajeros por parte del
inculpado, fue lo que permitió que pasaran la sustancia ilícita en ambos casos,
y lo cierto es que el cargo imputado al señor Sepúlveda Cruz no fue el de
«transportar […] sustancia estupefaciente», como en forma errada lo
descontextualiza, sino por haber incurrido en la falta gravísima y dolosa,
contenida en el artículo 34 (numeral 22) de la Ley 1015 de 2006, de «permitir
el transporte de (…) cualquier tipo de (…) sustancias que produzcan
dependencia (…) psíquica, prohibidas por la ley» (f. 22, cuaderno principal),
que resultó probada con las evidencias recaudadas.
Todo lo anterior demuestra que la conducta irregular imputada al expolicía tuvo
ocurrencia, que constituyó incumplimiento de los deberes funcionales
imputados en el pliego de cargos y que corresponde a la descripción típica de
carácter gravísimo y doloso, que motivó la destitución del cargo.
3.7.3 Las pruebas se apreciaron en forma integral, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de
2002 preceptúa: «Artículo 140. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada deberá
exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta»;
«Artículo 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo
sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza
sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado».
Los medios probatorios que se recaudaron durante la actuación administrativa
muestran en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos
y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo dispone
16
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que
la sanción disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los
tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función
pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.
Revisada la actuación disciplinaria, encuentra esta Colegiatura que la Policía
Nacional realizó en las decisiones acusadas un amplio análisis y examen
integral de las evidencias probatorias; en ese contexto, explicó y justificó con
suficiencia por qué la autoridad disciplinaria dio credibilidad a unas pruebas y
se apartó de otras, y el hecho de que la parte apelante esté en desacuerdo con tal
razonamiento, no implica que haya incurrido en expedición irregular por falsa
motivación, desviación de poder, violación de los derechos de contradicción,
defensa y debido proceso, vía de hecho o que no existieran razones suficientes
para sancionar.
La demandada articuló la apreciación de las pruebas con todos los hechos y
circunstancias que rodearon los acontecimientos investigados contra el
sancionado, y desconocerlos equivaldría a darle la espalda a la razón práctica y
a las demás evidencias materiales, so pretexto de que no existió prueba para
sancionar. En tal sentido, la Policía Nacional, en su razonamiento lógico,
incluyó las evidencias que confirman la responsabilidad disciplinaria del
entonces patrullero Sepúlveda Cruz; puede observarse, por ejemplo, que en el
acto sancionatorio de primera instancia, tuvo en cuenta las pruebas
testimoniales y documentales (f. 9), los descargos (f. 22), la versión libre del
disciplinado (f. 26) y los alegatos de conclusión (f. 28) y, a partir de tales
premisas y razonamiento lógico, desvirtuó la presunción de inocencia del
investigado.
Pese al nutrido acervo probatorio que reposa en el expediente administrativo,
que demuestra con certeza la existencia de la falta y de la responsabilidad del
expolicía, asegura en el escrito de apelación de la sentencia que la autoridad
disciplinaria «no hace un análisis de cada prueba para indicar con exactitud
por qué se tienen en cuenta. Lo segundo es que las pruebas testimoniales tan
solo atinan a señalar algunas de ellas que se generó el correo perfilando
algunas de ellas, pero ninguna de ellas soporta el cargo de permitir que se
trafique» (f. 281, vuelto).
Lo expuesto por el apelante, no hace más que corroborar la responsabilidad del
señor Sepúlveda Cruz, que hasta en esta instancia pretender ignorar que la
17
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
institución policial tuvo fundadas razones para «perfilar» a los pasajeros
Claudia Andrea Londoño Monsalve y Luis Gilberto Vélez Ortega como
posibles pasantes de sustancias ilícitas hacia España y, por eso, se lo informó
con anticipación, para que los registrara o requisara de manera minuciosa en el
puesto de control, conforme a los protocolos establecidos, sin embargo, el
sancionado hizo caso omiso de tal advertencia, al punto que ahora asegura que
«diferente hubiera sido si se observa que el señor Patrullero SEPULVEDA
haya notado a los ciudadanos capturados portando esta droga», como si no se
le hubiera puesto en alerta de antemano de que los aludidos ciudadanos podían
ser traficantes de estupefacientes, lo cual resultó ser cierto, comoquiera que
fueron capturados con cocaína en su poder.
Lo anterior se torna inexcusable, máxime cuando, como se anota en el acto
sancionatorio de segunda instancia, «el señor Patrullero ® SEPÚLVEDA
CRUZ había recibido capacitación para el cargo de perfilador sala CENSO,
con la embajada Británica, que dentro de dicha capacitación se habían
efectuado simulacros así como prácticas, es decir, contaba con el conocimiento
y con la capacitación para desempeñar el cargo» (f. 103).
Con fundamento en el examen de las pruebas, la Policía Nacional, en el acto
administrativo de primera instancia, también concluyó que «El policial
SEPÚLVEDA CRUZ, tenía conocimiento que España era un destino crítico y
sabía que la pasajera había sido perfilada por presentar sospechas por lo tanto
debía hacer un trabajo a conciencia, amen de que el estupefaciente estaba
mimetizado posiblemente vestido y que posteriormente fue hallado en el bolso
de mano» (sic) [f. 35].
De modo que la sanción demandada está provista de justificación legal; tal
como se explicó en apartados anteriores de esta providencia, fue razonada y
razonable, motivada en lo que objetivamente se demostró durante la
investigación administrativa, con sujeción a las previsiones del artículo 170 de
la Ley 734 de 2002, en el sentido de que «el fallo» disciplinario «debe ser
motivado y contener el análisis de las pruebas en que se basa y el análisis y
valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones»,
requisito formal y sustancial que fue satisfecho a cabalidad, es decir, que las
acusaciones de falsa motivación y desviación de poder, vía de hecho e indebida
apreciación de pruebas opuestas por la parte accionante carecen de fundamento.
Para la Sala, el extremo demandante no plantea en realidad una indebida
apreciación de las pruebas por la accionada, sino que se practique una sesgada
18
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
a su favor por parte de esta jurisdicción, con desconocimiento de la realidad
material, lo que resulta inaceptable al amparo orden jurídico y, por demás,
carente de fundamento y riñe, ahí sí, con las reglas de la sana crítica.
Lo expuesto permite a esta Corporación inferir que en el caso sub examine, la
autoridad disciplinaria utilizó adecuadamente sus atribuciones legales para
retirar del servicio a un miembro de la institución que, con su comportamiento
omisivo, desconoció que los miembros de la fuerza pública tienen el deber de
observar mayor disciplina y pulcritud en el cumplimiento de sus funciones, dada
la responsabilidad constitucional a cargo de la Policía Nacional, del
«mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos
y libertades públicas» (artículo 218 superior).
Por otra parte, evidencia la Sala que durante el curso de la actuación
administrativa al expolicía se le respetaron todas las garantías procesales y
sustanciales para ejercer los derechos de contradicción y defensa técnica, así,
desde la apertura de indagación y durante el curso de la investigación
disciplinaria fue escuchado, tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas,
oponer nulidades, pedir copias del expediente, presentar descargos y
alegaciones finales e interponer recursos, etc., por mencionar algunas. Es decir,
que no se afectó la participación del disciplinado en el procedimiento, ni sus
prerrogativas iusfundamentales.
La Corporación tampoco echa de menos en los actos demandados ninguno de
los requisitos formales y sustanciales previstos en el artículo 17016 de la Ley
734 de 2002, alusivos a los presupuestos que debe contener el «fallo»
disciplinario, puesto que si se examinan las decisiones acusadas, se verifica que
la institución analizó las pruebas en conjunto, valoró los cargos, los descargos
y las alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y reglamentarias
concernientes al deber funcional desconocido, fundamentó la calificación de la
falta y la culpabilidad, y, en fin, expuso claramente las razones de la sanción y
16
ARTÍCULO 170. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe ser motivado y contener:
1. La identidad del investigado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido
presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de culpabilidad.
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión
en la parte resolutiva.
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Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
los criterios de su gradación, se insiste, como se evidencia en los folios 77 a 104
del expediente.
Por consiguiente, el cargo de violación del derecho al debido proceso por
indebida valoración probatoria tampoco está llamado a prosperar.
Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos
demandados conservan su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la
presunción de legalidad que los ampara, por tanto, se confirmará el fallo de
primera instancia, en cuanto negó las súplicas de la demanda.
3.8 Otros aspectos procesales.
3.8.1 Condena en costas. Respecto de tal condena, que incluye las agencias en
derecho que correspondan a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de
2016 17 así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se
contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
20
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
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Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal
de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a
la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente
o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se
tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho
que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia,
así lo consideró.
En tales circunstancias, la Sala estima que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, pero para ello
debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su
causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues la imposición surge después de tener certeza
de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por
ende, al no comprobarse tal proceder de la parte demandante, se revocará la
condena en costas impuesta por el a quo.
3.8.2 Reconocimiento de personería. En vista de que la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional constituyó nuevo mandatario, se
reconocerá personería al profesional del derecho destinatario del poder visible
en el índice 15 del aplicativo Samai de esta Corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de junio de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D),
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
21
Expediente: 25001-23-42-000-2016-02302-01 (918-2021)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
derecho incoada por los señores Jhonatan Estiven Sepúlveda Cruz, Humberto
de Jesús Sepúlveda Valencia, Mariluz Cruz Rodríguez, Sebastián Sepúlveda
Cruz, Laura Nataly Sepúlveda Cruz y Alba Marina Rodríguez Cruz contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, conforme a la parte
motiva.
2°. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye
las agencias en derecho, de acuerdo con la motivación del presente fallo.
3°. Reconócese personería, como nuevo mandatario de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, al abogado Jorge Eliécer Perdomo
Flórez, con cédula de ciudadanía 85.467.941 y tarjeta profesional 136.161 del
Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder que obra en el índice
15 del expediente digital del aplicativo Samai de esta Corporación.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmada electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con permiso Firmada electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
22
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