Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2016-03576-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2016-03576-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-42-000-2016-03576-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de abril de 2024
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03576-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: Dr. JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03576-01
Accionante: Guillermo Cifuentes Ortiz
Accionado: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.
Tema: AUTO RESUELVE CONSULTA -Sanción por desacato -Revoca
Se encuentra a despacho el expediente de la referencia para decidir en sede de
consulta, sobre la procedencia de la sanción impuesta mediante Auto del 4 de abril de
2024; proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -
Subsección C.
1. Antecedentes
1.1 El 18 de marzo de 2024 se promovió incidente de desacato en relación con el fallo
de tutela del 16 de agosto de 2016 en el cual se protegieron los derechos del
accionante y en ese sentido ordenó el Tribunal:
“1. “AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y viga digna del señor
GUILLERMO CIFUENTES ORTÍZ identificado (…).
2. ORDENAR al Director de Sanidad del Ejército Nacional que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, realice los exámenes médicos
necesarios al señor GUILLERMO CIFUENTES ORTÍZ, para poder establecer el origen de las
afecciones de salud que afirma padecer, y si de los exámenes médicos se obtiene como que
el origen de éstas es con ocasión a la prestación del servicio, deberá activar el sistema de
salud SISTEMA GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – CENAF de manera inmediata y
prestar la atención médica que requiera para el restablecimiento de su salud. Igualmente,
deberá tomar las medidas administrativas para la realización de los conceptos médicos
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necesarios para la celebración de Junta Médico Laboral, y en el término de un mes luego de
la realización de los exámenes médicos pertinentes, efectúe la Junta Médico- Laboral de retiro
a la parte actora.”
1.2. El 21 de marzo del presente año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió
incidente de desacato y ordenó correr traslado en contra del Director de Sanidad del
Ejército Nacional, Coronel (EC) Luis Hernando Sandoval Pinzón y al Comandante
General del Ejército Nacional, General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, en calidad de
superior del Director de Sanidad del Ejército Nacional, para que adoptara todas las
medidas tendientes a obtener el cumplimiento del fallo de tutela.
1.3. Allegó pronunciamiento el Jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército
Nacional, informando que procedió a remitir la providencia judicial al competente de
dar cumplimiento a la orden judicial, el señor Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL
PINZON, Director de Sanidad del Ejército Nacional; quien podrá ser notificado al correo
electrónico disan.juridica@buzonejercito.mil.co y que el superior jerárquico directo,
funcional y administrativo, del Director de Sanidad del Ejército Nacional es el Comando
de Personal – COPER, en cabeza del señor Brigadier General JAIME EDUARDO
TORRES RAMÍREZ, Comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional,
quien podrá ser notificado al correo electrónico coper@buzonejercito.mil.co y
actualmente ya se encuentra en dicha dependencia.
1.4. El director se Sanidad del Ejército no emitió manifestación alguna en relación con
el asunto.
1.5. Teniendo en cuenta que el incidente de desacato se relaciona con una sentencia
del año 2016 y que en el expediente se acreditaron acciones de cumplimiento hasta el
año 2018, el Tribunal requirió al incidentista a fin de que precisara qué parte del fallo
se encuentra incumplido; quien no allegó pronunciamiento al respecto.
.
2.- DECISIÓN SANCIONATORIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección C,
mediante Auto del 4 de abril de 2024 impuso sanción por desacato al Coronel LUIS
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HERNANDO SANDOVAL PINZON en calidad de Director de Sanidad del Ejército
Nacional, consistente en multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales
Vigentes, por desacato al fallo de tutela del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis
(2016). Igualmente, ordenó al incidentado dar cumplimiento a lo allí ordenado.
3.- ARGUMENTOS DEL SANCIONADO
El señor Director de Sanidad del Ejército Nacional no emitió pronunciamiento alguno
en esta sede.
4. CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala decidir en sede de consulta, sobre la procedencia de la
imposición de la sanción al señor coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON,
Director de Sanidad del Ejército Nacional, por desacato del fallo de tutela calendado
dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Marco normativo y jurisprudencial del incidente de desacato
Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, prevén que, ante el incumplimiento de
una orden emitida dentro de un fallo de tutela, el accionante tiene como alternativa en
forma simultánea o sucesiva, adelantar el trámite de cumplimiento del fallo o promover
el incidente de desacato. Este último, además de buscar el acatamiento de la decisión,
establece la posibilidad de que se sancione a la persona o funcionario responsable de
desobedecerla.
La jurisprudencia constitucional señala que la competencia para hacer cumplir los
fallos de tutela radica, prima facie, en cabeza de los jueces de primera instancia, pues
son los encargados de velar por el acatamiento de las órdenes impartidas, así
provengan de un fallo de segunda instancia o de una sentencia de revisión de la Corte
Constitucional y gozan de amplias facultades para utilizar uno u otro mecanismo
tendiente al obedecimiento de sus decisiones, pues, hasta que ello no ocurra,
mantienen la competencia en el asunto.1
1 Corte Constitucional, Auto A-136A de 2002.
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El incidente de desacato tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio
de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien no atienda la
orden de tutela y para ello debe examinarse si concurren factores objetivos y
subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de la sentencia por parte de su
destinatario.
Deben tenerse en cuenta además los principios del derecho sancionador y,
específicamente, las garantías del debido proceso y el derecho de defensa; por ello,
siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento
del fallo de tutela para que proceda. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
sostenido lo siguiente:
«[…] 30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo (sic) incidente tiene el
deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a
demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto, dentro
del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el
referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo
hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de
determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del
accionado cuál debe ser la sanción adecuada - proporcionada y razonable - a los
hechos. […]».2
Se hace necesario entonces, la acreditación de la negligencia o el dolo de la persona
o funcionario sobre quien recaiga la responsabilidad de cumplir la sentencia de tutela.3
Así mismo, si durante el trámite del incidente de desacato se satisface el derecho
objeto de protección, no hay lugar a la aplicación de la sanción; pues desaparece la
finalidad de esta, que no es otra que el cumplimiento del fallo para la efectividad de los
derechos allí protegidos.
5. Análisis del caso en concreto
En el fallo que se dice desacatado se ordenó al Director de Sanidad del Ejército
Nacional realizar los exámenes médicos necesarios al señor GUILLERMO
2 Sentencias T-343 de 2011 y T-527 de 2012.
3 Al tenor de la Sentencia SU-034 de 2018, entre los factores subjetivos el juez debe examinar
circunstancias tales como i) la responsabilidad subjetiva —dolo o culpa— del obligado, ii) si existió
allanamiento a las órdenes, y iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento.
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CIFUENTES ORTÍZ para establecer el origen de las afecciones de salud que afirmó
padecer, y si se determinara que se originaron en la prestación del servicio, activar el
sistema de salud y prestar la atención médica que requiera para el restablecimiento de
su salud; además, tomar las medidas administrativas para la realización de los
conceptos médicos necesarios para la celebración de Junta Médico Laboral, y
realizarla en el término de un mes luego de la realización de los exámenes médicos
pertinentes.
Previo a decidir la consulta se requirió al Señor coronel (EC) Luis Hernando Sandoval
Pinzón, para que informara a este Despacho sobre las gestiones realizadas por la
entidad en relación con el cumplimiento de la sentencia referida y, al señor Guillermo
Cifuentes Ortiz para que precisara a cuáles de las órdenes dadas en el fallo no se ha
dado cumplimiento, así como las razones por las que hasta ahora persigue dicha
ejecución.
El incidentado ha guardado total silencio y el incidentista allegó memorial donde indica
que “…en el memento no se ,me ha terminado la junta medica laboral, por cuanto se
me calificaron los conceptos médicos, y se levo a cabo la citación a junta médica, pero
hasta la fecha no se he notificado la misma, lo que significa que la junta no se haya
practicado hasta cuando sea expedido el acto administrativo. (sic en toda la cita)
Afirmó además que los servicios médicos le fueron desactivados y que ha presentado
varias peticiones solicitando el amparo de los derechos a la salud, sin respuesta de la
entidad.
Es de destacar que el memorial (obrante en índice 7 del expediente de consulta
SAMAI) está dirigido a “Doctor LUIS EDUARDO CARDOZO CARRASCO, JUEZ 36
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA SECCIÓN TERCERA;
relaciona como asunto, “Se aportan oficio radicado a la fiscalía solicitando prueba
ordenada” e indica “ ELBER DELGADO ROJAS, domiciliado y residente en la ciudad
de Bogotá, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma,
obrando en calidad de Apoderado de GUILLERMO CIFUENTES ORTIZ…” y contiene
firma escaneada y recortada del señor Guillermo, quien actuó a nombre propio en la
acción de tutela.
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Para la Sala, los elementos relacionados no dan certeza de la procedencia de la
aplicación de sanción al señor Director de Sanidad del Ejército, como pasa a
explicarse:
• Según el memorial allegado por el incidentista, la entidad accionada permitió el
acceso a los servicios médicos para la obtención de los conceptos y realizó la
valoración por la junta médica-laboral; pero no le ha sido notificada el acta de dicha
junta
• Llama la atención de la Sala que en el expediente de tutela se da cuenta de las
actuaciones de la Dirección de Sanidad hasta el año 2018, que el actor afirma que no
se le ha notificado el acta de la junta médica y sin embargo, solo hasta el 18 de marzo
de 2024 promueve incidente de desacato. Nótese que el actor nada dijo sobre este
cuestionamiento y tampoco aporta algún elemento que indique que se ha acercado a
la entidad o le ha solicitado por escrito dicho acto administrativo y que este le ha sido
negado.
Significa que, contrario a lo deducido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
esta Subsección no encuentra acreditados los presupuestos para la imposición de la
sanción, por cuanto, en primer lugar, la entidad habría dado cumplimiento a las
órdenes del fallo hasta la realización de la junta médica laboral y no aparece claro el
asunto de la falta de notificación, habiendo transcurrido más de 5 años sin el debido
reclamo por parte del actor, lo que denotaría un alto grado de desinterés por parte de
este.
En cuanto a la desactivación de los servicios médicos y la falta de atención en salud,
obsérvese que de acuerdo con la orden impartida en el fallo, la obligación de mantener
activo al accionante en los servicios de salud se hizo depender del resultado de la junta
médica, lo que significa que no se encuentra acreditada la obligación de la entidad en
este aspecto y por lo tanto el incumplimiento de dicha obligación.
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Cabe agregar, acorde con lo anteriormente expresado, que no es posible, del solo
silencio de la entidad, deducir el desacato de la orden y la renuencia al cumplimiento,
pues si bien los fallos de tutela son para cumplirlos y su finalidad es la protección de
los derechos fundamentales, lo cierto es que ante el transcurso del tiempo sin ejercer
los medios que la ley y la constitución ponen al servicio del actor para perseguir el
cumplimiento, se desvirtúa la vulneración de los derechos fundamentales cuya
protección se otorgó con el fallo.
Así las cosas, debe tenerse en cuenta que se trata de un proceso sancionatorio y que
para la imposición de la sanción debe estar claramente establecido el incumplimiento
objetivo así como la conducta renuente por parte del incidentado. Además, que la
finalidad del incidente de desacato, más que la sanción en sí misma, es lograr la
protección efectiva de los derechos garantizados con la tutela y en este caso se
encuentra desvirtuada dicha finalidad.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A,
R E S U E L V E:
PRIMERO: REVOCAR el Auto de 4 de abril de 2024 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda -Subsección C.
SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR que no hay lugar a imponer sanción por
desacato al Director de Sanidad del Ejército Nacional.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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