Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04591-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04591-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04591-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: CECILIA COBOS DE GARCÍA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Temas: Reliquidación pensión de jubilación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y se ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación de la demandante.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, Cecilia Cobo de García presentó una demanda en orden a que se
declare la nulidad de la Resolución RDP 002812 del 26 de enero de 2015, por la
cual se denegó la solicitud de reliquidación de la pensión reconocida mediante
Resolución 42279 del 2 de diciembre de 1993 y de la Resolución RDP 015728 del
1 Ff. 110 a 136.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
22 de abril de 2015, que confirmó la anterior decisión al resolver el recurso de
apelación interpuesto por la peticionaria, ambas expedidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordene a la entidad demandada a: i) reliquidar la pensión reconocida
mediante Resolución 42279 del 2 de diciembre de 1993 con el cómputo de todos
los factores salariales recibidos en el último año de servicio (del 1.° de enero al 31
de diciembre de 2001), en los términos previstos por las leyes 33 y 62 de 1985 y por
la sentencia emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto
de 2010; ii) pagar todas las mesadas causadas y no canceladas, incluso las
adicionales de junio y diciembre, desde el 1.° de diciembre de 1993; iii) indexar los
valores producto de las diferencias de la reliquidación; iv) pagar los intereses
moratorios causados; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Cecilia Cobos de García nació el 17 de noviembre de 1937. Se vinculó al
Instituto Pedagógico Nacional, adscrito a la Universidad Pedagógica
Nacional, el 10 de agosto de 1971 y se retiró el 31 de diciembre de 2001.
Durante dicho lapso, las cotizaciones a pensión las realizó a Cajanal.
• Mediante Resolución 042279 del 2 de diciembre de 1993, Cajanal le
reconoció una pensión de jubilación, según lo dispuesto por la Ley 33 de
1985.
• El 17 de noviembre de 2006, la demandante solicitó la reliquidación de la
pensión, petición que fue negada por la Resolución 44231 del 21 de
septiembre de 2007. Sin embargo, a través de la Resolución 30427 del 4 de
julio de 2008, Cajanal revocó las resoluciones 44231 del 21 de septiembre
de 2007 y 042279 de 2 de diciembre de 1993, para reconocer una pensión
según lo regulado por los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, por
encontrar que resultaba más favorable a la peticionaria.
• El 23 de septiembre de 2014, Cecilia Cobos de García presentó una nueva
solicitud de reliquidación pensional con inclusión de la totalidad de factores
salariales que devengó en el último año de servicio. La petición fue negada
por la UGPP, por medio de las resoluciones RDP 002812 del 26 de enero y
RDP 015728 del 4 de mayo, ambas de 2015.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
Como tales, se señalaron los artículos 2, 11, 13, 23, 25, 29, 46, 48, 53, 58 y 125 de
la Constitución Política; 11, 36, 46, 47, 48 y 288 de la Ley 100 de 1993; 10, 138, 102
y 269 de la Ley 1437 de 2011, así como las leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 2277
de 1979.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
• Los actos demandados están falsamente motivados, toda vez que tiene
derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con el 75% de un ingreso
base de liquidación calculado con todos los factores salariales que recibió
durante el último año de labor, a saber: asignación básica, vacaciones, prima
de navidad, prima docente y subsidio de alimentación, en aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y las leyes 33 y 62 de 1985.
• Para liquidar la prestación que le fue reconocida, se debe observar el
principio de favorabilidad, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en las sentencias C-539 y C- 634, ambas de 2011, y
del Consejo de Estado, en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 25
de febrero de 2016.
1.2. Contestación de la demanda3
La UGPP se opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
• La entidad reconoció el derecho pensional de la demandante según lo señalado
por la Ley 100 de 1993, con fundamento en el principio de favorabilidad. De acuerdo
con la citada norma, la tasa de reemplazo que le corresponde a la peticionaria es
del 85% que se aplicó al promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio. La mesada así calculada es superior a la que resulta de la liquidación
efectuada en los términos de la Ley 33 de 1985 que era la norma aplicable a la
solicitante t al consolidar el estatus jurídico antes de la entrada en vigor del Sistema
General de Seguridad Social.
• Los actos demandados están ajustados a la legalidad, puesto que, de acceder a
la reliquidación reclamada por Cecilia Cobos de García con base en la Ley 33 de
1985, bajo los parámetros definidos por la Corte Constitucional en las sentencias C-
258 de 2013 y SU-230 de 2015, se desmejora la cuantía de la pensión, lo cual
resulta «ostensiblemente nocivo» a los derechos de la demandante.
• No se desconoce la interpretación efectuada por el Consejo de Estado en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual los destinatarios del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 tienen derecho a que la pensión se les liquide con inclusión
3 Ff. 152 a 159.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de labor; sin
embargo, se debe atender el precedente de la Corte Constitucional contenido en las
sentencias C- 258 de 2013 y SU-230 de 2015 en las que se indicó que el ingreso
base de liquidación no es un aspecto objeto de la transición sino que se regula por
lo dispuesto en la misma Ley 100 de 1993, dado el carácter prevalente de estos
pronunciamientos sobre el ejercicio de las funciones administrativas y judiciales.
Seguidamente, propuso como excepción previa «no comprender la demanda a
todos los litisconsortes necesarios» y, de fondo, las siguientes: «falta de causa e
inexistencia de la obligación», buena fe, prescripción, «legalidad de los actos
administrativos demandados», genérica, compensación y cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 27 de abril de 2021, se pronunció respecto de las
pretensiones de la demanda, así:
• Declaró la nulidad de las resoluciones RDP 002812 del 26 de enero y RDP
015728 del 22 de abril de 2015, expedidas por la UGPP.
• Ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de la demandante en el 75% del
salario promedio del último año de servicio «anterior a la adquisición del
status pensional» con inclusión únicamente de la asignación básica.
• Ordenó pagar las diferencias que resulten entre la liquidación que se efectúe
y los valores que ya fueron cancelados a la pensionada, debidamente
actualizadas.
• Declaró probada la excepción de prescripción de las sumas causadas antes
del 23 de septiembre de 2011.
• No condenó en costas.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• La demandada adquirió el estatus pensional el 17 de noviembre de 1992 de
acuerdo con la Ley 33 de 1985. Por ende, tiene derecho a que la pensión se liquide
en el 75% de la asignación básica que devengó en el último año de servicio, puesto
que este es el único factor que recibió y que se encuentra en la relación contenida
en la Ley 62 de 1985, tal y como lo reconoció la entidad en la Resolución 042279
del 2 de diciembre de 1993.
• En la Resolución 10618 del 10 de junio de 2003, Cajanal calculó la reliquidación
de la prestación por retiro de la docente, pero advirtió que se disminuía la mesada
que ya venía devengando. Por este motivo mantuvo la mesada inicialmente
otorgada.
4 Ff. 305 a 322 vto.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
• Si bien es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, también
es cierto que tiene derecho a que se le aplique esta última, por cuanto continuó
laborando y efectuó aportes para pensión después de su entrada en vigor. En
efecto, mediante la Resolución 30427 del 4 de julio de 2008, la entidad reliquidó la
pensión de acuerdo con los artículos 34 y 288 de la Ley 100 de 1993, con una tasa
de reemplazo del 85%, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicios y teniendo únicamente como factor salarial la asignación básica, de
acuerdo con el Decreto 1158 de 1994.
• No es viable acceder a la pretensión de reliquidación de la pensión con base en la
totalidad de factores salariales devengados por Cecilia Cobos de García, en
consideración a que solo se pueden computar los dispuestos en las normas vigentes
sobre los cuales se efectuaron aportes, ya sea en aplicación de la Ley 33 de 1985
o de la Ley 100 de 1993, según el período de liquidación que regule cada régimen.
• Por otra parte, de la comparación de los valores que resultan de las liquidaciones
efectuadas por la entidad en las resoluciones 042279 del 2 de diciembre de 1993
(con Ley 33 de 1985) y 30427 del 4 de julio de 2008 (con Ley 100 de 1993), se
advierte que era más favorable la contenida en la primera. Ciertamente, de las
pruebas allegadas, se advierte que la entidad informó que la mesada pensional de
la demandante disminuyó a partir de mayo de 2010, al darse aplicación a la
Resolución 30427 del 4 de julio de 2008. Por lo tanto, no es cierto que se haya
atendido el principio de favorabilidad al aplicar la última de las citadas resoluciones,
pues afecta los intereses de la pensionada.
• En consecuencia, se debe mantener la liquidación efectuada en la Resolución
042279 de 1993, que calculó la mesada con el salario promedio del último año de
servicio anterior al estatus pensional, teniendo en cuenta únicamente la asignación
básica.
• Comoquiera que la petición de reliquidación fue radicada el 23 de septiembre de
2014, están prescritas las sumas adeudadas causadas con anterioridad al 23 de
septiembre de 2011.
1.4. El recurso de apelación5
La UGPP interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia
de primera instancia, con sustento en los siguientes argumentos:
• En el caso de Cecilia Cobos de García le resulta más favorable la liquidación de la
pensión efectuada con base en la Ley 100 de 1993. Es así, por cuanto el cálculo se
realiza con una tasa de reemplazo del 85% del promedio de los factores salariales
5 Ff. 332 a 333 vto.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
que sirvieron de base para las cotizaciones devengados en los últimos 10 años de
labor y esta liquidación se efectuó a petición de la interesada. Por su parte, la Ley
33 de 1985 implica que la mesada se determine con el 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. En ambos
eventos el único factor que se debe computar es la asignación básica.
• La mesada liquidada con la Ley 100 de 1993 es superior a la que resulta de la
aplicación de la Ley 33 de 1985, por lo tanto, la orden impartida por la providencia
apelada conlleva el detrimento de los intereses de la pensionada.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes no intervinieron en esta instancia6.
1.6. El Ministerio Público
El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
1.7. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7
La ANDJE intervino para solicitar que no se acceda a la reliquidación de la mesada
pensional de la demandante con el promedio de lo devengado en el último año de
servicio y tampoco se ordene incluir factores salariales sobre los cuales l no efectuó
el respectivo aporte.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿En aplicación del principio de favorabilidad, la pensión de Cecilia Cobos de García
debe liquidarse en el 75% del promedio de los salarios que recibió en el último año
anterior al estatus pensional, con inclusión de los factores que sirvieron de base
para los aportes, de acuerdo con la Ley 33 de 1985, o en el 85% del promedio de
los factores salariales sobre los cuales se efectuaron aportes, en los últimos 10 años
de labor, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993?
2.2. Marco normativo
El principio de favorabilidad en materia pensional
6 El trámite en segunda instancia se desarrolló de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247
del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
7 Índice 3 de SAMAI.
6
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
El ordenamiento jurídico colombiano ha adoptado la favorabilidad como una regla
hermenéutica para la aplicación de las fuentes formales del derecho en materia
laboral. Algunos de sus referentes normativos se ubican en los artículos 21 8 del
Código Sustantivo Laboral9, que prevé «En caso de conflicto o duda sobre la aplicación
de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador, La norma que se
adopte debe aplicarse en su integridad», y 53 de la Constitución Política de 1991 que
lo incluye como un principio mínimo fundamental del trabajo.
La jurisprudencia constitucional10 ha acudido al principio en mención como criterio
de interpretación para determinar el compendio normativo o el sentido de una regla
jurídica que debe cobijar una situación particular frente a una determinada
prestación. En materia pensional, se constituye en « imperativo constitucional de
aplicación directa»11 para las autoridades administrativas y judiciales al decidir sobre
los derechos emanados del Sistema General de Seguridad Social.
Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha acudido en numerosas
oportunidades al principio de favorabilidad como regla para decidir sobre la
aplicación de las normas que regulan los derechos laborales y prestacionales de los
servidores públicos12.
En lo que es relevante para el asunto bajo examen, la Ley 100 de 1993 también
atiende el mandato de favorabilidad. En efecto, en el artículo 288 señala:
«ARTÍCULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente
Ley y en Leyes anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario
público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la
presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime
favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma
materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.»
Ahora bien, el principio de favorabilidad tiene cabida como criterio de interpretación
cuando se configura alguno de los siguientes supuestos: i) cuando una norma
admite más de una interpretación; o ii) cuando subsisten varias fuentes formales de
derecho que regulen la misma situación fáctica, que se encuentran vigentes al
momento en el que se causa el derecho y exista duda sobre cuál se debe aplicar.
8 «En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.»
9 Decreto ley 2663 del 5 de agosto de 1950
10 Ver sentencias T-1319 de 2001, T-235ª de 2002, C-04 de 2003, C-401 de 2005.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-273 de 2022.
12 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 1.° de marzo de 2018,
radicación: 680012333000201500965 01 (3760-2016); del 12 de abril de 2018, radicación:
810012333000201400012 01 (1321-2015); 4 de octubre de 2018, radicación:
050012333000201300741-01 (4648-2015).
7
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
De presentarse alguna de las situaciones descritas, el intérprete o el funcionario que
debe decidir un asunto sometido a su conocimiento debe resolver con fundamento
en la norma o la interpretación, según el caso, que resulte más favorable al
trabajador. Para el efecto, se debe precisar que el texto normativo que ha de definir
la situación particular debe atenderse en su integridad, condición que se conoce
como el principio de inescindibilidad o conglobamiento13. Esta limitante impide la
aplicación parcial de varias disposiciones para edificar una nueva que incorpore los
componentes más beneficiosos de las normas que se ponderan, pues ello estaría
asumiendo una labor propia del legislador14.
2.3. Caso concreto
En relación con el problema jurídico planteado, se encuentra acreditado lo siguiente:
• Por medio de la Resolución 042279 del 2 de diciembre de 1993 15, Cajanal le
reconoció una pensión de jubilación a Cecilia Cobos de García, con sustento en lo
siguiente:
➢ Edad: cumplió 55 años el 17 de noviembre de 1992, puesto que nació el 17
de noviembre de 1937.
➢ Tiempo de servicio: laboró como docente en la Universidad Pedagógica
Nacional (Instituto Pedagógico Nacional) del 10 de agosto de 1971 hasta el
25 de agosto de 1992, para un total de 7576 días.
➢ Estatus jurídico de pensionada: 17 de noviembre de 1992.
➢ Liquidación de la prestación:
i) tasa de reemplazo: 75%;
ii) período IBL: últimos 12 meses (no informa fechas);
iii) factores salariales: asignación básica.
iv) valor de la mesada: $216.755.76;
v) efectividad: a partir del 17 de noviembre de 1992.
➢ Normas aplicadas: Ley 33 de 1985.
• El 10 de junio de 2003, Cajanal denegó la reliquidación de la pensión por retiro de
la demandante, por medio de la Resolución 1061816, en aplicación del principio de
13 Entre otras, ver sentencias de la Corte Constitucional T-001 de 1999, T-290 de 2005, T-599 de
2011, T- 350 de 2012, T-831 de 2014.
14 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 1995.
15 Ff. 13 y 14 del cuaderno principal.
16 Ff. 459 a 461 del expediente prestacional allegado en Cd que obra en el folio 150 del cuaderno
principal del expediente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
favorabilidad. Lo anterior en consideración a que la mesada calculada con lo
devengado en el año anterior al retiro ascendería a $946.806.75, mientras que,
para ese momento, recibía $1.037.073.15, según el reporte del Grupo de Nómina.
• Al expediente se allegaron certificados de pago de salarios expedidos por la
Universidad Pedagógica Nacional desde enero de 1992 hasta diciembre de 200117
en el que se observa que Cecilia Cobos de García tuvo una licencia no remunerada,
durante el último año. En efecto, durante esa anualidad ella devengaba
ordinariamente un sueldo de $1.293.970, pero, en el mes de septiembre, recibió
$690.117 por dicho concepto y en octubre no recibió pago alguno.
• El 17 de noviembre de 200618, Cecilia Cobos de García solicitó la reliquidación de
su prestación por retiro definitivo que se surtió a partir del 15 de enero de 2002, en
los siguientes términos:
«Que se reliquide, reajuste y pague la pensión mensual vitalicia de vejez reconocida
a la petente, mediante Resolución N.° 042279 del 2 de Diciembre de 1993, pero
cuyo retiro definitivo del servicio, se produjo 10 años después, razón por la cual
debió ser reliquidada con el 85% del promedio de lo devengado durante los 10
últimos años de servicio, según voces de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993,
donde se tengan en cuenta todos los factores salariales de liquidación que le
corresponden, por ser el del régimen de transición dispuesto en el Artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.»
• Cajanal denegó la anterior petición por Resolución 44231 del 21 de septiembre de
200719, decisión que revocó con la Resolución 30427 del 4 de julio de 200820, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, con fundamento en
lo siguiente:
➢ Tiempo de servicio: del 10 de agosto de 1971 al 14 de enero de 2002, total:
10955 días, equivalentes a 1565 semanas.
➢ Liquidación de la prestación:
i) tasa de reemplazo: 85%;
ii) período IBL: últimos 10 años (del 15 de enero de 1992 al 14 de enero
de 2002);
iii) factores salariales: asignación básica.
iv) valor de la mesada: $1.093.372.88;
v) efectividad: a partir del 15 de enero de 2002.
17 Ff. 44 a 53.
18 Ff. 21 a 24.
19 Ff. 16 a 20.
20 Ff. 25 a 28
9
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04591-02 (3469-2021)
Demandante: Cecilia Cobos de García
• La demandante solicitó en repetidas oportunidades el cumplimiento de lo resuelto
en el anterior acto y, ante el silencio de la entidad, presentó acción de tutela que fue
resuelta por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en sentencia
del 3 de febrero de 201021, y ordenó a la entidad pronunciarse sobre el objeto de la
petición. En el trámite del incidente de desacato, Cajanal22 informó que, según el
reporte de FOPEP de 25 de marzo de 2011, lo solicitado ya se encontraba cumplido.
• El 29 de marzo de 201023, el gerente del PAB Buenfuturo informó al apoderado de
la demandante su inclusión en nómina, de acuerdo con la Resolución 30472 de
2008. Por su parte, el FOPEP informó que la pensión reconocida por la Resolución
30427 del 4 de julio de 2008 fue reportada en la nómina en mayo de 201024.
• El FOPEP informó los valores históricos consignados a Cecilia Cobos de García
desde octubre de 1995 hasta septiembre de 201825. Igualmente, en los folios 67 a
83, obran desprendibles de pago de mesada pensional desde enero de 2009 hasta
junio de 2010. En dichos documentos se observa que la demandante recibió la suma
de $1.672.854.25 de enero a diciembre de 2009; $1.706.311.34 de enero a abril de
2010 y $1.671.102.75 de mayo a diciembre de 2010.
Valoración probatoria
Para abordar el análisis del presente asunto, conviene precisar que el 23 de
septiembre de 2014, Cecilia Cobos de García radicó escrito en el que pidió la
reliquidación de su pensión, en el 75% de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio, de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y la sentencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010. Es esta petición
la que dio lugar a la expedición de los actos demandados, resoluciones RDP 002812
del 26 de enero y RDP 015728 del 22 de abril de 2015, que denegaron lo pretendido
por la actora.
La sentencia de primera instancia declaró la nulidad de las mencionadas
resoluciones, por considerar que, aunque no es viable acceder a la reliquidación en
los términos expuestos por la demanda, advirtió que la mesada pensional que
actualmente devenga Cecilia Cobos de García se deriva de lo resuelto en la
Resolución 30427 del 4 de julio de 2008, que realizó el cálculo según los artículos
33 y 34 de la Ley 100 de 1993. De ahí que ordenó realizar una nueva liquidación en
el 75% de un IBL equivalente al «salario promedio del último año de servicios anterior a
la adquisición del status pensional, teniendo en cuenta como factor únicamente la
asignación básica devengada». En otras palabras, advirtió que era más favorable la
21 Ff. 100 a 102
22 Ff. 95 a 99.
23 Expediente prestacional contenido en el cd que obra en el folio 150 del expediente, documento
«99-Comunicación de respuestas a consultas-Apoderado».
24 Folio 224.
25 Ff. 35 a 39; 226 a 231; 259 y 260
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Demandante: Cecilia Cobos de García
fórmula aplicada en la Resolución 42279 del 2 de diciembre de 1993, entendimiento
que no comparte la UGPP en el recurso de apelación.
De las pruebas allegadas al expediente se concluye que el acto de reconocimiento
pensional de Cecilia Cobos de García, Resolución 042279 del 2 de diciembre de
1993, liquidó la prestación según los parámetros establecidos por la Ley 33 de 1985,
norma que regía su situación pensional, dado que consolidó el estatus jurídico el 17
de noviembre de 1992, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
Más adelante, con ocasión de su retiro del servicio, el 15 de enero de 2002, solicitó
la reliquidación de la prestación. Esta petición fue negada por la Resolución 10618
del 10 de junio de 2003, pues la mesada así calculada resultaba inferior a la que
venía devengando. La Sala observa que, ello se explica por el hecho de que,
durante el 2001, último año de labor, tuvo una licencia no remunerada por más de
un mes que impactó el ingreso base de liquidación correspondiente a ese período.
En respuesta a una nueva solicitud de reliquidación de la pensión, Cajanal expidió
la Resolución 30427 del 4 de julio de 2008, en la cual realizó el cálculo bajo los
parámetros de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. El resultado, en su
criterio, resultaba más favorable a la demandante, por ello procedió a revocar el acto
de reconocimiento inicial para conceder la prestación así liquidada.
Al respecto, los reportes del FOPEP, antes reseñados, permiten verificar que la
liquidación efectuada con arreglo a la Ley 100 de 1993 no es más favorable a la
beneficiaria de la prestación, por lo siguiente:
• Para el 15 de enero de 2002 (fecha de retiro), la mesada que venía devengando
la pensionada era la suma de $1.116.409, mientras que la Resolución 30427 de
2008 la reconoció en cuantía de $1.093.372.88.
• El FOPEP informó que el reporte en la nómina de la liquidación efectuada por la
Resolución 30427 de 2008 se realizó en mayo de 201026. En efecto, entre mayo y
abril de ese año, se advierte que la mesada pagada a la demandante pasó de
$1.706.311.34 a $1.671.102.75, es decir que se redujo.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia de primera instancia que ordenó la
reliquidación en los términos de las leyes 33 y 62 de 1985, en el 75% de la
asignación básica devengada en el año anterior al estatus pensional, pues quedó
demostrado que resulta más favorable para la demandante.
2.4. Costas
26 Folio 224.
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Demandante: Cecilia Cobos de García
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.27
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que resulta más favorable para
Cecilia Cobos de García que su pensión se liquide en el 75% del promedio de los
salarios que recibió en el último año anterior al estatus pensional, teniendo en
cuenta solo la asignación básica, único factor que sirvió de base para los aportes,
27En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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de acuerdo con la Ley 33 de 1985, que la aplicación de los artículos 33 y 34 de la
Ley 100 de 1993. Por lo tanto, se confirmará la sentencia proferida el 27 de abril de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
4. Manifestación sobre la renuncia de apoderado
No se aceptará la renuncia presentada por el abogado Jorge Fernando Camacho
Romero, identificado con C.C. 79.949.833 de Bogotá y T.P. 132.448 del C.S.J.,
como apoderado de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en el índice 11 de
SAMAI, comoquiera que no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 del
C.G.P., toda vez que no acompañó la comunicación enviada al poderdante en tal
sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. – No aceptar la renuncia presentada por el abogado Jorge Fernando
Camacho Romero, identificado con C.C. 79.949.833 de Bogotá y T.P. 132.448 del
C.S.J., como apoderado de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en el índice 11 de
SAMAI, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Demandante: Cecilia Cobos de García
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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