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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02720-01

Fecha
12 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02720-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 16 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, Segundo. Denegar las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Ana Lourdes Sandoval Botache contra la Nación —Ministerio de Defensa-Policía Nacional—, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. No condenar en costas de segunda instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas as anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02720-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

12 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: Reliquidación pensional. Régimen salarial y prestacional de los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 16 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se accedió a
las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Ana Lourdes Sandoval Botache, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del
Oficio S-2015-037949-DIBIE-ASJUD-29.25 del 22 de diciembre de 2015, suscrito

1 Folios 30 al 53

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

por la jefe de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional, por medio del cual se le negó la reliquidación de la
pensión de jubilación con las partidas previstas en el Decreto 1214 de 1990.

A título de restablecimiento del derecho solicitó i) aplicar en su integridad el régimen
prestacional establecido en el Decreto 1214 de 1990 y excluirla del régimen
contenido en el Decreto 2701 de 1988; ii) ordenar la reliquidación de las mesadas
pensionales con las partidas computables relacionadas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, esto es, prima de servicios, prima de alimentación, prima de
actividad, subsidio familiar, auxilio de transporte y duodécima parte de la prima de
navidad, con los incrementos anuales legales e indexación correspondiente,
descontando lo ya pagado; iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) condenar en costas a la
entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Ana Lourdes Sandoval Botache fue nombrada mecanógrafa, categoría
adjunto tercero, a través de Orden Administrativa de Personal 1-095 de 18 de mayo
de 1984. Tomó posesión el 22 de mayo del mismo año.

ii) Fue destinada a trabajar en el Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá
y posteriormente trasladada a la Dirección de Bienestar Social, el 25 de febrero de
1985, donde permaneció hasta su retiro que ocurrió el 2 de marzo de 2004.

iii) Se desvinculó de la Policía por solicitud propia y con derecho a pensión,
acumulando 20 años de servicios continuos.

iv) Por haber ingresado a la institución en 1984, antes de entrar en vigencia la Ley
100 de 1993, el régimen que le resulta aplicable para efectos pensionales es el
contenido en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 48, 53 y 58 de la Constitución Política;
las Leyes 153 de (sic), 4 de 1993 y 352 de 1997; y los Decretos 1214 de 1990 y 352
de 1994.

Citó, además, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-1092 de 2007,
T-099 de 2008, T-597 de 2009, T-762 de 2011, SU-567 de 2015 y SU-298 de 2015.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) El acto acusado desconoce las normas aplicables a su caso, pues si bien reconoce
que laboró desde mayo de 1984, durante 20 años continuos para la Institución, al
momento de resolver la solicitud de reajuste de la pensión tomó como fecha de
ingreso el mes de octubre de 1995, fecha en la que pasó a ocupar un cargo en el
INSPONAL.

ii) La circunstancia de haberse vinculado a la entidad antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 la hace beneficiaria del Decreto 1214 de 1990. Además,
como el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible e irrenunciable, puede
ejercerse en cualquier tiempo.

iii) La funcionaria que expidió el acto acusado no tiene competencia para proferir
actos administrativos que comprometan la responsabilidad civil o administrativa de
la institución policial.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de apoderada,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

continuación:2

i) No es posible acceder al reajuste de la pensión, por cuanto los emolumentos
pedidos por la actora son los contenidos en el Decreto 1214 de 1990, disposición
que no rige salarialmente para el personal que laboró en el Instituto para la
Seguridad Social Bienestar de la Policía Nacional, quienes al extinguirse dicha
entidad, regresaron a ser cobijados por las normas que los amparaba en la
Dirección de Sanidad y Bienestar Social, cuyo régimen está contemplado en el
Decreto 2701 de 1988.

ii) Lo pretendido por la actora generaría un rompimiento del principio de
inescindibilidad normativa, pues se estaría aplicando o fraccionando el régimen,
tomando de cada uno lo más favorable.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 16 de mayo de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda. Para sustentar la decisión expuso los siguientes argumentos:3

i) A través del Decreto 1301 de 1994 se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
como establecimientos públicos del orden nacional con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritos al Ministerio de Defensa
Nacional y a los cuales fueron incorporados, a partir del 1.° de marzo de 1996, los
servidores públicos que venían prestando sus servicios al Sistema de Sanidad
Militar.

ii) El anterior decreto fue derogado por la Ley 352 de 1997, por la cual se
reestructuró el Sistema de Salud que en su artículo 53 dispuso la supresión y
liquidación de los establecimientos públicos del sistema de salud (Instituto de Salud

2 Folios 92 al 95
3 Folios 150 al 157

4

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

de las Fuerzas Militares e Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional) y creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares.

Por su parte, en el artículo 54 reguló la incorporación de los servidores públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en las plantas de personal de salud del
Ministerio de Defensa, indicando que se les garantizaría los derechos adquiridos y
el artículo 55 reguló el régimen prestacional al que quedarían sometidos, así: a los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporen a las plantas de personal de Salud del Ministerio de
Defensa Nacional y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el Título
VI del Decreto 1214 de 1990, o las normas que lo modifiquen o adicionen, en materia
prestacional, mientras que el personal vinculado con posterioridad quedará
sometido al régimen de la Ley 100 de 1993.

iii) Teniendo en cuenta la normatividad expuesta, es claro que a la actora le es
aplicable, en materia prestacional, el Decreto 1214 de 1990, conforme al Decreto
352 de 1994 y la Ley 352 de 1997, toda vez que se vinculó a la Policía Nacional el
22 de mayo de 1984.

Entonces, sería del caso ordenar el reconocimiento de la prima de actividad, el
subsidio de alimentación, el subsidio familiar y el auxilio de transporte dejados de
percibir a partir de su vinculación al Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (2 de octubre de 1995) y ordenar su pago hasta el retiro del servicio,
que tuvo lugar el 2 de marzo de 2004. No obstante, en la medida que el retiro del
servicio de la señora Ana Lourdes Sandoval Botache se produjo el 2 de marzo de
2004, tenía hasta el 2 de marzo de 2008 para realizar la respectiva reclamación,
situación que no se presentó en el sub examine, en tanto que la petición ante la
entidad se radicó el 9 de noviembre de 2015, lo que significa que el derecho se
encuentra prescrito.

iv) Por otro lado, se tiene que la entidad demandada, mediante la Resolución 01760

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

del 23 de julio de 2004, reconoció a la demandante la pensión de jubilación en los
términos del Decreto 2701 de 1998 y en concordancia con los artículos 98, 115,
117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, es decir, en cuantía del 75%, con las
siguientes partidas computables: sueldo para el grado, bonificación por servicios
prestados 1/12, prima de servicios 1/12, prima de vacaciones 1/12 y prima de
navidad 1/12.

Sin embargo, no incluyó en la base de liquidación el subsidio de alimentación, la
prima de actividad, el subsidio familiar ni el auxilio de transporte. A su vez, si bien
en la aludida resolución de reconocimiento pensional se enlistó que la actora
devengó 1/12 de la bonificación por servicios prestados y 1/12 de la prima de
vacaciones, también lo es que tales emolumentos no se encuentran enlistados en
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, razón por la cual no es posible su inclusión
en la liquidación de la pensión.

Así las cosas, la señora Sandoval Botache tiene derecho a que se le reliquide la
pensión de jubilación que le fue reconocida mediante Resolución 01760 de 23 de
julio de 2004 incluyendo en la base de liquidación la prima de alimentación, prima
de actividad, subsidio familiar y auxilio de transporte, sumado a las partidas
computables que ya se encuentran incluidas como sueldo básico, la prima de
servicios y la doceava parte de la prima de navidad, a partir del 9 de noviembre de
2011, teniendo en cuenta que su retiro del servicio se produjo el 2 de marzo de 2004
y la petición de reliquidación se presentó el 9 de noviembre de 2015.

Conforme a lo expuesto, el a quo decidió i) declarar la nulidad del oficio acusado,
por medio del cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la
demandante con las partidas contempladas en el Decreto 1214 de 1990; ii)
condenar a la parte accionada a reliquidar y pagar, de manera indexada, la pensión
de jubilación reconocida a la señora Sandoval Botache, con inclusión del sueldo
básico, el subsidio de alimentación, la prima de actividad, el subsidio familiar, el
auxilio de transporte, la prima de servicios y 1/12 de la prima de navidad, a partir del
2 de marzo de 2004, fecha del retiro definitivo del servicio, pero con efectos fiscales
a partir del 9 de noviembre de 2011, por prescripción cuatrienal; y iii) condena en

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

costas a la parte vencida.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada de la Nación —Ministerio de Defensa-Policía Nacional— interpuso
recurso de apelación y lo sustentó así:4

i) De conformidad con lo previsto en el Decreto 352 de 1994, los empleados públicos
y los trabajadores oficiales del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (INSPONAL) estaban sometidos a los Sistemas Generales de
Pensiones y Salud establecidos en la Ley 100 de 1993, pero respecto a las demás
prestaciones sociales se les aplicaba el Decreto Ley 2701 del 29 de diciembre de
1988, por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos
o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional.

ii) La situación fáctica en el presente caso se encuentra ligada al reconocimiento
salarial y prestacional para el reajuste de la pensión de jubilación de la demandante,
quien pretende la aplicación en su totalidad del Decreto 1214 de 1990, cuando
realmente corresponde al Decreto 2701 de 1988 del cual fue beneficiaria por reunir
los requisitos allí contemplados por haberse desempeñado como personal de ese
instituto.

iii) El Tribunal aplicó la norma jurídica contemplada en el Decreto 1214 de 1990 de
una manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica su decisión de declarar la nulidad del oficio demandado y
ordenó reconocer, reliquidar y pagar unas partidas contempladas en el Decreto Ley
1214 de 1990, entre ellas las primas de actividad y alimentación, el subsidio familiar
y el auxilio de transporte, las cuales se encuentran incorporadas al sueldo, para el
grado respectivo, conforme a lo establecido en el Decreto 2701 de 1988.

4 Folios 165 al 172

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes descorrieron el término para alegar y reiteraron los argumentos
expuestos en las diferentes etapas procesales.5

1.6. El Ministerio Público

El Ministerio Público no rindió concepto.6

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la apelación, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si la señora Ana Lourdes Sandoval Botache tiene derecho al
reconocimiento de los haberes previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990
como partidas computables de las prestaciones sociales y, en consecuencia, debe
reliquidarse su pensión de jubilación con la inclusión en el ingreso base de
liquidación de dichos conceptos, toda vez que su vinculación inicial con la entidad
demandada fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

2.2. Marco normativo

Del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares e incorporados a la planta de personal de salud
del Ministerio de Defensa Nacional. Sentencia de unificación jurisprudencial.

La Ley 66 de 1989 facultó al presidente de la República para reformar el estatuto y
el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional. En ejercicio de tal prerrogativa, el Gobierno nacional expidió el Decreto

5 Memoriales allegados por correo electrónico, adjuntados a SAMAI, índices 15 y 16.
6 Constancia secretarial visible en el folio 186.

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

1214 de 1990, en el que indicó que dicho personal lo integran las personas naturales
que prestan sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría General, en
las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, y advirtió que no tienen tal condición
quienes lo hagan en otras entidades adscritas o vinculadas al ministerio.7

El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad extraordinaria
fue el Decreto Ley 1301 de 1994, que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares como un establecimiento público, entidad descentralizada.

El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para los
servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional, quienes, por
hacer parte de un órgano descentralizado, no se regían, en materia salarial, por las
normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

Así las cosas, indicó que los empleados públicos que al entrar en vigencia el Decreto
Ley 1301 de 1994 se encontraran prestando sus servicios en el nivel central de la
estructura organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa y que ingresaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaron cobijados por el régimen
salarial contemplado para dicho establecimiento público.

En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron sometidos a la Ley
100 de 1993, y en lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les aplicaría el
Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modificaran o adicionaran. Por otra
parte, quienes se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarían bajo las
disposiciones del Decreto 1214 de 1990.

La Ley 352 de 1997, que derogó el Decreto Ley 1301 de 1994, creó la Dirección
General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las

7 En el artículo 2.° se señalaron como tales «los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales».

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

Fuerzas Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares,
creado mediante el Decreto 1301 de 1994.

El Decreto reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes garantías para los
servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que
fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa; en
materia prestacional se dispuso que los vinculados «antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen
Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993, se le aplicará esta disposición».

En materia salarial señaló que a los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a las Plantas de
Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría
el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.

Sin embargo, a partir de la Ley 1033 de 2006, los Decretos Ley 91 y 92 de 2007,
y el Decreto 4783 de 2008 se unificó el régimen de administración del personal civil
del sector, se ajustó y modificó la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
realización de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente la nueva planta
que fue ajustada con la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453
de 2008.

Se consideró que el Decreto 4783 de 2008 ordenó la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada, frente a
quienes se dispuso que continuarían «percibiendo la remuneración correspondiente
a los empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados».

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

Como se advierte, el régimen salarial del personal civil que ha prestado el servicio,
primero, en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y, luego, en la Dirección de
Sanidad Militar del Ministerio de Defensa, ha variado con las distintas reformas que
se han hecho a tales instituciones. Así, se les ha aplicado el establecido para los
empleados de los establecimientos públicos del orden nacional, el fijado para los
empleados de la rama ejecutiva de igual nivel y el que se determinó para los
empleados civiles no uniformados del sector defensa.

La variedad de normas citadas que rigen la materia y su constante modificación,
generaban confusión en torno a cuál régimen salarial era el que debía aplicarse a
los empleados de la Dirección de Sanidad Militar. Ello dio lugar a que esta sección
emitiera sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019 y
determinara las reglas sobre el particular. Así, se fijaron las siguientes:

Normatividad Regla de unificación
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Entre la vigencia Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
del Decreto 1301 de por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del
1994 y de la Ley orden nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano del
352 de 1997 nivel descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal
civil del Ministerio de Defensa Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto
en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les
aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.

A partir de la
vigencia de la Ley
352 de 1997, los
empleados (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las
públicos que antes Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
prestaban sus Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los
servicios en el empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo
Instituto de Salud 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
de las Fuerzas (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Militares y que Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
fueron Defensa Nacional y que se hubieren vinculado antes de la vigencia de la Ley 100
incorporados a la de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas
planta de salud del que lo modifiquen o adicionen.
Ministerio de Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se
Defensa Nacional, les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la
dejaron de Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo
pertenecer al artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
sector

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Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

descentralizado y
para ellos se
aplican las
siguientes reglas:

1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron
las plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
Con la Ley 1033 de con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos
2006 se unificó el de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a
régimen de pagar con base en la nueva nomenclatura.
administración de Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la Planta
personal que se de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
aplica al personal Militar, debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los
civil vinculado a empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008
los Organismos y mientras ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
Dependencias del
Sector Defensa. 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado
Por ello, los por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y
empleos públicos clasificación especial para los empleados civiles no uniformados del sector
del personal civil defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional
no uniformado para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
asignados a la
Dirección General Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo
de Sanidad Militar equivalente en la planta global del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
pertenecen a la nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo
planta de personal la remuneración correspondiente al empleo que antes desempeñaba, esto es,
del Ministerio de según el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama
Defensa Nacional, Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Efectuada la incorporación al
a quienes se les cargo equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el
aplican las empleado queda sometido a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno
siguientes reglas: Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional.

3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación,
por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.

De esta manera, se resolvió el problema sobre el régimen salarial aplicable a los
empleados públicos no uniformados de la Dirección de Sanidad Militar del Ministerio
de Defensa, el cual depende de la norma que estaba vigente en el momento en que
se vincularon y se incorporaron, hasta que se produjo la reforma a la nomenclatura
y clasificación de los empleos y su equivalencia.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la sala encuentra
acreditado lo siguiente:

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

i) El 22 de mayo de 1984, según Acta 1482,8 la señora Ana Lourdes Sandoval
Botache se posesionó en el cargo de mecanógrafa, adjunto tercero, en la Policía
Nacional, para el cual fue nombrada en propiedad por medio de la Orden
Administrativa de Personal 1-095 del 18 de mayo del mismo año.9

ii) El 2 de octubre de 1995, por Acta 1158,10 tomó posesión del cargo de profesional
universitario código 3020, grado 03 del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, para el cual fue nombrada por Resolución 0169 del 14 de
septiembre de 1995.

iii) El 2 de marzo de 2004, por medio de la Resolución 310 del 16 de febrero del
mismo año, fue retirada de la entidad por solicitud propia,11 acumulando un tiempo
de servicio de 20 años y 24 días.

iv) El 23 de julio de 2004, por medio de la Resolución 01760,12 se le reconoció
pensión de jubilación a partir del 2 de marzo de 2004, de conformidad con lo previsto
en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29 de diciembre de 1988, en concordancia
con los artículos 98, 115, 117, 118, y 119 del Decreto 1214 de 1990, equivalente al
75% de los últimos haberes devengados computables para prestaciones
sociales».13

v) El 9 de noviembre de 2015, la señora Sandoval Botache solicitó a la Policía
Nacional el reconocimiento y pago de las primas de actividad, alimentación y
servicios, el subsidio familiar y el auxilio de transporte, factores contemplados en el
Decreto 1214 de 1990 y, en consecuencia, el reajuste de su pensión de jubilación.14

vi) El 22 de diciembre de 2015, por medio del Oficio S-2015-037949-DIBIE-ASJUD-
29.25, la jefe de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Dirección de

8 Folio 5
9 Folios 2 al 4
10 Folio 6
11 Hoja de servicios y resolución de reconocimiento pensional, folios 7-8 y 13-14
12 Folios 13 y 14
13 Folios 8 y 9.
14 Folios 15 al 30

13

Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

Bienestar Social de la Policía Nacional negó la anterior petición.15

vii) El 1.° de julio de 2022, la Tesorería de la Policía Nacional, en respuesta al
requerimiento ordenado en auto de 12 de mayo de 2022,16 proferido con
fundamento en el artículo 213 del CPACA,17 certificó los factores salariales
devengados por la demandante a partir de febrero de 1998. Al respecto, la Sala
menciona los percibidos durante el último año de servicio (febrero de 2003 a febrero
de 2004), así:18

✓ Salario básico
✓ Seguro de vida (todos los meses)
✓ Bonificación por servicios prestados (mayo de 2003)
✓ Subsidio de alimentación (enero de 2004)
✓ Prima de servicio (junio de 2003)
✓ Prima vacacional (noviembre de 2003)
✓ Bonificación por recreación (noviembre de 2003)
✓ Vacaciones carrera administrativa (noviembre de 2003)

2.4. Análisis de la Sala

La entidad demandada, en el recurso de apelación, sostiene que la actora no tiene
derecho al reajuste de su pensión de jubilación con inclusión de las partidas
computables establecidas en el artículo 102 del Decreto Ley 1214 de 1990, por
cuanto el régimen que le corresponde es el previsto en el Decreto 2701 de 1988.

Como se precisó, la sentencia del 12 de diciembre de 2019, en lo referente a los
derechos prestacionales y de seguridad social, fijó la siguiente regla:

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.

15 Folios 31 al 34
16 Folio 187
17 Pruebas de oficio
18 Samai, índices 23, 24 y 25

14

Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

En este orden, es claro que lo que fija el marco jurídico para los empleados públicos
y trabajadores oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, que se incorporaron a la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa, en cuanto al régimen prestacional, es su vinculación o nombramiento
antes o después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así, quienes se
hubieren vinculado a la entidad con anterioridad a dicho momento continuarían
sometidos a la aplicación integral del Título VI del Decreto 1214 de 1990, tal como
se previó en el Decreto 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997.

Del material probatorio se observa que, mediante Resolución 01760 del 23 de julio
de 2004, el director General de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de
una pensión de jubilación a la señora Ana Lourdes Sandoval Botache, por haber
laborado en la institución por espacio de 20 años y 24 días, «de conformidad con lo
previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29 de diciembre de 1988, en
concordancia con los artículos 98, 115, 117, 118, y 119 del Decreto 1214 de 1990»,
equivalente al 75% de los últimos haberes devengados computables para
prestaciones sociales», así:19

Sueldo para el grado $ 1´201.685.00
Bonificación por servicios prestados 1/12 35.049.15
Prima de servicios 1/12 51.530.59
Prima de vacaciones 1/12 53.677.70
Prima de navidad 1/12 111.828.54
Total $ 1.453.770.98 x 75%
Valor de la pensión $ 1.090.328.24

Según lo anterior, y a pesar de que dice referirse al Decreto 1214 de 1990, la entidad
le reconoció pensión de jubilación con inclusión de los factores establecidos en el
artículo 53 del Decreto 2701 de 1988.20

19 Folios 13 y 14.
20 ARTÍCULO 53. FACTORES DE SALARIO PARA LIQUIDACION DE CESANTIA Y PENSIONES. Para
efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los
empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de
salario.
a) La asignación básica mensual.
b) Los gastos de representación.
c) Los auxilios de alimentación y transporte.
d) La prima de navidad.
e) La bonificación por servicios prestados.
f) La prima de servicios.

15

Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

Sin embargo, del acervo probatorio se evidencia que la señora Sandoval Botache
se vinculó como personal civil de la Policía Nacional por medio de orden
administrativa de personal 1-095 del 18 de mayo de 1984, en la categoría de adjunto
tercero, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 199321. Por lo
tanto, en aplicación del precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019,22 en materia prestacional, tenía derecho a
que se le aplicara lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990,23 por medio del cual se
estableció el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional, y que, en punto de las partidas a incluirse en la liquidación
pensional, señaló las siguientes:

Artículo 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de la
vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán
las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones
sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes partidas:

a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.

Parágrafo 1. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las Cajas de
Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable como partida

g) Los viáticos que reciban los empleados y trabajadores en comisión, cuando se hayan percibido por un término
no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio.
h) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-ley 710
de 1978.
i) La prima de vacaciones.
j) Las primas y bonificaciones que hubieren sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 38 del Decreto-ley 3130 de 1988
21 Publicada en el Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre de 2019, radicación: 25000-23-42-000-

2016-04235-01 (0901-2018) SUJ-019-CE-S2-19, C.P. César Palomino Cortés.
23 Artículo 98. Pensión de jubilación por tiempo continuo. El empleado público del Ministerio de Defensa y

de la Policía Nacional que acredite 20 años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio,
hasta por 24 meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el
Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia equivalente al 75% del último salario devengado,
cualquiera que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102 de este Decreto.
Parágrafo. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente Decreto, se entiende por
tiempo continuo, aquel que no haya tenido interrupciones superiores a 15 días corridos, excepto cuando se trate
del servicio militar.

16

Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta la suma que se
acuerde en el respectivo contrato de trabajo.

Parágrafo 2. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto será
computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones sociales.

Ahora bien, de acuerdo con los certificados de salarios expedidos por la Tesorería
de la Policía Nacional, la demandante devengó durante su último año de servicios
los siguientes factores:

✓ Salario básico
✓ Seguro de vida
✓ Bonificación por servicios prestados
✓ Subsidio de alimentación
✓ Prima de servicio
✓ Prima vacacional
✓ Bonificación por recreación
✓ Vacaciones carrera administrativa
✓ Prima de navidad

En este orden de ideas, de conformidad con el análisis normativo y la jurisprudencia
de unificación explicada, es cierto que la actora tiene derecho a que su pensión se
liquide de conformidad con los factores indicados en el artículo 102 del citado
Decreto 1214; sin embargo, no es posible incluir emolumentos por el solo hecho de
estar simplemente enunciados en la norma, sino que debe probarse que fueron
efectivamente devengados, lo cual no ocurrió en el sub lite. En efecto, del cotejo
realizado entre las partidas previstas en esta norma y las percibidas por la actora
en el último año, se advierte que no percibió la prima de actividad, el auxilio de
transporte, ni el subsidio familiar.

Por otro lado, en la Resolución 01760 del 23 de julio de 2004, por la cual se
reconoció la pensión, se incluyeron factores previstos en el Decreto 2701 de 1998,
pero no en el 1214 de 1990, como la bonificación por servicios prestados y la prima
de vacaciones. Así las cosas, de ordenarse la reliquidación con fundamento en esta
última disposición implicaría excluirlos y, de contera, se haría más desfavorable la
situación de la señora Sandoval Botache, quien vería disminuido el monto de su
prestación no obstante que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

en aras de obtener su mejoramiento.

En consecuencia, como quiera que las pruebas no permiten develar que devengó
los factores prestacionales cuya inclusión pretendía y que, por favorabilidad, no se
le pueden excluir los que ya le fueron reconocidos, la Sala considera que no se debe
acceder a declarar la nulidad del acto acusado y, por ende, se debe revocar la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

3. De la condena en costas

De conformidad con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para
la fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia a la parte apelante, en razón del cambio jurisprudencial
ocurrido en el transcurso del proceso con ocasión de la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que, por favorabilidad, no se debe acceder a la
reliquidación reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02720 01 (4665-2019)
Demandante: Ana Lourdes Sandoval Botache

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 16 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar,

Segundo. Denegar las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por
Ana Lourdes Sandoval Botache contra la Nación —Ministerio de Defensa-Policía
Nacional—, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. No condenar en costas de segunda instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas as
anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

19

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