Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04630-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-04630-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04630-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04630-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04630-01 (3122-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Vinculado: AFP Porvenir
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Acción de lesividad – Reconocimiento pensión de
vejez
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia del 1° de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por intermedio
de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución N° GNR 161072 del 29 de
1
Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
2
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
junio de 2013, mediante la cual le reconoció una pensión de vejez a favor del
señor Roberto Ramírez Ocampo.
A título de restablecimiento del derecho
El demandante solicitó que se ordene al señor Roberto Ramírez Ocampo
devolver las sumas pagadas por concepto de pensión de vejez desde la fecha
de la inclusión en nómina de pensiones de la Resolución GNR 161072 del 29
de junio de 2013, hasta que se ordene la suspensión provisional o se declare
la nulidad.
La accionante pidió, además, ordenar a la EPS Sura devolver a Colpensiones
el valor girado por concepto de salud a favor del demandado, desde la fecha
de inclusión en nómina de pensionados de la Resolución GNR 161072 del 29
de junio de 2013, hasta que se ordene la suspensión provisional o se declare
la nulidad.
La parte actora, finalmente, solicitó indexar las sumas que se reconozcan a su
favor y el pago de intereses.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El señor Roberto Ramírez Ocampo solicitó ante Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de vejez el 10 de octubre de 2010.
Puso de presente que en el Comité de Múltiple Afiliación celebrado el 18 de
mayo de 2011 se decidió que el caso del demandado le correspondía a la AFP
Porvenir. Por lo tanto, mediante auto N° 23 de 28 de febrero de 2012 el ISS
resolvió devolver los documentos originales de la solicitud de reconocimiento
pensional del señor Ramírez Ocampo a esa entidad por ser de su
competencia.
Señaló que, por medio de la Resolución N° 31223 del 27 de septiembre de
2012 el ISS negó por falta de competencia la pensión de vejez solicitada por
3
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
el accionado, manifestando que presentó traslado al régimen de ahorro
individual.
Expuso que, sin haber tenido en cuenta los antecedentes, Colpensiones
expidió la Resolución N° GNR 161072 del 29 de junio de 2013, mediante la
cual reconoció al señor Roberto Ramírez Ocampo la pensión de vejez en
cuantía de $4.017.485, efectiva a partir del 7 de octubre de 2010, con
fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Contra la anterior decisión,
el demandado interpuso recurso de reposición, solicitando el pago del
retroactivo.
No obstante, sostuvo que a través de la Resolución N° GNR 237510 del 25 de
junio de 2014 decidió abstenerse de resolver el recurso de reposición
interpuesto y, en su lugar, le solicitó autorización al accionado para revocar la
Resolución N° GNR 161072 del 29 de junio de 2013, al verificar que desde el
22 de enero de 1996 se encontraba vinculado al régimen de ahorro individual
– Porvenir y no tenía traslado posterior al régimen de prima media, por lo que,
por error involuntario le reconoció la pensión de vejez con las semanas
cotizadas que tenía hasta el 31 de agosto de 1996.
Anotó que, el señor Ramírez Ocampo no autorizó la revocatoria de la
Resolución N° GNR 161072 del 29 de junio de 2013, por lo tanto, expidió la
Resolución N° GNR 412104 del 12 de noviembre de 2014 mediante la cual
resolvió remitir copia de dicho acto administrativo a la vicepresidencia jurídica
y a la secretaría general de Colpensiones, para los fines pertinentes.
Finalmente, indicó que, una vez revisado el sistema integral de información de
protección social –registro único de afiliados-, verificó que la única afiliación
del demandado al sistema general de pensiones es en el régimen de ahorro
individual.
1.2. Concepto de violación.
El apoderado del demandante señaló vulnerados el artículo 121 de la
4
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Constitución Política, los artículos 10, 12, 13 literal b, 16, 31 y 32 de la Ley 100
de 1993, la Ley 489 de 1998, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1299 de
1994.
Afirmó que, el señor Roberto Ramírez Ocampo escogió el régimen de ahorro
individual con solidaridad, aceptando con este solo hecho no ser beneficiario
de las pensiones especiales que se establecen para el régimen de prima media
con prestación definida; por lo que, la competencia para conocer y pagar la
prestación de vejez a la que tenga derecho recae en el fondo privado al que
se encuentre afiliado, y la cuantía dependerá de los aportes, el de sus
empleadores y sus rendimientos financieros.
Por lo anterior, concluyó que el demandado no podía ser beneficiario de la
pensión de vejez que le fue reconocida a través de la Resolución N° GNR
161072 del 29 de junio de 2013, toda vez que no hace parte del régimen de
prima media, razón por la cual, Colpensiones no tiene la competencia para
resolver sobre prestaciones que deban ser otorgadas por la administradora de
pensiones AFP Porvenir conforme al régimen de ahorro individual, resultando
el acto administrativo demandado contrario a lo dispuesto en la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1299 de 1994.
2. Contestación de la demanda.
2.1 El señor Roberto Ramírez Ocampo2, a través de apoderado judicial,
manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda y señaló que, el
demandado estuvo afiliado en el ISS desde el 1.º de marzo de 1971, cotizando
en una primera etapa un total de 662.42 semanas.
Indicó que, el accionado decidió trasladarse a la AFP Porvenir el 22 de febrero
de 1996, cotizando en dicha administradora 291,71 semanas.
2
índice 67 archivo 33 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00.
5
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Sostuvo que posteriormente, radicó solicitud de traslado al ISS a partir del mes
de julio del año 2001, de la cual no conserva copia, y efectuó aportes
ininterrumpidos en Colpensiones hasta el mes de julio del año 2010.
Adujo que, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 3995 de 2008, se
encontraba en una situación de múltiple vinculación, la cual no había sido
resuelta, pues solo fue definida a través del acta de comité de múltiple afiliación
del 18 de mayo de 2011, y entre el 1.º de julio y el 31 de diciembre de 2007 la
administradora a la que le había efectuado el mayor número de cotizaciones
era Colpensiones, conforme su historia laboral, sin que la decisión adoptada
le fuera notificada, en los términos establecidos en el artículo 10 del Decreto
3995 de 2008.
Por último, precisó que la pensión reconocida por parte de Colpensiones a
través del acto administrativo demandado fue recibida sin abuso del derecho
y de buena fe.
2.2 EPS Suramericana3, por medio de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y señaló que el demandado se encuentra afiliado
a esa EPS, y su estado es activo, en calidad de cotizante pensionado, por lo
que tiene la obligación de cotizar por los dos ingresos base que devenga como
pensionado, tal y como lo dispone el artículo 52 del Decreto 806 de 1998.
Señaló que la pretensión de reintegro del dinero que invoca la parte
demandante está llamada a fracasar, toda vez que los dineros que ha recibido
por concepto de cotizaciones son redirigidos al FOSYGA, quien por mandato
legal los distribuye según los porcentajes entre las distintas subcuentas que
maneja la entidad.
2.3 AFP Porvenir S.A4, por intermedio de apoderada judicial, indicó que no se
opone a la prosperidad de la declaratoria de nulidad de la Resolución N° GNR
161072 del 29 de junio de 2013, teniendo en cuenta que el señor Ramírez
3
índice 67 archivo 35 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00.
4
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00.
6
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Ocampo se encuentra válidamente afiliado a la entidad, toda vez que, el 25 de
julio de 2013 le reconoció una pensión de vejez bajo la modalidad de retiro
programado.
Manifestó que, el demandado suscribió la solicitud de vinculación a Porvenir
el 22 de enero de 1996, como traslado de régimen y que el 15 de mayo de
2013 radicó la reclamación de pensión de vejez, por lo que mediante la
Resolución N° 11163 del 24 de junio de 2013 la oficina de bonos pensionales
del MHCP le reconoció a su favor un bono pensional tipo A por valor de
$500.009.000, los cuales fueron pagados a la AFP el 28 de junio de 2013.
Señaló que posteriormente, una vez integrado debidamente el capital de la
cuenta de ahorro individual con las cotizaciones efectuadas y el bono
pensional Porvenir le reconoció al accionado la pensión de vejez bajo la
modalidad de retiro programado, la que viene percibiendo hasta la fecha.
Asimismo, que le pagó la suma de $21.402.743 por concepto de excedentes
de libre disponibilidad.
Mencionó que, en el mes de junio de 2014 el señor Roberto Ramírez, radicó
un derecho de petición manifestando su intención de renunciar a la pensión de
vejez reconocida por Porvenir, señalando equivocadamente que se
encontraba válidamente afiliado a Colpensiones. Por lo anterior, resaltó que
dicha petición fue resuelta de manera desfavorable, toda vez que el
demandado se encontraba afiliado a Porvenir, por lo que, la entidad tenía la
competencia legal para reconocerle la pensión de vejez.
Aseguró que, en el caso concreto, el demandado ha venido percibiendo
durante más de cuatro años, dos pensiones financiadas con recursos del
erario, la reconocida por Colpensiones y por Porvenir, que se están
financiando parcialmente con recursos provenientes del MHCP, conducta que
se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico en virtud del artículo 128 de
la Constitución Política.
7
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Por último, indicó que la pensión reconocida por Porvenir se está financiando
en gran parte con los recursos del bono pensional tipo A, que representan los
tiempos laborados en Colpensiones antes del cambio de régimen.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia proferida el 1° de marzo de 20245, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. GNR 161072 del 29
de junio de 2013 expedida por Colpensiones, por medio de la cual reconoció la
pensión de vejez del señor Roberto Ramírez Ocampo, de acuerdo con las
consideraciones de la presente decisión.
SEGUNDO: ORDENAR a Colpensiones que verifique si el periodo cotizado por
el señor Roberto Ramírez Ocampo comprendido entre el 01 de julio de 2001 al
31 de julio de 2010 que registra en su historia laboral se encuentra amparado
por el bono pensional que fue emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público a través de la Resolución No. 11163 del 24 de junio de 2013, o si, con
posterioridad a la fecha de emisión de éste se efectuó el traslado de los aportes.
En caso negativo, corresponderá a la entidad regularizar la situación,
trasladando las cotizaciones a la AFP Porvenir, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5.° del Decreto 3995 de 2008, en concordancia con el artículo 10.º
del Decreto 1161 de 1994.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…]».
En ese sentido, encontró acreditado en el expediente que, «[…] el señor Roberto
Ramírez Ocampo se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen
de ahorro individual con solidaridad el 22 de enero de 1996, y si bien es cierto el demandado
solicitó a Porvenir el traslado al régimen de pensiones de prima media con prestación definida,
dicha petición se realizó con posterioridad al hecho de haber adquirido la condición de
pensionado, por lo que no se encuentra acreditado que se hubiere trasladado nuevamente de
régimen».
5
índice 95 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00.
8
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Lo anterior, al evidenciar que, «[…] el señor Ramírez Ocampo se encontraba afiliado al
ISS desde el año 1971, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 692 de 1994 (artículos 11 y 15)
el límite temporal de tres años para trasladarse de régimen no le era aplicable, ya que, para
el 31 de marzo de 1994 ya se encontraba afiliado al ISS, por lo que se podía trasladar de
régimen en cualquier momento, como en efecto lo hizo».
Por lo tanto, concluyó que, «[…] no se presentó un conflicto de multiafiliación, siendo
válido el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual
con solidaridad a Porvenir, motivo por el cual, es ésta la administradora competente para el
reconocimiento de la pensión de vejez del demandado, como en efecto ocurrió, a partir del
mes de julio del año 2013 en cuantía de $2.590.38528, entidad que pagó al demandado la
suma de $21.402.743 por concepto de excedentes de libre disponibilidad».
Finalmente, el Tribunal determinó que no hay lugar a recuperar las
prestaciones periódicas que fueron pagadas al señor Roberto Ramírez
Ocampo, toda vez que «[…] no logró demostrarse por parte de Colpensiones que el
demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas con el fin de obtener
el reconocimiento pensional». En igual sentido, negó la devolución de los aportes
por concepto de salud realizados por Colpensiones, al no acreditar que la
demandante haya realizado ante la EPS Sura la solicitud de la devolución de
cotizaciones, de conformidad con el «[…] trámite previsto por el Decreto 780 de 2016
en el artículo 42 2.6.1.1.2.2».
4. El recurso de apelación
4.1 La parte demandada6, a través de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación, en el que expresó que «[…] la situación de múltiple vinculación sí existió
pues fue decidida por el propio Colpensiones y al AFP Porvenir, a través de actuación que a
propósito nunca fue puesta en conocimiento del señor Ramírez Ocampo». Así mismo solicitó
que se ordenara a la EPS Sura devolver a Colpensiones las sumas pagadas por concepto de
salud.
Asimismo, al señalar que Colpensiones en los hechos de la demanda, indicó
que basó el traslado de la competencia de la definición de la pensión de vejez
en una decisión de un comité de múltiple vinculación, que no le fue notificada,
vulnerando su derecho al debido proceso, pasando por alto los criterios
6
índice 99 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00.
9
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
establecidos en el Decreto 3995 de 2008.
4.2 La accionante7, por medio de apoderado judicial, solicitó revocar
parcialmente el fallo proferido a fin que se ordene el restablecimiento
automático invocado en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
relacionada con la devolución de los valores liquidados en la Resolución N°
GNR 161072 del 29 de junio de 2013, mediante la cual le reconoció por error
una pensión de vejez, en razón a que no es de recibo no ordenar reintegrar
dichas sumas bajo el criterio de la buena fe de la parte accionada, dado que
la misma se desvirtúa desde el momento en que se le pidió la autorización
para revocar el acto administrativo lesivo; no obstante, el accionado no
autorizó la revocatoria, evidenciándose de esta manera que tenía
conocimiento de la ilegalidad del acto administrativo.
Por otro lado, señaló que el pago de una prestación generada sin el
cumplimiento de los requisitos legales, «[…] atenta igualmente contra el principio de
Estabilidad Financiera del Sistema General de Pensiones, establecido por el Acto Legislativo
001 de 2005 como una obligación del Estado […]», vulnerando el principio de
progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 26 de junio de 20248, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia,
el proceso ingresó al Despacho para fallo el 24 de julio siguiente.
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
7
índice 100 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00.
8
índice 5 del aplicativo Samai.
10
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado, como en este caso; el superior resolverá sin limitaciones.
2.2 Cuestión previa
Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la
caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación
con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
prevé:
(i) Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según corresponda, so pena del suceso de
la caducidad de la acción.
(ii) A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
11
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
periódicas, o contra actos producto del silencio administrativo,
puede presentarse en cualquier tiempo.
Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera
cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento
y pago de prestaciones periódicas.
No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381
de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición
comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el
artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para
los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que
12
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024,
día de promulgación de la comentada ley.
No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es
cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «[…]
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», también
lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones».
Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381
de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después
de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no
resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no existía
en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se
acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política.
En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plantea la
eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que
nos ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso
concreto, la acotada modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte
resolutiva de este fallo.
13
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios
y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva.
2.3 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto se
analizará si el traslado efectuado por el señor Roberto Ramírez Ocampo del
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual es
válido.
Por otro lado, si a la entidad accionante le asiste razón jurídica para que se
ordene el reintegro de los dineros pagados al demandado con ocasión a la
Resolución N° GNR 161072 del 29 de junio de 2013, mediante la cual le
reconoció por error una pensión de vejez al señor Roberto Ramírez Ocampo
en cuantía de $4.017.485. Asimismo, si es procedente disponer la devolución
de los aportes de los descuentos realizados al Sistema de Seguridad Social
en salud.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4. Hechos probados; y 5. Caso
concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial.
3.1 En lo pertinente al traslado entre los regímenes pensionales10.
10
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 25000-23-
42-000-2016-02991-01 (0679-2024).
14
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Resulta oportuno anotar que el Decreto 3800 de 2003, «Por el cual se
reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 2° de la Ley 797 de 2003», preceptuó:
«Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de diez
años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De
conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las personas
a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir
la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una
única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha.
[…]
Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una
persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo
con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan
las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y
cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad, y
b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de
vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de
Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este
último.
En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será
computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior
no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional».
15
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Ahora bien, en fallos C-789 de 200211 , C-754 de 200412 y C-1024 de 200413,
la Corte Constitucional precisó que aquellas personas que se trasladaron del
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con
solidaridad, podrán retornar al que inicialmente estaban afiliados y, por ende,
hacer efectivo su derecho a pensionarse bajo la normativa pensional anterior,
por ser beneficiarios del régimen de transición, en la medida en que a la fecha
de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 hubiesen tenido 15 años de
servicios cotizados, en razón a que solo a las personas en esta condición se
les violarían sus derechos al trabajo y a la seguridad social si se les excluyera
del régimen de transición, puesto que ya han cumplido con el 75% o más del
tiempo de trabajo para acceder a una pensión a la entrada en vigor del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Por su parte, en sentencias T-818 de 200714 y T-1014 de 200815, hubo un
cambio radical en la regla jurisprudencial relacionada en las anteriores, toda
vez que en atención a una interpretación favorable al trabajador, concluyó la
Corte Constitucional que siempre que la persona cumpla alguno de los
requisitos del régimen de transición, se hará beneficiario de este y tendrá
derecho a pensionarse con la norma anterior a la Ley 100,
independientemente que se hubiese cambiado al régimen de ahorro individual,
por lo que podrá retornar al de prima media con prestación definida. Derrotero
que también reiteró el Consejo de Estado en auto de 5 de marzo de 200916, al
estimar que no se pueden exigir más requisitos para el regreso del régimen de
ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida (y,
por consiguiente, para hacer efectivo su derecho a la aplicación del régimen
de transición), que el de trasladar lo que se tenía en el fondo privado.
En el año 2010, la Corte Constitucional con el propósito de unificar su
jurisprudencia, en sentencia SU-6210, acogió el criterio fijado en las
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, en el sentido que para realizar
11
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
12
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
13
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
14
M. P. Jaime Araújo Rentería.
15
M. P. Jaime Córdoba Triviño
16
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, auto de 5 de marzo de 2009, expediente 11001-03-25-000-
2008-00070-00 (1975-08). C. P. Bertha Lucía Ramírez de Paez.
16
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
el retorno al régimen de prima media, y, por tanto, conservar el beneficio del
régimen de transición, resulta necesario tener 15 años cotizados a la entrada
en vigor de la Ley 100, además que se traslade todo el ahorro que hayan
efectuado en el régimen de ahorro individual, sin que este sea inferior al monto
total del aporte legal correspondiente en caso que hubiere permanecido en el
primer régimen, pero, en el evento contrario, el afiliado podrá pagar el
respectivo dinero a lo que le faltare en un plazo razonable17 .
Por otro lado, el Consejo de Estado, en sentencia de 25 de noviembre de
201018, sostuvo que en la medida en que una persona colmara uno de los
requisitos para la aplicación del régimen de transición, tiene derecho a
pensionarse con las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100, pese a
haberse trasladado del régimen de prima media con prestación definida al de
ahorro individual con solidaridad y retornar a aquel, por cuanto se está en
presencia de expectativas legítimas. Mientras que, en fallo de 6 de abril de
201113, se siguió el criterio trazado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010, bajo el
entendido que, para trasladarse nuevamente al régimen de prima media con
prestación definida, sin perder el beneficio del régimen de transición, se debe
tener a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100, 15 años de servicios
cotizados.
En este orden de ideas, resulta evidente que la regla jurisprudencial vigente
acerca del tema es la fijada por las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004
y SU-62 de 2010, esto es, que pese a que la persona haya retornado del
régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación
definida (para cuyo efecto debió haber trasladado la totalidad del ahorro
depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podría ser inferior al
monto total del aporte legal correspondiente si hubiere permanecido en el
régimen de prima media, y en caso contrario, aportar el dinero que haga falta
para cumplir dicha exigencia), no perderá los beneficios del régimen de
17
Derrotero reiterado en fallo SU-130 de 2013
18
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 25000232500020070075401 (0489-09), consejero
ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Criterio reiterado en providencia de 11 de agosto de 2016, expediente
25000-23-25-000-2010- 00937-01 (4417-2014), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
transición solo si al 1° de abril de 1994 (o 30 de junio de 1995, según el caso)
hubiese tenido 15 o más años de servicios cotizados, por lo que no basta
colmar el requisito de edad.
Lo anterior por cuanto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se
amparan son meras expectativas, mas no derechos adquiridos, por lo que el
legislador legítimamente puede limitar la edad y tiempo de servicios para
acceder a una pensión y por lo mismo establecer las reglas pertinentes, incluso
para la exclusión del régimen de transición, por lo que de manera clara dicha
Ley excluye de los beneficios del régimen de transición a aquellas personas
que pese a tener la edad para que les sea aplicable el mismo, se trasladen al
régimen de ahorro individual con solidaridad y a aquellos que habiendo
escogido este último régimen decidan cambiarse al de prima media con
prestación definida.
Empero, esta exclusión del régimen de transición no puede ser aplicable a las
personas que a la entrada en vigor del sistema de seguridad social, hubiesen
cumplido 15 años o más de tiempo de servicios cotizados, quienes además
podrán retornar en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con
solidaridad al de prima media con prestación definida, para exigir su derecho
a pensionarse bajo el amparo de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993,
puesto que resultaría desproporcionada la medida de la pérdida del régimen
de transición si se aplica a quienes han cumplido el 75% o más del tiempo de
servicios para acceder a la pensión.
De igual modo, en la sentencia SU-130 de 201319 se incluyó, en su parte
decisoria, el criterio jurisprudencial vigente de la Corte Constitucional, con la
advertencia que «[…] de conformidad con lo previsto en los artículos 13, literal
e) y 36, incisos 4° y 5° de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron interpretados
por la Corte Constitucional en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004,
únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a
1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de
Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro
19
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida,
conservando los beneficios del régimen de transición».
Asimismo, en fallo T-892 de 201320, en el que se examinaron varios casos
acerca de reconocimientos pensionales de personas que retornaron al
régimen de prima media con prestación definida y algunas pese a tener la edad
para ser beneficiarias del régimen de transición, les fue negado el derecho a
pensionarse bajo la norma anterior a la Ley 100, la Corte Constitucional reiteró
la exigencia que solo conservan los beneficios de la transición aquellas
personas que al 1° de abril de 1994 (o 30 de junio de 1995) hubiesen tenido
15 años o más de servicios cotizados; adicionalmente, exhortó «[…] por conducto
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los jueces de la
República para que en lo sucesivo, den estricto cumplimiento a los lineamientos fijados por
esta corporación, en materia del régimen de transición, que se encuentran contenidos en las
sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU 062 de 2010, SU 130 de 2013 […]».
Finalmente, frente a la modificación al artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por
parte de la Ley 797 de 2003:
«e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen
de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo
podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a
partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente
ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años
o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez».
Esta Subsección21 expusó que el aparte subrayado fue declarado exequible
por la Corte Constitucional, en sentencia C-1024 de 2004, reiterada con el fallo
C-625 de 2007, bajo el entendido que las personas que reunían las
condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad y no
habían retornado al de prima media con prestación definida, podían regresar
a este (en cualquier tiempo), conforme a los términos señalados en la
providencia C-789 de 2002, esto es, se insiste, «únicamente los afiliados con quince
20
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, diez(10) de febrero de dos mil veintidós (2022), Radicado 47001-23-33-000-2014-
00396-02 (1318-2020).
19
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
(15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia
el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de
ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida,
conservando los beneficios del régimen de transición».
3.2 Devolución de sumas pagadas22
En principio, debe señalarse que, según el artículo 8323 de la Carta Política, la
buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia C-131 de 200424, definió el principio general de la buena fe, así:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho25, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
22
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-
23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
23
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
24
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
25
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
20
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
Asimismo, la citada Corporación26 ha precisado:
«[…] el artículo 83 de la Constitución Política incluye un mandato de actuación
conforme a la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas 27,
aunque se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los
particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la
posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de
las prerrogativas propias de sus funciones, en particular, de la presunción de
legalidad de la que se benefician los actos administrativos que éstas expiden 28.
Esto quiere decir que el mismo texto constitucional delimita el ámbito de
aplicación de la presunción constitucional de buena fe a (i) las gestiones o
trámites que realicen (ii) los particulares29 ante las autoridades públicas30, por lo
que su ámbito de aplicación no se extiende, por ejemplo, a las relaciones
jurídicas entre particulares31. Se trata de una medida de protección de las
personas frente a las autoridades públicas, que se concreta, entre otros asuntos,
en la prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos,
declaraciones juramentadas o documentos autenticados, ya que esto implicaría
situar en cabeza del particular la carga de demostrar la buena fe en la gestión,
de la que constitucionalmente se encuentran exentos32. Esta presunción invierte
la carga de la prueba y radica en cabeza de las autoridades públicas la
demostración de la mala fe del particular, en la actuación surtida ante ella» [se
subraya]».
26
Sentencia C-225 de 20 de abril de 2017. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
27
El mandato de actuación de buena fe “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una
“persona correcta (vir bonus)””: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
28
“la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la balanza Estado-administrados hace las veces
de contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley
y a los actos administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840/01.
29
“En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al
margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse
al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos
administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840/01.
30
“(…) conforme con la jurisprudencia constitucional, del artículo 83 superior se infiere una presunción de buena fe
para los particulares cuando quiera que ellos adelanten actuaciones ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas (…) del citado precepto constitucional no se desprende una presunción general de
buena fe en las actuaciones entre particulares”: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
31
Por esta razón fue declarado exequible el inciso final del artículo 768 del Código Civil, que incluye una presunción
de mala fe en la posesión de un bien y que la demanda consideraba que desconocía la presunción constitucional de
buena fe, al considerar que “en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre
particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que
entre ellos se desarrollen”, pero esto no implica que si el legislador presume la mala fe en las relaciones entre
particulares, la norma sea inconstitucional: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
32
“(…) la buena fe se concibe como un principio inherente a las relaciones que se desarrollan dentro del ámbito
jurídico, destinado a la reivindicación por el exceso de la formalidad en todas las actuaciones de los particulares”:
Corte Constitucional, sentencia C-527/13.
21
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Por otra parte, la letra c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA preceptúa
que los «[…] actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas»
podrán demandarse en cualquier tiempo, «Sin embargo, no habrá lugar a recuperar
las prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (destaca la Sala).
En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación sin
tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía, en el proceso
deberá estar probada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago
de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere
ser desvirtuada.
En ese sentido, se pronunció esta Sala el 23 de marzo de 2017 33, al estimar
que «[…] la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a
verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la
administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra
demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe
hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y
autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y
oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato
Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta».
Derrotero jurisprudencial reiterado por esta subsección, el 16 de agosto de
201834, al concluir que «[…] la buena fe se presume en la actuación de los particulares
ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse por quien así la alega. Es así que es de
competencia de quien la invoca, en este caso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acreditar que la demandada,
no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras
engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las autoridades
judiciales, con el fin de obtener el reconocimiento prestacional».
33
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
22
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
3.3 Multiafiliación a diferentes regímenes pensionales
La jurisprudencia de la Subsección con relación a la multiafiliación ha
desarrollado la siguiente parte normativa35:
El artículo 16 de la Ley 100 de 1993 regula que ninguna persona puede
distribuir las cotizaciones obligatorias entre los regímenes del Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP), en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 16. INCOMPATIBILIDAD DE REGÍMENES. Ninguna persona
podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del
Sistema General de Pensiones […]».
En ese sentido, el artículo 17 del Decreto 692 de 199436, estipuló la prohibición
de múltiples vinculaciones, así:
«ARTICULO 17. MULTIPLES VINCULACIONES. Está prohibida la múltiple
vinculación. El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el
artículo anterior, sin embargo, cuando el afiliado cambie de régimen o de
administradora antes de los términos previstos, será válida la última vinculación
efectuada dentro de los términos legales. Las demás vinculaciones no son
válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya afiliación es válida,
la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la Superintendencia
Bancaria.
PARAGRAFO. Las administradoras podrán establecer sistemas de control de
multiafiliación, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia Bancaria para
dirimir, en casos especiales, los conflictos que se originen por causa de las
múltiples vinculaciones».
Asimismo, el Decreto 3800 de 200337, reiteró la prohibición con relación a los
afiliados que realicen múltiple vinculación entre los regímenes, así:
«Artículo 2°. Casos de múltiple vinculación. En el evento en que las personas a
que se refiere el artículo anterior se encuentren en situación de múltiple
vinculación de régimen ante las administradoras del Sistema General de
35
Expediente: 66001-23-33-000-2016-00296-01 (0873-2020), C. P. César Palomino Cortés.
36
Por el cual se reglamenta parcialmente a Ley 100 de 1993
37
Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley
797 de 2003.
23
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 692
de 1994, deberán elegir el régimen al cual deseen estar vinculados.
Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no manifiesten su
voluntad de afiliación de administradora o selección de régimen, se entenderán
vinculadas a la entidad a la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004
o a aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha».
Por su parte, el Decreto 3995 de 2008 prevé unos criterios de solución a la
problemática en caso de múltiple afiliación; sin embargo, en el parágrafo del
artículo 1, establece unas excepciones para la aplicación de las disposiciones
contenidas en esa norma, así:
«Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente
decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que, al 31 de
diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación
entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro
Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados,
recursos e información.
A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de
2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)
faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la
pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7°, 8° y
12 del presente decreto.
Parágrafo. Se excluyen de la aplicación del presente decreto:
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida
conforme a las normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente
decreto
2. Las personas a quienes a la entrada en vigencia del presente decreto se les
haya reconocido una pensión del Sistema General de Pensiones, o quienes
tengan los requisitos de pensión cumplidos en alguno de los dos regímenes.
3. Los afiliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el
artículo 9° del Decreto-ley 2090 de 2003».
Ahora bien, el artículo 2 ibidem con relación a la vinculación válida determinó
que: «La vinculación válida será la correspondiente al último traslado que haya sido efectuado
con el cumplimiento de los términos legales antes de incurrir en un estado de múltiple
vinculación».
24
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Finalmente, el artículo 5 del Decreto 3995 de 2008, frente a las cotizaciones
realizadas a una administradora diferente, estableció que «[…] cuando se realicen
cotizaciones a cualquier administradora distinta de la seleccionada válidamente por el afiliado,
se debe proceder a regularizar la situación, trasladando las cotizaciones y la información a la
administradora seleccionada válidamente y a la cual se encuentra vinculado el afiliado,
atendiendo el artículo 10 del Decreto 1161 de 1994».
Como se puede observar, la vinculación del afiliado a uno de los regímenes
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, permite establecer la
entidad a quien le corresponde asumir el pago de la prestación económica
causada.
4. Hechos probados.
i) Cédula de ciudadanía del demandado38.
ii) Formulario de traslado del 22 de enero de 199639 donde el señor Roberto
Ramírez Ocampo presentó la solicitud de vinculación (traslado de régimen) del
ISS a la AFP Porvenir.
iii) Auto 0243 del 28 de febrero de 201240, a través del cual el Instituto de
Seguros Sociales, ordenó la devolución de los documentos contentivos de la
solicitud pensional elevada por el demandado, al considerar que la entidad
competente para atender la solicitud de reconocimiento y pago era Porvenir.
iv) Resolución N° 31223 del 27 de septiembre de 201241, por medio de la cual
el Instituto de Seguros Sociales, negó la solicitud de reconocimiento de la
pensión de vejez por falta de competencia.
v) Solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez42 del 15 de mayo del
2013, por parte del señor Roberto Ramírez Ocampo ante Porvenir. Asimismo,
38
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 9.
39
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 11.
40
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 57 a 58.
41
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 91 y 93.
42
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 37 a 43.
25
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
en la petición autorizó la emisión del bono pensional por valor de $73.456.456
e indicó que no se encuentra simultáneamente afiliado al régimen de prima
media.
vi) Resolución N° 11163 del 24 de junio de 201343, mediante la cual la oficina
de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a solicitud
de Porvenir, reconoció a favor del señor Ramírez Ocampo un bono pensional
por la suma de $73.456.456, girado a su cuenta de ahorro individual
perteneciente a la AFP.
vii) Resolución GNR 161072 del 29 de junio de 2013 44 , mediante la cual
Colpensiones reconoce y ordena el pago de la pensión de vejez al señor
Roberto Ramírez Ocampo, en cuantía de $4.017.485.
viii) Comunicación del 25 de julio de 2013 45 , donde la AFP Porvenir le
comunicó al accionado que la solicitud pensional fue aprobada, y que el valor
de la mesada pensional para el año 2013 ascendía a la suma de $2.590.385.
ix) Certificación del pago realizado por parte de La AFP Porvenir46, del 25 de
septiembre del 2013, al señor Ramírez Ocampo, por la suma de $21.402.743
bajo concepto de excedentes de libre disponibilidad, de conformidad con el
artículo 85 de la Ley 100 de 1993.
x) Fallo de tutela del 24 de junio de 201447, proferido por el Juzgado Dieciséis
Civil del Circuito de Bogotá, a través del cual protegió el derecho fundamental
de petición del accionado, y se ordenó a Colpensiones dar respuesta de fondo
al recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto contra la
Resolución GNR 161072 del 29 de junio de 2013.
xi) Resolución GNR 237510 del 25 de junio de 201448, por medio de la cual
43
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 32 a 33.
44
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 97 a 103.
45
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 44 a 45.
46
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 55 a 56.
47
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 149 a 150.
48
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 157 a 160.
26
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Colpensiones, señaló que el demandado aparece vinculado al régimen de
ahorro individual - Porvenir, desde el 22 de enero de 1996, sin que el mismo
cuente con traslado posterior al régimen de prima media y que, por error
involuntario, le reconoció la pensión de vejez con las semanas que tenía
cotizadas hasta el 31 de agosto de 1996, sin que sea la entidad encargada de
reconocer la pensión de vejez. Por lo tanto, se abstuvo de resolver el recurso
y ordenó remitir el expediente a la vicepresidencia jurídica y a la secretaría
general para lo pertinente a la solicitud de revocatoria.
xii) Oficio con radicación 7100222005769500 del 19 de junio de 2014 49 , a
través del cual la AFP Porvenir niega la solicitud de renuncia de la prestación
periódica de vejez que le había sido reconocida al accionado.
xiii) Escrito con radicado N° 0100223015546100 sin fecha50, por medio del cual
la AFP Porvenir niega la solicitud de traslado al régimen de pensiones de prima
media con prestación definida solicitada por el demandado.
xiv) Reporte del 23 de junio del 2016 expedido por Colpensiones de
cotizaciones realizadas por el accionado desde el 1° de marzo de 1971 al 31
de marzo de 1986 y del 1° de julio de 2001 al 31 de julio de 201051.
xv) Certificado del 23 de junio del 2016, de las cotizaciones efectuadas por el
demandado a Porvenir, en el que se registra como fecha de afiliación el 22 de
enero del año 1996, desde el mes de febrero de esa anualidad y hasta el mes
de octubre del 2001. Asimismo, una cotización para el mes de agosto del
201452.
5. Caso concreto.
Colpensiones demanda la nulidad de la Resolución N° GNR 161072 del 29 de
junio de 2013, a través del cual reconoció una pensión de vejez al señor
49
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 57 a 58.
50
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 59.
51
índice 67 archivo 25 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 79 a 82 y Doc. 33 fls
16-20.
52
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 14 a 28.
27
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Roberto Ramírez Ocampo, pues según indica, no tiene competencia para
realizar este reconocimiento, toda vez que el accionado se encontraba
vinculado al régimen de ahorro individual - Porvenir y no tenía traslado
posterior al régimen de prima media.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el entendido de
declarar la nulidad del acto administrativo censurado, al considerar que la
demandante no tenía competencia para proceder con ese reconocimiento
pensional, toda vez que el accionado se trasladó del régimen de prima media
con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad el 22
de enero de 1996, sin que se encuentre acreditado que se hubiere trasladado
nuevamente de régimen.
El demandado, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
estimar que, contrario a lo afirmado por el a quo, la situación de múltiple
vinculación sí existió al haber sido decidida a través de acto administrativo del
18 de mayo de 2011, el cual no le fue notificado.
Asimismo, la parte actora formuló el recurso de alzada, con el fin de obtener
la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia, en cuanto se debía
condenar a la demandada a la devolución del dinero recibido conforme al
reconocimiento de la pensión, toda vez que al no autorizar la revocatoria de la
Resolución N° GNR 161072 del 29 de junio de 2013, tenía conocimiento de la
ilegalidad del acto administrativo.
En el sub lite se tiene que el señor Roberto Ramírez Ocampo (i) se encontraba
afiliado al ISS desde el año 1971; (ii) a través de formulario del 22 de enero de
199653 solicitó el traslado de régimen a la AFP Porvenir; (iii) el 2 de julio de
2014 solicitó a Porvenir el traslado al régimen de pensiones de prima media
con prestación definida, no obstante, a través de oficio con radicado N°
010022301554610054, se niega la solicitud de traslado, por haber adquirido la
53
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 11.
54
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 59.
28
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
condición de pensionado; (iv) conforme al material probatorio, no se encuentra
acreditado que se hubiere trasladado nuevamente de régimen.
De las pruebas anteriormente enunciadas, frente a los aportes por concepto
de pensión, se desprende que el demandado, cotizó a Colpensiones desde el
1° de marzo de 1971 al 31 de marzo de 1986 y del 1° de julio de 2001 al 31 de
julio de 2010. Por su parte, a Porvenir, como fecha de afiliación el 22 de enero
de 1996, cotizó desde el mes de febrero de esa anualidad y hasta el mes de
octubre del 2001, y una cotización para el mes de agosto del 2014.
Ahora bien, el texto original del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, señalaba:
«[…] Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones
que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen
por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que
señale el gobierno nacional». No obstante, el artículo 2 de la Ley 797 de 2003
modificó el término y estipuló: «[…] e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones
podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial,
estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a
partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado
no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la
edad para tener derecho a la pensión de vejez».
Posteriormente, el artículo 2 del Decreto 3995 de 2008, determinó que «La
vinculación válida será la correspondiente al último traslado que haya sido efectuado con el
cumplimiento de los términos legales antes de incurrir en un estado de múltiple vinculación».
Por su parte, el artículo 5 ibidem, frente a las cotizaciones realizadas a una
administradora diferente, estableció que «[…] cuando se realicen cotizaciones a
cualquier administradora distinta de la seleccionada válidamente por el afiliado, se debe
proceder a regularizar la situación, trasladando las cotizaciones y la información a la
administradora seleccionada válidamente y a la cual se encuentra vinculado el afiliado,
atendiendo el artículo 10 del Decreto 1161 de 1994».
En ese sentido, se destaca que el demandado en el año 1971, tenía la
condición de afiliado al ISS, de suerte que, al 22 de enero de 1996, fecha en
la que solicitó el traslado al régimen a la AFP Porvenir, no se encontraba
supeditado a límite temporal de 3 años para trasladarse de régimen. Ahora
bien, a pesar que se realizaron cotizaciones a Colpensiones de manera
29
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
errónea con posterioridad al traslado del régimen de prima media, no
constituye per se un conflicto de multiafiliación, ni un traslado al régimen de
prima media, por el contrario, lo que procede es el procedimiento regulado en
el artículo 5 del Decreto 3995 de 2008.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el caso bajo estudio, lo que se presentó
fue una cotización errónea por parte del demandado, al realizar cotizaciones a
Colpensiones con posterioridad al traslado del régimen de prima media, siendo
procedente, dar aplicación al inciso 2 del artículo 5 del Decreto 3995 de 2008,
el cual establece que en estos eventos, se debe efectuar el traslado de las
cotizaciones y la información a la administradora seleccionada válidamente y
a la cual se encuentra vinculado el afiliado, que en este caso, es Porvenir.
Así las cosas, la Sala concluye que, la afiliación a Porvenir es válida,
comoquiera que fue el último traslado con el cumplimiento de los términos
legales efectuado por el señor Ramírez Ocampo, es por ello que, contrario a
lo establecido por el demandado en el recurso de apelación, el estado de
múltiple vinculación nunca existió.
Frente a la devolución del dinero recibido conforme al reconocimiento de la
pensión y el conocimiento de la ilegalidad del acto administrativo por parte del
accionado al no autorizar la revocatoria de la Resolución N° GNR 161072 del
29 de junio de 2013.
En este punto, se advierte que la Sala ya se ha pronunciado sobre la misma
situación fáctica en la sentencia del 6 de marzo de 2024, exp. 2025-202355, la
cual frente a la buena fe, indicó que al tenor del artículo 83 de la Constitución
Política, la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional,
en sentencia C-131 de 200456, definió el principio general de buena fe, así:
55
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 68001-23-
33-000-2017-01292-01 (2025-2023).
56
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
30
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho57, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
Igualmente, la Corte Constitucional58 ha reiterado:
«[E]l artículo 83 de la Constitución Política incluye un mandato de actuación
conforme a la buena fe para los particulares y para las autoridades públicas59,
aunque que se presume que se actúa de esta manera en las gestiones que los
particulares realicen ante las autoridades del Estado, como contrapeso de la
posición de superioridad de la que gozan las autoridades públicas, en razón de
las prerrogativas propias de sus funciones, en particular, de la presunción de
legalidad de la que se benefician los actos administrativos que éstas expiden 60.
57
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat», París, LGDJ, 1980.
58
Sentencia C-225 de 20 de abril de 2017. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
59
El mandato de actuación de buena fe “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una
“persona correcta (vir bonus)””: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
60
“la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la balanza Estado-administrados hace las veces
de contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley
y a los actos administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840/01.
31
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Esto quiere decir que el mismo texto constitucional delimita el ámbito de
aplicación de la presunción constitucional de buena fe a (i) las gestiones o
trámites que realicen (ii) los particulares61 ante las autoridades públicas62, por lo
que su ámbito de aplicación no se extiende, por ejemplo, a las relaciones
jurídicas entre particulares 63. Se trata de una medida de protección de las
personas frente a las autoridades públicas, que se concreta, entre otros asuntos,
en la prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos,
declaraciones juramentadas o documentos autenticados, ya que esto implicaría
situar en cabeza del particular la carga de demostrar la buena fe en la gestión,
de la que constitucionalmente se encuentran exentos64. Esta presunción invierte
la carga de la prueba y radica en cabeza de las autoridades públicas la
demostración de la mala fe del particular, en la actuación surtida ante ella. (se
subraya)».
Por su parte, la letra c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA preceptúa
que los: «[…] actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas»
podrán demandarse en cualquier tiempo, «Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe» (destaca la Sala).
En ese sentido, para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido o mantenido
una prestación social sin tener derecho a ella, en el proceso deberá estar
acreditada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago de los
beneficios otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción que
requiere ser desvirtuada.
Conforme a las pruebas aportadas, se tiene que el demandado: (i) mediante
61
“En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al
margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse
al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos
administrativos”: Corte Constitucional, sentencia C-840/01.
62
“(…) conforme con la jurisprudencia constitucional, del artículo 83 superior se infiere una presunción de buena fe
para los particulares cuando quiera que ellos adelanten actuaciones ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas (…) del citado precepto constitucional no se desprende una presunción general de
buena fe en las actuaciones entre particulares”: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
63
Por esta razón fue declarado exequible el inciso final del artículo 768 del Código Civil, que incluye una presunción
de mala fe en la posesión de un bien y que la demanda consideraba que desconocía la presunción constitucional de
buena fe, al considerar que “en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre
particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que
entre ellos se desarrollen”, pero esto no implica que si el legislador presume la mala fe en las relaciones entre
particulares, la norma sea inconstitucional: Corte Constitucional, sentencia C-1194/08.
64
“(…) la buena fe se concibe como un principio inherente a las relaciones que se desarrollan dentro del ámbito
jurídico, destinado a la reivindicación por el exceso de la formalidad en todas las actuaciones de los particulares”:
Corte Constitucional, sentencia C-527/13.
32
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Resolución GNR 161072 del 29 de junio de 2013, Colpensiones reconoce y
ordena el pago de la pensión de vejez al señor Roberto Ramírez Ocampo, en
cuantía de $4.017.485; (ii) oficio del 25 de julio de 201365, donde la AFP
Porvenir le informó al accionado que la solicitud pensional fue aprobada, y que
el valor de la mesada pensional para el año 2013 ascendía a la suma de
$2.590.385; (iii) con radicación 7100222005769500 del 19 de junio de 201466,
Porvenir niega la solicitud de renuncia de la prestación periódica de vejez que
le había sido reconocida al accionado; (iv) por medio de escrito con radicado
N° 010022301554610067, Porvenir niega la solicitud de traslado al régimen de
pensiones de prima media con prestación definida solicitada por el
demandado.
Por lo expuesto, la Sala no encuentra acreditada la mala fe con que el señor
Roberto Ramírez Ocampo actuó para devengar la pensión de vejez reconocida
mediante la Resolución GNR 161072 del 29 de junio de 2013 por
Colpensiones, mucho menos, la otorgada con oficio del 25 de julio de 2013 por
parte de Porvenir, toda vez que su convencimiento radicaba en que
Colpensiones era la entidad competente, a tal punto, que con radicación
7100222005769500 del 19 de junio de 201468, Porvenir le niega la solicitud de
renuncia de la prestación periódica de vejez que le había sido reconocida,
asimismo, por medio de escrito con radicado N° 0100223015546100 69, le
niega la solicitud de traslado al régimen de pensiones de prima media con
prestación definida. En esa medida, esos hechos no configuran indicios de
mala fe.
Así las cosas, para decidir el caso bajo estudio, se reiterará, en lo pertinente,
el criterio desarrollado en el precedente teniendo en cuenta que no existe
prueba orientada a demostrar fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a
lograr ese beneficio, máxime si el error no provino de la conducta del
interesado, sino de la falta de cuidado y diligencia de la entidad accionante70.
65
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 44 a 45.
66
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 57 a 58.
67
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 59.
68
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, páginas 57 a 58.
69
índice 67 archivo 42 del aplicativo Samai radicado 25000-23-42-000-2016-04630-00, página 59.
70
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 68001-23-
33-000-2017-01292-01 (2025-2023).
33
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
Por lo tanto, al no existir pruebas en el plenario que permitan acreditar la mala
fe del accionado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor en virtud del acto demandado, tal como lo concluyó el a
quo.
Finalmente, respecto a la devolución de los aportes por concepto de salud
realizados por Colpensiones, diferente a las razones expuestas por el Tribunal,
dicha pretensión no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, teniendo en
cuenta el precedente citado por la Sala71, al tratarse de aportes efectuados por
los cotizantes y pensionados se convierten en contribuciones parafiscales, las
cuales tienen naturaleza pública y una destinación específica.
5.1 Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365
del Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo
cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con
certeza su causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad
o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del proceso72.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no
se impondrá condena en costas.
DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero con la
observación anotada en precedencia.
71
Ibid.
72
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
34
Número Interno: 3122-2024
Demandante: Colpensiones
Demandados: Roberto Ramírez Ocampo y EPS Sura
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: INAPLICAR el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 conforme las
razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de marzo de 2024, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.