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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02652-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02652-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Revocar la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor John Enrique Bustamante González contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En su lugar se dispone: Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero.- Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02652-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020), por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor John Enrique Bustamante González formuló
demanda, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) Auto 304 de 6 de agosto de 2015, emitido, en primera instancia,
por la Oficina de Control Disciplinario Interno, por medio de la cual se declaró
responsable disciplinariamente al señor John Enrique Bustamante González y se le
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el
término de 6 meses; ii) Auto 0315 de 29 de septiembre de 2015, proferido por la
Inspección Delegada Especial Dirección General que confirmó la decisión inicial; y,
iii) Resolución 4958, a través de la cual el director general de la Policía Nacional
ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones
sociales que dejó de devengar desde que le fue notificado el actor de ejecución y
hasta que le sean resarcidos los perjuicios; los perjuicios morales a los que se vio
sometido; ii) declarar que no existió solución de continuidad; iii) ordenar la
actualización de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y iv) ordenar el pago de los intereses moratorios, en
atención a lo consagrado en el artículo 192 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:

i) El 6 de agosto de 2015, por Auto 304, la Oficina de Control Disciplinario Interno
DIPOL, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor John
Enrique Bustamante González, en su condición de intendente, por haber incurrido
en la falta grave consagrada en el artículo 35 numeral 10 de la Ley 1015 de 2006,
a título de dolo; sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial por el término de 6 meses.

ii) El 29 de septiembre de 2015, a través de Auto 0315, la Inspección Delegada
Especial Dirección General, confirmó la decisión inicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

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Demandante: John Enrique Bustamante González

Como tales, se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; 5 y 19 de la
Ley 1015 de 2006 y 143 de la Ley 734 de 2002.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Los actos administrativos cuestionados vulneraron el derecho al debido proceso,
por cuanto al momento de abrir indagación preliminar en su contra no se le puso de
presente la falta por la cual sería investigado; se pretermitió su derecho de defensa
porque no se le dio la oportunidad de contrainterrogar a los testigos; los actos
administrativos cuestionados fueron emitidos por funcionarios que no eran
competentes.

ii) Aunado a ello, no se analizó que con su conducta no se vulneró ningún deber
funcional y, por lo tanto no se configuró la ilicitud sustancial.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación:1

i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas, lo que
permitió concluir que el disciplinado incurrió en la falta grave por la que fue
sancionado.

1 Folios 161 a 169.

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Demandante: John Enrique Bustamante González

ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al demandante se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa.

iii) Las pruebas obrantes dentro del expediente disciplinario se analizaron
conjuntamente, las cuales desvirtuaron la presunción de inocencia.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 8 de octubre de 2020, accedió a las pretensiones
de la demanda.2 Para tal efecto, se pronunció en estos términos:3

i) En el asunto que nos ocupa el hecho que llevó a que se investigara y sancionará
a la actor fue que éste se negó a aceptar el cargo de jefe de seguridad de la escuela
de investigación criminal de la policía nacional.

ii) No se comparte que la no aceptación de un cargo de carácter administrativo
quede tipificado en una orden de servicio, como lo hizo la entidad demandada,
porque su manifestación implicó la renuncia al cargo al que había sido designado,
siendo este un derecho que le asiste como cualquier funcionario público.

2 «Primero. Declararse la nulidad de los fallos sanciona Torio es proferidos el 6 de agosto de 2015 y

29 de septiembre del mismo año, por el jefe de oficina de control disciplinario interno de la dirección
general de la policía nacional y el inspector delegado especial DIPON, respectivamente; y que
sancionaron al actor con suspensión por seis meses e inhabilidad especial por el mismo término.
Segundo. Condenase a título de restablecimiento del derecho a que la policía nacional reconozca y
pague al señor John Enrique Bustamante González… Los sueldos Y prestaciones que dejó de
devengar por la sanción impuesta; sumas que deberán ser indexadas, desde que debieron
cancelarse hasta la ejecutoria de la sentencia. A partir de dicha ejecutoria deberán reconocerse
intereses hasta el pago efectivo. Tercero. Declarase que para todos los efectos legales no existió
solución de continuidad en el servicio. Cuarto. Ordena sea a la policía nacional que cancele los
antecedentes disciplinarios que se registraron a causa de la sanción impuesta; lo que a su vez se
comunicará la Procuraduría General de la nación con el mismo propósito».
3 Folios 277 a 288.

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Demandante: John Enrique Bustamante González

iii) En conclusión, no se configuró el elemento de la tipicidad, en relación con la no
aceptación de un cargo de carácter administrativo, vulnerándose con ello el derecho
al debido proceso.

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación4y lo sustentó así:

i) El tribunal de primera instancia desconoció el régimen especial de carrera de los
miembros de la Policía Nacional, que establece que las órdenes pueden estar
relacionadas con el servicio policial o funcional y que aquéllas tienen un carácter de
cumplimiento inmediato, a menos que sea ilegítima.

ii) Se equivoca el despacho judicial al pretender realizar una división entre lo que es
una orden de servicio y la supuesta negación a la aceptación de un cargo de
carácter administrativo, pues todas las órdenes entregadas dentro de la institución
por un superior a un subalterno están relacionadas con el servicio policial, ya que
destinar a un funcionario a ser jefe de seguridad de una instalación policial tiene que
ver con el servicio, pues dentro de sus competencias está el cuidado de todos los
estudiantes, instructores y la ciudadanía que está cerca a las instalaciones.

iii) Por la naturaleza castrense, todos sus miembros están en la obligación de
aceptar una orden, ya que, de conformidad a su perfil, el talento humano de la
Policía Nacional ubica su personal en diferentes perfiles sin olvidar que el señor
John Enrique Bustamante González tenía el grado de intendente jefe y por tal razón
la negación a una orden que fue clara, legítima y oportuna, ameritaba una
investigación y sanción disciplinaria en su contra.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4 Folios 294 a 299.

5

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Demandante: John Enrique Bustamante González

1.5.1. El demandante

Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte interesada
guardó silencio.

1.5.2. La demandada5

La entidad demandada insistió en lo manifestado en la contestación de la demanda
y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

1.6. Concepto del ministerio público.

El procurador tercera delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que a
continuación se indican:6

i) La aceptación de un cargo de carácter administrativo no hace parte del marco
legal y reglamentario de los deberes funcionales de la policía nacional, como
erradamente sostiene el apelante.

ii) No es posible afirmar que la no aceptación de un cargo administrativo de un
servidor público, en este caso miembro de la Policía Nacional, puede enmarcarse
en la tipificación del artículo 35 numeral 10 de la Ley 1015 de 2006, pues claramente
no se trata de una orden dictada en el ejercicio del poder de policía. Además, que
con ese tipo de orden no se está expidiendo un reglamento general ni mucho menos
se garantiza de algún modo la convivencia como función esencial policial ni de
materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados
de la institución.

5 Índice 12 de Samai.
6 Índice 31 de Samai.

6

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Demandante: John Enrique Bustamante González

2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido
proceso y, de conformidad con lo expuesto por el tribunal de primera instancia, se
configuró la atipicidad de la conducta.

De ser negativa la respuesta, se deberá analizar si se incurrió en la vulneración de
dicho derecho, porque en la etapa de indagación preliminar no se le dio a conocer
la falta por la cual sería investigado; se le pretermitió el derecho de defensa y
contradicción; los actos administrativos acusados fueron emitidos por un funcionario
que no tenía competencia; y, no se acreditó que con su conducta se hubiera
infringido deber funcional alguno.

2.2. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

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Demandante: John Enrique Bustamante González

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios
de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta
Institución es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz», y respecto a sus miembros, señala dicha disposición
que la «Ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».

En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006,
por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía
Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal
uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio
militar en la Institución Policial.

El artículo 3 ibidem dispone que el personal destinatario de esta ley, será
investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como faltas
disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.

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Demandante: John Enrique Bustamante González

Ahora, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que «El
personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes
preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con
atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las garantías
contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley.
La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen».

Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los
artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:

Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo
ejecutoriado.

Por su parte, la Ley 734 de 2002 en relación con el principio de presunción de
inocencia, consagra en su artículo 9 que «a quien se atribuya una falta disciplinaria
se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo
ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado cuando no haya modo de eliminarla».

El artículo 20 ibidem en cuanto a la interpretación de la Ley disciplinaria, señala que
«En la interpretación y aplicación de la Ley disciplinaria el funcionario competente
debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier

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Demandante: John Enrique Bustamante González

sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.

Frente a la oponibilidad de los medios probatorios, el artículo 138 de dicha normativa,
dispone que los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas a partir del
momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante

De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el 20 de mayo de 1996, el señor John
Enrique Bustamante González, se vinculó laboralmente a la Policía Nacional, en el
nivel ejecutivo.7

2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria

El 15 de mayo de 2014, la Dirección de la Escuela de Investigación Criminal por
orden interna 025, ordenó el traslado interno del intendente John Enrique
Bustamante González, al cargo de jefe de seguridad de instalaciones.8

El 4 de agosto de 2014, el director de la Escuela de Investigación Criminal, a través
de Oficio S-2014-006099/GUTAH-29 le informó al intendente jefe John Enrique
Bustamante González, que:9

7 Folios 206 a 209 del cuaderno de antecedentes administrativos.
8 Folio 35 del cuaderno de antecedentes administrativos.
9 Folio 6 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

Teniendo en cuenta la orden interno 025 de 15 de mayo de 2014 por la cual se nombra
como jefe de información y seguridad de instalaciones de la escuela de investigación
criminal, comedidamente me permito notificar de sus funciones así:
1. Organizar, dirigir y controlar el servicio de seguridad en las instalaciones policiales
e implementar acciones para su mejoramiento continuo.
2. Desarrollar acciones para prevenir, mitigar y administrar los riesgos inherentes a la
seguridad de personas e instalaciones, de acuerdo al mapa de riesgos de la unidad.
3. Orientar y supervisar las labores de tratamiento a incidentes y anomalías que se
detecten en el sistema de seguridad de personas e instalaciones y realizar planes de
mejoramiento.
4. Organizar y desarrollar estrategias con el fin de manejar la seguridad de la unidad
policial de manera integral, vinculando temas como planes de evacuación, plan
defensa y seguridad industrial.
5. Exigir la buena presentación personal de los funcionarios de la unidad, el uso
adecuado de los elementos y accesorios del uniforme y garantizar la adecuada
atención al público.
6. Dar instrucción en forma permanente sobre las medidas de seguridad al personal
asignado.
7. Informar oportunamente el comandante directo las novedades que se presenten
antes Y durante el servicio solicitando oportunamente el apoyo requerido. Ocho.
Ejercer control en la asignación de los lugares para el parqueo de vehículos en la
unidad policial. Nueve realizar pruebas de vulnerabilidad a las instalaciones policiales,
con el fin de detectar las falencias del servicio y elaborar un plan de mejoramiento
cuando éste se requiera.

En la misma fecha, el intendente jefe John Enrique Bustamante González le señaló
al jefe de Área de Talento Humano ESINC, lo siguiente: 10

Respetuosamente me permito informar a mi capitán los motivos personales por los
cuales no me encuentro en condiciones para asumir el cargo de jefe de seguridad de
la ESINC, así:

• Por valoraciones médicas realizadas en sanidad PONAL, fui declarado hipertenso,
tengo tres hernias discales y al tener altos niveles de estrés, agravan las dos
enfermedades anteriores.
• El desconocimiento en el manejo de las TICS tecnológicas de información y las
comunicaciones.
• En primera instancia el cargo de jefe de seguridad fue para mejorar mi estatus
institucional, convirtiéndose luego en una orden directa, desconociendo los
argumentos de índole personal.
• Por haber cumplido 20 años de servicio en tan bella institución y estar próximo recibir
mi tan merecida pensión.
• Por tener ciertas discrepancias en la organización de la seguridad. El
desmerecimiento por parte de algunos mandos de la escuela al servicio que prestan
los funcionarios de auxiliares, patrulleros Y mandos medios del nivel ejecutivo en la
guardia de prevención, teniendo en cuenta que son estos en la representación de la
policía nacional frente al cliente interno y externo, comunidad que se encuentra

10 Folio 7 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

expectante a la presencia policial en las instalaciones y alrededores de las mismas
debido a las diferentes modalidades de delitos.

El 5 de agosto de 2014, intendente jefe John Enrique Bustamante González señaló
lo siguiente:11

Respetuosamente me permito informar el complemento del oficio de fecha 4 de
agosto de 2014 a mi capitán los motivos personales por los cuales no me encuentro
en condiciones para asumir el cargo de jefe de seguridad ESINC, así:
• De acuerdo al manual de funciones el cargo de jefe de seguridad instalado para
señores oficiales.
• De acuerdo a mi perfil y el mayor tiempo de labor institucional me he desempeñado
en labores operativas y no administrativas.
Solicito respetuosamente ser ubicado en el lugar durante por varios años presté mi
servicio, dejando siempre en lo alto el nombre de mi sagrada institución.

En la misma fecha, mediante Oficio S-2014-006151/GUTAH 29, el jefe de Talento
Humano de la Escuela de Investigación Criminal le informó al director, lo siguiente:12

Asunto: informe novedad incumplimiento a orden
Respetuosamente me permito informar a mi coronel la novedad presentada con el
señor intendente Bustamante González John Enrique… Quien al recibir la orden de
continuar con el cargo de jefe de seguridad de las instalaciones, cargo que le fue
notificado mediante orden interna 025 de 15 de mayo firmada por la dirección de la
escuela desde antes de salir con 60 días de vacaciones, y al ser ratificado a su
regreso el día 4 de agosto del presente año mediante oficio… informa que no va a
recibir el cargo a lo cual lo informa mediante oficio sin número radicado ese día en
horas de la noche.

Al verificar los motivos expuestos en el oficio, nuevamente le notificó del cargo
mediante oficio… Indicándole los soportes documentales de la historia laboral y el
SIATH a lo cual nuevamente el señor suboficial indica mediante oficio que no va a
recibir el cargo y por el contrario solicita vacaciones mediante constancia (…).

El 8 de agosto de 2014, el director de la Escuela de Investigación Criminal remitió
al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno DIPON, los siguientes informes:13

• Comunicación oficial… De 5 de agosto de 2014, donde informa la novedad del
incumplimiento a la orden por parte del señor intendente jefe John Enrique
Bustamante González, quien no quiso recibir de jefe de seguridad instalaciones, Caro
que le había sido notificado mediante orden interna 025 del 15 de mayo de 2014

11 Folio 9 del cuaderno de antecedentes administrativos.
12 Folio 5 del cuaderno de antecedentes administrativos.
13 Folios 3 y 4 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

firmado por la dirección de la escuela antes de qué el funcionario saliera a disfrutar
60 días de vacaciones Y al ser ratificado a su regreso el día 4 de agosto manifiesta
mediante comunicación oficial que no va a recibir el cargo. Al verificar los motivos
expuestos nuevamente se le notifica el cargo mediante comunicación oficial… De 5
de agosto de 2014 indicándole los soportes documentales de la historia laboral, a lo
cual nuevamente el señor suboficial indica mediante comunicación oficial que no va
a recibir el cargo (…)
• De la misma forma se da lectura de las comunicaciones adelante relacionadas:
comunicación oficial… De 4 de agosto suscrita por el señor capitán Fabián Alexander
Barón Consuegra jefe área de talento humano, donde notifica el cargo al señor
intendente jefe John Enrique Bustamante González jefe información y seguridad de
instalaciones; comunicación oficial de 4 de agosto de 2014 suscrita por el señor
intendente jefe John Enrique Bustamante González, quien expone los motivos
personales por los que no se encuentra en condiciones para asumir el cargo de jefe
de seguridad de la ESINC; comunicación oficial… De 5 de agosto de 2014, donde
notifica por segunda vez el cargo de jefe de seguridad de las instalaciones, en
atención a que no hay soportes físicos y documentales en el SIATH ni en la historia
laboral que indiquen valoraciones médicas a las que hace alusión, de la misma forma
le notifica que ha verificado el cargo se encuentra ajustado con una valoración de
78.06 y con tendencia a subir seis puntos (…).

El 10 de noviembre de 2014, la Oficina de Control Interno – Dirección General dio
apertura de indagación preliminar en contra del señor John Bustamante González,
en su condición de intendente jefe y ordenó la práctica de pruebas.14

El 27 de noviembre de 2014, el capitán Fabián Alexander Barón Consuegra en
diligencia de ampliación y ratificación de informe, afirmó:15

Preguntado. Haga por favor un relato lo más detallado posible de los hechos que
usted le constan respecto de la conducta que se investiga en este despacho.
Contestó. Ahí lo que observo fue que el señor suboficial a pesar de tener 20 años de
servicio una trayectoria de cargos relacionados con el cargo a asumir indica que no
va a cumplir la orden y no obstante al preguntársele que cargo debería asumir el
indica dos cargos, que no son de la responsabilidad de un señor intendente jefe en la
escuela de investigación criminal. Preguntado. En la respuesta anterior indica mi
capitán que los cargos sugeridos por el señor suboficial no son de acuerdo a su grado
que es el de intendente jefe por favor diga este despacho cuáles son los cargos que
un intendente jefe debe de asumir a esa unidad policial. Contestó. Según la matriz de
los cargos y perfiles para la escuela investigación criminal un señor intendente jefe
puede asumir cargos como jefe de medios audiovisuales, jefe logístico, responsable
desarrollo curricular, jefe del grupo de formación para la investigación, jefe grupo
desarrollo de investigación, coordinador de programa, responsable de bienestar
universitario y los diferentes cargos que se despliegan de la oficina de talento
humano, asesor jurídico, cargos dentro del grupo financiero, responsable de

14 Folios 17 a 21 del cuaderno de antecedentes administrativos.
15 Folio 29 a 31 del cuaderno de antecedentes administrativos.

13

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

Contratos, jefe de seguridad de las instalaciones, a los cuales el señor suboficial tiene
el perfil por conocimientos básicos y especializados ya que cuenta con formación de
pregrado en derecho y capacitación en docencia, pero por su experiencia e
indicaciones del señor su oficial quería continuar en la seguridad de las instalaciones
y no pasar a la parte administrativa, se le dio la orden de continuar como jefe de
seguridad de las instalaciones de la escuela, para lo cual indica verbalmente que
quiere continuar el grupo de seguridad pero en un cargo que no le genere
responsabilidad… Preguntado. Indique por favor al despacho que labores
desempeñaba el señor intendente jefe John Enrique Bustamante antes de qué se le
notificar el cargo. Contestó. Él se encontraba como comandante de guardia y fue
notificado en atención a que el jefe de seguridad de las instalaciones salió destituido
de la Policía Nacional.

El 9 de diciembre de 2014, el intendente jefe John Enrique Bustamante González
rindió su versión libre, dentro de la cual indicó:16

(…) Después de llegar de vacaciones se me da la orden de recibir de jefe de
seguridad, nunca se me notificó mediante orden de servicios de dicho acto
administrativo, es de anotar que ya había entregado dicho cargo mediante acta de
fecha 3 de junio de 2014 o nos adentramos en la parte personal los cuales fueron los
que motivaron a rechazar dicho cargo fue primero por el estado de salud, la parte
emocional el estrés que venía presentando actualmente en lo laboral y en mi núcleo
familiar, tener hipertensión arterial o haber sido diagnosticado con hipertensión
arterial, en la parte lumbar una lesión en la columna que afectaba mi motricidad,
habiendo días que no podía ni pararme de la cama debido al estrés a pesar que ya
venía de unas vacaciones Y por mi salud debía evitar estar en altas presiones para lo
cual ese cargo requería que mi condición física fuera en altas condiciones porque
tocaba manejar personal y demás circunstancias debido al cargo que requería de
mucha responsabilidad y nunca me ha gustado hacer las cosas de forma mediocre.
Segundo en cuanto a las discrepancias de conceptos con el director de la escuela
frente a la organización de la seguridad, toda vez que yo pensaba de una forma y el
de otra es muy difícil así coordinar algo. Tercero, en cuanto al perfil que mi capitán
varón Consuegra hace mención para recibir el cargo, yo no estoy de acuerdo, yo
siempre sido más operativo de acuerdo a mi perfil que no administrativo y para el
cargo que nos compete esta dado hacia un oficial, ese cargo debido a la capacitación
y las clases que ellos reciben en su curso de administradores policiales y por los
diferentes roles que se desempeña como jefe de seguridad, teniendo en cuenta las
diferentes reuniones que el señor jefe de seguridad debe asistir es por eso que
manifiesto que ese cargo es de un oficial. Cuarto, en el momento de no aceptar el
cargo solicitó el conducto regular a mi coronel para hablar con el señor director
nacional de escuelas, su respuesta negativa sujeta a la solicitud de vacaciones las
cuales fueron tomadas, pero más por petición de él porque no fueron voluntarias,
porque prácticamente con el resto de vacaciones que tenía, no respetando con esto
el plan vacacional porque yo ya había salido con dos meses en este año dejándome
tres días registrados en mi plan vacacional sin pensar que más adelante se me podía
presentar alguna calamidad o situación en los cuales necesitaba acudir a esas
vacaciones. Preguntado. Por favor manifieste al despacho si desea corregir, agregar

16 Folios 58 a 60 del cuaderno de antecedentes administrativos.

14

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

o adicionar algo que se haya omitido en la presente diligencia. Contestó. Primero
quisiera saber frente a una novedad ocurrida en el tiempo en el cual asumió el señor
intendente jefe y ver Cardona el grado de responsabilidad que hubiera tenido yo,
estando disfrutando de mis vacaciones a sabiendas que yo le había entregado
mediante acta el cargo a dicho funcionario. El desconocimiento del plan corazón verde
por parte de los que conforman la directiva de la escuela, debido a que me mandaron
a vacaciones y posteriormente me trasladaron, me siento juzgado más de una vez
por una falta. Dejo claridad con referencia a la declaración del señor capitán varón
Consuegra quien manifiesta que yo tome una actitud irreverente y descortés, quiero
manifestar que no ocurrió de esa manera, simplemente puse mi posición negativa
explicando la razones de peso y solicitando el conducto regular. Con referencia al
perfil de idoneidad en donde supuestamente yo manifiesto que el cargo que me
gustaría desempeñar es ayudante de la armerillo, ese cargo nunca ha existido en la
escuela es por eso que nunca manifesté eso no es cierto y del cargo la cual yo cuando
estuve de jefe de seguridad se nombraba con el personal de alumno de apoyos que
se encontraban en la escuela. Lo único que le solicité a mi capitán fue que me dejara
de comandante de guardia de prevención puesto que era el lugar en que había durado
más tiempo durante mi permanencia en la escuela; en la capacitación del ciudadano
digital no es algo relevante frente al manejo administrativo el cargo de jefe de
seguridad, los procesos actuales que maneja la institución son mucho más complejos
(…).

El 29 de enero de 2015, por Auto 023, la Oficina de Control Disciplinario Interno –
Dirección General decidió tramitar la investigación disciplinaria a través del
procedimiento verbal, citar a audiencia pública al señor John Enrique Bustamante
González, en su condición de intendente y formular pliego de cargos en su contra.17

El 6 de julio de 2015, el disciplinado, a través de defensor de oficio, presentó sus
descargos.18

El 21 de julio de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno – Dirección General
decretó la nulidad del Auto 023 de 29 de enero de 2015, por existir ambigüedad en
el cargo endilgado.19

El 22 de julio de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno – Dirección General
decidió tramitar la investigación a través de proceso verbal, citar a audiencia pública

17 Folios 77 a 97 del cuaderno de antecedentes administrativos.
18 Folios 109 a 112 del cuaderno de antecedentes administrativos.
19 Folios 119 y 120 del cuaderno de antecedentes administrativos.

15

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

al señor John Enrique Bustamante González, en su condición de intendente y
formular pliego de cargos en su contra, así:20

Único cargo endilgado
Artículo 35. Ley 1015 de 2006, son faltas graves las siguientes. Numeral 10. Incumplir,
modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir
cambio, sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio.

Lo anterior toda vez que como se ha logrado establecer con las pruebas arrimadas
en la presente investigación, el señor intendente jefe Johnny Enrique Bustamante
González para el día de marras, al parecer no tenía argumento válido alguno para no
recibir el cargo que le estaban notificando, de paso sea decirlo, incumpliendo al
parecer sin causa justificada las órdenes relativas al servicio (…)
Ello en razón a que para el día 4 de agosto de 2014 al señor intendente jefe John
Bustamante González le fue ordenado por parte del señor capitán Fabián Alexander
Barón Consuegra jefe de talento humano de la escuela investigación criminal,
mediante oficio…; En las instalaciones de la escuela investigación criminal asumir el
cargo de jefe de seguridad e instalaciones de la misma unidad, orden relativa al
servicio que al parecer incumplió el señor intendente jefe Johnny Enrique Bustamante
González presuntamente argumentando que era un puesto para oficiales de la policía
nacional.
(…)
Conforme a la calificación provisional y como quiera que en este asunto se ha
señalado una norma, como aparentemente vulnerada, se debe decir que esta se
encuentra señalada taxativamente como falta grave al tenor de lo consagrado en el
artículo 35 de la ley 1015 de 2006, cumpliendo todos los presupuestos normativos
para tal calificación y en marcados en el numeral 10 del ya mencionado artículo, cuya
culpabilidad radica posiblemente en dolo (…)
Siendo suficientemente definido el dolo desde la doctrina jurídica, considera esta
instancia hacer claridad sobre los elementos constitutivos de éste, el elemento
cognitivo tiene lugar en el conocimiento de la ilicitud de la conducta, del señor
intendente jefe John Enrique Bustamante González, como ya se dijo en la capital
anterior, pero resulta imperativo para esta instancia exponer que este elemento surge
en el comportamiento de la aquí encartado cuando conociendo que está llamado a
cumplir las órdenes superiores siempre y cuando estas no lo conduzcan a la comisión
de ilícitos, no las cumple, conocimiento que ha adquirido en el trasegar de su carrera
policial, tras llegar que se compone de 21 años, seis meses y 22 días de servicio,
trayectoria que le da el conocimiento suficiente para saber que este tipo de
actuaciones no son propias en el desarrollo profesional de un funcionario de la policía
nacional.

Respecto del elemento volitivo, se tiene que el desarrollo de los mismos hechos, el
aquí encartado al parecer tuvo la voluntad de incumplir la orden del señor capitán
Fabián Barón Consuegra, representada dicha voluntad al no recibir el cargo el cual
se le estaba notificando hecho disciplinariamente reprochable, toda vez que
anteriormente ya había desempeñado dicho cargo y se lo entregó al señor intendente
jefe y ver Humberto Cardona Gómez mediante el acta de fecha 3 de junio de 2014,
cuando salió con 60 días de vacaciones, con esto se puede evidenciar que ya no

20 Folios 122 a 145 del cuaderno de antecedentes administrativos.

16

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

quiso seguir en el cargo y es por ello que se da la negativa del mismo y lo sustenta
en tener problemas de salud, sin aportar los dictámenes médicos (…).

El 31 de julio de 2015, el investigado, a través de defensor de oficio, presentó sus
descargos.21

El 6 de agosto de 2015, por Auto 304, la Oficina de Control Disciplinario Interno
DIPOL, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor John
Enrique Bustamante González, en su condición de intendente, por haber incurrido
en la falta grave consagrada en el artículo 35 numeral 10 de la Ley 1015 de 2006,
a título de dolo; sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad
especial por el término de 6 meses.22

Contra el anterior auto el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 29 de septiembre de 2015, mediante Auto 0315, por la Inspección
Delegada de Dirección General, confirmando la decisión inicial.23

El 10 de noviembre de 2015, por Resolución 04958, el director general de la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.24

2.4. Caso concreto – Análisis de la Sala

2.4.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad restaurar
el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un acto
administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de

21 Folios 146 a 148 del cuaderno de antecedentes administrativos.
22 Folios 152 a 174.
23 Folios 186 a 201 del cuaderno de antecedentes administrativos.
24 Folio 217 del cuaderno de antecedentes administrativos.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.

La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de
garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.

Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.

Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:

3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en

18

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del
ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.25

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.

El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se

25Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.

19

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)

Posteriormente, en reciente pronunciamiento, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de unificación, dejó sentado que el control de legalidad
de actos de carácter sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación
disciplinaria, conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que
dentro del trámite correspondiente se hubieran observado las garantías
constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un
control judicial integral. Dijo la Sala:

«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por

20

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»26

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.

2.4.2. Violación del derecho al debido proceso

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un
orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria27.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al

26 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
27 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: John Enrique Bustamante González

cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»28.

Frente a este cargo, la entidad demandada sostiene que, contrario a lo manifestado
por el tribunal de primera instancia, no se vulneró el derecho al debido proceso del
investigado y que, en consecuencia, el actor sí incurrió en la falta endilgada, en tanto
que toda orden está relacionada con el servicio de la Policía Nacional y, por la
naturaleza castrense de la institución, sus miembros están obligados al
cumplimiento de los deberes funcionales que se les impone.

2.4.2.1. De la tipicidad en materia disciplinaria

28 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

22

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

El artículo 4 de la Ley 734 de 2002, dispone que «el servidor público y el particular
en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley
vigente al momento de su realización», siendo esta la consagración legal que impone
la realización de un proceso de subsunción típica en cada proceso disciplinario, que
implica que el operador determine expresamente en cada caso si el comportamiento
investigado, según como haya sido demostrado, se adecua efectivamente a la
descripción típica establecida en la Ley que se va a aplicar.

Por su parte, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha
establecido en cuanto a este principio en materia disciplinaria, que29:

En esa medida, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es sometido
a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los componentes de la
legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante. Sólo luego de haber surtido
de manera expresa y detallada dicho proceso de razonamiento lógico-jurídico en el
texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá llegarse a la conclusión de que la
conducta investigada es típica. La subsunción típica se vincula así directamente, en
tanto componente necesario, al principio de tipicidad en el derecho disciplinario. Es,
más aún, un proceso de naturaleza técnica que los operadores disciplinarios han de
desplegar con el mayor rigor jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo,
presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido debidamente
interpretada en todos sus componentes de conformidad con los distintos métodos
hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que las pruebas que obran en
el proceso demuestren en forma contundente la ocurrencia de los hechos y la
culpabilidad individual del procesado.

En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado
tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que
realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte Constitucional, en virtud de
la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos
jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio
para realizar el proceso de subsunción típica – margen que se activa, se infiere
necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y
que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede –y debe- acudir a
una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la
adecuación típica. En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el
derecho penal y el derecho disciplinario «se deriva de la admisión de los tipos en
blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria,
[y] hace referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador

29 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de marzo de 2014,

expediente No. 0263-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

23

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Demandante: John Enrique Bustamante González

disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone
de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o
no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo
sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia
disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de
adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción
de las faltas disciplinarias debe ser objeto de complementación o determinación a
partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan
deberes, mandatos y prohibiciones»30.

2.4.2.1.1. De la falta disciplinaria endilgada

En el sub examine al momento de la formulación de los cargos al señor John Enrique
Bustamante González, en su condición de intendente de la Policía Nacional, la
Oficina de Control Interno – Dirección General consideró que, del material probatorio
obrante dentro del expediente, era dable imputarle la falta grave contenida en el
artículo 35 numeral 10.º de la Ley 1015 de 2006, que prevé «incumplir, modificar,
desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios, sin
causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio».

Ahora bien, los elementos básicos de la conducta típica descritos en la falta
imputada al actor, son: 1) unos verbos rectores consistentes en incumplir31,
modificar, desautorizar, eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, e introducir
cambios; 2) sin causa justificada; y 3) las órdenes o instrucciones relativas al
servicio.

La conducta reprochada al actor fue el haber incumplido una orden relativa al
servicio.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define que una orden,
es un «mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar».

30 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
31 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, incumplir es «No

cumplir algo».

24

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1015 de
2006, la «disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de
la Institución Policial e implica la observancia de las disposiciones Constitucionales,
legales y reglamentarias que consagran el deber profesional».

Dentro de los deberes profesionales de los miembros de la Policía Nacional está el
de cumplir las órdenes a sus superiores. Respecto a las órdenes en la Policía
Nacional, la Ley 1015 de 2006, en sus artículos 28 y 29, menciona que:

ARTÍCULO 28. NOCIÓN. Orden es la manifestación externa del superior con
autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima,
lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función.
ARTÍCULO 29. ORDEN ILEGÍTIMA. La orden es ilegítima cuando excede los límites
de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la Constitución
Política, la ley, las normas institucionales o las órdenes legítimas superiores.

En consideración a lo anterior, si la orden excede los límites de la competencia o
conduce manifiestamente a la violación de la Constitución Política, la Ley, las
normas institucionales o las órdenes legítimas superiores, el subalterno no está
obligado a cumplirla.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha manifestado, que «dentro de la Policía
Nacional tampoco aplica la obediencia ciega o irrestricta y, en esa medida, los
subalternos pueden desobedecer aquellos mandatos de sus superiores que
excedan el límite de la competencia o conduzcan “manifiestamente” al
desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal, es decir, órdenes que
ostensible y evidentemente, sin mayor capacidad analítica o reflexiva del sujeto,
entrañan la ejecución de una conducta antijurídica».32

En ese orden de ideas, en la Fuerza Pública no es admisible la exoneración absoluta
de la responsabilidad de quien ejecuta órdenes superiores que signifiquen la
vulneración de reglas y principios constitucionales, máxime si sus actos se apartan

32 T- 582 de 2016.

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de la institucionalidad, no siendo compatible con el derecho internacional
humanitario, que un militar consciente de su acción se escude en la orden superior
con el fin de obtener una exoneración absoluta de su responsabilidad por las
infracciones que cometa en relación con sus principios y reglas, razón por la cual,
ningún miembro de la Fuerza Pública puede desconocer el marco que le impone el
principio de legalidad por encima de cualquier orden dada por sus superiores.

2.4.2.1.2. Del traslado en la Policía Nacional

El artículo 218 de la Constitución Política, define a la Policía Nacional como un
cuerpo armado de naturaleza civil, cuya misión es eminentemente preventiva y
dirigida a mantener «las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».

Por su parte, el artículo 40 numeral 2.º del Decreto 1791 de 2000, por el cual se
modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, dispone que:

TRASLADO. Es el acto de autoridad competente por el cual se cambia de unidad o
dependencia policial, con el fin de desempeñar un cargo o la prestación de un servicio.
Contra el acto administrativo que ordena el traslado no procede recurso alguno (…).

El artículo 42 ibídem, determina la forma de efectuar los traslados de la siguiente
manera:

(…) Las destinaciones, traslados, comisiones y encargos, se dispondrán en la
siguiente forma:
3. Por Orden Administrativa de la Dirección General de la Policía Nacional.
(…)
b. Destinaciones y traslados de oficiales subalternos, del nivel ejecutivo, suboficiales
y agentes.

A su turno, la Resolución 4581 de 7 de septiembre de 2006, regula dos tipos de
traslado, uno, por necesidades del servicio y, el otro, por solicitud propia.

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En consideración a la normativa referida y a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
debe señalarse que quien decide ingresar a la Policía Nacional acepta que, por la
necesidad de eficacia en la prestación del servicio y la prevalencia del interés
público, el nominador tiene la potestad de realizar las gestiones que considere
necesarias para mejorar la prestación del servicio, entre ellas, el traslado de
personal, lo cual indica que debe prevalecer el interés general sobre el particular.33

Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado que el traslado es una expresión
de lo que se conoce como el ius variandi, el cual consiste en la facultad a cargo del
empleador de alterar las condiciones de trabajo, en lo que respecta al modo, lugar,
cantidad y tiempo de labor, en razón al poder subordinante que tiene sobre sus
trabajadores. Ahora, dicho poder no es ilimitado, dado que debe ejercerse dentro
del marco establecido en la Constitución Política, sobre el cual el trabajo deberá
desarrollarse en condiciones dignas y justas, sin que implique condiciones menos
favorables para el empleado;34 concepto que, sin embargo, no resulta aplicable en
estricto sentido a las Fuerzas Militares tanto por su naturaleza y funciones, como
por su estructura jerarquizada que hace que la administración tenga un mayor grado
de discrecionalidad en el ejercicio del ius variandi.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:35

Teniendo en cuenta la delicada misión que se ha confiado a la Policía Nacional, es
comprensible que exista un alto grado de discrecionalidad por parte de los superiores
para realizar los movimientos que se consideren necesarios, máxime teniendo en
cuenta la situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente en el país,
pues lo contrario equivaldría a declinar en la labor que se le ha encomendado. No
puede pretenderse dar un trato similar a una persona que trabaja en una empresa del
sector privado, o en una actividad pública que permita mayor flexibilidad, que al
miembro del Ejército o de la Policía Nacional cuyos servicios se requieran -según las
necesidades del servicio- en cierto punto del territorio, pues en estos casos está
claramente comprometido el interés público.

33 Ver sentencia de 25 de marzo de 2015 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de

Estado, radicación N.º 13001-23-31-000-2014-00033-01.
34 Sentencia de 4 de abril de 2013, radicado interno N.º 0647-2010.
35 T-355 de 2000.

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Así, la característica esencial de un movimiento de personal que se lleve en el sector
público y en especial en las Fuerzas Militares, es su carácter de obligatorio
cumplimiento, fundado en el mantenimiento de la disciplina y el orden al interior de
la administración pública.36

Por su parte, el Consejo de Estado ha mencionado que «al tratarse la Policía
Nacional de un ente de la naturaleza descrita, no hay duda que, cuando se trata de
traslados, se mantiene la característica de ser un concepto relativo y restringido, por
cuanto en virtud de la discrecionalidad se debe tener en cuenta la necesidad del
servicio, pero también las condiciones particulares del servidor público que será
sujeto del mismo, sin olvidar que siempre ha de buscarse el interés general, pues
esa es la finalidad del Estado social de derecho contemplado en la Constitución
Política».37

2.4.2.1.3. Del caso concreto

Al respecto, conforme al acápite anterior, se tiene que las órdenes del servicio de la
Policía Nacional son manifestaciones unilaterales del superior jerárquico hacía un
subordinado, con el objeto de cumplir los fines y propósitos del servicio policial en
determinadas condiciones, es decir, que la orden está relacionada con la prestación
del servicio propiamente dicha y con el nivel de jerarquía en la que está estructurada
la institución.

En el asunto sometido a consideración se observa que, de conformidad con las
pruebas obrantes dentro del expediente, el director de la Escuela de Investigación
Criminal, teniente Julio César Sánchez Molina, el 15 de mayo de 2014, impartió una
orden interna a su subalterno, el intendente Bustamante González, relacionada con
trasladarse al cargo de jefe de seguridad de instalaciones, una vez finalizara su
periodo de vacaciones.

36 Ver sentencia de la Corte Constitucional de 14 de febrero de 2007, expediente D-6404.
37 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado de 2 de octubre de 2019,

número interno: 2227-2017.

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No obstante, el señor John Enrique decidió desconocer dicha orden, aduciendo
razones personales y de salud para no aceptar el traslado, sin que en momento
alguno hubiera allegado una prueba que acreditara la veracidad de sus
afirmaciones.

En consideración a lo anterior, pese a que el intendente por ser miembro de la
Policía Nacional debía haber aceptado el traslado, teniendo en cuenta que dicho
movimiento obedeció, primero, a razones del servicio, en tanto que el titular del
cargo había sido destituido y el señor Bustamante González, en una oportunidad
anterior, ya lo había ejercido; segundo, a que el traslado es de obligatorio
cumplimiento, en tratándose de las Fuerzas Militares; y, tercero, a las funciones
esenciales que debía cumplir como jefe de seguridad de las instalaciones,38 éste,
motu proprio, no acató la orden interna, sin que, si insiste, probara una justificación
al respecto.

Ahora, de no estar de acuerdo con su traslado, el actor tenía la posibilidad de acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y demandar el acto administrativo
que dio dicha orden.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el tribunal de primera instancia, el traslado
sí era una orden que debía ser acatada por el intendente, por lo que, en
consecuencia, se probó la comisión de la falta endilgada, por haber incumplido, sin

38 «1. Organizar, dirigir y controlar el servicio de seguridad en las instalaciones policiales e
implementar acciones para su mejoramiento continuo.
2. Desarrollar acciones para prevenir, mitigar y administrar los riesgos inherentes a la seguridad de
personas e instalaciones, de acuerdo al mapa de riesgos de la unidad.
3. Orientar y supervisar las labores de tratamiento a incidentes y anomalías que se detecten en el
sistema de seguridad de personas e instalaciones y realizar planes de mejoramiento.
4. Organizar y desarrollar estrategias con el fin de manejar la seguridad de la unidad policial de
manera integral, vinculando temas como planes de evacuación, plan defensa y seguridad industrial.
5. Exigir la buena presentación personal de los funcionarios de la unidad, el uso adecuado de los
elementos y accesorios del uniforme y garantizar la adecuada atención al público.
6. Dar instrucción en forma permanente sobre las medidas de seguridad al personal asignado.
7. Informar oportunamente el comandante directo las novedades que se presenten antes Y durante
el servicio solicitando oportunamente el apoyo requerido. Ocho. Ejercer control en la asignación de
los lugares para el parqueo de vehículos en la unidad policial. Nueve realizar pruebas de
vulnerabilidad a las instalaciones policiales, con el fin de detectar las falencias del servicio y elaborar
un plan de mejoramiento cuando éste se requiera».

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causa justificada, una orden relativa al servicio.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el a quo accedió a las pretensiones de la
demanda por la vulneración del derecho al debido proceso y, como se mencionó,
se encontró acreditado que no existió atipicidad de la conducta, la Sala entrará a
analizar si, como se afirmó en el escrito de la demanda, se vulnero tal derecho, toda
vez que en la etapa de indagación preliminar no se le dio a conocer la falta
endilgada, se le pretermitió su derecho de defensa y contradicción, se incurrió en
falta de competencia y, finalmente, no se vulneró deber funcional alguno.

2.4.2.2. De la indagación preliminar

En atención a lo dispuesto en el Código Disciplinario Único39, la indagación
preliminar tiene por objeto establecer la procedencia de la investigación disciplinaria,
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta
disciplinaria, o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de
responsabilidad, siendo el objetivo principal de dicha etapa, establecer la identidad
de quien o quienes pueden estar involucrados en hechos irregulares, razón por la
cual no le asiste razón al actor, en el entendido que en esta etapa no debe
establecerse la descripción y determinación de la conducta investigada, con
indicaciones de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que ello es propio
del Auto de formulación de cargos.40

2.4.2.3. Del derecho de defensa en materia disciplinaria

Respecto al derecho de defensa en materia disciplinaria, el artículo 17 de la Ley 734
de 2002, dispone:

Artículo 17. Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado
tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado
solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como

39 Artículo 150 de la Ley 734 de 2002.
40 Artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

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persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo
hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio
Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

Por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que «una de las principales
garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido
éste como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier
proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias
razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra
y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de
ejercitar los recursos que la ley otorga»41. Dicha corporación también ha concluido
que el ejercicio de esa garantía procesal busca «impedir la arbitrariedad de los
agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad,
con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las
decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado»42.

Ahora bien, debe resaltarse que en el asunto sometido a consideración, mediante
Auto de 10 de noviembre de 2014, se dio apertura de indagación preliminar en
contra del señor John Enrique Bustamante González, en su condición de intendente,
haciéndole saber que le asistían los derechos consagrados en el artículo 92 del
Código Único Disciplinario, que prevé «Como sujeto procesal, el investigado tiene
los siguientes derechos: 1. Acceder a la investigación; 2. Designar defensor; 3. Ser
oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de
primera instancia; 4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir
en su práctica; 5. Rendir descargos; 6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando
hubiere lugar a ello; 7. Obtener copias de la actuación; y 8. Presentar alegatos de
conclusión antes del fallo de primera o única instancia».43

41 Sentencia C-025 de 2009, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
42 Sentencia C-617 de 1996, magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
43 Folios 17 a 21 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Igualmente, una vez se le notificó, personalmente dicha decisión, el 19 de
noviembre de 2014, el operador disciplinario le puso de presente los derechos con
los que contaba, por tener la calidad de disciplinado.44

Al respecto, la Sala ha sostenido que «de una interpretación sistemática45 de las
disposiciones de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 734 de 2002, que se refieren al
derecho de contradecir las pruebas, y particularmente a intervenir en su práctica,
puede determinarse que no en todos los eventos en los que se recauden medios
probatorios sin la presencia del investigado surge la necesidad de excluirlos como
fuente de conocimiento de los hechos para la autoridad disciplinaria. Esto, por
cuanto lo sustancial en estas situaciones, es que el disciplinado haya tenido la
posibilidad de pedir que fueran ampliados o reiterados, en los puntos que estimara
necesario».46

En tal sentido, la doctrina ha consagrado lo siguiente:47

El derecho de contradicción incluye la necesidad de que se le informe al investigado,
con la debida oportunidad, la fecha, lugar y hora en que se van a llevar a cabo las
diligencias, para que pueda estar presente, si esa es su intención (…) la falta de la
debida comunicación puede llevar a que tales diligencias carezcan de toda validez,
trayendo consigo una declaratoria de nulidad (…) no obstante, no se debe perder de
vista que esas actuaciones pueden ser saneadas por el investigado o su abogado,
por conducta concluyente. en cuanto a la petición de que se repitan todas las
actuaciones, por una posible violación del debido proceso, del derecho de defensa y
de contradicción, si ella es formulada de manera genérica, puede ser rechazada,
estando obligado el investigado o su apoderado a precisar cuáles de esas
actuaciones deben repetirse, las razones por las cuales se requiere que sean
practicadas nuevamente, puntualizando el derecho conculcado y la manera como lo
ha sido, y los aspectos en concreto que con su reedición, pretende controvertir en su
defensa.

Así las cosas, para verificar la transgresión del derecho al debido proceso en estos
asuntos, resulta necesario revisar si al investigado y a su apoderado se les dio la

44 Folio 27 del cuaderno de antecedentes administrativos.
45 «La interpretación sistemática sirve, entre otras cosas, para liberar de contradicciones al
ordenamiento jurídico». ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Segunda edición en
español. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 237.
46 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección A de 10 de octubre de 2019, expediente N.º 0226

de 2017, consejero ponente: William Hernández Gómez.
47 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Cuarta edición. Página 64.

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oportunidad de revisar el expediente para conocer las pruebas, presentar versión
libre y descargos, solicitar la práctica de pruebas e interponer recursos y nulidades,
para concluir que si en efecto ello sucedió «no se puede sacrificar el principio que
exige a las autoridades disciplinarias buscar la verdad y hacer justicia. Esto es así,
en la medida en que solo las irregularidades que afecten realmente los derechos de
defensa y contradicción del investigado, y que además hayan sido puestas de
presente por él o su defensor en el trámite sancionatorio, a través de los medios de
defensa otorgados por el ordenamiento jurídico, tienen la vocación de llevar a la
declaración de nulidad de los actos administrativos demandados»48.

En consideración a lo anterior, contrario a lo sostenido por el actor, considera la
Sala que la entidad demandada no vulneró su derecho de defensa y contradicción,
en la medida en que:

i) Una vez fue vinculado, éste tuvo acceso al expediente disciplinario por ser el
investigado y, pese a que tenía conocimiento de cuándo se realizarían las
diligencias de testimonio, al ser notificado personalmente de las pruebas que se
iban a practicar, no asistió a aquellas con el fin de contrainterrogar a los declarantes.

ii) Se le dio la oportunidad de rendir versión libre, la cual fue presentada el 9 de
diciembre de 2014.49

iii) El 26 de febrero de 2015, se le corrió traslado del material probatorio obrante
dentro del expediente, pruebas documentales y testimoniales, frente a lo cual el
disciplinado no planteó inconformidad alguna, a través de solicitud de nulidad o
recurso.50

48 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección A de 10 de octubre de 2019, expediente N.º 0226

de 2017, consejero ponente: William Hernández Gómez.
49 Folios 58 a 60 del cuaderno de antecedentes administrativos.
50 Folio 103 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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iv) Con posterioridad a ello, el 6 de junio de 2015, la Oficina de Control Disciplinario
Interno – Dirección General reconoció personería jurídica al defensor de oficio del
disciplinado, el abogado Juan Carlos Tapia.51

v) A través de Auto de 3 de julio de 2015, se decidió tramitar la investigación
disciplinaria por el procedimiento verbal.

En dicha diligencia, primero, se citó a audiencia pública al intendente John Enrique
Bustamante González, para que presentara sus descargos y solicitara las pruebas
que considerara pertinentes; segundo, se procedió a tipificar la conducta de aquel,
manifestando al respecto que, presuntamente, con su comportamiento había
incurrido en la falta grave dispuesta en el artículo 35 numeral 10 de la Ley 1015 de
2006, a título de dolo y, tercero, se decretaron otros medios de prueba.

En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el demandante, la Policía
Nacional no violó el derecho al debido proceso del actor, por cuanto una vez fue
vinculado, se le dieron a conocer sus derechos como investigado, dentro de los
cuales estaba el de solicitar y aportar pruebas y contradecir las que obraran dentro
de la investigación.

2.4.2.4. De la falta de competencia

El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece como causales de nulidad de todo acto administrativo, las
siguientes: «Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas
en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».

51 Folios 109 a 112 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Respecto a la competencia, la doctrina la ha definido como «el conjunto de
facultades, de poderes y de atribuciones que corresponden a un determinado
órgano en relación con los demás»52 «Potestad, aptitud habilidad, idoneidad,
disposición, etc que pueda tener una autoridad administrativa para ejercer
determinada función. En derecho administrativo colombiano, la autoridad
genéricamente designada debe estar revestida de las atribuciones necesarias
cuando cumpla funciones administrativas, de lo contrario los actos administrativos
que ella expida estarán viciados de ‘incompetencia’»53

2.4.2.4.1. De la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias

De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, la finalidad del
control disciplinario es garantizar que la función pública sea llevada a cabo en
beneficio de la comunidad y para proteger los derechos y libertades de los
asociados54. Dicha potestad es ejercida tanto por la Procuraduría General de la
Nación, como por las Personerías y por las entidades a través de las oficinas de
control disciplinario. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 734 de 2002, dispone:

Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario
preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y
Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus
dependencias.
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la
jurisdicción disciplinaria.
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la
comisión de la falta. (Negrilla fuera de texto).

En atención a esta norma, la acción disciplinaria se lleva a cabo, preferentemente,
por la Procuraduría General de la Nación a través de un control externo por parte
del procurador general de la nación, los procuradores delegados, regionales y
provinciales, conforme a sus competencias establecidas en el Decreto 262 de 2000.

52 García Trevijano Fos, José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Madrid. Editorial

Revista Derecho Privado 1970
53 Arnanz, Rafael A. De la competencia administrativa. Madrid. Editorial Montezorro, 1967.
54 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-417 de 1993, C-251 de 1994, C-427 de 1994.

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De igual forma, esta facultad punitiva del Estado también puede ser ejercida por
cada entidad pública, para lo cual debe contar con una oficina de control interno
disciplinario encargada de conocer de los trámites disciplinarios iniciados en contra
los servidores públicos de sus dependencias; y por las Personerías Municipales y
Distritales.

Ahora bien, la competencia en materia disciplinaria para la Policía Nacional, se
determina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1015 de
200655, por la calidad del sujeto disciplinable, el territorio donde se cometió la falta,
el factor funcional y el factor de conexidad.

Frente a cada una de ellas, los artículos 48, 49 y 50, respectivamente, prevén:
«corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional enunciados (…) de esta ley,
disciplinar al personal de la Institución»; «es competente el funcionario de la Policía
Nacional con atribuciones disciplinarias del territorio donde se realizó la conducta y
en los casos de omisión, donde debió realizarse la acción»; y «cuando un
uniformado de la Institución cometa varias faltas disciplinarias conexas, se
investigarán y decidirán en un solo proceso».

A su vez, el artículo 54 ibidem enlista las autoridades con atribuciones disciplinarias,
a quienes se le asigna competencia para conocer las faltas del personal uniformado
de la Institución Policial, de acuerdo con las siguientes reglas:

ARTÍCULO 54. AUTORIDADES CON ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS. Para
ejercer la atribución disciplinaria se requiere ostentar grado de Oficial en servicio
activo. Son autoridades con atribuciones disciplinarias para conocer e imponer las
sanciones previstas en esta ley, las siguientes:

1. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por el Inspector General.

2. INSPECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

55 «Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional».

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En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Inspectores Delegados.

En Primera Instancia de las faltas cometidas por:

a) Oficiales Superiores;

b) Personal en comisión en el exterior;

c) Personal en comisión en organismos adscritos o vinculados a la Administración
Pública;

d) Jefes de Oficinas Asesoras de la Dirección General de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 1o. Podrá iniciar, asumir, proseguir, remitir o fallar cualquier actuación
disciplinaria, cuya atribución esté asignada a otra autoridad policial señalada en esta
ley, cuando por su trascendencia afecte gravemente el prestigio e imagen
institucional.

PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de su atribución disciplinaria, el Inspector General
ejercerá vigilancia, control y seguimiento de las actuaciones disciplinarias.

3. INSPECTORES DELEGADOS.

a) En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Jefes de Oficinas de
Control Disciplinario Interno de su jurisdicción;

b) En Primera Instancia de las faltas cometidas por los Oficiales Subalternos en su
jurisdicción.

4. JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA DIRECCION
GENERAL.

En Primera Instancia de las faltas cometidas en la ciudad de Bogotá, D. C., por el
personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, y Auxiliares de Policía, que labore
en la Dirección General, Subdirección General, Inspección General, Direcciones y
Oficinas Asesoras.

5. JEFES DE OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE POLICIAS
METROPOLITANAS Y DEPARTAMENTOS DE POLICIA.

En Primera Instancia de las faltas cometidas en su jurisdicción, por el personal del
Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares de Policía, y Estudiantes de las
Seccionales de Formación de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de Comando de Policía
Metropolitana organizada por Departamentos, conocerá en Primera Instancia de las
faltas cometidas por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares
de Policía, y Estudiantes de las Seccionales de Formación de la Policía Nacional,
adscrito al respectivo Comando de Metropolitana.

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De acuerdo al material probatorio obrante dentro del expediente, se observa que el
señor John Enrique Bustamante González pertenecía al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional y que se encontraba adscrito, para el momento de la ocurrencia de los
hechos, a la Escuela de Investigación Criminal.

En consideración a ello, contrario a lo sostenido en el escrito de la demanda,
encuentra la Sala que el funcionario competente para adelantar el proceso en
primera instancia era el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Dirección General de la Policía Nacional, toda vez que de conformidad con lo
previsto en el numeral 4.° del artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, a este le
corresponde conocer «[e]n primera instancia de las faltas cometidas en la ciudad
de Bogotá, D. C., por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, y
Auxiliares de Policía, que labore en la Dirección General, Subdirección General,
Inspección General, Direcciones y Oficinas Asesoras» y de acuerdo con lo
probado en el proceso, la falta fue cometida en Bogotá.

Cabe resaltar que, la Escuela de Investigación Criminal depende, funcional,
operativa y académicamente de la Dirección Nacional de Escuelas y que su
creación o supresión es potestad del director general de la Policía Nacional.56

En ese orden de ideas, la competencia para investigar y disciplinar al señor
Bustamante González, en primera instancia, sí recaía en el jefe de la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Dirección General.

Ahora, en lo que respecta a la segunda instancia, la misma disposición citada señala
en el numeral 3.° que corresponde a los inspectores delegados conocer: «a) En
Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Jefes de Oficinas de Control
Disciplinario Interno de su jurisdicción».

En conclusión, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección
General y el inspector delegado especial de la Dirección General eran los

56 https://www.policia.gov.co/escuelas/investigacion-criminal

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Demandante: John Enrique Bustamante González

funcionarios competentes para adelantar el proceso disciplinario seguido en contra
del intendente John Enrique Bustamante González, motivo por el cual este cargo no
está llamado a prosperar.

2.4.2.5. De la ilicitud sustancial

En cuanto a la ilicitud sustancial, la Ley 734 de 2002 consagra en su artículo 5, que
la conducta de la persona destinataria de la ley es contraria a derecho cuando afecta
el deber funcional sin justificación alguna.

Por su parte, el deber funcional «es un instrumento para encauzar la conducta de
los servidores públicos, el cual se constituye en la fuente que da vida a la
antijuridicidad sustancial y que siempre está referido al ejercicio de funciones
públicas porque de lo contrario sería atípico disciplinariamente el comportamiento
cuestionado. Dichas funciones deben desarrollarse con apego a las orientaciones
de los principios constitucionales y legales, en la medida en que es por esa razón
que una persona que se posesiona en un cargo público debe jurar el cumplir el
desempeño de sus deberes según la Constitución, la Ley y el Reglamento»57.

Así entonces, el derecho disciplinario está previsto para sancionar a aquéllos que
desatienden sus funciones o los servicios encomendados, o que atenten contra el
interés general, defrauden el erario, violen derechos humanos o incumplan con el
propósito esencial de servir a la comunidad, siendo esta la razón por la cual la ley
prevé que la falta debe ser de tal entidad, que quebrante el deber funcional, sin
justificación atendible, entendiendo que:

El deber funcional puede ser comprendido entonces, como una armónica
combinación de elementos misionales y jurídicos que posibilitan el cumplimiento de
los fines del Estado, por cuanto las funciones del agente estatal se encuentran en una
relación de medio a fin respecto de los mismos objetivos del Estado. Las expectativas
de los ciudadanos en relación con el Estado sólo pueden cristalizarse a través del

57 Régimen Disciplinario, cuarta edición. Autor: Fernando Brito Ruíz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

cumplimiento de las funciones de sus servidores, de suerte que los fines de aquél
constituyen al mismo tiempo el propósito de las funciones de éstos.

Como se mencionó, se encontró plenamente acreditado que el señor John Enrique
Bustamante González, en su condición de intendente de la Policía Nacional, tenía
el deber de cumplir sus funciones y deberes como miembro de la Policía Nacional;
no obstante, decidió no acatar una orden que le fue dada en el servicio, relacionada
con un traslado de unidad.

Con ello queda demostrado el quebrantamiento del deber funcional de la parte
actora, en tanto desconoció la función social que le incumbe al servidor público
cuando toma posesión de un cargo jurando cumplir la Constitución, la ley y el
reglamento.

En tal sentido, podría concluirse que las faltas disciplinarias no son de resultado
sino de mera conducta y que, además, si bien no causó, en principio, perjuicio
alguno, el deber funcional se vio alterado por el incumplimiento de una normativa
que consagra que el traslado es de obligatorio cumplimiento, máxime en tratándose
de un miembro de la Policía Nacional.

En ese orden de ideas, considera la Sala que no se configuró una vulneración del
derecho al debido proceso y que, en consecuencia, los actos administrativos ahora
cuestionados fueron emitidos con el material probatorio suficiente para demostrar la
responsabilidad disciplinaria del intendente de la Policía Nacional.

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201658, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso59, la Sala condenará en costas en
ambas instancias al demandante, en la medida en que el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada prosperó.

4. Conclusión

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.

59«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02652-01 (3460-2021)
Demandante: John Enrique Bustamante González

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Revocar la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por el señor John Enrique Bustamante González contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En su lugar se dispone:

Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Tercero.- Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.

GMSM

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