Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02817-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02817-01 (2728-2022)
Demandantes: Raimundo Antonio Tello Benítez
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Prescripción de la acción disciplinaria. Nulidad del acto
administrativo. Nulidad del acto administrativo por violación al
debido proceso. Estructura de la responsabilidad disciplinaria.
Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Raimundo Antonio Tello Benítez instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 17 de abril de 2012
expedida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante la cual
fue sancionado con suspensión por el término de nueve (9) meses, convertidos en
salarios devengados para la vigencia 2008; y de la decisión expedida el 15 de
diciembre de 2015 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
que negó una solicitud de prescripción y confirmó la medida sancionatoria.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el pago de veinte
millones seiscientos noventa y seis mil siete pesos ($20.696.007), correspondientes
a los honorarios de su abogado; y sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y
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cinco mil cuatrocientos pesos ($68.945.400), por concepto de perjuicios morales,
representados en la limitación para acceder a cargos públicos y a la afectación de
su buen nombre.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que la Contraloría General de la República-Seccional Valle del Cauca
informó a la autoridad disciplinaria acerca de las presuntas irregularidades en la
suscripción de varios contratos por parte del Departamento del Valle del Cauca,
celebrados con ocasión de la urgencia manifiesta declarada mediante el Decreto
0541 de 2008.
5. Con fundamento en lo anterior, el 11 de mayo de 2010 la demandada abrió
una investigación disciplinaria en contra del gobernador del referido departamento
y, por auto del 9 de noviembre del mismo año lo vinculó a la actuación, en su
condición de secretario jurídico.
6. Que el 20 de junio de 2011 fue formulado el pliego de cargos, en el cual se
le imputó la ejecución de una falta disciplinaria gravísima, con fundamento en el
artículo 48, numeral 33, de la Ley 734 de 2002, ejecutada con culpa gravísima,
porque, según la autoridad, habría incurrido en ella «(…) al avalar tanto la
declaratoria de urgencia manifiesta dictada por el Gobernador a través de resolución
541 del 9 de mayo de 2008, así como la celebración de los contratos 923, 822, 1158,
844, 823 y 921 de 2008».
7. Agregó que el 17 de abril de 2012 fue sancionado en primera instancia con
suspensión por el término de 9 meses, convertidos en salarios devengados para la
vigencia 2008, pues para ese momento ya no ocupaba el cargo de secretario
jurídico; medida que fue confirmada en providencia del 15 de diciembre de 2015; en
la que, además, se negó la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Ley 1437 de 2011: artículo 137; Ley 734 de 2002; Sentencia C-566 de 2001.
9. Considera que en la expedición de los actos demandados se incurrió en
vicios materiales y formales. Respecto de los primeros, señaló que entre las
decisiones de primera y segunda instancia no existió congruencia, porque, aunque
en una se dejó de lado el reproche relacionado con la declaratoria de urgencia
manifiesta, al resolver el recurso de apelación la autoridad disciplinaria retomó esa
discusión e incluyó presupuestos fácticos sobre los cuales no tuvo la oportunidad
de defenderse.
10. Que la demandada desconoció los derechos de audiencia y defensa al omitir
la valoración de medios de prueba que habrían llevado a desvirtuar la
responsabilidad disciplinaria. Es el caso de las declaraciones de los señores Martha
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Lucía Huertas Conde y Gustavo Trujillo Velasco, de cuyos dichos se podía concluir
que el secretario jurídico no era el responsable de la suscripción de los contratos.
Que la etapa precontractual era técnica y estaba a cargo de otra dependencia; que
las necesidades se ejecutaron antes de legalizar los contratos y que la declaratoria
de urgencia manifiesta se fundó en motivos reales, relacionados con la ola invernal
que azotó al país.
11. En cuanto a los vicios formales, señaló que los actos se expidieron con
infracción de las normas en que debían fundarse, pues no se realizó una debida
adecuación normativa y fáctica de la conducta investigada, ni se explicó cómo se
lesionaba el deber funcional; además, se atribuyó responsabilidad objetiva, en la
medida en que no se acreditó su actuar doloso o culposo.
12. Agregó que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, pues de
conformidad con la Sentencia C-566 de 2001, esta se configura si al cabo de 5 años,
contados luego de ejecutado el comportamiento disciplinable instantáneo o cesado
el de realización continua, no se ha definido la situación del investigado, lo que
únicamente ocurre cuando se expide y notifica la decisión disciplinaria de segunda
instancia.
13. Que, en esa medida, las razones de la Procuraduría General de la Nación
para no acceder a la declaratoria de prescripción, fundadas en jurisprudencia del
Consejo de Estado, reñían con el precedente de la Corte Constitucional y era este
último el que debía aplicarse en virtud del principio pro homine y, en esa medida,
como el último contrato se celebró el 24 de noviembre de 2008, la entidad tenía
hasta el 24 de noviembre de 2013 para notificar la decisión de segunda instancia;
no obstante, lo hizo el 6 de enero de 2016, cuando su potestad había prescrito.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda fue admitida el 11 de julio de 20161 y se notificó a la demandada,
quien se opuso a las pretensiones por considerar que la actuación disciplinaria se
ajustó al ordenamiento jurídico y que los actos administrativos se expidieron con
apego a los requisitos de legalidad y validez, según la competencia de la
Procuraduría General de la Nación y que el demandante no cumplió con la carga
probatoria para desvirtuar su presunción de legalidad.
15. Señaló que si bien la tesis vigente se refiere al control integral de las
decisiones de naturaleza disciplinaria, con ello no se desconoce que el
procedimiento que da lugar a su expedición tiene reglas propias y una autoridad
competente, de allí que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no pueda
convertirse en una tercera instancia; máxime teniendo en cuenta que la actuación
en la cual resultó sancionado el demandante no incurrió en interpretaciones
normativas y probatorias irracionales.
1 Véanse folios 228-229 del cuaderno principal.
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16. Agregó que no se incurrió en incongruencia ni se desconoció el principio de
legalidad, porque desde el pliego de cargos fue claro que se reprochó la declaratoria
de una urgencia manifiesta infundada y, posteriormente, se celebraron unos
contratos por la modalidad de contratación directa. Que en los actos demandados
se dijo que no se cuestionaba la ocurrencia de la ola invernal ni la legalidad del acto
administrativo que declaró la urgencia, sino la desnaturalización de la figura.
17. Que las pruebas testimoniales se valoraron de manera integral; otra cosa es
que no tuvieran el peso probatorio que pretendía el entonces investigado y que se
encontró probada la culpa grave, como elemento subjetivo de la responsabilidad,
representada en la negligencia y falta de cuidado necesario, pues el aval de los
contratos permitió la elusión de procesos de selección objetiva.
18. Respecto de la prescripción la acción disciplinaria, afirmó que esta no se dio
pues, tomando como fecha del último comportamiento investigado los meses de
agosto, septiembre y octubre de 2008, resulta claro que para el 4 de mayo de 2012,
fecha en que se notificó la decisión disciplinaria de primera instancia, no habían
transcurrido 5 años. Ello, según la vigente y consolidada jurisprudencia del Consejo
de Estado2.
19. Por auto del 30 de enero de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la falta de competencia para conocer el asunto y ordenó su remisión a los
Juzgados Administrativos de Bogotá3. El demandante interpuso recurso de
reposición4, que se resolvió favorablemente el 28 de febrero de 20195. Se celebró
audiencia inicial el 12 de junio de 20196, en la cual se fijó el litigio y se decretaron
pruebas documentales. Una vez incorporadas, se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto;
luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del cuatro
(4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)7, negó las pretensiones, tras concluir
que en la expedición de los actos demandados no se incurrió en las causales de
nulidad invocadas.
21. Respecto de la prescripción de la acción disciplinaria, destacó que la
Sentencia C-556 de 2001, invocada por el demandante, estudió la
constitucionalidad de una disposición de la Ley 200 de 1995; de manera que no tuvo
que ver con el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Con todo, señaló que en la
jurisprudencia del Consejo de Estado se consolidó la tesis según la cual es la
notificación de la decisión disciplinaria de primera instancia la que interrumpe el
2 Véanse folios 234 a 256 del cuaderno principal.
3 Véanse folios 262-263 del cuaderno principal.
4 Véanse folios 264 a 269 del cuaderno principal.
5 Véanse folios 271 a 276 del cuaderno principal.
6 Véanse folios 283-283 y CD en folio 283A del cuaderno principal.
7 Véanse folios 339 a 353 del cuaderno principal.
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término de prescripción. En ese sentido, el último contrato relacionado con la
urgencia manifiesta se suscribió el 24 de noviembre de 2008 y, por tanto, la
autoridad tenía hasta el 24 de noviembre de 2013 para resolver y notificar la primera
instancia. Como la notificación de la decisión del 17 de abril de 2012 se llevó a cabo
el 4 de mayo del mismo año, su potestad sancionadora no había prescrito.
22. Que no se desconocieron los derechos de audiencia y de defensa, ni las
decisiones cuestionadas fueron incongruentes, porque si bien ni en el pliego de
cargos ni en la decisión de primera instancia se incluyeron cuestionamientos acerca
de los motivos para declarar la urgencia manifiesta, los argumentos en relación con
la falta investigada se mantuvieron a lo largo de las actuaciones, pues lo cierto es
que se reprochó que esta se empleara para la celebración de unos contratos entre
6 y 8 meses después de su declaratoria, lo que desnaturalizó la figura.
23. Agregó que la valoración de las pruebas se ciñó a las exigencias de la
normativa disciplinaria y que, contrario a lo afirmado por el demandante, en todos
los contratos se podía evidenciar su visto bueno, con lo que se acreditó su aval
como secretario jurídico. Que las pruebas testimoniales se valoraron en ambas
instancias disciplinarias, pero no tuvieron el peso que el entonces investigado
pretendió, asunto que no lesionó el debido proceso y que las pruebas documentales
dieron cuenta de que dentro de sus funciones se encontraba las de elaborar las
minutas contractuales y asesorar y apoyar la precontratación, la contratación y la
legalización de los contratos de la administración.
24. Que las pruebas desvirtuaban la afirmación según la cual las obras se
ejecutaron antes de la legalización de los contratos, pues en todos los documentos
daban cuenta de que iniciaron su ejecución entre octubre y noviembre de 2008, es
decir, 6 y 7 meses después de expedido el acto que declaró la urgencia manifiesta;
en ese sentido, la referencia al desconocimiento de los procesos de selección
objetiva de los contratistas, también reprochada por el demandante, se realizó en el
marco de las razones por las cuales la demandada concluyó que se había
configurado la falta del artículo 48, numeral 33, de la Ley 734 de 2002.
25. Señaló que no se atribuyó responsabilidad objetiva, porque la demandada
valoró las circunstancias en que el señor Tello Benítez actuó en relación con la falta
por la que fue sancionado y, por ello determinó que el comportamiento se había
ejecutado a título de culpa grave.
26. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
27. El demandante8 interpuso recurso de apelación en el cual insistió en que la
potestad disciplinaria había prescrito para cuando fue notificado de la decisión de
segunda instancia, pues, reiteró, se debía tener en cuenta el precedente de la Corte
Constitucional (Sentencia C-556 de 2001) para garantizar el principio pro homine,
pues la tesis adoptada por el Consejo de Estado resultaba contraria a este
8 Véanse folios 356 a 371 del cuaderno principal.
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postulado.
28. Señaló que las decisiones disciplinarias sí incurrieron en incongruencia,
porque si la primera instancia no objetó la declaratoria de urgencia manifiesta, la
Sala Disciplinaria no tenía por qué incluir reproches en ese sentido. Que la
Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública indicó que no estaba en discusión
la viabilidad de la urgencia manifiesta ni la legalidad del acto; pero de manera
inexplicable la segunda instancia incluyó nuevos elementos fácticos respecto de los
cuales no se pudo defender.
29. Que en la actuación disciplinaria no obra ningún documento suscrito por él,
que permita concluir que avaló la celebración de los contratos que se derivaron de
la declaratoria de urgencia manifiesta y que se pasó por alto que no era él quien
tenía la competencia de suscribirlos, pues eso le correspondía al gobernador y que
las declaraciones de Martha Lucía Huertas y Gustavo Trujillo Velasco no fueron
valoradas; de otra forma se habría concluido que la urgencia se verificó por la
secretaría de infraestructura del departamento, que la demora en la celebración de
los contratos no era atribuible al secretario jurídico y que las obras se iniciaron y
terminaron antes de que se legalizaran los contratos, como lo permiten los artículos
41 y 42 de la Ley 80 de 1993.
30. Agregó que, contrario a lo dicho por el Tribunal, la adecuación normativa,
circunstancial y fáctica de la conducta fue indebida, porque, aunque se citó el
numeral 33 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, también se aludió al artículo 43,
numeral 9 de la misma normativa para referirse a la selección objetiva de los
contratistas; sumado a ello, se atribuyó responsabilidad objetiva, porque no se
acreditó un comportamiento doloso o engañoso de su parte.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
31. El 17 de junio de 20229 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
32. El Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado presentó
concepto en el cual solicitó que se confirme la sentencia apelada, por cuanto la
acción disciplinaria se ejerció dentro del marco legal y constitucional, la sanción se
impuso dentro del término legal y jurisprudencialmente establecido y los actos se
motivaron debidamente, con la valoración de las pruebas oportunamente allegadas
al trámite.
33. Agregó que las decisiones cuestionadas no fueron incongruentes y que se
cumplieron los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pues quedó
acreditado que el demandante incurrió en la falta prevista en el numeral 33 del
9 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 379 del cuaderno principal.
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artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al avalar la declaratoria de urgencia manifiesta y
la posterior suscripción de sendos contratos; que los últimos se celebraron entre 6
y 7 meses después y, con ello, se desnaturalizó la figura y se eludieron los
procedimientos de selección objetiva10.
34. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
35. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debe revocarse, porque la demandada expidió los
actos sancionatorios luego de ocurrida la prescripción de la acción disciplinaria; o
porque en su expedición se incurrió en violación al debido proceso por
incumplimiento de los presupuestos que estructuran la responsabilidad disciplinaria,
por indebida valoración probatoria y por falta de congruencia entre las decisiones
de primera y segunda instancia.
36. Con este fin, la providencia estudiará si se configuró o no la prescripción de
la acción disciplinaria, luego de lo cual se referirá a la causal de nulidad invocada y
abordará el caso concreto.
Prescripción de la acción disciplinaria
37. La prescripción de la acción constituye un instituto jurídico liberador, en virtud
del cual, por el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en
ejercicio de su potestad disciplinaria, a imponer una sanción11.
38. Respecto de su configuración, el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 disponía
que ocurría al cabo de 5 años, que para las faltas instantáneas empezaban a
contarse desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la ejecución del último acto.
39. En vigencia de esta disposición, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2002, precisó que como el
legislador no había señalado cuál era el acto que imponía la sanción e interrumpía
el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se consideraba
impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión disciplinaria y, si
contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se expidiera la decisión que
10 Véase índice 00008 de SAMAI.
11 Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se
examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.
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los resolviera12. En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión
dentro de los 5 años desde la comisión de la falta o desde la realización del último
acto, de acuerdo con lo previsto en la ley.
40. En contra de dicha providencia, la Procuraduría General de la Nación
presentó recurso extraordinario de súplica, el cual fue conocido por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación que, en sentencia de
unificación del 29 de septiembre de 200913, revocó la decisión y acogió la tesis
según la cual, tratándose «(…) del régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se
impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta
potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos
de la vía gubernativa»14 (subrayas de la Sala).
41. La anterior sentencia fue objeto de acción de tutela en la que, por sentencia
del 17 de abril de 2013, se controvirtió la tesis propuesta por la Sala Plena de la
Corporación, al considerar que:
«(…) no es válida la postura de la decisión judicial sometida a tutela pues al
declarar que la sanción queda impuesta con la notificación del acto
administrativo principal, olvida que es a partir de ese momento cuando se inicial
el plazo de ejecutoria, dentro del cual cabe la interposición de los recursos de
ley. En este orden, indicó la Sala de Conjueces, tener como impuesto este acto
primigenio al disciplinado, aún antes de su ejecutoria, constituye vía de hecho
que conculca su derecho al debido proceso, al desconocer su precariedad,
ineficacia e inoponibilidad debida a su condición de recurrible»15.
42. Con base en la anterior argumentación, se revocó la posición jurisprudencial
del 2009 y se retornó a lo establecido previamente, es decir, que la acción
disciplinaria no estaría prescrita si se resolvieron los recursos interpuestos y se
notificó la providencia de segunda instancia dentro del término establecido
legalmente, que para entonces era de 5 años.
43. Luego, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver las impugnaciones
interpuestas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión del 17 de
abril de 2013, al determinar que los fallos de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas, intangibles,
inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela, concluyendo
que dichas características de las providencias que profiera la Sala Plena impiden,
por parte del juez de tutela, cualquier pronunciamiento de fondo16. Por consiguiente,
al haberse revocado la sentencia del 2013, la tesis que vigente se corresponde con
la adoptada en el 2009 por la Sala Plena de esta Corporación.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de mayo de 2002, Exp.
76001233100019972204601 (17112). C.P., Jesús María Lemos Bustamante.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.
Exp. 11001031500020030044201. C.P. Susana Buitrago Valencia.
14 Ibid.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del 17 de abril de 2013.
Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez.
16 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-
03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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44. Entre tanto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 reprodujo parcialmente el
contenido del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en el siguiente sentido (se cita la
disposición sin las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011):
«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo
55 de este código17.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique» (el texto
tachado se declaró inexequible mediante la Sentencia C-948 de 2002).
45. En vigencia de dicha norma, esta Corporación «(…) ha aplicado y reiterado
la posición de la Sala Plena contenida en la sentencia de unificación precitada de
acuerdo con la cual dentro del término de los 5 años a que se refiere el artículo
transcrito, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar
el acto principal, esto es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe
el término de prescripción»18 (negrillas en el texto original; subrayas de la Sala).
46. Lo anterior no riñe con la tesis expuesta en la Sentencia C-556 de 200119,
providencia en la cual se analizó el parágrafo primero del artículo 34 de la Ley 200
de 1995, que disponía «[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal
forma el fallo de primera instancia el término prescriptivo se prorroga por seis (6)
meses más» y que fue declarado inexequible tras concluir que no resultaba
razonable extender un término –el de 5 años para la prescripción de la acción,
conforme se disponía en el primer inciso del mismo artículo– en detrimento de los
derechos consagrados en los artículos 13 y 29 constitucionales, porque significaría
que la ineficiencia o negligencia de la administración se trasladaría al servidor
público investigado.
47. En la sentencia se resaltó que la prescripción de la acción disciplinaria tiene
como fin que la potestad sancionadora no se ejerza indefinidamente en el tiempo;
de allí que se consagre un lapso para que se defina la situación jurídica del
investigado.
48. Esta idea es clave, porque, a falta de previsión normativa acerca de cuál es
el acto que define la situación del investigado, fue la jurisprudencia de esta
Corporación la que precisó que tal cometido lo tiene la decisión disciplinaria de
primera instancia. En efecto, en ella se resuelve si se exonera al disciplinado o si se
17 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 19001-23-
33-000-2014-00098-01- (4891-2016). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-556 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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ratifica su responsabilidad. De allí que sea su expedición y notificación aquella
actuación con la que se interrumpe el término de prescripción. No así el trámite de
la segunda instancia, porque su objeto se sustrae al debate sobre la sanción
impuesta –o sobre la absolución, si quien apela es el quejoso/denunciante–.
49. Aclarado lo anterior, cabe precisar, para el análisis del caso concreto, que
el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 30 de la Ley 734 de
200220; pero, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos que se estudian, la
norma aplicable es la contenida originariamente en el artículo 30 ya comentado,
toda vez que la conducta reprochada disciplinariamente cesó el 28 de noviembre de
2008, fecha en la cual se suscribió el último contrato que tuvo por sustento la
declaratoria de urgencia manifiesta21.
50. Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria
depende de si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la
Corte Constitucional, en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias, ha
precisado lo siguiente:
«(…) 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: (…) iii) Instantáneas cuando la realización del
comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”22.
Igualmente, el ente de control ha manifestado que “la conducta se puede agotar
con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”23»24 (subrayado de la Sala).
51. Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del
deber funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas
disciplinarias continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación
al deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad
20 «Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. <Artículo modificado por el artículo 132 de
la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5)
años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado
el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción
disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas».
21 Véanse folios 503 a 517 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 3».
22 Procuraduría General de la Nación, Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa; fallo del 20 de abril de 2007 Radicación nro.: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio del Departamento de Guainía.
Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003;
Asunto: Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera instancia. (Artículo 171
de la ley 734 de 2002).
23 Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. Bogotá, D.C.,
17 de Julio de 2006 respuesta a consulta PAD C-214-06.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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generadora de dicha infracción25.
52. Llevado al caso concreto, se tiene por auto del 9 de noviembre de 2010 el
señor Raimundo Antonio Tello Benítez fue vinculado a la investigación disciplinaria
originada en el informe elaborado por la Contraloría General de la República-
Seccional del Valle del Cauca26. En dicha actuación se investigaban las presuntas
irregularidades en la celebración de unos contratos fundamentados en la
declaratoria de urgencia manifiesta. El último de ellos, calendado del 28 de
noviembre de 2008.
53. La actuación concluyó con la decisión de primera instancia, expedida el 17
de abril de 2012, que impuso al señor Tello Benítez la sanción consistente en
suspensión por el término de 9 meses, convertidos en multa equivalente a 9 meses
del salario devengado para la vigencia 2008; acto que se notificó personalmente al
demandante el 4 de mayo de 201227.
54. Esto permite ratificar la conclusión de la sentencia apelada, con una
precisión: el último contrato que fue analizado en la actuación disciplinaria fue
suscrito el 28 de noviembre de 2008, de manera que a partir de allí debía empezar
a contarse el término de prescripción, el cual habría fenecido el 28 de noviembre de
2013. Para entonces, ya se había notificado la decisión de primera instancia,
diligencia que tuvo lugar el 4 de mayo de 2012.
55. Si, en gracia de discusión, se aceptara que a su caso se podía aplicar la
modificación introducida por la Ley 1474 de 2011, tampoco habría lugar a declarar
la prescripción, por cuanto el auto mediante el cual fue vinculado a la actuación
disciplinaria se expidió el 9 de noviembre de 2010; por lo que la autoridad habría
tenido hasta el 9 de noviembre de 2015 para emitir un pronunciamiento de fondo y,
como se indicó, para esa fecha ya se había proferido y notificado la decisión de
primera instancia.
56. Esta interpretación no resulta contraria al principio pro homine como afirmó
el apelante, pues, como se explicó, la tesis vigente en esta Corporación en nada
riñe con la ratio decidendi de la Sentencia C-556 de 2001 que, como se vio, exige
la expedición de un pronunciamiento que defina la situación del investigado dentro
del término previsto en la ley.
Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
25 Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 19001-23-33-
000-2015-00449-01- (3965-2018). C.P. William Hernández Gómez.
26 Véanse folios 634-635 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 4».
27 Véase folio 1050 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 5».
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de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
58. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13728 y 13829 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
59. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad
de un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido
proceso, teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta
garantía se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia
de las formas propias de cada juicio.
60. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico30.
61. Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 31; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
62. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
28 Del medio de control de nulidad.
29 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
30 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
31 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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derecho al debido proceso32 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución33.
Caso concreto
63. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
• El 8 de junio de 2009 la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública abrió
una indagación preliminar, con fundamento en el informe remitido por la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en el cual, en cumplimiento de
los artículos 43 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, dicho ente de
control se pronunció en relación con la declaratoria de urgencia manifiesta
realizada por el gobernador del Valle del Cauca mediante Decreto 0541 del 9 de
mayo de 2008.
La Contraloría relató que la celebración de los contratos que tuvieron como
sustento dicho acto administrativo habría quebrantado los principios de
transparencia y de selección objetiva, pues vista la fecha de la declaratoria, entre
esta y los respectivos contratos transcurrieron entre 6 y 7 meses y, al ser la
urgencia manifiesta una medida excepcional, no se acompasaba con lo
evidenciado34.
• Una vez se incorporaron al trámite tanto el acto administrativo de declaratoria de
urgencia manifiesta como los contratos celebrados con tal fundamento, el 11 de
mayo de 2010 se abrió una investigación disciplinaria en contra del señor Juan
32 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
34 El auto de apertura de indagación preliminar visible en los folios 78 a 81 del cuaderno de antecedentes
administrativos «Original 1». El informe de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, visible en los folios
2 a 77 del mismo cuaderno.
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Carlos Abadía Campo, entonces gobernador del departamento35.
Por auto del 9 de noviembre del mismo año, fueron vinculados a la actuación los
señores Gustavo Trujillo Velasco, secretario de infraestructura, y Raimundo
Antonio Tello Benítez, secretario jurídico para la fecha de los hechos36.
• Por auto del 20 de junio de 2011 se formuló al señor Raimundo Antonio Tello
Benítez el siguiente cargo:
«4.2.2. Como Secretario Jurídico (sic) de la Gobernación del Valle del Cauca el
doctor RAIMUNDO ANTONIO TELLO BENÍTEZ puede estar incurso en la falta
disciplinaria descrita en el numera (sic) 33 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
al avalar tanto la declaratoria de urgencia manifiesta dictada por el Gobernador
(sic) a través de resolución (sic) 547 del 9 de mayo de 2008, así como la
celebración de los contratos 923, 822, 843, 1158, 844, 823 y 921 de 2008»
La falta disciplinaria se calificó provisionalmente como gravísima, ejecutada a
título de culpa gravísima, porque el funcionario, junto con el gobernador, habrían
abusado de sus funciones durante la declaratoria de urgencia manifiesta, sin un
fundamento aparente, para evadir la selección objetiva de contratistas.
En el mismo acto se terminó la investigación iniciada en contra del secretario de
infraestructura, porque no se encontró ningún elemento que comprometiera su
responsabilidad, pues sus actuaciones se desplegaron en el marco de la
urgencia que declaró el gobernador y avaló el secretario jurídico37.
• El 17 de abril de 2012 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia,
en esta, se ratificó la calificación gravísima de la falta endilgada; pero se varió el
elemento subjetivo y se fijó de manera definitiva en la culpa grave, por
inobservancia del cuidado necesario en sus actuaciones, porque omitió la
diligencia debida en el ejercicio de sus funciones.
En este acto se partió de que la ola invernal que azotó al departamento del Valle
del Cauca no era materia de discusión y se agregó que lo reprochado consistía
en «(…) haberse valido de la fuerte ola invernal como argumento para declarar
la urgencia manifiesta que a la postre se vio desnaturalizada porque la
celebración de los contratos antes citados se produjo seis meses después (…)»,
situación que no resultaba coherente con la inmediatez que se requería para la
ejecución de las obras que tendrían por objeto contrarrestar los efectos del
invierno y, en esa medida, se transformó la finalidad de la urgencia manifiesta,
porque no existieron razones para su declaratoria y, en consecuencia, fue
empleada para eludir procedimientos de selección objetiva.
Se agregó que el trámite disciplinario no suponía un cuestionamiento de la
legalidad del acto que declaró la urgencia manifiesta, sino que los disciplinados
se valieran de una situación real para acudir a la modalidad de contratación
35 Véanse folios 596 a 598 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 3».
36 Véanse folios 634-635 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 4».
37 Véanse folios 674 a 682 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 4».
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directa, en lugar de la licitación pública, que era el mecanismo de selección que
imponían los objetos contratados.
También se reprochó al señor Tello Benítez –a partir de allí se estructuró el
elemento subjetivo de la responsabilidad– que tratara de justificar su aval a los
contratos en que se trataba de una mera formalidad; máxime que dentro de sus
funciones se encontraban las de revisar los actos administrativos, procesos
legales y proyectos de ordenanza, la elaboración de las minutas de los contratos
y los pliegos de condiciones y la asesoría y apoyo en las diferentes etapas de
los procesos de selección38.
• La sanción disciplinaria se confirmó por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación el 15 de diciembre de 2015, tras negar la declaratoria de
prescripción de la acción disciplinaria y de caducidad de la potestad
sancionadora.
En esta oportunidad, la autoridad se refirió al marco normativo y jurisprudencial
de la declaratoria de urgencia manifiesta, para destacar que bajo esta figura se
busca la satisfacción de una necesidad inmediata o en el inmediato futuro, según
el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, lo que no se satisfizo en el caso concreto,
porque el Decreto 541 se expidió el 9 de mayo de 2008, mientras que los
contratos analizados se celebraron entre el octubre y noviembre del mismo año.
Agregó que si hipotéticamente se partiera de que la declaratoria de urgencia
manifiesta se acompasó a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993,
los contratos celebrados con tal justificación no cumplieron con la necesidad de
«ejecución de obras en el inmediato futuro», lo que, en la práctica, significó que
el gobernador, con el aval de su secretario jurídico, empleara dicha figura para
para prescindir de los mecanismos de selección objetiva, aun cuando, visto el
lapso transcurrido entre la declaratoria y los contratos, se habría podido
adelantar un procedimiento de licitación pública, por ejemplo39.
64. El demandante insistió en la falta de congruencia entre los actos
demandados y en la indebida valoración probatoria, como elementos lesivos del
derecho al debido proceso; lo uno, porque la segunda instancia evaluó puntos que
no fueron discutidos por la primera; lo otro, porque lo sancionaron sin prueba de que
hubiese avalado la celebración de los contratos y sin valorar los testimonios que
habrían llevado a una decisión diferente. Además, reiteró que no se adecuó en
debida forma el comportamiento a los presupuestos normativos y que la autoridad
le imputó responsabilidad objetiva.
65. Tales reproches, que ilustran la violación al debido proceso por defectos
fácticos y sustantivos, exigen, además, el análisis de la estructura de la
responsabilidad disciplinaria, pues, en últimas, los argumentos relacionados con la
congruencia atacan el juicio de tipicidad, mientras que los demás cuestionan la
antijuridicidad y la culpabilidad.
38 Véanse folios 1005 a 1034 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 5».
39 Véanse folios 1162 a 1192 del cuaderno de antecedentes administrativos «Original 5».
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66. Al respecto, cabe recordar que de conformidad con el artículo 23 de la Ley
734 de 2002 (régimen disciplinario aplicable al demandante) constituye falta
disciplinaria la incursión en la conductas previstas en dicha normativa, que
impliquen el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos
y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de la responsabilidad.
67. Según el artículo 27 de la misma ley, «las faltas disciplinarias se realizan
por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función,
o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones»; disposición que
prevé, además, que «[c]uando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no
evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De esta forma, el alcance
disciplinario de un comportamiento puede provenir, en términos amplios (i) de una
conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la extralimitación en el ejercicio de
las funciones40.
68. Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas, se ha incurrido
en un comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, la normativa
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
69. El primero se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre
en las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria, en virtud del principio
de legalidad del artículo 4 del Código Disciplinario Único41; el segundo exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 de la Ley 734 de 200242; el
tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria43 y se concreta en la exigencia de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.
70. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa
previamente referenciado, es posible acudir al sentido de dolo consagrado en el
artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es dolosa cuando el
agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal [entiéndase
disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la
realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido prevista como
40 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
41 Ley 734 de 2002. «Artículo 4. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este
código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización».
42 Ley 734 de 2002. «Artículo 5. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
43 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplina queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02817-01 (2728-2022)
probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera del texto
original).
71. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 (aplicable
en virtud del referido principio) contiene un sentido para la culpa en sus formas
gravísima y grave. Según esta disposición, la culpa es gravísima cuando «(…) se
incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento» y es grave «(…) cuando
se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
72. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas;
sumado a ello, el dolo exige un elemento volitivo, que tiene que ver con un
direccionamiento consciente a la obtención de un resultado que contraríe los
deberes o configure una prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la
producción de un resultado contrario a derecho; mientras que la culpa exige validar
que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es, que,
estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y prohibiciones
propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en consecuencia, se
configuró la conducta disciplinable44.
73. En el caso concreto, la demandada consideró que en las actuaciones que
el señor Tello Benítez adelantó para que se declarara la urgencia manifiesta en el
departamento del Valle del Cauca y, de manera posterior, se celebraran sendos
contratos, consistentes en dar su aval en las distintas actuaciones, podría haberse
configurado una conducta disciplinable. Presupuesto exigido por la Ley 734 de 2002
para iniciar una investigación de esta naturaleza. Al cabo de la que se tramitó en
esa ocasión, se advirtió de manera preliminar que esa conducta se podía adecuar
a la falta disciplinaria regulada por el artículo 48, numeral 33, del Código
Disciplinario Único, «[a]plicar la urgencia manifiesta para la celebración de los
contratos sin existir las causales previstas en la ley» (subrayas de la Sala).
74. El verbo rector de dicha falta es «aplicar»45, que, en su segunda acepción
regular significa «[e]mplear, administrar o poner en práctica un conocimiento,
medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien
o algo» (subrayas de la Sala). La lectura del tipo disciplinario, bajo esta noción, sería
incurre en una conducta disciplinable quien emplee la medida de urgencia
manifiesta para la celebración de contratos sin que existan las causales previstas
en la ley.
44 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
45 «Aplicar» en su noción regular, significa «1. tr. Poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa. (…)
2. tr. Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un
determinado efecto o rendimiento en alguien o algo.
3. tr. Referir a un caso particular lo que se ha dicho en general, o a un individuo lo que se ha dicho de otro» Cfr.:
Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/aplicar?m=form. Consultado el 12/09/2025.
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75. Lo anterior significa que en el reproche disciplinario debe acreditarse que el
servidor público comprometido aplicó la figura de urgencia manifiesta con el
propósito de celebrar contratos respecto de los cuales no existe justificación legal;
lo que implica que la autoridad disciplinaria debe remitirse al contenido y alcance
del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, según el cual:
«Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el
inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados
de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o
desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate
de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
selección o concurso públicos.
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.
Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la
urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que
se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal
correspondiente».
76. Según lo dispuesto por el artículo 2 numeral 4, literal a) de la Ley 1150 de
2007, la urgencia manifiesta constituye una modalidad de contratación directa, que,
leída de manera integral con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, procede cuando
es imposible acudir a los procedimientos de selección, porque se satisface alguno
de los presupuestos del inciso primero de la misma norma46. En términos de la
Sección Tercera de esta Corporación:
«2.2. La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia
manifiesta como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de
un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle
instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos
necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos
contratos, en razón de circunstancias de conflicto o crisis, es del todo imposible
celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa. Es decir,
cuando la Administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar
un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas»47.
46 Por ejemplo, al analizar la concurrencia de la contratación directa por urgencia manifiesta y la contratación
por la modalidad de mínima cuantía, la Sección Tercera de esta Corporación precisó: «39. La urgencia
manifiesta se presenta, entonces, cuando las circunstancias particulares “imposibiliten acudir a los
procedimientos de selección” que fueron consagrados por el legislador. De manera que, en el caso en el que
llegaren a concurrir estos dos procedimientos contractuales (mínima cuantía y contratación directa por la causal
de urgencia manifiesta), no tendría sentido alguno que la entidad estatal debiera adelantar un procedimiento
concursal de selección de contratistas, por expedito que este pudiera llegar a ser, cuando fue el propio
legislador, en una acertada anticipación de las posibilidades y necesidades que debían ser atendidas, quien
excluyó esa posibilidad». Cfr.: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 5 de marzo
de 2020. Exp. 11001-03-26-000-2011-00037-00 (41619). C.P. Alberto Montaña Plata.
47
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 7 de febrero de 2011. Exp. 11001-03-26-
000-2007-00055-00 (34425). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. La conceptualización de «urgencia
manifiesta» de esta providencia se retoma en: Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de junio
de 2019. Exp. 11001-03-26-000-2012-00002-00 C.P. Oswaldo Giraldo López, con el propósito de examinar la
naturaleza del acto que la Contraloría General de la República expide en ejercicio de lo dispuesto por el artículo
43 de la Ley 80 de 1993; y en: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de octubre
de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2012-00413-00 (1619-2012). C.P. César Palomino Cortés, con el fin de
examinar la responsabilidad disciplinaria por la declaratoria de urgencia manifiesta realizada por un alcalde
municipal.
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77. En concordancia con lo anterior, esta Sección ha señalado que la urgencia
manifiesta puede emplearse por las entidades estatales para contratar directamente
en los casos que específicamente dispone el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, de manera que su uso está condicionado al lleno de los
requisitos que tanto la ley como la jurisprudencia han determinado, «(…) pero si las
entidades la utilizan en eventos que no están contemplados en la ley, se estarían
violando los principios de selección objetiva y transparencia, lo cual acarrearía
consecuencias disciplinarias»48.
78. Un interrogante transversaliza el anterior análisis: ¿quién puede aplicar la
urgencia manifiesta? La respuesta permite identificar al servidor o servidores
públicos cuya responsabilidad disciplinaria podría comprometerse en los términos
del artículo 48 numeral 33 de la Ley 80 de 1993 y, en este caso, determinar si el
juicio de tipicidad satisfizo las exigencias de la normativa aplicable al demandante.
79. Para la Sala, la descripción típica del referido numeral exige que el
comportamiento sea ejecutado por aquellos servidores que, en virtud de los
artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 tienen la competencia para dirigir la actividad
contractual de las entidades públicas, bien sea que la ejerzan de manera directa
(artículo 1149) o que la deleguen (artículo 1250).
80. Lo anterior es así, porque aun cuando de una conducta como la desplegada
por el demandante pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad, las dos
actuaciones que concretan el numeral 33 del artículo 48 del Código Disciplinario
Único, exigen la intervención de quien tiene la facultad de ordenar el gasto. Así, la
expedición del acto administrativo contenido en el Decreto 541 de 200851
correspondió, en el asunto examinado, al gobernador del Valle del Cauca; sumado
a ello, en su condición de ordenador del gasto del ente territorial, suscribió los
contratos 82252, 82353, 92154, 84355, 84456, 92357 y 115858 de 2008.
81. En el pliego de cargos se consideró que la falta disciplinaria se habría
concretado cuando el secretario jurídico avaló tanto la declaratoria de urgencia
manifiesta como los contratos que de allí se derivaron, lo que significa que su
comportamiento se consolidó en la revisión y posterior visto bueno de (i) el acto
48 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de octubre de 2020. Exp. 11001-
03-25-000-2012-00413-00 (1619-2012). C.P. César Palomino Cortés.
49 Ley 80 de 1993. «Artículo 11. De la competencia para dirigir licitaciones y para celebrar contratos estatales.
En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2o.: (…) [/] 3. Tienen competencia para celebrar contratos
a nombre de la entidad respectiva: (…) [/] b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los
alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y
municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios
indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la
organización y el funcionamiento de dichas entidades. (…)».
50
Ley 80 de 1993. «Artículo 12. os jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar
total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. (…)».
51
Véanse folios 29 a 42 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
52
Véanse folios 44 a 61 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
53
Véanse folios 130 a 141 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
54
Véanse folios 144 a 160 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
55
Véanse folios 76 a 92 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
56
Véanse folios 114 a 127 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
57
Véanse folios 33 a 45 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
58
Véanse folios 95 a 114 del cuaderno de antecedentes administrativos «Anexo 1».
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administrativo expedido por el gobernador del Valle del Cauca y (ii) los contratos
que se celebraron con fundamento en dicho acto.
82. Para la Sala, el alcance del tipo disciplinario del artículo 48 numeral 33 de
la Ley 734 de 2002 no es el contenido en los actos demandados, pues, como ya se
precisó, solo incurren en dicho comportamiento quienes tienen la competencia para
ordenar el gasto. En ese orden, si bien es cierto que de acuerdo con el manual de
funciones del señor Tello Benítez, en su condición de secretario jurídico le
correspondía la revisión más que formal de los contratos celebrados por el ente
territorial, la omisión de tal deber no se adecúa a la falta por la que fue sancionado.
83. En síntesis, en la expedición de los actos demandados se incurrió en
violación al debido proceso, en la medida en que el comportamiento investigado no
se adecuó típicamente al supuesto normativo constitutivo de la falta disciplinaria.
Como no se satisfizo la exigencia de tipicidad, para la Sala no es necesario
detenerse en los demás motivos de inconformidad, pues lo procedente es revocar
la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la nulidad de las decisiones
sancionatorias.
Del restablecimiento del derecho
84. Debido a que la legalidad de los actos administrativos quedó desvirtuada, es
necesario referirse a las medidas indemnizatorias que, bajo el concepto de
«restablecimiento del derecho» fueron solicitadas por el demandante, esto es, a que
se ordene el pago de veinte millones seiscientos noventa y seis mil siete pesos
($20.696.007), correspondientes a los honorarios de su abogado; y sesenta y ocho
millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($68.945.400), por
concepto de perjuicios morales, representados en la limitación para acceder a
cargos públicos y a la afectación de su buen nombre.
85. No es procedente ordenar el pago de los honorarios de su abogado, pues es
necesario tener en cuenta lo señalado en la sentencia de unificación jurisprudencial
del 18 de julio de 2019, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación 59, en
la cual se fijó un parámetro para que el juez de lo contencioso ordene
reconocimientos de este tipo y que si bien se refiere a la defensa asumida en
actuaciones por privación injusta de la libertad, el razonamiento puede extenderse
a los eventos en los que se pretenda esta medida de restablecimiento del derecho:
«1 Unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación
de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.
Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien fue
privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba de
ese perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan cuenta
de la cancelación de los honorarios profesionales y, en su defecto, las
certificaciones emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de
sus honorarios.
59 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 18 de julio de 2019. Radicado 73001-23-
31-000-2009-00133-01 (44752). Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario
dispone que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir,
profesiones en las cuales ‘… predomina el ejercicio del intelecto, que han
sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación
a través de un título académico’, están obligadas a ‘… expedir factura o
documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las
operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales’.
En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una
profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la
respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los
requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si los
abogados están obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios
profesionales, es dable concluir que ésta (sic) es la prueba idónea del pago.
Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado
directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago
deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por
éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su
gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura
o solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no
habrá lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este perjuicio.
Ahora, si se prueba la prestación de los servicios por parte del abogado y se
aportan tanto la factura como la prueba de su pago, pero no coinciden los
valores expresados en ambos, se reconocerá por este concepto el menor de
tales valores.
En todo caso, dada la naturaleza cierta y personal de este tipo de perjuicio, la
indemnización por concepto del daño emergente por pago de honorarios
profesionales sólo se reconocerá en favor del demandante que lo pida como
pretensión indemnizatoria de la demanda, quien, además, deberá acreditar
idóneamente, conforme a lo dicho en precedencia, que, en efecto, fue quien
realizó el pago». (Negrillas de la providencia original; subrayas de la Sala).
86. Según la sentencia en cita, para que proceda el reconocimiento de este
concepto se requiere: i) la prueba de la real prestación de servicios del abogado; ii)
la respectiva factura o documento equivalente; y iii) la prueba de su pago por parte
de quien reclama la medida de restablecimiento del derecho y en este caso, las
pruebas allegadas, por su parte, no satisfacen estos requerimientos y, por ello, no
se accederá a esta pretensión.
87. Tampoco hay lugar al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados,
que se representan en la limitación para acceder a cargos públicos y en la afectación
a su buen nombre. Lo primero, porque si bien es cierto que la decisión sancionatoria
constituyó una restricción de su derecho a acceder a cargos públicos, no podría
decirse que toda decisión disciplinaria conlleva la producción de un daño moral.
Para que procediera un reconocimiento por este concepto, era indispensable que
se demostrara su causación, pues se trata de una carga probatoria al tenor de lo
establecido en artículo 167 del Código General del Proceso. Similar anotación cabe
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respecto de lo segundo, máxime que su esfuerzo probatorio se dirigió a atacar la
legalidad de los actos.
88. Finalmente, como medida de restablecimiento del derecho automática se
ordenará a la demandada que retire del registro de antecedentes disciplinarios la
anotación realizada al demandante en cumplimiento de las decisiones disciplinarias.
De la condena en costas en ambas instancias
89. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
90. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
91. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
92. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias, en contra de la
Procuraduría General de la Nación, por cuanto se accede a las pretensiones del
recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el cuatro (4) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones. En su lugar:
Segundo: DECLARAR la nulidad de la decisión disciplinaria del 17 de abril de 2012
expedida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante la cual
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fue sancionado con suspensión por el término de nueve (9) meses, convertidos en
salarios devengados para la vigencia 2008; y de la decisión expedida el 15 de
diciembre de 2015 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
que confirmó la sanción, en cuanto a la responsabilidad disciplinaria del señor
Raimundo Antonio Tello Benítez.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación que retire del registro de antecedentes disciplinarios la
anotación realizada al demandante en cumplimiento de las decisiones disciplinarias.
Cuarto. NEGAR las demás pretensiones.
Quinto. CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la Procuraduría General de
la Nación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Sexto. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández,
identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263 y portadora de la tarjeta
profesional 190.461 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00012
del aplicativo SAMAI.
Séptimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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