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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03973-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03973-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda, con excepción a la 9 Consejo de Estado.Radicación 15001-23-33-000-2013-00072, providencia de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter Radicación 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16) providencia de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. 18 No. Interno: 0239 - 2019 Demandante: Gustavo Vargas Sánchez Demandado: COLPENSIONES condena en costas, las cuales se niegan, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03973-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 250002342000201603973 01
No. Interno : 0239 – 2019
Demandante : GUSTAVO VARGAS SÁNCHEZ
Demandado : Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES
Medio de Control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación pensión de jubilación
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018), por medio de la cual la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones de la
demanda promovida por el señor Gustavo Vargas Sánchez en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2471 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Gustavo Vargas Sánchez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad parcial
de la Resolución 10974 del 28 de marzo de 2012 a través de la cual
Colpensiones reconoció la pensión de vejez al demandante. Así mismo,
solicitó la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 184562 del 24 de mayo de

1 “ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si
el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite
recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual
dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar,
se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

2014, GNR 362840 del 18 de noviembre de 2015, GNR 40239 del 5 de febrero
de 2016 y VPB 18855 del 25 de abril de 2016, proferidas por el Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por medio de las cuales le reliquidó la
pensión de vejez.

A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad
demandada, a reliquidar la pensión de vejez, tomando como ingreso base el
75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año
anterior al retiro definitivo del servicio; que los valores reconocidos en la
providencia que resuelva la solicitud, sean sometidos a corrección monetaria
en los términos del artículo 187 del CPACA; que la entidad demandada está
obligada a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término del artículo 192
ibidem; en caso de no dar cumplimiento al fallo dentro del término legal, deberá
reconocer y pagar al demandante los intereses comerciales y moratorios de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195 ibidem; y se condene en costas a la
entidad demandada.

1.1. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, fueron fijados
en la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de junio de 2017 (ff. 112 – 114), en
los siguientes términos:

“1. El demandante GUSTAVO VARGAS SÁNCHEZ, nació el 10 de
septiembre de 1951 (fol. 47).
2. El señor GUSTAVO VARGAS SÁNCHEZ, según aparece en la
relación de tiempos de servicios de la parte considerativa de la
Resolución No. GNR 184562 del 24 de marzo de 2014 (visible a fol. 6),
laboró de forma interrumpida por más de 20 años al servicio del sector
privado y público, teniendo su última vinculación con la Fiscalía General
de la Nación desde el 1° de marzo de 1998 hasta el 8 de julio de 2012
(ver fol. 6).
3. Por Resolución No. 10974 del 28 de marzo de 2012 al
accionante le fue concedida su pensión de vejez, conforme el Decreto
758 de 1990, quedando en suspenso hasta tanto no demostrara el retiro
definitivo del servicio (fols. 2 a 5).
4. COLPENSIONES ante la solicitud de reliquidación presentada
el 30 de abril de 2013, expidió la Resolución No. GNR 184562 del 24 de

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

mayo de 2014, y reliquidó la pensión del accionante efectiva a partir del
9 de julio de 2012, calculando el ingreso base de liquidación en los
términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 (fols. 6 a 8).
5. El 3 de marzo de 2015 el demandante GUSTAVO VARGAS
SÁNCHEZ solicitó la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta el
régimen de transición de la Ley de 1993 (artículo 36), con aplicación del
régimen especial dispuesto en el Decreto 546 de 1971, en virtud del
principio de favorabilidad (fols. 9 a 18).
6. Mediante la Resolución No. GNR 362840 del 18 de noviembre
de 2015, la entidad demandada en respuesta a la petición señalada en el
numeral anterior reliquidó la pensión del accionante, indicando que de
conformidad con el principio de favorabilidad la prestación se debía
liquidar con el 90% del ingreso base de liquidación, conforme al Decreto
758 de 1990 (fols. 25 a 33).
7. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación el 4 de diciembre de 2015 (fols. 25 a
33).
8. COLPENSIONES mediante la Resolución No. GNR 40239 del 5
de febrero de 2016, resolvió el recurso de reposición y modificó la
resolución recurrida, pero realizó la reliquidación pensional aplicando el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758
de 19980 (fols. 34 a 37).
9. La entidad demandada mediante Resolución No. VPB 18855 del
25 de abril de 2016 (fols. 39 a 42), resolvió el recurso de apelación,
presentando en contra de la resolución señalada en el numeral 6°,
confirmando la Resolución No. GNR 40239 del 5 de febrero de 2016,
señalada en el numeral anterior.
10. A folios 44 a 46 obra certificado de salarios expedido por el
Tesorero de la Fiscalía General de la Nación, en la cual aparece los
factores salariales que devengó el demandante GUSTAVO VARGAS
SÁNCHEZ, en los años 2010, 2011 y 2012.!”

1.2. Normas violadas

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Los artículos 2, 5, 11, 13, 16, 23, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; 6 del
Decreto 546 de 1971; 36 de la Ley 100 de 1993 y 260 del Código Sustantivo
del Trabajo.

2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a través de
apoderada judicial contestó la demanda, en escrito visible a folios 76 a 88 del

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

expediente, en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, por carecer
de sustento fáctico y legal, motivo por el cual solicitó se abstenga de fallar de
manera condenatoria y se establezca que no hay lugar a la condena en costas
pretendida en la demanda.

Señaló que los actos administrativos acusados fueron expedidos por la entidad
demandada ajustándose al ordenamiento jurídico, es decir, se tuvo en cuenta lo
establecido en la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993. De la misma forma,
sostuvo que no sería viable acceder a una nueva reliquidación de la pensión, en
cuanto la misma se hizo teniendo en cuenta el régimen de transición en su
totalidad.

Afirmó que se tuvo en cuenta la aplicación del Decreto 758 de 1990, tomando
como tasa de reemplazo el 90% para la liquidación de la pensión de vejez, en
aplicación del principio de favorabilidad, en cuanto con el Decreto 546 de 1971,
la tasa de reemplazo era inferior, es decir, el 75%.

Sostuvo que el demandante a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones contaba con 40 años de edad, por lo que es beneficiario del régimen
de transición, y lo conservó puesto que para el 25 de julio de 2015, entrada en
vigencia del acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 1145 semanas cotizadas,
por lo que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez por faltarle menos de
10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que le hiciera falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior.

Refirió que al demandante no es procedente el estudio del Decreto 546 de 1971,
dado que se vinculó con la entidad a partir del 1 de marzo de 1998, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual
no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, e
inexistencia del derecho reclamado.

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

3. Audiencia inicial

Esta audiencia se celebró el 28 de junio de 2017 (ff. 112 a 114). En ella se
decidió negativamente respecto a las excepciones previas, denominadas;
cobro de lo no debido, buena fe e inexistencia del derecho reclamado, por
considerar que tiene relación directa con el fondo del asunto planteado y hacen
parte de la defensa.

Respecto a la fijación del litigio, se planteó como problema jurídico, si el
demandante “tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con base
en el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicios, en aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971
(artículo 6°), en virtud del principio de favorabilidad.”

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia proferida el 6
de septiembre de 2018 (ff. 125 – 138 reverso), negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Analizados los hechos probados en el expediente, estableció que no se discute
si el demandante es beneficiario o no del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, sino si es procedente reliquidar la pensión de jubilación, en
aplicación de las disposiciones del Decreto 546 de 1971, es decir, con la totalidad
de los factores salariales devengados en la asignación más alta del último año
de servicio.

Encontró probado que el demandante laboró para la Empresa de Energía
Eléctrica de Bogotá desde el 20 de octubre de 1989 al 1 de enero de 1994, por
lo que dicho período se enmarca dentro de la categoría de tiempos públicos, y
deben ser tenidos en cuenta para realizar el estudio pretendido con la demanda.
De la misma forma, encontró que los tiempos servidos al Instituto Colombiano

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

de Bienestar Familiar (24 de octubre de 1994 al 16 de mayo de 1997) y en la
Fiscalía General de la Nación (1 de marzo de 1998 al 8 de julio de 2012), acredita
más de 20 años de tiempos de servicio, de los cuales 14 años, 4 meses y 8 días
corresponden a prestados a la Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

No obstante, acogió la posición reiterada del Consejo de Estado, la cual
establece además de los requisitos consagrados en el Decreto 546 de 1971,
como condición sine qua non para su aplicación, que se demuestre vinculación
a la Rama Judicial o al Ministerio Público, al 1 de abril de 1994. Conforme con lo
anterior, al demandante no le es aplicable el régimen especial, puesto que se
vinculó a la Fiscalía General de la Nación, a partir de1 de marzo de 1998,
presupuesto que no cumple.

Aclaró que “el régimen de transición no esta en discusión porque fue la entidad
demandada quien indicó que el actor conservó ese derecho establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, pero al aplicar la Ley 33 de 1985 se arroja un valor menor de la
mesada porque ella se liquida con el 75% de los mismos factores salariales con los
cuales se determinó el ingreso base de liquidación en el 90% de conformidad con el
Decreto 758 de 1990, luego, esta última reliquidación le resulta más favorable y no se
puede desmejorar la cuantía de la mesada pensional que se encuentra percibiendo
actualmente el demandante del 90% al 75%.”

5. Recurso de apelación

La apoderada del demandante formuló recurso de apelación en contra de la
sentencia del 6 de septiembre de 2018, solicitando se revoque la decisión de
primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda,
con las siguientes consideraciones (ff. 143 a 147 del expediente):

Consideró que el demandante es beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, por haber cumplido 40 años de edad el 10 de septiembre de
1991, 1.127 semanadas cotizadas para pensión en julio de 2005 a la entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y haber laborado por más de 13
años en la Fiscalía General de la Nación, por lo que el derecho pensional debe

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

ser reconocido con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada
en el último año anterior a adquirir el estatus y/o al retiro definitivo.

Sostuvo que se trasladó a Porvenir el 1 de diciembre de 1998 y retornó al
régimen de prima media, el 1 de junio de 2003, estando dentro del plazo
establecido en la norma anterior, la cual no exige como requisito para
recuperar el régimen de transición haber cumplido 15 años de servicio a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que se encuentra amparado
con dicha norma de transición y para el cálculo de su mesada pensional se
debe aplicar el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

6. Alegatos de conclusión

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, mediante
apoderada judicial, presentó alegatos de conclusión en el trámite de la
segunda instancia, en escrito visible a folios 166 a 175 del expediente, en el
cual solicita se confirme la decisión de primera instancia.

Señaló que el demandante pretende se le reliquide la pensión conforme a lo
dispuesto en el Decreto 546 de 1971, tomando con IBL, la suma de todos los
salarios devengados durante el último año de servicio, manifestó que
Colpensiones determinó que la pensión de la demandante se ajustó a las
normas y disposiciones legales previstas.

Alegó que conforme a las sentencias C – 258 de 2013, SU 230 de 2015, SU
427 de 2016, SU 210 de 2017, SU 395 de 2017 y Su 023 de 2018, para las
liquidaciones de las pensiones beneficiadas por la transición, se debe tomar el
IBL preceptuado en la Ley 100 de 1993, criterio reiterado por esta Corporación
mediante sentencia del 28 de agosto de 2018, que reiteró el criterio de la Corte
Constitucional en cuanto a la determinación del IBL.

La parte demandante y el Agente del Ministerio Público, vencido el término
concedido mediante auto del 4 de julio de 2019 (f. 160) para presentar alegatos
de conclusión, conforme a lo normado en el numeral 4 del artículo 247 del

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
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CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, se
abstuvieron de realizar pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia consiste en
determinar, si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, se analizará si al señor Gustavo Vargas
Sánchez le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la
asignación más elevada del último año de servicios, con la totalidad de los
factores salariales devengados, conforme a lo establecido en el Decreto Ley
546 de 1971.

Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos:
i) Ingreso base de liquidación de los servidores o ex servidores de la Rama
Judicial beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y, ii) Caso concreto.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. Ingreso base de liquidación para los beneficiarios del régimen de

2 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
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transición de la Ley 100 de 1993. Régimen especial de la Rama Judicial y
el Ministerio Público. Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020.

La Sección Segunda de esta Corporación, en providencia del 11 de junio de
2020, fijó las reglas sobre el ingreso base de liquidación, en el régimen
especial de jubilación de la Rama Judicial y el Ministerio Público, beneficiarios
de transición normativa de la Ley 100 de 19933.

Así, el servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, adquiere el derecho a la pensión, siempre que:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el
ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es
mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial
y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971
para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de 50
años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 19714; c) de esos 20 años de servicio,
por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional
o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente
manera:

iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del
Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años

3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con
radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
4
Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario
Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de
reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los
artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el
DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por
el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo
1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998;
1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto
3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

El fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió a las reglas y subreglas
fijadas en la providencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación para los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se
pensionaron según la Ley 33 de 1985.

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con
los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para
efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el
Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se
pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo
para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben
incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política
que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios
fundamentales del Estado Social de Derecho.

[…]

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48
constitucional es aquella según la cual en el régimen general de
pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los
que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se
adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de
cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda
de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no
impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del
principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de
todos los factores devengados por el servidor durante el último año de

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido
y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido
que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento,
además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y
progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo
traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de
configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el
tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los
aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía
del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio
colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los
principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la
pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los
factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida
correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir
entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura
la viabilidad financiera del sistema”5.

2.3.2. Del caso concreto

Del material probatorio allegado al expediente, se estableció:

Mediante la Resolución 10974 del 28 de marzo de 2012 (ff. 2 – 5), el ISS
reconoció a favor del señor Gustavo Vargas Sánchez una pensión de vejez
por una suma mensual de $1.091.795, efectiva una vez acreditara el retiro del
servicio, en donde el ingreso base para liquidar a la pensión de vejez de las
personas beneficiarias del régimen de transición que le faltaren menos de 10
años para adquirir el derecho a la pensión, será el promedio de lo devengado
durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados con base en el IPC, conforme a lo establecido en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, por lo que la liquidación de la pensión del demandante
se basó en 1.379 semanas, con un ingreso base de liquidación de $1.591.538
al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 68.60%.

5
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

A través de la Resolución GNR 184562 del 24 de mayo de 2014, Colpensiones
ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del demandante, teniendo en
cuenta el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 049 del mismo año,
elevando la cuantía de la mesada a la suma de $1490.739 para el año 2013 y
$1.519.659 para 2014, tomando como IBL el 90% (ff. 6 – 8 reverso).

El 3 de marzo de 2015, el actor solicitó a Colpensiones la reliquidación de su
pensión de jubilación con fundamento en el Decreto 546 de 1971 (ff. 9 – 18).

Mediante la Resolución GNR 362840 del 18 de noviembre de 2015 (ff. 19 –
23), Colpensiones reliquidó la pensión de vejez del demandante y elevó la
cuantía de su mesada, señalando que en aplicación al principio de
favorabilidad se procedió a reliquidar la prestación, según lo establecido por el
Decreto 758 de 1990, que le otorga el 90% del ingreso base de liquidación,
generando una mesada por valor de $1.577.400, al cual corresponde al
ingreso base de liquidación del promedio de lo devengado en los últimos 10
años, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Además, explicó que respecto a la solicitud de liquidar la pensión conforme a
las disposiciones del Decreto 546 de 1971, el mismo no es procedente, toda
vez que el peticionario se vinculó con la Fiscalía General de la Nación, a partir
del 1 de marzo de 1998, por lo que no era procedente efectuar el
reconocimiento en los términos incoados.

En contra de esta decisión, interpuso los recursos de reposición y apelación
(ff. 25 – 33), los cuales fueron decididos mediante la Resolución GNR 40239
del 5 de febrero de 2016 (ff. 34 – 37), mediante la cual modificó el acto
recurrido, reliquidó la prestación conforme al Decreto 758 de 1990, en cuanto
le otorga el 90% del ingreso base de liquidación, por valor de $1.685.519, para
2016. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución VPB 18855 del 25
de abril de 2016 (ff. 39 – 42).

El Tesorero de la Fiscalía General de la Nación, certificó que el demandante
devengó, desde el 1 de enero de 2011 al 31de diciembre del mismo año, los

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

siguientes factores: sueldo, sueldo de vacaciones, prima de navidad, prima de
servicios, bonificación por servicios, prima de productividad y prima de
vacaciones y desde enero de 2012 a julio del mismo año devengó: sueldo,
sueldo de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones, indemnización sueldo de vacaciones, indemnización prima de
vacaciones, bonificación por servicios y prima de productividad.

Conforme con lo anterior, el señor Gustavo Vargas Sánchez es beneficiario de
la transición dispuesta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hecho sobre el
que no hay discusión.

El demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron
la reliquidación de su pensión de jubilación con el Decreto 546 de 1971, esto
es, con un ingreso base de liquidación del 75 % de la asignación mensual más
elevada del último año de servicios con todos los factores salariales
devengados en este periodo, toda vez que laboró para la Fiscalía General de
la Nación por más de 13 años.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que al demandante no le asiste el derecho a la
reliquidación de su pensión con la asignación elevada más alta con la totalidad
de los factores devengados en el último año de servicios, como quiera que,
arroja un valor menor de la mesada al liquidarse con el 75% de los mismos
factores con los cuales se determinó el ingreso base de liquidación en el 90%
de conformidad con el Decreto 758 de 1990, por lo que esta liquidación es más
favorable.

Ahora bien, lo primero que la Sala advierte es que se debe definir si el
demandante es beneficiario del Decreto 546 de 1971. A este respecto se tiene
que laboró para la Fiscalía General de la Nación con posterioridad al 1 de abril
de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues se
observa que el tiempo de servicio inicial prestado a este empleador va desde
el 1 de marzo de 1998 hasta el 8 de julio de 2012, en forma interrumpida.

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

Frente a la interpretación de los tiempos de servicios exigidos en el Decreto
546 de 1971, para tener derecho al reconocimiento de la pensión especial,
esta Sala en sentencia del 15 de mayo de 20196 al hacer una lectura integral
de los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971, se apartó del criterio fijado
en la providencia de 24 de septiembre de 20157, al considerar que el tiempo
de servicios de 20 años requerido como condición necesaria para el
reconocimiento de la pensión especial de jubilación es solo el que se haya
prestado en el sector público u oficial.

Esta posición, se reiteró en la sentencia del 11 de marzo de 2021 8, en los
siguientes términos:

“Sin embargo, para esta Sala los 20 años de servicio, continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto 546 de
1971, se refieren a los prestados al sector público, aun cuando la
literalidad del artículo 6 ídem no lo diga. Así, la interpretación adecuada
del régimen especial de pensiones de la Rama Judicial no permite hacer
extensivos los beneficios que el legislador ha previsto para un grupo de
servidores públicos a quienes solo hayan prestado sus servicios por 10
años a la Rama Judicial y el tiempo restante lo complementen con
vinculaciones al sector privado, pues esta interpretación daría lugar a la
creación de un régimen pensional no previsto ni autorizado por la ley.

Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico
planteado es que el señor Domingo Antonio Peñuela Rueda no tiene
derecho a la pensión especial de jubilación de acuerdo con el Decreto
546 de 1971 porque no cumplió 20 años de servicio al sector público
(…)”.

Por tanto, las normativas anteriores del demandante en materia pensional son
el Decreto 758 de 1990, precepto que Colpensiones aplicó, o la Ley 71 de
1988 que regula, por antonomasia, la pensión por aportes.

Finalmente, la Sala aclara que, en todo caso, la tasa de reemplazo del 90%,
aplicada actualmente por Colpensiones a la pensión de jubilación del

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente: César Palomino Cortés, sentencia de 16 de
mayo de 2019, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00479-01 (2089-2012).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), Radicación Número: 25000-23-42-000-
2012-00752-01(2245-13), Actor: José Ferney Paz Quintero, demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente: César Palomino Cortés, sentencia de 11 de
marzo de 2021, proceso con radicado 68001-23-33-000-2014-00831-01 (0642-2017).

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

demandante, resulta ser la más favorable en comparación con las que
preceptúan la Ley 71 de 1988 y el Decreto 546 de 1971, en la medida en que
el ingreso base de liquidación, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales
vigentes, debe corresponder con lo dispuesto en los artículos 21 o 36 de la
Ley 100 de 1993, con los factores sobre los que realizó los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones.

En vista de lo expuesto, no es viable reliquidar la pensión de jubilación del
demandante con fundamento en el Decreto 546 de 1971, por lo que se impone
confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

Por último, en relación con la condena en costas dispuesta por el a quo, la
Sala hace las siguientes manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables
en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes.” (Resaltado por la Sala).

Dispone el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse

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No. Interno: 0239 - 2019
Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso9.

En el caso concreto, si bien es cierto la parte demandante fue vencida en el
proceso, no lo es menos que revisado su actuar a lo largo de la actuación, no
se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente el ejercicio de su derecho
de defesa en beneficio de sus intereses. Conforme con lo anterior, la sentencia
revocará la condena en costas impuestas a la parte demandante dentro de la
sentencia de primera instancia.

III. DECISIÓN

La Sala confirmará la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2018, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por haber llegado a la conclusión
que el tribunal de instancia, acertó en el análisis probatorio realizado en el sub
lite, en cuanto la tasa de reemplazo del 90%, aplicada actualmente por
Colpensiones a la pensión de jubilación del demandante, resulta ser la más
favorable motivo por el cual no es viable reliquidar la pensión de jubilación del
demandante con fundamento en el Decreto 546 de 1971.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de
dos mil dieciocho (2018) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda, con excepción a la

9
Consejo de Estado.Radicación 15001-23-33-000-2013-00072, providencia de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo
Perdomo Cuéter Radicación 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16) providencia de 8 de septiembre de 2017, M.P.
Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Demandante: Gustavo Vargas Sánchez
Demandado: COLPENSIONES

condena en costas, las cuales se niegan, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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