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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02420-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02420-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02420-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02420-01 (0738-2019)
Demandante: Jorge Armando Correa
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos. Causales.
Nulidad por falsa motivación y violación al debido proceso.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Armando Correa instauró demanda en contra de la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) Decisión disciplinaria de primera instancia del 27 de noviembre de 2014, por
medio de la cual se le declaró disciplinariamente responsable y se le impuso la
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el
término de seis (6) meses.

ii) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 25 de mayo de 2015, que
confirmó la sanción impuesta.

iii) Resolución nro. 02620 del 16 de junio de 2015, notificada el 7 de julio del mismo
año, mediante la cual se ejecutaron las decisiones disciplinarias citadas
anteriormente.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, debidamente actualizados, desde la
fecha en que se hizo efectiva la suspensión y hasta el momento de su reintegro,

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teniendo en cuenta los reajustes legales y/o convencionales; y el reconocimiento de
perjuicios morales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 25 de febrero de 2014 se ordenó la apertura de una indagación preliminar
en su contra, por hechos presuntamente ocurridos el 8 del mismo mes y año,
cuando, según el informe elaborado por el intendente Waldo Quiroga Castillo(sic),
participó, junto con su hermano, en una riña en la estación del sistema de transporte
masivo Transmilenio de Patio Bonito.

Que para el 8 de febrero de 2014 se encontraba en situación administrativa
“excusado de servicio”, porque estaba en periodo posoperatorio, no obstante,
resultó lesionado en el procedimiento adelantado por el personal de la policía que
acudió a atender el llamado de una funcionaria de Transmilenio, circunstancia que
no fue tenida en cuenta por el operador disciplinario.

Que por los esos hechos fue conducido junto con su hermano a la URI de Kennedy,
donde posteriormente se expidió la orden de libertad el 9 del mismo mes y año.

Que el 27 de octubre de 2014 se formuló cargo disciplinario y se citó a audiencia y,
agotadas las etapas del procedimiento, el 27 de noviembre de 2014 fue sancionado
con suspensión en el ejercicio del cargo (sic) por el término de seis (6) meses;
decisión que, una vez apelada, fue confirmada el 25 de mayo de 2015.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: Preámbulo, artículos 2, 6 y 29; Ley 1437 de 2011, artículos 47
y siguientes; Ley 734 de 2002: artículos 1 al 27, 90 y siguientes; Ley 1015 de 2006:
artículos 3 al 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 35 y 38 al 42.

Que los actos demandados se expidieron con desconocimiento del debido proceso
por indebida valoración probatoria y por violación del derecho de defensa y de la
presunción de inocencia, porque el supuesto hecho generador de la actuación
disciplinaria no contó con soporte probatorio al no existir queja, querella o denuncia
por parte de la funcionaria de Transmilenio y que, por tanto, la calificación de la falta
disciplinaria desconoce el contenido de la Sentencia C-819 de 2006, según la cual,
para que una conducta pueda encuadrarse en lo dispuesto por el numeral 18 del
artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 es necesario que con ella se afecten los fines de
la actividad policial.

Que el operador disciplinario no acreditó lo anterior, limitándose a citar lo dispuesto
por el Acuerdo 79 de 2003 del Concejo de Bogotá -Código de Policía de Bogotá
D.C.-, reprochándole i) su participación en una riña en contra de una funcionaria de
Transmilenio, del Patrullero Harol Steven Ovalle Herrera y del Auxiliar Bachiller José
Danilo Zarta Carvajal y ii) que no acudiera a los mecanismos de solución de
conflictos o diera aviso a las autoridades, sin que se probara la existencia de la
funcionaria y sin tener en cuenta que fue reducido por los dos policiales.

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Que, contrario a la conclusión del operador disciplinario, lo que se probó en la
actuación fue que resultó lesionado por los policías que atendieron el llamado de la
funcionaria de Transmilenio, por lo que los actos demandados contienen una
motivación que no se encuentra ajustada a la realidad.

Que existe incongruencia entre los cargos formulados y la decisión sancionatoria al
no encontrarse probada la aludida riña y que, en consecuencia, las decisiones
disciplinarias incurrieron en falsa motivación, porque los hechos que relatan se
basan en suposiciones, y en un error de hecho, pues no hubo una valoración
probatoria suficiente, en la medida en que el operador disciplinario dejó de lado
aquellas que lo favorecían, lesionando con ello la presunción de inocencia.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 8 de noviembre de 20161, notificada la entidad, se
opuso a las pretensiones, señalando que los reproches del demandante se basan
en juicios subjetivos sobre los que no hay lugar a pronunciarse porque no se
encuentran probados, que por el contrario, lo que se persigue es convertir al juez
de lo contencioso administrativo en una tercera instancia para reabrir el debate en
cuanto a la valoración de los medios de prueba que hicieron parte de la actuación
disciplinaria.

Que el fin de la Policía Nacional reside en el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, por lo que es claro
que al examinar disciplinariamente el incumplimiento del deber funcional este no se
restringe al horario de trabajo, pues lo cierto es que existen conductas señaladas
en la normativa como faltas disciplinarias, que pueden tener lugar encontrándose
un integrante de la institución en franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
incapacidad, excusado de servicio; siendo determinante, en todos los casos, que la
ejecución de la conducta disciplinable comprometa los objetivos y la actividad de la
disciplina policial.

Que la simple divergencia del demandante con la valoración probatoria realizada
por el operador disciplinario no constituye una vía de hecho, porque no se advierte
en la actuación sancionatoria ningún error en la apreciación de una prueba
determinante para la decisión.

Que, por el contrario, resultó acreditado que el demandante, con su conducta, se
apartó del fin de la Policía Nacional y que en esa medida resultó procedente la
imposición de la sanción2.

Se celebró audiencia inicial el 3 de octubre de 20173, en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión4, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el

1 Véase folio 75 del expediente. Inicialmente el conocimiento del proceso correspondió, por reparto al Juzgado

Cincuenta Administrativo de Bogotá, el cual, por auto del 26 de abril de 2016 ordenó su remisión por
competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (véanse folios 69-70 del expediente).
2 Véanse folios 85 a 88 del expediente.
3 Véanse folios 108 (CD) y 109 a 113 del expediente.
4 Auto del 15 de diciembre de 2017 (véase folio 141 del expediente).

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demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del doce (12) de
julio de dos mil dieciocho (2018)5, negó las pretensiones, tras considerar que las
pruebas documentales y testimoniales valoradas en el procedimiento disciplinario
contenían supuestos fácticos coincidentes en cuanto al modo, tiempo y lugar de los
hechos investigados, que no resultaban contradictoras y que fueron analizadas
conforme a las reglas de la sana crítica.

Que al realizar el control integral de la actuación disciplinaria se concluye que se
llevó a cabo siguiendo la normativa aplicable, por la autoridad competente, que se
agotaron las etapas del procedimiento con respeto por el debido proceso, que el
demandante ejerció su derecho a la defensa y que la calificación de la falta y la
imposición de la sanción respondieron a los presupuestos normativos pertinentes.

Que las pruebas que soportaron la decisión sancionatoria no contienen
afirmaciones que pudieran generar duda respecto de la ocurrencia de los hechos
investigados y que, por tanto, los argumentos del demandante respecto de que no
podía endilgársele comportamiento alguno carecen de fundamento.

Que el informe policial con sustento en el cual se inició la actuación disciplinaria fue
debidamente valorado, pues, además de tener la calidad de documento público y
auténtico, no fue controvertido ni tachado en el procedimiento verbal, fue ratificado
por el informante y no constituyó la única prueba valorada para expedir los actos
demandados.

Que para la fecha de los hechos el demandante se encontraba en situación
administrativa de excusado de servicio y que respecto de las faltas disciplinarias en
que pueden incurrir los miembros de la Policía cuando se encuentran en una
situación administrativa, la Corte Constitucional en la Sentencia C-819 de 2006, al
examinar la constitucionalidad del numeral 18 del artículo 35 de la Ley 1015 de
2006, concluyó que la ejecución de un comportamiento previsto como contravención
en la ley, que tenga lugar en el lapso de una situación administrativa, resulta
disciplinariamente reprochable si afecta los fines de la Policía Nacional, lo cual
resultó acreditado en la actuación adelantada en contra del demandante.

Que, en todo caso, la acción disciplinaria es independiente de otro tipo de acciones
que pueden iniciarse con ocasión de una misma conducta y que, en definitiva, no
resultaba procedente ahondar más en el análisis probatorio, pues la jurisdicción de
lo contencioso administrativo no es una tercera instancia disciplinaria.

Finalmente, resolvió no condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación6 en el que manifestó que la

5 Véanse folios 169 a 184 del expediente.
6 Véanse folios 194 a 201 del expediente.

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sentencia pasó por alto varios argumentos expuestos en la demanda y en los
alegatos de conclusión. El primero, relacionado con la ausencia de prueba del hecho
generador de la actuación disciplinaria, pues no existe denuncia o querella de la
funcionaria de Transmilenio y que, además, en la providencia apelada no se
demostró la afectación a los fines de la actividad policial.

Que el Tribunal pasó por alto el argumento relacionado con la imposibilidad de
avisar a la autoridad competente o de aplicar algún mecanismo alternativo de
resolución de conflictos en la presunta riña ocurrida el 8 de febrero de 2014 y
tampoco se emitió pronunciamiento en relación con el hecho de que los dos
policiales que atendieron el llamado de la funcionaria de Transmilenio no hubieren
presentado ningún tipo de lesión.

Que también se pasó por alto que el patrullero Harold Steven Ovalle Herrera,
manifestó haberle causado una lesión lo que reflejó una actitud antipolicial que
tampoco fue valorada por la autoridad disciplinaria.

Que en los alegatos de conclusión se destacó que no existía fallo contravencional
que le impusiera alguna medida correctiva, por lo que no era posible sancionarlo
disciplinariamente por la ejecución de una contravención y que, en síntesis, los
actos demandados se encuentran viciados de nulidad porque no existe congruencia
entre el cargo formulado y las decisiones de primera y segunda instancia; por falsa
motivación, porque los hechos no son ciertos y porque incurrieron en error de hecho
al no valorar en debida forma las pruebas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de mayo de 20197 fue admitido el recurso de apelación y el 15 de agosto del
mismo año8 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que
emitiera concepto.

Las partes guardaron silencio en esta instancia.

La Procuradora Segunda delegada ante el Consejo de Estado presentó
concepto9, solicitando confirmar la sentencia, por considerar que el Tribunal analizó
en debida forma el procedimiento disciplinario, concluyendo que se cumplieron los
ritos procesales pertinentes y que, contrario a los argumentos de la apelación, al
resolverse la primera instancia del medio de control fueron examinados los
supuestos fácticos y jurídicos de la actuación sancionatoria y la totalidad de cargos
de nulidad formulados.

Que, en cuanto a la declaración del patrullero Harold Steven Ovalle Herrera y los
testimonios del intendente Carlos Alberto González Granada y del señor Humberto
Páez Correa (hermano del investigado), no es cierto ni que el operador disciplinario
no los hubiese valorado ni que el Tribunal los hubiese pasado por alto; por el
contrario, se concluyó que se estudiaron sistemáticamente y de acuerdo con las
reglas de la sana crítica en los actos demandados.

7 Véase folio 207 del expediente.
8 Véase folio 213 del expediente.
9 Véanse folios 218 a 226 del expediente.

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Que la acción disciplinaria es autónoma de cualquier otra acción, por lo que no es
cierto que la ausencia de una medida contravencional imposibilite la imposición de
una sanción por la ejecución de una conducta de esta naturaleza en los términos
del artículo 35 numeral 18 de la Ley 1015 de 2006, pues, como se precisó en la
Sentencia C-819 de 2006, lo determinante es que se afecte el deber funcional y los
fines de la actividad policial, lo que efectivamente ocurrió, pues resultó acreditado
que el demandante participó en una agresión contra sus compañeros de trabajo,
pese a estar excusado del servicio.

Que, por lo mismo, no es cierto que los actos acusados sean incongruentes
respecto del pliego de cargos, pues justamente, llegada la etapa de la decisión
sancionatoria, se encontró probado el cargo formulado, de modo que la autoridad
disciplinaria atendió a los principios de legalidad de la falta y proporcionalidad de la
sanción.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados se
encuentran viciados de nulidad por falsa motivación y por violación al debido
proceso y, con este objetivo, la sentencia se referirá al marco normativo aplicable al
análisis de la actuación disciplinaria, a las causales de nulidad invocadas y abordará
el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias10.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.

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Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»11.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»12, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Causales de nulidad de los actos administrativos

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versan,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

11 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13713 y 13814 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas por el actor, a
saber, la falsa motivación y el desconocimiento del derecho al debido proceso; luego
de lo cual, se abordará el contenido de los actos demandados.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa15.

En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»16.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente17.

• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

13 Del medio de control de nulidad.
14 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02420-01 (0738-2019)

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas18.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201819 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«‘Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa
que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía
absolutamente de competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas
inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción
contenciosa o abiertamente inaplicables para el caso concreto. La
jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable
de las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto
sustantivo, evento en el que se exige una radical oposición entre la
comprensión comúnmente aceptada del precepto y su aplicación por
parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que la
doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica
cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los
derechos fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación
engañosa por parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no
hacen expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte.
(…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que
ocurre cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en
contravía del contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha
realizado, con efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto
administrativo que desconoce, de forma específica, normas de la Carta

18 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
19 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Política (…)’20»21.

Análisis del caso concreto

Lo primero que debe advertir la Sala es que en la sentencia de primera instancia se
analizó de manera integral la actuación disciplinaria, estudiando tanto los elementos
procedimentales como sustanciales, el régimen jurídico aplicable y la actividad
probatoria del operador disciplinario y, de forma acertada, concluyó que el trámite
que precedió la expedición de los actos acusados se desarrolló con estricto apego
a las disposiciones que regulaban la actividad del demandante, lo que nos lleva a
concluir que no se desvirtuó la presunción de legalidad de las decisiones
sancionatorias.

Precisado lo anterior, a continuación, la Sala estudiará los cargos de nulidad
formulados por el demandante: i) la falsa motivación y ii) la violación al debido
proceso, bajo el elemento común de los reproches: que no se acreditó la ocurrencia
de la riña del 8 de febrero de 2014, pues la funcionaria de Transmilenio no presentó
denuncia o querella; que por el contrario, el demandante resultó agredido por unos
uniformados y que, por no valorar adecuadamente las pruebas, los hechos
investigados no corresponden a la realidad.

Al respecto, del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, se destaca:

• Que el 11 de febrero de 2014 el intendente Waldo Quiroga Carrillo informó que
el 8 del mismo mes y año, a las 8:30 p.m. aproximadamente, recibió una solicitud
de apoyo en la estación de Transmilenio Patio Bonito, porque estaban
agrediendo al patrullero y al bachiller encargados de la estación. Que al llegar a
dicho lugar encontró que dos hombres estaban atacando física y verbalmente a
los policiales y que, al lograr reducirlos e inmovilizarlos, los identificaron.

Que uno de ellos manifestó ser Intendente de la Policía Nacional, el señor Jorge
Armando Correa; el otro, de nombre Humberto Páez Correa, hermano del
primero y que ambas personas fueron judicializadas en la URI de Kennedy22.

• Que, por esos hechos, el 27 de octubre de 2014 se formuló al señor Jorge
Armando Correa el siguiente cargo:

«CARGO ÚNICO

Ley 1015 de 2006, Título VI, de las Faltas y de las Sanciones Disciplinarias,
Capítulo I, Clasificación y Descripción de las Faltas,

Artículo 35. Faltas graves. Son faltas graves:

Numeral 18. Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como
contravención, cuando se encuentra en situación administrativas (sic)
tales como: franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido,
incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización. (La parte en negrilla

20 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Véase página 7 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio 131 del

expediente.

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aplica al cargo endilgado)»23 (negrillas y subrayas en el texto original).

El operador disciplinario determinó provisionalmente que la conducta ejecutada,
encontrándose excusado de servicio, correspondía a la descrita en el Acuerdo
79 de 2003, Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C., Título II,
Capítulo 1: «Artículo 15. Comportamientos que favorecen la seguridad de las
personas., (sic) Numeral 12. No participar ni propiciar riñas o escándalos. En
caso de que llegaren a ocurrir, procurar mediar o avisar de inmediato a las
autoridades. (Subrayado y negrilla corresponde a la conducta contravencional
presuntamente cometida)»24 (negrillas y subrayas en el texto original).

Se indicó, además, que se ejecutó el comportamiento en la modalidad de acción
y de manera dolosa.

• Que en el transcurso de la actuación se decretaron y practicaron pruebas
documentales y testimoniales que se valoraron al formular los cargos y que,
llegada la fecha de definición de la situación disciplinaria, llevaron a la autoridad
a la certeza, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad del
demandante en relación con los hechos del 8 de febrero de 2014; y en esos
términos se justificó la imposición de la sanción consistente en suspensión e
inhabilidad especial por el término de seis (6) meses.

Destaca la Sala, contrario al sustento de los cargos de nulidad formulados, que la
ausencia de una actuación de naturaleza contravencional no obsta para que el
procedimiento disciplinario se adelante y que a su vez se imponga la sanción si se
acredita la concurrencia de los elementos estructurales de la responsabilidad
disciplinaria, que, conforme al análisis del régimen jurídico aplicable que se efectuó
en la sentencia apelada, corresponden a los dispuestos por la Ley 1015 de 2006,
normativa que regulaba los aspectos sustanciales del procedimiento para la fecha
de los hechos investigados.

Es necesario tener en cuenta que con un mismo comportamiento es posible lesionar
bienes jurídicos protegidos por distintos regímenes de responsabilidad, pero ello no
implica que uno subsuma al otro; o que, de concluirse en uno que el investigado
debe ser sancionado o no, deba llegarse a igual decisión en el otro. Este punto ha
sido pacíficamente abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, destacando
que «(…) si bien los distintos regímenes punitivos comparten elementos comunes,
cada uno de ellos tiene su peculiaridad, en especial, el penal [analizado en el caso
concreto] y el disciplinario, dado que la misma conducta puede ser sancionada en
estos ámbitos sin que haya violación al principio non bis in idem»25 (corchetes de la
Sala).

Según lo anterior, cada expresión de la potestad punitiva del Estado persigue bienes
constitucionales y legales diferentes y se encarga de investigar y sancionar acciones
que, si bien pueden originarse en una misma situación, tienen diferente alcance. Así
«[l]as contravenciones como especie de infracción penal, son aquellas conductas

23 Véase página 75 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio 131 del

expediente.
24 Véase página 76 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio 131

del expediente.
25 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Radicado

11001-03-25-000-2010-00127-00 (0977-2010). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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que lesionan de manera menos grave los intereses sociales y que por esa misma
razón, son castigadas con sanciones menos graves»26, en tanto las faltas
disciplinarias constituyen comportamientos con los cuales un servidor público
incumple sus deberes, se extralimita en el ejercicio de sus funciones, incurre en
prohibiciones o viola el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses (artículo 23 de la Ley 734 de 2002).

Advertido esto, cabe destacar que, en el caso concreto, la formulación del cargo
único se realizó con estricto apego el régimen disciplinario aplicable, acudiendo a la
normativa distrital en materia de convivencia y seguridad de las personas, para
concluir que el demandante incurrió en un comportamiento que desconoció lo
dispuesto en el numeral 12 del artículo 15 del Acuerdo 79 de 2003.

De manera que no resulta incongruente ni contrario a la realidad el contenido de los
actos demandados, pues, por la misma independencia entre los sistemas
contravencional y disciplinario, no era necesaria la existencia de una decisión que
impusiera alguna medida correctiva al demandante para que pudiera ser declarado
disciplinariamente responsable, lo que implica que no prospera el cargo de nulidad
por falsa motivación.

Ahora bien, en relación con la valoración probatoria que dio lugar a la formulación
de cargos y posterior sanción, reproche que debe analizarse desde la posible
concreción de un defecto fáctico como cargo de violación al debido proceso, es
necesario precisar que este se estructura «[…] siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso»27, que pueden generarse como consecuencia:

i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria;

ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o por la valoración de
pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes
al caso concreto28.

iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica29.

Los reproches del demandante se dirigen a las tres categorías: la primera, porque
en sus escritos señaló que el operador disciplinario dejó de lado la valoración de las
pruebas que lo favorecían; la segunda, porque no existió prueba de denuncia o
querella en su contra ni una decisión que lo declarara contravencionalmente
responsable; y la tercera, porque ante la ausencia de tales pruebas, no podía
endilgársele responsabilidad disciplinaria y por tanto se afectó la presunción de

26 Cfr. Sentencia C-542 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

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inocencia.

Sobre lo primero, cabe destacar el juicioso análisis realizado por el Tribunal en la
sentencia apelada al concluir que en las decisiones sancionatorias fueron valoradas
en su totalidad las pruebas documentales y testimoniales decretadas y practicadas
en las diferentes etapas y, de manera motivada, se descartaron aquellas que nada
aportaban respecto de los hechos investigados.

En la decisión disciplinaria de primera instancia, luego de analizar las pruebas
recaudadas en la apertura de la indagación preliminar y de la citación a audiencia,
la demandada se refirió de manera puntual a los medios de prueba aportados por
la defensa del investigado (hoy demandante): los apartes de su historia clínica, de
los que se destacaron las anotaciones de mayo 26 de 2013, relacionadas con
diferentes quebrantos de salud y varias fracturas; y de febrero 10 de 2014 que
relataban un diagnóstico de lesión por golpes infligidos por otra persona y una
incapacidad de 10 días.

Advirtió el operador disciplinario que por ello compulsaría copias para que se
investigara al patrullero Harold Steven Ovalle Herrera por la posible ejecución de
una conducta disciplinable en el procedimiento de control y reducción del
investigado el 8 de febrero de 201430.

Sobre las pruebas testimoniales recaudadas, también se realizó el análisis exigido
por la normativa disciplinaria para concluir cuáles se tendrían en cuenta en la
decisión de fondo y cuáles no y se indicó que entre las declaraciones recibidas
existía coherencia, consistencia y coincidencia, pues tanto el Intendente Waldo
Quiroga Carrillo31 como el patrullero Harold Steven Ovalle Herrera32 y el teniente
Francisco Javier Correa Cubillos33 relataron con claridad el origen y desarrollo de lo
ocurrido el 8 de febrero de 2014:

• El intendente Waldo Quiroga Carrillo señaló que para el 8 de febrero de 2014 se
encontraba pasando revista en el Portal Américas cuando el patrullero Harold
Ovalle le solicitó apoyo por radio, indicándole que se encontraba en la estación
de Patio Bonito, siendo agredido.

Que, al llegar, encontró a dos individuos en alto grado de exaltación, debiendo
hacer uso de la fuerza para reducir al más violento de los dos y esposarlo y que,
al subirlos a la patrulla, nuevamente intentaron arremeter en contra del
patrullero.

Que uno de los individuos, el más violento, se identificó como intendente de la
Policía, agregando que no sabían con quién se habían metido y que fue el sujeto
que, al llegar a la estación, agredía con puños al patrullero Ovalle.

30 Véase página 38 del documento «Cope3-2014-44 tercera Parte_2017_10_06_09_38_21_559», disponible en

el CD que obra a folio 131 del expediente.
31 Véanse páginas 42 a 44 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio

131 del expediente.
32 Véanse páginas 45 a 48 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio

131 del expediente.
33 Véanse páginas 55 a 58 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio

131 del expediente.

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• El patrullero Harold Ovalle Herrera relató que el 8 de febrero de 2014 se
encontraba pasando revista en la estación de Patio Bonito y que estaba a punto
de salir a atender una situación en El Tintal, cuando por voces de auxilio en Patio
Bonito escuchó que dos sujetos estaban intentando agredir a una funcionaria de
Transmilenio.

Que al llegar al lugar de los hechos la referida funcionaria, de quien no conoció
su nombre, le indicó que los dos individuos la querían agredir porque no le
entendieron las indicaciones que les dio para usar el servicio. Que ambos
estaban en alto grado de exaltación, por lo que les advirtió que de seguir así
tendría que retirarlos del sistema, ante lo cual el señor Jorge Armando Correa le
manifestó que «(…) yo era un pinche(sic) Patrullero y que no podía conducirlo
hacia ningún lado».

Que se encontraba en compañía de un auxiliar bachiller y que la situación escaló
al punto en que ambos individuos emprendieron agresiones verbales hacia
ambos, momento en el cual les solicitó ser registrados y aportar los documentos
de identidad, a lo cual se negaron y, al intentar realizar el procedimiento de
registro, uno de ellos, el señor Correa, lo agredió con un golpe en la cara.

Que, solicitó apoyo de otras unidades de Transmilenio por el radio de
comunicaciones y, en tanto llegaba, el hermano del señor Correa intentaba
calmarlo, pero el intendente seguía insultándolo. Que en ese momento llegó el
señor Waldo Quiroga y que debieron emplear la fuerza para esposar al
demandante.

• El teniente Francisco Javier Correa Cubillos dijo recordar que para el 8 de
febrero de 2014 el patrullero Ovalle solicitó apoyo por el radio de comunicaciones
indicando que había un sujeto que intentaba agredirlo. Que él se presentó a la
URI de Kennedy donde le informaron que ya se encontraban en proceso de
judicialización, que observó un rasguño en la mano del auxiliar bachiller que
acompañaba al patrullero y también un golpe y que el señor Correa tenía la boca
hinchada.

De esta forma, no encuentra la Sala un examen parcializado o incoherente de las
pruebas, ni que se dejara de lado el estudio de una determinante en la decisión
disciplinaria, por lo que no existió lesión al debido proceso por omisión en la
valoración probatoria.

Ahora, en relación con lo segundo, que no existiera prueba de denuncia o querella
en su contra ni una decisión que lo declarara contravencionalmente responsable,
se reitera que no se trata de un aspecto que pueda desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados, pues una cosa es que en virtud del sistema de
tipos abiertos34 del derecho disciplinario, la falta contemplada en el numeral 18 del

34 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: «El concepto jurídico de

‘tipos abiertos’ hace referencia a ‘aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de
contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones
que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de
manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una

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artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 debiera acudir a las disposiciones que contienen
los comportamientos que constituyen contravención para determinar concretamente
la conducta ejecutada -lo que en efecto ocurrió- y otra que esa remisión a la
normativa contravencional implique la obligación de que existan pruebas o
elementos recaudados en dicho escenario para imputar responsabilidad
disciplinaria.

En relación con las pruebas que se decretaron, practicaron y valoraron en la
actuación disciplinaria, para la Sala resulta claro que, en aplicación de las reglas de
la sana crítica, se satisfizo el estándar probatorio exigido para la imposición de la
sanción.

Lo anterior, por cuanto el informe elaborado por el intendente Waldo Quiroga
Castillo el 11 de febrero de 2014 permitió evidenciar que el 8 de febrero de 2014,
en la estación de Transmilenio de Patio Bonito, se presentó una situación calificada
como riña, involucrando, primero, a una funcionaria del sistema y, posteriormente,
a un patrullero y un auxiliar bachiller que intentaron controlar la situación y en la cual
participaron como sujetos activos el señor Jorge Armando Correa y su hermano35.

Con esos elementos, la autoridad disciplinaria llamó a declarar al informante y al
patrullero que atendieron la novedad -el auxiliar bachiller no pudo ser localizado,
pese a las varias citaciones que se le remitieron36- quienes, como ya se expuso, de
manera concisa y consistente narraron qué ocurrió y cómo intervinieron.

También se recibió el testimonio del señor Humberto Páez Correa37, hermano del
demandante, quien expuso que el 8 de febrero de 2014 abordaron a una funcionaria
de Transmilenio para solicitarle indicaciones acerca de cómo llegar al centro de la
ciudad. Que no les quiso dar información, por lo que procedieron a insistirle. Que
ella los esquivaba y ellos se le atravesaban sin tocarla ni decirle malas palabras, por
espacio aproximado de 3 minutos, momento en el cual la funcionaria gritó y llamó a
uno de los policías de la estación.

Que en ese momento empezó una agresión de parte de los uniformados hacia su
hermano y él y que llegaron unos refuerzos, los esposaron y se los llevaron. Que él
les advertía que procedieran con cuidado porque su hermano, en mayo de 2013
había sido operado de la cara, un pulmón y de la mano derecha, pero que no le
hicieron caso. Que los trasladaron a la URI de Kennedy, pese a que ellos no
agredieron a nadie y estaban tranquilos solicitándole la información a la persona de
la estación de Transmilenio.

Sobre esta declaración, el operador disciplinario indicó que, al analizarlo en conjunto
con los demás testimonios, encontraba acreditado que existió una contienda por
espacio de 3 minutos más o menos contra una funcionaria del Transmilenio y
posteriormente con el patrullero y el auxiliar que atendieron el llamado de la referida,

infracción disciplinaria’». Ver también: Sentencia C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y
Sentencia C-810 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
35 Véase página 7 del documento «Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio 131 del

expediente.
36 De ello se dejó constancia el 30 de julio de 2014 (véase página 49 del documento «Cope3-2014-44 primera

parte» disponible en el CD que obra a folio 131 del expediente) y el 8 de agosto de 2014 (véase página 60
«Cope3-2014-44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio 131 del expediente).
37 Véanse páginas 13 a 17 del documento «Cope3-2014-44 tercera Parte_2017_10_06_09_38_21_559»,

disponible en el CD que obra a folio 131 del expediente.

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con quienes, según el relato, nunca se presentó un diálogo amigable 38.

Este punto fue reiterado en la decisión disciplinaria de segunda instancia,
precisando que no fue únicamente el patrullero Ovalle quien estuvo presente en el
lugar de los hechos, ni el único declarante y que, respecto de lo ocurrido con la
funcionaria de Transmilenio, «(…) el mismo quejoso y su hermano dan cuenta de
ello, es decir no se podría decir (sic) que los informantes de esta causa han
imaginado el altercado que dio origen a la presente actuación (…)»39, reprochando,
además, que aún con la vasta experiencia del disciplinado en la Institución,
desconociera el deber de comportamiento que le asistía dentro y fuera del servicio
y que, por el contrario, hubiese asumido una actitud beligerante en contra de la
referida funcionaria y de sus compañeros policiales.

También se recibió la versión libre del señor Jorge Armando Correa 40, quien
manifestó que en efecto el 8 de febrero de 2014, en compañía de su hermano, en
la estación de Patio Bonito, solicitó a una funcionaria unas indicaciones y que esta
no se las quiso dar, que por verlos tan próximos a ella se asustó y llamó al patrullero
Ovalle, quien llegó en compañía del auxiliar bachiller.

Que, cuando miró hacia atrás, vio al auxiliar agarrando por el cuello a su hermano,
por lo que le solicitó que se tranquilizaran y le entregó su carné de policía al
patrullero Ovalle, quien dijo que no le importaba lo que fuera y empezaron a discutir,
que levantó la mano para exigirle respeto al patrullero, pero este lo golpeó con las
esposas en la cara, ante lo cual intervino su hermano señalando su estado de salud
y el intendente Quiroga lo arrojó al piso para esposarlo.

Sobre esta versión, la autoridad disciplinaria manifestó que aplicando las reglas de
la experiencia y la sana crítica, resultaba claro que la funcionaria de Transmilenio
entrara en pánico por una causa, contrario al relato del investigado, recordando que
su hermano narró que le impidieron el paso por espacio de 3 minutos, evidenciando
una contienda y que sobre las lesiones que presuntamente le causaron en el
procedimiento, se realizaría la compulsa de copias para que se evaluara la posible
responsabilidad disciplinaria de quienes intervinieron41.

El estudio conjunto de lo anterior permitió a la autoridad disciplinaria concluir, más
allá de toda duda razonable, que el señor Jorge Armando Correa incurrió en una
conducta calificada normativamente como contravención, encontrándose en una
situación administrativa42, comportamiento que resultaba contrario a los fines de la
actividad policial, pues, como integrante de la Institución, debía propender por
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
de los ciudadanos, «(…) ideología que fue menguada por el investigado por lo que
se considera que hubo afectación al deber funcional sin justificación alguna, tal y

38 Véase página 42 del documento «Cope3-2014-44 tercera Parte_2017_10_06_09_38_21_559», disponible en

el CD que obra a folio 131 del expediente.
39 Véase página 27 del documento «Cope3-2014-44 cuarta parte_2017_10_06_09_45_34_311», disponible en

el CD que obra a folio 131 del expediente.
40 Véanse páginas 23 a 26 del documento «Cope3-2014-44 tercera Parte_2017_10_06_09_38_21_559»,

disponible en el CD que obra a folio 131 del expediente.
41 Véanse páginas 45-46 del documento «Cope3-2014-44 tercera Parte_2017_10_06_09_38_21_559»,

disponible en el CD que obra a folio 131 del expediente.
42 Se dejó constancia de consulta en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano

(SIATH) el 25 de agosto de 2014, indicando que el señor Jorge Armando Correa tenía excusa de servicio por
20 días, conferida entre el 22/01/2014 hasta el 10/02/2014 (véanse páginas 70-71 del documento «Cope3-2014-
44 primera parte» disponible en el CD que obra a folio 131 del expediente)

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como lo reclama el artículo 5° de la Ley 734 de 2002»43, porque en cumplimiento de
la finalidad de la Policía, no debió participar en la riña, sino procurar mediar y dar
aviso a las autoridades competentes.

Conclusiones a las que también llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la sentencia apelada. Allí se dijo que los actos demandados no desconocieron
los lineamientos de la Sentencia C-819 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), pues
resultaba claro que el alcance disciplinario de la falta contenida en el numeral 18 del
artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 se satisfizo en el caso concreto porque quedó
acreditado que pese a encontrarse excusado de servicio, el demandante incurrió en
un comportamiento que afectó los fines de la actividad policial.

En consecuencia, la Sala encuentra que el estudio de la legalidad realizado en
primera instancia fue integral y conforme a derecho y, por ello, confirmará la misma.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura, en la que en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

43 Véase página 51 del documento “Cope3-2014-44 tercera Parte_2017_10_06_09_38_21_559”, disponible en

el CD que obra a folio 131 del expediente.

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el doce (12) de julio de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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