Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2016-03568-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela: improcedente para obtener la protección del derecho a la memoria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2016-03568-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-42-000-2016-03568-01
Consejero ponente: María Elizabeth García González
13 de octubre de 2016
ACCIÓN DE TUTELA - Improcedente para obtener la protección del derecho a la memoria / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia / TRASMUTACIÓN DE TUTELA EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Con miras a garantizarle al peticionario el acceso a la justicia
[O]bserva la Sala que el derecho a la memoria reviste un aspecto individual predicable de las víctimas y otro colectivo que se refiere a la sociedad en general, lo cual resulta determinante para identificar en cada caso concreto la titularidad del derecho y, por ende, el medio de defensa judicial idóneo. Así, en el presente caso, se advierte que el actor reclama la protección del derecho a la memoria, el cual entiende trasgredido por la omisión de las entidades accionadas de dar cumplimiento a la Ley 1491 de 2011, la cual propende por honrar la memoria de [J.H.G.F.]. Siendo ello así, encuentra la Sala que el derecho a la memoria que aquí se reclama está expresado en su dimensión colectiva, cuya protección puede ser reclamada por vías diferentes a la de la acción de tutela, como es el caso de la acción de cumplimiento, el cual resulta ser el mecanismo idóneo y efectivo para obtener el resultado esperado por el actor, que no es otro, que el cumplimiento de la Ley 1491 de 2011. Aunado a lo anterior, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo solicitado, pues la presunta omisión no desconoce ni niega la existencia de este lamentable crimen. (…). La Jurisprudencia de esta Corporación entendió que si el Legislador previó que la acción de cumplimiento no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela, mutatis mutandis, la acción de tutela no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de cumplimiento y, en esa medida, el Juez está facultado para adecuar el trámite correspondiente, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental (C.P., art. 228) y de la efectividad de los derechos (art. 2, ídem) (…). Siendo ello así, en atención a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la efectividad de los derechos, se ordenará adecuar la presente acción de tutela al procedimiento previsto en la Ley 393 de 1997 y el artículo 146 del C.P.A.C.A. y, por competencia, se remitirá a la oficina de Reparto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que agotadas las etapas procesales correspondientes, con observancia del principio de celeridad, se examinen los cargos relacionados con el presunto incumplimiento de la Ley 1491 de 2011.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 9 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 146 / LEY 1491 DE 2011 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 42 / LEY 1448 DE 2011 - ARTÍCULO 142 / LEY 1448 DE 2011 - ARTÍCULO 143 / LEY 1448 DE 2011 - ARTÍCULO 144
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la responsabilidad de la nación por violaciones graves a los derechos humanos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp: 2001-01825-02, C.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre la facultad del Juez para adecuar la acción de tutela al trámite correspondiente, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 2014-00858-01, C.P. María Elizabeth García González y Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2008, exp. 2007-00596-01, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Respecto al derecho a la memoria, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de agosto de 2012, exp.T-653 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03568-01(AC)
Actor: FEDERICO MEJÍA ÁLVAREZ GALLÓN LÓPEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por el actor, contra el fallo de 16 de agosto de 2016, proferido por la Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo solicitado.
ANTECEDENTES.
I.1.- La Solicitud.
El señor FEDERICO MEJÍA ÁLVAREZ GALLÓN LÓPEZ, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Presidente de la República doctor Juan Manuel Santos Calderón, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, la Ministra de Cultura y el Centro de Memoria Histórica, con el fin de obtener el amparo del derecho “a la memoria viva” del señor Jaime Hernando Garzón Forero (q.e.p.d.).
I.2 Hechos.
Puso de presente que el Congreso de la República expidió la Ley 1491 de 26 de diciembre de 2011 “por la cual el Congreso de la república honra la memoria del Abogado, Pedagogo, Periodista y Analista Político Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural”.
Para efecto de honrar la memoria de Jaime Garzón, el Congreso de la República en la citada ley, autorizó al Gobierno Nacional para que, a través del canal Señal Colombia, realizara la recopilación, selección y publicación de su vida y obra (Artículo 2°). Asimismo, le solicitó la Construcción de un busto que deberá ser ubicado en el campus de la Universidad Nacional (artículo 3°) y declaró el 13 de agosto como el Día Nacional de La Esperanza, en homenaje a su memoria (Artículo 5°).
Adujo que como profesor de la Universidad Javeriana llevó a cabo una de sus clases, en la que un alumno escribió una carta que le hizo entender “que la memoria viva es la única manera de recordar la verdad del pasado reciente”.
Expresó que la anterior reflexión lo llevó a instaurar la presente acción de tutela por la memoria viva de Jaime Hernando Garzón Forero (q.e.p.d.).
Anotó lo que a continuación se transcribe:
“Tengo claro que un hombre de calidades intelectuales geniales como las que poseía el abogado, pedagogo, periodista y analista político, Jaime Hernando Garzón Forreo (q.e.p.d.), jamás podrán ser plagiadas, copiadas, personificadas, usurpadas, robadas, despojadas, preformadas, representadas como lo hacía él y solo sabía hacerlo él; sin embargo es necesario hacer pública y masiva la situación de omisión del deber de la debida diligencia sobre el incumplimiento a la honra y violación de la memoria viva del abogado, pedagogo, periodista y analista político, Jaime Hernando Garzón Forero (q.e.p.d.), quien a pesar de su incansable trabajo en pro de la libertad, de la ética pública, del respeto por la vida y los derechos fundamentales y de la búsqueda de la paz y la dignidad para la sociedad Colombiana, a la fecha no existe avance de lo preceptuado en la LEY 1491 DE 2011 (diciembre 26) publicada en Diario Oficial No. 48.294 de 6 de diciembre de 2011”.
Añadió que el 13 de agosto del presente año se cumplen 17 años del magnicidio cometido contra Jaime Garzón, lo que da cuenta de la necesidad de que se dé cumplimiento de manera urgente a la Ley 1491 de 2011, en tanto que, cada 13 de agosto los colombianos realmente deben celebrar el Día Nacional de La Esperanza en homenaje del referido periodista.
Sostuvo que no es el afectado directo. Además, adujo que pese a que cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acción de cumplimiento, lo cierto es que su intención no “está pivoteada en hacer cumplir lo preceptuado por la Ley sino en anticipar que las leyes en asuntos de memoria viva no son inermes en la inoperancia del Estado Social de Derecho caracterizado por su temeridad engañosa de hacer en el papel un mundo posible que solo en la realidad se concibe la inexistencia posible del mismo cuando estas normas de orden público se violan sistemáticamente ergo estoy utilizando esta tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre el derecho a la memoria viva de celebrar este 13 de agosto de 2016 con esperanza construida por activismo judicial capaz de obligar al ejecutivo en todo su apogeo, ejecutar el mandato legal pues la ley es para cumplirla a cabalidad por tratarse de una política de Estado no de gobierno.”
I.3 Pretensiones.
Advierte la Sala que en el escrito de tutela el actor no relacionó una petición concreta. Sin embargo, del mismo se infiere que lo pretendido por éste es el amparo al derecho a la memoria y, en consecuencia, se le ordene a las entidades accionadas que, en atención a lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1491 de 2011, cada 13 de agosto se conmemore realmente el Día Nacional de la Esperanza en homenaje a Jaime Garzón Forero (q.e.p.d.)
I.4 Defensa.
El Ministerio de Cultura, adujo que el amparo solicitado por el actor carece de fundamento legal y fáctico, más aún si se tiene en cuenta que éste no indicó qué derecho fundamental le fue trasgredido y, además, el alcance de sus actuaciones tampoco fue determinado.
Manifestó que los hechos expuestos en la demanda le resultan ajenos. Anotó que desconoce si el actor en su debida oportunidad agotó los requerimientos prejudiciales necesarios para ejercer una acción de cumplimiento de la Ley 1491 o al menos para ejercer una acción de protección de derechos colectivos, las cuales resultan ser más afines según de lo que advirtió del escrito de tutela.
Ilustró acerca de que la actividad pública es reglada, razón por la que los servidores públicos solo podrán realizar lo que les está expresamente asignado en la ley o en el reglamento. En consecuencia, cualquier actuación por fuera de estos límites, es susceptible de ser sancionada. Siendo ello así, aclaró que dentro de sus competencias no está la atención de peticiones como las manifestadas por el accionante.
Solicitó que por lo anterior, se le exonere de cualquier consideración o responsabilidad y, por tanto, no se le imponga ninguna carga derivada de la presente acción, pues no se le puede atribuir la vulneración de ningún derecho fundamental.
La Presidencia de la República puso de presente que es un Departamento Administrativo que forma parte del sector central de la administración pública del orden nacional y su objeto es asistir al Presidente en su calidad de Jefe de Estado, de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo necesario para dicho fin.
Advirtió que tiene su representante legal, que es su Director, y es quien tiene la capacidad de representar jurídicamente a la Entidad, lo cual en la práctica se hace a través de una delegación de tal función en la Secretaría Jurídica de la Entidad, cuyo titular, a su vez, otorga a los abogados los poderes para cumplir con la defensa judicial de la entidad.
Sostuvo que por lo anterior, podría concluirse que no siempre representa a la Nación, pues ello sólo sucede cuando la reclamación se relaciona con sus propias funciones y no con las funciones propias del Presidente de la República o de los demás miembros de su gabinete. Indicó que existe una confusión muy usual en los procesos judiciales, toda vez que la representación del Presidente opera de otra manera.
Explicó que era perfectamente válido decir que, en cuanto a los actos que expida el Gobierno Nacional, su representación está en cabeza del Ministro o del Director correspondiente, mas no en el Presidente de la República, y por tanto ése no es sujeto procesal, salvo en las excepciones contenidas de los artículos 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA.
Todo lo anterior, para explicar que el Presidente de la República y la Presidencia de la República no son la misma persona, habida cuenta de que el primero es la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva, y la segunda es una de varias entidades del orden nacional que pertenece a la Rama Ejecutiva. Por ello solicitó que se le desvincule, al igual que al Presidente de la República, por carecer de competencias en la materia objeto de la presente tutela.
Señaló que el amparo solicitado le resulta improcedente por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues ninguno de sus cuestionamientos hace referencia a actos u omisiones que le puedan ser atribuibles.
Asimismo, adujo que el actor también carece de legitimación en la causa, toda vez que la acción de tutela no es procedente para proteger los derechos de los difuntos y tampoco al actor le asiste interés legítimo en su protección. Para el efecto, sostuvo lo siguiente:
“…de la lectura de la demanda es evidente la improcedencia de la misma, en cuanto el accionante actúa en nombre y representación de un difunto, cuya memoria “viva” no es suficiente para pretender el amparo de unos derechos que no le son propios, lo que jurídicamente se traduce en una falta de legitimación en la causa por ACTIVA.”
Adicional a lo anterior, arguyó que el demandante tampoco acreditó en qué forma se le está vulnerado algún derecho propio, de manera que permita reducir el escenario de la demanda a la presunta vulneración de algún derecho fundamental, para así evaluar la eventual procedencia de la tutela por otros asuntos.
Finalmente, puso de presente que las pretensiones del actor pueden despacharse a través de una acción de cumplimiento, siempre y cuando cumpla previamente con los requisitos para su procedencia.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO.
La Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 16 de agosto de 2016, declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para obtener el cumplimiento de la Ley 1491 de 2011.
Para el efecto, explicó que la acción de cumplimiento en el presente asunto resultaba eficaz para lograr lo pretendido por el actor, más aún si se tiene en cuenta que ella puede ser ejercida en cualquier tiempo por el interesado.
Asimismo, señaló que tampoco se encuentra configurado un perjuicio irremediable que revista las características de ser grave e inminente y, por tanto, que requiera la adopción de medidas urgentes e impostergables. Argumentó que por el actual incumplimiento de la Ley 1491 de 2011 no configura la ocurrencia de un perjuicio de dicho tipo que pueda soportar el accionante.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.
El actor en su escrito de impugnación manifestó lo que a continuación se transcribe:
“Conforme debido proceso del asunto presento impugnación de tutela adjuntando material probatorio revelador consistente en imágenes de insistencia sobre efectiva y asertiva memoria viva de la ley incumplida con 17 años de impunidad crimen lesa humanidad.
No es posible para un académico como el suscrito que sufre cosmogónicamente por discriminación agravada por criterios sospechosos que aniquilan la diferencia impunemente y que el activismo judicial en Colombia permita omisión debida diligencia potenciando violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional.
CONFORME a argumentos expresados para refutar el auto que rechazó la tutela solicito formalmente ahora sean los mismos incluidos para impugnar tutela negada ergo solicito al juez de conocimiento que inadmitió y al juez que negó promover impugnación con vinculación unificadora de fundamentos ontológicos del suscrito accionante impugnante para lograr revocar los negligentes actos judiciales de cohonestar la violencia transpolítica por indolencia activista judicial.
La memoria viva defiende la dignidad pos mortem del señor Jaime Hernando Garzón Forero (q.e.p.d), luego, esta experiencia de violación precedente legal crea en la caja craneana del suscrito miedo al saber que la ley le viola con connivencia judicial así para qué luchar por una memoria viva de mi tío abuelo fundador del departamento del Quindío y asesinado en cautiverio por el ELN y otros crímenes que concursan en tracto sucesivo.
Esta tutela imbrica mujeres que son hermanas que sufren pos asesinatos impunes como Marisol Garzón Forero del finado señor Jaime Hernando; luego, espero no ser desadaptado al tratar de relacionar que mi abuela materna de 94 años sufre por el asesinato impune y en secuestro y cautiverio por su hermano José Ancizar López López (q.e.p.d).
Lo anterior obliga moralmente al suscrito ciudadano confesional global Laudato Sí por partida de bautismo sin registro civil de nacimiento a obrar conforme ese sentido de sororidad con el género y el lugar de iguales situaciones donde hacer cumplir la ley 1491 no por cumplimiento sino por evitar un daño fundamental en curso y es que una anciana como mi abuela y además madrina de bautismo católico se muera sin gozar de un efectivo derecho a la memoria viva sobre lo sucedido con su hermano José Ancizar (q.e.p.d) ergo si fortalezco la democracia en clave justicia humana para Jaime Hernando (q.e.p.d) estoy seguro lograr por precedente judicial abrir asertivos asuntos para este método de verdad del pasado reciente donde la impunidad del crimen debe ser auscultada con ello cumplida la misión de la ley.
Ruego estudiar la impugnación unificando trámites por economía procesal y evitando posteriores vicios de trámite y acusaciones por presentación de misma tutela en simultanea ante jueces que deben conocer su hacer técnico misional así como el suscrito abogado reconocer que han concursado dos tutelas por mismo fenómeno pero por error mismo del proceso procesal no por mala fe del suscrito investigador en clave sociojurídica ahora profesor cátedra seminario derecho LGBT”I” PUJ Bogotá donde la obscena corrupción que existe sobre asuntos de sensible justicia humana implica dejar precedente formal para evitar mayor impunidad.”
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como medio subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Cuestión Previa
El actor, en su escrito de impugnación, manifestó que había interpuesto otra acción de tutela por el “mismo fenómeno”, la cual fue rechazada por improcedente, razón por la que solicitó que se acumule dicha acción a la de la referencia.
Al respecto, encuentra la Sala que, en efecto, el actor interpuso otra acción de tutela que fue radicada bajo el núm. 2016-01560, cuyo conocimiento le correspondió a la Sección Tercera –Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en auto de 9 de agosto de 2016, decidió inadmitir la demanda con el fin de que el actor expusiera de manera clara los hechos en que fundamentaba su solicitud, indicara cuáles eran las entidades accionadas, expusiera con claridad las pretensiones respecto de cada una de las entidades demandadas y aclarara en qué forma estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales.
Posteriormente, el actor presentó el 11 de agosto de 2016, el escrito por medio del cual pretendió subsanar el amparo solicitado. Sin embargo, a juicio de la Sección Tercera –Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aquél no indicó cómo cada una de las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, por lo que procedía el rechazo de la demanda; aunado al hecho de que la acción instaurada resultaba improcedente, por cuanto existía otro medio de defensa judicial para obtener el amparo del derecho fundamental a la memoria vivía, como lo es la acción de cumplimiento respecto de la Ley 1491 de 2011. Siendo ello así, mediante auto de 18 de agosto de 2016, dicho Tribunal procedió al rechazó de la solicitud de tutela.
Esta Sala, al revisar el software de gestión, constató que en la actualidad el referido proceso se encuentra en trámite ante la Sección Segunda de esta Corporación, en virtud del recurso de apelación interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda de tutela de 18 de agosto de 2016.
Asimismo, la Sala pudo constatar que ambas solicitudes de amparo, en principio, guardan: i) identidad de partes: por cuanto fueron presentadas por el aquí accionante contra el Presidente de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Cultura y el Centro Nacional de Memoria Histórica; ii) identidad de hechos: en tanto que ambas solicitudes se presentaron para honrar la memoria viva de Jaime Hernando Garzón Forero (q.e.p.d); e iii) identidad de pretensiones; toda vez que lo que se persigue es el amparo del derecho fundamental a la memoria viva y, en consecuencia, que se dé cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1491 de 2011, expedida por el Congreso con el fin de exaltar y honrar la memoria de Jaime Garzón.
Siendo ello así, podría considerarse que el actor ejerció en forma temeraria la acción de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional al estudiar una solicitud de amparo en la que se puso de presente que el allí accionante ya había presentado otra acción de tutela por los mismos hechos pero que desistió de la misma sin que se hubiese alcanzado a proferir sentencia, consideró que no se puede calificar una actuación como temeraria cuando aquella ha finalizado por modos diferentes a la sentencia de instancia que resuelva sobre la protección o no de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, toda vez que no se ve comprometido el principio de seguridad jurídica ni la recta capacidad de la Administración de Justicia. En consecuencia, para la configuración de dicha conducta también se requiere que por lo menos una de las acciones hubiese sido resuelta a través de sentencia. Para el efecto, el Alto Tribunal en sentencia T-718 de 2011, consideró lo siguiente:
“(…)
Si la actuación cuestionada cumple con los anteriores requisitos, puede concluirse que se trata de una actuación temeraria que lesiona los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, así como también los mandatos constitucionales de buena fe, el no abuso de los derechos propios y el deber de colaboración para el funcionamiento de la administración de justicia. Es más, en el marco de la jurisprudencia constitucional, resulta claro que la verificación de los requisitos antedichos, prima facie, torna improcedente la nueva acción de tutela comoquiera que sobre el mismo asunto objeto de análisis existe una decisión judicial definitiva e inmutable, es decir, por cuanto ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Lo anterior impone que exista una decisión anterior del juez constitucional para que se pueda configurar la temeridad. Entonces, no podrá calificarse de temeraria una actuación en sede constitucional, cuando la misma ha finalizado por modos diferentes a la sentencia de instancia que resuelva sobre la protección o no de los derechos fundamentales invocados en el amparo. En esos casos, al no existir un pronunciamiento de fondo, no se compromete el principio de seguridad jurídica ni la recta capacidad de la administración de justicia. No obstante, en cada caso particular, el juez deberá evaluar cuidadosamente las motivaciones de la nueva tutela y, desde allí, desentrañar si la actuación desconoce el principio de buena fe que cobija al actor.
(…)
En este orden de ideas, la Sala concluye que la existencia de cosa juzgada constitucional sobre una materia planteada al juez de tutela y la consecuente improcedibilidad de la acción de amparo, no siempre lleva a declarar la temeridad de la actuación y a imponer las sanciones pertinentes, por cuanto esto último requiere una valoración de los elementos particulares del caso y de las condiciones y motivaciones del actor, en la que se logre acreditar, tras un ejercicio juicioso del juez de tutela, que la actuación desborda la presunción de buena fe que lo cobija. Además, la actuación temeraria solo se predica en aquellos casos en que exista duplicidad de acciones de tutela con identidad de sujetos, hechos y pretensiones, y cuando por lo menos una de ellas haya sido resuelta de fondo por el juez constitucional configurando el fenómeno de la cosa juzgada.
3.2. En el caso concreto, si bien es cierto que los accionantes a través de la abogada Yenny Nataly Vargas Neira, interpusieron en el mes de septiembre de 2010, una acción de tutela en la que pretendían la protección de los mismos derechos, con relación a los mismos hechos y frente a la misma empresa accionada, también lo es que la presentación de aquella acción de tutela ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Puerto Berrio (Antioquia) no culminó con sentencia por cuanto, atendiendo la petición formal de nulidad que presentó el apoderado judicial de Ecopetrol S.A., dicho juzgado mediante auto del 15 de septiembre de 2010, retrotrajo la actuación por carecer de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgado de Barrancabermeja – reparto, por ser la autoridad judicial competente para conocer de la solicitud de amparo, ya que los actores son trabajadores activos en las instalaciones que Ecopetrol S.A. tiene en esa ciudad. Sin embargo, al día siguiente de la anterior decisión, la apoderada de los actores solicitó el retiro de la acción de tutela y la entrega de la totalidad de lo actuado, a lo cual accedió aquel juzgado en auto del 16 de septiembre de 2010.
Exactamente pasado un mes del retiro de la tutela, la misma apoderada judicial presentó una segunda acción de amparo contra Ecopetrol S.A., representando a los mismos actores y fundamentándola en iguales hechos y pretensiones que la anterior, la cual radicó ante los Juzgados Laborales del Circuito de Cúcuta - reparto, correspondiendo al Juzgado 4° de esa especialidad, quien profirió sentencia de primera instancia concediendo el amparo del derecho de petición y negando el reconocimiento del derecho pensional que reclamaban los actores. Esa tutela fue objeto de impugnación y es la que actualmente se encuentra en sede de revisión.
Pues bien, de acuerdo con lo expuesto en líneas precedentes, a pesar de existir duplicidad en las acciones de tutela y de cumplir con la identidad de hechos, sujetos y pretensiones, en el presente caso no se configura una acción temeraria por cuanto en la primera tutela impetrada no existió un pronunciamiento de fondo que luego estructurara el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo cual se traduce en que el caso en últimas solo fue tramitado y resuelto una sola vez por el juez constitucional con ocasión de la segunda tutela presentada.” (Negrillas y subrayas fuera del texto)
Al revisar el caso concreto, la Sala encuentra que la acción de tutela radicada bajo el núm. 2016-01560, fue inadmitida por la Sección Tercera –Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y posteriormente rechazada en proveído de 18 de agosto de 2016, razón por la que dicha solicitud no obtuvo pronunciamiento a través de sentencia, pues ni siquiera se trabó la litis, razón por la que no es dable admitir en esta instancia la existencia de una actuación temeraria, toda vez que, técnicamente, ningún Juez ha resuelto de fondo el amparo solicitado por el actor.
Sin embargo, lo anterior no obsta para considerar que, comoquiera que la acción de tutela núm. 2016-01560 aún se encuentra en trámite ante la Sección Segunda de esta Corporación que está conociendo el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, resulta pertinente ponerle en conocimiento a esa Sección la existencia de esta actuación, para que si así lo considera, estudie lo referente a la configuración de una actuación temeraria del actor con la presentación de esa acción, teniendo en cuenta que con esta sentencia, un Juez Constitucional ya se habrá pronunciado de fondo respecto de la solicitud de amparo de los derechos fundamentales deprecados por el actor.
Ahora, en relación con la solicitud de acumulación de las acciones de tutela presentadas por el actor, se advierte que, a todas luces, esta pretensión no es procedente, habida cuenta de que dicha figura procesal solamente resulta aplicable, según el Decreto 1834 de 2015, en los eventos en los cuales frente a una misma acción u omisión de una entidad pública o de un particular, diferentes personas acuden al amparo constitucional para obtener la protección de los mismos derechos fundamentales. La normativa citada al respecto previó lo siguiente:
“Que se ha vuelto usual que, frente a una misma acción u omisión de una entidad pública o de un particular, muchas personas acuden masivamente a la acción de tutela para obtener la protección judicial de sus derechos fundamentales, práctica comúnmente conocida como “la tutelatón”;
(…)
Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia.
Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación.”
De lo anterior, resulta evidente colegir los siguientes presupuestos para la procedencia de la acumulación de las acciones de tutela:
1.- Identidad de causa. Que la presunta vulneración del derecho fundamental provenga del mismo hecho u omisión.
2.- Identidad de parte demandada. Que la vulneración u omisión sea atribuible a la misma entidad pública o particular.
3.- Diferente parte actora. Las acciones de tutela deben ser presentadas por distintas personas.
4.- Identidad de derechos fundamentales. Que se alegue la vulneración de los mismos derechos fundamentales.
En consecuencia, ante la presentación de diversas acciones de tutela que guarden identidad de parte demandada, causa y derechos fundamentales, y éstas sean instauradas por la misma persona, ello no da lugar a la acumulación sino que se configura una actuación temeraria, siempre y cuando se den los presupuestos establecidos en la Ley y en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, como quedó visto en precedencia.
Aclarado lo anterior, corresponderá a la Sala estudiar el caso concreto.
Caso Concreto.
Del confuso escrito de tutela, la Sala logra advertir que lo pretendido por el actor es la protección de su derecho a la memoria, el cual estima vulnerado por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1491 de 2011 “Por la cual el Congreso de la República honra la memoria del Abogado, Pedagogo, Periodista y Analista político Jaime Garzón, en reconocimiento a su labor social, periodística, política y cultural”, que en su artículo 4° declaró el 13 de agosto como el Día Nacional de La Esperanza, en homenaje a la memoria de Jaime Hernando Garzón Forero.
En consecuencia, corresponderá a la Sala determinar el alcance del derecho a la memoria; si la acción de tutela, en el presente caso, es el mecanismo idóneo para su protección; y si el amparo solicitado no resulta ser el mecanismo idóneo, entonces se deberá transmutar la acción al mecanismo que sí lo es.
Del Derecho a la Memoria.
La Sala encuentra que el derecho a la memoria ha sido vinculado por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- a las medidas de reparación simbólica. Así, con el reconocimiento del referido derecho, no solamente se pretende la satisfacción de las víctimas sino también de la sociedad en general.
Lo anterior, por cuanto con el derecho a la memoria, se busca la dignificación de las víctimas, el reconocimiento público de su injusticia y contribuye a la rememoración de un pasado que es determinante para la edificación de un futuro sobre bases éticas y morales que le permitirán a la sociedad tener la convicción de que nada justifica la comisión de actos que atenten contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Asimismo, el derecho a la memoria implica el deber del Estado de implementar los mecanismos necesarios tendientes a reconstruir, acopiar, preservar y documentar hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como otorgar las garantías y condiciones para que la sociedad efectúe ejercicios de reconstrucción de la memoria. En atención a ello, la Ley 1448 de 2011, en sus artículos 142 a 146, estableció los siguientes mecanismos:
“ARTÍCULO 142. DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS. El 9 de abril de cada año, se celebrará el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente. ARTÍCULO 143. DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO. El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Parágrafo. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política. ARTÍCULO 144. DE LOS ARCHIVOS SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO OCURRIDAS CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones. Ver Nral. 2, art. 5, Decreto Nacional 4803 de 2011
Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales. Parágrafo 1°. En ningún caso se obstaculizarán o interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria histórica avancen entidades u organismos públicos o privados. Los entes territoriales, en desarrollo de los principios de autonomía y descentralización, pueden desarrollar iniciativas sobre la materia y crear espacios dedicados a esta labor. Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación deberá garantizar la no destrucción, alteración, falsificación, sustracción o modificación de los archivos administrativos en todas las instituciones oficiales, del nivel regional y nacional. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes, y de los documentos que tengan carácter reservado. Parágrafo 3°.
Para efectos de la aplicación del presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y en el Capítulo X sobre conservación de archivos contenido en la Ley 975 de 2005. Parágrafo 4°. Los documentos que no tengan carácter reservado y reposen en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico. Parágrafo 5°. La obtención de las copias que se soliciten, serán con cargo al solicitante. ARTÍCULO 145. ACCIONES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA. Dentro de las acciones en materia de memoria histórica se entenderán comprendidas, bien sean desarrolladas por iniciativa privada o por el Centro de Memoria Histórica, las siguientes: 1. Integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos los hechos victimizantes a los que hace referencia la presente ley, así como la documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen en sitios como museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado. 2. Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares de que trata la presente ley, a través de las organizaciones sociales de derechos humanos y remitirlos al archivo de que trata el numeral anterior, para lo cual se podrá incorporar lo obrado en las audiencias públicas realizadas en el marco de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando no obste reserva legal para que esta información sea pública, y no constituya revictimización. 3. Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan los numerales 1 y 2 del presente artículo, siempre que los documentos o testimonios no contengan información confidencial o sujeta a reserva. 4. Fomentar a través de los programas y entidades existentes, la investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia y contribuir a la difusión de sus resultados. 5. Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque diferencial. 6. Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor de los derechos humanos. 7. El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación de calidad y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en condición de vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país; y propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos. Parágrafo. En estas acciones el Estado deberá garantizar la participación de las organizaciones de víctimas y sociales y promoverá y reconocerá las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios de memoria histórica, con un enfoque diferencial. Adicionalmente las actividades de memoria histórica a las que se refiere este artículo harán especial énfasis sobre las modalidades de violencia contra la mujer en el marco de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente. Parágrafo 2°. Adicionado por el art. 29, Ley 1719 de 2014. ARTÍCULO 146. CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA. Créase el Centro de la Memoria Histórica, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, el Centro de Memoria Histórica tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C.”
Respecto del derecho a la memoria la Corte Constitucional en sentencia T-653 de 2012, consideró lo siguiente:
“5. Derecho a la memoria: ayer será, lo que ha sido mañana.
El derecho a la memoria ha sido estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclarando su alcance. En su jurisprudencia –como en el caso de los 19 Comerciantes- ha ordenado a los Estados adoptar medidas para la preservación de la memoria de las víctimas como parte de la reparación y también ha ordenado medidas para la preservación de la memoria histórica.
La Corte Interamericana ha distinguido esas dos dimensiones del derecho: por un lado, aquella cuya finalidad es contribuir a resarcir a los individuos afectados con la violación de los derechos humanos y, por otro, la que busca la no repetición de tales violaciones. Hay, entonces, un aspecto individual y otro colectivo de este derecho. Esta diferencia quedó establecida claramente, por ejemplo, en el caso Anzualdo Castro vs. Perú, en el que consideró que la construcción del Museo de la Memoria, si bien era significativa en la edificación de la memoria histórica y como medida de no repetición, no lo era como medida individual de satisfacción y se ordenaron otras de carácter individual.
En su dimensión colectiva, el ejercicio de la confrontación con el pasado debe estar llamado a superar memorias generales irracionales que justifican actos contrarios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Debe contribuir a salvar tópicos como “algo habrán hecho” o “fue legítimo en medio de esta guerra”, en los cuales las víctimas terminan siendo culpables de su propia desgracia o, en el mejor de los casos, efectos colaterales que se justifican en el contexto del conflicto.
Por otro lado, la memoria de la víctima debe servir para evitar, parafraseando a Theodor Adorno, que los muertos hayan de ser también timados en lo único que nuestra inconciencia les puede regalar: la memoria. Ante los graves hechos generados por la violación de derechos humanos, una parte de la reparación debe consistir en que a las víctimas se les reconozca como tal; en su individualidad no deben pasar a la posteridad como perpetradores sino como receptores de graves ofensas, personas inocentes que perdieron su vida, sus familias, sus tierras o sus proyectos de vida por cuenta del injusto trato de otros.”
En virtud de lo anterior, observa la Sala que el derecho a la memoria reviste un aspecto individual predicable de las víctimas y otro colectivo que se refiere a la sociedad en general, lo cual resulta determinante para identificar en cada caso concreto la titularidad del derecho y, por ende, el medio de defensa judicial idóneo.
Así, en el presente caso, se advierte que el actor reclama la protección del derecho a la memoria, el cual entiende trasgredido por la omisión de las entidades accionadas de dar cumplimiento a la Ley 1491 de 2011, la cual propende por honrar la memoria de Jaime Hernando Garzón Forero.
Siendo ello así, encuentra la Sala que el derecho a la memoria que aquí se reclama está expresado en su dimensión colectiva, cuya protección puede ser reclamada por vías diferentes a la de la acción de tutela, como es el caso de la acción de cumplimiento, el cual resulta ser el mecanismo idóneo y efectivo para obtener el resultado esperado por el actor, que no es otro, que el cumplimiento de la Ley 1491 de 2011.
Aunado a lo anterior, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo solicitado, pues la presunta omisión no desconoce ni niega la existencia de este lamentable crimen. Ello aunado al hecho de que en reciente pronunciamiento la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 14 de septiembre de 2016, declaró la responsabilidad agravada de la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército y Policía Nacional, por las violaciones graves a los derechos humanos que significó el homicidio del periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero y, para preservar la memoria, ordenó la remisión de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación, lo que sin lugar a dudas, a juicio de esta Sala, contribuye a la preservación de la memoria del afamado periodista y humorista.
Lo precedente, impondría confirmar el fallo impugnado. Sin embargo, conviene la Sala en poner de presente que el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”, preceptúa: “La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.”.
Con fundamento en esta norma, la Jurisprudencia de esta Corporación entendió que si el Legislador previó que la acción de cumplimiento no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela, mutatis mutandis, la acción de tutela no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de cumplimiento y, en esa medida, el Juez está facultado para adecuar el trámite correspondiente, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental (C.P., art. 228) y de la efectividad de los derechos (art. 2º, ídem). Así lo sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de 15 de enero de 2008, de la cual se resalta principalmente lo siguiente:
“Una aplicación clara de este principio [prevalencia del derecho sustancial] al caso concreto, se vislumbra en dos aspectos: primero, no imponiéndole al actor la obligación de incoar una nueva acción para obtener el cumplimiento de sus derechos, y segundo, no rechazando la acción impetrada por improcedente con fundamento en una norma procesal, sino tramitándola por el canal adecuado garantizando normas de derecho sustancial que le favorecen.
Por otra parte, puede indicarse que el principio de la prevalencia del derecho sustancial está íntimamente ligado con el de la efectividad de los derechos… consagrado en el artículo 2° de nuestra Carta Política, como el principio mediante el cual el Juez debe definir, dentro del proceso, el medio más eficaz para promover la defensa y el cumplimiento de los derechos de los administrados, de la ley y de un orden justo.
Este principio, para el caso concreto, faculta al Juez, frente a una petición de amparo constitucional improcedente por acción de tutela, y ante la apreciación de una acción constitucional de igual naturaleza y alcance, ajustar el procedimiento al de dicha acción, a preferencia de rechazar la pretensión por improcedente, para garantizar así, la efectividad de dicha solicitud de amparo.
Dicha adecuación además, estaría garantizando al actor la efectividad de sus derechos y la aplicación de tres principios de imperativo cumplimiento para el operador judicial: i) principio de acceso a la administración de justicia contenido en el artículo 229 de la Constitución Nacional, ii) principio de la economía procesal, entendido como una garantía del debido proceso, iii) y finalmente se materializa el deber del juez de lograr que los derechos transiten por los canales constitucionales adecuados. (Resaltado fuera del texto).
En esa ocasión, bajo las consideraciones transcritas, la Sala le ordenó al Juez de primera instancia adecuar el procedimiento invocado como acción de tutela a una acción de cumplimiento, con la finalidad de no rechazar el amparo solicitado, sino tramitarlo bajo el principio de celeridad, con miras a garantizarle al peticionario el acceso a la Justicia.
La posición referida fue acogida por esta Sala en sentencia de 31 de julio de 2014, en la que tras adoptar las consideraciones referidas y poner de presente otros casos en los cuales se adecuó la acción popular interpuesta a la acción de tutela, concluyó que si un Juez advierte que el interesado invoca una acción constitucional para perseguir el amparo de derechos cuya protección está prevista por otro medio de defensa judicial diferente, es del caso adecuar la solicitud al trámite correspondiente. Asimismo, que en caso de que el trámite se encuentre en sede de segundo grado, el juez de conocimiento puede ordenar retrotraer las actuaciones para que se garantice el cumplimiento de todas etapas procesales.
Así lo precisó esta Sala:
“A manera de conclusión, conviene puntualizar que si el Juez advierte que el interesado invoca una acción constitucional para perseguir el amparo de derechos cuya protección está prevista por medio de otra diferente, está facultado, si se trata de la primera instancia, para adecuarla al trámite correspondiente, bajo la normativa que la desarrolla, o también, en tratándose de la segunda instancia, puede ordenarse retrotraer la actuación para que se garantice el cumplimiento de todas las etapas procesales. Todo ello con observancia de las normas de competencia pertinentes.
Con ello se persigue, por una parte, no imponer a la peticionaria la obligación de incoar una nueva acción para obtener la protección de los derechos invocados como vulnerados, y por otra, no rechazar la acción impetrada por improcedente, sino tramitarla por el canal adecuado, garantizando la prevalencia de lo sustancial sobre las formas.
En este orden de ideas, estima la Sala que la solución que consulta los principios de prevalencia del derecho sustancial y de la efectividad de los derechos, en el caso concreto, es la de adecuar la presente acción al procedimiento previsto en la Ley 472 de 1998 y artículo 144 del C.P.A.C.A., y, por competencia, remitirla a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, para que agotadas las etapas procesales correspondientes, con observancia del principio de celeridad, se examine la amenaza o violación de los derechos colectivos objeto de la presente controversia.”
Siendo ello así, en atención a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la efectividad de los derechos, se ordenará adecuar la presente acción de tutela al procedimiento previsto en la Ley 393 de 1997 y el artículo 146 del C.P.A.C.A. y, por competencia, se remitirá a la oficina de Reparto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que agotadas las etapas procesales correspondientes, con observancia del principio de celeridad, se examinen los cargos relacionados con el presunto incumplimiento de la Ley 1491 de 2011.
Cabe advertir que el requisito de la renuencia debe tenerse por satisfecho en virtud de que en esta acción se hizo parte la demandada, lo que evidencia el conocimiento de lo pretendido por el accionante, frente a lo cual se opuso; de otra parte, al no tratarse el asunto como acción de tutela no hay obligación de estudiar la posible temeridad en que hubiera podido incurrir el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: REVÓCASE el fallo de 16 de agosto de 2016, proferido por la Sección Segunda –Subsección “D”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:
TRAMÍTASE la presente acción de tutela por el procedimiento previsto en la Ley 393 de 1997 y el artículo 146 del C.P.A.C.A. y, en consecuencia, REMÍTASE a la oficina de Reparto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que agotadas las etapas procesales correspondientes, con observancia del principio de celeridad, examine los cargos relacionados con el presunto incumplimiento de la Ley 1491 de 2011, objeto de la presente solicitud de amparo.
SEGUNDO: REMÍTASE copia del expediente de la referencia al Despacho del señor Consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández (E), con el fin de que obren al interior del expediente de tutela núm. 2016-01560-01 que se tramita actualmente en su Despacho, para que si así lo considera, estudie lo referente a la presunta configuración de una actuación temeraria por parte del señor FEDERICO MEJÍA ÁLVAREZ GALLÓN LÓPEZ, actor en ambas solicitudes de amparo.
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito.
CUARTO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 13 de octubre de 2016.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
GUILLERMO VARGAS AYALA
SU-713 de 2006.
En sentencia T-153 de 2010, esta Corporación al tratar el tema de la duplicidad en la presentación de acciones de tutela, señaló que “(…) no es posible revisar asuntos que con anterioridad han sido excluidos de selección, por cuanto, en esos casos, existe cosa juzgada constitucional, no siendo admisible que ulteriormente se reabra el debate sobre lo resuelto, como quiera que las decisiones judiciales se tornan inmutables y definitivamente vinculantes”.
A folios 468 a 494 del cuaderno 1, obra fotocopia de la acción de tutela que la abogada Yenny Nataly Vargas Neira instauró contra Ecopetrol S.A., representando los intereses de los mismos accionantes que se relacionan en el anexo 1 de esta providencia. Los hechos y fundamentos jurídicos expuestos, así como las pretensiones señaladas, presentan identidad con el escrito de tutela que ocupa la atención de la Sala de Revisión en esta oportunidad.
Cfr. folios 510 a 514 del cuaderno 1.
Cfr. folios 585 y 586 del expediente.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párrs. 223, 228 y 233.
El título de este aparte corresponde a la primera línea de la novela “Encuentro en Telgte” de Günter Grass.
Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. Párr. 200
ADORNO Theodor, Working through the Past; en CAN ONE LIVE AFTER AUSCHWITZ, A Philosophical Reader. Ed: TIEDEMANN ROLF. Stanford University Press; Stanford, California: 2003.
Expediente núm. 2001-01825-02. Consejero ponente Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección A-, Expediente núm. 2007-00596-01 (AC), Actor: Carlos Fernando Idarraga Amado, Consejero ponente: doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
En ese caso, el actor había incoado la acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la libre creación de empresa y a la confianza legítima, presuntamente desconocidos por INGEOMINAS, por la omisión de inscripción en el Registro Minero Nacional de una licencia de explotación minera. Por lo que allí se consideró que la acción procedente era la de cumplimiento (Ley 393 de 1997) y se ordenó al Juez a quo que adecuara el trámite y la resolviera por dicho procedimiento, habida cuenta de que en tratándose del caso contrario, el legislador permite transmutar la acción de cumplimiento en acción de tutela.
Expediente núm. 2014-00858. Consejera ponente, María Elizabeth García González.
Competentes para conocer acciones populares contra Autoridades Distritales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 155, numeral 10, del C.P.A.C.A.
Competentes para conocer el medio de control de cumplimiento contra Autoridades del orden Nacional, según lo dispuesto por el numeral 16 del artículo 152 del C.P.A.C.A.
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