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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02831-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02831-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 15 de julio del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho en contra del Fondo de Previsión Social del 29 Radicado: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022) Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho Congreso de la República, que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas anotaciones en el portal Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02831-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

14 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022)
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Temas: Principio de congruencia. Ajuste de mesada según el tope
pensional del Acto Legislativo 01 del 2005.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 15 de julio del 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho formuló

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022)
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se
declare la nulidad parcial de la Resolución 606 del 1 de septiembre del 2014 que
fijó un tope de 25 smlmv; y la nulidad total nulidad total del Oficio número
20152000125561 del 28 de diciembre del 2015 que negó la inaplicación del citado
tope y «el pago completo de la pensión de jubilación».

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó, principalmente, lo siguiente: (i) ordenar a la entidad demandada proferir
acto administrativo en el que se disponga el pago completo de la mesada
pensional, es decir, sin el tope de los 25 s.m.l.m.v; (ii) reconocer los reajustes que
resulten de la reliquidación de la mesada [sic]; (iii) indexar el valor de la condena
de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de su
causación, hasta la fecha en que se realice el pago; (iv) pagar los intereses a que
haya lugar de acuerdo con el artículo 1563 del Código Civil y 195 de la Ley 1137
del 2011; (v) condenar a la parte accionada al pago de costas y gastos del
proceso; y (vi) que el cumplimiento de la sentencia se dé en los términos del
artículo 192 del C.P.A.C.A.

De manera subsidiaria, y solo en caso de no acceder a las principales, el
demandante solicitó: (i) declarar que Fonprecon ha pagado la mesada pensional
en un valor inferior a los 25 s.m.l.m.v.; (ii) ordenar el pago de la mesada pensional
en la suma equivalente de 25 s.m.l.m.v; (iii) pagar las diferencias dejadas de
cancelar desde el 1 de enero del 2015 y hasta la fecha en que se realice el
reajuste; (iv) indexar el valor del reajuste pensional; (v) pagar los intereses
causados desde la ejecutoria de a sentencia; y (vi) disponer el pago de costas y
agencias en derecho.

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022)
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

i) El señor Jesús Antonio Bernal cumplió 55 años de edad el 21 de noviembre del
2009 y laboró al servicio del estado por más de 39 años. El 1 de septiembre del
2014, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon,
profirió la Resolución 606, a través de la cual reconoció una mesada pensional con
las siguientes características: causada y vigente [sic] a partir del 21 de noviembre
del 2009, con una cuantía del 75 % del promedio de lo devengado en el último año
de servicio para un monto de $ 19.447.216, que fue ajustado a $ 15.400.000 por
ser ese el tope de 25 s.m.l.m.v. establecido en el Acto Legislativo 01 del 2005.

ii) El 20 de octubre del 2014, Fonprecon profirió la Resolución 768 en la que
reglamentó y ejecutó [sic] la Resolución 606 del 1 de septiembre de ese año, en el
sentido de indicar que la efectividad de la mesada sería a partir de la fecha en que
la UGPP lo retirara de su nómina de pensionados, con ocasión de una pensión
convencional concedida en el año 2001, pero que fue suspendida mientras
percibía el salario por su labor como senador.

iii) A partir del año 2015, la mesada del accionante fue incrementada de
conformidad con el IPC anual y no a partir del límite de 25 s.m.l.m.v., por ejemplo,
en ese año, la mesada fue pagada en cuantía de $ 15.963.640, cifra que es
inferior al tope señalado, que debe corresponder a $ 16.108.750. Por lo anterior, el
5 de junio del 2015, interpuso un derecho de petición ante Fonprecon, con el
propósito de que se ajustara el valor de la pensión al tope legal, pretensión que
fue negada a través del Oficio 2015000060151, en donde se indicó que el citado

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022)
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

límite se aplicaba en virtud del Acto Legislativo 01 del 2005 y no de la sentencia C-
258 del 2013 [sic].

iv) El 27 de diciembre del 2015 radicó ante la entidad demandada una reclamación
administrativa en donde insistió en el reajuste de la mesada, solicitud que fue
resuelta desfavorablemente por medio del Oficio 20152000125561 del 28 de
diciembre de esa anualidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 25,
48 y 53 de la Constitución Política; Acto Legislativo 01 del 2005; Ley 33 de 1985;
Ley 100 de 1993; las sentencias C-168 de 1995; C-126 de 1995; C-262 del 2001;
C-781 del 2003; y las Circulares 10 del 2014 y 01 del 2015 del Ministerio del
Trabajo. En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso
los siguientes argumentos1:

i) El señor Jesús Antonio Bernal Amorocho es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, por lo que es sujeto de una mesada pensional
en los términos de la Ley 33 de 1985. En virtud de los requisitos citados en la
última norma citada, el accionante causó su derecho el 29 de noviembre del 2009,
lo que quiere decir que su derecho no puede sujetarse al tope pensional de 25
SMLMV, ni en virtud del Acto Legislativo 01 del 2005 ni de la sentencia C-258 del

2013.

1 Folios 42 al 52.

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022)
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

ii) El contenido del Oficio 20152000125561 del 28 de diciembre del 2015 no se
ajusta a derecho, pues reajusta [sic] el valor de la mesada pensional del
demandante en una clara violación de los derechos adquiridos y del principio de
favorabilidad. Según el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, «por ningún
motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la meada de las
pensiones reconocidas conforme a derecho».

iii) La pensión del señor Bernal Amorocho fue reconocida con base en lo descrito
en la Ley 33 de 1985, por lo que la mesada sería superior a 25 SMLMV; sin
embargo, en el acto demandado, la mesada se reajustó [sic] en los términos del
Acto Legislativo 01 del 2005 y, en consecuencia, se desmejoró el reconocimiento,
sin tener en cuenta que la citada modificación constitucional fijó el aludido límite
pensional, pero solo para los derechos causados con posterioridad al 31 de julio
del 2010, exigencia que no se cumple en el presente caso.

iv) En caso de considerar que la mesada del señor Bernal Amorocho sí es
destinataria del tope pensional, debe ajustarse el valor de la cuantía, debido a que
lo pagado por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en los
años 2015 y 2016 es, incluso, inferior a los 25 SMLMV; así, en el año 2015 el monto
de la mensualidad debió ser de $16.108.750, pero se pagó en cuantía de
$15.963.340, al paso que para el año 2016 la mesada tendría que haber sido de
$ 17.236.350, pero fue de $17.044.058.

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada allegó memorial de contestación visible en los folios 63 al 77
del cuaderno principal, en donde argumentó lo siguiente:

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Radicado: 25000 23 42 000 2016 02831 01 (1314-2022)
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

i) A partir del año 1976 se han establecido topes a todas las pensiones de
jubilación; así se ha dispuesto a través de los artículos 2 de la Ley 4 de 1976, 2 de
la Ley 71 de 1988 y 18 de la Ley 100 de 1993. La citada ley 4 fijó un máximo de 22
SMLMV para «las pensiones jubilación, invalidez, vejez y sobreviviente de los
sectores público, oficial semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado,
así como las que paga el Instituto Colombiano del Seguros Social», es decir, que
no se excluyeron aquellas reconocidas en los términos de la Ley 33 de 1985.

ii) Por su parte, los artículos 18, 34 y 35 de la Ley 100 de 1993 establecen los
valores máximos y mínimos del reconocimiento de las mesadas pensionales; de
ese modo, el límite superior fue establecido en 25 SMLMV, que fue elevado a 25
SMLMV por conducto de la Ley 797 del 2003. Los citados límites han sido objeto de

estudio de exequibilidad y avalado por la Corte Constitucional a través de las
sentencias C-089 de 1997, C-155 de 1997 y C-258 del 2013.

iii) El demandante asegura que su mesada no debe sujetarse al tope pensional
fijado en el Acto Legislativo 01 del 2005 porque, a su juicio, el derecho se causó
antes del 31 de julio del 2010, fecha de vigencia del citado límite pensional,
afirmación que no es correcta en atención a que la efectividad de la pensión
reconocida por Fonprecon ocurrió a partir del 1 de agosto del 2014, debido a que
antes de esa fecha el accionante era titular de una pensión convencional
reconocida por la extinta Caja Agraria y pagada, en ese momento por la UGPP.

«No puede afirmarse válidamente que la pensión [reconocida por Fonprecon] se
causó con anterioridad al 31 de julio del 2010, ya que la pensión que devengaba

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

originada en los servicios prestados a la Caja Agraria existió hasta el 31 de julio
del 2014.

1.3 La sentencia apelada

En sentencia del 15 de julio del 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:2

i) El demandante pretende que se reconozca la efectividad de la pensión de
jubilación reconocida por Fonprecon desde el 13 de mayo del 2010, es decir,
desde el día siguiente al retiro del servicio como senador, lo que implica que entre
ese momento y el 31 de julio del 2014, la entidad demandada reconozca la
diferencia ente la pensión reconocida por esa entidad y la pensión convencional a
cargo de la UGPP, solicitud que resulta improcedente, toda vez que ello
contravendría la prohibición de doble asignación del tesoro público consagrada en
el artículo 128 constitucional.

ii) Sobre una eventual compartibilidad entre ambas pensiones, Fonprecon no
subrogó tal reconocimiento en atención a que el demandante, por favorabilidad,
renunció a la mesada que había sido reconocida por la Caja Agraria, de modo que
optó por la pensión concedida por la demandada en los términos de la Ley 33 de
1985, la cual solo podría empezar a devengarse una vez se extinguiera aquella.
Por lo anterior, no hay lugar a acceder a la modificación de la fecha de efectividad
de la pensión.
2 Folios 122 al 189 del cuaderno principal.

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

iii) El demandante también pretende que se elimine el tope pensional de 25 SMLMV
de su pensión de jubilación, por no haber sido reconocida con base en el régimen
especial de congresistas y no estar sujeta a lo ordenado en la sentencia C-258 del
2013. Sin embargo, el acto administrativo demandado no fundamenta su decisión
en el mencionado antecedente jurisprudencial, sino que lo hace en el Acto
Legislativo 01 del 2005, que en el parágrafo 1 del artículo 1 señala que no «no
podrán causarse pensiones superiores a veinticinco salarios mínimos».

iv) A pesar de que podría entenderse que la pensión del demandante, al haberse
causado el 21 de mayo del 2009, cuando cumplió los 55 años de edad, no estaría
sujeta al tope establecido por el Acto Legislativo 01 del 2005, lo cierto es que la
efectividad de ese reconocimiento tuvo lugar a partir del 1 de agosto del 2014, y,
en todo caso, se habría visto afectada por lo ordenado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-258 del 2013, en la que, si bien se estudió la exequibilidad del
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que no se aplicó al demandante, lo allí decidido se
extendió a todas las pensiones financiadas con dineros públicos.

v) En sentencia T-320 del 2015, la máxima autoridad constitucional estudió un
caso de un congresista al que, tal como en esta oportunidad, se le reconoció una
pensión de jubilación en la que no se aplicó el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y se
concluyó que, a pesar de que el sustento normativo era distinto al del aludido
régimen especial, el derecho sí estaba sujeto al tope pensional de los 25 SMLMV.

vi) Sobre la pretensión subsidiaria de revisión de la pensión año a año, en el
sentido de ajustarla a 25 SMLMV, se explicó que la mesada del interesado surgió a
la vida jurídica con el aludido límite legal y, como todas las pensiones vigentes, es

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

ajustada anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor, tal como
lo indica la Ley 100 de 1993. «En consecuencia, la pensión reconocida, debía ser
reajustada para el año 2015 en el porcentaje del IPC certificado por el Dane, como
se hizo, sin que exista norma alguna que permita efectuar una revisión anual de la
prestación para ajustarla al tope de los 25 SMLMV».

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Jesús Antonio
Bernal Amorocho, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
visible en los folios 143 al 147 reverso del cuaderno principal, en donde argumentó
lo siguiente:

i) La sentencia de primera instancia adolece de una grave falta de análisis de los
hechos y las pruebas aportadas, en atención a que no es cierto que la presente
demanda procure la modificación de la fecha de efectividad de la mesada
pensional concedida por Fonprecon, como tampoco se ha procurado el pago
simultáneo de dos pensiones o que se inaplique el tope de 25 SMLMV [sic].

ii) El asunto a resolver en esta oportunidad es determinar si al señor Jesús Antonio
Bernal le son aplicables los principios de favorabilidad y debido proceso, de modo
que los efectos reales de la prestación reconocida por Fonprecon tengan lugar a
partir del 13 de mayo del 2010, fecha en la que el demandante dejó de recibir
salario y de cotizar a pensión. Así, el Tribunal consideró que acceder a lo anterior
comportaría el pago de dos pensiones, lo cual no es cierto ni es lo pretendido [sic].

iii) Es clara la obligación de la demandada de haber aplicado la Ley 33 de 1985

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desde el año 2010 y no retardar el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación hasta el año 2014. El demandante tiene derecho a que su mesada fuera
paga desde el año 2010 y fue la accionada la que retrasó el citado pago y le
impidió optar oportunamente por la pensión que le fuera más favorable. La
solución el problema planteado es que «se pague la pensión legal a partir del 13
de mayo del 2010, que es la pensión más favorable y que de ella se descuenten
los valores recibidos por concepto de la pensión convencional entre el 13 de mayo
del 2010 y el 31 de julio del 2014».

iv) No se ha pretendido desconocer el tope pensional de los 25 smlmv, sino que,
en atención a que la mesada se causó el 21 de noviembre del 2009 y que el
demandante renunció al cargo de senador a partir del 12 de mayo del 2010, entre
el periodo comprendido entre el 13 de mayo del 2010 y la fecha de vigencia de la
sentencia C-258 del 2013 se paguen las mesadas causadas sin el aludido límite,
el cual solo deberá ser aplicado sobre las mensualidades generadas con
posterioridad a la notificación del antecedente jurisprudencial citado.

v) Tampoco se comparte lo relativo a la negación del ajuste anual de la mesada,
toda vez que Fonprecon actualmente reconoce una mesada inferior a los 25
smlmv, en tanto paga mensualmente, para el año 2021, la suma de $20.417.373
que equivale a 22.535 SMLMV.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho tiene
derecho a lo siguiente: (i) si lo manifestado en el recurso de apelación, en relación
con el pago retroactivo de una mesada pensional sin tope entre el 13 de mayo del
2010 y el 1 de julio del 2013,3 de la que se descuente lo pagado por concepto de la
pensión convencional que le fue pagada en ese interregno por parte de la UGPP,
guarda congruencia con lo pedido en sede administrativa y en el escrito inicial de la
demanda, en caso afirmativo, se decidirá lo pertinente; y (ii) si al demandante le
asiste derecho a que con posterioridad a la fecha de vigencia de la sentencia C-258
del 2013 se ajuste su mesada pensional al tope de 25 smlmv, la cual ha sido pagada
en cuantía inferior.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el principio de congruencia en materia judicial

En atención a la naturaleza del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y al alcance del principio de congruencia, es preciso traer a colación el
contenido del artículo 281 del Código General del Proceso:

3 Fecha fijada por la sentencia C-258 del 2013

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Artículo 281. Congruencia. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.” (Subraya la Sala).

En materia jurisprudencial tanto la Corte Constitucional como esta Corporación se
han pronunciado acerca de los fundamentos y el alcance del principio de
congruencia de las providencias proferidas por los jueces de la República en
relación con los hechos, pretensiones y fundamentos normativos de las demandas
incoadas en procura de la obtención del derecho. Así, en la Sentencia T-455 de
2016, la Corte Constitucional, dijo lo siguiente sobre este aspecto:

El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del
debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque
en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones
probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a
la defensa de las partes, puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos
que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia “como
uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”7. Además ha establecido que
siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por

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tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el
derecho constitucional fundamental al debido proceso.

Por su parte, en sentencia de 25 de enero de 2017, esta Corporación sostuvo:4

En repetidas oportunidades esta Corporación se ha referido al principio de
congruencia, de conformidad con los dictados de los artículos 304 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, como uno de los orientadores de las decisiones
judiciales, lo cual tiene plena vigencia a la luz de lo dispuesto por el Código General
del Proceso. Sobre este principio expresó la Sala de Sección:

“En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra
su límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos
alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes
modificar la causa petendi a través del señalamiento extemporáneo de nuevos
hechos, o a través de una sutil modificación de las pretensiones en una oportunidad
diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la
demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de
congruencia. El actor sólo cuenta con dos oportunidades para precisar la extensión,
contenido y alcance de la controversia que propone, es decir para presentar el relato
histórico de los hechos que originan la reclamación y para formular las pretensiones
correspondientes: la demanda y la corrección o adición de la misma, de acuerdo con
dispuesto en los artículos 137, 143, 170 y 208 del Código Contencioso
Administrativo.

Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de ‘la congruencia
de las sentencias’, reglado por el Código de Procedimiento, el cual atañe con la
consonancia que debe existir entre la sentencia y los hechos y pretensiones
aducidos en la demanda (art. 305), que garantiza el derecho constitucional de
defensa del demandado, quien debe conocer el terreno claro de las imputaciones
que se le formulan en contra. El juez, salvo los casos de habilitación ex lege, en
virtud de los cuales se le faculta para adoptar determinadas decisiones de manera
oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos ni las pretensiones oportunamente
formulados, so pena de generar una decisión incongruente”11.” (Se subraya).

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de enero de 2017,

radicado N.º 11001-03-26-000-2016-00052-00 (56703).

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De conformidad con lo expuesto, el principio de congruencia materializa la
protección del derecho fundamental del debido proceso a las partes en el proceso
judicial, en razón a que el «juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado, sin que
sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita),
y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber
de explicar de forma clara las razones de tal omisión.»5

2.2.2. Sobre los topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4 de 19766 dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario
mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».

Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.7A su vez, el artículo
18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición
fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.

Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 26 de octubre de 2017, radicado N.º 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
6 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y

privado y se dictan otras disposiciones
7 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a
recursos de naturaleza pública».

En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:8

[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar
el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos,
en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege
los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos
preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…].

De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea,
proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema
de seguridad social en pensiones.

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional9 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.

8 Sentencia C-155 de 1997.
9 Sentencia C-089 de 1997.

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones».10

El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de
las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además
desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes
anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y
máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa
normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18,
a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue
luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las
mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales,
específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla
de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo,
como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio
de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a
un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o
debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector
privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio

10 Sentencia C-089 de 1997.

16

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la
Sala).

Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa
los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad
fiscal.

2.3. Hechos probados

i) El 25 de febrero del 2002, la Caja Agraria en Liquidación profirió la Resolución
1755, por medio de la cual reconoció a favor del señor Jesús Antonio Bernal
Amorocho una pensión de jubilación convencional a partir del 21 de noviembre del
2001, en cuantía de $ 2.098.405, cifra reajustada hasta $ 2.258.933 desde el 1 de
enero del 2002, derecho que fue concedido a partir de las prerrogativas de la
Convención Colectiva 1998-1999 suscrita con la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero.11

ii) El 31 de julio del 2002, la Caja Agraria en Liquidación profirió el Oficio dp.05406,
en el que decidió suspender el pago de la mesada pensional del demandante a
partir del 20 de julio del 2002, en atención a la posesión del señor Bernal
Amorocho como congresista de la República.12

11 Folios 3 al 6 del anexo número 2.
12 Información consignada en el recuento efectuado en la Resolución 2460 del 22 de julio del 2003,

proferida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia [sic].

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iii) El señor Jesús Antonio Bernal Amorocho renunció al cargo de senador a partir
del 13 de mayo del 2010.13

iv) El 22 de julio del 2013, luego de múltiples trámites administrativos y judiciales,
el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia expidió la Resolución
2460 en la que reactivó el pago de la pensión convencional otorgada al señor
Jesús Antonio Bernal, a partir del 13 de mayo del 2010, cuyo valor actualizado
correspondía a $ 3.784.997.14

v) El 23 de mayo del 2014, el demandante radicó una solicitud ante la UGPP,
entidad que sumió el pago de su pensión convencional, con el propósito de que se
revocara dicha mesada, en aras de optar por una eventual pensión que sería
reconocida por el Fondo de Prestaciones Sociales del Congreso de la República.15

vi) El 1 de septiembre del 2014, Fonprecon profirió la Resolución 606, en la que
reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Jesús Antonio Bernal a partir
del 21 de noviembre del 2009, pero cuyos efectos fiscales se condicionaron al
retiro de la nómina de pensionados de la UGPP. Las consideraciones del aludido
reconocimiento fueron las siguientes:16

Que la Caja Agraria en Liquidación mediante Resolución No. Gp-01755 del 25 de
febrero del 2002 reconoció a favor del señor Jesús Antonio Bernal Amorocho una
pensión de jubilación convencional a partir del 21 de noviembre de 2001, en

13 Información consignada en el recuento efectuado en la Resolución 2460 del 22 de julio del 2003,

proferida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia [sic].
14 Folios 7 al 13 del anexo número 2.
15 Información consignada en la Resolución RDP 21152 del 9 de julio del 2014, en los folios 15 al 18

del anexo 2 dele expediente.
16 Folios 3 al 12 del cuaderno principal.

18

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cuantía de $2.098.405 con fundamento en el artículo 41 de la Convención
Colectiva de 1998-1999 que establecía para quienes al 16 de marzo de 1992
tuvieran 18 años o más de servicio a la Caja, el derecho a una pensión de
jubilación cuando cumplieran 47 años de edad y 20 años de servicio.
[…]
Que el 18 de junio del 2010, el señor JESÚS ANTONIO BERNAL AMOROCHO reiteró la
solicitud [de reliquidación de la pensión convencional] ante el Fondo de Previsión
Social del Congreso […] manifestando que a partir del 12 de mayo de 2010 había
dejado de ser senador de la República.

Que el Fondo de Previsión Social del Congreso mediante oficio 20104000045271
del 24 de junio del 2010 negó la solicitud de reliquidación presentada por el
peticionario afirmando que le correspondía resolver la solicitud a la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero por ser la entidad que reconoció la pensión de jubilación
[…].
Que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia por medio
de la Resolución No. 1576 del 26 de julio de 2010 negó la solicitud de activación
de pago y reajuste de la mesada pensional, arguyendo que era un trámite que le
correspondía al Fondo de Previsión Social del Congreso.
[…]
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante
providencia de fecha 20 de junio de 2013 dirimió el conflicto de competencias […]
resolviendo declarar competente al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia para resolver la solicitud de reactivación de la mesada
pensional […]

Que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través
de la Resolución No. 2460 del 22 de julio de 2013 decidió reactivar el pago de la
pensión convencional otorgada al señor JESÚS ANTONIO BERNAL AMOROCHO a
partir del 13 de mayo de 2010 por valor de $ 3.452.535,92 la cual actualizada
asciende a la suma de $ 3.784.997 para el año 2013; y negar la reliquidación de la
mesada pensional.
[…]
Que el señor JESÚS ANTONIO BERNAL AMOROCHO nació el 21 de noviembre de
1954 […] acreditó treinta y nueve (39) años, seis (6) meses y ocho (8) días de
servicios en el sector público […].

Que el señor JESÚS ANTONIO BERNAL acreditó cotizaciones en el Fondo de
Previsión del Congreso hasta el 12 de mayo de 2010, desempeñando como último
cargo el de senador de la República.

Que el peticionario a pesar de ser pensionado por la Caja Agraria se reintegró
válidamente al servicio en calidad de Congresista […]

Que el señor JESÚS ANTONIO BERNAL AMOROCHO es beneficiario del régimen de
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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

transición general establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones tenía más de 15
años de servicio; y al 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, tiene cotizadas más de 750 semanas […].

Que en consecuencia, el régimen que lo cobija con anterioridad a la entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones corresponde a la Ley 33 de 1985, que
exige para acceder a la pensión de jubilación, acreditar 55 años de edad y un
mínimo de 0 años de servicio público.
[…]
Que para los beneficiarios del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985,
al momento de efectuar la liquidación de la mesada pensional, se le incluirán todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio, de conformidad
con lo resuelto en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de fecha 4 de agosto del
2010 […].
IBL: $25.929.621
Valor mesada 75%: $ 19447.216
Tope de 25 SMLMV: $ 15.400.000
[…]
Que según la anterior liquidación el monto de la pensión asciende a la suma de
$ 19.447.216 para el año 2014, sin embargo, en aplicación de lo dispuesto en el
Acto Legislativo No. 01 del 2005 la mesada pensional se ajusta al tope de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, quedando establecida en la
suma de $ 15.400.000.

Que teniendo como fundamento que los actos administrativos que reconocieron la
pensión convencional no producen jurídicos y el peticionario cumple los requisitos
de la Ley 33 de 1985 […] prestación que adquiere a partir del 21 de noviembre de
2009, fecha en que cumple el último de los requisitos; sin embargo, su efectividad
queda condicionada al retiro de nómina de la UGPP y/o Fopep, en consideración a
la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política.
[…]

vii) El 17 de diciembre del 2015, el señor Juan Antonio Bernal radico reclamación
administrativa ante el Fondo de Previsión Social del Congreso en donde pidió lo
siguiente:17

i) Revocar parcialmente la Resolución 0606 del 01 de septiembre de 2014 en

17 Folios 13 al 21 del cuaderno principal.

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cuanto al límite impuesto de 25 SMLMV.
ii) Producir el acto administrativo que ordene el pago de la pensión de
jubilación de mi poderdante por el valor que arroja el 75% del promedio del
salario mensual devengado en el último año de servicio.
iii) Que reconozca y pague los reajustes que resulten por la reliquidación de la
pensión de mi poderdante.
iv) Que todos los valores en que sea reajustada la pensión se paguen
indexados en el IPC promedio nacional, desde la fecha en que se causaron,
hasta la fecha en que efectivamente se paguen.

En el hipotético caso de que no se reconozcan las anteriores peticiones,
solcito que resuelvan las siguientes:

1. Que FONPRECON le reajuste la mesada pensional a mi poderdante a la
suma igual a 25 SMLMV.
2. Que se reconozcan y paguen los ajustes indexándolos.

viii) El 28 de diciembre del 2015, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República se pronunció sobre la anterior reclamación por conducto del Oficio
20152000125561 en la que resolvió lo siguiente:18

En primer lugar resulta necesario precisar que no es procedente la revocatoria
parcial de la Resolución No. 0606 del 1 de septiembre de 2014 en tanto no se dan
las causales previstas por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, en tanto el acto
administrativo se ajusta a la Constitución y la Ley, no contraviene el interés público
y no causa un agravio injustificado.
[…]
Así mismo, debe precisarse el contenido de la respuesta contenida en el oficio
20154060151 en tanto en dicha comunicación se afirma que en el caso particular
del señor Bernal Amorocho no se aplicó el ajuste automático en la mesada
pensional por cuanto para el 1 de julio del 2013 la pensión no había sido
reconocida, explicando que la fuente normativa del momento de su pensión es el
Acto Legislativo 01 de 2005.

Lo anterior no significa que la limitación al tope de 25 SMLMV impuesta por la
Sentencia C-258 de 2013 no sea aplicable a todas las pensiones reconocidas con
cargo a recursos de naturaleza pública […]

La ratio decidendi de la sentencia proferida por la Honorable Corte Constitucional

18 Folios 22 al 26 del cuaderno principal.

21

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[C-258 del 2013] en relación con los topes legales, evidencia claramente que bajo
el amparo de ningún régimen legal, las pensiones que se pagan con cargo a
recursos de naturaleza pública pueden superar el tope establecido por al Acto
Legislativo 01 de 2005, así las cosas resulta imposible considerar una mesada
pensional reconocida al tenor de lo previsto por la Ley 33 de 1985 supere el tope
de 25 smlmv.

ix) Según las nóminas de los meses de agosto a octubre del 2015, el señor Jesús
Antonio Bernal Amorocho percibió por concepto de pensión de jubilación, a cargo
del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, la suma de
$ 15.963.640,19 mientras que en el mes de marzo del 2016 recibió $ 17.044.378.20

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Una vez estudiado el expediente de la referencia, la Sala advierte que no se ha
cuestionado el régimen pensional que le fue aplicado al señor Jesús Antonio
Bernal ni las condiciones de tal reconocimiento, razón por la que no hay lugar
emitir manifestación alguna sobre el particular. Aclarado lo anterior, y de acuerdo
con los problemas jurídicos propuestos, la Subsección resolverá negativamente el
primero de ellos, relativo a la congruencia entre lo argumentado en el recurso de
apelación y lo pedido en sede administrativa y en el escrito inicial de la demanda;
las razones son las siguientes:

En el recurso de apelación el recurrente propuso amplios argumentos sobre el
derecho que considera que le asiste a que Fonprecon le conceda el retroactivo
pensional que a su juicio se causó entre el 13 de mayo del 2010, día siguiente a

19 Folios 27 al 29 del cuaderno principal.
20 Folio35 del cuaderno principal.

22

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su retiro del servicio como senador, y el mes de julio del 2013,21 y a que del
resultado de ese reconocimiento se descuente lo que le fue pagado por parte de la
UGPP por concepto de la pensión convencional otorgada por la extinta Caja
Agraria, pretensión que, de algún modo, y contrario a lo manifestado por el
demandante, sí se refiere o implica la modificación de la fecha de efectividad del
derecho.

A pesar de lo anterior, según el material probatorio aportado al proceso, el señor
Jesús Antonio Bernal Amorocho interpuso reclamación administrativa ante el
Fondo de Previsión Social de Congreso de la República el 17 de diciembre del
2015, en donde pretendió, principalmente, la no aplicación del tope pensional de
25 SMLMV, la reliquidación de su mesada en cuantía del 75 % del promedio de todo
lo percibido durante el último año de servicio, el pago de las diferencias surgidas a
partir de esa reliquidación y la indexación de tales valores.

Como pretensiones subsidiarias, el accionante pidió el reajuste de la pensión de
jubilación hasta los 25 SMLMV, al considerar que la mensualidad ni siquiera
alcanzaba el referido tope, y el pago indexado de las sumas que resultaran a su
favor. De acuerdo con lo recapitulado, es evidente que en sede administrativa no
se propuso ninguna solicitud relativa al reconocimiento del retroactivo pedido en la
alzada.

Del mismo modo, en el Oficio 20152000125561, cuya legalidad se ha cuestionado,
el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no realizó ningún tipo
de pronunciamiento en relación con el mencionado retroactivo o modificación de la

21 Fecha de vigencia de la sentencia C-258 del 2013.

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efectividad de la mesada pensional. Así, la parte demandada se limitó a
manifestarse sobre lo requerido por el interesado, es decir, lo atinente al tope
pensional. Es más, tampoco se pronunció sobre la reliquidación de la mesada.

Adicionalmente, las pretensiones propuestas en el escrito inicial de la demanda
son idénticas a las de la reclamación administrativa, tal como puede corroborarse
del resumen efectuado en el acápite 1.1.1. de la presente decisión. A partir de lo
anterior, la Sala considera que lo manifestado por el recurrente en la alzada,
relacionado con el reconocimiento del retroactivo pensional supuestamente
causado entre el 13 de mayo del 2010 y el mes de julio del 2013 no se acompasa
con lo procurado ni en sede administrativa ni en el trámite de la primera instancia.

Ahora, es cierto que en la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca estudió lo relativo a una posible compatibilidad o compartibilidad
entre la pensión convencional, que era pagada por la UGPP, y la pensión de
jubilación que fue reconocida por Fonprecon, entre el 13 de mayo del 2010 (día
siguiente al retiro del servicio) y el 31 de julio del 2014 (día previo a la efectividad
de la pensión concedida por la demandada); no obstante, la Sala considera que
dicho pronunciamiento pudo obedecer, tal vez, a una interpretación más laxa de la
demanda y un estudio más completo del asunto, pues en ninguna de las piezas
procesales obrantes en el expediente se hizo referencia a una pretensión similar.

De acuerdo con lo anterior, el estudio sobre el citado retroactivo pensional y su
relación con la compatibilidad o compartibilidad entre ambas pensiones, obedece
a un análisis extra petita de la demanda, pues, como se ha explicado, ello no fue
objeto de discusión ni de pronunciamiento en sede administrativa ni de
pretensiones en el trámite de la primera instancia. A pesar de lo anterior, como las

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conclusiones a las que arribó el a quo sobre el particular fueron negativas, no hay
lugar a proferir medidas correctivas sobre ese asunto.

Así, a pesar de que ese aspecto haya sido abordado por el juez de primer nivel, a
juicio de esta Sala, no se habilita la posibilidad de que ello sea discutido en esta
instancia, toda vez que permanece la falta de agotamiento de la vía administrativa,
es decir, no existe pronunciamiento por parte de la demandada sobre el aludido
retroactivo pensional, pues tanto en el acto acusado como en la contestación de la
demanda se limitó a referirse sobre lo pretendido por el demandante, esto es, la
aplicación o no del tope pensional.

Ahora, si bien la demandada realizó un recuento sobre la fecha de causación del
derecho, lo hizo en aras de justificar la imposición del citado límite, es decir, como
justificación para la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005, pero no en
ejercicio del derecho de defensa frente a una pretensión o eventual
reconocimiento de un retroactivo pensional.

Así las cosas, el retroactivo pedido por el apelante y el consecuente descuento de
lo pagado por concepto de la pensión convencional no es un asunto que haya sido
sometido a consideración de la entidad demandada en sede administrativa y
tampoco hace parte del grupo de pretensiones, principales o subsidiarias, del
presente medio de control. Entonces, si bien podría creerse que el recurso de
apelación es coherente con lo decidido en primera instancia, lo cierto que dicha
congruencia no puede predicarse ni del contenido del acto demandado ni de las
pretensiones de la demanda, razón por la que los argumentos relacionados con
este tópico no tienen vocación de prosperidad.

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De otro lado, el segundo problema jurídico, esto es el relativo al reajuste anual de
la mesada al tope de los 25 smlmv, también será resuelto desfavorablemente a los
intereses del demandante. El sustento es el siguiente:

El señor Jesús Antonio Bernal Amorocho, en el recurso de apelación, manifestó
que no pretende que se desconozca el tope pensional de que trata el Acto
Legislativo 01 del 2005 y la sentencia C-258 del 2013. A pesar de que la lectura
preliminar de los documentos que estructuraron la reclamación administrativa, y la
misma demanda, podrían dar cuenta del interés del accionante en que se
inaplique el mencionado tope, la Sala se ceñirá a lo manifestado en la alzada. En
ese sentido, el pensionado asegura que su mesada ni siquiera se ajusta el límite
máximo de los 25 smlmv.

Para soportar la anterior afirmación aportó sendos desprendibles de pago de la
mesada pensional de los meses de agosto a octubre del 2015 y del mes de marzo
del 2016. Pues bien, de acuerdo con lo anterior, la Sala considera que lo relativo al
tope pensional de 25 smlmv es una limitación impuesta al reconocimiento del
derecho y a partir de la cual se fija una base pensional que solo está supeditada al
ajuste anual que con base en el índice de precios al consumidor debe efectuar la
administradora de pensiones, tal como lo ordena el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, que consigna lo siguiente:

ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada
año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo
monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente
dicho salario por el Gobierno.
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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

[negrillas propias].

De acuerdo con lo anterior, con independencia del régimen pensional al que se
encuentre sujeta la mesada, las pensiones deben ajustarse anualmente a partir de
IPC certificado por el Dane, pues el reajuste de ese reconocimiento tiene como

único propósito, tal como lo estableció el legislador, evitar la pérdida de poder
adquisitivo, propósito que se alcanza con un incremento periódico que se adecúe
al fenómeno económico inflacionario. De ese modo, ni la Ley 33 de 1985, con
base en la cual se reconoció el derecho reclamado, ni el régimen general de
pensiones contienen norma expresa que permita acceder a lo pedido por el
demandante.

En consonancia con lo anterior, debe decirse que el acto administrativo de
reconocimiento no dispuso que la mesada del señor Bernal Amorocho sería
igualada, cada año, hasta el equivalente a 25 smlmv; por el contrario, lo
consignado en la Resolución 606 del 1 de septiembre del 2014 impuso el tope
pensional discutido y con ello fijó la base a partir de la cual procedería el
incremento anual de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. En virtud de lo
anterior, el hecho de que desde el año 2015 la mesada pensional del demandante
no corresponda de manera estricta a una suma de 25 salarios mínimos no
configura ningún tipo de desconocimiento de los derechos prestacionales del
demandante.

De acuerdo con lo explicado, al señor Jesús Antonio Bernal no le asiste el derecho
a que su pensión de vejez sea incrementada anualmente hasta el equivalente a 25
smlmv, como solicita, sino que, para contrarrestar el fenómeno de la inflación y
evitar la disminución del poder adquisitivo de la mesada, debe acudirse al índice
de precios al consumidor, del modo en el que se describe en la ley general de

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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho

seguridad social. En virtud de ello se confirmará en su totalidad la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.5 De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,1
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron

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pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye: (i) que el recurso de apelación, en lo relativo al
reconocimiento del retroactivo pensional causado entre el 13 de mayo del 2010 y
el 31 de julio del 2014 no guarda congruencia con lo pedido en sede administrativa
ni con las pretensiones iniciales del presente medio de control; y (ii) que el
demandante no tiene derecho al reajuste anual de su mesada pensional en
cuantía de 25 smlmv, sino que ello debe hacerse con base en el IPC certificado pro
el Dane y en el modo fijado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia apelada del 15 de julio del 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el señor
Jesús Antonio Bernal Amorocho en contra del Fondo de Previsión Social del

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Congreso de la República, que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente22
LBC

22 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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