Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02838-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02838-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02838-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02838-02 (2685-2022)
Demandante: Wilson Fernando Melo Velandia
Demandados: Nación – Presidencia de la República y otros
Temas: Supresión del cargo de libre nombramiento y remoción denominado
asesor, código 1020, grado 12, de la planta de personal de la Agencia Colombiana
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, en virtud de un
proceso de reestructuración. Desviación de poder. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. El señor Wilson Fernando Melo Velandia instauró demanda1 en contra de la
Nación-Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Agencia Colombiana para la Reintegración
de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad del Decreto 2254 del 24 de noviembre de 2015
expedido por el Gobierno Nacional, conformado para ese efecto por el presidente
de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, y la directora del
Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el cual se modificó la
planta de personal de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y
1 Folios 539-580 del cuaderno 1.
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Grupos Alzados en Armas, en cuanto suprimió los cargos de asesor, código 1020,
grado 12; Decreto 2253 de la misma fecha, por medio del cual se modificó la
estructura de la ACR; la Resolución 2151 del 15 de noviembre de 2015, mediante
la cual se incorporaron unos servidores a la planta de personal de la ACR; y las
resoluciones 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 y 2158, todas del 25 de noviembre de
2015, por las cuales se crearon grupos internos de trabajo, se efectuó la distribución
de los cargos de la planta de personal, se estableció el Manual Específico de
Funciones y de Competencias Laborales para los Empleados de la Planta de
Personal, de la Dirección Pragmática y de la Secretaría General, y se ubicaron unos
servidores en la ACR.
4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al cargo que
desempeñaba o a uno de igual o superior categoría; la liquidación y pago de
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el
25 de noviembre de 2015 hasta que sean restablecidas sus condiciones de trabajo;
y el reconocimiento y pago de daños y perjuicios materiales, morales y a la vida de
relación, equivalentes a 500 SMMLV.
5. Que se ordene el reconocimiento y pago del IPC o ajuste de valor e intereses
moratorios sobre las sumas adeudadas, en los términos de los artículos 177 y 178
del CCA, en armonía con los artículos 198 del CPACA, 111 de la Ley 510 de 1999
y teniendo en cuenta la compatibilidad de sanciones económicas; y se condene en
costas y en agencias en derecho a la parte demandada.
HECHOS
La demanda y su reforma se fundamentaron en los hechos que se resumen de la
siguiente manera:
6. Que con el Decreto 4138 del 3 de noviembre de 2011, expedido en desarrollo de
las facultades otorgadas en la Ley 1444 de 2011, la Alta Consejería Presidencial
para la Reintegración Social y Económica pasó a ser la Agencia Colombiana para
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), como una unidad
administrativa especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en su artículo 20
se estableció que la planta de personal debía ser adoptada por el Gobierno
Nacional.
7. Que mediante el Decreto 4975 del 30 de diciembre de 2011, el Departamento
Administrativo de la Función Pública definió la planta de personal de la ACR, dentro
de la cual se crearon, entre otros, 22 cargos de asesor, código 1020, asignados al
despacho del director general, de los que 9 son grado 12.
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8. Que fue nombrado en uno de los 9 cargos mencionados, a través de la Resolución
0472 del 31 de agosto de 2012; se le asignaron funciones como auditor en la Oficina
de Control Interno de la ACR, la cual tenía como propósito general «proveer una
evaluación objetiva, imparcial e independiente sobre el estado del Sistema de
Gestión Integral» en la entidad; y obtuvo el máximo puntaje posible en las
calificaciones de servicio que le fueron efectuadas, lo que demostraba excelencia
en su trabajo.
9. Que, en desarrollo de sus funciones como auditor, junto con los demás
integrantes de la Oficina, especialmente, con el señor Giovanni Arturo González
Zapata, evidenció varios incumplimientos o riesgos en la contratación que realizaba
la ACR2, los cuales podrían tener incidencia administrativa, fiscal y penal.
10. Que, en cumplimiento de los parámetros internos para el adelantamiento y
presentación de los resultados de las auditorías, entregó sus informes e insistió en
la necesidad de que se adoptaran las medidas orientadas a la corrección de los
hallazgos negativos, para evitar mayor detrimento patrimonial o que se siguieran
cometiendo actos de evidente corrupción.
11. Que su insistencia para evidenciar lo que ocurría con la contratación pública a
cargo de la ACR fue ignorada durante mucho tiempo por el director general de la
entidad, y generó actos de persecución y acoso gravísimos, como amenazas de
muerte, hechos que fueron denunciados ante la ACR y las autoridades
competentes.
12. Que mediante el Decreto 2254 del 24 de noviembre de 2015, el presidente de
la República, el ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las directoras del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Departamento
Administrativo de la Función Pública modificaron la planta de personal de la ACR,
suprimiendo, entre otros, tres cargos de asesor, código 1020, grado 12, de la
Dirección General.
13. Que por medio del Memorando MEM15-012892/JMSC2502023 la ACR le
comunicó que el cargo que desempeñaba fue suprimido por el Decreto 2254 del 24
de noviembre de 2015, por lo cual hasta ese día prestaría sus servicios a la entidad.
14. Que los únicos dos trabajadores que soportaron con su despido la
2 Aludió puntualmente a: contratación sin el cumplimiento de todos los requisitos legales y constitucionales
previstos o con violación de los principios aplicables; falsedad en documento público; celebración de contratos
con objetivos confusos, inocuos o que no se cumplieron; vinculación de trabajadores, llamados
«reintegradores», para cumplir tareas propias, permanentes y esenciales de la entidad, mediante órdenes o
contratos de prestación de servicios; falsificación de facturas y otros soportes contables o inexistencia de estos;
ausencia de eventos programados y pagados; adquisición de equipos no funcionales y obsoletos sin exigencia
del cumplimiento de la garantía de calidad; sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios; pago de bienes
y servicios no recibidos o prestados; cesiones indebidas de contratos; y personas desmovilizadas a quienes se
les pagaban componentes sin el lleno de los requisitos exigidos para el efecto, por desorden y falta de control
administrativo al interior de la entidad.
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reestructuración fueron quienes, como integrantes de la Oficina de Control Interno,
detectaron y denunciaron las irregularidades contractuales, pues todos los demás
servidores públicos que ocuparon los demás cargos suprimidos fueron
reincorporados a la ACR.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
15. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53, 58, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 332, 336 y demás concordantes de la Constitución
Política; el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968; el Decreto 1042 de 1978 y los
artículos 44 y 137, entre otros, del CPACA.
16. Al respecto, indicó que los actos administrativos demandados fueron expedidos
irregularmente, ya que no se cumplieron los requisitos para la modificación de la
planta de personal ni para su desvinculación, en los términos del artículo 46 de la
Ley 909 de 2004, porque no existieron estudios técnicos que la justificaran ni
soporte jurídico o especializado que determinara la necesidad del servicio que
ameritara la reestructuración. Que no se cumplió el procedimiento establecido en el
artículo 3 del Decreto 2554 del 2014, pues el director de la ACR no dictó algún acto
administrativo para distribuir los cargos y determinar la distribución y provisión de
empleos, conforme al debido proceso.
17. Considera que también se incurrió en falsa motivación, pues en el Decreto
señalado no se determinó en debida forma cuál era el objetivo de la reestructuración
y se evidenciaba que la única finalidad de la modificación fue la desvinculación de
los dos servidores preocupados por el adecuado funcionamiento de la entidad y por
una contratación pública que acatara los principios y fundamentos que la rigen,
especialmente con ocasión de las auditorías que realizó y que generaron glosas
negativas que incluso están siendo conocidas por la justicia penal; y en una
desviación de poder, debido a que la reestructuración de la ACR debió encaminarse
a cumplir un interés superior del servicio público y «no al castigo de quien se atrevió
a evidenciar y denunciar lo que allí ocurría con los bienes del Estado».
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
18. La demanda y su reforma fueron admitidas el 2 de junio de 2017 y el 16 de
febrero de 2018, respectivamente3.
19. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público4 manifestó que no expidió el
Memorando demandado, el cual consideró fue excluido con la reforma de la
demanda, ni tiene algún vínculo legal, reglamentario, contractual o laboral con el
demandante, y aunque sí participó en la expedición del Decreto 2254 de 2015, este
3
Folios 583 del cuaderno 1 y 964 del cuaderno 2.
4 Folios 607-617 y 1221 del cuaderno 1.
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no tiene relación con la situación concreta que el demandante pretende probar, y,
en todo caso, fue expedido por la autoridad competente, en ejercicio de las
facultades constitucionales consagradas en el artículo 189 constitucional y
conforme a la Ley 489 de 1998.
20. Señaló que la supuesta ilegalidad se sustentó en el hecho de que no fue
proferido con fundamento en los estudios técnicos exigidos en el ordenamiento
superior, pero esa afirmación no fue desarrollada en la demanda y tampoco es
cierta, como quedó consignado en la parte motiva del acto. Propuso las excepciones
de ineptitud de la demanda, por una indebida acumulación de pretensiones y por
falta de agotamiento de la vía gubernativa; caducidad y falta de legitimación en la
causa por pasiva.
21. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización5 (antes ACR)
expuso que los actos administrativos proferidos en desarrollo del proceso de
reestructuración se expidieron con la finalidad de reorganizar y modernizar la
entidad y con plena observancia de los lineamientos y recomendaciones del
Departamento Administrativo de la Función Pública, así como de los principios
constitucionales y legales de la función administrativa.
22. Expresó que después de adelantar el correspondiente proceso contractual, el
11 de junio de 2014 suscribió el Contrato de Consultoría 949 de 2014 con la
Fundación de Estudios para el Desarrollo de la Participación e Integración Política
y Social en Colombia, con el objeto de la elaboración, análisis detallado y la
formulación y desarrollo del estudio técnico para el proceso de reestructuración
administrativa, y el acompañamiento durante su ejecución, lo cual arrojó los estudios
que sirvieron de fundamento para presentar ante el Departamento Administrativo de
la Función Pública el procedimiento de reestructuración, lo que evidencia que los
actos administrativos controvertidos no fueron expedidos con desconocimiento de
las normas en que debían fundarse ni de forma irregular.
23. Adujo que no es cierto que se haya incumplido el procedimiento previsto en el
artículo 3 del Decreto 2254 de 2014, pues el director general proveyó los empleos
creados, mediante acto administrativo, distribuyó los cargos de la planta global y
ubicó al personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del
servicio, los planes y los programas de la entidad
24. Sostuvo que la desvinculación del demandante no se originó en el castigo,
persecución o acoso laboral por parte de esa Agencia o del Gobierno Nacional,
como lo alegó el actor, quien no probó esa afirmación, sino en necesidades
misionales, administrativas y de reorganización. Además, afirmó que el accionante
y el señor Giovanni Arturo González Zapata ocupaban cargos de libre
nombramiento y remoción, por lo cual, aún si en gracia de discusión, el motivo de
5 Folios 631-642 del cuaderno 1.
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su desvinculación hubiera sido la pérdida de confianza por parte del director, lo más
lógico es que hubiera declarado la insubsistencia mediante acto no motivado, en
atención a la facultad discrecional, lo que no ocurrió en el caso porque la decisión
obedeció a la reorganización.
25. El Departamento Administrativo de la Función Pública6 afirmó que la ACR
podía autodeterminarse y comparecer a juicio directamente, máxime tratándose de
una reclamación laboral, respecto de la cual ese Departamento no tiene vínculo
alguno, por lo que propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva. Adicionalmente, manifestó que la competencia para remover empleados de
libre nombramiento y remoción, como era el caso del empleo de asesor, código
1020, grado 12, es discrecional y se efectúa mediante acto no motivado, en los
términos del artículo 44 de la Ley 909 de 2004.
26. Indicó que el presidente de la República tenía la facultad para suprimir algunos
empleos de la planta de personal de la ACR, entre ellos, el que ocupaba el
demandante, de conformidad con los artículos 54 (literales m y m) y 115 de la Ley
489 de 1998, y 189 (numerales 14 y 16) de la Constitución; agregó que el proceso
de reestructuración se ajustó al estudio técnico, por lo que emitió concepto
favorable para la reforma, el cual contó con el certificado de disponibilidad
presupuestal emitido por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
27. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República7 se
opuso a las pretensiones, especialmente, a aquella encaminada a que se declare la
nulidad del Decreto 2254 del 24 de noviembre de 2015, pues las causales invocadas
no son consistentes ni congruentes con su contenido, en el que se hizo mención
expresa al fundamento legal para su expedición y se aludió al estudio técnico
elaborado por la ACR, al concepto favorable del Departamento Administrativo de la
Función Pública y a la viabilidad presupuestal otorgada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, por lo que se cumplieron las disposiciones de la Ley
909 de 2004 y demás normas concordantes.
28. Adujo que no fungió como nominador del demandante ni determinó su relación
laboral con la ACR y tampoco fue gestor de la modificación de la estructura y de la
planta de personal de la entidad y menos aún comunicó la supresión del cargo que
desempeñaba al actor. Propuso las excepciones denominadas: (i) la presunción de
legalidad del Decreto 2254 del 2015 no ha sido desvirtuada y (ii) falta de legitimación
en la causa de la Presidencia de la República frente a la expedición de un acto de
comunicación de otra entidad, la ACR.
6 Folios 816-825 y 966-976 del cuaderno 2.
7 Folios 830-837 y 1217 y 1218 del cuaderno 2.
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29. El 27 de julio de 20218 se abrió la etapa probatoria y se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes.
30. El 28 de octubre de 20219 se corrió traslado para alegar de conclusión y al
representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN10
31. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 22 de febrero de 2022, negó las pretensiones y se abstuvo
de condenar en costas.
32. Para el efecto, consideró que se cumplió con el procedimiento establecido para
la reestructuración de las entidades, se motivó suficientemente la decisión, se contó
con la aprobación del Departamento Administrativo de la Función Pública y del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se examinaron las hojas de vida de los
empleados, para verificar si alguno se encontraba en condición de especial
protección, y se evaluaron las funciones, perfiles y cargas de trabajo de los empleos.
33. Concluyó que en el estudio técnico elaborado atendiendo a las directrices,
asesoría y aprobación del Departamento Administrativo se definió el objetivo de la
reestructuración, el cual consistió en alinear el modelo de operación para enfrentar
los nuevos retos y realidades generadas con ocasión del acuerdo de paz. Concluyó
que el Decreto 2554 del 24 de noviembre de 2015 contenía las razones que llevaron
a la desvinculación del demandante.
34. Afirmó que, si bien estaba demostrado que el actor puso en conocimiento de las
directivas y de las entidades competentes los presuntos hechos de corrupción que
se presentaban al interior de la entidad, lo cierto es que no estaba probado que esas
circunstancias llevaron a la administración a adelantar todo un proceso de
reestructuración que involucró la participación de varias entidades, con la única
finalidad de desvincularlo del servicio.
RECURSO DE APELACIÓN11
35. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que el
análisis efectuado desconoció el mandato contenido en el artículo 53 de la
Constitución, pues no bastaba con realizar un examen meramente formal que
sustentara el rediseño institucional de la ACR, sino que debían tenerse en cuenta
todas las circunstancias que rodearon su desvinculación del servicio, relacionadas
8 Folios 1292 y 1293 del cuaderno 2.
9 Folio 1327 del cuaderno 2.
10 Folios 1366-1381 del cuaderno 2.
11 Folios 1387-1394 del cuaderno 2.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02838-02 (2685-2022)
con la persecución y «castigo laboral» por las denuncias efectuadas, estudio que
hubiera permitido llegar a una conclusión distinta a la definida en la sentencia.
36. Sostuvo que no está acreditado que el proceso de reestructuración de la ACR
se haya realizado para mejorar el servicio público a cargo de la entidad y, por el
contrario, quedó evidenciado que las únicas dos personas que «vieron afectada su
estabilidad laboral y su derecho a trabajar en condiciones de dignidad y justicia»
fueron él y el señor Giovanni González Zapata, quienes expusieron las prácticas de
corrupción ante las autoridades internas y externas encargadas de vigilar el correcto
funcionamiento de la administración.
37. Considera que la parte demandada no logró desvirtuar y/o probar que la
reestructuración hubiese tenido un propósito específico y que este se haya
cumplido; que además de él y su compañero de Oficina, otros servidores públicos
de la entidad hayan sido desvinculados en atención a esa reestructuración y no
hayan sido reincorporados; que se haya adelantado un procedimiento previo,
público y respetuoso del debido proceso y garantista; que el servicio público de la
ACR haya mejorado de manera evidente y ostensible con su retiro; que no se
verificaron las hojas de vida, excelencia en el desarrollo de funciones y
calificaciones de servicio para decidir quiénes serían reincorporados; que la
inconformidad con la reestructuración generó una demanda de nulidad por parte del
Sindicato de Trabajadores; que no existió interés por esclarecer la verdad frente a
los hechos denunciados; y que su excelente desempeño conllevaba el deber de su
reincorporación.
38. Manifestó que debieron analizarse los testimonios de los señores Giovanni
González Zapata y Jhon Zuñiga, que ratificaban que su desvinculación constituyó
un simple acto de persecución laboral para evitar que siguiera denunciando los
hallazgos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
39. El 14 de julio de 202212 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para
sentencia.
Se decidirá previas las siguientes,
12 Índice 6 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
40. Conforme al recurso de apelación la Subsección deberá resolver si los actos
demandados se encuentran viciados de nulidad, por haber incurrido en desviación
de poder, al haber suprimido el cargo que desempeñaba el demandante con el único
fin de desvincularlo del servicio por las irregularidades expuestas en ejercicio de sus
funciones; y de ser así, si el actor tiene derecho a ser reintegrado a un cargo igual
o superior al que desempeñaba bajo la modalidad de libre nombramiento y
remoción.
Marco normativo y jurisprudencial
Desviación de poder
41. Esta causal de nulidad se refiere a la «(…) intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»13. En otras palabras, incurre
en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras
del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles
arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.
42. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.
43. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP14. Sobre el particular, esta corporación ha
sostenido que «(…) demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
14 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la
desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los supuestos
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera de texto) (Consejo
de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-23-33-000-2016-
01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-02838-02 (2685-2022)
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma (…)»15.
44. Sin embargo, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno
de quienes expiden el acto16, lo que supone una dificultad probatoria inherente a la
causal de nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio,
permanece siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no de
una imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que
faciliten al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia,
nada obsta para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y
practicadas permita concluir que los móviles de una decisión fueron desviados17.
Resolución del caso concreto
45. En el recurso de apelación, el demandante afirmó que su desvinculación de la
ACR, aunque formalmente obedeció a la supresión del cargo que desempeñaba, no
tuvo como propósito el mejoramiento del servicio, sino que realmente constituyó una
represalia por las denuncias que efectuó durante el ejercicio de sus funciones como
auditor en la Oficina de Control Interno.
46. Teniendo en cuenta que la competencia en esta sede se limita a los argumentos
de la apelación, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso,
el análisis que se efectuará en esta instancia se limitará a la causal de nulidad de
desviación de poder en los términos planteados por el actor, quien centró su
desacuerdo en las razones reales de su desvinculación y no en el cumplimiento de
los requisitos de ley para llevar a cabo el proceso de reestructuración, respecto al
cual admitió que pudo ajustarse al ordenamiento jurídico, como se concluyó en
primera instancia,
47. Al respecto, la Sala advierte que efectivamente se encuentra demostrado que el
accionante, en ejercicio de sus funciones, denunció distintas actuaciones que
comprometían los principios de transparencia, economía y selección objetiva que
rigen la contratación pública, relacionados con sobrecostos, pagos efectuados por
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-
31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
16 «Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de quienes intervinieron en la
expedición del acto, y resulta velada por la indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o
por la presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en las
intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses espurios,
innobles, o mezquinos, caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias intenciones,
lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético y puede llegar incluso al campo
penal o disciplinario» (Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-
31- 000-1998-00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno [E]).
17 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad:
«La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y
pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse
en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es
menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
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servicios no prestados, adjudicaciones a oferentes con propuestas menos
favorables, entre otras situaciones ocurridas dentro de la Agencia, como acoso
laboral, según consta en los informes de auditoría, los documentos radicados ante
la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría
General de la República y la Fiscalía General de la Nación y los testimonios rendidos
por los señores Giovanni Arturo González Zapata y Jhon Jairo Zúñiga Sern.
48. Sin embargo, el acervo probatorio no permite tener por acreditado que la razón
para efectuar el proceso de reestructuración de la ACR y suprimir tres de los nueve
cargos de asesor, código 1020, grado 12, de la planta de personal, decisión
adoptada en el Decreto 2254 de 2015, y posteriormente no reubicar al actor en la
nueva planta, determinación realizada mediante la Resolución 2158 del 25 de
noviembre de 2015, haya obedecido a la denuncia de los hallazgos de las auditorías
internas.
49. En efecto, no hay prueba alguna que dé cuenta de la desviación alegada por el
recurrente, fundamentada en las irregularidades que evidenció y puso en
conocimiento de las directivas y autoridades competentes para que adelantaran las
investigaciones fiscales, disciplinarias o penales, respectivas.
50. Si bien los testigos aludieron a los hallazgos encontrados, a las denuncias
efectuadas, a la existencia de reuniones en las que se solicitó modificar los informes
de auditorías o abstenerse de continuar con estas y a presuntas amenazas recibidas
por las denuncias, lo cierto es que no manifestaron tener conocimiento de que la
desvinculación del demandante que tuvo lugar durante el proceso de
reestructuración, obedeciera a esas circunstancias, sino que se basaron en
conjeturas que no brindan certeza a la Sala sobre la configuración de la causal de
nulidad invocada.
51. De hecho, el señor Giovanni Arturo González Zapata afirmó que al mismo
tiempo que se informó sobre los malos manejos y actuaciones advertidas «(…) se
presentaron algunos temas de contratación para una reestructuración, de dicha
reestructuración sale paradójicamente un tema de supresión de solo dos cargos los
cuales fueron las personas que en su momento colocamos la denuncia en un tema
económico y fiscal (…)», lo que permite evidenciar que se trata de una apreciación
subjetiva del testigo, en contraposición de la certeza exigida para encontrar
demostrada la desviación alegada.
52. A su vez, el señor Jhon Zúñiga, quien fungía como presidente del Sindicato de
Trabajadores para la Reintegración, expuso que tenía conocimiento de las
denuncias en las que se informaron presuntos actos de corrupción por parte de
algunos funcionarios de la ACR y que «(…) para ese mismo tiempo se inició al
interior de la entidad un proceso de reestructuración de la entidad y como fruto de
ese proceso, pues salieron unas resoluciones de modificación de la planta (…)»;
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también indicó que «(…) como resultado final los únicos cargos (…) que decidió la
entidad eliminar fueron los de estos asesores, cosa que para nosotros en el
sindicato, pues no fue tan clara porque decíamos porque esos cargos y
precisamente aquellos que están haciendo denuncias a través de los entes de
control (…)»; afirmaciones que nuevamente constituyen meras interpretaciones
personales del testigo.
53. Además, este último expresamente afirmó que el conocimiento de las presuntas
amenazas y de las reuniones donde se solicitó a los auditores abstenerse de
continuar con ciertas auditorías lo obtuvo no de forma directa, sino por lo
manifestado por los empleados desvinculados, debido a la supresión de los cargos
de asesor.
54. Se concluye entonces que no se acreditó que la voluntad de la entidad atendiera
a fines distintos al mejoramiento de la prestación del servicio, a pesar de que la
desviación de poder exige brindar al juzgador la plena convicción de que la intención
de quien profirió el acto se alejó de la finalidad normativa, es decir, se usó con fines
distintos, lo cual no se probó, a pesar de que la carga recaía en el demandante. Lo
que sí se evidencia es que la desvinculación del actor obedeció a la supresión del
cargo que ocupaba, por lo que la presunción de legalidad del acto demandado
permanece incólume. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera
instancia.
Condena en costas de segunda instancia
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
56. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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58. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante.
Tercero. Reconocer personería como apoderados del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y de la Agencia para la Reincorporación y Normalización a los
abogados Franky Stevan Pinilla Córdoba y Sonia Daniela Patiño Ariza, portadores
de las tarjetas profesionales 335.764 y 353.696, respectivamente, de conformidad
con los poderes que les fueron conferidos mediante memoriales que obran en los
índices 16 y 25 de SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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