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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04480-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04480-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1° de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual negó las pretensiones formuladas por Ricardo Calderón. Segundo. No condenar en costas en esta instancia Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04480-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de
Cundinamarca
Litis consorte: Alba Paola Vélez Garavito y Víctor Manuel Vélez Garavito

Temas: Sustitución pensional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 1° de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual negó el
reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ricardo Calderón presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 00335 del 23 de febrero de 2012,

1 Samai Tribunales y Juzgados, índice 85, Página 8 a 17 del documento
«36_ED_2020019578(.pdf) NroActua 85». La demanda fue presentada el 18 de octubre de 2017.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón

expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca, que
le negó la sustitución de la pensión causada por su compañera permanente, Alba
Marina Garavito Fonseca.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento del derecho a la sustitución de la pensión de jubilación
causada por Alba Marina Garavito Fonseca; ii) el pago de las mesadas
pensionales en cuantía equivalente al 100% de las que en vida percibía la
causante, incluidas las primas, los reajustes y «demás beneficios que le
correspondan»; iii) la actualización de las sumas adeudadas de acuerdo con índice
de precios al consumidor; iv) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con
lo dispuesto por el CPACA; y v) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Ricardo Calderón convivió con Alba Marina Garavito Fonseca entre el mes de
agosto de 1992 y el 17 de febrero de 2004.

3.2. AlbaMarina Garavito Fonseca falleció el 17 de febrero de 2004 y el
demandante sufragó los gastos hospitalarios, fúnebres y « demás necesidades
económicas que se presentaron desde agosto del año 1992».

3.3. La pensión causada por su compañera permanente fue sustituida a sus hijos,
Alba Paola y Víctor Manuel Vélez Garavito, quienes eran menores y se
encontraban estudiando.

3.4. Mediante la Resolución 00335 del 23 de febrero de 2012 la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca le negó la sustitución de la pensión
causada por su compañera permanente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y los artículos
162, 163 y 164 del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. El acto demandado fue expedido de manera irregular, toda vez que, «los actos
administrativos discrecionales por los cuales, como en este caso, se niega la sustitución

2

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Demandante: Ricardo Calderón

de la pensión al compañero permanente no son motivados por parte de la administración
– Secretaría de Educación Departamental-, sin embargo, cuando el acto se expide
existiendo ciertos factores establecidos como presupuestos del mismo en la ley o
reglamento, o cuando el acto se encuentra sujeto a normas de excepción o de restrictiva
interpretación, en él deben expresarse los motivos que lo justifican».

5.2. La decisión de la entidad demandada de negar la sustitución de la prestación
«carece de motivación», puesto que se limitó a indicar que mediante la Resolución
034 del 21 de febrero de 2005 esta había sido reconocida a Alba Paola y Víctor
Manuel Vélez Garavito quienes se acreditaron como beneficiarios de la docente,
«por lo cual no es dable reconocer y ordenar el pago» pretendido.

1.2. Contestaciones de la demanda

6. 1.2.1. El departamento de Cundinamarca solicitó su desvinculación, comoquiera
que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 la entidad a la
que le correspondería responder por una eventual condena en el presente asunto.
Pese a lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda.

7. Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por
pasiva e innominada.

8. 1.2.2. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que
en el presente asunto «se debe dilucidar la procedencia de las pretensiones pues se
había reconocido sustitución pensional a los hijos de la causante quienes para la época
de los hechos eran menores de edad estudiantes y en la actualidad no es dable realizar
reconocimiento al demandante ya que una pensión se puede sustituir solo por una vez a
favor del beneficiario que acredita el derecho».

9. Propuso como excepciones las que denominó: i) legalidad del acto
administrativo; ii) buena fe; iii) prescripción y iv) genérica.

10. 1.2.3. Alba Paola Vélez Garavito, hija de la causante y quien fuera vinculada
como litisconsorte necesaria, se opuso a las pretensiones de la demanda porque
el demandante no tuvo relación sentimental alguna con su mamá y en la fecha de
su fallecimiento mantenía vigente un vínculo matrimonial con Víctor Manuel Vélez
Martínez.

11. Finalmente, propuso como excepciones las que denominó cobro de lo no
debido y mala fe del demandante.

3 En adelante Fomag,

3

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Demandante: Ricardo Calderón

12. 1.2.4. Víctor Manuel Vélez Garavito, hijo de la causante y quien fuera vinculado
como litisconsorte necesario, no contestó la demanda ni propuso excepciones de
fondo4.

1.3. La sentencia apelada

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
en sentencia proferida el 1° de febrero de 2023 negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

13.1. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación, al
considerar que «si bien es cierto las Secretarías de Educación Territoriales y la
respectiva sociedad fiduciaria intervienen en el trámite de expedición y aprobación de los
actos administrativos que reconocen prestaciones sociales, no lo es menos que la
obligación de reconocer y pagar dichos beneficios económicos a los docentes oficiales,
recae como tal en la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, entidad que por tal razón es quien debe asumir las resultas del
proceso».

13.2. De las pruebas aportadas al expediente, no puede inferirse que entre «el
señor Ricardo Calderón y la señora Alba Marina Garavito Fonseca (q.e.p.d) existió
una comunidad de vida permanente con voluntad clara y consiente de conformar
una familia, que le permitiera acreditar los presupuestos necesarios para ser beneficiario
de la prestación solicitada en calidad de compañero permanente, pues no se logró
demostrar que compartieron techo, lecho y mesa durante los últimos cinco años
anteriores al deceso de la señora Alba Marina Garavito Fonseca (q.e.p.d)» [sic].

13.3. Lo anterior, puesto que, si bien se aportaron constancias de los giros
realizados por el demandante y que fueron cobrados por la causante, estos no son
suficientes para acreditar una verdadera convivencia efectiva y un proyecto de
vida en común.

13.4. Asimismo, la «certificación de migración» evidencia que el demandante
permaneció en el exterior por largos periodos de tiempo durante los 5 años
anteriores al fallecimiento de la docente. «También se observa que, el 2 de marzo del
año 2002 salió de Colombia y solo ingresó hasta el 16 de febrero de 2004, esto es, un día

4 En la sentencia de primera instancia se señaló «El Litisconsorte Necesario, Víctor Manuel Vélez

Garavito, pese a ser notificado en debida forma, según consta a folio 118 del expediente, no
contestó la demanda ni propuso excepciones de fondo».

4

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Demandante: Ricardo Calderón

antes de la muerte de la señora Garavito Fonseca». Frente a este aspecto precisó
que, si bien de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado « la convivencia
no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, ello no
implica que cualquier relación a distancia se enmarque dentro de las excepciones, pues
en estos casos, la situación particular de cada pareja debe ser analizada cuidadosamente,
precisamente para establecer si se cumplen los elementos que en mayor medida definen
esa convivencia, los cuales se encuentran relacionados con el acompañamiento espiritual,
moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo aunado al factor volitivo de la
pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir y
mantener una familia».

13.5. Si bien los testigos solicitados por el demandante coincidieron en señalar que
Ricardo Calderón y Alba Marina Garavito Fonseca convivieron bajo el mismo
techo hasta la muerte de la causante «al ser empleados del conjunto y no tener
estrecha relación con los supuestos compañeros, no conocían los detalles de la relación o
dinámica familiar que afirman existía entre ellos, ni de la dependencia económica aludida
en la demanda».

13.6. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, puesto que,
de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365.8 del Código General del
Proceso, no se demostró que su conducta fuera temeraria ni que se hubieran
causado.

1.4. El recurso de apelación

14. Ricardo Calderón solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con
base en los siguientes argumentos:

14.1. La decisión adoptada por el a quo se sustentó en una «inadecuada motivación
al no tener en cuenta, y valorar los hechos, pruebas y razones de derecho presentadas
[…] durante el trámite procesal» [sic], toda vez que estos permiten tener certeza de la
existencia de la convivencia, cuidado mutuo y una comunidad de vida entre él y la
causante, «lo que se traduce a un proyecto de vida en común».

14.2. El tribunal no tuvo en cuenta la mala fe con la que actuaron los litisconsortes
necesarios, quienes quieren desconocer el derecho del cual era acreedor, «por lo
intereses privados que estos tienen con relación a la pensión de sobreviviente, que dicen
ellos le pertenecen a su progenitor y exconyuge de la causante» [sic], lo que se
evidenció en la contradicción que se presentó en lo dicho por los testigos por ellos
solicitados.

14.3. El acto demandado está incurso en la causal de «falta o falsa motivación», toda

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Demandante: Ricardo Calderón

vez que «no argumenta de manera fáctica y jurídica la negación de derechos
personalísimos de mi prohijado, derechos a la seguridad social y por ende a la dignidad
humana, pilar de este estado social de derecho». Asimismo, porque contrario a lo
concluido en este, «la norma no indica que esta figura jurídica; “la sustitución de la
pensión de jubilación”, sea excluyente entre sí, es decir, si esta es otorgada a los hijos, al
cónyuge, a padres o compañeros permanentes del causante, o al primero de estos que la
solicite, como lo da a entender la resolución cuestionada en su parte considerativa, que
asegura que no es dable reconocer y ordenar el pago de sustitución de la pensión de
jubilación solicitada a mi poderdante, porque ya se otorgó esa sustitución».

14.4. En relación con la «prueba de Migración Colombia» consideró que «de este
documento no se evidencia presencia alguna en el expediente digital de parte de este
togado, pero en gracia de discusión, la validez de este documento prueba como
efectivamente el aquí demandante, cumplió con el pacto que suscribió con su compañera
permanente, al viajar y enviar dinero fruto de sus ingresos para continuar con su proyecto
de vida, enmarcándose estos hechos como lo ha reiterado la jurisprudencia» [sic].

14.5. La decisión objeto de apelación no se tuviera en consideración el hecho de
que la causante viviera en un inmueble de su propiedad, porque « en las
circunstancias más obvias si la causante era quien vivía en el inmueble del señor
CALDERÓN, y si no hubiesen tenido relación alguna era esta quien debía pagar por lo
menos un arriendo, pero por el contrario ni los litisconsortes ni los testigos establecieron
situación de pago alguno por parte de la causante, PERO SI HAY GIROS INTERNACIONALES
POR MÁS DE 15 MIL DÓLARES DE MI PROHIJADO A LA CAUSANTE, ES ASÍ QUE NO PODEMOS
VISLUMBRAR NADA MÁS QUE UNA AYUDA EN COMÚN, CON UN PROYECTO DE VIDA» [sic].

14.6. Finalmente la valoración de los testimonios, para lo cual transcribió algunos
apartes con el propósito de evidenciar las contradicciones frente a lo dicho por los
testigos solicitados por la litisconsorte necesaria.

1.5. Trámite en segunda instancia

15. Mediante auto del 19 de octubre de 2023, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y dispuso regresar el proceso al despacho para el estudio de
la solicitud probatoria.

16. El demandante solicitó como pruebas documentales que, en su sentir, nunca
fueron allegadas por la entidad, esto es el expediente administrativo, junto con
copias de unos giros que se hicieron entre el actor y Alba Marina Garavito
Fonseca. Tal petición fue negada con auto del 30 de septiembre de 2024, al
encontrar que esta era extemporánea.

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Demandante: Ricardo Calderón

1.6. El Ministerio Público

17. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

2. Consideraciones5
2.1. Problema jurídico

18. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia6, se circunscribe a
establecer ¿si Ricardo Calderón acreditó la convivencia con Alba Marina Garavito
Fonseca durante los 5 años anteriores al fallecimiento de esta última, en calidad
de compañero permanente, y como consecuencia tenía derecho la sustitución de
la pensión?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. De la sustitución pensional

19. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante
de una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el
cual se permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución

5 El consejero de estado Jorge Edison Portocarrero Banguera en anteriores ocasiones y conforme

a la causal prevista en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en
segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya
decisión haya participado el magistrado Óscar Valero Nisimblat. No obstante, la Sala de
Subsección con auto del 18 de septiembre de 2024, declaró infundada su impedimento. Al respecto
ver expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
6 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Ricardo Calderón

de la prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones
mínimas de vida de aquellos7.

20. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso; o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que
fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación8.

21. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del
beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
8 Sentencia T-564 de 2015.

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Demandante: Ricardo Calderón

de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo9. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».

22. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de
beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro,
así: i) cónyuge o compañera permanente, hijos con derecho y/o inválidos; ii)
padres con derecho; y iii) hermanos con derecho.

9 Aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia

C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido» [se resalta]
En esa oportunidad, la Corporación consideró que no existe razón alguna para privilegiar, en casos
de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo matrimonial, sobre
aquella que se formó con base en un vínculo natural.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón

23. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos10:

Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero
Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor de
pensionado años- causante.
30 años de edad.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante y
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente11 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de la
Afiliado o
con separación de Cuota parte separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante
permanente los 5 años anteriores a la muerte

24. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200312 precisó:

10 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-
000-2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
11 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la

Ley 100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la
pensión de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente
exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente
tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
12 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime

Córdoba Triviño.

10

Radicado: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón

«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades
de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que
contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que,
en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que
más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las
cargas, tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›

[…]

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer
lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los
pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es
evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder
a la pensión de sobrevivientes

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».

25. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida
en el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado
de hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí
debe convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.

26. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden

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Demandante: Ricardo Calderón

equipararse. En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues
la cónyuge tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos
impiden que se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al
respecto precisó lo siguiente13:

«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la
cual, no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en
principio un trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen
con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de
cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos
ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente
entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus
conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la
sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio.
Es así, como en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo
acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador
le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una
sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el
último compañero permanente y el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no
se disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es
constitucional y será declarada exequible» (sic)

27. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar
otra demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la
expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta
vulneración del derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron
que no existían razones suficientes para que se reconociera el derecho a la
pensión de sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad
conyugal vigente, pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual
circunstancia, disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó
que dichos grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho
diferentes debido a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre
cónyuges separados de hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que,
encontró que no se superaba el criterio de comparación del juicio de igualdad,

13 sentencia C-336 de 2014

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Demandante: Ricardo Calderón

para llegar a tal conclusión señaló las siguientes razones:

«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un
diferente plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si
bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de
haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar
por terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los
derechos que de este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de
hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen
los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por
lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su
calidad de beneficiario.

73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de
hecho.

74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma
bajo estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del
causante, no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en
consideración a los efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este
punto, el artículo 1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de
bienes subsista, y a falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por
los bienes establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por
dos tipos de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber
absoluto incluyen las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los
salarios, honorarios, prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones,

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Demandante: Ricardo Calderón

indemnizaciones y, en general, todos aquellos otros dineros derivados del trabajo o de
las actividades productivas (numeral 1° del mencionado artículo). Luego, cuando la
sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser
parte de la masa patrimonial, razón por la que se extingue el derecho para sustituir al
causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de recibir una eventual
prestación pensional, según corresponda. Por ello, no es posible que, en materia de
acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y fáctico que el cónyuge separado de
hecho con sociedad conyugal vigente.» (sic)

28. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para
reclamar el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación
de hecho o la interrupción temporal de la cohabitación, no son causales legales de
terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue
el derecho a la sustitución pensional.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

2.3.1.1. Documentales

29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

29.1. Ricardo Calderón nació el 26 de enero de 1945.

29.2. Alba Marina Garavito Fonseca nació el 26 de noviembre de 1947 y falleció el
17 de febrero de 2004.

29.3. Registro civil 003232 en el que consta que Alba Marina Garavito y Víctor
Manuel Vélez Martínez contrajeron matrimonio el 5 de enero de 1980. En este
documento obra anotación, según la cual «por escritura No. 2438 de fecha septiembre
de 6 de 1980 de la Notaría 19 del Círculo de Bogotá, se disolvió y liquidó la sociedad
conyugal formada por Víctor Manuel Vélez Martínez y Alba Marina Garavito Fonseca».

29.4. Mediante Resolución 00630 del 12 de febrero de 2003, el representante del
Ministerio de Educación Nacional ante el departamento de Cundinamarca le

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Demandante: Ricardo Calderón

reconoció a Alba Marina Garavito Fonseca pensión de jubilación, a partir del 27 de
noviembre de 2002.

29.5. A través de la Resolución 000700 del 11 de marzo de 2004, Alba Marina
Garavito Fonseca fue retirada del servicio por fallecimiento.

29.6. Hoja de registro 162331 de la Clínica Marly S.A., en la que consta que el 30
de noviembre de 2001 fue ingresada Alba Marina Garavito Fonseca en la que se
indica como persona responsable Ricardo Calderón. Esta fue firmada [ilegible] y
con la cédula de ciudadanía 52.516.770 de Bogotá.

29.7. Certificaciónde «pagos de giros» expedido por el administrador de la
Compañía de Financiamiento Comercial – Filial de Multibank Inc., a través del cual
se hace constar que Alba Marina Garavito Fonseca en el periodo comprendido
entre el 6 de agosto de 1999 y el 2 de noviembre de 2002 cobró 142 giros por un
valor total de 15.553,51 dólares. En todos fueron remitidos por Ricardo Calderón
desde la ciudad de Nueva York.

29.8. El 23 de julio de 2012, el demandante radicó ante la Secretaría de Educación
del departamento de Cundinamarca un oficio en el que manifestó que se oponía
«a la sustitución de pensión que ha solicitado el señor: Víctor Manuel Vélez Martínez».
En respuesta de lo anterior, la entidad territorial profirió el oficio 055248 del 19 de
octubre de esa anualidad, en la que le indicó que la prestación fue sustituida a los
hijos de la causante y no a Víctor Manuel Vélez Martínez.

29.9. Acta de declaración juramentada en la cual consta que Enciso Toquica Édgar
Helí manifestó que había conocido a Alba Marina Garavito Fonseca, quien
convivió con Ricardo Calderón en unión libre «desde 1992 hasta el día de su
fallecimiento».

29.10. Declaración extra proceso del 19 de noviembre de 2011, en la cual María de
los Ángeles Gordillo Bohórquez manifestó que había conocido a Alba Marina
Garavito Fonseca durante 7 años, tiempo durante el cual tuvo conocimiento que
convivió en unión libre con Ricardo Calderón, «desde 1992 hasta el día de su
fallecimiento».

29.11. Declaración extra proceso mediante la cual Gloria Isabel Tovar Castrillón y
María Lorenza Rojas Sarmiento manifestaron que conocían a Alba Marina
Garavito Fonseca quien hasta el día de su fallecimiento era casada con sociedad
conyugal disuelta con Víctor Manuel Vélez Martínez.

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29.12. Mediante oficio del 28 de agosto de 2017, la directora de personal de
instituciones educativas de la Secretaría de Educación del departamento de
Cundinamarca indicó que la última dirección reportada por Alba Marina Garavito
Fonseca era «carrera 29A 22A – 46 MZ. G INT 4 AP 401».

29.13. Con Oficio 20227032085201 del 12 de octubre de 2022, el oficial de
migración informó que entre el 1° de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004
Ricardo Calderón registró los siguientes movimientos migratorios:

F. Viaje Dest./Proc. P. Control I/E
31/05/1999 SJOCR 1 E
05/05/2000 NEWUS 1 I
05/07/2000 NEWUS 1 E
25/10/2001 ATLANTA Aeropuerto el Dorado I
02/03/2002 ATLANTA Aeropuerto el Dorado E
16/02/2004 ATLANTA Aeropuerto el Dorado I
14/03/2004 NEWARK Aeropuerto el Dorado E
I/E: Inmigración (ingreso al país) o Emigración (salida del país)

29.14. El 22 de noviembre de 2011 solicitó la sustitución de la pensión causada por
Alba Marina Garavito Fonseca, la cual fue negada por la Secretaría de Educación
del departamento de Cundinamarca mediante la Resolución 000335 del 23 de
febrero de 2012. En las consideraciones de este acto administrativo se señaló:

«Que según radicado número 20040936 del 31 de agosto de 2004, ALBA PAOLA VÉLEZ
GARAVITO […] y VÍCTOR MANUEL VÉLEZ GARAVITO […] en calidad de hijos mayores
estudiantes solicitaron el reconocimiento de la sustitución de la pensión de jubilación
de la docente ALBA MARINA GARAVITO FONSECA […]

Que la mencionada sustitución fue reconocida mediante la Resolución número 034 de
21 de febrero de 2005 a los señores ALBA PAOLA VÉLEZ GARAVITO y VÍCTOR MANUEL
VÉLEZ GARAVITO, con base a los requisitos acreditados como beneficiarios al momento
de la solicitud de la pensión de jubilación de la docente ALBA MARINA GARAVITO
FONSECA […]

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no es dable reconocer y ordenar el pago
de sustitución de la pensión de jubilación solicitada por el señor RICARDO CALDERÓN
[…]»

2.3.1.2. Testimoniales

30. Álvaro Antonio Pineda Niño: actualmente trabaja en el conjunto residencial en
el que residían Alba Marina Garavito Fonseca y Ricardo Calderón a quienes desde
el año 1992 les hacía trabajos de plomería y electricidad y el pago de esas labores
lo recibía de los dos. Desde ese año prestaba sus servicios en la manzana del

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Demandante: Ricardo Calderón

lado de aquella en la que se encontraba ubicado el mencionado inmueble, data
desde la cual los conocía.

30.1. La causante y el demandante convivían junto con los 2 hijos de ella y que
entre ellos existía comunidad de vida permanente, lo cual le constaba porque los
veía todos los días cuando hacia los trabajos y «veía todos los días a don Ricardo del
apartamento, y él entonces tenía su carro ahí y el parqueadero y todos los días entraban y
salían» [sic]. Asimismo, no conocía si entre ellos existía dependencia económica.

31. Julio César Guevara Garavito, sobrino de la causante: convivió con ella desde
el año 2000 hasta la fecha de su fallecimiento, periodo durante el cual no
evidenció que tuviera una relación o convivencia con Ricardo Calderón y que con
la causante solo convivían sus 2 primos y él. Conoció al demandante porque era
amigo de su papá y el propietario del inmueble en el que vivía su tía, quien era la
que económicamente sostenía el hogar e incluso lo apoyaba con los gastos de sus
estudios.

31.1. Durantelos periodos en los que estuvo hospitalizada su tía, la visitaba
frecuentemente, sin embargo, no recordó que hubiese ingresado a la Clínica
Marly. No conoció a Álvaro Antonio Pineda Niño.

32. Jaime Andrés Guevara Garavito, sobrino de la causante y hermano de Julio
César Guevara Garavito: visitaba con frecuencia a su tía, porque tenían una
relación cercana, por lo que le constaba que ella vivía con sus 2 hijos y su perrito
«Copito», y nunca tuvo conocimiento que entre ella y Ricardo Calderón existiese
una relación sentimental. Todos los gastos del hogar eran sufragados por la
causante.

32.1. Conoció al demandante porque era conocido de la familia y el propietario del
inmueble en el que vivía su tía. En relación con su hermano, precisó que vivía con
su mamá y que sus estudios eran costeados con la pensión de su papá y que, en
ocasiones, él lo apoyaba económicamente. Sin embargo, su hermano en
ocasiones visitaba a Alba Marina Garavito Fonseca y «a veces se quedaba allá para
ver a los amigos, pero de resto nadie más».

33. María de los Ángeles Gordillo Bohórquez: empleada de servicios generales
del bloque en el que se encontraba ubicado el inmueble en el que residían Alba
Marina Garavito Fonseca y Ricardo Calderón, labor que desempeñó desde el año
1988. Dijo que tenía conocimiento de que ellos convivían con los hijos de la
causante, porque los veía salir de la casa juntos y compartir en su apartamento,
por lo que se veían como «una familia formal».

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Demandante: Ricardo Calderón

34. Ricardo Calderón: conoció a Alba Marina Garavito Fonseca cuando él cursaba
el primer semestre de la universidad y ella sexto año de bachillerato, periodo en el
que iniciaron una relación sentimental que se extendió entre los años 1967 y 1970,
aproximadamente. Esta relación terminó cuando él decidió irse a vivir a Estados
Unidos por la situación económica que vivía en el país.

34.1. Después de mucho tiempo, por intermedio de su hermana, se reencontraron e
iniciaron nuevamente una relación de noviazgo y, en el año 1992, con ocasión de
la difícil situación económica que atravesaba la causante, le permitió que viviera
con sus hijos en el inmueble que tenía en el barrio Usatama.

34.2. En el año 1997, la causante comenzó a presentar problemas de salud, razón
por la que en el año 2001 la llevó a la Clínica Marly en donde le efectuaron un
procedimiento que fue todo un éxito, pese a lo cual, le dieron el diagnóstico de
cáncer de colon. En esa oportunidad, él asumió los gastos médicos y con
posterioridad fue trasladada a la Clínica Fundadores con el fin de que iniciara con
las quimioterapias. Era él quien la llevaba a las citas médicas.

34.3. Desde el momento en el que se reencontraron, ella dependía
económicamente de él porque siempre tuvo problemas económicos. De otra parte,
un mes antes de su fallecimiento perdió comunicación con ella porque estaba muy
delicada de salud, por lo que regresó a Colombia el 16 de febrero de 2004, un día
antes de que falleciera y esa fue la última vez que la vio, sin embargo, durante
toda su enfermedad él asumió todos los gastos sin recibir ayuda de ningún
familiar.

2.4. Análisis sustancial

35. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
negó las pretensiones de la demanda porque el demandante no logró acreditar
que entre él y Alba Marina Garavito Fonseca hubiese existido una comunidad de
vida permanente con voluntad clara y consciente de conformar una familia durante
los últimos 5 años de vida de la causante.

36. Ricardo Calderón solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al
considerar que esta se sustentó en una «inadecuada motivación al no tener en
cuenta, y valorar los hechos, pruebas y razones de derecho presentadas […] durante el
trámite procesal» [sic], toda vez que estos permiten tener certeza de la existencia
de la convivencia, cuidado mutuo y una comunidad de vida entre él y la causante,
«lo que se traduce a un proyecto de vida en común».

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37. De acuerdo con los antecedentes del presente asunto, se advierte que el
demandante pretende le sea sustituida la pensión causada por Alba Marina
Garavito Fonseca, a la cual estimó tenía derecho por encontrarse en el supuesto
previsto en el artículo 47.a) de la Ley 100 de 199314, según el cual tendrá derecho
a esta, entre otros, el compañero permanente que acredite «que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte».

38. Para acreditar el referido requisito de la convivencia, el recurrente aportó: i) hoja
de registro de la Clínica Marly en la que él obra como responsable de la causante
y ii) certificado según el cual, entre el 6 de agosto de 1999 y el 2 de noviembre de
2002, Alba Marina Garavito Fonseca recibió del demandante 142 giros
equivalentes a 15.553,51 dólares.

39. Con igual propósito en la audiencia de pruebas fueron recibidos los testimonios
de Álvaro Antonio Pineda Niño y María de los Ángeles Gordillo Bohórquez,
empleados con funciones de mantenimiento y servicios generales en la propiedad
horizontal en la que residió la causante, quienes coincidieron en que Alba Marina
Garavito Fonseca y Ricardo Calderón convivieron en esa propiedad desde el año
1992 con los hijos de ella, de lo cual tuvieron conocimiento porque los veían entrar
y salir juntos.

40. Alrespecto, se precisa que para esta Subsección los anteriores elementos
probatorios no son suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de
convivencia exigido para efectos de la sustitución pensional pretendida en el
presente asunto, por las razones que se explican a continuación:

40.1. Los documentos y testimonios antes mencionados no dan certeza de que
entre la pensionada y el demandante hubiese existido una convivencia
permanentemente, responsable y un apoyo mutuo o, como es el caso del sub
judice, pese a la distancia dichas características se mantuvieran entre los
compañeros, por lo menos, durante los últimos 5 años de vida de la causante de la
prestación.

40.2. Lo anterior, toda vez que, si bien Álvaro Antonio Pineda Niño y María de los
Ángeles Gordillo Bohórquez manifestaron que la convivencia se mantuvo hasta el
fallecimiento de Alba Marina Garavito Fonseca, de lo que tuvieron conocimiento
porque los veían entrar y salir juntos de la vivienda, esto no coincide con el

14 Modificado por la Ley 797 de 2003.

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certificado de migración [párrafo 19.13.], según el cual, entre el 17 de febrero de
1999 y el 17 de febrero de 2004 [5 años antes del fallecimiento] Ricardo Calderón
solo estuvo en el país durante 9 meses y 10 días, así: i) entre el 17 de febrero de
1999 y el 31 de mayo de 1999; ii) entre el 5 de mayo de 2000 y el 5 de julio de
2000; iii) entre el 25 de octubre de 2001 y el 2 de marzo de 2002; y iv) entre el 16
de febrero de 2004 y el 17 de febrero de 2004.

40.3. Así las cosas, si el sustento de lo dicho por los testigos se basó en que los
veían salir y entrar de la vivienda, esto solo serviría para acreditar una convivencia
por el referido periodo de 9 meses y 10 días, tiempo insuficiente para el
reconocimiento pretendido. Aunado a lo anterior, resta credibilidad a los
manifestado por los declarantes, el que ellos dijeran que fueron testigos de que la
convivencia se mantuvo hasta el fallecimiento de la pensionada, lo que dista de la
realidad, porque, después del 2 de marzo de 2002 y la fecha del referido
acontecimiento, solo estuvo en el país durante 2 días, cuando, según lo
manifestado por el demandante, ella se encontraba «agonizando». En conclusión,
los declarantes no se situaban en circunstancias de tiempo, modo y lugar que les
permitieran dar fe de la forma en la que vivía el demandante, pues, residían en
países diferentes.

40.4. Adicionalmente el apelante pretendía soportar la existencia del apoyo mutuo y
la dependencia económica que la causante tenía de él con el certificado de los
giros que le envió desde Estados Unidos, sin embargo, estos tampoco son
suficientes para concluir que es acreedor de la sustitución, en tanto, el último giro
que Alba Marina Garavito Fonseca recibió fue el 2 de noviembre de 2002, lo que
permitiría concluir que, si esta es la prueba del apoyo mutuo, este finalizó en la
mencionada fecha, por lo que la comunidad de vida no se extendió durante el
periodo exigido por el ordenamiento jurídico, este es, 5 años antes del
fallecimiento.

40.5. Ahora bien, en cuanto a la hoja de registro de la Clínica Marly en la que se
registró al demandante como responsable de la causante, aunque podría
constituirse en un indicio de que en algún periodo existió entre ellos una relación
de apoyo, este documento no tiene la entidad para concluir que esto se mantuvo
hasta el fallecimiento de la pensionada. Aunado a esto, llama la atención que,
pese que era el responsable, el registro de ingreso a la clínica hubiese sido
suscrito por la Alba Paola Vélez Garavito, a quien le corresponde la cédula
52.516.770 que se registra debajo de la firma ilegible de quien recibió la
información.

41. A través del recurso de apelación, se cuestionó que el tribunal de primera

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instancia no tuviera en cuenta la mala fe con la que actuaron los litisconsortes
necesarios, quienes quieren desconocer el derecho del cual era acreedor, «por lo
intereses privados que estos tienen con relación a la pensión de sobreviviente, que dicen
ellos le pertenecen a su progenitor y exconyuge de la causante» [sic], lo que se
evidenció en la contradicción que se presentó en lo dicho por los testigos por ellos
solicitados.

42. En relación con el anterior reproche, revisado el material probatorio no se
advierte la supuesta mala fe con la que actuaron los litisconsortes, puesto que, si
bien en la contestación de la demanda, Alba Paola Vélez Garavito afirmó que
quien tenía derecho a la sustitución era su padre, ciertamente no se evidenciaron
esfuerzos probatorios con ese propósito, incluso, los testigos solicitados por ella,
manifestaron que Alba Marina Garavito Fonseca vivía con sus hijos, sin hacer
referencia a que ella tuviera alguna relación sentimental. Adicionalmente, se
aportó al expediente el registro civil de matrimonio en el que consta que la
sociedad conyugal entre la causante y el padre de sus hijos se encontraba disuelta
y liquidada desde el año 1980.

43. En cuanto al reproche efectuado por el demandante frente a la falta de
valoración de las incongruencias en que pudieron haber incurrido los testigos, se
advierte que, contrario a lo señalado, el tribunal sí tuvo en cuenta las
contradicciones en las que incurrieron. En efecto, señaló que «los testigos traídos
por la Litis consorte necesario, aunque fueron contradictorios en algunos hechos de sus
declaraciones, coincidieron en manifestar que los señores Ricardo Calderón y Alba
Marina Garavito no convivieron y que tampoco existía una relación sentimental entre
ellos» [sic].

44. Esdecir, que después de analizar en su integridad las distintas versiones,
asociadas a lo consignado en el certificado de migración, concluyó que durante los
5 años anteriores al fallecimiento de la causante el demandante no vivía en
Colombia, y por lo tanto no vivían bajo el mismo techo o que, a pesar de no
compartirlo, se evidenciara una verdadera relación de compañeros permanentes.

45. De otra parte, en relación con la valoración del hecho de que la causante viviera
en un inmueble de su propiedad, porque «en las circunstancias más obvias si la
causante era quien vivía en el inmueble del señor CALDERÓN, y si no hubiesen tenido
relación alguna era esta quien debía pagar por lo menos un arriendo, pero por el contrario
ni los litisconsortes ni los testigos establecieron situación de pago alguno por parte de la
causante […]». Al respecto, como lo manifestaron los testigos, si bien el inmueble
en el que vivió la causante durante los últimos años de su vida era propiedad del
demandante, este hecho, por si solo, no era suficiente como para concluir que esa
decisión entre ellos se dio como consecuencia de la voluntad de la pareja de

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón

establecer, constituir y mantener una familia, toda vez que es la protección de esta
última, como núcleo esencial de la sociedad, lo que se propende con la figura de
la sustitución pensional.

46. En ese orden, esta Sala observa que la decisión del a quo no se sustentó solo
en lo dicho en las pruebas aportadas por la litisconsorte sino en que el
demandante no había logrado acreditar fehacientemente que entre él y Alba
Marina Garavito Fonseca hubiese existido una verdadera comunidad de vida. Se
precisa que, aunque, como lo ha sostenido esta Corporación15 «la convivencia no se
refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro », en el sub
judice tampoco se acreditó la existencia de un acompañamiento espiritual, moral y
económico, ni el apoyo mutuo, ni la vocación de estabilidad y permanencia de
este.

47. Finalmente, si bien la entidad de previsión sustentó su decisión de negar la
sustitución pensional en el hecho de que la pensión había sido sustituida
previamente a los hijos de la causante, lo cual es contrario al ordenamiento
jurídico, en la medida en que no era un argumento suficiente como para negar el
derecho a quien lo reclama aduciendo la calidad de, en este caso, compañero
permanente, lo cierto es que el legislador no estableció de manera expresa que
los hijos y cónyuges o compañeros permanentes se excluyeran entre sí, al
contrario, la redacción del artículo 47 de la Ley 100 de 199316 permite concluir que
tienen igual derecho, siempre que en cada caso se acrediten los presupuestos
exigidos por el legislador para su reconocimiento.

48. No obstante, se advierte que esto no es razón suficiente para declarar la
nulidad, porque, ciertamente, como se concluyó en el acto demandado, Ricardo
Calderón no tenía derecho a la sustitución de la pensión causada por Alba Marina
Garavito Fonseca, toda vez que no acreditó los requisitos establecidos por el
legislador para esos efectos.

49. Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, negó las pretensiones de la demanda presentada por Ricardo Calderón.

2.5. Costas

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2012.
Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
16 Modificada por la Ley 797 de 2003.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón

50. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.17

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta
instancia.

3. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Ricardo Calderón no
acreditó una convivencia con Alba Marina Garavito Fonseca durante los 5 años
anteriores a su fallecimiento, en calidad de compañero permanente. Así las cosas,
no tenía derecho a la sustitución de la pensión causada por ella.

17En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04480-01 (2474-2023)
Demandante: Ricardo Calderón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1° de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de
la cual negó las pretensiones formuladas por Ricardo Calderón.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMC

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