Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03531-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03531-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03531-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tercero
interviniente: Mercedes Hernández Cruz
Tema: Sustitución pensional. Pensión de jubilación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes y el tercero
interviniente, contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la
cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.
1
En adelante Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ana Lucía Gómez de Sáenz presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se
declarara la nulidad de las resoluciones UGM 010193 del 26 de septiembre de 2011
y UGM 051063 del 29 de julio de 2012, mediante las cuales la Caja Nacional de
Previsión Social4 le negó el reconocimiento y pago de la «pensión de sobrevivientes».
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la sustitución pensional en calidad de cónyuge de Enrique Sáenz
Bermúdez, a partir del 4 de agosto de 2007; ii) el reconocimiento pensional de forma
compartida con la compañera permanente y proporcional al tiempo de convivencia;
iii) el pago de los intereses moratorios; iv) la indexación de las sumas que resultaren;
v) el reajuste de la prestación conforme con el IPC; vi) el cumplimiento del fallo en
los términos del artículo 192 del CPACA; y vii) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. El 5 de diciembre de 1959 contrajo matrimonio católico con Enrique Sáenz
Bermúdez, con quien concibió 6 hijos que en la actualidad son mayores de edad.
3.2. Convivió con el causante por 25 años no se divorciaron ni se liquidó la sociedad
conyugal.
3.3. Enrique Sáenz Bermúdez falleció el 4 de agosto de 2007.
3.4. Mercedes Hernández Cruz, solicitó ante Cajanal la sustitución pensional en
calidad de compañera permanente, la cual fue reconocida a través de la Resolución
49968 del 1° de octubre de 2008.
2
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folios
27 a 34.
3
En adelante CPACA.
4
En adelante Cajanal.
2
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
3.5. El 19 de mayo de 2011 solicitó la sustitución pensional, la cual fue negada por
Cajanal a través de las resoluciones UGM 010193 del 26 de septiembre de 2011 y
UGM 051063 del 29 de julio de 2012.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 48, y 53 de la Constitución Política; 46 y
47 de la Ley 100 de 1993; y 137 del CPACA.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos5:
5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, porque
Cajanal a través de las resoluciones UGM 010193 del 26 de septiembre de 2011 y
UGM 051063 del 29 de julio de 2012, le negó la sustitución pensional, pese a que
tiene derecho a la prestación pues cumplió con los requisitos previstos en la ley.
5.2. Con los actos demandados se transgredieron los derechos fundamentales a la
seguridad social y mínimo vital, pues si bien en el momento del fallecimiento del
causante no convivan juntos, su vínculo matrimonial y la sociedad conyugal estaban
vigentes, toda vez que su separación solo fue de cuerpos, por lo cual tiene derecho
a la sustitución pensional en calidad de cónyuge.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. 1.2.1. Mercedes Hernández Cruz 6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
6.1. Ana Lucía Gómez de Sáenz no tiene derecho a la sustitución de la pensión de
jubilación, porque se separó de cuerpo con el causante en el año 1984, por lo cual
no acreditó la convivencia de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del
causante.
6.2. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si bien la cónyuge
tiene derecho a la sustitución pensional, aun cuando no haya convivido con el
causante hasta su muerte se debe probar que fue por una causa justificada, lo cual
no fue acreditado por la demandante, así como tampoco demostró la dependencia
5
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folios
29 a 32.
6
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folios
186 a 188.
3
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
económica, por lo tanto, no cumplió los requisitos legales para acceder a la
prestación.
6.3. No propuso excepciones.
7. 1.2.2. La Ugpp7 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
con base en los siguientes argumentos:
7.1. Los actos demandados fueron proferidos de acuerdo con los presupuestos
constitucionales y legales, pues la demandante no acreditó los requisitos legales
para acceder a la sustitución pensional.
7.2. Mediante la Resolución 49968 del 1° de octubre de 2008, se reconoció la
sustitución pensional a la compañera permanente, en tanto, la demandante no
acudió al trámite administrativo y solo hasta después de 4 años solicitó la prestación
en calidad de cónyuge supérstite, por lo cual esta controversia debe ser dirimida en
sede judicial.
7.3. Propuso las excepciones de i) ausencia de vicios en el acto administrativo
demandado; ii) imposibilidad de condena en costas; iii) cobro de lo no debido, iv)
indexación; v) no pago de los intereses moratorios; y vi) genérica.
1.5. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia proferida el 9 de febrero de 20238 accedió a las pretensiones de la
demanda, y se abstuvo de condenar en costas, con sustento en los siguientes
argumentos:
8.1. Ana Lucía Gómez de Sáenz y Mercedes Hernández Cruz, a la fecha del deceso
del causante contaban con más 30 años de edad, por lo cual es aplicable el artículo
47 literales a) y b), incisos 2 y 3.
8.2. Mercedes Hernández Cruz acreditó una convivencia de pareja superior a 5 años
previos a la muerte del causante, por lo cual cumple con los requisitos exigidos por
el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la sustitución
pensional.
7
Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo pdf
46_1SENTENCIA20230220160854.
8
Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, pdf 45Sentencia.
4
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
8.3. Si bien Ana Lucía Gómez de Sáenz no convivió con el causante durante sus
últimos años de vida, lo cierto es que nunca disolvieron la sociedad conyugal, según
el registro civil de matrimonio [que carece de anotación de disolución y liquidación
de la referida sociedad], por lo que de acuerdo con los incisos 2 y 3 del literal b) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la pensión de jubilación que causó Enrique Sáenz
Bermúdez debe ser reconocida a la cónyuge y la compañera permanente en
proporción al tiempo de convivencia. Lo anterior, porque la separación de hecho no
resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge
sobreviviente, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos
jurídicos.
8.4. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados, y ordenó a la
Ugpp la sustitución pensional, a favor de Ana Lucía Gómez de Sáenz el 50% de esa
prestación y respecto de Mercedes Hernández Cruz el 50% restante,
Se precisa que si bien se acreditó que la fecha del deceso del causante fue el 4 de
agosto de 2007, no es procedente el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional a partir de dicha fecha respecto del tercero interviniente pues «según se
lee en el acto administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional a favor de
Mercedes Hernández Cruz, Resolución AMB 49968 del 1º de octubre de 2008, la última
mesada pensional pagada al causante fue la de agosto de 2007, por lo tanto, se deberá
reconocer a partir del 1º de septiembre de 2007».
8.6. La demandante presentó la solicitud pensional ante la Ugpp el 19 de mayo de
2011, esto es, más de 3 años después de la muerte del causante [4 de agosto de
2007], y en consideración a que, pese a haberse fijado aviso emplazatorio la
demandante no acudió a la actuación administrativa, como lo prevé el artículo 5 de
la Ley 44 de 1980; ordenó el reconocimiento de la prestación a partir de la ejecutoria
de la sentencia.
1.6. Los recursos de apelación
Ana Lucía Gómez de Sáenz interpuso recurso de apelación9, el cual
9. 1.6.1.
sustentó así:
9.1. El tribunal incurrió en un defecto sustantivo, porque no ordenó el pago de la
prestación de forma retroactiva desde la solicitud de la sustitución pensional, con lo
cual desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema
de Justicia; pues si bien la demandante no solicitó la prestación inmediatamente
9
Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, pdf
53_2RECIBEMEMORIAL20230306162342.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
ocurrido el deceso del causante, esto no es suficiente para concluir que no tiene
derecho al retroactivo pensional.
9.2. Ela quo sostuvo que en razón al principio sostenibilidad no ordenó el
reconocimiento y pago de la prestación de forma retroactiva, sin embargo, la
demandante no debe asumir las consecuencias del error en el que incurrió la
entidad al negar el reconocimiento de la sustitución pensional.
9.3. El hecho de que el pago del retroactivo pensional pueda afectar la sostenibilidad
financiera del sistema no puede ser utilizado como excusa para negar el derecho al
pago de las mesadas pensionales atrasadas, pues se demostró que Ana Lucía
Gómez de Sáenz tiene derecho a la sustitución pensional, por lo cual debe ser
reconocida y pagada desde el momento en que solicitó la prestación [19 de mayo
de 2011].
9.4. Aunado a lo anterior, Mercedes Hernández Cruz tenía conocimiento que Enrique
Sáenz Bermúdez se encontraba casado y tenía hijos y vida en familia y aun así
decidió omitir la existencia de esta unión al momento de realizar la solicitud de la
sustitución pensional, por ello la entidad demandada de repetir contra ella para que
devuelva los dineros que le fueron pagados en exceso.
9.5. En la sentencia de primera instancia, se desconoció que la Corte Constitucional
ha expresado sobre el retroactivo pensional, que este derecho se causa desde el
momento en el que se cumplen los presupuestos para acceder a la prestación.
9.6. Por lo anterior, solicitó que se modifiquen los ordinales «tercero y cuarto» de la
sentencia de primera instancia.
10. 1.6.2.Mercedes Hernández Cruz interpuso recurso de apelación10, el cual
sustentó así:
10.1. La demandante no acreditó la convivencia con el causante durante los 5 años
anteriores al deceso, ni se evidencia con contundencia el lapso de la convivencia,
lo cual es indispensable para determinar la proporción que le corresponde de la
sustitución pensional en calidad de cónyuge.
10.2. Ana Lucía Gómez contrajo matrimonio con el causante el 5 de diciembre de
1959, pero se separaron de cuerpos, por lo cual no tiene derecho a la cuota parte
10
Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, pdf
48_1RECIBEMEMORIAL20230227121516 y 49_2RECIBEMEMORIAL20230227121516.
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pensional.
10.3. En sentencia SL-6286 2017 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, se
reiteró que el requisito de convivencia para acceder a la prestación del cónyuge o
compañero permanente no se suple con la procreación de uno o más hijos en
cualquier tiempo. Además, no es suficiente demostrar el vínculo matrimonial, sino
que es la efectiva convivencia de la pareja el «elemento indispensable para entender
que está presente el concepto de familia que es la que se ampara por la seguridad social».
10.4. Por lo anterior, si bien es cierto que la demandante procreó hijos en su vínculo
matrimonial, esto no puede considerarse un elemento constitutivo del requisito
mínimo de convivencia para acceder a la sustitución pensional.
10.5. En el curso del proceso no se logró acreditar los 25 años de convivencia entre
la demandante y el causante, por lo cual no es procedente reconocer la prestación
en un 50% para cada una, pues el tiempo de convivencia por Ana Lucía Gómez no
reúne los requisitos ni las condiciones que exige la ley y la jurisprudencia para
acceder a la sustitución pensional; tal y como lo determinó la Ugpp en los actos
administrativos acusados y que gozan de presunción de legalidad.
11. 1.6.3. La Ugpp interpuso recurso de apelación11, el cual sustentó así:
11.1. El tribunal no tuvo en cuenta que la convivencia por un lapso no inferior a 5 años
continuos con anterioridad a la muerte del causante es requisito indispensable para
acceder a la prestación en calidad de cónyuge o compañero permanente.
11.2. El a quo no observó que para el reconocimiento de la sustitución pensional se
debe acreditar el tiempo de convivencia y vida marital en los últimos 5 años con el
causante, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pues
la finalidad es beneficiar a quienes realmente comparten vida con el causante, pues
la prestación busca proteger a quien ha convivido permanente, responsable y
efectivamente con el pensionado, asistiéndole en sus últimos días.
11.3. Ahora bien, la exigencia de demostrar la convivencia efectiva con el pensionado
y/o afiliado es imprescindible para acceder a la sustitución pensional, pues se trata
de acreditar una situación real de vida en común entre dos personas, lo que en el
caso concreto no se encuentra acreditado.
11
Samai, índice 2, expediente digital ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, carpeta
55_2RECIBEMEMORIAL20230308105226, pdf APELACION SENTENCIA - 2016-03531-00 - ANA
GOMEZ.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
pruebas aportadas en el proceso no demuestren que la demandante
11.4. Las
hubiese cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, por lo cual no es procedente el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional.
11.5. Por lo tanto, solicitó se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la demanda.
1.7. Intervenciones en segunda instancia
12. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.8. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto12.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
14. Se contrae a resolver ¿si Ana Lucía Gómez de Sáenz acreditó los requisitos
previstos en el artículo 47.a de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la
sustitución de la pensión de jubilación por aportes que percibió su cónyuge Enrique
Sáenz Bermúdez? y ¿si Mercedes Hernández Cruz acreditó los requisitos previstos
en el artículo 47.a de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la sustitución de
la pensión de jubilación por aportes que percibió su compañero permanente Enrique
Sáenz Bermúdez?
15. Asimismo, si Ana Lucía Gómez de Sáenz tiene derecho a la sustitución pensional
¿Es procedente condicionar la efectividad de la prestación a la ejecutoria de la
sentencia proferida en el sub judice?
12
Samai, índice 10, archivo Memorial_FLF_16CONCEPTO(.pdf) NroActua 10.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. De la sustitución pensional
16. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos13.
17. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente es
aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación14.
18. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la prestación, los
miembros del grupo familiar del beneficiario de la prestación que fallezca, en el
siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14
Sentencia T-564 de 2015.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».
19. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente15, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho;
y iii) hermanos con derecho.
20. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
15
Valga precisar que en la sentencia C-1035 de 2008, la Corte Constitucional precisó que, además
del cónyuge, serán también beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, la compañera o compañero permanente.
10
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos16:
Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
No haber procreado hijos con el
Cónyuge o Compañero causante. En este caso, el beneficiario
Afiliado o Temporal-20
permanente menor de deberá cotizar al sistema para obtener
pensionado años-
30 años de edad. su propia pensión, con cargo a la
prestación sustituida.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante y
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta.
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente17 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de la
Afiliado o
con separación de Cuota parte separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante los
permanente 5 años anteriores a la muerte.
21. Hasta este punto, en lo que tiene que ver con el sub judice, las interesadas en la
sustitución pensional del primer grupo deberán acreditar que hicieron vida marital
16
Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
17
Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
con el causante hasta su muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a 5 años
continuos con anterioridad al deceso.
22. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200318 precisó:
«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobrevivientes
Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».
23. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
18
Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en
el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de
hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe
convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.
24. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente19:
«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)
25. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
19
sentencia C-336 de 2014
13
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,
pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:
«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.
73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.
74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.»
26. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no son causales
legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto,
no extingue el derecho a la sustitución pensional.
2.3. Caso concreto
27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
28. Reconocimiento pensional al causante
28.1. Enrique Sáenz Bermúdez nació el 24 de agosto de 193320.
28.2. Mediantela Resolución 021946 del 11 de noviembre de 1997, Cajanal le
reconoció la pensión de jubilación por aportes21, pues laboró en el «Ministerio de
Defensa Nacional [23/02/53 hasta 01/10/60], en el Instituto de Seguros Sociales [654.7143
semanas], y en la Fiscalía General de la Nación [03/01/89 hasta 30/12/91]»; la cual fue
reliquidada a través de las Resoluciones 025158 del 22 de septiembre de 199822 y
20
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 11 cédula de ciudadanía.
21
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 28.
22
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 54.
15
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
007874 del 9 de mayo de 200023.
28.3. El 4 de agosto de 2007 falleció, según consta en el registro civil de defunción
0645527424.
29. En cuanto a la sustitucional pensional de Ana Lucía Gómez de Sáenz
29.1. Ana Lucía Gómez de Sáenz nació el 22 de diciembre de 193825
29.2. El 5 de diciembre de 1959 contrajo matrimonio católico con Enrique Sáenz
Bermúdez, según consta en el registro civil de matrimonio26.
29.3. Dentro de la referida unión fueron procreados Carlos Enrique Sáenz Gómez,
Luis Eduardo Sáenz Gómez, Roberto Sáenz Gómez, Alba Lucía Sáenz Gómez,
María del Pilar Sáenz Gómez y Luz Elena Sáenz Gómez, según consta en los
registros civiles de nacimiento27.
declaración juramentada extrajuicio del 16 de mayo de 201128
29.4. Mediante
presentada ante la Notaría 36 de Bogotá D.C. Ana Lucía Gómez de Sáenz,
manifestó:
«[…] SEGUNDO: Que estoy(amos) física y mentalmente capacitado(as) para rendir esta
declaración la cual es cierta.
TERCERO: Manifiesto(amos) bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las
sanciones penales que acarrea el perjurio que fui casada con el señor ENRIQUE SAENZ
BERMUDEZ, (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No.2.937.768 expedida en Bogotá, quien falleció el día 04 de agosto del año 2007, en la
ciudad de Bogotá, de esta unión tuvimos 6 hijos hoy en día mayores de edad, me dedico
al hogar, dependía económicamente de mi esposo, que no estoy vinculado(a)
laborablemente con entidad pública o privada, no recibo ingresos de ninguna clase, no
soy pensionado(a), los gastos del hogar eran asumidos por mi esposo, con quien nos
veíamos y teníamos buenas relaciones por cuanto [é]l tenía otro hogar desde hace varios
años. […]» [sic]
23
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003,
carpeta CC2937768, pdf 70.
24
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folio
15.
25
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folio
17 y Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003,
carpeta CC2937768, pdf 111, en la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.
26
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folio
14.
27
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 105, 106, 107, 108, 109, y 110.
28
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 115.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
29.5. Declaración juramentada extrajuicio del 16 de mayo de 201129 presentada ante
la Notaría 36 de Bogotá D.C. Elizabeth Luque Céspedes y Leonor García,
manifestaron:
«[…] PRIMERO: Que todas las declaraciones aquí rendidas las hago (emos) bajo la
gravedad de juramento y no tengo(nemos) ningún impedimento para rendirlas ni para
suscribir esta acta y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso.
SEGUNDO: Que estoy(amos) física y mentalmente capacitado (as) para rendir esta
declaración la cual es cierta.
Manifiesto(amos) bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las sanciones penales
que acarrea el perjurio, que conocemos de vista, trato y comunicación al(el) señor(a)
ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ, (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadana No.2.937.768 expedida en Bogotá, fallecido el día 04 de agosto del año 2007,
en la ciudad de Bogotá, durante 22 y 18 años respectivamente, y por el conocimiento
que tenemos sabemos que fue casado con la señora ANA LUCIA GOMEZ DE SAENZ,
mayor de edad identificado(a) con la CC 20.178.695 de BOGOTA , y siempre los hemos
conocido como pareja, de esa unión tuvieron 6 hijos mayores de edad, la señora ANA
LUCIA GOMEZ DE SAENZ, como a su legitima esposa, se dedica al hogar y dependía
económicamente de su esposo.
TERCERO: Manifiesto(amos) que he(hemos) leído lo que voluntariamente he(hemos)
declarado ante el NOTARIO, lo he(hemos) hecho cuidadosamente y no tengo (tenemos)
ningún reparo, ni nada que aclarar, corregir y/o enmendar; por lo tanto lo otorgo
(otorgamos) con mi (nuestra) FIRMA dado que es real a lo solicitado al señor NOTARIO.
[…]» [sic]
29.6. Declaración juramentada extrajuicio del 22 de octubre de 201630 presentada
ante la Notaría 77 de Bogotá D.C. en la cual Elizabeth Luque Céspedes manifestó:
«[…] PRIMERO: Que no tienen ningún impedimento para rendir esta declaración
juramentada, la cual presenta bajo su única responsabilidad y manifestaron:
Que conocí al señor Enrique Sáenz Bermúdez identificado con la cedula de ciudadanía
número 2.937.768 de Bogotá, quien trabaj[ó] en la Fiscalía General de la Nación, como
investigador judicial dos, hasta el día 31 de diciembre de 1998, me consta que se
pensión[ó] el día 12 de mayo de 1999 por la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal,
era casado con la señora Ana Lucía Gómez de Sáenz identificada con la cedula de
ciudadanía número 20.178.695 de Bogotá y procrearon de su matrimonio seis hijos en
la actualidad mayores de edad. […]» [sic]
29
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 114.
30
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folio
42.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
29.7. Declaración juramentada extrajuicio del 20 de enero de 201731 presentada ante
la Notaría Setenta y Siete de Bogotá D.C. en la cual Elizabeth Luque Céspedes
manifestó:
«[…] PRIMERO: Que no tiene ningún impedimento para rendir esta declaración
juramentada, la cual presenta bajo su única responsabilidad y manifestó:
Declaro que conocí al señor Enrique Sáenz Bermúdez identificado con la cedula de
ciudadanía número 2.937.768 de Bogotá, quien trabajó en la Fiscalía General de la
Nación de la ciudad de Bogotá D.C., como investigador judicial dos, hasta el día 31 de
diciembre de 1998, me consta que se pensión[ó] el día 12 de mayo de 1999, por la Caja
Nacional de Previsión Social Cajanal, era casado con la señora Ana Lucia Gómez de
Sáenz identificada con la cedula de ciudadanía número 20.178.695 de Bogotá D.C. y
procrearon de su matrimonio seis hijos en la actualidad mayores de edad. […]» [sic]
29.8. El 19 de mayo de 201132, solicitó ante Cajanal el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional en calidad de cónyuge.
29.9. Mediante la Resolución UGM 010193 del 26 de septiembre de 201133, el
liquidador de Cajanal le negó el reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes» en
su calidad de cónyuge, con ocasión del fallecimiento de Enrique Sáenz Bermúdez,
con los siguientes argumentos:
«[…] Que mediante Resolución No. 49968 del 01 de octubre de 2008 se reconoció y
ordenó el pago de una Pensión de Sobrevivientes a la señora HERNANDEZ CRUZ
MERCEDES Identificada con la C.C. No. 20.685.482 de La Mesa - Cundinamarca en
calidad de COMPAÑERA PERMANENTE, con ocasión del fallecimiento del señor
ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ ya identificado en cuantía de $1.658.952.47 M/cte
efectiva a partir del 05 de agosto de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 01 de
septiembre de 2007.
Que según Registro Civil de Defunción el causante falleció el 04 de agosto de 2007.
Que se publicó AVISO DE PRENSA el 30 de octubre de 2007, sin que dentro del término
legal se hubiera presentado beneficiaria de mejor o igual derecho a los peticionarios.
Que el Artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 quedarán así:
31
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folio
46.
32
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003,
carpeta CC2937768, pdf 103 formato o comunicación solicitud de prestación económica.
33
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folios
3 a 6.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte:
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará al literal a).
Que revisado el expediente administrativo se estableció lo siguiente:
Se observa que en la declaración rendida por la peticionaria y allegada con la solicitud a
folio 16, la misma manifiesta:
(…) Que fui casada con el señor ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ, (q.e.p.d.), quien en
vida se identificó con la cedula de ciudadanía No 2.937.768 expedida en Bogotá, quien
falleció el día 04 de agosto del año 2007, en la ciudad de Bogotá, de esta unión tuvimos
6 hijos hoy mayores de edad, me dedico al hogar, dependía económicamente de mi
esposo (...)
Que en la declaración extra juicio de los testigos ELIZABETH LUQUE CESPEDES
identificada con la C.C. No. 28.785.770 de Icononzo y LEONOR GARCIA identificada
con la cédula de ciudadanía No. 30.217.942 Ibagué a folio 14, manifiestan:
(...) Manifestamos bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las sanciones penales
que acarrea el perjuicio, que conocemos de vista, trato y comunicación al señor
ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ (q.e.p.d) quien en vida se identificó con la cedula de
ciudadanía No. 2.937.768 expedida en Bogotá, falleció el día 04 de Agosto del año 2007,
en la ciudad de Bogotá, durante 22 y 18 años respectivamente y por el conocimiento que
tenemos sabemos que fue casado con la señora ANA LUCIA GOMEZ DE SAENZ, mayor
de edad identificada con la C.C. 20.178.695 de Bogotá y siempre los hemos conocido
como pareja, de esa unión tuvieron 6 hijos mayores de edad (...).
Teniendo en cuenta lo anterior claramente se observa que en la declaración rendida por
la peticionaria y por los testigos no se establece con claridad el periodo de convivencia
que tuvo la solicitante con el causante, hasta la fecha de su fallecimiento, razón por la
cual se negará la prestación solicitada.
Adicionalmente la Ley 44 de 1980 señala lo siguiente:
Artículo 5: Cuando el fallecimiento del pensionado ocurriere sin haber Informado sobre
los beneficiarios de la sustitución de la pensión, los interesados deberán solicitarla
19
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
llevando las pruebas pertinentes. El funcionario ordenara la publicación del edicto
contemplado en el artículo anterior y dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación, los interesados deberán aportar las pruebas en que funden su derecho, el
funcionario del conocimiento deberá resolver dentro de los mismos términos del artículo
anterior.
Que en el presente caso se publicó aviso de prensa en el correspondiente periódico de
la localidad edicto Emplazatorio el 30 de Octubre de 2007, con el fin de que quienes se
creían con derecho para acceder a la sustitución de le pensión del causante, dentro de
los treinta (30) días siguientes se presentaran a reclamarla aportando las pruebas en
que se funden, así como las conducentes a desconocer el derecho de los favorecidos y
la peticionaria solamente hasta el 19 de Mayo de 2011 sе presentó a reclamar su
derecho.
De acuerdo con lo anterior, y de los documentos obrantes en el cuaderno administrativo,
se observa que la señora HERNANDEZ CRUZ MERCEDES ya identificada, en calidad
de COMPAÑERA PERMANENTE está plenamente facultada para el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento del señor ENRIQUE SAENZ
BERMUDEZ ya identificado y quien invocó su derecho dentro del término legal
establecido conforme a la publicación del comunicado de prensa.
Por lo tanto se niega el reconocimiento de pensión de sobreviviente a la señora ANA
LUCIA GOMEZ DE SAENZ ya identificada en razón a que no están plenamente
acreditados los requisitos establecidos en la Ley para el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor ENRIQUE SAENZ
BERMUDEZ. […]» (sic).
29.10. La decisión administrativa anterior fue confirmada a través de la Resolución
UGM 051063 del 29 de junio de 201234 suscrita por el liquidador de Cajanal, que
resolvió el recurso de reposición, en los siguientes términos:
«[…] Que la recurrente manifiesta: Conviví por espacio de 25 años con el señor
ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ y nunca se efectuó separación de cuerpos, ni de bienes
y por ende nunca realizó disolución de la sociedad conyugal, lo que evidencia que
nuestro matrimonio nunca se disolvió y estuvo vigente hasta el momento de su
fallecimiento , no obstante, al tenor de lo manifestado valga recalcar la señora ANA
LUCIA GOMEZ DE SANENZ recurrente no acudió ante esta entidad dentro del término
legal a fin de solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que le pudiera
corresponder y de igual manera en el momento oportuno la misma no controvirtió la
convivencia que hoy dice existió entre ella y el causante y de esta manera realizara la
reclamación del derecho hoy pretendido.
Razón por la cual esta entidad, con los elementos de juicio existente reconoció el
derecho a la pensión de sobreviviente a la cónyuge, mediante el acto administrativo
Resolución No. 49968 del 01 de octubre de 2008, que se encuentra debidamente
ejecutoriado, y el cual cre[ó] una situación jurídica determinada, con firmeza jurídica.
34
Samai Tribunal, expediente digital, archivo pdf 25000234200020160353100_C001, visible a folios
10 a 12.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
Que no es posible en esta instancia retrotraer los efectos jurídicos creados con la
mencionada resolución, razón por la cual si el recurrente pretende el reconocimiento de
su derecho deberá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, para que sea esa instancia
procesal la que declare si es un legitimo beneficiario de la pretendida prestación.
Que por todo lo anterior y al no existir elemento nuevo de juicio que haga variar la
decisión tomada se declarara ajustada a derecho la Resolución UGM 010193 del 26 de
septiembre de 2011. […]» (sic).
30. Sustitucional pensional de Mercedes Hernández Cruz
30.1. Mercedes Hernández Cruz nació el 10 de diciembre de 195835.
30.2. Dentro de la referida unión fueron procreados Néstor Enrique Sáenz Hernández
[nació el 27 de noviembre de 1981] y Adriana Milena Sáenz Hernández [nació el 8
de septiembre de 1987], según consta en los registros civiles de nacimiento36.
30.3. Factura del 4 de agosto de 200737 expedida por COORSERPARK, en la cual
se indica que pagó los servicios exequiales de Enrique Sáenz Bermúdez.
30.4. Certificado del 14 de agosto de 200738, suscrito por el orientador integral de la
EPS Famisanar, en el cual consta que el causante era «Sdo. Cot» en salud y
Mercedes Hernández Cruz «como cotizante cabeza de familia».
30.5. Registro fotográfico39 de celebraciones de la familia conformada por Mercedes
Hernández Cruz y Enrique Sáenz Bermúdez y sus hijos.
30.6. Resolución 00631 del 7 de mayo de 200840, proferida por la subgerente
administrativa y financiera de Cajanal, a través de la cual se reconoció y ordenó el
pago del auxilio funerario ocasionado por el fallecimiento de Enrique Sáenz
Bermúdez a favor de Mercedes Hernández Cruz.
35
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 78 y 83 en la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.
36
Samai, índice 2, expediente digital, pdf anexos contestación demanda de Mercedes Hernández,
visible a folios 14 y 16.
37
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 77.
38
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 87.
39
Samai, índice 2, expediente digital, pdf anexos contestación demanda de Mercedes Hernández,
visible a folios 21 a 36.
40
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 93.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
30.7. Declaración juramentada extrajuicio 29 de agosto de 200741 presentada ante la
Notaría 67 de Bogotá D.C. en la cual Mercedes Hernández Cruz manifestó:
«[…] Que el señor Enrique Sáenz Bermúdez quien se identificó en vida con la C.C. No.
2937768 de Bogotá, convivió en unión libre desde el día 16 de octubre de 1980, convivió
compartiendo lecho, techo y mesa de forma permanente y hasta la fecha de su
fallecimiento que fue el día 4 de agosto de 2007, nunca nos separamos, vivimos siempre
en la dirección Carrera 113 #86B-10, en el barrio Ciudadela Colsubsidio y teléfono
4315823. Declaro también que de dicha unión quedaron 2 hijos vivos bien física y
mentalmente en todas sus Facultades. Declaro también que al momento del fallecimiento
de mi compañero no laboraba en alguna entidad pública o privada. Recibía pensión por
parte del Estado. Junto con nuestros hijos dependimos económicamente el 100% de mi
esposo, [é]l era quien pagaba todos los gastos de vivienda, vestuario, salud,
alimentación, Etc. Que fui yo la Persona que lo acompañ[ó] hasta su último aliento.
Conozco de hijos extramatrimoniales. Que soy la única persona con derecho a reclamar
la pensión de sustitución y Lo que le corresponde por la muerte de mi esposo ante esta
entidad, institución o banco. […]»
30.8. Declaración juramentada extrajuicio 27 de agosto de 200742 presentada ante la
Notaría 73 de Bogotá D.C. en la cual Vilma Constanza Serrano Dubois manifestó:
«[…] Que estoy en la plenitud de las facultades mentales y no tengo impedimento alguno
para formular la siguiente declaración aceptando expresamente las consecuencias
penales por falsedad en caso de manifestar hechos que no sean ciertos.
Que conozco de vista trato y comunicación y desde hace CUARENTA (40) años a la
señora MERCEDES HERNANDEZ CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
20.685.482 de Mesa (Cund), por el conocimiento que de ella tengo s[é] que convivió en
unión marital de hecho durante VEINTISIETE (27) años, conviviendo bajo el mismo
techo en forma permanente e ininterrumpida con el señor(a) ENRIQUE SAENZ
BERMUDEZ, quien falleció el día CUATRO (4) de agosto del año DOS MIL SIETE
(2007) y en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.937.768 expedida en
Bogotá, y de la unión tuvieron DOS (2) hijos de nombres NESTOR ENRIQUE y
ADRIANA MILENA SAENZ HERNANDEZ hoy mayores de edad. […]» (sic).
30.9. Declaración juramentada extrajuicio del 30 de agosto de 200743 presentada
ante la Notaría 70 de Bogotá D.C. en la cual Lucy Vargas Caviedes manifestó:
«[…] SEGUNDO: Que estamos física y mentalmente capacitados(as) para rendir esta
declaración la cual es cierta.
41
Samai, índice 2, expediente digital, pdf anexos contestación demanda de Mercedes Hernández,
visible a folio 37.
42
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 85.
43
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 84.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
TERCERO: Manifiesto(amos) bajo la gravedad de juramento que, conozco(cemos) de
vista trato y comunicación desde hace CUARENTA Y SIETE (47) años, al señor(a)
MERCEDES HERNANDEZ CRUZ de quien manifiesto(amos) saber que convivió en
unión MARITAL de manera permanente y bajo un mismo techo desde el 16 DE
OCTUBRE DE 1980 hasta el 4 DE AGOSTO DE 2007 día del deceso, del señor
ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ quien en vida se identificó con la c.c. 2,937,768 expedida
en BOGOTÁ D.C. de cuya unión procrearon DOS (2) hijos (as) de nombres NESTOR
ENRIQUE y ADRIANA MILENA SAENZ HERNANDEZ mayores de edad. hago(acemos)
la aclaración que MERCEDES HERNANDEZ CRUZ se encontraba dependiendo
económicamente de ENRIQUE SAENZ BERMUDEZ. […]» (sic).
30.10. El 31 de agosto de 2007 solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional44.
30.11. Mediante la Resolución AMB 49968 del 1° de octubre de 200845, el gerente
general de Cajanal, le reconoció la «pensión de sobrevivientes» en su calidad de
compañera permanente, con ocasión del fallecimiento de Enrique Sáenz Bermúdez,
efectiva a partir del 5 de agosto de 2007, pero con efectos fiscales desde el 1° de
septiembre de 2007, en cuantía de $1.658.952, con los siguientes argumentos:
«[…] Que se publicó aviso de prensa dando cumplimiento a lo ordenado por la Ley.
Que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797/2003 y Decreto 01 de 1984.
[…]» [sic].
31. En la audiencia de pruebas que se realizó el 16 de septiembre de 202246 se
recibieron los siguientes testimonios:
32. Ana Lucía Gómez de Sáenz: El causante no vivió en La Mesa [Cundinamarca]
solamente iba a ese municipio. No conoce a Mercedes Hernández Cruz, pero es «la
otra porque no fue la legitima esposa». No sabe cuándo Mercedes quedó en embarazo
de su primer hijo. Tiene conocimiento que el primer hijo de Mercedes nació en el
año en el que tuvo su último hijo. Antes de que su esposo se fuera para Arauca
siempre vivieron en Bogotá. Nunca lo visitó en Arauca.
33. Elizabeth Luque Céspedes: pensionada y reside en Bogotá. Conoció en 1994
o 1995 a Ana Lucía Gómez de Sáenz en una escuela del distrito en la cual dictaban
clases de manualidades. La demandante y Enrique Sáenz Bermúdez eran esposos,
tiene conocimiento porque se lo contó, alguna vez vio que él la llevó a la escuela y
se lo presentó. La demandante le comentó que el causante se había ido de la casa
44
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 96.
45
Samai Tribunal, expediente digital, carpeta 25000234200020160353100, carpeta MM003, carpeta
CC2937768, pdf 96.
46
Samai Tribunal, expediente digital, 022 video audiencia de pruebas.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
porque había conseguido otra pareja. No tiene conocimiento del tiempo de
convivencia de los esposos y no conoce a Mercedes Hernández Cruz.
34. María del Pilar Sáenz Gómez: es administradora de empresas y reside en
Toronto [Canadá]. Sus padres se casaron en diciembre de 1959 y convivieron hasta
1986, después la convivencia fue intermitente. Tenía 15 o 16 años cuando su padre
dejó el hogar, pero en ese periodo la convivencia de sus padres fue permanente.
Conoce a Mercedes Hernández Cruz porque es la persona con la cual convivió su
padre hasta la fecha del deceso, con la que tuvo dos hijos. Supone que empezaron
a convivir desde 1986 cuando se fue de casa. Sabe que la litisconsorte y su padre
tuvieron un vínculo antes de 1986, además porque sus hijos nacieron antes de ese
año. Recuerda que su padre laboró entre 1980 y 1986 en Arauca y Medellín, pero
no se acuerda cuanto tiempo permaneció en Bogotá, cuando su padre salía de casa
decía que era por asuntos laborales. No recuerda la fecha exacta en que dejaron
de convivir sus padres, pero estuvo con ellos en 1990 en su grado de bachiller y
murió su abuela. Después de la separación sus padres tenían una buena relación.
Su mamá era la que se encargaba de los gastos del hogar, trabajó en un colegio y
como independiente, también tenía un ingreso de arriendos y su padre a veces le
daba dinero. El causante trabajó en el DAS y en otras entidades, tomaba fotos en
levantamientos. No sabe cuándo nació Néstor Bermúdez Hernández, pero él nació
cuando su padre aún vivía en la casa, porque él es mayor que su hermana menor.
Actualmente le envía dinero a su madre.
35. Carlos Enrique Sáenz Gómez: es biólogo y reside en Bogotá. Sus padres se
casaron en 1959 y convivieron hasta 1986; cuando su madre se enteró que tenía
otro hogar le pidió que se fuera de la casa, después se perdonaron y la relación
continuó hasta 1991 o 1992. Su padre laboró en Arauca entre 1984 a 1986, después
en Medellín por dos años y finalmente en Villavicencio, pero no recuerda cuanto
tiempo. Conoce a Mercedes Hernández Cruz porque tenía una relación con su
padre, quienes se conocieron en 1979 en la Alcaldía de la Mesa, porque ella
laboraba como secretaria; posteriormente en 1980 su padre tuvo un hijo con ella,
en el mismo año que nació su hermana menor. En 1986 su madre se dio cuenta
que tenía un hijo con ella, no obstante, la relación continuó, pero por asuntos de
trabajo él no podía vivir de forma permanente con su madre, pero cuando llegaba a
Bogotá se quedaba en la casa. En 1991 «Mercedes empezó a presionarlo y su padre
opta por irse a vivir con ella». Entre 1986 y 1991 cree que pudo haber existido
convivencia simultánea con la litisconsorte y la demandante «eso se le facilitaba
porque su padre trabajaba fuera de Bogotá, él podía llegar a un sitio y a otro, pero a los
ojos de la familia él seguía llegando a la casa». Su madre siempre fue ama de casa,
estaba pendiente de las labores, hizo cursos de artesanías y pastelería, y eso
generó ingresos para la casa. En los meses previos a la muerte del causante «su
24
Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
padre iba a la casa con su tanquecito de oxígeno, a raíz de comunicación que sostuvo una
de sus hermanas con los hijos extramatrimoniales, los conocieron porque no los conocían,
lo acompañó a terapias en la Clínica San Ignacio, también lo visitaron una vez en Ciudadela
Colsubsidio, esto fue unos dos meses antes de fallecer». Su padre convivía antes de
fallecer con sus dos hijos y Mercedes. El testigo estuvo en las exequias de su padre,
en la cual estuvieron las dos familias.
36. Vilma Constanza Serrano Dubois: es contadora pública y reside en Bogotá.
Conoce a Mercedes Hernández Cruz porque son amigas desde que estudiaron en
el colegio en el municipio de La Mesa [Cundinamarca], la litisconsorte le contó que
estaba viviendo en Bogotá con Enrique a quien conoció en 1980, y vivían en el barrio
Santa Isabel, posteriormente tuvieron un hijo llamado Néstor. Vivieron dos años en
Arauca con el niño y Enrique, después se devolvieron a Bogotá y ella tuvo otra hija
llamada Adriana, convivieron juntos todo el tiempo. Enrique se enfermó de los
pulmones porque él fumaba mucho y tuvo que estar conectado 5 años a una
máquina de oxígeno. Convivieron desde 1980 hasta el fallecimiento del causante
en el 2007, de lo que tiene conocimiento porque son muy amigas y cada dos meses
visitaba a la pareja en la casa de ellos y Enrique siempre estaba allí; recuerda que
convivieron desde 1980 y «está segura de la fecha porque en ese año se casó». Solo
estaba pendiente del estado de salud del causante Mercedes y sus hijos. Los visitó
en la urbanización Colsubsidio una semana antes del deceso del causante, pero
cuando falleció estaba en Panamá, por lo cual no fue al sepelio.
37. Blanca Cecilia Valencia Ruiz: es pensionada y vive en el municipio de La Mesa
[Cundinamarca]. Es amiga de Mercedes Hernández Cruz y fue quien le presentó a
Enrique Sáenz Bermúdez, porque trabajaba en la Inspección de Policía y Mercedes
en la Tesorería Municipal, posteriormente se enteró que tenían una relación
amorosa porque Enrique seguía frecuentándola. Ellos convivieron desde 1980
hasta el fallecimiento del causante, tuvieron dos hijos. No sabe si Enrique tuvo otra
pareja, pero supo que tuvo otro hijo pero no recuerda el nombre. La pareja se fue a
vivir Bogotá e iban los dos cada 8 o 15 días a La Mesa. La pareja vivió en Bogotá y
en alguna oportunidad Mercedes le contó que lo trasladaron a Arauca, en ese
momento ellos tenían un hijo. No fue a visitar a la pareja a Bogotá, sólo se veían
cuando ellos iban a la casa de los padres de Mercedes en el municipio de La Mesa.
Vio a Enrique por última vez hace 20 años, pero tenía conocimiento de la relación
porque mantiene comunicación con Mercedes. Enrique murió por cáncer de pulmón
y en ese momento vivía con Mercedes, quien fue la que le comentó del deceso. No
estuvo en las exequias del causante y tiene conocimiento que Mercedes en la
actualidad trabaja.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
38. Blanca Inés Díaz Molina: es modista y reside en el municipio de La Mesa
[Cundinamarca]. Es amiga de Mercedes desde que estudiaban en el colegio.
Mercedes y Enrique convivieron desde 1980 hasta agosto de 2007. Visitaba a la
pareja de vez en cuando. No sabe si Enrique tenía otra pareja sentimental, pensó
que Enrique era viudo. Vio a Mercedes y a Enrique juntos en el 2004. Cree que la
pareja tuvo el primer hijo en 1981 y la otra hija en 1986 o 1987. No visitó a la pareja
en Bogotá, pero sí en la finca de Pedro Pablo y a la casa de Mercedes. Tenía
conocimiento que ellos convivían porque hablaban de la pareja, además porque los
veía en la casa materna, y también se enteró que vivían en Bogotá y tenían sus
hijos. Mercedes reside en Bogotá y trabaja en una empresa. No se comunican con
mucha frecuencia. Cree que los gastos del hogar los sufragaban los dos porque
Mercedes siempre ha trabajado. No asistió a las exequias del causante.
2.4. Análisis sustancial
38.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia del 9 de febrero de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda,
en consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la Ugpp
reconocer y pagar la sustitución pensional a favor de Ana Lucía Gómez de Sáenz,
a partir de la ejecutoria de la sentencia, en un 50% de dicha prestación, y a
Mercedes Hernández Cruz el 50% restante.
41. Ana Lucía Gómez de Sáenz presentó recurso de apelación con el fin de que se
modifiquen los ordinales «tercero y cuarto» de la decisión adoptada por el tribunal de
primera instancia, al considerar que la sustitución pensional debe reconocerse a
partir del 19 de mayo de 2011 [fecha de la solicitud de la prestación].
42. Mercedes Hernández Cruz presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que
de acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales acreditó que convivió con
el causante de forma ininterrumpida hasta su deceso, por el contrario la demandante
no demostró de forma clara el tiempo de convivencia con Enrique Sáenz Bermúdez;
por lo cual tiene derecho a la sustitución pensional en un 100% en calidad de
compañera permanente.
43. La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia, toda vez que para acceder a la
sustitución pensional la cónyuge debía cumplir con los requisitos del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues no
acreditó que estuvo haciendo vida marital con el causante durante los 5 años
anteriores al fallecimiento.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
44. Es preciso señalar que el derecho a la sustitución pensional se estableció como
un mecanismo de protección a los familiares del trabajador pensionado, ante el
posible desamparo en el que pueden quedar por la muerte de este, es decir, es una
protección directa a la familia. En tal sentido la Corte Constitucional en sentencia T-
128 de 2012 indicó que la sustitución pensional busca «evitar que las personas
allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el
simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y
orfandad al permitirles gozar post-mortem del [e]status laboral del trabajador fallecido».
45. Encuentra la Sala que la situación fáctica planteada por las partes en el sub lite,
debe ser analizada bajo las disposiciones contenidas en el literal a) y el inciso
segundo del literal b) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003, según las cuales:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.
b) […]
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.»
46. De acuerdo con las disposiciones transcritas, la cónyuge o compañera
permanente tendrá derecho a la sustitución pensional de forma vitalicia cuando: i)
tenga más de 30 años de edad al momento del fallecimiento del causante de la
prestación y ii) acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido por lo menos 5 años continuos con
anterioridad a su muerte. Asimismo, el legislador previó la posibilidad de que
respecto de un pensionado coexistieran una compañera permanente y una esposa
con sociedad conyugal vigente, caso en el cual, los dos tendrían derecho a la
sustitución en proporción al tiempo de convivencia acreditado.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
47. De otra parte, se precisa que aunque el referido artículo 47 expresa que el
requisito de los 5 años de convivencia deben ser «continuos con anterioridad a su
muerte [del causante de la prestación]», cuando se está ante el supuesto de la
coexistencia de un compañero permanente y una sociedad conyugal vigente, frente
al cónyuge que fallece, este requisito no debe ser examinado al tenor literal de la
norma, por cuanto, se desligaría del querer del legislador el cual fue cobijar a la
esposa supérstite con quien el causante solo tuvo una separación de hecho. En ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia SU-453 de 2019:
«Es teniendo en cuenta lo anterior que la Corte Constitucional ha concluido que las
disputas entre cónyuge y compañero (a) permanente supérstite respecto de la
sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes pueden plantearse cuando hay
convivencia simultánea o cuando, al momento del fallecimiento, tenía un compañero (a)
permanente y una unión conyugal vigente con separación de hecho, teniendo en
cuenta que en este último evento, no es necesario demostrar, por parte del cónyuge
supérstite, una convivencia con el causante de cinco años inmediatamente
anteriores a la muerte, sino que dicho término de convivencia pudo haberse dado
en cualquier tiempo.» [se resalta]
48. Así las cosas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se procederá
a verificar si la demandante acreditó los requisitos para acceder a la sustitución
pensional.
49. De acuerdo con el material probatorio Ana Lucía Gómez de Sáenz contrajo
matrimonio con Enrique Sáenz Bermúdez el 5 de diciembre de 1959 y al momento
del fallecimiento de este último contaba con 68 años de edad, pues nació el 22 de
diciembre de 1938. En ese orden, la solicitud de reconocimiento pensional se rige
por lo dispuesto en el artículo 47.a de la Ley 797 de 2003.
50. Al respecto, para la Sala es claro que la cónyuge supérstite acreditó la totalidad
de los requisitos para efectos la sustitución pensional; toda vez que en el expediente
se aportó el registro civil de matrimonio, pruebas documentales y testimoniales que
permiten concluir que la sociedad conyugal se encontraba vigente y que convivieron
entre el 5 de diciembre de 1959 y 1986.
51. Ahora bien, el material probatorio que obra en el expediente, permite concluir que
Mercedes Hernández Cruz y Enrique Sáenz Bermúdez convivieron como
compañeros permanentes y tuvieron una comunidad de vida, desde el 16 de octubre
de 1980 hasta el 4 de agosto de 2007 [fecha del deceso del causante]. Por lo que,
en relación con la compañera permanente se encuentra acreditado el requisito de
convivencia de no menos 5 años anteriores al fallecimiento del causante de la
prestación de la que se pretende la sustitución.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03531-01 (4459-2023)
Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
52. En consonancia con lo expuesto, para la Sala es claro que tanto la cónyuge
supérstite como la compañera permanente de Enrique Sáenz Bermúdez,
acreditaron la totalidad de los requisitos que las hacían acreedoras de la sustitución
pensional; sin embargo, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100 de 199347, esta
deberá dividirse entre las beneficiarias, por lo tanto se observa de las declaraciones
testimoniales recibidas por el tribunal, que la convivencia que ellas tuvieron con el
causante fue concomitante durante el periodo comprendido entre 1980 y 1986.
53. De acuerdo con lo expuesto, y del material probatorio que obra en el expediente
se acreditaron los siguientes extremos temporales de los periodos en los que
Enrique Sáenz Bermúdez convivió con su cónyuge y con su compañera
permanente, así: i) con Ana Lucía Gómez de Sáenz entre el 5 de diciembre de 1959
[fecha en que contrajeron matrimonio] y 1986 de conformidad con los testimonios
de María del Pilar Sáenz Gómez y Carlos Enrique Sáenz Gómez; y ii) con Mercedes
Hernández Cruz entre el 16 de octubre de 1980 hasta el 4 de agosto de 2007 [fecha
del deceso del causante], de acuerdo con las declaraciones extraproceso de Vilma
Constanza Serrano Dubois y Lucy Vargas Caviedes y los testimonios de Vilma
Constanza Serrano Dubois, Blanca Cecilia Valencia Ruiz y Blanca Inés Díaz Molina.
54. Así las cosas, conforme con lo demostrado en el proceso, Ana Lucía Gómez de
Sáenz convivió con Enrique Sáenz Bermúdez como cónyuge durante 27 años y
Mercedes Hernández Cruz como compañera permanente por 26 años, 9 meses y
19 días, por lo que, en los términos del inciso 2 del artículo 47.b de la Ley 100 de
1993, y en proporción a los periodos de convivencia, tienen derecho a la sustitución
de la pensión en un 50% para la cónyuge supérstite y en un 50% para la compañera
permanente, tal y como lo dispuso el tribunal.
55. Se precisa que en el presente asunto no hay lugar a devolver las sumas recibidas
en exceso por Mercedes Hernández Cruz, puesto que no se desvirtuó la buena fe,
de conformidad con el artículo 136.2 del CPACA.
56. Ahora bien, Ana Lucía Gómez de Sáenz en el recurso de apelación cuestionó
que en la decisión del tribunal no se reconociera la prestación a partir del 19 de
mayo de 2011 [fecha de la solicitud]. Al respecto, se advierte que quien acredita los
presupuestos para efectos de la sustitución pensional tiene derecho a esta a partir
de la muerte del causante, por lo que, mal haría el juez en condicionar su efectividad
a un hecho futuro, no previsto por el legislador, como la ejecutoria de una sentencia
judicial que, entre otras cosas, es declarativa y no constitutiva.
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Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
57. Así las cosas, esta Subsección no comparte la decisión del a quo, en cuanto a
que, ante la inactividad del titular del derecho se imponga una sanción no prevista
en el ordenamiento jurídico, como condicionar la efectivad de su derecho a un hecho
futuro. En ese sentido, se advierte que, en el caso de las prestaciones periódicas,
la única consecuencia prevista ante la mencionada inactividad es la prescripción de
las mesadas en los términos del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, según el
cual:
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.»
53. En ese orden se advierte que la demandante se encontraba legitimada para
reclamar el derecho desde el 4 de agosto de 2007 [fecha de fallecimiento del
causante] y presentó la solicitud ante la entidad de previsión el 19 de mayo de 2011,
esto es después de los 3 años previstos en la norma en mención, por lo que, se
configuró el fenómeno jurídico de la prescripción.
54. Asimismo, mediante la Resolución UGM 010193 del 26 de septiembre de 2011
Cajanal le negó el reconocimiento de la prestación, sin embargo, Ana Lucía Gómez
de Sáenz acudió a la jurisdicción solo hasta el 1° de agosto de 2016, esto es,
después de 3 años. Así las cosas, encuentra la Sala que se configuró la prescripción
frente a aquellas mesadas causadas con anterioridad al 1° de agosto de 2013 [3
años anteriores a la presentación de la demanda], por lo que, se modificará en ese
sentido el ordinal segundo de la sentencia objeto de apelación.
55. Finalmente, se pone de presente que en caso en el que se presenten
controversias como la del sub judice, las entidades de previsión cuentan con el
instrumento establecido en el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, según el cual:
«ARTÍCULO 6O. DEFINICIÓN DEL DERECHO A SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN CASO DE
CONTROVERSIA. En caso de controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho
a acceder a la pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera:
Si la controversia radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa
sobre los hijos, se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión,
dividido por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante,
quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción
correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea
cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan. Si no
existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la jurisdicción
correspondiente dirima el conflicto.
Si la controversia radica entre hijos y no existiere cónyuge o compañero (a) permanente
que reclame la pensión, el 100% de la pensión se repartirá en iguales partes entre el
total de hijos reclamantes, pero solo se ordenará pagar las cuotas que no estuvieran en
conflicto, en espera a que la jurisdicción decida. Si existe cónyuge o compañero (a)
permanente se asignará el 50% a este o estas(os) y sobre el 50% correspondiente a los
hijos se procederá como se dispuso precedentemente.»
56. De acuerdo con la norma transcrita, cuando la entidad de previsión advierta que
frente al derecho de la sustitución pensional existe un conflicto entre la cónyuge y
la compañera permanente, podrá suspender o dejar pendiente el pago hasta tanto,
el juez competente defina los términos en los que se debe efectuar el
reconocimiento.
57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Ana Lucía Gómez de
Sáenz como cónyuge y Mercedes Hernández Cruz como compañera permanente
acreditaron los requisitos establecidos en las normas aplicables para efectos de la
sustitución pensional causada por Enrique Sáenz Bermúdez.
58. Por lo anterior, se modificará el ordinal segundo de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante el cual accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto.
2.6. Costas
59. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
60. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
61. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.
62. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
63. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Reconocimiento personería
64. GloriaXimena Arellano Calderón, identificada con la cédula de ciudadanía
31.578.572 de Cali y portadora de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo
Superior de la Judicatura, presentó memorial49 en el cual manifestó su renuncia al
poder otorgado, en atención al retiro de la Ugpp, con la cual aportó la comunicación
realizada a la entidad.
65. En tal sentido, se aceptará la renuncia del poder presentada por la abogada
Gloria Ximena Arellano Calderón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74
y 76 del CGP.
66. Se reconocerá personería a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio
identificada con la cédula de ciudadanía 1.075.227.003 y portadora de la tarjeta
profesional 214.303 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la Ugpp, y al abogado Carlos Alfonso Tache Rodríguez identificado
con la cédula de ciudadanía 72.336.433 y portador de la tarjeta profesional 292.122
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado sustituto de la
entidad, con las facultades y para los fines establecidos en los poderes que obran
en el índice 8 de SAMAI.
48
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
49
Samai, índice 4.
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Demandante: Ana Lucía Gómez de Sáenz
4. Conclusión
67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Ana Lucía Gómez Sáenz
Moreno como cónyuge y Mercedes Hernández Cruz como compañera permanente,
acreditaron los requisitos establecidos en las normas aplicables para efectos de la
sustitución pensional causada por Enrique Sáenz Bermúdez.
68. Asimismo, que en relación con el derecho de Ana Lucía Gómez de Sáenz se
configuró el fenómeno jurídico de la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 1° de agosto de 2013.
69. En esas condiciones, se modificará el ordinal segundo de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante el cual accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 9 de febrero de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el
cual quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP a que sobre la sustitución pensional generada por el causante
Enrique Sáenz Bermúdez (q.e.p.d.), reconozca, liquide y pague a favor de Ana Lucía
Gómez de Sáenz, identificada con C.C. N° 20.178.695, a partir del 4 de agosto de 2007,
pero con efectos fiscales a partir del 1° de agosto de 2013 por prescripción, el cincuenta
por ciento (50%) de dicha prestación, correspondiéndole a Mercedes Hernández Cruz,
identificada con la C.C. 20.685.482, el cincuenta por ciento (50%) restante, según lo
expuesto en esta providencia.»
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 9 de febrero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
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Cuarto. Aceptar la renuncia de Gloria Ximena Arellano Calderón como apoderada
de la Ugpp, por lo expuesto en la parte motiva.
Quinto. Reconocer personería a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio
identificada con la cédula de ciudadanía 1.075.227.003 y portadora de la tarjeta
profesional 214.303 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la Ugpp, y al abogado Carlos Alfonso Tache Rodríguez identificado
con la cédula de ciudadanía 72.336.433 y portador de la tarjeta profesional 292.122
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado sustituto de la
entidad, con las facultades y para los fines establecidos en los poderes que obran
en el índice 8 de SAMAI.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
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