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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04030-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04030-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, por medio de la cual, se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 25 Número Interno: 3130-2025 Demandante: Julio Martín Gómez Gómez Demandada: Contraloría General de la República- Fondo de Bienestar Social-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04030-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2016-04030-02 (3130-2025)1
Demandante: Julio Martín Gómez Gómez
Demandada: Contraloría General de la República-fondo de bienestar
social
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Disciplinario
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones2

1. La parte demandante, en nombre propio dada su calidad de abogado, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de solicitar que se declare la nulidad del fallo disciplinario de primera instancia
núm. 003 del 29 de agosto de 2013 3 , a través del cual se le impuso sanción

1
Expediente hibrido.
2
Folios 32 y siguientes del expediente físico
3
Expedido por el director administrativo y financiero del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la
República.

2

Número Interno: 3130-2025
Demandante: Julio Martín Gómez Gómez
Demandada: Contraloría General de la República-
Fondo de Bienestar Social-

disciplinaria consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de
cuatro (4) meses y el fallo disciplinario de segunda instancia contenido en la
Resolución núm. 000537 del 21 de noviembre de 20134, que modificó el recurrido,
modificando la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el período de dos
(2) meses.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada: (i) oficiar a la Procuraduría
General de la Nación, para que se cancele en su registro la sanción disciplinaria
impuesta; (ii) la devolución de la suma de cuatro millones ochocientos treinta y un
mil cuatrocientos noventa y seis pesos M/CTE ($4.831.496) con su respectiva
indexación, por concepto de los dineros pagados como consecuencia de la sanción
disciplinaria; y (iii) perjuicios materiales y morales por la suma equivalente a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2 Hechos relevantes

3. En la demanda5 se precisó que, el señor Julio Martín Gómez Gómez fue vinculado
al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República en el cargo
de Profesional Especializado, Código 3010, Grado 17 como responsable del área
de asuntos disciplinarios, el día 16 de febrero de 2007. Mediante Resolución núm.
150 del 21 de junio de 2007, le fueron asignadas funciones del grupo de crédito
durante el periodo de vacaciones del titular del cargo y a través de la Resolución
núm. 039 del 5 de febrero de 2010 le fueron asignadas funciones del área de cartera.

4. Narró que, fue nombrado y posesionado en el cargo de Asesor Jurídico Código
1020 Grado 10 en la Gerencia del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República del 1 de diciembre de 2009 al 4 de abril de 2011. En
ejercicio de ese cargo y por necesidades del servicio, le fueron asignadas funciones
del responsable de cartera.

5. La directora administrativa y financiera de la entidad demandada le comunicó el
memorando núm.077 del 24 de febrero de 2010, con un llamado de atención a la
hoja de vida, por no entregar el plan indicativo de acción (PIA2010).

4
Expedido por la gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
5
Folios 34 y siguientes del expediente físico.

3

Número Interno: 3130-2025
Demandante: Julio Martín Gómez Gómez
Demandada: Contraloría General de la República-
Fondo de Bienestar Social-

6. Como consecuencia del memorando anterior, se radicó en la oficina de control
disciplinario la queja núm. Q-410-01-004-2010, que dio lugar al expediente
disciplinario núm. 410-01-004-2010 en su contra. Adicionalmente, dentro del mismo
expediente disciplinario, se acumuló la queja interpuesta por el grupo de
investigaciones disciplinarias con el objetivo de averiguar los responsables de las
presuntas irregularidades presentadas en los expedientes disciplinarios 11-8100-
16-2008, 11-8100-0017-2008, 11-8100-0023-2008, 11-8100-025-2007; debido a
una inactividad en el recaudo probatorio en la etapa de indagación preliminar.

7. El proceso disciplinario adelantado en su contra fue conocido por las mismas
profesionales que interpusieron la queja.

8. A través del auto núm. 19 del 19 de julio de 2011 la directora administrativa y
financiera de la entidad demandada, se inhibió para adelantar la acción disciplinaria
de que trató la queja Q-410-01-004-2010, tras considerar que no constituían falta
disciplinaria y ordenó archivar las diligencias. A pesar de ello, por medio del auto
del 13 de septiembre de 2011 ordenó continuar con la queja disciplinaria acumulada
al expediente núm. 410-01-004-2010.

9. Mediante auto núm. 22 del 21 de junio de 2012 se emitió pliego de cargos en su
contra por los hechos denunciados por las mismas funcionarias de la oficina de
control disciplinario.

10. Por medio del auto núm. 19 del 6 de mayo de 2013 se formuló un segundo pliego
de cargos, al ser decretada la nulidad del primero, esto debido a la falta de
determinación de la fecha de los hechos materia del proceso.

11. Se profirió el fallo disciplinario de primera instancia núm. 003 del 29 de agosto
de 2013, que le impuso una sanción de cuatro (4) meses de suspensión. Tras el
recurso de apelación, se profirió el fallo disciplinario de segunda instancia núm.
000537 del 21 de noviembre de 2013, en el cual se modificó la decisión, pues se
declaró la prescripción de dos conductas y se continuó la investigación por otras
dos que se encontraban en etapa de indagación preliminar, lo que conllevó a una
disminución de la sanción a dos (2) meses de suspensión.

4

Número Interno: 3130-2025
Demandante: Julio Martín Gómez Gómez
Demandada: Contraloría General de la República-
Fondo de Bienestar Social-

1.3. Concepto de la violación

12. Alegó que, los actos administrativos enjuiciados violaron los artículos 1, 2, 4, 6,
13, 29, 83, 93, 121, 123, 209 y 230 de la Constitución Política; y la Ley 734 de 2002.

13. Manifestó que, la actuación administrativa vulneró el ordenamiento jurídico y sus
derechos fundamentales, al considerar que la funcionaria encargada de adelantar
la investigación disciplinaria fue la misma persona que interpuso la queja, situación
que, a su juicio, generaba un impedimento que debió declararse desde el inicio del
trámite.

14. La expedición del acto administrativo de apertura de la indagación preliminar se
realizó desconociendo el procedimiento legalmente establecido, pues la funcionaria
disciplinaria no remitió el asunto a su superior jerárquico para que asumiera el
conocimiento de la actuación en primera instancia, excediendo así su competencia
y configurándose una irregularidad sustancial en el trámite.

15. Indicó además que, durante todo el procedimiento disciplinario se presentaron
múltiples irregularidades procesales, desde el auto que ordenó la apertura de la
indagación preliminar, debido a que quien formuló la queja no podía adelantar
simultáneamente la investigación. Dicha actuación constituía una vía de hecho y
configuraba desviación de poder.

16. Adicionalmente, afirmó que los actos administrativos sancionatorios estaban
viciados por haberse desconocido los términos procesales de las distintas etapas
disciplinarias, incluyendo la expedición extemporánea del fallo, lo que, en su criterio,
dio lugar a la configuración de la prescripción de la acción disciplinaria.

17. Finalmente, argumentó que, no se acreditaron los elementos necesarios para
estructurar una falta disciplinaria, en tanto no se demostró afectación o puesta en
peligro del bien jurídicamente tutelado, ni perturbación del servicio o trascendencia
social de la conducta atribuida. En consecuencia, consideró que, la omisión de
practicar pruebas en la etapa preliminar no era suficiente para justificar la imposición
de una sanción disciplinaria.

5

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Demandante: Julio Martín Gómez Gómez
Demandada: Contraloría General de la República-
Fondo de Bienestar Social-

1.4 Contestación de la demanda6

18. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al sostener que, conforme a la
Resolución 242 de 2008, la Dirección Administrativa y Financiera tenía competencia
para adelantar investigaciones disciplinarias, por lo que no existió vulneración al
debido proceso por falta de competencia. Asimismo, señaló que, la doctora Luz
Elena Melo Rodríguez, quien presentó la queja contra el demandante, solo intervino
durante aproximadamente un mes y medio de la etapa de indagación preliminar,
siendo el resto de la actuación adelantada por otro funcionario.

19. Sostuvo además que, las causales de recusación únicamente aplican al
funcionario que adopta decisiones, es decir, al director administrativo y financiero y
no pueden extenderse a funcionarios sustanciadores o de inferior jerarquía.

20. En relación con las garantías procesales, afirmó que todas las actuaciones
fueron notificadas al demandante y el auto de apertura de indagación preliminar no
requería notificación personal, debido a que la investigación se inició contra
personas indeterminadas, sin que ello afectara la validez del trámite.

21. Finalmente, manifestó que, la administración respetó los términos legales del
proceso y no operó la prescripción de la acción disciplinaria, pues el fallo de
segunda instancia concluyó que las conductas sancionadas no estaban prescritas.

22. Como excepciones propuso la caducidad del medio de control y la falta de
cumplimiento del requisito de procedibilidad.

1.5 Sentencia de primera instancia

23. En sentencia del Veintidós (22) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024)7, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, negó
las pretensiones de la demanda promovida por el Julio Martín Gómez Gómez, sin
condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo se dispuso:

“PRIMERO. –NIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Julio
Martín Gómez Gómez contra el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría de la

6
Folios 105 y siguientes del expediente físico.
7
Índice 00071 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia,

SEGUNDO. - ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia.

TERCERO. - En firme esta providencia archívense las diligencias, déjense constancias y
anotaciones de rigor. Si existe excedente de gastos procesales devuélvase al interesado.”

24. Para resolver los cargos planteados en la demanda, el A-quo empezó por
advertir que, el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 faculta a las entidades estatales
para iniciar de oficio la acción disciplinaria o a partir de información proveniente de
cualquier servidor público o de otros medios que generen credibilidad, sin establecer
restricciones respecto de quién puede poner en conocimiento hechos posiblemente
constitutivos de falta disciplinaria.

25. En ese sentido, indicó que, Luz Elena Melo Rodríguez, en su calidad de directora
administrativa y financiera, advirtió irregularidades en varios expedientes
disciplinarios archivados sin práctica de pruebas durante la etapa de indagación
preliminar, por lo que, en cumplimiento del deber previsto en el artículo 34 de la Ley
734 de 2002, debía informar dicha situación para que se evaluara la procedencia de
una investigación disciplinaria contra los posibles responsables.

26. Frente al argumento del demandante según el cual la funcionaria actuó
simultáneamente como “juez y parte”, el tribunal precisó que, el auto de apertura de
la indagación preliminar no se dirigió específicamente contra el actor, sino contra
personas indeterminadas, con el fin de identificar a los funcionarios que tenían a
cargo los expedientes cuestionados. Por ello, concluyó que la actuación de la
funcionaria fue objetiva y obedeció al cumplimiento de un deber legal, sin
desconocer el principio de imparcialidad ni constituir una queja personal.

27. Asimismo, destacó que, las decisiones posteriores del proceso disciplinario,
como la apertura formal de investigación, el pliego de cargos y el fallo de primera
instancia, fueron adoptadas por otros funcionarios designados posteriormente como
directores administrativos y financieros, razón por la cual no podía afirmarse que
existiera afectación al principio de imparcialidad.

28. En relación con Rosana Margarita Baños Linero, la sentencia de primera
instancia encontró que, aunque participó en la sustanciación de algunas
actuaciones, no adoptó decisiones de fondo dentro del proceso disciplinario, ya que,
dicha competencia correspondía exclusivamente al director administrativo y

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financiero. Además, su intervención se limitó a verificar posibles irregularidades en
expedientes que estaban a cargo del demandante y a proyectar actuaciones
relacionadas con investigaciones adelantadas contra responsables indeterminados.

29. El tribunal resaltó que, las recusaciones formuladas por el actor contra las
funcionarias fueron resueltas por el gerente de la entidad, en cumplimiento del
artículo 86 de la Ley 734 de 2002, garantizando así que un superior jerárquico
revisara la actuación y preservara el principio de imparcialidad. En consecuencia,
concluyó que, no se configuró irregularidad alguna ni causal de impedimento que
invalidara la actuación disciplinaria.

30. Seguidamente, analizó el cargo relacionado con la presunta ausencia de
afectación sustancial de los deberes funcionales y concluyó que no se configuró
vulneración al debido proceso, dado que sí se acreditó una afectación real al servicio
público derivada de la conducta del demandante.

31. Conforme a la Resolución 242 de 2008, el actor tenía entre sus funciones
sustanciar procesos disciplinarios, recaudar pruebas y proyectar actos
administrativos dentro de las etapas de indagación preliminar e investigación
disciplinaria, observando las normas y garantías propias del procedimiento
disciplinario.

32. En este contexto, las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia
concluyeron que el demandante omitió recaudar pruebas dentro de varios
expedientes disciplinarios durante la etapa de indagación preliminar, lo que
ocasionó el archivo de los procesos por ausencia absoluta de material probatorio,
omisión que afectó los principios de moralidad, transparencia, eficiencia y eficacia
de la función pública, además de limitar la potestad del Estado para investigar y
sancionar posibles faltas disciplinarias.

33. Consideró acreditado que, la conducta del actor perturbó el funcionamiento del
grupo de asuntos disciplinarios, pues impidió verificar los hechos denunciados y
obstaculizó el cumplimiento de la función estatal de control disciplinario. Asimismo,
precisó que la afectación del servicio no dependía de la gravedad del perjuicio
ocasionado, sino de la sola acreditación de una interferencia en el adecuado
ejercicio de la función pública.

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34. El fallo apelado analizó el cargo relacionado con la prescripción de la acción
disciplinaria y concluyó que dicho fenómeno no se configuró respecto de las
conductas atribuidas al demandante en los expedientes 11-8100-0023-2008 y 11-
8100-0025-2007.

35. Indicó que, la investigación disciplinaria tuvo origen en la omisión del actor de
recaudar pruebas durante la etapa de indagación preliminar de cuatro expedientes
a su cargo. Para efectos de contabilizar la prescripción, tomó como punto de partida
la finalización de la etapa de indagación preliminar de cada expediente y, a partir de
allí, computó el término de cinco años previsto en la Ley 734 de 2002.

36. Precisó que, mediante fallo de segunda instancia del 21 de noviembre de 2013,
se declaró prescrita la acción disciplinaria respecto de los expedientes 11-8100-
0016-2008 y 11-8100-0017-2008, pero no frente a los expedientes 11-8100-0023-
2008 y 11-8100-0025-2007, dado que el término de prescripción para estos vencía
el 6 de mayo de 2014 y la actuación disciplinaria culminó el 5 de diciembre de 2013,
fecha en la cual el demandante fue notificado del fallo de segunda instancia.

37. El tribunal reconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, el
término de prescripción se interrumpe con la notificación del fallo de primera
instancia; Sin embargo, aclaró que el argumento del demandante no se centraba en
ese aspecto, sino en el supuesto vencimiento de los términos procesales de las
distintas etapas disciplinarias.

38. Sobre este punto, señaló que la prescripción recae sobre la acción disciplinaria
en su integridad y no sobre cada una de las etapas procesales. En consecuencia,
el incumplimiento de los términos previstos para determinadas fases del
procedimiento no implica automáticamente la pérdida de competencia de la
administración ni la nulidad de la actuación, salvo que se supere el término general
de prescripción de cinco años.

39. La Sala también citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado para reiterar que la inobservancia de términos procesales no genera por sí
sola vulneración al debido proceso ni invalida automáticamente las actuaciones
disciplinarias, pues corresponde analizar si dicha situación afectó de manera real

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las garantías fundamentales del investigado.

40. Dijo que, aunque algunas etapas del procedimiento pudieron exceder los
términos legales, ello no afectó los derechos de defensa y contradicción del
demandante, quien tuvo la posibilidad de ejercer recursos, promover incidentes y
solicitar nulidades durante todo el trámite.

41. Finalmente, la Sala determinó que no se acreditaron los cargos formulados en
la demanda y, en consecuencia, negó las pretensiones del actor. Asimismo, indicó
que no era necesario pronunciarse sobre la prueba testimonial relacionada con los
perjuicios alegados, dado que no prosperaron las pretensiones de nulidad
solicitadas. No condenó en costas.

1.6. El recurso de apelación

42. Mediante memorial radicado el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)8, el actor solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para
ello, insistió en que, la sanción disciplinaria fue impuesta por fuera del término de
cinco años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual la
entidad perdió competencia para sancionar.

43. Afirmó que, el Tribunal y la entidad demandada contabilizaron erróneamente la
prescripción desde la finalización de la etapa de indagación preliminar (sumando
seis meses adicionales), cuando el término debía contarse desde el último acto u
omisión atribuible al disciplinado, ocurrido el 6 de noviembre de 2008.

44. Señaló que, el último acto realizado por el demandante fue la sustanciación de
los autos de avocamiento de los expedientes 11-8100-0023-2008 y 11-8100-0025-
2007 el 6 de noviembre de 2008, fecha desde la cual debían contarse los cinco años
de prescripción, vencían el 6 de noviembre de 2013.

45. Adujo que, el fallo disciplinario de segunda instancia fue expedido el 21 de
noviembre de 2013 y notificado el 5 de diciembre de 2013, es decir, cuando ya había
operado la prescripción y la entidad había perdido competencia sancionatoria.

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Índice 00076 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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46. Manifestó que, al imponerse una sanción disciplinaria fuera del término legal se
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, seguridad
jurídica y legalidad.

47. Argumentó que, el tribunal incurrió en contradicción al afirmar que la prescripción
se predica de la acción disciplinaria y no de las etapas procesales, pero al mismo
tiempo sumó indebidamente los seis meses de duración de la indagación preliminar
para extender el término prescriptivo.

48.Sostuvo que, la duración de la etapa de indagación preliminar no podía
agregarse al término de cinco años de prescripción, pues ello implica ampliar
ilegalmente el plazo máximo de la potestad sancionatoria del Estado.

49. Alegó que, la entidad aplicó indebidamente modificaciones introducidas por la
Ley 1474 de 2011 al régimen de prescripción, pese a que los hechos ocurrieron en
2008, cuando regía el texto original del artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

50. Afirmó que, debió aplicarse el principio de favorabilidad previsto en el artículo
14 de la Ley 734 de 2002, aplicando exclusivamente la norma vigente al momento
de los hechos disciplinarios.

51. Señaló que, la entidad incumplió los términos legales de las distintas etapas del
proceso disciplinario, contrariando el principio de celeridad previsto en el artículo 12
de la Ley 734 de 2002.

52. El apelante consideró que, el tribunal actuó como una “tercera instancia” de la
administración disciplinaria, reproduciendo los argumentos de la entidad sin
efectuar un análisis autónomo y profundo sobre la prescripción de la acción
disciplinaria.

1.7 Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

53. Mediante el auto del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo

9
Índice 00005 del expediente que reposa en el Samai.

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de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al
despacho para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

54. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 10 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

55. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, si debe revocarse la sentencia del
Veintidós (22) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda, encaminadas a que se declare
la nulidad de los fallos disciplinarios enjuiciados, en tanto:

1. ¿operó la extinción de la acción disciplinaria por el fenómeno jurídico de la
prescripción?
2. ¿la entidad aplicó indebidamente modificaciones introducidas por la Ley 1474
de 2011 al régimen de prescripción, pese a que los hechos ocurrieron en
2008, cuando regía el texto original del artículo 30 de la Ley 734 de 2002?

2.3 Marco normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002, antes de
la derogatoria de la Ley 1952 de 2019

10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

12

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56. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, antes de la derogatoria de
la Ley 1952 de 2019 que fue la aplicada al demandante, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, las personerías
distritales, municipales o las oficinas de control interno disciplinario y comprende:

Fase previa

57. Conforme a los artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, la actuación disciplinaria
se inicia por (i) informe, (ii) compulsa, (iii) queja, (iv) anónimo cumpliendo los
requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y artículo 27 de la Ley 24 de 1992
y (v) de oficio.

58. Decisiones que puede adoptar el operador disciplinario frente a la noticia
recibida:

59. Auto inhibitorio parágrafo 1° del artículo 150 Ley 734 de 2002. Procede
cuando se advierta de la actuación: (i) la manifestación temeraria- con tramite
sancionatorio; (ii) hechos irrelevantes, (iii) hechos de imposible ocurrencia y (iv)
hechos manifiestamente incorrectos y difusos, los tres últimos escenarios ponen fin
al proceso.

60. Indagación preliminar e investigación. Tiene como fin verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado
bajo el amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

61. Procedencia de la investigación disciplinaria. Se adelanta cuando de la
información recibida se identifique el autor o los autores de la falta disciplinaria, el
operador iniciará la investigación con la finalidad de: (i) verificar la ocurrencia de la
conducta, (ii) determinar si es constitutiva de falta, (iii) esclarecer los motivos
determinantes, (iv) establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, (v)
identificar los perjuicios causados a la administración, y (vi) establecer la
responsabilidad del disciplinado.

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62. El auto de cierre de la investigación. Se presentan las siguientes causales: (i)
vencimiento de términos y (ii) decreto de pruebas para formular cargos.

63. Evaluación de la investigación. En esta etapa se pueden presentar los
siguientes escenarios: (i) terminación del proceso -artículos 156 y 161 Ley 734 de
2002-, (ii) formulación de cargos -artículo 162 CDU-, (iii) tramitar por el
procedimiento verbal -artículo 175 idem-, (iv) cambio de competencia, y (iv)
incorporación de la unidad procesal artículo 74 Ley 734 de 2002.

Inicio del juicio disciplinario

64. Formulación de cargos disciplinarios. «Comprende como primer elemento de la
descripción, caracterización y determinación detallada de la conducta que se le
atribuye al servidor, con la indicación plena de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar 11 », el cual, debe cumplir unos requisitos de procedencia sustanciales y
formales, en consideración a lo siguiente:

65. Requisitos sustanciales: (i) que se halle objetivamente demostrada la falta y (ii)
la existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado (artículo
162 Ley 734 de 2002).

66. Requisitos formales (artículo 163 Ley 734 de 2002), en consideración a lo
siguiente:

(i) Descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta: (i)
omisión, (ii) acción, (iii) extralimitación y (iv) abuso

(ii) Normas violadas y concepto de violación.

11
Gaitán Jorge Eliecer. Pliego de Cargos, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pág. 197 y 198.

14

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(iii) Identificación del autor o autores de la falta

(iv) Análisis de las pruebas por cada uno de los cargos formulados

(v) Exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar gravedad
o levedad de la falta clasificadas en gravísimas, graves y leves

(vi) Forma de culpabilidad: (i) dolo, (ii) culpa gravísima o grave

67. Fase de descargos: Tiene como justificación garantizar el debido proceso del
imputado, la materialización del derecho de defensa y contradicción, en el cual el
sujeto procesal si lo considera presenta o no los descargos, etapa en la cual puede
proponer nulidades, controvertir pruebas, solicitar y aportar pruebas.

68. Posteriormente, sigue la fase probatoria (artículo 168 Ley 734 de 2002) y
traslado de alegatos de conclusión por el término de 10 días, donde la ley permite
la variación de cargos de acuerdo con lo establecido en el inciso 5 del artículo 165
del CDU.

69. Fallo. Pone fin a la actuación donde se puede presentar una decisión
sancionatoria o absolutoria, en el cual se debe observar el siguiente contenido: (i)
identificación del investigado, (ii) resumen de los hechos, (iii) análisis de las pruebas,
(iv) análisis de la valoración jurídica, (vi) fundamentación de la calificación de la falta,
(vii) análisis de la culpabilidad, (viii) razones de la sanción o absolución (ix)
exposición fundamentada de los criterios de la graduación para la sanción y
definición de la sanción (artículo 170 de la Ley 734 de 2002). Contra la decisión
procede recurso de apelación.

2.4. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios

70. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016, estudió
la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General
de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en el que fijó
una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control
disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios, precisando:

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«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

71. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»

72. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial efectiva
de la persona sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto
de la dignidad humana, el trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Esta postura, relativa al control integral, ha
sido reiteradamente adoptada por la Sección Segunda de esta Corporación en
diversos pronunciamientos12, con miras a salvaguardar la tutela judicial efectiva.

2.5 Recuento de la actuación disciplinaria

73. La directora administrativa y financiera del fondo de bienestar social de la
Contraloría General de la República 13 los días 10, 22 y 23 de febrero de 2010
profirió autos de archivo de procesos disciplinarios radicados bajo partidas 11-8100-
0016-2008, 11-8100-0017-2008, 11-8100-025-2008, 11-8100-003-2007, 11-8100-
048-2007, en los que además ordenó remitir copia de los referidos proveídos a la
responsable de asuntos disciplinarios de la misma dependencia, para que

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
13
En adelante CGR

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adelantara las averiguaciones a que hubiere lugar, lo cual cumplió, por medio del
oficio 1000403 del 4 de febrero de 2010.14

74. La misma funcionaria, el 24 de junio de 2010, profirió auto ordenando iniciar
indagación preliminar en averiguación de personas responsables por los hechos
denunciados, esto es, por las circunstancias que dieron origen al archivo de los
expedientes.15

75. La responsable de asuntos disciplinarios dirigió oficio a talento humano del fondo
de bienestar social de la CGR solicitando información sobre la identificación de la
persona, responsable de esa área para los años 2007 y 2008, al igual que sus
funciones con el respectivo manual.16

76. La información fue suministrada por medio del oficio 1005146 del 6 de diciembre
de 2006, en el que se consignó que el ahora disciplinado y demandante Julio Martín
Gómez Gómez, se desempeñó como responsable del área de asuntos disciplinarios
desde el 16 de febrero de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2009.17

77. Por medio de auto No. 2 del 4 de mayo de 2011, se dio apertura a la
investigación disciplinaria en contra del señor Julio Martín
Gómez Gómez y se decretaron las pruebas, entre otros ordenamientos.18

78. El pliego de cargos en contra del citado disciplinado fue proferido el 6 de mayo
de 2013 por medio de auto No. 19 de esa data, en el que se le endilgó la falta
consagrada en el artículo 23, en armonía con el 27 y por contravenir el ordinal 1°
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos y
puntualmente omitir “el cumplimiento de deberes propios de su cargo, como lo era el de
sustanciar en debida forma, en la etapa de indagación preliminar, los procesos disciplinarios
identificados con los números 11-8100-003-2007, 11-8100-048-2007, en los cuales el recaudo
probatorio fue insuficiente, en tanto que respecto de los expedientes Nos. 11-8100-0016-2008, 11-
8100-0017-2008, 11-8100-025-2008 no se practicó prueba alguna, lo que derivó en el archivo de los
mismos, con el consecuente incumplimiento de los fines de la etapa de indagación preliminar
establecida en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002”. 19

14
Folios 1 a 18 cuaderno anexo No. 1, expediente físico
15
Folios 19 y 20 ibidem
16
Folio 21 ibidem
17
Folio 22 ibidem
18
Folios 23 a 31 ibidem
19
Folios 430 a 440 anexo No. 2, expediente físico

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79. En fallo No. 003 de primera instancia del 29 de agosto de 2013 se declaró la
responsabilidad disciplinaria del señor Julio Martín Gómez Gómez y se sancionó
con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses, convertido
en salarios devengados, conforme al artículo 119 de la Ley 734 de 2002, de acuerdo
con los cargos formulados en el pliego antes referido.20 Dicho acto fue notificado el
30 de agosto de 2013.21 Cabe resaltar que este acto no tiene un acápite exclusivo
sobre la prescripción alegada en la apelación y tampoco dentro de su texto integral
se observa que la entidad demandada se haya referido a este fenómeno de
extinción de la acción disciplinaria.

80. Por medio de la Resolución No. 000537 del 21 de noviembre de 2013 22 se
resolvió el recurso de apelación formulado por el disciplinado contra el fallo de
primera instancia, en la que se declaró: (i) la prescripción de la acción disciplinaria
de los expedientes 11-8100-0016-2008, 11-8100-0017-2008, toda vez que,
respecto del primero, la contabilizó desde el 4 de septiembre de 2008 y frente al
segundo, la empezó a contar desde el 1 de septiembre del mismo año, por lo que
prescribieron el 1 y 4 del mismo mes, pero del año 2013, esto es, cinco años
posteriores; (ii) se confirmó el artículo primero del acto apelado en cuanto declaró
la responsabilidad disciplinaria por el cargo analizado y; (iii) modificó la sanción
disminuyéndola a suspensión por dos meses en el ejercicio del cargo, convirtiéndola
en salarios devengados por el sancionado para la época de los hechos.

81. La mencionada resolución contentiva del fallo de segunda instancia, fue
notificada personalmente al disciplinado el 5 de diciembre de 201323

2.6. Caso concreto

82. Del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala identifica
dos reproches específicos frente a la decisión de la primera instancia:

i) Que operó la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto se superó
el término consagrado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y,

20
Folios 549 a 563 ibidem
21
Folio 564
22
Folios 582 a 592
23
Folio 596 ibidem

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ii) Que en la actuación disciplinaria se le aplicó la Ley 1474 de 2011 que no
estaba vigente para la época de los hechos.

83. Para resolver estos planteamientos del apelante, en primer lugar, debe
recordarse que la prescripción de la acción disciplinaria ha sido abordada por el
legislador en diversas oportunidades -Leyes 25 de 1974; 13 de 1984; 200 de 1995,
734 de 2002, 1474 de 2011 y 1952 de 2019 como una institución jurídica para evitar
que la investigación se prolongue indefinidamente. Estas normas consagran un
plazo máximo para su duración, luego de lo cual se pierde la competencia para
sancionar. Este término se interrumpe cuando la autoridad que adelanta el proceso
impone la sanción, esto es cuando expide y notifica el fallo de primera o de única
instancia según el caso.

84. Frente al primer reparo, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, vigente para la
época de los hechos y sin las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011,
establecía lo siguiente:

“ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La
acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde
el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las
acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido
en los tratados internacionales que Colombia ratifique.”

85. Aparentemente pareciera que, según la norma trasuntada, el conteo del término
de prescripción de la acción disciplinaria no ofreciera ningún problema. Sin
embargo, la disposición citada nada consagra en el caso que se haya adelantado
indagación preliminar como aquí ocurrió y tampoco cuándo se interrumpe. Tales
inquietudes vinieron a zanjarse con el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 que
claramente dispone que el cómputo comienza a contarse desde el auto de apertura
de dicha acción, pero no puede ser aplicada al actor toda vez que los hechos por
los cuales se le investigó, se le endilgaron los cargos y se sancionó, acaecieron
entre los años 2008 y 2009.

86. La Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección “A”, en providencia del
2 de julio de 202024 entendió que la interrupción de la prescripción de la acción

24
C. P. William Hernández Gómez. Rad. 73001-23-33-000-2013-00646-01(4460-14)

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disciplinaria se presenta con la imposición de la sanción. Sin embargo, esta
expresión dio lugar a varias interpretaciones con relación al momento en que ello
sucede. Así se expresó:

“Una de las interpretaciones consideraba que la potestad disciplinaria se ejercía con la
expedición del acto administrativo de única o primera instancia; otros eran del criterio de
que, además, se requería la notificación de dicha decisión; mientras que una tercera
corriente estimaba necesario que se hubiesen resuelto todos los recursos interpuestos en
contra del acto sancionatorio y que se notificaran los respectivos actos.

La confusión atrás anotada en virtud de las múltiples teorías expuestas fue dirimida por el
Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En efecto, mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2009 25, esta corporación dispuso que, para efectos de
la prescripción de la acción disciplinaria, la sanción debe entenderse impuesta con la
expedición y notificación del acto administrativo primigenio, independientemente del
momento en que se resuelvan los recursos de la vía gubernativa cuando se haga uso de
ellos. En esta oportunidad, se sostuvo lo siguiente:

Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la
tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria
se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y
notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el
proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como
constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no
los recursos que legalmente procedan contra el acto.

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y
regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración,
luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La
segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la
decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los
recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión
primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya
tomada.

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar
dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación
administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los
recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último
recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad
sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente,
dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone"
la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las
incidencias del trámite de notificación de las providencias. […][Negrillas fuera de texto].”

25
Decisión del 29 de septiembre de 2009; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación
110010315000200300442 01.

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Esta última posición es la que ha imperado en la Sección Segunda del Consejo de
Estado26, precisamente atendiendo a una decisión de la Sala Plena que tuvo como
objetivo «la necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el tema».”

87. Como puede observarse, esta Corporación fijó postura definitiva y de unificación
respecto de que es la notificación del acto sancionatorio principal de primera o única
instancia, la que interrumpe el término prescriptivo y no la solución de los recursos
que se presentan en etapa posterior.

88. Sin embargo, el punto álgido aquí debatido es si la indagación preliminar que,
según el artículo 150 del CDU de la época, duraba seis meses, debe deducirse para
efectuar el conteo del término de prescripción de la acción disciplinaria como lo
hicieron los fallos de primera y segunda instancia y que constituye uno de los
reparos de la apelación.

89. El apelante sostuvo que el término de cinco años debió contarse desde el 6 de
noviembre de 2008, fecha en que suscribió el auto de avóquese conocimiento de
los expedientes 0023-2008 y 0025-2007. Bajo esa tesis, el plazo habría fenecido el
6 de noviembre de 2013, y el fallo de segunda instancia, proferido el 21 de
noviembre de 2013 y notificado el 5 de diciembre de ese año, sería extemporáneo.

90. La Sala no acoge ese planteamiento. La conducta sancionada no fue la apertura
de la indagación preliminar, sino la omisión en el recaudo probatorio durante toda la
vigencia de esa etapa. Dicha omisión no se consumó en un instante: se prolongó
durante los seis meses en que el señor Gómez Gómez tuvo el deber funcional de
practicar pruebas, conforme a las funciones que le impuso expresamente la
resolución No. 242 del 23 de julio de 2008, que le exigía "sustanciar los procesos
disciplinarios tanto en la etapa de indagación preliminar como en la de investigación
disciplinaria, observando el debido proceso y las normas disciplinarias". Se trata, en
consecuencia, de una falta de carácter continuado, cuyo último acto -entendido
como el último momento en que el deber funcional existía y podía ser cumplido-

26
Providencia del siete (7) de noviembre de dos mil
trece (2013) radicado 11001-03-25-000-2012-00082-00(0358-12). Consejero ponente:
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. - Providencia del trece (13) de febrero de
dos mil catorce (2014) radicado No. 25000-23-25-000-2007-00582-02(0328-12) consejero
ponente: ALFONSO VARGAS R1NCON. - Providencia del doce (12) de mayo de dos mil
catorce (2014) radicado No. 1001-03-25-000-2012-00265-00(0985-12), consejero ponente:
ALFONSO VARGAS RINCÓN. - Providencia del veintisiete (27) de abril de dos mil quince
(2015), radicado No. 11001-03-25-000-2012-00145-00(0612-12), consejero ponente:
ALFONSO MARÍA VARGAS RINCÓN. - Providencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil
quince (2015) radicado No. 1001-03-25-000-2010-00039-00(0325-10), consejero ponente:
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN».

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coincide con el vencimiento del plazo legal de la indagación preliminar, esto es, el
día en que cesó definitivamente la obligación de actuar.

91. El auto de avóquese conocimiento del 6 de noviembre de 2008 fue el primer
acto, no el último: el momento en que nació el deber cuyo incumplimiento se
reprocha. Identificar el primer acto con el último equivale a confundir el origen de la
obligación con su extinción, resultado hermenéutico que esta Sala no puede avalar.

Cálculo concreto de los términos con las fechas probadas en el proceso

92. Con fundamento en lo anterior, la Sala establece los siguientes cuadros de
términos con base en las fechas que obran en el expediente:

Cómputo del término prescriptivo por expediente
Vencimiento Fallo 1.ª Fallo 2.ª
Apertura de Vencimiento 5
término legal (6 instancia instancia
Expediente indagación años — dies ¿Prescripción?
meses) — dies (29-ago- (21-nov-
preliminar ad quem
a quo 2013) 2013)

4 de Posterior al Posterior al
11-8100- 4 de marzo 4 de septiembre SÍ — declarada
septiembre de dies ad dies ad
0016-2008 de 2008 de 2008 en 2.ª instancia
2013 quem quem

1 de Posterior al Posterior al
11-8100- 1 de marzo 1 de septiembre SÍ — declarada
septiembre de dies ad dies ad
0017-2008 de 2008 de 2008 en 2.ª instancia
2013 quem quem

6 de Dentro del Dentro del
11-8100- 6 de mayo de 6 de mayo de
noviembre de NO operó
0023-2008 2009 2014 término ✓ término ✓
2008

6 de
11-8100- 6 de mayo de 6 de mayo de Dentro del Dentro del
noviembre de NO operó
0025-2007 2009 2014 término término
2008
Fondo rojo: prescripción declarada de oficio por el ad quem en el fallo de 2.ª instancia (resolución No. 000537, 21-nov-
2013). Fondo verde: acción ejercida dentro del término — sanción válida.

Análisis comparativo: tesis correcta vs. tesis del apelante
Dies ad Fallo 1.ª instancia (acto
Hipótesis de cómputo Dies a quo quem (5 que interrumpe la Conclusión
años) prescripción)

Tesis correcta (cese
30 de agosto de 2013 NO operó la prescripción. La
del deber funcional — 6 de mayo 6 de mayo de
(8 meses y 8 días antes acción fue ejercida con
última oportunidad de de 2009 2014
del dies ad quem) plena competencia.
actuar)

Tesis del apelante 30 de agosto de 2013 NO operó la prescripción.
6 de 6 de
(auto de avóquese — (anterior al dies ad Incluso bajo esta hipótesis,
noviembre noviembre
primer acto, no el quem propuesto por el el fallo de 1.ª instancia fue
de 2008 de 2013
último) apelante) anterior al dies ad quem.

93. En definitiva, el fallo disciplinario de primera instancia No. 003 fue proferido y
notificado aproximadamente ocho meses y medio antes de que venciera el término
prescriptivo el 6 de mayo de 2014.

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94. La Sala advierte adicionalmente que, incluso si se aceptara en gracia de
discusión la fecha propuesta por el apelante como dies a quo -esto es, el 6 de
noviembre de 2008-, el resultado no varía. Bajo esa hipótesis, el término de cinco
años habría vencido el 6 de noviembre de 2013. Sin embargo, el fallo disciplinario
de primera instancia fue proferido el 29 de agosto de 2013 y notificado al día
siguiente (30 de agosto de 2013), esto es, con anterioridad incluso a ese dies ad
quem alternativo. Siendo la notificación del fallo de primera instancia el acto que
interrumpe la prescripción conforme a la sentencia de unificación de esta
Corporación del 29 de septiembre de 2009, la acción no habría prescrito bajo
ninguno de los dos escenarios de conteo planteados en el recurso.

95. Recuérdese que, el apelante concentró toda su argumentación en la
extemporaneidad del fallo de segunda instancia, proferido el 21 de noviembre de
2013. Pero conforme a la regla de unificación que esta Sala tiene el deber de aplicar,
la anterior llamada vía gubernativa no hace parte del cómputo prescriptivo. La
actuación administrativa y la vía gubernativa son, como lo precisó la Sala Plena en
2009, "dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios" : la primera culmina con
el acto sancionatorio principal, y la segunda constituye un medio de defensa que el
administrado ejercita a su arbitrio. Exigir que el fallo de segunda instancia se profiera
dentro del término de prescripción implicaría incurrir precisamente en el error que la
sentencia de unificación descartó.

96. La acción disciplinaria ejercida por el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República respecto de los expedientes 11-8100-0023-2008 y 11-
8100-0025-2007 no prescribió. El fallo de primera instancia fue notificado el 30 de
agosto de 2013, dentro del término de cinco años contados desde el 6 de mayo de
2009 -fecha en que cesó el deber funcional cuyo incumplimiento se sancionó-, con
lo que se interrumpió oportunamente la prescripción.

97. En efecto, como quedó expuesto en el recuento de las actuaciones en el proceso
disciplinario adelantado en contra del señor Julio Martín Gómez Gómez, por medio
de auto del 24 de junio de 2010, se dispuso iniciar indagación preliminar en
averiguación de personas responsables por los hechos denunciados, esto es, por
las circunstancias que dieron origen al archivo de los expedientes.27

27
Folios 19 y 20 ibidem

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Demandante: Julio Martín Gómez Gómez
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Fondo de Bienestar Social-

98. Al aplicar la norma en las condiciones en que se encuentra redactada sin las
reformas posteriores introducidas por la Ley 1474 de 2011, no encuentra la Sala
razón jurídica ni fáctica para que se tengan que contar los seis meses adicionales
de la indagación preliminar a que hace alusión el artículo 150 de la Ley 734 de 2002,
para efectuar el cómputo del término de la prescripción, como lo hicieron tanto el A
quo como los fallos de primera y segunda instancia.

99. En efecto, la indagación preliminar es una etapa previa consagrada en el artículo
150 del CDU de la época de los hechos, según el cual, se adelanta en caso de duda
sobre la procedencia de la investigación disciplinaria, con el fin de “ verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al
amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, pero en parte alguna consagra

que interrumpe el término prescriptivo.

100. Dentro del plenario no existió discusión respecto de la modalidad de la falta
endilgada al actor, en el sentido que fue permanente o continuada, no instantánea.
Tampoco ofrece tema de discordia que el último acto que quebrantó el
ordenamiento jurídico disciplinario ocurrió el 6 de noviembre de 2008. Así lo
expusieron tanto los fallos de primera instancia, como el del tribunal de origen y lo
recalcó el apelante en su recurso, por lo que, si se aplica la norma antes trascrita,
esto es, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 sin las modificaciones posteriores, los
cinco años como término de prescripción, fenecieron el 6 de noviembre de 2013 y
el fallo de primera instancia se le notificó personalmente el 30 de agosto de 2013.28

101. En tales condiciones, aun contando el término de prescripción desde el último
acto reconocido por el actor, la acción disciplinaria no prescribió por lo que la
sentencia apelada amerita su confirmación por este aspecto.

102. En cuanto al otro reproche de la apelación, en el sentido que la entidad
demandada le aplicó la reforma introducida por la Ley 1474 de 2011 para efectos
de la prescripción, lo cual no era posible por cuanto los hechos sucedieron en el año
2008, si bien en el marco normativo y jurisprudencial anotó «En cuanto al momento
en que se produce este fenómeno [la prescripción], establece el artículo 30 de la
Ley 734 de 2002 modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 [...]», lo
cierto es que la cita transcrita a continuación corresponde al texto original de la Ley

28
Folio 564 ibidem

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734 de 2002 [acápite 6.2.5. del fallo de primera] y, de cualquier modo, se verifica
que el argumento no es cierto porque estableció los extremos temporales sin
distinguir la fecha del auto de apertura de la investigación como lo dispuso la Ley
1474 de 2011.

103. Si en gracia de discusión se admitiese que se le aplicó la citada reforma, como
quedó consignado con anterioridad, lo hubiera favorecido porque el artículo 132 de
la citada ley, es claro al aducir que el término empieza a contarse a partir del auto
de apertura de la investigación, pero, como antes se adujo, solo se le aplicó el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

2.7. Condena en costas

104. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

105. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “F”, por medio de la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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