Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02390-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02390-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02390-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2016-02390-01 (2193-2019)
Demandante : Carlos Julio Camargo Salamanca
Demandado : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil)
Tema : Reconocimiento de tiempos dobles
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 20 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), mediante
la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 20 a 38). El señor Carlos Julio Camargo
Salamanca, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 20135620757131: MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU de 29 de agosto de 2013, por medio del cual
el Ejército Nacional negó al actor el reconocimiento, en la hoja de servicios,
del tiempo doble laborado, así como la corrección de esta y el posterior envío
a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) para la reliquidación de su
asignación de retiro.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada corregir la
hoja de servicios en la que se compute «14 MESES Y 2 DÍAS» (sic), como
tiempo doble para efectos prestacionales, según lo prevén los Decretos 329 de
1958, 250 de 1971, 1249 de 1975 y 2131 de 1976; el pago de los
correspondientes incrementos prestacionales, asumir costas procesales y la
indexación de las sumas adeudadas.
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Carlos Julio Camargo Salamanca contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y otro
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] ingres[ó] como Alumno
Suboficial al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, EL 28 DE ABRIL
DE 1956, empezando como Cabo Segundo ascendiendo regularmente dentro
de la respectiva Fuerza, hasta llegar al grado de Sargento Mayor» (sic).
Que «[…] fue enviado A ZONAS DE COLOMBIA EN DONDE SE
ENCONTRABA PERTURBADO EL ORDEN PÚBLICO Y EN ESTADO DE
SITIO, bajo el imperio de los decretos allí relacionados; en consecuencia, y
como SUBOFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL, GOZABA DE TODOS
LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, DEBERES Y PRERROGATIVAS DE
LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN TIEMPO DE
GUERRA O TURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO entre ellos, [a] que se le
computara como tiempo doble el servicio durante la turbación del orden
público, para todos los efectos, menos para ascensos» (sic).
Sostiene que «[…] como SUBOFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL,
participo en operaciones militares de conservación o restablecimiento del
orden público en los Departamentos de Cauca, Santander y Valle del Cauca,
SOPORTADAS SIEMPRE EN ÓRDENES DE OPERACIÓN EMITIDAS
POR SUS SUPERIORES Y BAJO EL ESTADO DE PERTURBACIÓN DEL
ORDEN PÚBLICO, durante el tiempo comprendido del 3 de diciembre del año
1958 y hasta el 15 de marzo de 1977» (sic).
Que, por Resolución 387 de 28 de abril de 1983, le fue concedida la asignación
de retiro como suboficial, «[…] después de haber prestado sus servicios
durante 34 años, 06 meses y 16 días» (sic).
Que el 24 de abril de 2013 solicitó del director del Ejército Nacional el
reconocimiento, en la hoja de servicios, del tiempo doble laborado antes
descrito, que corresponde a «6 años, 27 meses y 141 días», y el consecuente
reajuste en la asignación de retiro, negado con oficio 20135620757131: MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU de 29 de agosto del mismo año.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 57, 58, 59 y 121 de la
Constitución de 1886; 2, 23, 25 y 220 de la de 1991; 109 (letra c) y 155 del
Decreto ley 2378 de 1971 y 121 (parágrafo 10) del Decreto ley 613 de 1977;
así como las Leyes 2ª. de 1945 y 1437 de 2011, y los Decretos 1288 de 1965,
1814 de 1953, 1048 de 1970, 1249 de 1975, 1263 de 1976, 1131 de 1976, 1386
de 1974, 3061 de 1968, 739 de 1970, 3072 de 1968, 3187 de 1968, 586 de
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1977; 2337, 2338 y 2340 de 1971; 2131 de 1976 y 1128 de 1970.
Arguye que en los casos de guerra exterior o de conmoción interior, el primer
mandatario, con la firma de todos los ministros, puede declarar turbado el orden
público y declarar el estado de sitio en todo el territorio nacional o parte de él,
y en virtud de tal declaración se profieren decretos de carácter provisional que
son obligatorios y que cualquier autoridad debe cumplir, los cuales buscan
adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
Que la legislación laboral estipuló la compensación en tiempo de servicio por
cada día laborado durante el lapso que permaneciera el país bajo las
condiciones descritas, así el resarcimiento debía hacerse con el
reconocimiento de un día adicional por cada uno que subsistiera el estado de
sitio, a lo cual se le denominó, en forma popular, como «tiempo doble», por
efectos de la disponibilidad de 24 horas diarias y las prolongadas operaciones
dentro de la selva o las ciudades bajo el acoso implacable del enemigo.
Afirma que cerca de un millar de militares fueron asesinados en la guerra y,
por lo tanto, la reclamación no solamente es jurídicamente válida, sino
reconocida por preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los que establecen que ese tiempo debe ser reconocido como doble o extra
laborado, pues de lo contrario se quebrantaría la Constitución, toda vez que se
incurriría en esclavitud.
Que es justo lo peticionado, comoquiera que comprende un derecho innegable
y cierto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 de la Constitución
Nacional de 1886 y 47 de la Ley 2ª de 1945, que disponen que la sola
declaración del estado de sitio otorga la prerrogativa de que los tiempos
trabajados en estas condiciones sean computados doblemente.
Por último, cita doctrina relacionada con el derecho al trabajo y jurisprudencia
que considera es aplicable al caso en estudio.
1.5 Contestación de la demanda.
1.5.1 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) 1 [ff. 96 a 98]. A
través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso
la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo
cual aduce que el reconocimiento de tiempos dobles es del resorte del
1
Aunque no fue demandada, el a quo la vinculó al extremo pasivo en el auto admisorio de la demanda (f. 69 vuelto).
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Ministerio de Defensa Nacional.
Menciona que al actor se le reconoció asignación de retiro con Resolución 387
de 28 de abril de 1983, de conformidad con los presupuestos legales y de
acuerdo con la hoja de servicios aprobada por el comandante del Ejército
Nacional, por lo que las situaciones causadas en servicio se deben reclamar a
la entidad competente de la elaboración y modificación de dicha hoja de
servicios.
1.5.2 Nación - Ministerio de Defensa Nacional (ff. 111 a 117). La cartera
demandada, a través de apoderada, señaló que como «el demandante no aportó
los actos administrativos requeridos por las normas vigentes que regulan la
materia para el reconocimiento del beneficio pretendido, esto es, los
respectivos Decretos del Gobierno Nacional que determinen para cada
período las zonas del territorio nacional donde se configuró el pretendido
beneficio […] las pretensiones de la demanda adolecen de soporte legal y por
ende no deben prosperar» (sic).
1.6 Providencia impugnada (ff. 137 a 143). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección D), en sentencia de 20 de febrero
de 2019, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar
que «[…] no es dable efectuar el reconocimiento del tiempo doble en el
período indicado por la parte demandante, porque si bien ellos corresponden
al período de perturbación del orden público, declarado por medio de los
decretos que enuncia, no está demostrado que el actor hubiera laborado en
regiones en las cuales, previo concepto del Consejo De Ministros, el Gobierno
Nacional hubiera autorizado computar como doble el tiempo de servicio»
(sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 154 a 163). Inconforme con la anterior
sentencia, el demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que el a quo «[…] viola DERECHOS
FUNDAMENTALES DE ORDEN CONSTITUCIONAL […] entre los que
se encuentran el DERECHO A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO,
AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL[,] A LA CONFIANZA
LEGÍTIMA, DESCONOCIMIENTO DEL MÍNIMO VITAL,
DISCRIMINACIÓN LABORAL, PROTECCIÓN AL DERECHO DEL
TRABAJO Y GOCE DE LA PROTECCIÓN EN FORMA DIGNA Y JUSTA
[…]».
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Que la exigencia de los decretos que determinen las zonas en las que aplicaría
el reconocimiento de tiempos dobles, es una «[…] afirmación [que] VIOLA
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS en la
Constitución de 1886 Art. 22 “No habrá esclavos en Colombia, el que, siendo
esclavo, pise el territorio de la Rep[ú]blica, quedará libre” concordante con
los Art. 13 y 25 de la [C]onstitución de 1991, el A Quo ha trasgredido los
derechos fundamentales del actor, al ser discriminado por el no
reconocimiento de una prestación de servicio de tiempo doble de jornada
laboral con disponibilidad las 24 horas, incluido los días festivos y domingo,
sometidos a servicios de noche de [sic] y día, para garantizar al ciudadano el
ejercicio de sus libertades y derechos […]».
Añade que el Estado no puede olvidar las penurias y el exceso de la carga
laboral que deben soportar los miembros de las fuerzas militares, quienes están
sometidos a la presión de enfrentar y combatir al enemigo bajo constante
amenaza; que la labor desempeñada en ocasiones genera tortura psicológica
que puede llevar al suicidio y que por estas mismas razones no se les pueden
negar prerrogativas ciertas e irrenunciables a las que tienen derecho los
militares, precisamente en consideración a las dificultades de la prestación de
sus servicios.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso fue concedido mediante proveído de 15 de marzo de 2019 (f. 165)
y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de noviembre siguiente
(f. 170); en el que se dispuso la notificación personal al Ministerio Público y
a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 247
del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 177), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido
en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las primeras2.
2.1.1 Nación – Ministerio de Defensa Nacional. Por conducto de apoderada,
la cartera accionada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda respecto de la falta de prueba de la ilegalidad del acto acusado.
2
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
5
Expediente 25000-23-42-000-2016-02390-01 (2193-2019)
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2.1.2 Parte demandante. El actor, a través de apoderado, solicita se revoque la
sentencia de primera instancia, pues «[…] SI BIEN ES CIERTO, EL
PRECEDENTE OBLIGATORIO QUE EN LA ACTUALIDAD IMPONE EL
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, es el cumplimiento de los siguientes
presupuestos para acceder al reconocimiento de los tiempos dobles: 1. Decreto
que establezca el inicio del estado de sitio 2. Decreto que declare restablecido
el orden p[ú]blico 3. El establecimiento de las zonas cuyas condiciones
justifiquen la turbación del orden público. 4. Autorización del Gobierno
Nacional o del Consejo de Ministros que autoricen el reconocimiento del
tiempo doble. No menos cierto es que el suscrito apoderado observa que en
cierta medida la interpretación otorgada por nuestro máximo órgano de cierre
resulta un tanto rigurosa, si a bien se tiene que la ley 126 del 18 de diciembre
de 1959, así como los Decretos 2337 de 1971 y 3071 de 1968 no contemplaron
en estricto sentido los mencionados requisitos, máxime su Señoría cuando los
Decretos: 329 de 1958, 1288 de 1965, 1128 de 1970, 250 de 1971, 1249 de
1975 y 2131 de 1976 declararon el estado de sitio en todo el territorio nacional,
es decir no se excluyó ningún municipio y por tanto no resultaría congruente
en este caso concreto exigir un concepto a pesar de existir un decreto que así
ordeno el estado de sitio, y por otra parte, se demostró que el demandante para
las fechas reclamadas se desempeñó como suboficial activo de las Fuerzas
Militares» (sic).
2.1.3 Cremil. A través de apoderada, insiste en que «[…] el reconocimiento
se efectuó conforme a la hoja de servicios militares No. 0136 del 28 de marzo
de 1983 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional Subdirector de
Personal del Ejército y aprobada por el señor Comandante del Ejército de la
época, es decir, que la entidad carece de competencia para efectuar la
corrección de la hoja de servicios, con la inclusión de tiempos dobles para
efectos prestacionales del [actor] a quien se le reconoció asignación de retiro
mediante resolución No. 0387 del 28 de abril de 1983, con vigencia fiscal a
partir del 16 de mayo de 1983» (sic).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.
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3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
a la Sala determinar si resulta procedente reconocer como tiempo doble los
períodos laborados por el actor, en un total de «14 MESES Y 21 DÍAS»; y, en
consecuencia, si le asiste derecho a la corrección de su hoja de servicios y el
respectivo reajuste de sus prestaciones sociales.
3.3 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del
problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución
jurídicamente correcta respecto del caso concreto.
En principio, cabe recordar que los denominados tiempos dobles constituyen
una retribución en período laborado, que se reconoce al miembro de la fuerza
pública que hubiere prestado el servicio durante el estado de guerra o
conmoción interior, pero tal figura solo puede ser concedida en los casos en
que se acrediten las condiciones que determine la norma que regula dicha
prerrogativa.
Así las cosas, el estado de sitio estaba consagrado en el artículo 121 de la
Constitución Nacional de 1886, que disponía:
En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el
Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de
todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio
toda la República o parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades
que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el derecho de
gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento.
Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo
que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios
siempre que lleven la firma de todos los Ministros.
El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya
cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una
exposición motivada de sus providencias. Serán responsables
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el
ejercicio de facultades extraordinarias.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
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Luego, el reconocimiento de los tiempos dobles estuvo regulado por la Ley 2ª
de 19454, que en el artículo 47 preceptuó:
El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado
el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca
la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción
del de ascensos.
PARÁGRAFO.- Para el cómputo de que trata el presente artículo, es
condición indispensable que la prestación del servicio se efectúe dentro
de la zona afectada. [Resaltado fuera de texto]
Dicha disposición, posteriormente, fue regulada en la Ley 126 de 1959 5, que
en su artículo 52 determinó:
El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que el Gobierno determine desde la fecha en que se declare turbado
el orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca
la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio.
Ahora bien, el artículo 158 del Decreto 3071 de 1968 6 estableció la posibilidad
de computar como tiempo doble, aquel que se hubiese prestado en guerra
internacional o conmoción interior, así:
El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las
condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el
Estado de Sitio por turbación del orden público hasta la expedición del
Decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como
tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.
Por su parte, el Decreto 2337 de 1971, «[p]or el cual se reorganiza la carrera
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares», en su artículo 181,
previó:
El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las
zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las
condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el
estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del
Decreto por el cual se restablezca la normalidad se computará como
tiempo - doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.
4
«Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los
empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los
individuos de tropa».
5
«Por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales de las Fuerzas Militares».
6
«Por el cual se reorganizó la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
8
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La anterior norma fue derogada por el Decreto 612 de 19777, sin embargo, el
parágrafo 1º de su artículo 140 respetó el reconocimiento de los tiempos dobles
por servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto.
Resulta oportuno anotar que el Decreto 612 de 1977 fue derogado por el
Decreto 89 de 1984 y este a su vez por el Decreto 95 de 1989 8, y finalmente
se impone sobre el anterior el Decreto 1211 de 1990, «[p]or el cual se reforma
el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares», en
el cual se estableció, entre otros, el cómputo de tiempos para efectos de la
asignación de retiro. Este último Decreto dispuso en su artículo 170 lo
siguiente:
Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales, el
Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así:
a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de
Formación de Oficiales, con un máximo de dos (2) años;
b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de
una Escuela de Formación de Suboficiales, con un máximo de dos (2)
años;
c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.
PARÁGRAFO 1o. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 181 del Decreto 2337 de 1971 y disposiciones legales
anteriores sobre la misma materia, se hayan reconocido o se reconozcan
por servicios prestados con anterioridad a la vigencia del presente
Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones
sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos con tales
reconocimientos. Dichos tiempos en ningún caso serán computables para
el reconocimiento de prestaciones por servicios al Estado en calidad de
empleado civil.
PARÁGRAFO 2o. Las fracciones mayores de seis (6) meses se
consideran como año completo para la liquidación del auxilio de cesantía,
pero no para las demás prestaciones sociales.
Por otro lado, a través del Decreto 4433 de 2004, «[p]or medio del cual se fija
el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública», se determinó, en el artículo 8º, respecto del cálculo del tiempo doble
que: «[a] quienes hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por
7
«Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
8
Vale la pena mencionar que los Decretos 89 de 1984 y 95 de 1989 mantuvieron los reconocimientos de los tiempos
dobles por períodos laborados antes de su expedición en el parágrafo 1º de los artículos 162 y 165, respectivamente.
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servicios prestados antes de 1974, se les continuará teniendo en cuenta para
efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o pensiones,
conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes».
De conformidad con el anterior recuento normativo, resulta viable el
reconocimiento de tiempos dobles a aquellos uniformados de las fuerzas
militares, que prestaron sus servicios durante la conmoción interior o guerra
exterior, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i)
promulgación del decreto que establezca el inicio del estado de sitio, (ii) el
establecimiento de las zonas cuyas condiciones justifiquen la perturbación del
orden público y (iii) la autorización del Gobierno nacional o del consejo de
ministros que habiliten el reconocimiento de tiempo doble.
Al respecto, esta Corporación ha sido pacífica9 al reconocer que el
establecimiento de los tiempos dobles a partir de las condiciones indicadas
respondía a las políticas salariales y prestacionales del legislador y del
gobierno de turno, que gozaron de autonomía para definir cuáles serían los
beneficiarios de tal prestación10, en atención a factores discrecionales de
necesidad, conveniencia y razones del servicio dadas las condiciones políticas,
sociales y económicas por las que atravesaba el país en esa época y por ello
no puede pretenderse que siempre que se haya acudido a la declaratoria de
estado de sitio, dicha situación conllevara per se el reconocimiento automático
de tiempos dobles de servicio para todos los funcionarios, aunque no fueran
oficiales o suboficiales de las fuerzas militares y de la policía o que aun
siéndolo no acreditaban en debida forma todos los requisitos que tanto el
ordenamiento jurídico como la jurisprudencia contencioso-administrativa han
precisado.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Según hoja de servicios 136 proferida por el comandante del Ejército
9
Sentencia de 26 de junio de 2008, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas
Rincón, expediente: 11001-03-25-000-2003-00172-01(1056-03); 26 de noviembre de 2009, sección segunda, con
ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero, expediente: 11001-03-25-000-2005-00237-01(10024-05); 8
de agosto de 2011, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón, expediente:
11001-03-25-000-2006-00113-00(1795-06); 9 de octubre de 2014, sección segunda, subsección B, con ponencia
del consejero Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-23-42-000-2012-00094-01(3730-13); y 27 de abril de
2018, sección segunda, subsección B, expediente 73001-23-33-000-2014-00741-01(2355-16).
10
Así en el caso del Decreto 1048 de 1970, solo extendió ese beneficio a los oficiales y suboficiales, dejando por
fuera de su reconocimiento, entre otros a los agentes de policía.
10
Expediente 25000-23-42-000-2016-02390-01 (2193-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Julio Camargo Salamanca contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y otro
Nacional el 28 de marzo de 1983 (f. 12 vuelto), el actor fue soldado regular de
esa institución del 28 de abril de 1956 al 1° de diciembre de 1957, día en el cual
inició su desempeño como suboficial (hasta el 30 de abril de 1983), y su último
grado fue el de sargento mayor.
b) Mediante Resolución 387 de 28 de abril de 1983, el director general de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le concedió al actor asignación de retiro,
a partir del 1° de mayo de esa anualidad (ff. 2 y 3).
c) El 24 de abril de 2013 el demandante solicitó del Ejército Nacional el
reconocimiento de tiempo doble del 3 de diciembre de 1958 al 15 de marzo de
1977, así como la respectiva corrección de la hoja de servicios (ff. 4 a 6).
e) Mediante oficio 20135620757131: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU
de 29 de agosto de 2013 (f. 7), la dirección de personal del Ejército Nacional
negó lo anterior al considerar que al momento del retiro del actor «[…] se
elaboró la Hoja de servicios (acto administrativo de trámite) lo cual se remitió
para que formara parte del expediente prestacional que dio origen a los actos
administrativos definitivos como lo son la resolución de cesantías y la
asignación de retiro, contra los cuales en su momento procedían los recursos
de Ley» (sic).
De las pruebas enunciadas se desprende que el accionante (i) se incorporó al
Ejército Nacional el 28 de abril de 1956 en condición de soldado regular, hasta
el 1° de diciembre de 1957, cuando inició su desempeño como suboficial (que
culminó el 30 de abril de 1983), y su último grado fue el de sargento mayor; (ii)
con Resolución 387 de 28 de abril de 1983, el director general de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares le concedió asignación de retiro; y (iii) el 24 de
abril de 2013 reclamó del Ejército Nacional el reconocimiento de tiempos
dobles por el período del 3 de diciembre de 1958 al 15 de marzo de 1977, así
como la respectiva corrección de la hoja de servicios, negado con el oficio
acusado.
Se tiene entonces que lo pretendido por el demandante consiste en que le sea
reconocido como tiempos dobles el lapso laborado desde el 3 de diciembre de
1958 hasta el 15 de marzo de 1977, puesto que aduce que durante ese
interregno prestó sus servicios, mientras el país se encontraba en estado de
sitio.
Ahora bien, durante el período que prestó sus servicios, el Gobierno nacional
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declaró perturbado el orden público y el estado de sitio, mediante Decretos
329 de 1958, 250 de 1971, 1249 de 1975 y 2131 de 1976; no obstante, lo cierto
es que no obra en el expediente prueba documental que permita establecer las
zonas concretas en las que aquel, previo concepto del consejo de ministros,
autorizó el reconocimiento de tiempos dobles.
Por lo tanto, los mencionados Decretos están dirigidos únicamente a declarar
el referido estado de sitio, sin que con estos se pueda entender en cuáles
lugares del país los miembros de las fuerzas militares podían acceder al
reconocimiento de los tiempos dobles; valga precisar que aquellos solo
disponían: «[A]RTÍCULO PRIMERO. Declarase turbado el orden público y
en estado de sitio todo el territorio de la República» y «ARTÍCULO
SEGUNDO[11]. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición». Por ende,
en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7ª de 1970,
era el Gobierno nacional el competente para fijar en cuáles zonas del territorio
nacional se otorgaría, pues en esos términos lo preceptuaron las Leyes 2ª de
1945 y 126 de 1956, y el Decreto 2337 de 1971.
Aclárase que no se niega la existencia del decreto que declaró el estado de sitio
en el territorio nacional, sin embargo, ese solo hecho no genera el
reconocimiento de tiempos dobles para los miembros de la fuerza pública que
laboraron durante el lapso que aquel estuvo vigente. En efecto, se insiste, era
al Gobierno nacional al que le correspondía determinar en cuáles lugares
existieron disturbios y concretar a quiénes les era aplicable tal beneficio, toda
vez que al decretarse aquel esto no significaba que en todo el territorio
nacional estuviese perturbado el orden público.
Por ello el período reclamado por el actor no es dable reconocerse como
tiempos dobles para efectos prestacionales, puesto que para ser beneficiario se
requiere acreditar la prestación del servicio en aquellas zonas en las que recaía
la aludida prerrogativa, razón por la cual la decisión adoptada en primera
instancia está ajustada a derecho y será confirmada.
Vale anotar que en la hoja de servicios del actor se evidencia que se le
reconocieron unos tiempos dobles en virtud de los cuales, aunque el lapso
materialmente laborado fue de 25 años y 4 meses, sumó un total de 34 años, 6
meses y 16 días.
11
Artículo tercero en el Decreto 250 de 1971 y no previsto en el 329 de 1958 (Decretos aportados por el actor, ff.
14 a 19).
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Por último, respecto de la condena en costas, la Sala estima que el a quo aplicó
de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 12 del CGP, por remisión
expresa del artículo 18813 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió
aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que
adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de
diciembre de 201614, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en
la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se
contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
12
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe.
[…]».
13
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Expediente 25000-23-42-000-2016-02390-01 (2193-2019)
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esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con
propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la
práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la
parte demandante, no se impondrá condena en costas.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto con las
reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia, que negó las súplicas de la demanda, y
se revocará la condena en costas impuesta al accionante.
Por otro lado, comoquiera que quien se halla habilitado legalmente para ello
confirió poder en nombre de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil),
se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria de aquel15.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
15
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Defensa Nacional – Ejército Nacional y otro
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 20 de febrero de 2019
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda,
subsección D), que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor
Carlos Julio Camargo Salamanca contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2°. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo
con las consideraciones del presente fallo.
3°. Reconócese personería a la abogada Diana Pilar Garzón Ocampo, con cédula
de ciudadanía 52.122.581 y tarjeta profesional 158.347 del Consejo Superior de
la Judicatura, para representar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(Cremil), en los términos del poder obrante en el sistema de gestión judicial
SAMAI.
4°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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