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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02356-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02356-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02356-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 25000-23-42-000-2016-02356-01 (2098-2025).
Demandante : Manuel Yasser Páez Ramírez.
Demandada : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ).
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : Insubsistencia.
Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra
la sentencia del Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Manuel Yasser Páez Ramírez, por intermedio de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad del Decreto No. 102 del Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Quince
(2015), mediante el cual, se lo declaró insubsistente como Magistrado Auxiliar
adscrito al despacho quinto, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.

1
Expediente físico, folios 1 a 11.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reintegro al cargo que
desempeñaba al momento de su retiro; el pago de los salarios, prestaciones
sociales y aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, salud
y riesgos, dejados de percibir, desde su desvinculación, hasta la fecha que se
produzca su reintegro; (ii) que se reconozcan los intereses moratorios y (iii) se
condene a la demandada a pagar las costas procesales.

De manera subsidiaria solicitó el pago, a título de indemnización, de los
perjuicios morales y materiales, causados con la declaratoria de
insubsistencia.

1.2. Hechos.

El 28 de enero del 2014, el magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño, titular
del despacho 5º de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, nombró al demandante, en el cargo de magistrado auxiliar,
tomando posesión del empleo, en la misma fecha.

El 5 de junio del año 2015, el magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño,
renunció a su cargo, como titular del despacho 5º de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El 15 de julio de 2015, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, decidieron asignar al equipo de trabajo
adscrito al despacho 5º, la sustanciación de los expedientes de tutela, para
someter a consideración de la Sala de Conjueces; los cuales fueron
tramitados por el personal, incluido el demandante.

El 22 de julio del 2015, mediante Oficio No. SJ-ABH-37398, se informó a los
empleados adscritos al despacho 5º de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, que serían reasignados en los diferentes
despachos que contaban con magistrado titular, en cumplimiento a lo
ordenado en sesión de la Sala Ordinaria número 058, celebrada el mismo día.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

El demandante, fue asignado al despacho de la magistrada Julia Emma
Garzón de Gómez, desde el 22 de julio de 2015, cargo en el que desempeñó
funciones de sustanciación y proyección de fallos.

El 20 de agosto de 2015, el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, elevó consulta jurídica ante la dirección
de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con
el fin de conocer las competencias de la Sala, sobre los funcionarios adscritos
al despacho 5º, argumentando que no cumplían con el horario, ni con las
necesidades del servicio. El 21 de agosto de 2015, consultó ante la oficina de
coordinación de asuntos internacionales y asesoría jurídica de la Rama
Judicial, con el fin de conocer las competencias de la Sala, sobre los
funcionarios adscritos al despacho 5º, bajo el mismo argumento de
incumplimiento de horario y necesidades del servicio.

Mediante Oficio INOJ15-851 de 31 de agosto de 2015, la oficina de
coordinación de asuntos internacionales y asesoría jurídica de la Rama
Judicial, dio respuesta, indicando que, dar consultas no se encuentra dentro
de su esfera de competencias, poniendo de presente, las normas referentes
a la nominación, derechos y deberes de los funcionarios.

Con Oficio No. SJ-AMG 59765 de 23 de octubre de 2015, se informó al
demandante que, mediante Decreto No. 102 de la misma fecha, se declaró
insubsistente su nombramiento como magistrado auxiliar, adscrito al
despacho de la doctora Martha Patricia Zea Ramos.

El demandante y otras personas, incoaron acción de nulidad electoral, frente
al Acuerdo No. 089 del 21 de julio de 2015, por medio del cual, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, nombró
como magistrada en provisionalidad, a la señora Martha Patricia Zea Ramos.

El 15 de diciembre de 2015, la Sala Quinta del Consejo de Estado admitió la
demanda de nulidad electoral y declaró la suspensión provisional del Acuerdo

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

089 de 2015; providencia confirmada el 28 de enero de 2016, al resolver el
recurso de reposición.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos 1, 2, 6 y 121.
Ley 1437 de 2011, artículos 136, inciso 2º, 137, 152, 169 a 186.
Ley 270 de 1996, artículos 130 y 131 numeral 4º.
Decreto 2400 de 1968, artículo 26.
Decreto 1950 de 1973, artículos 107 y 109.

Como concepto de violación, el apoderado del actor señaló que, el acto
administrativo acusado se encuentra viciado de nulidad, por cuanto la
magistrada que expidió la declaratoria de insubsistencia, carecía de
competencia para adoptar el pronunciamiento, tal como quedó sustentado en
la suspensión provisional, dispuesta por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Adicionalmente, carecía de la facultad nominadora, al haber sido
nombrada en provisionalidad.

De otro lado, arguyó que, el acto administrativo demandado adolece de falsa
motivación y desviación de poder; porque en su criterio, la declaratoria de
insubsistencia no obedeció a la mejoría del servicio y no estuvo motivada por
el interés general, sino por intereses particulares de la entonces magistrada
Martha Patricia Zea, ya que, del examen de los informes de actividades
elaborados por el demandante y del control de accesos al edificio del Consejo
Superior de la Judicatura, se extrae que, el desempeño de sus funciones
transcurrió de manera diligente y constante, obedeciendo a las demandas del
cargo; además de considerar absurdo desvincular a todos los funcionarios de
un despacho judicial, sin tomar en cuenta la congestión actual de la Rama
Judicial, y la diligencia y cumplimiento ininterrumpido de los funcionarios
desvinculados, respecto de sus funciones.

Consideró evidenciada la desviación de poder, al proferir el decreto que lo
declaró insubsistente, porque de manera casi desesperada, tan pronto
renunció el magistrado titular a su cargo, se inició, por parte de la dirección de

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, toda una política tendiente a dejar sin
labores al demandante, quien fue sometido a una permanente y evidente
presión para dejarlo sin funciones, dada la falta de reparto de expedientes para
sustanciar, además de las solicitudes de concepto jurídico, elevadas ante la
dirección de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y ante la oficina de coordinación de asuntos internacionales y asesoría
jurídica de la Rama Judicial, por el presidente de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en las cuáles se
preguntaba sobre la competencia de la Sala respecto de los funcionarios
adscritos al despacho 5º, aduciendo la falta de cumplimiento de horario y
necesidades del servicio, sin atender los constantes informes de actividades y
solicitudes de reparto de los funcionarios a la presidencia de la sala; situación
que permite entrever, los intereses particulares y opuestos a los principios
orientadores de la función pública, por parte de la magistrada que lo suscribió.

2. Contestación de la demanda2.

La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que,
la desvinculación del demandante obedeció a la calidad y naturaleza del
nombramiento de magistrado auxiliar, el cual es de libre nombramiento y
remoción.

Recalcó que, en este asunto, el nominador, que corresponde a los magistrados
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, tenía la facultad de removerlo del
empleo, en virtud de la facultad discrecional; presumiéndose legal la
declaratoria de insubsistencia, en procura del buen funcionamiento del servicio
de administración de justicia.

También descartó la desviación de poder alegada por la parte demandante,
aduciendo que, las condiciones humanas y profesionales del demandante, no
se tienen en cuenta en la libre remoción sino al momento del nombramiento;
enfatizando en que la declaratoria de insubsistencia, no obedece a
valoraciones sobre la conducta, desempeño o antecedentes del removido.

2
Expediente físico, folios 106 a 114.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

Adicionalmente planteó que, el actor no señaló las razones, ni aportó las
pruebas de la causal de nulidad invocada.

Concluyó que, no le es dado al actor, predicar una especie de derechos
adquiridos o de fuero especial por sus especiales calidades, en tanto la
administración llegaría a la situación de encontrarse impedida para ejercer la
facultad de libre nombramiento y remoción y llegaría a la “inconveniente y
peligrosa circunstancia del inmovilismo”.

3. Sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección
B, mediante sentencia proferida el Veintidós (22) de mayo de Dos Mil
Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda, sin fijar condena en
costas.

En sustento de su decisión, indicó que, el cargo de magistrado auxiliar del
Consejo Superior de la Judicatura, es de libre nombramiento y remoción, lo
que conlleva a que, una de las causales de retiro del servicio, es la declaratoria
de insubsistencia del nombramiento; cuya competencia radica en el titular del
despacho.

Advirtió que, aunque no se encuentra en el expediente, el acto administrativo
que nombró a la magistrada Martha Patricia Zea Ramos, que demuestre que
fue titular del despacho 05 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, varias piezas procesales, dan cuenta que al
momento de la expedición del acto demandado, tenía la calidad de
nominadora; concluyendo que, dentro de sus competencias, se encontraba la
de declarar insubsistente el nombramiento de las personas que ocupaban
cargos de libre nombramiento y remoción en el despacho; descartando la falta
de competencia.

Frente al cuestionamiento relativo a la legalidad del nombramiento de la

3
Expediente físico, folios 271 a 283.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

señora Martha Patricia Zea Ramos, en el cargo de magistrada del Consejo
Superior de la Judicatura, adujo que, dicho acto no fue demandado y si bien
se allegó el auto admisorio de la demanda, de 15 de diciembre de 2015, en el
proceso con radicado 11001032800020150004600, en el que se declaró la
suspensión provisional del nombramiento de la magistrada y el auto que
confirmó la medida cautelar, de 28 de enero de 2016; la actuación no tiene
efectos hacia el pasado, razón por la que, la declaratoria de insubsistencia del
demandante, mediante el Decreto 102 del 23 de octubre de 2015, no
demuestra la falta de competencia.

En cuanto a la desviación de poder, manifestó que, debe ser probada por el
actor, siendo insuficiente mencionar, que existió otro motivo diferente al buen
servicio, considerando que, la prueba testimonial resulta irrelevante, en razón
a que, el testigo no se encontraba vinculado a la Rama Judicial al momento de
la desvinculación del demandante, limitándose a señalar que el señor Manuel
Yasser Páez cumplía con el horario y con la entrega de proyectos que le
asignaban, lo que en criterio del sentenciador de primera instancia, hace parte
del desempeño de todo servidor público, sin que se deba derivar estabilidad,
más aún en un cargo de libre nombramiento y remoción, que es de entera
confianza del titular, concluyendo que no existió persecución laboral.

4. Recurso de apelación4.

La parte demandante interpuso recurso de apelación, aduciendo que, contrario
a lo manifestado por el juzgador de primera instancia, en el expediente sí
quedó demostrada la falta de competencia de quien profirió el acto
administrativo demandado; considerando que, se omitió valorar que el
nombramiento de la señora Martha Patricia Zea Ramos, no fue realizado por
la Sala Plena, como exige la Ley 270 de 1996, y por tanto, nunca adquirió
plena competencia como magistrada titular, lo que vicia de nulidad el acto que
expidió.

4
Expediente físico, folios 291 a 293.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

Aseguró que, cuando un funcionario es designado por persona o corporación
que no tiene facultad ni competencia para hacerlo, el acto es inexistente, no
tiene presunción de legalidad, ni fuerza de ejecutoria y no se requiere una
‘anulación formal’, por la jurisdicción contencioso administrativa, precisamente
por no producir efectos; de lo que se deduce que cualquier juez, al observar la
causal, puede restaurar los derechos de quien fue perjudicado por la decisión
del incompetente, pues lo inexistente no produce ningún efecto, porque de lo
contrario, sería atribuirle un efecto de existencia y prolongar en el tiempo, el
abuso que comete quien fue designado por quien carecía de competencia para
hacerlo.

Concluyó que, el planteamiento fue avalado por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, al momento de disponer la terminación del proceso de nulidad
electoral, sin que se esté convalidando la legalidad en las decisiones que
adoptó la señora Martha Patricia Zea Ramos, sino que, por economía
procesal, el juez electoral, terminó el proceso, pues la renuncia impide que ella
siga actuando.

Consideró que, el Tribunal se equivocó al negar las peticiones de la demanda,
por establecer que la suspensión provisional del nombramiento de la doctora
Zea Ramos no produce efectos desde el inicio de la asunción de su cargo, por
cuanto la falta de competencia es absoluta y no existe disposición que le dé
validez a los actos de quien ha sido irregularmente nominada y posesionada,
por un funcionario o funcionarios que carecen de competencia para hacerlo.

Agregó que, la suspensión provisional como medida preventiva, no puede
entrar en la distinción, si sus efectos son ex nunc o ex tunc, pues ella se aplica
a todos los actos administrativos viciados de cualquier clase de nulidad, para
prevenir daños, perjuicios o irregularidades mayores sobrevivientes,
indistintamente si la causal es ausencia de competencia, irregularidad en la
expedición, falsa motivación o desviación de las atribuciones; arguyendo que,
de las causales de nulidad de los artículos 137 y 138 del CPACA, se deduce
si se requiere la declaratoria de nulidad, o simplemente el acto no produce
efectos y por ende no ata a ningún juez de la república, para reconocer esa
inexistencia.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

Aseguró que, conforme a la sentencia de 2 de marzo de 2017, proferida dentro
del expediente 0294-14, si bien, los actos administrativos que declaran la
insubsistencia de servidores públicos de libre nombramiento y remoción, no
tienen una motivación literal consignada en los mismos, lo cierto es que las
motivaciones que le dieron lugar y sus finalidades, se deben evidenciar y
extraer de los hechos que le sirvieron de causa, por lo que el Tribunal
Administrativo debió estudiar la causal de falsa motivación en la sentencia
recurrida, preguntándose si, los hechos que sirvieron de causa a la
insubsistencia del demandante, respondieron a un uso razonable de la
discrecionalidad del nominador.

Frente a la desviación de poder, destacó que, el testimonio del señor Óscar
Iván Vásquez Ramírez, describió un patrón de persecución institucional, contra
los funcionarios del despacho 5º, tras la salida del magistrado Osuna, en el
que se evidenció que, todos los miembros de ese equipo fueron desvinculados
o reubicados, y que el demandante siguió cumpliendo sus funciones con
idoneidad, sin antecedentes disciplinarios.

Enfatizó en que, el acto administrativo de insubsistencia carece de cualquier
motivación objetiva, en tanto la demandada no probó razones relacionadas
con el desempeño o que dejaran entrever la necesidad de mejoría del servicio,
como tampoco acreditaron razones relacionadas con el cumplimiento de los
principios propios del Estado y de la función administrativa, sino una retaliación
institucional y depuración del equipo de trabajo del magistrado Néstor Osuna
Patiño, tras su renuncia.

Arguyó que, el volumen de trabajo asignado al Despacho 5° de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, era
notoriamente superior al de los demás despachos que conformaban dicha
Sala, como consecuencia del represamiento de expedientes, derivado de la
renuncia del magistrado titular Henry Villarraga, quien dejó un significativo
número de procesos sin tramitar ni sustanciar; carga judicial acumulada que
generó que, para el momento de la renuncia del doctor Osuna, el Despacho
contara con múltiples procesos próximos a prescribir, lo que evidencia que la
decisión de desvincular al equipo técnico y jurídico asignado a su trámite,

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

dentro del cual se encontraba el demandante, no pudo obedecer a razones
fundadas en la mejoría del servicio, máxime cuando resultaba contrario al
principio de eficiencia administrativa, prescindir de personal capacitado, en un
contexto de alta congestión judicial.

Advirtió una persecución funcional e institucional, impulsada desde la
Presidencia de la Sala, donde se elevaron múltiples solicitudes y consultas
jurídicas a dependencias de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
en busca de sustento normativo que permitiera justificar la remoción de los
funcionarios adscritos a dicho despacho; sustentadas en afirmaciones falaces
sobre incumplimientos en el horario laboral y supuestos déficits en el
cumplimiento de funciones, extremos que fueron desvirtuados con el contenido
mismo de las consultas allegadas al expediente, y que dejan al descubierto, la
intención real de excluir al personal vinculado al proyecto institucional del
doctor Osuna.

Puso de manifiesto, la brevedad del término transcurrido entre la posesión de
la magistrada Martha Patricia Zea Ramos y la expedición del acto de
insubsistencia del demandante —apenas dos días—, lo que impide concluir
razonablemente, que existió una valoración objetiva y suficiente sobre el
desempeño laboral del funcionario, así como sobre la conveniencia
institucional de su permanencia en el cargo.

Indicó que este hecho permite inferir que, la verdadera finalidad del acto, no
fue garantizar la eficacia del servicio, sino remover a un servidor público, por
razones ajenas al mérito y la gestión institucional, en tanto el actor integraba
el equipo de confianza del doctor Osuna, cuyo proyecto jurídico y enfoque
disciplinario, difería notoriamente de otros miembros de la Sala, lo que enrostra
que, la decisión de insubsistencia, obedeció a intereses particulares de
quienes promovieron el nombramiento de la doctora Zea Ramos, y no al
cumplimiento de los fines constitucionales de la función pública.

Finalizó manifestando que, el demandante tenía buen rendimiento, informes
entregados, cumplimiento de horario y sin antecedentes negativos, lo que
elimina cualquier indicio de mal servicio.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)5, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de
alegaciones.

No obstante, el apoderado de la Rama Judicial allegó escrito de oposición al
recurso de alzada6, en el que solicitó confirmar la decisión de instancia,
insistiendo en la competencia de quien expidió el acto administrativo de
insubsistencia, descartando la falsa motivación y la desviación de poder, en
virtud de la naturaleza del cargo que ostentaba el demandante y la ausencia
de pruebas que respalden el cargo de nulidad.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), se
precisa que en esta instancia se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si, se debe declarar la nulidad del Decreto
102 de 23 de octubre de 2015, por medio del cual, se declaró la insubsistencia
del nombramiento del señor Manuel Yasser Páez Ramírez, como magistrado
auxiliar del Despacho 5 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por haber sido expedido con falta de competencia,
falsa motivación y desviación de poder.

5
Expediente digital – índice 00004 de Samai.
6
Expediente digital – índice 00010 de Samai.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
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Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Material probatorio y 2.3.
Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial.
2.1.1. De la falta de competencia en la expedición del acto administrativo.

El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, establece que el medio de control de
nulidad procederá cuando los actos «hayan sido expedidos con infracción de las
normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o
con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. [...]».

Por su parte, el artículo 138 ibidem, establece que, el medido de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, procede, por las mismas causales
dispuestas en la norma que antecede.

La competencia para manifestar la voluntad de la administración se deriva de
los artículos 6 y 123 de la Constitución Política, conforme con los cuales los
servidores públicos (i) son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes, así como por la omisión en el ejercicio de sus
funciones; y (ii) deberán ejercer sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 489 de
1998 dispuso que, los organismos y entidades administrativas deben ejercer
sus potestades y atribuciones de manera directa y respecto de los asuntos que
se les haya asignado expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el
reglamento.

Al ser un parámetro indispensable para el ejercicio de los deberes de la
administración, cuando se trata de la expedición de actos administrativos,
únicamente será el funcionario habilitado para ello quien exteriorice la voluntad
de crear, extinguir o modificar una situación jurídica, así como para impartir
lineamientos u orientaciones frente a un determinado asunto.

Es por ello que la competencia hace parte de los elementos esenciales de
validez del acto administrativo, pues la decisión, lineamiento u orientación solo

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Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

podrá ser adoptada por el funcionario o la autoridad pública habilitada
legalmente para tal fin. Así lo ha puntualizado esta Corporación7:

«La Sala recuerda, con apoyo en la doctrina, que la competencia como
elemento de validez del acto administrativo, esto es, como presupuesto de
regularidad jurídica de dicha manifestación estatal, es desde un punto de
vista activo la aptitud o autorización que tiene todo funcionario u organismo
estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido asignadas,
dentro de circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución,
la ley o el reglamento, y sólo dentro de ellas; y desde una perspectiva
pasiva, el conjunto de asuntos que a toda autoridad pública le está atribuido
por la Constitución, la ley o el reglamento, para que actúe o provea en orden
a la atención de los mismos.

La competencia significa que todo funcionario público, en el desempeño de
su cargo, sólo puede hacer lo que le está permitido, situación inversa de la
capacidad propia de los particulares, puesto que éstos pueden hacer todo lo
que no les está jurídicamente prohibido. Es una consecuencia de la limitación
del poder público que surgió con el Estado de Derecho, es decir, del principio
de legalidad, y una forma de llevar tal limitación a toda persona que ejerza
dicho poder.

En este orden de ideas, el vicio de falta de competencia o incompetencia se
presenta cuando el acto administrativo es expedido por quien ostenta la
condición de funcionario público o por particular autorizado por la ley para
ejercer función administrativa, pero lo hace por fuera de la esfera de
atribuciones que la Constitución, la ley o el reglamento le han asignado; o no
corresponde a los asuntos que por razón de la materia, el territorio, la
persona, el grado funcional o jerárquico, o el tiempo inclusive, le son dables
resolver.»

De acuerdo con la base jurisprudencial, la falta de competencia, no recae en
el contenido mismo del acto administrativo o en su finalidad, sino en la
autoridad que lo expide y se determinará por los lineamientos que la
Constitución, la ley o los reglamentos le otorgan.

En todo caso, la presunción de legalidad que acompaña a los actos
administrativos, impone que, sea el juez de lo contencioso administrativo que
disponga su anulación, para ser retirados del ordenamiento jurídico, conforme
el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.2. Del retiro del servicio por la facultad discrecional.

7
Sentencia del 24 de agosto de 2018, expediente acumulado 11001-03-24-000-2008-00338-00. Ver
también la sentencia del 18 de julio de 2019, radicación 11001-03-24-000-2016-00457-00.

Número Interno: 2098-2025
Demandante: Manuel Yasser Páez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ)

Al ser la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento
y remoción, una presunción legal, es susceptible de ser desvirtuada.

Tal presunción surge de la aplicación del principio de legalidad, en virtud del
cual, las autoridades en el ejercicio de sus funciones, están sometidas a la
Constitución, la ley y los reglamentos, y «opera en el quehacer de la
administración pública imponiendo una determinada modalidad de obrar
ajustada a las reglas jurídicas y políticas, de legitimidad o juridicidad estricta y
de oportunidad o conveniencia»8.

Por tratarse de una presunción de legalidad que surge de la naturaleza del
acto mismo, para efectos de su anulación, el demandante tiene la carga
probatoria, de demostrar los hechos en los cuales apoya el cargo aducido
como causal de anulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley
1437 de 2011 y el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del CPACA.

No obstante, la facultad discrecional no es absoluta, en tanto, no puede
interpretarse aisladamente de los principios que conforman nuestro
ordenamiento jurídico. En ese sentido, la declaratoria de insubsistencia de un
nombramiento, procede siempre y cuando esté inspirado en razones del buen
servicio.

La potestad discrecional es una herramienta jurídica necesaria en ciertas
situaciones, para obtener mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los
fines de la administración pública. Entonces, la discrecionalidad «surge
cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para
apreciar en un supuesto dado lo que sea de interés público»9.

Ahora bien, la existencia de facultades discrecionales, no es incompatible con
la vigencia de un Estado Social y Constitucional, en la medida en que se

8 DROMI, ROBERTO, Derecho Administrativo, 4ª edición, 1995, página 98.

9 García de Enterría, Eduardo. Democracia, Jueces y Control de la Administración., 5ª edición, 2000,
página 143.

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ejerzan como un poder en derecho, cuya regla y medida es la razonabilidad.
En ese sentido, la Corte Constitucional10 ha indicado que la posibilidad de
desvincular libremente, en cualquier momento a los servidores públicos de
libre nombramiento y remoción no contraría la Constitución, pues la naturaleza
de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el
nominador, quien requiere siempre, plena confianza de sus colaboradores.

Al igual, esta Corporación ha sostenido que, si bien las razones del servicio se
presumen, de demostrarse la existencia de vicios que desvirtúen la presunción
de legalidad, la decisión debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

2.1.3. Naturaleza del cargo de magistrado auxiliar y del retiro del servicio
por insubsistencia del nombramiento.

La Ley 270 de 1996, por la cual se expidió la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, en su artículo 130 dispuso, en relación con la
clasificación de los empleos en la rama judicial:

«ARTICULO 130. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS. Son de período
individual los cargos de Magistrado (sic) de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la
Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo de
Administración Judicial.

(…)

Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar,
Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de
Magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia
y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas
Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los
Tribunales; los cargos de Vicefiscal General (sic) de la Nación, Secretario
General (sic), Directores Nacionales (sic); Directores Regionales y Seccionales

10 En este sentido, la Sentencia C-443 de 1997, señaló:

“(…)la estabilidad “entendida como la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que,
mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas por la ley en relación con su
desempeño, no será removido del empleo”, es plena para los empleos de carrera pero restringida o
precaria para los de libre nombramiento y remoción, “pues para éstos la vinculación, permanencia y
retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad
para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación
de poder.
(...) frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de
indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso de los empleados de libre nombramiento y
remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta
la estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el
derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta.”

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(sic), los empleados del Despacho del Fiscal General (sic), del Vicefiscal (sic) y
de la Secretaría General (sic), y los de Fiscales (sic) delegados ante la Corte
Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación. (…)»

Como se puede apreciar, el cargo de magistrado auxiliar es de libre
nombramiento y remoción.

En relación con quiénes son las autoridades nominadoras, el artículo 131 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispuso:

«ARTICULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL.
Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son:

(…)
4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo Magistrado».

En cuanto a las causales de retiro del servicio, dispuso:

«ARTICULO 149. RETIRO DEL SERVICIO. La cesación definitiva de las
funciones se produce en los siguientes casos:

(…)
9. Declaración de insubsistencia. (…)»

A partir de las anteriores normas, se concluye que, en efecto, la naturaleza del
cargo de magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura es de libre
nombramiento y remoción, motivo por el cual, dentro de las causales de retiro
del servicio se encuentra la de la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento, y quien tiene la competencia para proferir el acto administrativo
es el titular del despacho.

2.1.4. La desviación de poder en el ejercicio de la potestad discrecional.
Causal de nulidad de los actos administrativos. Carga de la prueba

Según lo dispone el artículo 137 del CPACA se podrá solicitar la nulidad del
acto administrativo, cuando se expide «con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió», esto es cuando el acto si bien fue expedido por
órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad
persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico 11.

11
Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional
LTDA, Bogotá, Colombia, 2014, página 547.

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En igual sentido, esta corporación ha definido esta causal como el «vicio que
afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido que, el propósito
que el acto persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe
hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y
por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención
particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la
administración en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe
someterse»12.

Esto es, se configura cuando se acredita que el fin perseguido con su
expedición, es distinto del interés general y desconoce los deberes
establecidos constitucional y legalmente, tal y como se desprende de la lectura
del artículo 121 de la Constitución Política según el cual «ninguna autoridad
del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la
Constitución y la ley». Por tanto, los pronunciamientos de la administración
deben sujetarse a dichas atribuciones, dirigirse a cumplir los fines del estado
y propender por la «buena marca de la administración»13, puesto que «el
propósito de todo acto administrativo no lo fija la administración, sino el
constituyente y el legislador, quienes lo entienden emitido para cumplir los
fines previstos en el artículo 2 constitucional y 1.° del CPACA, esto es, el buen
servicio público, la buena marcha de la administración y el interés general»14.

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, quien
invoque esta causal de nulidad, debe demostrar que el acto acusado tuvo una
intención diferente del buen servicio o de las finalidades previstas en las
normas que debían aplicarse, y de tal forma, llevar al juez a la «convicción
plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009, radicado
27001-23-31-000-2003-00471-02 (1385-2009), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado
54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2020, radicado 25000-
23-42-000-2013-01241-01 (2334-2017), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma»15, pues
es a la parte actora «a quien le corresponde el deber de probar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la
presunción de legalidad el acto acusado»16, lo cual se encuentra en línea con
lo dispuesto en los artículos 167 del CGP y 103 del CPACA.

De acuerdo con lo anterior, en aquellos asuntos en los que ambas partes
aluden a circunstancias particulares frente al retiro del servicio del trabajador
vinculado en un empleo de libre nombramiento y remoción, esta corporación
ha señalado que a cada una le corresponde probar dichos supuestos, pero no
para invertir la carga de la prueba o para hacerla dinámica, sino para reafirmar
justamente que quien alega un hecho debe acreditarlo17.

Así las cosas, la decisión discrecional de retiro del servicio de una persona
nombrada en un empleo de libre nombramiento y remoción, se caracteriza por
su «inmotivación», decisión revestida de presunción de legalidad y expedida
por razones del buen servicio. Por ello, es deber de quien argumenta su
ilegalidad, en torno a la causal de desviación de poder, acreditar que sus fines
no fueron los del buen servicio.

2.2. Material probatorio.

Da cuenta el plenario que, por Decreto No. 023 de 28 de enero de 2014, se
nombró al demandante, en el cargo de magistrado auxiliar, adscrito al
Despacho del cual era titular el magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño,
en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
posesionándose en la misma fecha18.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2011, radicación
17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado
54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente
2459-99, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.
18
Expediente físico, folios 16 y 17.

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Con Oficio No. SJ-ABH-37398 de 22 de julio de 201519, se informó a los
empleados del Despacho del ex magistrado Néstor Iván Javier Osuna Patiño,
su asignación a otros despachos judiciales; correspondiendo el demandante,
al despacho de la Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez.

Reposan informes de distintas fechas, por parte del demandante y otros
empleados, rendidos ante el presidente de la Sala Disciplinaria, que dan
cuenta de la proyección de procesos asignados20.

Obran las solicitudes de concepto jurídico, elevadas por el Presidente de la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de 21 y 21 de agosto
de 2015, ante la directora de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Oficina de Coordinación de Asuntos
Internacionales y Asesoría Jurídica de la Rama Judicial21, respecto de la
competencia de la corporación, para adoptar decisión frente a los empleados
del despacho 5, ante el incumplimiento de horarios y necesidades del servicio;
así como la respuesta otorgada el 31 de agosto de 201522.

Por Decreto 102 de 23 de octubre de 2015, se declaró la insubsistencia del
nombramiento del demandante, en el empleo de magistrado auxiliar23,
actuación notificada en la misma fecha24.

Mediante auto de 15 de diciembre de 2015, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en el proceso con radicación 11001-03-28-000-2015-00046-0025,
decretó la suspensión provisional del Acuerdo 089 de 21 de octubre de 2015,
por medio del cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, designó en provisionalidad a la señora Martha Patricia Zea
Ramos, como magistrada. La decisión fue confirmada en providencia de 28 de

19
Expediente físico, folios 21 y 22.
20
Expediente físico, folios 23 a 25, 29 a 31, 32 y 33, 34 a 36, 37 a 39. .
21
Expediente físico, folios 25 y 26.
22
Expediente físico, folios 27 y 28.
23
Expediente físico, folio 40.
24
Expediente físico, folio 41.
25
Expediente físico, folios 42 a 60.

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enero de 201626, al resolver el recurso de reposición impetrado por la
provisional.
Se aportó la relación de registros del control de accesos del Palacio de Justicia,
en el cual se relaciona al demandante27.
En la audiencia de pruebas surtida en primera instancia, el 27 de marzo de
2025, se recibió el testimonio del señor Oscar Iván Vásquez Ramírez28,
solicitado por la parte demandante.

2.3. Caso concreto.

En el presente asunto, el primer punto de apelación frente a la decisión de
instancia, radica en la falta de competencia de la magistrada que dispuso el
retiro del cargo del demandante.

En criterio de la apoderada del demandante, el juzgador de instancia, estaba
habilitado para pronunciarse sobre la ilegalidad del nombramiento de la señora
Martha Patricia Zea Ramos, como magistrada de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para concluir que, tal
situación redundaba en la inexistencia de dicho acto administrativo e irradiaba
en la insubsistencia del demandante.

Frente al argumento, debe señalar la Sala que, tal como quedó establecido en
el marco normativo, la falta de competencia en la expedición del acto
administrativo, es un vicio que afecta su validez, y por lo tanto, de acuerdo con
el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, es causal de nulidad.

De igual manera, dada la presunción de legalidad dispuesta en el artículo 88
de nuestra norma procesal, solo la anulación por el juez de lo contencioso
administrativo, tiene el efecto de retirar del ordenamiento jurídico, el acto
administrativo que se considera contrario al marco normativo que lo sustenta.

Siendo así las cosas, el argumento del demandante, según el cual, la falta de

26
Expediente físico, folios 61 a 78.
27
Expediente físico, folios 79 y 94.
28
Expediente físico, folios 259 y 260.

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competencia en la expedición de un acto administrativo, es un vicio que afecta
su existencia, no tiene asidero en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no
se atenderá el planteamiento.

Ahora bien, en el asunto en particular, no es factible, como lo pretende el
recurrente, que, en el presente medio de control, donde se demanda la
insubsistencia del nombramiento del demandante en el cargo de magistrado
auxiliar del despacho 5 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, se efectúe pronunciamiento sobre la legalidad del acto
administrativo de nombramiento de la magistrada titular de dicho despacho.

Esta conclusión por cuanto, dicho acto administrativo no fue demandado al
interior de la presente litis, como bien lo dilucidó la primera instancia; además
que, aunque a la demanda se allegaron piezas procesales que dan cuenta de
la demanda de nulidad electoral, frente al nombramiento de la señora Martha
Patricia Zea Ramos, como magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que, verificado el aplicativo
SAMAI29, se tiene que, el 12 de febrero de 2016, la Sección Quinta del
Consejo de estado, mediante auto, dispuso la terminación del proceso, en los
siguientes términos:

«(…) No obstante, en el caso concreto seguir adelante con el trámite de la
demanda instaurada contra la elección de la señora Zea Ramos, no satisface
los derechos del electorado, pues como se explicó, el acto acusado perdió su
fuerza ejecutoria con la renuncia de la demandada y, por lo tanto, cualquier
pronunciamiento que juez realice entorno a su legalidad se torna inane.

En este orden de ideas, no tiene sentido alargar el proceso electoral de la
referencia, pues fuere cual fuere la decisión a la que arribare la Sección, aquella
no tendría efectos prácticos, pues no existe una razón lógica para llevar el
proceso hasta la sentencia o fallo definitivo, cuando durante el proceso, el juez
arriba al convencimiento de que su intervención se tornaría innecesaria, porque
el acto que impulso a activar el aparato judicial ha dejado de producir efectos
jurídicos.

2.4. Finalmente, advierte el Despacho que el vicio que acá nos ocupa –falta de
competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura-, fue superado porque la renuncia hizo que cesara sus efectos y es
un hecho notorio el nombramiento que con posterioridad efectuó la Sala Plena
de dicha Corporación, de la señora Zea Ramos, para el mismo despacho.(…)»

29
Aplicativo Samai. Radicación 11001-03-28-000-2015-00046-00. Gestionar documentos. AUTO QUE
DECLARA LA TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL (.DOC)

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De conformidad con lo anterior, ante la ausencia de pronunciamiento de fondo,
frente a la nulidad del nombramiento de quien dispuso la declaratoria de
insubsistencia, es dable predicar su presunción de legalidad, y en
consecuencia, el reparo del extremo procesal activo relativo a la falta de
competencia, carece de fundamento, como quiera que para el momento de la
desvinculación del demandante, quien suscribió la decisión de insubsistencia
tenía asignada la competencia para tal fin, de conformidad con el marco
normativo expuesto.

El segundo motivo de inconformidad con la decisión de primer grado,
también redunda en la falta de competencia de la señora Martha Patricia Zea
Ramos, para disponer el retiro del servicio del señor Páez Ramírez, dada la
suspensión provisional del acto administrativo de nombramiento, sentada por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 15 de diciembre
de 2015 y confirmado en providencia de 28 de enero de 2016, frente a la cual,
la demandante aduce efectos retroactivos, dada la naturaleza preventiva de la
medida cautelar.

Al respecto, nuevamente debe tenerse como fundamento el artículo 88 de la
Ley 1437 de 2011, el cual, en lo relativo a la suspensión provisional de los
actos administrativos, indica que:

«ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.»
Resalta la sala.

De acuerdo con la norma referenciada, la imposibilidad de ejecutar un acto
administrativo suspendido provisionalmente, advierte sus efectos hacia futuro
y no retroactivamente; cuestión no dispuesta por el legislador; lo cual guarda
plena armonía con la presunción de legalidad esbozada.

Ahora bien, aunque la suspensión provisional de los efectos de un acto
administrativo ciertamente es una medida cautelar de naturaleza preventiva,

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su finalidad es evitar que un acto administrativo continúe produciendo efectos
hacia el futuro, mientras se profiere la sentencia que definirá su legalidad; y
por lo tanto, no está diseñada para borrar ni neutralizar, las consecuencias que
un acto produjo en el pasado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, nuevamente señala la Sala que, la
posición de la apelante, no halla sustento en las normas procesales que rigen
la materia y por lo tanto, la pretensión tendiente a que la suspensión provisional
de un acto administrativo en un medio de control de contenido electoral, tenga
efectos retroactivos, para predicar la falta de competencia en el acto
administrativo que declaró la insubsistencia del demandante, de manera
previa, debe ser descartada.

El otro motivo de reparo frente a la decisión de instancia, fue la falsa
motivación del acto de insubsistencia, junto con la desviación de poder
en su expedición.

A este tenor, la parte demandante aduce razones que acreditan su buen
servicio, destacando sus calidades y formación académica, así como el
cumplimiento cabal de sus funciones, verificable a partir de los informes
rendidos ante la presidencia de la Sala Disciplinaria, como a la UDAE, además
de la prueba testimonial que da fe del compromiso institucional del
demandante.

Asimismo, finca la desviación de poder, en la presunta persecución a la que
fue sometido, por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, una vez el titular del despacho al que pertenecía
presentó carta de renuncia, esbozando falta de entrega de expedientes, así
como la solicitud de concepto a distintas dependencias sobre la competencia
para disponer frente a su nombramiento.

También insistió en la confrontación del buen servicio, con el acto de
desvinculación, teniendo en cuenta el inventario procesal del despacho al que
pertenecía, con expedientes próximos a prescribir, así como la premura de la
desvinculación, causada tan solo dos días con posterioridad a la posesión de

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la magistrada encargada en provisionalidad.

Toda vez que el cargo ocupado por el demandante en la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura tenía la naturaleza de libre nombramiento y
remoción, y a partir de la discrecionalidad del nominador para la remoción del
cargo; las razones del mejoramiento del servicio se presumen, y corresponde
a la parte demandante desvirtuarla.

Siendo así las cosas, la Sala hecha de menos los elementos de prueba que
lleven al convencimiento que, no existió tal mejoramiento con la desvinculación
dispuesta por la magistrada encargada, pues la parte demandante se centra
en acreditar su debida prestación, en el tiempo de labor.

Sin embargo, esto tampoco desvirtúa la presunción de legalidad del acto
demandado, en la medida que, como lo ha dicho la jurisprudencia de esta
Corporación, esta situación no le otorga estabilidad en el cargo, sino que se
trata de un presupuesto natural de quien accede a la función pública, esto es,
cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad las funciones que le sean
asignadas.

En este punto, resulta necesario resaltar que la estabilidad en este tipo de
empleos es precaria en atención a la naturaleza de las labores que cumplen,
ya que requieren siempre de la plena confianza del nominador, la cual se
enmarca en la afinidad funcional e ideológica entre el superior y el trabajador,
que le permita a aquel definir y ejecutar de manera mancomunada las políticas
elaboradas hacía determinado propósito. De ahí que, la jurisprudencia de esta
corporación haya señalado en reiterados pronunciamientos que «hay eventos
en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a
sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que
desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello»30.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que «un
empleado en tal cargo que no esté en sintonía con el representante y

30
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018, radicación 25000-23-42-000-
2013-01223-02 (4578-16).

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responsable de la institución pública, al margen de sus capacidades y
desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya que en la dinámica
administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre otras, para ese tipo
de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la actividad
laboral»31.

A este tenor, tampoco confronta la motivación del acto administrativo, el hecho
que, la declaratoria de insubsistencia haya tenido lugar, a la llegada de la
magistrada encargada, como quiera que, es el titular del despacho quien
define su equipo de trabajo, atendiendo a razones de confianza y afinidad,
predicables de este tipo de empleos.

Por su parte, la desviación de poder tampoco se encuentra estructurada; toda
vez que las razones de las presuntas persecuciones, no surgen de la
magistrada que dispuso el retiro del servicio, toda vez que son anteriores a su
nombramiento, lo cual se puede extraer del testimonio requerido por la parte
demandante, quien entre otras cosas, manifestó que para el momento de la
designación de la magistrada encargada, ya no laboraba en la entidad.

Del mismo modo, las presuntas consultas sobre la competencia para la
disposición del empleo, de la cual se pretende desprender la desviación de
poder, no fue efectuada por la titular del despacho en provisionalidad, como
tampoco la ausencia de reparto y mucho menos los señalamientos de
incumplimiento de horarios y metas.

Con todo, el hecho de su designación como magistrada en provisionalidad por
parte de la Sala Disciplinaria, por sí sola no puede constituir el fundamento de
la pretendida desviación de poder y por tanto no se le pueden atribuir dichas
consecuencias.

En este orden de ideas, asiste razón a la primera instancia al predicar la
ausencia de material probatorio, carga que radicaba en la parte demandante,
para acreditar los cargos de nulidad, lo que da paso a que la decisión adoptada

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado
54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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por Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, deba ser confirmada.

Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir,
no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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