Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02467-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Indexación de las mesadas pensionales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02467-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02467-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
12 de agosto de 2021
INDEXACIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES / INTERESES DE MORA EN EL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES
[E]n caso de tardanza en el pago de las mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá al pensionado sobre el importe de la obligación a su cargo, la tasa máxima de interés moratorio, para la Sala dicha indemnización no es más que una forma de conminar a la entidad previsional encargada de pagar las mesadas pensionales de forma oportuna una vez se otorga la pensión, con la finalidad de proteger a los pensionados en su calidad de vida, para mantener el poder adquisitivo del valor de su pensión, pues en principio esta sería la única forma de ingreso para la subsistencia de las personas de la tercera edad, quienes han perdido su fuerza laboral. […] De esta forma, la indemnización por mora repara los perjuicios que se hubieren podido causar por el retardo en el pago de las mesadas pensionales, y se justifican ante la ocurrencia de fenómenos económicos que alteran la capacidad para atender las necesidades básicas, como lo son la devaluación de la moneda y la inflación. [E]l reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago. […] En consecuencia, se colige que los intereses moratorios se causan por el retraso en la consignación de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dichos pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora. […] [S]e tiene que cuando se ordena la indexación, con ello se busca que la suma represente el valor real, sin embargo, en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, se puede concluir que éstas son incompatibles, por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 141
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-42-000-2016-02467-01(4057-19)
Actor: WILFRIDH QUIROGA BRICEÑO Y OTROS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Referencia: INTERESES MORATORIOS ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. INCOMPATIBILIDAD CON LA ACTUALIZACIÓN DE SUMAS.
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011 formularon en síntesis las siguientes:
Pretensiones (folios 3 a 4)
Que se declare la nulidad del Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la subdirectora de Nómina de Pensiones de la entidad demandada niega el reconocimiento de mesadas pensionales e intereses moratorios reclamados por los demandantes en su calidad de herederos de la señora Dioselina Briceño de Quiroga.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP pagar a los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, en su calidad de hijos, la suma de $9.839.163,18, por concepto de diferencias de mesadas causadas y no pagadas por «pensión de sobrevivientes» a las que tenía derecho la señora Dioselina Briceño de Quiroga, debidamente indexadas.
Se conmine a la entidad demandada al pago de intereses moratorios ocasionados por la «demora injustificada» en el reconocimiento y pago de la mencionada prestación a favor de su madre, la señora Dioselina Briceño de Quiroga.
Se condene en costas y agencias en derecho a la UGPP.
Fundamentos fácticos relevantes (folios 4 a 10)
La extinta Cajanal (hoy UGPP) le reconoció al señor Efraín Quiroga pensión por vejez a través de Resolución 1058 del 1.° de enero de 1979.
Los señores Dioselina Briceño de Quiroga y Efraín Quiroga contrajeron matrimonio y de esta unión nacieron cuatro hijos de nombres, Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño.
El señor Quiroga falleció el día 18 de junio de 2009, por lo que su cónyuge supérstite, la señora Dioselina Briceño de Quiroga elevó petición el 30 de septiembre de 2009, tendiente a que le fuera reconocida la sustitución pensional.
La UGPP por medio de Resolución UGM 031175 del 3 de febrero de 2012, reconoció la sustitución pensional en un 100% a favor de la señora Dioselina Briceño de Quiroga, efectiva a partir del 19 de junio de 2009 (día siguiente al fallecimiento del causante), empero, nunca fue ingresada a nómina de pensionados y por tanto no percibió las mesadas a que tenía derecho y que fueron efectivamente reconocidas.
La señora Briceño de Quiroga falleció el 11 de noviembre de 2012.
En virtud de lo anterior, el 26 de abril de 2013, los libelistas elevaron petición ante la entidad demandada con el fin de que les fueran reconocidas las mesadas causadas y no pagadas a la causante.
La UGPP a través de Resolución RDP 031377 del 16 de octubre de 2014, atendió la anterior petición y ordenó pagar a favor de los demandantes la suma de $71. 711.44, 92, por dicho concepto.
Posteriormente, los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, elevaron solicitud el 7 de octubre de 2015, tendiente al pago de la suma de $9. 839.163,08, por la diferencia entre las mesadas reconocidas y las que se debieron pagar, así como los intereses moratorios causados por la «demora injustificada» en el pago de la sustitución pensional a la que tenía derecho su madre Dioselina Briceño de Quiroga.
Lo anterior fue resuelto de manera negativa por medio de Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 24 de octubre de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] la entidad accionada no propuso excepciones previas, de fondo planteó las de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción, inexistencia de la vulneración de los principios constitucionales y legales, ausencia de vicios en los actos demandados, imposibilidad de condena en costas, imposibilidad del pago de intereses moratorios y genérica, motivo por el que se prosigue con la fijación del litigio.». (Folio 112 y CD obrante a folio 114 del plenario).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] corresponde resolver al Tribunal sobre a nulidad del acto administrativo mediante el cual la UGPP negó a los accionantes en calidad de herederos de la señora DIOSELINA BRICEÑO DE QUIROGA, el reconocimiento y pago de las diferencias en las mesadas pensionales. A título de restablecimiento del derecho peticionan se les reintegre la suma de $9.839.163.18 que corresponden a los descuentos para salud que se practicaron al retroactivo de la sustitución pensional de que era titular la señora BRICEÑO QUIROGA y el reconocimiento y pago de los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., se reconozcan los intereses posteriores a la ejecutoria de la sentencia y se condene en costas y agencias en derecho a la accionada.». (Folio 112 y CD obrante a folio 114 del expediente).
Se notificó la decisión en estrados y las partes manifestaron estar de acuerdo.
SENTENCIA APELADA
(folios 122 a 133)
El a quo profirió sentencia escrita el 21 de marzo de 2019, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de los demandantes con fundamento en las siguientes consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia señaló que, pese a que a la señora Dioselina Briceño de Quiroga le fue reconocida sustitución pensional y que no disfrutó del sistema de salud, por la demora de la entidad demandada en pagarle la mesada pensional, las deducciones por aportes que se efectuaron sobre el retroactivo pensional pagado a los demandantes, resultaban vitales para financiar el sistema de salud de la población de bajos recursos, por lo que negó la devolución del valor descontado por este concepto.
De forma posterior, analizó el marco normativo que rige los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para señalar que aquellos se prevén como una sanción que se genera cuando se presenta una demora en el pago de las mesadas de una pensión reconocida y no por la mora en el reconocimiento de la prestación.
Al respecto, consideró que en caso particular donde no se encontraba en discusión el derecho que le asistía a la señora Dioselina Briceño de Quiroga para ser beneficiaria de la sustitución pensional, y que su ausencia de pago fue injustificado, era procedente el pago de los mentados intereses a partir del vencimiento de los 2 meses que tenía la entidad demandada para resolver la solicitud de reconocimiento de la prestación.
Bajo esta intelección y en lo que respecta al sub examine, puntualizó que la UGPP sin justificación alguna se tardó en reconocer y pagar el beneficio pensional que le asistía a la señora Briceño Quiroga, por tanto los intereses moratorios solicitados debían pagarse a partir del 30 de noviembre de 2009, esto es, una vez vencidos los 2 meses que tenía la entidad para resolver la solicitud por ella presentada el 30 de septiembre de la citada anualidad y hasta el 8 de noviembre de 2012, fecha de fallecimiento de aquella.
En esta medida, la beneficiaria de la pensión falleció sin que le hubiesen pagado su mesada pensional, no obstante esta obligación feneció con su fallecimiento. Ahora, pese a que los demandantes no eran destinarios directos de la prestación, sí les asistía un interés legítimo en peticionar tales intereses, habida cuenta de que eran herederos y en un eventual reconocimiento, se convertía en un derecho sucesoral.
En relación con la prescripción de mesadas, advirtió que a la luz del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, la titular del derecho pensional murió sin que la entidad demandada le hubiese pagado la mencionada prestación, por lo que los demandantes herederos contaban con 3 años a partir de dicha fecha para solicitar el reconocimiento de los intereses moratorios, el cual se invocó el 7 de octubre de 2015, por lo cual esta excepción no tenía la vocación de prosperidad.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que en la parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad del Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015; ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP reconocer y pagar a los demandantes los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a la tasa máxima vigente al momento en que debió efectuarse el pago (8 de noviembre de 2012), liquidados sobre el monto con el que se reconoció a la señora Dioselina Briceño Quiroga la sustitución pensional, a partir del 30 de noviembre de 2009 y hasta el 8 de noviembre de 2012; iii) denegó las demás pretensiones y; iv) se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 138 a 143)
La UGPP presentó recurso de apelación contra la decisión anteriormente reseñada y solicitó que esta sea revocada, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda. Para ello, argumentó que con ocasión del fallecimiento de la señora Dioselina Briceño de Quiroga, la entidad a través de Resolución RDP 031377 del 16 de octubre de 2014, procedió a reconocer y pagar el retroactivo de las mesadas causadas y no pagadas correspondientes al período comprendido entre el 1.° de junio de 2009 al 8 de noviembre de 2012, a favor de los libelistas en proporción del 25% para cada uno, esto es, $17.731.606,30, por tal motivo, existe una carencia actual de objeto.
De otra parte, expuso que el Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015, no es un acto administrativo como tal sino un documento informativo, por tal motivo no es susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción. Adicionó que los intereses moratorios solicitados no tienen vocación de prosperidad, dado que solo son procedentes cuando existe mora en el pago de las mesadas pensionales y no para el reconocimiento de la prestación.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada (folio 203 anverso y reverso): señaló que la sentencia debe revocarse, toda vez que no es procedente el pago simultáneo de indexación e intereses moratorios, por constituir una doble sanción por un mismo rubro conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia.
La parte demandante (folios 204 a 206): advirtió que lo que debe tenerse en cuenta al desatarse el recurso de apelación no es si había lugar al pago de intereses o no, pues la tardanza injustificada es evidente, sino que debe revisarse que el pago de mesadas se llevó a cabo en octubre de 2014, por lo que es hasta dicha fecha que debe ordenarse la condena y no hasta el 8 de noviembre de 2012 como lo ordenó el a quo.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal, según se evidencia en la constancia secretarial visible a folio 207.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. En el presente caso únicamente formulado por la parte demandada.
Cuestión previa – Del acto administrativo susceptible de control judicial en el presente asunto
Previo a determinar el problema jurídico que debe ocupar la atención de la Sala, se analizará el argumento esgrimido en el recurso de apelación por la entidad demandada, en el sentido de que el acto administrativo demandado en el presente asunto, no es definitivo sino un «documento meramente informativo», toda vez que si bien la oportunidad procesal para alegar dicha circunstancia procesal, debió ser al momento de la contestación de la demanda, a la luz del numeral 3.° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, de prosperar dicho aspecto, impediría efectuar un pronunciamiento de mérito en esta instancia.
Al respecto, se advierte que los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un procedimiento administrativo. En ese sentido, el artículo 43 del CPACA señala que son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación, es decir, aquellos que producen efectos jurídicos al crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas.
Por su parte, los actos de trámite o preparatorios son aquellos que dicta la administración para decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuales en principio no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación del procedimiento administrativo.
Finalmente, los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado. Empero, sobre este punto es importante señalar que la jurisprudencia ha dicho que es procedente el estudio de los actos de ejecución de sentencias de forma excepcional cuando: i) la decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial.
De lo anterior se colige que son objeto de control judicial: i) los actos administrativos definitivos, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica determinada; ii) aquellos actos administrativos que sin ser definitivos hacen imposible continuar con la actuación y; iii) los actos administrativos de ejecución cuando se cumpla con los requisitos señalados anteriormente.
Del asunto concreto
Los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 del CPACA, demandaron la nulidad del Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la subdirectora de Nómina de Pensiones de la entidad demandada negó el reconocimiento de mesadas pensionales e intereses moratorios en su calidad de herederos de la señora Dioselina Briceño de Quiroga.
Como consecuencia de tal declaración solicitaron el pago de la suma de $9.839.163,18, por concepto de diferencias de mesadas causadas y no pagadas por sustitución pensional a las que tenía derecho su madre, la señora Briceño de Quiroga, así como el pago de intereses moratorios causados por la demora en el reconocimiento y pago de la mencionada prestación.
Por medio de sentencia del 21 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015. A título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP reconocer y pagar a los demandantes los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a la tasa máxima vigente al momento en que debió efectuarse el pago (8 de noviembre de 2012), liquidados sobre el monto con el que se reconoció a la señora Dioselina Briceño Quiroga la sustitución pensional, a partir del 30 de noviembre de 2009 y hasta el 8 de noviembre de 2012.
En efecto, se observa que a través del mentado acto administrativo la entidad demandada dio respuesta a la petición invocada por los demandantes el 7 de octubre de 2014 con el fin de que se les pagaran las diferencias adeudadas por concepto de mesadas causadas y no cobradas, tomando en consideración que entre la fecha del fallecimiento del señor Efraín Quiroga (18 de junio de 2009) y la fecha de muerte de la beneficiaria, Dioselina Briceño de Quiroga (8 de noviembre de 2012), el valor susceptible de pago a herederos ascendía a $81.550.612,10 y no a $71.711.448,92 como se les reconoció.
Asimismo, solicitaron el pago de intereses moratorios por la tardanza en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y por las mesadas causadas y no pagadas. Para tal fin realizaron una liquidación que, en su sentir, era la correcta con la inclusión de mesadas adicionales de los meses de junio de los años 2009, 2010 y 2011. (Folios 63 a 66).
La UGPP por medio de Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015, signado por la subdirectora de Nómina de Pensionados de la entidad demandada, negó el anterior pedimento conforme con los siguientes argumentos:
«[…] Ahora bien, en cuanto a sus peticiones directas, le aclaramos, lo siguiente:
1- En la liquidación Efectuada por Usted, se toma el mes de JUNIO de 2009 (valor de la Mesada Pensional ($1.639.388,02), en un 100%, y la Mesada Adicional de JUNIO de 2009 en un 100%.
Pero, una vez verificados los sistemas de información y consulta de LA UNIDAD, se evidencia que el CONSORCIO FOPEP, certificó que en el mes de JUNIO DE 2009, SE Reintegro (sic) a la Nación la Suma de $2.864,39. Se adjunta Histórico de Pagos emitido por el Consorcio FOPEP del señor EFRAIN (SIC) QUIROGA C.C. 467.271 (Q.E.P.D).
Adicionalmente, se aclara que el señor EFRAIN (SIC) QUIROGA C.C. 467.271 (Q.E.P.D), falleció el 18 de Junio de 2009, y atendiendo lo ordenado en la Ley 100 de 1993 en su artículo 142, el cual indica: […]. Se puede concluir que para el señor EFRAIN (SIC) QUIROGA C.C. 467.271 (Q.E.P.D), tuviera derecho a el (sic) reporte de la mesada 14 o mesada adicional del mes de Junio de 2009, se debería haber generado el pago total de la mesada ordinaria del mismo mes (JUNIO de 2009), por lo tanto, teniendo en cuenta que el causante falleció el 18 junio de 2009, no había lugar al reporte de la mesada 14 del mes de junio del año 2009.
Razón por la cual, y teniendo en cuenta los Reintegros a la Nación y que el causante no tenía derecho a la mesada 14 (Fecha Fallecimiento 18 de Junio de 2009), el mes de JUNIO DE 2009, se liquida con base en el valor de $1.432,19 M/cte., es decir, tal y como se liquidó en la Nómina de Noviembre de 2014, a favor de los HEREDEROS.
2- Ahora bien, respecto de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, téngase en cuenta que dicha normativa señala: […].
Así las cosas, la mora en el pago de las mesadas pensionales, se configura cuando la Entidad a cuyo cargo se encuentra la pensión correspondiente deberá reconocer y pagar la tasa máxima de interés moratorio; en otras palabras la sanción se ha de imponer cuando se presente retardo en el pago de la pensión, entendido este como la entrega de las sumas a que tiene derecho el pensionado, sin hacerla extensiva a la mora en el reconocimiento de la prestación que origina el pago de las mesadas adeudadas.
De conformidad con lo anterior, es pertinente tener en cuenta que los intereses moratorios fueron creados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con efectividad a partir del 01 de Abril de 1994, pero únicamente en caso de mora de las mesadas pensionales, y no para el reconocimiento pensional que debe precederle para los funcionarios contemplados en ella.
En virtud de lo expresado y como quiera que en la Resolución No. RDP 031377 del 18 de Octubre de 2014, no se reconoció el pago de intereses, ni de indexación, se informa que no es posible para ésta Subdirección proceder al reporte de los mismos.
En virtud de lo anterior, su solicitud No es Procedente, puesto que no hay valores pendientes por reportar a favor de los HEREDEROS.». (Negrillas y mayúsculas conforme a la transcripción). (Folios 67 a 68 vuelto).
De las actuaciones relacionadas en precedencia, se concluye que el acto demandado sí definió la situación jurídica definitiva de los libelistas, pues en aquel, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social negó el pago de las diferencias pensionales causadas y no pagadas así como la improcedencia de los intereses moratorios ocasionados por la tardanza en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y de la prestación que no se pagó en tiempo.
Bajo esa óptica, se advierte que el artículo 43 de la ley 1437 de 2011 indica que: «Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.».
En línea con lo expuesto, el acto administrativo que debía ser controvertido en sede judicial, como en efecto ocurrió en el sub iudice, es el Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015 que decidió de fondo y de forma directa la procedencia de lo peticionado por los aquí demandantes, de modo de esta Sala tiene plena competencia para emitir sentencia de segunda instancia y analizar la legalidad del mencionado acto.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:
¿Los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, en su calidad de hijos y herederos de la señora Dioselina Briceño de Quiroga, tienen derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con ocasión de la tardanza en el pago de las mesadas pensionales de la sustitución pensional reconocida a la señora Briceño de Quiroga?
Como tesis frente a este cuestionamiento, la Subsección sostendrá la siguiente: los demandantes no tienen derecho al pago de los intereses deprecados, habida cuenta de que no es dable el pago simultáneo de la indexación de la suma adeudada y los intereses moratorios, por ser incompatibles, conforme se expone a continuación:
Marco normativo y jurisprudencial de los intereses moratorios
El artículo 53 de la Constitución Política previó que el pago oportuno de las mesadas es un principio mínimo fundamental que debe ser tenido en cuenta por la ley correspondiente y que el Estado debe garantizar su cumplimiento.
Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé lo siguiente:
«ARTICULO. 141. -Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.»
En este sentido, conforme a lo regulado en la citada disposición, a partir del 1.° de junio de 1994, en caso de tardanza en el pago de las mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá al pensionado sobre el importe de la obligación a su cargo, la tasa máxima de interés moratorio, para la Sala dicha indemnización no es más que una forma de conminar a la entidad previsional encargada de pagar las mesadas pensionales de forma oportuna una vez se otorga la pensión, con la finalidad de proteger a los pensionados en su calidad de vida, para mantener el poder adquisitivo del valor de su pensión, pues en principio esta sería la única forma de ingreso para la subsistencia de las personas de la tercera edad, quienes han perdido su fuerza laboral.
Es preciso indicar, que la expresión «de que trata esta ley», fue demandada ante la Corte Constitucional, que para confirmar su exequibilidad consideró en sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000, lo siguiente:
«Conforme a lo dispuesto, la Corte debe recordar que en este caso los intereses de mora tienen como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (art. 46 C.N.), quienes por sus condiciones físicas, o por razones de la edad o por enfermedad, se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia.
Luego, a juicio de la Corte, de no existir el reconocimiento por parte del legislador de los intereses de mora a favor del pensionado se convertirían en irrisorias las mesadas pensionales en caso de un incumplimiento tardío por parte de los organismos de la seguridad social encargados de satisfacer ese tipo de prestaciones sociales, pues la devaluación de la moneda hace que se pierda su capacidad adquisitiva en detrimento de este sector de la población.
Así las cosas, en criterio de la Corte, la disposición cuestionada parcialmente, no hace referencia a los pensionados, como lo expresa el actor, sino que ésta dispone, únicamente, que, al momento de producirse la mora, para efectos de su cálculo se reconoce al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, "la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento de que se efectúe el pago". En consecuencia, para la Corporación, el legislador produjo un cambio en cuanto a la forma como, a partir de la vigencia de la referida disposición, se deben calcular los intereses de mora en caso de un pago atrasado de las mesadas pensionales correspondientes, ya que la legislación vigente hasta el momento en que entró a regir la ley de seguridad social, no era diáfana en la materia. Recuérdese, que para un sector de la doctrina, las normas vigentes hasta el momento anterior en que entró a regir la Ley 100 de 1993, preveían una indemnización en caso de mora, en el pago de cualquiera de las mesadas pensionales, esto es, las que tuvieran como origen las pensiones de vejez, invalidez por riesgo común y la de sobrevivientes, la que se calculaba por cada día de retraso a un día de salario, según lo disponía el artículo 8º de la ley 10ª de 1972, reglamentada por el artículo 6º del decreto 1672 de 1973. Pero también, para otro sector de la doctrina, e inclusive para algunos jueces de la República, en ausencia de norma jurídica aplicable a los intereses de mora en materia pensional, acudían por analogía al artículo 1617 del Código Civil Colombiano, en cuanto lo relacionaban con el pago de las pensiones legales, disposición que a la postre fue declarada inexequible por esta Corporación mediante la sentencia C-367 de 1995 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Visto lo anterior, para la Corporación es evidente, que la finalidad de la disposición cuestionada apunta a proteger a los pensionados, teniendo en cuenta que, generalmente, se trata de personas de la tercera edad, cuya fuente de ingresos más importante, la constituye su pensión; luego, llegado el evento de la mora en el pago de sus mesadas pensionales, es justo y equitativo, como lo dispuso el legislador, que las entidades de seguridad social, que incurran en mora o se retrasen en el pago de las mismas, reparen los perjuicios que ocasionen o generen a esas personas por causa de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. […]». (Destacado intencional).
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado:
«El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.
Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.
No cabe duda de que el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios. Ello significa que éstos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.».
De esta forma, la indemnización por mora repara los perjuicios que se hubieren podido causar por el retardo en el pago de las mesadas pensionales, y se justifican ante la ocurrencia de fenómenos económicos que alteran la capacidad para atender las necesidades básicas, como lo son la devaluación de la moneda y la inflación.
Realizada la anterior precisión, la Subsección considera necesario resaltar que de conformidad con el citado artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago, tal y como lo ha considerado en otras oportunidades esta Corporación.
Bajo esta misma línea de intelección, la Corte Constitucional en sentencia SU-230 de 2015, advirtió que dichos intereses se reconocen solo a partir del momento en el que la obligación es otorgada y no existe controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de exigible, esto es, la condena por intereses procede una vez se determina en forma definitiva la obligación de reconocer la pensión.
En consecuencia, se colige que los intereses moratorios se causan por el retraso en la consignación de las mesadas pensionales en consideración al título que las haga exigible, esto es, el acto administrativo de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de dichos pagos, pues en ese momento nacería la obligación de pagar, y en caso de retardo en el desembolso se causaría la mora.
De la indexación
La Sala considera necesario revisar el contenido del artículo 53 Superior que prevé el derecho constitucional a mantener la capacidad adquisitiva del salario, cuyo texto es al siguiente tenor:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores».
En este orden de ideas, conforme al transcrito inciso 1.º del artículo 53 de la Constitución, el Estatuto del Trabajo debe desarrollar dentro de los principios fundamentales, el derecho a una «remuneración mínima vital y móvil», enunciado que ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional como un derecho constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario y de sus prestaciones.
Sobre el punto, se recuerda que la Sección ha considerado que el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Constitución Política.
Bajo esta óptica, se tiene que cuando se ordena la indexación, con ello se busca que la suma represente el valor real, sin embargo, en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, se puede concluir que éstas son incompatibles, por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.
Los libelistas no tienen derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios deprecados
De acuerdo con las precisiones normativas y jurisprudenciales expuestas en precedencia y a la luz del caso en estudio, en el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:
El 30 de septiembre de 2009 la señora Dioselina Briceño de Quiroga solicitó la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del señor Efraín Quiroga. (Folio 16 anverso y reverso).
La extinta Cana Nacional de Previsión Social en Liquidación a través de Resolución UGM 031175 del 3 de febrero de 2012, ordenó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de la señora Briceño de Quiroga, con ocasión del fallecimiento del su esposo Efraín Quiroga, a partir del 19 de junio de 2009. (Folios 17 a 19).
El 9 de mayo de 2012, la señora Dioselina Briceño de Quiroga radicó petición tendiente a la inclusión en nómina de pensionados. (Folio 21). Dicha solicitud fue reiterada el 17 de agosto de la mencionada anualidad. (Folio 22).
La señora Briceño de Quiroga falleció el 8 de noviembre de 2012, según da cuenta el registro civil de defunción. (Folio 15).
En virtud de lo anterior, conforme a Escritura Pública 1764 suscrita el 6 de junio de 2014 ante la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, se llevó a cabo el proceso de liquidación y sucesión notarial a favor de los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, en su calidad de hijos la señora Dioselina Briceño de Quiroga por la suma de $71.711.448.92, esto es, $17.927.862.23 para cada uno. (Folios 23 a 28).
En efecto, también fueron allegados los registros civiles de los demandantes, los cuales dan cuenta de que son hijos de la señora Briceño de Quiroga. (Folios 49 a 52). Aunado a ello, y conforme al mentado instrumento público, fue allegada certificación del monto de las mesadas causadas y no pagadas por valor de $71. 711.448.92.
Según proyección de mesadas causadas y no cobradas efectuada por la UGPP y que fuera allegada por la parte demandante dentro del proceso sucesoral, ascendía a la suma de 71.711.448.92. (Folio 55 vuelto)
Conforme con Resolución RDP 031377 del 26 de octubre de 2014, expedida por la subdirectora encargada de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP ante la petición realizada por los libelistas encaminada al pago de las sumas debidas a su madre Dioselina Briceño de Quiroga como consecuencia de la sustitución pensional a ella reconocida, resolvió:
«ARTICULO (SIC) PRIMERO: Reconocer y pagar por una sola vez las Mesadas Causadas y NO Cobradas, con ocasión del fallecimiento de BRICEÑO QUIROGA DIOSELINA quien en vida se identificó con la C.C. No. 21156609, quien fuere beneficiaria de la pensión que devengaba por el también causante pensionado señor QUIROGA EFRAIN (SIC), comprendidas entre el 1 de Junio de 2009 hasta el 8 de Noviembre de 2012, en cuantía de $1.639.388.02 (UN MILLON (SIC) SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 02/100 PESOS M/CTE), mensual y proporcional por día, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, a (los) siguiente (s) solicitantes:
QUIROGA BRICEÑO DIEGO LUIS, ya identificado (a) con un porcentaje de 25.00%.
QUIROGA BRICEÑO JOSE (SIC) JOAQUIN (SIC), ya identificado (a) con un porcentaje de 25.00%.
QUIROGA BRICEÑO NELSON ATLHEY, ya identificado (a) con un porcentaje de 25.00%.
QUIROGA BRICEÑO WILFRIDH, ya identificado (a) con un porcentaje de 25.00%.
ARTICULO (SIC) SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, pagan a la (sic) interesado (sic) las sumas a que se refiere en el artículo anterior con los reajustes correspondientes, primas y deducciones ordenadas por la ley, con observación del turno respectivo. […]». (Negrilla, redacción y mayúscula conforme a la transcripción). (Folios 59 a 61).
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
«Que mediante Resolución No. 1058 del 1 de enero de 1979 se reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $8.828.00 M/CTE, efectiva a partir del 27 de septiembre de 1975 al señor QUIROGA EFRAIN (SIC), quien en vida se identificó con C.C. […].
Que mediante Resolución No. 9068 del 16 de julio de 1987 se reajustó la anterior pensión, de acuerdo a la ley (sic) 4 de 1976 para el año 1977 y años subsiguientes.
Que el señor QUIROGA EFRAIN (SIC), falleció el 18 de Junio de 2009, según Registro Civil de Defunción.
Que mediante Resolución No. UGM 031175 del 03 de Febrero de 2012 se reconoció una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de QUIROGA EFRAIN (SIC), a partir del 19 de Junio de 2009 día siguiente al fallecimiento en la misma cuantía que devengada por el causante, a favor de la señora BRICEÑO QUIROGA DIOSELINA quien en vida se identificó con C.C. […].
Que la señora BRICEÑO QUIROGA DIOSELINA falleció el 08 de Noviembre de 2012, según Registro Civil de Defunción.
Que con ocasión del fallecimiento del señor (a) BRICEÑO QUIROGA DIOSELINA quien en vida se identificó con C.C. No. 21156609, y de acuerdo al fallecimiento ocurrido el 08 de Noviembre de 2012, se presentaron las siguientes (s) personas (s) a reclamar el pago de Unas Mesadas Causadas y No Cobradas:
QUIROGA BRICEÑO DIEGO LUIS, identificado (a) con CEDULA (SIC) CIUDADANIA (SIC) No. […] aportando los siguientes documentos: […]
QUIROGA BRICEÑO JOSE (SIC) JOAQUIN (SIC), identificado (a) con CEDULA (SIC) CIUDADANIA (SIC) No. […] aportando los siguientes documentos: […]
QUIROGA BRICEÑO NELSON ATLHEY, identificado (a) con CEDULA (SIC) CIUDADANIA (SIC) No. […] aportando los siguientes documentos: […]
QUIROGA BRICEÑO WILFRIDH, identificado (a) con CEDULA (SIC) CIUDADANIA (SIC) No. […] aportando los siguientes documentos: […]
Que conforme los soportes allegados, es procedente reconocer por una sola vez las mesadas causadas a:
QUIROGA BRICEÑO DIEGO LUIS, ya identificado.
QUIROGA BRICEÑO JOSE (SIC) JOAQUIN (SIC), ya identificado.
QUIROGA BRICEÑO NELSON ATLHEY, ya identificado.
QUIROGA BRICEÑO WILFRIDH, ya identificado.
Que obra Escritura Pública de sucesión No. 01764 de 06 de junio de 2014 proferida por la Notaria (sic) 5ta del Círculo de Bogotá D.C., de la sucesión de la señora DIOSELINA BRICEÑO DE QUIROGA en la que se indica como partida única:
“PARTIDA ÚNICA.- Consistente en la suma de $71.711.448.92, correspondiente a las mesadas pensiónales (sic) causadas entre el 18 de junio de 2009 y el 8 de noviembre de 2012 a favor de la causante DIOSELINA BRICEÑO DE QUIROGA como cónyuge sobreviviente de EFRAÍN QUIROGA, conforme a la Resolución número UGM 031175 emitida el 03 de febrero de 2012 por el Liquidador de CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación.”
Que el anterior reconocimiento estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP. […]». (Negrilla, redacción y mayúscula del texto original). (Ídem).
En virtud de lo anterior, los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, radicaron el 7 de octubre de 2014 ante la entidad demandada, que se pagaran las diferencias adeudadas por concepto de mesadas causadas y no cobradas, tomando en consideración que entre la fecha del fallecimiento del señor Efraín Quiroga (18 de junio de 2009) y la fecha de muerte de la beneficiaria, Dioselina Briceño de Quiroga (8 de noviembre de 2012), el valor susceptible de pago a herederos ascendía a $81.550.612,10.
Asimismo, solicitaron el pago de intereses moratorios por la tardanza en el reconocimiento de la sustitución pensional y por las mesadas causadas y no pagadas. Para tal fin realizó una liquidación que, en su sentir, era la correcta con la inclusión de mesadas adicionales de los meses de junio de los años 2009, 2010 y 2011. (Folios 63 a 66).
La anterior petición fue resuelta de manera negativa, por medio de Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015, signado por la subdirectora de Nómina de Pensionados de la entidad demandada, conforme con los siguientes argumentos:
«[…] Ahora bien, en cuanto a sus peticiones directas, le aclaramos, lo siguiente:
1- En la liquidación Efectuada por Usted, se toma el mes de JUNIO de 2009 (valor de la Mesada Pensional $1.639.388,02), en un 100%, y la Mesada Adicional de JUNIO de 2009 en un 100%.
Pero, una vez verificados los sistemas de información y consulta de LA UNIDAD, se evidencia que el CONSORCIO FOPEP, certificó que en el mes de JUNIO DE 2009, SE Reintegro (sic) a la Nación la Suma de $2.864,39. Se adjunta Histórico de Pagos emitido por el Consorcio FOPEP del señor EFRAIN (SIC) QUIROGA C.C. 467.271 (Q.E.P.D).
Adicionalmente, se aclara que el señor EFRAIN (SIC) QUIROGA C.C. 467.271 (Q.E.P.D), falleció el 18 de Junio de 2009, y atendiendo lo ordenado en la Ley 100 de 1993 en su artículo 142, el cual indica: […]. Se puede concluir que para el señor EFRAIN (SIC) QUIROGA C.C. 467.271 (Q.E.P.D), tuviera derecho a el (sic) reporte de la mesada 14 o mesada adicional del mes de Junio de 2009, se debería haber generado el pago total de la mesada ordinaria del mismo mes (JUNIO de 2009), por lo tanto, teniendo en cuenta que el causante falleció el 18 junio de 2009, no había lugar al reporte de la mesada 14 del mes de junio del año 2009.
Razón por la cual, y teniendo en cuenta los Reintegros a la Nación y que el causante no tenía derecho a la mesada 14 (Fecha Fallecimiento 18 de Junio de 2009), el mes de JUNIO DE 2009, se liquida con base en el valor de $1.432,19 M/cte., es decir, tal y como se liquidó en la Nómina de Noviembre de 2014, a favor de los HEREDEROS.
2- Ahora bien, respecto de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, téngase en cuenta que dicha normativa señala: […].
Así las cosas, la mora en el pago de las mesadas pensionales, se configura cuando la Entidad a cuyo cargo se encuentra la pensión correspondiente deberá reconocer y pagar la tasa máxima de interés moratorio; en otras palabras la sanción se ha de imponer cuando se presente retardo en el pago de la pensión, entendido este como la entrega de las sumas a que tiene derecho el pensionado, sin hacerla extensiva a la mora en el reconocimiento de la prestación que origina el pago de las mesadas adeudadas.
De conformidad con lo anterior, es pertinente tener en cuenta que los intereses moratorios fueron creados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con efectividad a partir del 01 de Abril de 1994, pero únicamente en caso de mora de las mesadas pensionales, y no para el reconocimiento pensional que debe precederle para los funcionarios contemplados en ella.
En virtud de lo expresado y como quiera que en la Resolución No. RDP 031377 del 18 de Octubre de 2014, no se reconoció el pago de intereses, ni de indexación, se informa que no es posible para ésta Subdirección proceder al reporte de los mismos.
En virtud de lo anterior, su solicitud No es Procedente, puesto que no hay valores pendientes por reportar a favor de los HEREDEROS.». (Negrillas y mayúsculas conforme a la transcripción). (Folios 67 a 68 vuelto).
Bajo esta intelección, y de cara a la situación específica de los demandantes, se advierte que:
• A la señora Dioselina Briceño de Quiroga en su calidad de cónyuge supérstite del señor Efraín Quiroga le fue reconocida la sustitución pensional, a través de Resolución UGM 031175 del 3 de febrero de 2012, a partir del 19 de junio de 2009 (folios 17 a 19), empero nunca fue incluida en nómina de pensionados (folios 21 a 22).
• La señora Briceño de Quiroga falleció el 8 de noviembre de 2012, (folios 15).
• Las mesadas pensionales causadas entre el 19 de junio de 2009 (fecha del fallecimiento del causante) y el 8 de noviembre de 2012 (momento de la muerte de la señora Briceño de Quiroga), ascendían a la suma de $71.711.448.92 (folios 23 a 28 y 55 vuelto).
• Dicho valor fue repartido entre los herederos de la señora Dioselina Briceño de Quiroga, esto es, a los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño, por un monto de $17.927.862.23 para cada uno, por sucesión notarial a través de Escritura Pública 1764 del 6 de junio de 2014 (folios 23 a 28).
• En efecto a través de Resolución RDP 031377 del 26 de octubre de 2014, la subdirectora encargada de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, le reconoció a los demandantes la mentada cantidad de dinero ($71.711.448.92), en proporción del 25% para cada libelista (folios 59 a 61).
• En virtud de lo anterior, los demandantes radicaron petición el 7 de octubre de 2014 ante la entidad demandada, con el fin de que les fuesen pagadas las diferencias adeudadas por concepto de mesadas causadas y no cobradas, así como el pago de intereses moratorios por este concepto y por la tardanza en el reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que en su sentir la suma a pagar ascendía a $81.550.612,10 y no a $71.711.448.92, como se les había pagado (folios 63 a 66).
• Dicha solicitud fue denegada por medio de Oficio 201514200651051 del 18 de noviembre de 2015, signado por la subdirectora de Nómina de Pensionados de la entidad demandada (folios 67 a 68 vuelto).
En esta línea de intelección, esta Sala observa que conforme con la situación fáctica descrita, en principio, sería dable el pago de intereses moratorios, habida cuenta de que concordaría con lo señalado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, esto es, la tardanza en el pago de las mesadas pensionales, pues se demostró que por medio de Resolución UGM 031175 del 3 de febrero de 2012, le fue reconocida la sustitución pensional a la señora Dioselina Briceño de Quiroga, con efectividad a partir del 19 de junio de 2009 y que nunca fue ingresada en nómina.
No obstante lo anterior, se advierte que los intereses moratorios proceden cuando se presente demora en el pago de la mesada pensional (luego de su reconocimiento). Mientras que la indexación comporta un derecho que deriva directamente de los postulados y pilares fundamentales del Estado Social de Derecho que promueven el mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas pensionales, en garantía de los principios de equidad, justicia social y de la protección de que gozan los adultos mayores, derechos de alta relevancia constitucional que no deben ser desconocidos, en virtud del principio pro homine.
Empero, no es dable el pago simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas y los intereses moratorios, toda vez que obedecen «[…] a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles [...]» .
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia, circunstancia que ha sido reiterada por esta Sección.
La anterior posición también ha sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:
«[…] Cuando los jueces condenan al pago de intereses de esta naturaleza se están remitiendo a una tasa que, también corresponde al resarcimiento por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, luego tampoco sería justo ni equitativo, esta vez con el deudor, hacer gravitar nuevamente y de manera arbitraria el deterioro del signo monetario, imponiéndole una condena adicional que vendría a hacerlo soportar un doble pago del mismo concepto por la vía de la revaluación de la suma liquidada adeudada.».
Ello, en consideración a que según proyección de mesadas causadas y no cobradas efectuada por la UGPP visible a folio 55 vuelto y que fuera allegada por la parte demandante dentro del proceso sucesoral, la suma de 71.711.448.92 que recibieron los demandantes, fue debidamente indexada (IPC) hasta el 8 de noviembre de 2012, fecha en que feneció el derecho prestacional a favor de la señora Briceño de Quiroga y por tanto de sus herederos, por dicho concepto, según se puede verificar en la imagen que a continuación se inserta:
De esta forma, no es dable ordenar los intereses moratorios sobre las mesadas causadas entre el 19 de junio de 2009 y el 8 de noviembre de 2012, puesto que, no es posible el pago simultáneo de la indexación de la suma adeudada y los intereses moratorios, por ser incompatibles, al tener el mismo propósito, esto sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 192 del CPACA, que opera sin necesidad de mandato judicial.
Se hace necesario precisar que conforme se analizó, la titular de la sustitución pensional solo tuvo derecho a este beneficio hasta el 8 de noviembre de 2012, fecha en la que falleció, y si bien el pago y reconocimiento a sus herederos por este concepto solo se dio hasta octubre de 2014, según lo afirman los mismos demandantes (folio 205), lo cierto es que la deprecada tardanza solo puede predicarse hasta el momento en que se extinguió el beneficio como lo fue la muerte de la señora Dioselina Briceño de Quiroga.
En este sentido, al cotejar la situación de los demandantes con lo previsto en la disposición que la rige, se observa que en efecto la suma adeudada y pagada por concepto de mesadas pensionales correspondientes a la prestación reconocida a la señora Dioselina Briceño de Quiroga y que luego le fue reconocida a sus herederos, se encuentra debidamente indexada, por lo que contrario a señalado por el a quo, no procede el pago de los intereses moratorios solicitados, en esa medida, se revocará la sentencia recurrida.
En conclusión: no hay lugar a ordenar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el pago efectuado a los herederos de la señora Dioselina Briceño de Quiroga y aquí demandantes, por concepto de sustitución pensional reconocida, fue debidamente indexada, por lo que no es dable el pago simultáneo de aquella y los intereses moratorios, por ser incompatibles.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y se denegarán aquellas, habida cuenta de que prosperaron los argumentos del recurso de apelación de la UGPP.
En este orden de ideas, se declarará probada la excepción propuesta por la UGPP denominada imposibilidad del pago de intereses moratorios.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección sentó posición en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
«El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a los demandantes en ambas instancias, en la medida que conforme el ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, resulta vencida en el proceso y se revocará en forma total la sentencia de primera instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 21 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron los señores Wilfridh, Diego Luis, José Joaquín y Nelson Atlhey Quiroga Briceño contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, UGPP. En su lugar:
Segundo: Declarar probada la excepción propuesta por la UGPP denominada imposibilidad del pago de intereses moratorios.
Tercero: Denegar las pretensiones de la demanda.
Cuarto: Condenar en costas en ambas instancias a los demandantes y a favor de la UGPP; las cuales se liquidarán por el a quo.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA. Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015). Al respecto se destaca, que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (folios 144 a 146), empero fue rechazado por extemporáneo por parte del a quo (folios 175 a 177), en consecuencia, solo se concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada (folio 187), el cual fue admitido por parte de esta Corporación mediante providencia del 24 de octubre de 2019 (folio 192).
«ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
[…]
3. Las excepciones.[…]».
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.»
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones». Al respecto ver Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-02587-01 (3756-2016). Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 12 mayo 2005, radicado: 22605. Al respecto, se pueden consultar las sentencias del 2 de mayo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17) y del 28 de mayo de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2015-00714-01(2003-18). Referencia: Expediente T- 3.558.256. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2017-01978-01(0444-18). Como por ejemplo el Artículo 5.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); artículo 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); artículo 5.° Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); artículo 1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículo 41 Convención sobre los Derechos del Niño. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2012-01593-01(0785-14). Ver entre otras, sentencias del 14 de mayo de 2020, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017) y del 3 de junio de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2017-0472901 (5749-2019). Sentencia del 6 de diciembre de 2011.
«Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código». Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante:
José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02467-01 (4057-2019)
Demandante: Wilfridh Quiroga Briceño y otros
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