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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03002-03

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03002-03

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03002-03 (2604-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

Tema: régimen pensional del Decreto 546 de 1971. Subtema 1: régimen de transición
de la Ley 100 de 1993. Subtema 2: sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad
Social. Subtema 3: abuso del derecho

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la señora Petrona Perafán Ordóñez contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el 19 de mayo de 2022, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La UGPP solicitó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
reliquidó la pensión de jubilación de la señora Petrona Perafán Ordóñez, al considerar
que la beneficiaria no cumple los requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto 546
de 1971, norma que sirvió de fundamento para dicha reliquidación. En síntesis,
sostuvo que los referidos actos administrativos se encuentran viciados de nulidad por
haber sido expedidos con infracción de la norma aplicable y falsa motivación, lo que,
a su juicio, configura además un abuso del derecho.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
accedió parcialmente a las pretensiones porque el IBL debió calcularse con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los criterios jurisprudenciales
fijados por la Corte Constitucional. La Subsección confirmará la sentencia, en la
medida en que se acreditaron los dos presupuestos definidos por la jurisprudencia
constitucional para configurar el abuso del derecho, a saber: la inaplicación indebida

Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

del ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993 y la existencia de una
vinculación precaria determinante para el incremento pensional.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La UGPP, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho1 contra la señora Petrona Perafán
Ordóñez, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones i) 59441 del 4 de diciembre de 2008;
ii) 7424 del 16 de febrero de 2009; iii) PAP 002304 del 12 de enero de 2010; iv) PAP
024164 del 29 de octubre de 2010; v) UGM 03444 del 5 de agosto de 2011 y vi) UGM
053845 del 3 de agosto de 2012, mediante las cuales reliquidó de forma incorrecta la
pensión de la señora Petrona Perafán Ordóñez al incluir en los beneficios del régimen
de transición el cálculo del ingreso base de liquidación con criterios que no le
correspondían.

3. A título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicitó la restitución de las
sumas pagadas con ocasión del reconocimiento y la reliquidación de la pensión; la
indexación correspondiente y el pago de agencias en derecho2.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Petrona Perafán Ordóñez nació el 6 de agosto de 1950.

6. La demandada prestó los siguientes tiempos de servicios:

Cargo Desde Hasta
Juez Promiscuo Municipal 26 de febrero de 31 de agosto de
de Miranda, Cauca 1979 1979
Juez Promiscuo Municipal 01 de septiembre de 15 de junio de
de Cajibío, Cauca 1979 1982
Juez Segundo Promiscuo 16 de junio de 1982 31 de agosto de
Municipal de Timbío, Cauca 1985

1 amai, índice 79, 30ED_201603002_0002(.pdf), pp. 61
2 Samai, índice 79, 31ED_201603002_0003(.pdf)

2

Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

Juez Sexto Penal Municipal 01 de septiembre de 30 de abril de
de Popayán 1985 1988
Juez Quinto de Instrucción 01 de mayo de 1988 31 de agosto de
Criminal de Cauca 1988
Juez Séptimo de Instrucción 01 de septiembre de 30 de junio de
Criminal de Cauca 1988 1992
Fiscal Delegado ante Jueces 01 de julio de 1992 01 de julio de
Penales del Circuito 2008
Magistrada Auxiliar Consejo 04 de abril de 2008 30 de junio de
Superior de la Judicatura 2008
Tabla 1. Tiempos de servicio

7. Cajanal, mediante la Resolución 002454 del 09 de febrero de 2004, reconoció
la pensión de vejez a la señora Petrona Perafán Ordóñez, de conformidad con el
Decreto 546 de 1971, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, con una tasa de
remplazo del 75 % de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años y 9 meses,
comprendido entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002, conforme al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $2.801.492,56, efectiva a partir del
01 de enero de 2003 y condicionada al retiro efectivo.

8. A través de la Resolución 15228 del 24 de abril de 2007, Cajanal negó la
reliquidación de la pensión con base en el promedio de la asignación mensual más
alta devengada en el último año de servicios, solicitada por la señora Petrona Perafán
Ordóñez, contra la cual la demandante interpuso recurso de reposición y, mediante la
Resolución 18571 del 6 de mayo de 2008, la entidad confirmó la Resolución 15228
del 24 de abril de 2007.

9. En cumplimiento del fallo de tutela del 1 de febrero de 2007, proferido por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, Cajanal expidió la Resolución 59441
del 4 de diciembre de 2008, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez de la señora
Petrona Perafán Ordóñez, aplicando el 75 % de la asignación mensual más alta
devengada en el último año de servicios y las doceavas partes de todos los factores
salariales, con lo cual se elevó la cuantía a $3.850.939.13 efectiva a partir del 01 de
abril de 2006.

10. Por medio de la Resolución 7424 del 16 de febrero de 2009, se reliquidó la
pensión de vejez de la señora Petrona Perafán Ordóñez en cuantía de
$12.412.857,18, efectiva a partir del 1 de julio de 2008, en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán.

11. La UGPP, a través de la Resolución PAP 002304 del 12 de enero de 2010,
modificó la Resolución 7424 del 16 de febrero de 2009 y estableció el tope legal de 25
SMLMV, de conformidad con el Decreto 510 de 2003, ajustando el valor de la pensión
reliquidada a $11.357.500, efectiva a partir del 01 de julio de 2008. Dicha decisión fue
dejada sin efecto mediante la Resolución PAP 024164 del 29 de octubre de 2010, la
cual ordenó la reliquidación de la mesada pensional por el mismo valor de

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Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

$11.357.500. Posteriormente, mediante la Resolución UGM 003444 del 5 de agosto
de 2011, se modificó el artículo séptimo de la resolución anterior, en el sentido de
notificar a la interesada.

12. Finalmente, mediante la Resolución UGM 053845 del 3 de agosto de 2012, se
modificaron los numerales 8 y 9 de la Resolución PAP 024164 del 29 de octubre de
2010, en el sentido de descontar $4.555.989 por concepto de aportes pensionales y
trasladar al área de recaudo, a fin de efectuar el cobro de lo adeudado por concepto
de aporte patronal por valor de $15.108.523.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas: artículos 1, 2, 6, 121,
123, inciso segundo, y 124 de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; los
Decretos 546 de 1971 y 1158 de 1994; y el Acto Legislativo 01 de 2005.

14. Al explicar el concepto de violación, la UGPP después de citar los artículos 1,
2, 6, 48 de Constitución Política, artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, articulo
36 de la Ley 100 de 1993, artículos 1 y 6 del Decreto 546 de 1971, sostuvo que la
señora Petrona Perafán Ordóñez reúne los requisitos del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que nació el 6 de agosto de
1950 y que, al 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la norma, contaba con
más de 35 años de edad y 15 años de servicio.

15. Afirmó que a la señora Petrona Perafán Ordóñez le resultan aplicables las
reglas del Decreto 546 de 1971 en cuanto a edad, tiempo y monto, mientras que el
ingreso base de liquidación debe fijarse en el 75% del promedio salarial de los últimos
diez años o del lapso faltante para consolidar el derecho, conforme a lo señalado en
la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.

16. Señaló que la demandada laboró en la Rama Judicial entre el 4 de abril y el 30
de junio de 2008, por un periodo de 2 meses y 27 días, como Magistrada Auxiliar del
Consejo Superior de la Judicatura. Indicó que esta situación vulneró los principios de
sostenibilidad financiera y progresividad del sistema pensional, al haberse reconocido
una prestación en contravía del orden constitucional, configurándose el carrusel de
pensiones.

17. Explicó que la señora Petrona Perafán Ordóñez acudió al artículo 6 del Decreto
546 de 1971 para obtener una ventaja indebida, elevando de forma significativa el
ingreso base de liquidación mediante bonificaciones propias de un cargo
desempeñado por un lapso corto en su trayectoria laboral.

18. Afirmó que el caso encuadra dentro de los supuestos identificados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, relativos a prestaciones obtenidas con
abuso del derecho.

19. Añadió que los actos administrativos cuestionados incurren en falsa motivación,

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Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

pues los hechos que los sustentan no corresponden a la realidad, ya que el breve
ejercicio del cargo mencionado no guarda proporción con el valor de la pensión
reconocida, lo cual genera un pago estatal contrario a la Constitución y afecta el erario.

2.2. Contestación de la demanda

20. La señora Petrona Perafán Ordóñez se opuso a las pretensiones de la
demanda y sostuvo que no se encontraba demostrada la mala fe, por lo que la UGPP
al sustentar que el derecho pensional se adquirió con abuso del derecho o de manera
fraudulenta se fundó en meras sospechas.

21. Indicó que, conforme al artículo 164 numeral 1 literal c), los actos que
reconocen o niegan prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo;
no obstante, dicha pretensión no sería idónea para recuperar prestaciones pagadas a
particulares de buena fe y, en caso de perseguir tal fin, debe acudirse a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, afirmó que habría operado el
fenómeno de la caducidad, dado que la última resolución fue expedida el 3 de agosto
de 2012 y la demanda se presentó el 27 de junio de 20163.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 19 de mayo de 2022, resolvió 4:

1. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones Nº 59441 del 4 de diciembre de 2008,
7424 del 16 de febrero de 2009, PAP 002304 del 12 de enero de 2010 y PAP 024164
del 29 de octubre de 2010, por medio de las cuales CAJANAL (ahora UGPP) reajustó
la pensión de vejez percibida por la señora Petrona Perafán Ordóñez, conforme a lo
expuesto.

2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a
que reajuste la pensión de vejez percibida por la señora Petrona Perafán Ordóñez, (..),
teniendo en cuenta el 75% del IBL obtenido en los términos del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto.

[...].

23. Precisó que la señora Petrona Perafán Ordóñez nació el 6 de agosto de 1950
y prestó sus servicios en la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y,
finalmente, en el Consejo Superior de la Judicatura. Indicó que, al 1º de abril de 1994,
cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicios, razón por la cual resultaba
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con aplicación del

3 Samai, índice 76, 33ED_201603002_0005(.pdf)
4 Samai, índice 62, 19_FALLO(.pdf)

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Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

Decreto 546 de 1971.

24. Expuso que CAJANAL le reconoció inicialmente la pensión en 2004 y
posteriormente la reliquidó en 2008 por orden de tutela, incrementando su valor.
Expuso que, tras su nombramiento como magistrada auxiliar entre el 4 de abril y el 30
de junio de 2008, la entidad efectuó una nueva reliquidación en 2009, elevando de
manera considerable la mesada, la cual luego fue ajustada en 2010 hasta el tope de
25 salarios mínimos legales.

25. Señaló que ese incremento se sustentó en los ingresos percibidos durante los
2 meses y 27 días en dicho cargo, lo que generó una desproporción frente a los
aportes realizados durante más de dos décadas como juez y fiscal. Indicó que esta
circunstancia impactó negativamente el equilibrio del sistema pensional, al no existir
correspondencia entre lo cotizado y el valor reconocido.

26. Precisó que la reliquidación se efectuó sin considerar integralmente la historia
laboral de la demandada, pues tomó como base exclusiva el último periodo, en
contravía del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los criterios fijados por la Corte
Constitucional. Concluyó que en el caso se configuró un abuso del derecho y fraude
a la ley, debido al incremento significativo derivado de una vinculación precaria.

27. Negó la devolución de los valores pagados en exceso, al considerar que la
demandada actuó de buena fe.

2.4. Recurso de apelación

28. La señora Petrona Perafán Ordóñez, mediante apoderada, interpuso recurso
de apelación5 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

29. Sostuvo que la demandada es beneficiaria del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005 y el
artículo 1° de la Ley 33 de 1985, lo que implica la aplicación integral del régimen
especial del Decreto 546 de 1971. En ese sentido, afirmó que la pensión debía
reconocerse con el 75% de la asignación más alta del último año, sin aplicar reglas
del sistema general basadas en cotizaciones, por tratarse de regímenes distintos.

30. Expuso que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual
sostiene que, en el régimen de transición, el concepto de monto incluye tanto el
porcentaje como la base de liquidación, en aplicación del principio de inescindibilidad.

31. Argumentó que la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021 de 2020 no tiene
efectos en situaciones jurídicas consolidadas, ni para calificar como abuso del derecho

5 Samai, índice 68,
22_ADISPOSICIONDELAPARTECONTRARIATERMINO2DIAS_RV____RECURSO_DE_APE(.zip), RECURSO
DE APELACION DRA PETRONA PERAFAN DE CASAS (1).pdf

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Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

reliquidaciones efectuadas conforme a la jurisprudencia vigente para la época. En
consecuencia, concluyó que no pueden desconocerse los derechos adquiridos y, en
especial, el derecho la seguridad jurídica de la señora Petrona Perafán Ordóñez, por
lo que solicitó mantener la validez de los actos que reconocieron y reliquidaron la
pensión conforme al régimen especial.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 5 de octubre de 2023, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20216.

2.6. El Ministerio Público

33. La Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado señaló que el reajuste
ordenado en cumplimiento de un fallo de tutela incrementó de manera significativa la
mesada pensional con fundamento en un breve lapso laboral, lo cual resultó
desproporcionado frente a los aportes realizados durante la vida laboral y contrario a
criterios de razonabilidad y sostenibilidad financiera.

34. En consecuencia, indicó que no procedía la reliquidación con base en el último
año de servicios, sino que el IBL debía calcularse a partir del promedio de lo percibido
en el tiempo faltante para adquirir el derecho, siempre que existieran las respectivas
cotizaciones, conforme a la Ley 100 de 1993 y al Acto Legislativo 01 de 2005.

35. Concluyó que no resultaba viable acceder a la reliquidación pretendida, debido
a que el régimen de transición no permitía aplicar normas del sistema anterior respecto
del ingreso base de liquidación; en consecuencia, los argumentos carecían de
sustento y se debía confirmar la decisión de primera instancia por ajustarse al
ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia aplicable7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el

6 Samai, índice 6
7 Samai, índice 12, Memorial_CHL_12OTRO(.pdf)

7

Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 3288 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver
el siguiente problema jurídico:

38. ¿La pensión de vejez reliquidada con fundamento en el salario más alto
devengado durante el último año de servicios, derivado de una vinculación precaria,
puede mantenerse pese a que el reconocimiento se efectuó conforme al artículo 36
de la Ley 100 de 1993?

39. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial del derecho
pensional; (ii) hechos probados, y (iii) caso concreto.

3.3. Marco normativo

3.3.1. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971

40. El Decreto 546 de 1971, «por el cual se establece el régimen de seguridad y
protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares», era uno de los varios regímenes especiales
que existían antes de la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993.

41. Dicho régimen establecía, entre otros beneficios, reglas especiales en materia
de vacaciones judiciales, pensiones, riesgos profesionales, asistencia por maternidad,
cesantía, auxilio funerario, prestaciones médicas, aportes, plan habitacional, y revisión
de sueldos y pensiones para funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público9.

42. En particular, con respecto a la pensión ordinaria de jubilación, los artículos 6 y
7 determinaban lo siguiente:

«Artículo 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas

8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
9
Su artículo 1 establece que: «los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tendrán derecho
a las garantías sociales y económicas en la forma y términos que establece el presente Decreto».

8

Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

Artículo 7. Si el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se
hubiere prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Publico en lapso menor de
10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los
empleados de la rama administrativa del Poder Público».

43. Lo anterior permite concluir que los requisitos para beneficiarse de la pensión
mensual vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y
el Ministerio Público imponen la acreditación de 20 años de servicio continuos o
discontinuos, de los cuales 10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55
años (hombres) o 50 años (mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del
75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio en
actividades de la Rama Judicial y/o del Ministerio Público.

3.3.2. Régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

44. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral con el objeto
de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten.

45. El artículo 36 de dicha ley estableció un régimen de transición como una medida
especial para garantizar que ciertos afiliados al sistema de pensiones pudieran
conservar las condiciones bajo las cuales venían cotizando antes de la entrada en
vigor de dicha normativa. En estos términos quedó dispuesto:

«Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez.
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de
vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

46. Bajo ese contexto legal, para ser beneficiario de este régimen de transición, el
afiliado debe cumplir con uno de los siguientes requisitos a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 100 de 199310:

→ Tener 35 años de edad si era mujer, o 40 años si era hombre.
→ Haber cotizado 15 años de servicio al sistema de pensiones.

10
El 1 de abril de 1994 para los empleados del nivel nacional, o el 30 de junio de 1995 para los empleados del nivel territorial.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

47. El cumplimiento de uno de estos dos requisitos permite que el trabajador se
pensione bajo la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para
determinar si una persona es beneficiaria del régimen de transición, es
necesario verificar el cumplimiento de estas condiciones, garantizando así la correcta
aplicación de esta prerrogativa legal.

3.3.3. Principio de sostenibilidad del sistema de pensiones

48. El Sistema General de Pensiones, conformado por dos regímenes pensionales:
(i) el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado
por Colpensiones (antes ISS), donde las pensiones se financian con los aportes de
los trabajadores y empleadores activos y (ii) el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS), gestionado por fondos privados de pensiones, en el cual cada
afiliado cotiza a su cuenta individual.

49. Los sistemas pensionales referidos están regidos por los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, entre los que
se encuentra inmerso el de sostenibilidad financiera del sistema establecido en el
artículo 48 de la Constitución Política, según el cual «para adquirir el derecho a la
pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de
cotización o el capital necesario».

50. La norma constitucional citada impone a la ley el deber de asegurar la
sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social a partir de las siguientes
reglas: «(i) prohibición de la existencia de regímenes pensionales especiales o
exceptuados; (ii) el cálculo de la cuantía de la pensión a partir de factores diferentes
a los que sirvieron para calcular el valor de la cotización; (iii) el reconocimiento de
derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes; o (iv) el
otorgamiento de pensiones por un valor superior a los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, entre otras».

51. Sobre el tema, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que «es
un principio constitucional “prioritario” y “transversal” de todo el sistema pensional y
un medio esencial para la “consecución de los objetivos esenciales del Estado Social
y Democrático de Derecho”. Esto, porque es un instrumento para alcanzar la
progresividad y universalidad en la cobertura de las prestaciones pensionales.
Asimismo, es un medio para garantizar la solidaridad intergeneracional, dado que
busca asegurar que a largo plazo existan recursos para que las futuras generaciones
puedan tener una cobertura frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
De igual forma, la Corte Constitucional ha señalado que este principio debe guiar la
interpretación de las leyes que regulan el reconocimiento de las pensiones, así como
el control constitucional de las mismas».

52. De otro lado, el Acto Legislativo 01 de 200511, que adicionó el artículo 48 de la
Carta Política, referente al carácter de obligatorio que reviste el servicio público de la

11
El Acto Legislativo 01 de 2005, entró en vigor desde su publicación, el 25 de julio de 2005, en el Diario Oficial No. 45.980.

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Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

seguridad social, dispone en el artículo 1 lo siguiente:

• El Estado debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional;
• las leyes en materia pensional expedidas con posterioridad a su vigencia deben
asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas;
• para la adquisición del derecho a la pensión es necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como
las demás condiciones que señala la ley;
• para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones;
• a partir de su vigencia, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin
perjuicio del aplicable a la Fuerza Pública, al Presidente de la República y a lo
establecido en sus parágrafos;
• las personas cuyo derecho pensional se cause desde su vigencia no podrán
percibir más de 13 mesadas pensionales al año.

53. En el parágrafo 1 de la norma constitucional citada establece que, «a partir del
31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza
pública». El parágrafo transitorio 2 ordena que, sin perjuicio de los derechos
adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al presidente
de la república y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, «la vigencia de
los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro
distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de
Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010».

54. El parágrafo transitorio 4, determina que «El régimen de transición establecido
en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010», excepto los trabajadores que estando
en dicho régimen tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo
de servicio a la vigencia de este Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014.

3.3.4. Abuso del derecho

55. A partir de los principios que rigen la seguridad social previstos en el artículo
48 de la Constitución Política y el sistema creado por la Ley 100 de 1993 para prestar
dicha garantía, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el abuso del derecho
se presenta cuando el titular de la prestación ejerce «una facultad o garantía subjetiva,
un uso contrapuesto a sus fines, a su alcance y a la extensión característica que le
permite el sistema. Se presenta cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo se
desbordan los límites que el ordenamiento le impone a este, con independencia de
que con ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la extralimitación la que
define al abuso del derecho».

56. En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013, estableció
que las normas constitucionales «protegen los derechos adquiridos siempre y cuando

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Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

se hayan adquirido sin fraude a la ley ni abuso del derecho». Es decir, no se configura
propiamente un derecho adquirido cuando se ha accedido a éste (i) por medios
ilegales, (ii) con fraude a la ley o (iii) con abuso del derecho». A partir de lo anterior,
señaló que las pensiones que encajan en tales categorías son las siguientes:

• Derechos pensionales adquiridos a través de conductas como la alteración de
documentos, la falsedad, entre otras.
• Pensiones adquiridas con «aprovechamiento de la interpretación judicial o
administrativa de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles con el
ordenamiento jurídico y aquél que invoca las normas de una forma claramente
excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue. En
este orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se
interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a los principios del
sistema.

57. En la misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia SU-631 de 2017
señaló:

Sumado a las particularidades de cada caso concreto que hagan suponer al juez la
intención que alguien pueda tener de sacar un provecho desproporcionado, en
detrimento del sistema de seguridad social en pensiones, por desconocimiento de sus
principios y normas, debe analizarse el impacto desde el punto de vista que contrasta
el reconocimiento pensional con la historia laboral del interesado, para concluir que
hay un exceso de grandes niveles en el incremento que le favoreció.

Además del análisis de contexto que supone el ejercicio anterior, es importante
considerar la conducta de quien busca el beneficio pensional. De modo tal que quien
sin sustento normativo, más allá de la regla de un régimen especial que perdió vigencia
–como lo son aquellas que rigen el IBL-, busca a ultranza una ventaja irrazonable en
comparación con otros afiliados, podrá haber incurrido en forma notoria en un abuso
del derecho.

58. En el contexto descrito, el abuso notorio del derecho se puede presentar con
ocasión de la obtención de una ventaja individual irrazonable, fundada en una
vinculación precaria que puede derivar de dos escenarios:

(i) La aplicación de un régimen especial para personas que cumplieron los
requisitos de acceso a la pensión antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, dentro del cual se contemplaba un IBL distinto al del artículo 36.

(ii) La aplicación de dicho régimen a personas que cumplieron los requisitos, pero
el impacto de una vinculación precaria impacta el índice base de cotización y
se concreta por la aplicación ultractiva del régimen especial que puede
involucrar los demás componentes del IBL.

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3.4. Estudio del caso concreto

3.4.1. Hechos probados

59. Petrona Perafán Ordóñez nació el 6 de agosto de 1950 en el municipio de Popayán,
Cauca, conforme a la información registrada en su cédula de ciudadanía12.

60. De acuerdo con las certificaciones laborales expedidas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Popayán el 30 de septiembre de
200813 y por el Consejo Superior de la Judicatura del 01 de julio de 200814, aportadas
al proceso en debida forma, se estableció que la señora Petrona Perafán Ordóñez
acumuló los siguientes tiempos de servicio:

Cargo Desde Hasta
Juez Promiscuo Municipal 26 de febrero de 31 de agosto de
de Miranda, Cauca 1979 1979
Juez Promiscuo Municipal 01 de septiembre de 15 de junio de
de Cajibío, Cauca 1979 1982
Juez Segundo Promiscuo 16 de junio de 1982 31 de agosto de
Municipal de Timbío, Cauca 1985
Juez Sexto Penal Municipal 01 de septiembre de 30 de abril de
de Popayán 1985 1988
Juez Quinto de Instrucción 01 de mayo de 1988 31 de agosto de
Criminal de Cauca 1988
Juez Séptimo de Instrucción 01 de septiembre de 30 de junio de
Criminal de Cauca 1988 1992
Fiscal Delegado de Jueces 01 de julio de 1992 01 de julio de
Penales del Circuito 2008
Magistrada Auxiliar Consejo 04 de abril de 2008 30 de junio de
Superior de la Judicatura 2008
Tabla 2. Tiempos de servicio laborados.

61. Cajanal a través la Resolución 0002454 del 09 de febrero de 200415, reconoció
la pensión de vejez a la señora Petrona Perafán Ordóñez, de conformidad con el
Decreto 546 de 1971, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, con una tasa de
remplazo del 75 % de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años y 9 meses,
comprendido entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002, conforme al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $2.801.492,56, efectiva a partir del
01 de enero de 2003 y condicionada al retiro efectivo.

62. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, mediante fallo de tutela del
01 de febrero de 200716, decidió amparar el derecho de petición, seguridad social.

12 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , p. 72
13 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , p.141
14 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , p.138
15Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf), pp.76 a 79.
16 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , pp.96 a 110

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Igualdad y debido proceso de la señora Petrona Perafán Ordóñez y ordenó que, en el
término de 48 horas, se reliquidara la pensión en los términos del Decreto 546 de
1971.

63. Mediante la Resolución 15228 del 24 de abril de 2007 17 , Cajanal negó la
reliquidación de la pensión con base en el promedio de la asignación mensual más
alta devengada en el último año de servicios, solicitada por la señora Petrona Perafán
Ordóñez, contra la cual la demandante interpuso recurso de reposición y, mediante la
Resolución 1857118, la entidad confirmó la decisión.

64. En cumplimiento del fallo de tutela del 1 de febrero de 2007, proferido por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, Cajanal expidió la Resolución 59441
del 4 de diciembre de 200819, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez de la
señora Petrona Perafán Ordóñez, aplicando el 75 % de la asignación mensual más
alta devengada en el último año de servicios y las doceavas partes de todos los
factores salariales, con lo cual se elevó la cuantía a $3.850.939.13 efectiva a partir del
01 de abril de 2006.

65. Por medio de la Resolución 07424 del 16 de febrero de 2009 20 , Cajanal
reliquidó la pensión de vejez de la señora Petrona Perafán Ordóñez, teniendo en
cuenta para dicha reliquidación el último año de servicios prestados, comprendido
entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, en cuantía de $12.412.857,18,
efectiva a partir del 1 de julio de 2008, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán.

66. La UGPP, a través de la Resolución PAP 002304 del 12 de enero de 201021,
modificó la Resolución 07424 del 16 de febrero de 2009 y estableció el tope legal de
25 SMLMV, de conformidad con el Decreto 510 de 2003, ajustando el valor de la
pensión reliquidada a $11.357.500, efectiva a partir del 01 de julio de 2008.

3.4.2. Análisis sustancial de la Sala

67. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la
competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a mantener la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados, al considerar que la reliquidación
efectuada con fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 constituyó abuso
del derecho y fraude a la ley, o si, por el contrario, debe preservarse la situación
jurídica consolidada mediante los actos de reconocimiento pensional.

68. Así las cosas, se encuentra acreditado que la señora Petrona Perafán Ordóñez
nació el 6 de agosto de 1950, de acuerdo con la información registrada en su cédula
de ciudadanía, razón por la cual para el 1.º de abril de 1994 contaba con más de 35

17 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf), pp.111 a 114.
18 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , pp.132 a 135
19 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , pp.156 a 158
20 Samai, índice 79, 28ED_201603002(.pdf) , pp. 171 a 174
21 Samai, índice 79, 29ED_201603002_0001(.pdf), pp. 11 a 13

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años de edad22.

69. Asimismo, las certificaciones expedidas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional de Popayán y por el Consejo Superior de la
Judicatura demuestran que la demandada prestó sus servicios en la Rama Judicial y
en la Fiscalía General de la Nación desde el 26 de febrero de 1979, por lo que acumuló
el tiempo exigido para ser beneficiaria del régimen de transición23.

70. Ahora bien, de manera cronológica, se acreditó que ejerció los cargos de juez
promiscuo municipal de Miranda entre el 26 de febrero y el 31 de agosto de 1979; juez
promiscuo municipal de Cajibío entre el 1.º de septiembre de 1979 y el 15 de junio de
1982; juez segundo promiscuo municipal de Timbío entre el 16 de junio de 1982 y el
31 de agosto de 1985; juez sexto penal municipal de Popayán entre el 1.º de
septiembre de 1985 y el 30 de abril de 1988; juez quinto de instrucción criminal del
Cauca entre el 1.º de mayo y el 31 de agosto de 1988; juez séptimo de instrucción
criminal del Cauca entre el 1.º de septiembre de 1988 y el 30 de junio de 1992, y fiscal
delegada ante jueces penales del circuito desde el 1.º de julio de 1992 hasta el 1.º de
julio de 2008.

71. Igualmente, se probó que ocupó el cargo de magistrada auxiliar del Consejo
Superior de la Judicatura entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2008.

72. Conforme lo anterior, la señora Petrona Perafán Ordóñez sí era beneficiaria del
régimen de transición y, por tanto, conservaba las condiciones relativas a edad, tiempo
de servicios y porcentaje pensional previstas en el Decreto 546 de 1971.

73. No obstante, dicha circunstancia no implica la aplicación integral del referido
régimen especial en materia de ingreso base de liquidación, pues el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 únicamente preservó la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
prestación, mientras que los demás aspectos debían regirse por la Ley 100 de 1993.

74. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el ingreso
base de liquidación no constituye un elemento amparado automáticamente por el
régimen de transición, especialmente cuando su aplicación genera prestaciones
desproporcionadas frente a la historia laboral y contributiva del afiliado.

75. En efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 de 2013, señaló que
existe abuso del derecho cuando una interpretación normativa conduce al
reconocimiento de ventajas pensionales desproporcionadas, derivadas de
incrementos abruptos en los ingresos del afiliado durante los últimos periodos de
servicio, sin correspondencia con los aportes realizados a lo largo de su vida laboral.

76. Posteriormente, la sentencia SU-631 de 2017 precisó que el abuso del derecho

22 El 1 de abril de 1994, la señora Petrona Perafán Ordoñez tenía 43 años de edad.

23 El 1 de abril de 1994, la señora Petrona Perafán Ordoñez contaba con un tiempo de servicio de 15 años, 1 mes

y 5 días.

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en materia pensional se configura a partir de dos elementos concurrentes: (i) la
obtención de una ventaja pensional desproporcionada mediante la inaplicación
indebida del ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993 y (ii) la
existencia de una vinculación precaria o temporal en un cargo de alta remuneración
con incidencia determinante en la liquidación de la prestación.

77. Ahora bien, en relación con el primer requisito, obra en el expediente la
Resolución 0002454 del 9 de febrero de 2004, mediante la cual Cajanal reconoció
inicialmente la pensión de jubilación de la señora Petrona Perafán Ordóñez en cuantía
de $2.801.492,56, efectiva a partir del 1.º de enero de 2003, con fundamento en el
promedio salarial correspondiente al periodo comprendido entre el 1.º de abril de 1994
y el 30 de diciembre de 2002, en aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

78. Posteriormente, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán, mediante
fallo de tutela del 1.º de febrero de 2007, ordenó reliquidar la prestación en los términos
del Decreto 546 de 1971. En cumplimiento de dicha decisión, Cajanal expidió la
Resolución 59441 del 4 de diciembre de 2008, mediante la cual incrementó la
prestación a $3.850.939,13, con fundamento en el 75 % de la asignación mensual
más alta devengada en el último año de servicios.

79. Sin embargo, mediante la Resolución 07424 del 16 de febrero de 2009, Cajanal
efectuó una nueva reliquidación de la prestación y elevó la mesada a $12.412.857,18,
efectiva a partir del 1.º de julio de 2008, suma que posteriormente fue ajustada por la
UGPP a $11.357.500, equivalentes al tope de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a través de la Resolución PAP 002304 del 12 de enero de 2010.

80. La Sala observa que dicho incremento se produjo como consecuencia de la
inclusión de los ingresos devengados por la demandada durante el tiempo en que
ocupó el cargo de magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, esto es,
entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2008.

81. Por tanto, al incluirse en la reliquidación pensional un ingreso superior percibido
únicamente durante 2 meses y 27 días, pese a que la demandada desarrolló la mayor
parte de su vida laboral en cargos de juez municipal, juez de instrucción criminal y
fiscal delegada ante jueces penales del circuito, con asignaciones considerablemente
inferiores, la prestación reconocida no guardó correspondencia con la verdadera
historia salarial y contributiva de la afiliada, pues el incremento pensional resultó
desproporcionado frente a los aportes realizados.

82. Tal situación evidencia la inaplicación indebida del ingreso base de liquidación
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que la reliquidación se sustentó
exclusivamente en el salario devengado durante el último periodo laboral, sin
considerar el promedio de lo percibido en el tiempo faltante para consolidar el derecho
pensional.

83. En un caso similar, la Sala afirmó lo siguiente: «si bien el tribunal siguió la línea

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jurisprudencial vigente y aplicable para el caso particular (…), no es menos cierto que
el incremento en su prestación fue consecuencia de su designación por un mes (1° y
el 30 de junio de 2008) en un empleo superior [magistrado auxiliar] al que durante la
mayor parte del tiempo ocupaba como juez, lo cual aunque en principio guardaría
relación con su desarrollo profesional, lo cierto es que dicha vinculación precaria
generó un incremento significativo, desproporcionado y evidente en su mesada
pensional, por tanto se encuadra en uno de los eventos de abuso del derecho»24

84. En cuanto al segundo requisito, relativo a la existencia de una vinculación
precaria con incidencia determinante en la liquidación de la prestación, la Sala advierte
acreditado dicho presupuesto.

85. Al respecto, las certificaciones laborales aportadas al expediente demuestran
que el cargo de magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura fue
desempeñado únicamente durante un lapso inferior a tres meses. A pesar de ello, los
ingresos derivados de dicha vinculación temporal generaron un incremento sustancial
en la mesada pensional, al pasar de aproximadamente $3.850.939,13 a
$12.412.857.18.

86. La Sala considera que el periodo como magistrada auxiliar no reflejaba el
comportamiento ordinario de la vida laboral de la señora Petrona Perafán Ordóñez ni
correspondía al nivel salarial sobre el cual efectuó la mayor parte de sus cotizaciones
al sistema pensional.

87. Precisamente, la Corte Constitucional identificó este tipo de situaciones como
manifestaciones claras de abuso del derecho, en tanto el reconocimiento pensional
termina sustentado en ingresos excepcionales derivados de vinculaciones precarias,
lo que produce ventajas desproporcionadas e incompatibles con los principios de
igualdad, solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema.

88. Además, el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo expresamente el deber de
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y dispuso que, para la
liquidación de las pensiones, únicamente debían tenerse en cuenta los factores
respecto de los cuales se hubieran realizado cotizaciones efectivas.

89. Bajo ese contexto, la reliquidación efectuada por Cajanal desconoció los
postulados constitucionales que gobiernan el sistema pensional, pues trasladó al
erario una carga económica excesiva derivada de una prestación claramente
desarticulada de la historia contributiva de la señora Petrona Perafán Ordóñez.

90. Así las cosas y conforme lo precisó la Corte Constitucional no existen derechos
adquiridos cuando el reconocimiento prestacional se obtiene mediante abuso del
derecho o fraude a la ley.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13
de junio de 2024, Radicado 11001-03-25-000-2018-01458-00 (4815-2018)

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91. Finalmente, la competencia se circunscribió a los reparos formulados en el
recurso de apelación; por ello, la mala fe no será objeto de pronunciamiento en esta
instancia, toda vez que se trata de apelante única.

3.4.3. Conclusiones

92. Con la reliquidación pensional de la señora Petrona Perafán Ordóñez se
incurrió en abuso del derecho porque se sustentó en un incremento salarial, originado
en el cargo de magistrada auxiliar, el cual ejerció únicamente durante 2 meses y 27
días. Esta circunstancia produjo una mesada desproporcionada frente a su verdadera
historia laboral y contributiva.

93. Existió una inaplicación indebida del ingreso base de liquidación previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que la reliquidación tomó exclusivamente
el salario correspondiente a la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año y no por el tiempo que le hiciere falta.

94. El reconocimiento de la pensión reliquidada desconoció el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Además, trasladó al erario una carga
económica excesiva sustentada en una vinculación precaria que no reflejaba el
comportamiento ordinario de las cotizaciones realizadas.

95. Se acreditaron los dos presupuestos definidos por la jurisprudencia
constitucional para configurar el abuso del derecho, a saber: la inaplicación indebida
del ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993 y la existencia de una
vinculación precaria determinante para el incremento pensional.

96. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3.5. Costas

97. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario25 de la Subsección sobre el artículo 188 de la

25 25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,

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Radicación: 25000-23-42-000-2026-03002-03 (2604-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Petrona Perafán Ordóñez

Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.

98. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado
que no se advierte que la señora Petrona Perafán Ordóñez haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 19 de mayo de 2022, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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