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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04348-01

Pensión gracia: solo por tiempo de servicios como docente territorial y/o nacionalizado

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04348-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la señora Maritza Barrios de Fernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP. Tercero: Reconocer personería para actuar a la abogada Katterine Johanna Lugo Camacho, identificada con la cédula de ciudanía 1.019.010.186 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 256.711, para actuar en representación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04348-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

12 de agosto de 2021

PENSIÓN GRACIA – Solo por tiempo de servicios como docente territorial y/o nacionalizado / DOCENTE NACIONAL, DOCENTE NACIONALIZADO Y DOCENTE TERRITORIAL – Diferencias / RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA – Procedencia / CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Parte vencida en el proceso

Los tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de jubilación. (…). En primer lugar, debe reiterarse la distinción que ha hecho el legislador entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en lo relacionado con su tipo de vinculación, bajo el entendido de que, según el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, los docentes nacionalizados son los «vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975» y los territoriales los «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.». (…). Se tiene que la demandante acreditó haber laborado como docente nacionalizada entre el 21 de febrero de 1969 al 1.° de noviembre de 1971; y territorial del 6 de mayo al 30 de junio de 1980, del 22 de marzo al 30 de abril de 1982; del 31 de mayo al 11 de junio de 1982; del 21 de julio al 4 de agosto de 1982; del 13 de septiembre al 10 de noviembre de 1983; del 8 de marzo al 11 de abril de 1984, del 9 al 24 de mayo de 1984, del 10 de marzo al 30 de junio de 1992 y del 8 de febrero de 1993 al 4 de abril de 2005, con lo cual demostró una prestación de servicios por 16 años, 3 meses y 4 días. Conforme con lo expuesto, se demostró fehacientemente que la demandante laboró como docente oficial de carácter nacionalizada y territorial, tiempo que por demás es computable para acceder al derecho pensional objeto de estudio y, por consiguiente, deberá confirmase la sentencia de primera instancia. (…). La Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, puesto que además de no prosperarle los argumentos de la alzada, la parte demandante intervino en esta instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de la pensión gracia, ver: C. de E., Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 26 de agosto de 1997, radicación: S-699, C.P.: Nicolás Pájaro Peñaranda. En lo que tiene que ver con la determinación de la condición nacional o territorial del nombramiento docente, ver: C. de E., Sala plena de la sección segunda, sentencia de unificación de 21 de junio de 2018. En cuanto a la condena en costas para los procesos tramitados por la Ley 1437 de 2011, ver: C de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14, C.P.: William Hernández Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 – ARTÍCULO 6 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 1 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 15 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04348-01(5804-18)

Actor: MARITZA BARRIOS DE FERNÁNDEZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 9 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

DEMANDA

La señora Maritza Barrio de Fernández, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó a la UGPP, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones:

Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución RDP 014136 del 31 de marzo de 2016, mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a la señora Maritza Barrio de Fernández y la ii) Resolución RDP 030079 del 18 de agosto de 2016, a través de la cual la aludida entidad resolvió el recurso de reposición contra el acto inicial.

Como restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la demandada a reconocer a su favor la pensión gracia y liquidarla con todos los factores salariales que devengó en el último año anterior al estatus pensional.

Condenar a la demandada al pago de intereses moratorios dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; así como la indexación sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de reconocimiento pensional al aplicar el IPC certificado por el DANE, desde el momento del reconocimiento y hasta su efectivo pago, conforme los artículos 187 y 192 del CPACA.

Condenar en costas a la entidad demandada.

Fundamentos fácticos relevantes

La señora Maritza Barrio de Fernández nació el 6 de noviembre de 1948 y prestó sus servicios al Estado como docente nacionalizada desde el año 1969 hasta el 2005 así:
ENTIDAD DESDE
HASTA
TOTAL DÍAS
ACUMULADO
GOBERNACIÔN DEL MAGDALENA 21-Febrero-1969
01-Noviembre-1971
971
971
22-Marzo-1982
30-Abril-1982
39
1.010
31-Mayo1982
117unio-1982
12
1.022
21-Julio-1982
Agosto-1982
14
1.036
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 13-Septiembre-1983
10-Novíembre-1983
58
1.094
08-Marzo-1984
11-Abril-1984
34
1.128
09Mayo-1984
24-Mayo-1984
16
1.144
10-Marzo-1992
30-Noviembre-1992
261
1.405
08-Febrero-1993
04-AbriI-2005
4.377
5.782
TOTAL

5.782

La demandante perdió su capacidad laboral en un 85%, según certificado 141-05 del 1.° de marzo de 2005, emitido por la Red Salud.

La Secretaría de Educación de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Resolución 0425 del 30 de marzo de 2005, retiró del servicio a la docente con ocasión de la pérdida de su capacidad laboral.

La señora Barrios de Fernández solicitó ante la UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. La anterior solicitud fue negada por medio de la Resolución RDP 014136 del 31 de marzo de 2016 bajo el argumento de no completar los 20 años de servicio como docente nacionalizado.

Frente a la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente a través de la Resolución RDP 030079 del 18 de agosto de 2016, al confirmar en todas sus partes el acto inicial.

Refiere que la entidad demandada no tuvo en cuenta que no completó los 20 años de servicio por una causa mayor (retiro del servicio por invalidez) y a pesar de que logró causar el 75% del tiempo mínimo exigido por la ley que le permite ser acreedora al reconocimiento de la misma.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 14 de julio de 2017.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«En el asunto bajo estudio se formularon la excepción de inexistencia de la obligación, frente a la cual debe decirse que no tiene la calidad de previa por cuanto no da lugar a la inhibición para conocer sobre el fondo del asunto. Así pues, los argumentos en que se sustenta se deberán tener como alegaciones de la defensa susceptibles de ser analizadas junto con el fondo del asunto.

Finalmente, se observa que también se formula la excepción de prescripción, cuyo análisis es posible en caso de que prosperen las pretensiones, por ello su estudio será abordado con ocasión a la sentencia.»

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] Se contrae a determinar si la demandante es su calidad de docente oficial, cumple con los requisitos exigidos por las normas aplicables para el reconocimiento y pago de la pensión gracia»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 9 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 014136 del 31 de marzo de 2016 y RDP 030079 del 18 de agosto de 2016, por medio de las cuales se negó el reconoció la pensión gracia a la señora Maritza Barrio de Fernández; así mismo, condenó a la parte demandada a reconocer y pagar a su favor la prestación pensional deprecada a partir del 4 de abril de 2005 en cuantía del 75% de lo efectivamente devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional con los reajuste de ley y con efectos fiscales a partir del 7 de octubre de 2012 por prescripción trienal. Además, negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas, con fundamento en las siguientes razones:

En primer lugar, el tribunal luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial de la pensión gracia indicó que la señora Barrio de Fernández cumplió los 50 años de edad el 6 de noviembre de 1998, antes del 7 de octubre de 2015, fecha en que solicitó el reconocimiento pensional.

Destacó que los tiempos de servicios de la demandante en diferentes planteles educativos, incluye tiempos laborados antes del 31 de diciembre de 1980. Al respecto, aclaró que la libelista fue nombrada mediante Decreto 070 del 12 de febrero de 1969, por el Gobernador del Magdalena, como docente en la Escuela Rural Mixta La Flores (Aracataca, Magdalena), situación que es validada con la certificación emitida por la Secretaría General en la que da cuenta que fue el gobernador de ese departamento quien efectuó su nombramiento con recursos propios. En ese sentido, concluyó que la vinculación de la señora Maritza Barrios en los años 1969 a 1971 fue de carácter departamental y, en consecuencia, son computables para efectos del reconocimiento pensional.

En cuanto al tiempo laborado con el Distrito Capital, resaltó que lo fue como docente interina mediante vinculación legal y reglamentaria durante 7 meses y 12 días; de manera temporal por 8 meses y 21 días y; en propiedad 12 años, 3 meses y 1 día, hasta el 4 de abril de 2015, fecha en la que fue retirada del servicio por invalidez.

Explicó que sumados los tiempos en el departamento del Magdalena con los del Distrito Capital, arrojó un total de 16 años, 3 meses y 4 días, sin cumplir con los 20 años de servicios exigido para el reconocimiento de la pensión gracia. No obstante, consideró que como la señora Barrios de Fernández laboró más de las dos terceras partes del tiempo exigido legalmente, pero que, por razones no imputables a ella, sino a su situación de invalidez, no pudo continuar trabajando en la docencia, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues tan solo le faltaba 4 años para completar los 20 años de servicio requeridos. Como argumento de ello, trascribió apartes de las sentencias del 30 de septiembre de 2015 y del 22 de septiembre de 2016, proferidas por esa Sección en las que se acoge esa tesis.

Adicionalmente, señaló que no observó circunstancia considerados de mala conducta, ni que la negativa del reconocimiento lo fuese por esa razón.

En segundo lugar, no accedió al reconocimiento de los intereses moratorios, comoquiera que, en los términos señalados por la jurisprudencia de esta Corporación, solo se causan cunado la administración paga en forma tardía una mesada que se encuentra debidamente reconocida.

En tercer lugar, estimó que el fenómeno de la prescripción operó en razón a que entre la fecha en que se causó la pensión -4 de abril de 2005- y la fecha de radicación de la petición – 7 de octubre de 2015-, trascurrieron más de 3 años y por lo tanto, debería entenderse que las mesadas anteriores al 7 de octubre de 2012 se encuentran prescritas.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.

El RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para lo cual adujo que la señora Maritza Barrio de Fernández no cumple con la totalidad de los requisitos por la ley para acceder a la pensión gracia, toda vez que no evidencia que el tipo de vinculación que ostentó fuera como docente territorial o nacionalizado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó que para los tiempos laborados en la Secretaría de Educación de Bogotá se de aplicación a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, proferida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). Así mismo, aportó documentación que da cuenta del origen de dichos recursos,

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio, según se desprende de la constancia secretarial que obra en el folio 209.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, por haber sido apelada por ambas partes el juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones los argumentos expuestos en los recursos.

Problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia es el siguiente:

¿En el sub judice se demostró fehacientemente que la señora Maritza Barrios de Fernández prestó sus servicios como docente oficial del orden territorial o en calidad de nacionalizado?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el sub examine se demostró fehacientemente que la señora Maritza Barrios de Fernández prestó sus servicios más de las dos terceras partes del tiempo requerido por la ley, como docente territorial y nacionalizado, como se explica a continuación:

La pensión de jubilación gracia

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1. °, acerca de los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», preceptúa lo siguiente:

«ARTÍCULO  1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

Así mismo, el numeral 2 del artículo 15 de la anterior norma limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al señalar textualmente que:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia así:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

De la misma manera, los requisitos para dicha pensión fueron reiterados en otra sentencia de unificación, en la cual se dijo lo siguiente:

«De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.» [Negrillas fuera de texto].

Finalmente, de forma muy reciente, esta Subsección resolvió un caso similar en donde se hizo alusión a la diferencia entre los docentes nacionales y aquellos que hicieron parte del proceso de nacionalización. Al respecto, en sentencia del 29 de octubre de 2020 se dijo lo siguiente:

«37. Esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes términos:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»

38. De lo anterior, se infiere que la citada prestación se causa únicamente para los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal. Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas.

39. Al respecto, esta Subsección en sentencia de 27 de abril de 2016 expresó con base en la sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena de la misma Corporación, que no serán computables los tiempos de servicio ejercidos en planteles nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el Gobierno Central, así:

«2.3.2. De la vinculación del personal docente.

En lo que respecta a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29 de 1989 consagró la descentralización administrativa en el sector de la educación, y dispuso que:

«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes. […]

Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon. […]

Artículo 10º.- Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.”

[…]

De tal manera y de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o nacionalizados. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional.»

40. De lo anterior se concluye que los beneficiarios de la pensión gracia serán aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada, descartando de esta forma aquellas del orden nacional, bien sea porque provenga directamente del Gobierno Nacional o se acredite en el plenario que la profesión se ejerció en una institución educativa nacional.» (negrillas fuera de texto original).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta suficientemente claro que los tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de jubilación.

La sentencia de unificación del 21 de junio de 2018

Ahora bien, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en relación con el tema específico del reconocimiento de la pensión gracia, procedió en la aludida providencia a explicar la incidencia de los recursos con los que se remunera a los docentes (situado fiscal y sistema general de participaciones); la naturaleza de los fondos educativos regionales (FER); y la prueba de la calidad de quienes tienen derecho a esta prestación, y en consecuencia, fijó las reglas de unificación que a continuación se transcriben:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

En el presente asunto se acreditó la vinculación de carácter territorial y nacionalizado de la demandante.

En el sub examine, la Sala advierte que lo pretendido a través del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada es que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que no se evidencia que el tipo de vinculación que ostentó la señora Barrios de Fernández fuere como docente territorial o nacionalizado.

En ese orden de ideas, se tiene que en el presente asunto está demostrado que la señora Maritza Barrio de Fernández nació el 6 de noviembre de 1948.

Por otra parte, respecto al tiempo de servicios, tipo de vinculación y origen de los recursos de las entidades nominadoras obra la siguiente documentación:
Certificaciones del 1.° de septiembre de 2015 y 20 de septiembre de 2017 emitidas por la Profesional Universitaria de la Secretaria General del departamento del Magdalena, de la que se advierte que la señora Barrio de Fernández prestó sus servicios al citado ente territorial, nombrada en el cargo de Directora General de la Escuela Rural Mixta Las Flores del municipio de Aracataca, mediante Decreto 070 del 12 de febrero de 1969, emanado por el gobernador de la época, posesionada el día 21 siguiente hasta cuando por Decreto 827 del 22 de diciembre de 1971, le fue aceptada su renuncia a partir del 1.° de noviembre de 1971. En el último de estos memoriales se consignó además «Nota: recursos propios».

Formato único para expedición de certificado de historia laboral de 30 de noviembre de 2015, emitido por el Profesional Especializado de la Secretaría de Educación de Bogotá, da cuenta que la demandante prestó sus servicios para esa secretaria como docente territorial y que el pago de sus servicios fue financiado con recursos propios, así:

Interino: Del 6 de mayo al 30 de junio de 1980 en el plantel educativo IED Ciudad de Bogotá; del 22 de marzo al 30 de abril de 1982 en el Centro de Educación Distrital Llano Grande de Bogotá; del 31 de mayo al 11 de junio de 1982 en el plantel educativo IED O.E.A. de Bogotá; del 21 de julio al 4 de agosto de 1982 en el plantel educativo IED Patio Bonito II de Bogotá, del 13 de septiembre al 10 de noviembre de 1983 en el Centro de Educación Distrital Ciudad Floralia de Bogotá; del 8 de marzo al 11 de abril de 1984 y del 9 al 24 de mayo de 1984 sin que se registre el centro educativo.
Temporal tiempo completo: Del 10 de marzo al 30 de junio de 1992 en el Centro de Educación Distrital Los Naranjos de Bogotá,
En nombramiento en propiedad: Del 8 de febrero de 1993 al 4 de abril de 2005 en el Centro Educativo Distrital Humberto Valencia de Bogotá.

Oficio S2017-121588 del 3 de agosto de 2017 emitido por el Jefe de oficina de nómina de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación, en el que se informó que el origen de los recursos con los cuales se le cancelaron los salarios y prestaciones a la docente, desde su ingreso – 8 de febrero de 1993- provienen del situado fiscal, antiguo FER y en concordancia con la Ley 715 de 2001, desde enero de 2002 hasta su retiro -4 de abril de 2005-, por el sistema general de participaciones –SGP, lo que no constituye cambio en el tipo de su vinculación.

Oficios 2017-IR-152112 del 31 de julio de 2017 y 2017-IE-036147 del 8 de agosto de 2017, suscritos por la Coordinadora Grupo de Certificaciones, Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación, manifestó que dentro de los archivos no reposa registro a nombre de la libelista que indique que ella laboró para esa cartera ministerial.

De otro lado, al dossier obra copia de los siguientes documentos y actos administrativos con relación a la señora Maritza Barrios de Fernández:

Decreto 070 del 12 de febrero de 1969, a través del cual el Gobernador del departamento del Magdalena la nombró como Directora General de la Escuela Rural municipal Las Flores del municipio de Aracataca.
Comunicación del 23 de junio de 1982, suscrita por la Delegada Regional del Ministerio de Educación Nacional ante Bogotá, mediante la cual le informa su designación para cubrir una vacante en el Colegio Santiago Pérez de Bogotá, a partir del 15 de julio de 1982.
Resolución 002371 del 13 de julio de 1982, por medio de la cual la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Bogotá y la Delegada Regional del Ministerio de Educación Nacional ante Bogotá le reconocen unos pagos como docente interina del 31 de mayo al 11 de junio de 1982, en atención a la Orden de Trabajo 0496 del 31 de mayo de 1982.
Resolución 04195 del 15 de diciembre de 1983, por medio de la cual el Secretaria de Educación del Distrito Especial de Bogotá y la Delegada Regional del Ministerio de Educación Nacional ante Bogotá le reconocen unos pagos como docente interina del 13 de septiembre al 10 de noviembre de 1983, en atención a la Orden de Trabajo 002175 del 13 de septiembre de 1983.
Resolución 02276 del 24 de mayo de 1984, por medio de la cual la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Bogotá y la Delegada Regional del Ministerio de Educación Nacional ante Bogotá le reconocen unos pagos como docente interina del 8 de marzo al 11 de abril de 1984, en atención a la Orden de Trabajo 00217 del 3 del 1.° de marzo de 1984.
Resolución 03542 del 6 de septiembre de 1984, por medio de la cual la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Bogotá y la Delegada Regional del Ministerio de Educación Nacional ante Bogotá le reconocen unos pagos como docente interina del 9 al 24 de mayo de 1984, en atención a la Orden de Trabajo 0701 del 24 de abril de 1984.
Comunicación del 28 de febrero de 1992, por la cual el jefe de personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá le informan de su vinculación como docente temporal en la Escuela Los naranjos de esa ciudad, desde la fecha de presentación por el año lectivo.
Resolución 202 del 1.° de febrero de 1993, por medio de la cual el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, la nombró como docente de tiempo completo en la planta de personal docente del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y acta de posesión en dicho cargo, con efectos a partir del 8 de febrero de esa anualidad.
Resolución 0425 del 30 de marzo de 2005, por medio de la cual la Secretaria de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá aceptó, a partir de 4 de abril de esa anualidad, el retiro del servicio por invalidez de la señora Barrios de Fernández.

Ahora, el tribunal concluyó que la docente laboró como docente departamental durante el tiempo laborado para el departamento del Magdalena y distrital en el tiempo trabajado con el Distrito Especial de Bogotá, períodos que sumados dan un total de 16 años, 3 meses y 4 días. Empero, como laboró más de las dos terceras partes del tiempo requerido legalmente para tener derecho a la pensión gracia, sin que pudiere completarlo por razones que no le son imputables a ella, consideró que tenía derecho al reconocimiento pensional que depreca. Por su parte, la entidad demandada sostiene que no se acreditó que el tipo de vinculación que ostentó la señora Barrios de Fernández fuere como docente territorial o nacionalizado.

Así las cosas, debe precisar la Subsección que no existe controversia en cuanto a que la señora Maritza Barrios de Fernández laboró más de las dos terceras partes del tiempo requerido para acceder al reconocimiento de la pensión gracia y con ello, la posibilidad de acceder a la prestación pensional aludida, no así respecto de la calidad de los tiempos de servicios por ella prestados como docente oficial

Conforme lo anterior, a fin de desatar el recurso de apelación de la parte demandada, se procederá verificar si los tiempos de servicios prestados por la demandante al magisterio tiene el carácter territorial y nacionalizado, por ser los docentes beneficiarios del régimen prestacional reclamado en el sub lite. En ese sentido, debe señalarse que, de conformidad con la sentencia de unificación citada en precedencia, se definió que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada. Además, determinó que la prueba de calidad de docente territorial se puede acreditar a través del acto administrativo donde conste el vínculo y que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su defecto, también es posible demostrar tal situación con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter territorial o nacionalizado.

Bajo ese entendido, la Sala comparte la decisión adoptada por el tribunal por las siguientes razones:

En primer lugar, debe reiterarse la distinción que ha hecho el legislador entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en lo relacionado con su tipo de vinculación, bajo el entendido de que, según el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, los docentes nacionalizados son los «vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975» y los territoriales los «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.».

En ese contexto, debe acudirse a los actos de nombramiento de la docente, de lo cual se advierte que el Decreto 070 del 12 de febrero de 1969, a través del cual se nombró a la señora Maritza Barrio de Fernández como Directora General de la Escuela Rural Mixta Las Flores del municipio de Aracataca, fue emitido por el gobernador del departamento del Magdalena; por consiguiente, del aludido acto administrativo resulta evidente que la libelista ocupó el cargo de educadora nacionalizada en el departamento del Magdalena entre el 21 de febrero de 1969 al 1.° de noviembre de 1971, para un total de 2 años, 8 meses y 9 días.

En relación con el tiempo que laboró para la Secretaría de Educción de Bogotá se cuenta con el formato único para expedición de certificado de historia laboral que da cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación a la cual se encontraba sometida la docente era de carácter territorial y que la fuente de los recursos era propia. De otro lado, el mismo acto administrativo que negó el reconocimiento de la pensión gracia – Resolución RDP 014136 del 31 de marzo de 2016-, destacó luego de analizar las certificaciones de tiempo de servicios allegadas con la solicitud de reconocimiento que el tiempo prestado al municipio de Bogotá, Distrito Capital, tiene como vinculación distrital cuando señaló:

«[…] Que el (a) peticionario (a) ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD LABORODESDEHASTANOVEDADCARGOVINCULACIÓNMODALIDADBGTA DSTO CAPITAL 1980050619800630TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1982032219820430TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1982053119820611TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1982072119820804TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1983091319831110TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1984030819840411TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1984050919840524TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIABGTA DSTO CAPITAL 1992031019921130TIEMPO SERVICIODOCENTEDTRALPRIMARIA
[…]»

Todo lo anterior se convalida además con los oficios suscritos por la Coordinadora Grupo de Certificaciones, Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación, quien manifestó que dentro de los archivos no reposa registro a nombre de la libelista que indique que ella laboró como educadora para esa cartera ministerial.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la señora Barrio de Fernández acreditó haber laborado como docente nacionalizada entre el 21 de febrero de 1969 al 1.° de noviembre de 1971; y territorial del 6 de mayo al 30 de junio de 1980, del 22 de marzo al 30 de abril de 1982; del 31 de mayo al 11 de junio de 1982; del 21 de julio al 4 de agosto de 1982; del 13 de septiembre al 10 de noviembre de 1983; del 8 de marzo al 11 de abril de 1984, del 9 al 24 de mayo de 1984, del 10 de marzo al 30 de junio de 1992 y del 8 de febrero de 1993 al 4 de abril de 2005, con lo cual demostró una prestación de servicios por 16 años, 3 meses y 4 días.

Conforme con lo expuesto, se demostró fehacientemente que la señora Maritza Barrio de Fernández laboró como docente oficial de carácter nacionalizada y territorial, tiempo que por demás es computable para acceder al derecho pensional objeto de estudio y, por consiguiente, deberá confirmase la sentencia de primera instancia.

Conclusión: La señora Maritza Barrio de Fernández sí tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia porque, acreditó que el tiempo de servicios en el magisterio lo fue como docente territorial y nacionalizado.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto, la Sala considera que se debe revocar la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

Esta Subsección en providencias de 7 de abril de 2016, sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CAA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo expuesto, la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, puesto que además de no prosperarle los argumentos de la alzada, la parte demandante intervino en esta instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la señora Maritza Barrios de Fernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP.

Tercero: Reconocer personería para actuar a la abogada Katterine Johanna Lugo Camacho, identificada con la cédula de ciudanía 1.019.010.186 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 256.711, para actuar en representación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Folios 35 y 36.
Folios 36 y 37.
Folios 157 a 166.
Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente con radicado 17001-23-31-000-2007-00187-01 (1067-2009) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente con radicado 41001-23-33-000-2013-00360-01 (5006-2014), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Folios 207 y 208.
Folios 339 a 343.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de l997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. SUJ-SII-11-2018 de 21 de junio de 2018. Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de octubre de 2020. Radicación: 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado: Gilma Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres.
Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
Con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, dentro del expediente radicado 3075-14.
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
Folio 2.
Folio 17.
Folio 147.
Folios 30 y 31.
Folio 129.
Folio 127.
Folio 112 y 113 frente y vto.
Folios 145 y 146.
Folio 109.
Folio 114 frente y vto.
Folios 115 y 116.
Folio 118 frente y vto.
Folio 117 frente y vto.
Folio 110.
Folios 207 a 209.
Folio 111.
Folios 32 y 119.
Folio 6 y 7.
Oficios 2017-IR-152112 del 31 de julio de 2017 y 2017-IE-036147 del 8 de agosto de 2017.
Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».

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