Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-04678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04678-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Revocatoria directa de acto administrativo de contenido
particular; reajuste de pensión de jubilación de exempleado del
entonces Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carlos Alberto Jaramillo Samudio presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en
1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
orden a que se declarara la nulidad de i) los artículos 13, 24, 35, 46 y 67 de la
Resolución 606 del 30 de abril de 2009, por medio de la cual el asesor del ministro
de la protección social, coordinador del área de pensiones del grupo interno de
trabajo para la gestión del pasivo social de puertos de Colombia, resolvió una
actuación administrativa de revisión integral de pensión; y ii) las resoluciones RDP
36989 del 10 de septiembre de 2015 y RDP 16440 del 21 de abril de 2016, a través
de las cuales la UGPP confirmó en todas sus partes la Resolución 606 de 2009.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el restablecimiento de la pensión de jubilación reconocida por la Empresa
Puertos de Colombia, en la cuantía y condiciones establecidas en las resoluciones
00094 del 27 de abril de 1987; 33138 del 23 de septiembre de 1987; 044 del 23 de
febrero de 1988; 041 del 7 de febrero de 1989; 1261 del 20 de junio de 1996; 2511
del 27 de diciembre de 1996; 33871 del 28 de abril de 1988; 263 del 24 de octubre
de 1988; 34527 del 25 de octubre de 1988; 177 del 19 de febrero de 1997; y 1625
del 7 de noviembre de 1997 expedidas por la Empresa Puertos de Colombia y
Foncolpuertos; ii) en subsidio, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
según el régimen jurídico de las leyes 33 y 62 de 1985, es decir, con una tasa de
remplazo del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio;
iii) la declaración de que no está obligado a reintegrar a la Nación la suma de
$936.853.969,31, ordenada en el artículo 6 de la Resolución 000606 del 30 de abril
de 2009; iv) el reintegro de las diferencias en las mesadas pensionales dejadas de
percibir desde el día en que la entidad hizo efectiva la disminución del monto; v) la
indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudadas; y vi) la condena en
costas a la demandada.
3 Revocó directamente la Resolución 00094 del 27 de abril de 1987, expedida por el gerente general
de la Empresa Puertos de Colombia a través de la cual se reconoció una pensión de jubilación a
favor de Carlos Alberto Jaramillo Samudio.
4 Revocó las resoluciones 33138 del 23 de septiembre de 1987, 044 del 23 de febrero de 1988, 041
del 7 de febrero de 1989 expedidas por el gerente general de la Empresa Puertos de Colombia
mediante las cuales se reliquidó a mesada pensional convencional de Carlos Alberto Jaramillo
Samudio.
5 Revocó las resoluciones 33871 del 28 de abril de 1988, 263 del 24 de octubre de 1988 y 34527 del
25 de octubre de 1988 expedidas por el gerente general de Colpuertos mediante las cuales se
ordenaron pagos desprovistos de legalidad, a favor de Carlos Alberto Jaramillo Samudio.
6 Reconoció una pensión de jubilación a favor de Carlos Alberto Jaramillo Samudio, con base en lo
dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985, equivalente al 75% de lo devengado en el último año de
servicios.
7 Ordenó el reintegro a la Nación la suma de $936.853.969,31 recibida por Carlos Alberto Jaramillo
Samudio y pagada por la administración, por aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y por mesadas pensionales percibidas con base en la convención colectiva de trabajo durante
el tiempo que ha permanecido en nómina.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante la Resolución 00094 del 27 de abril de 1987 la Empresa Puertos de
Colombia reconoció a favor de Carlos Alberto Jaramillo Samudio «un anticipo de
pensión» y una pensión de jubilación, efectiva a partir del 26 de septiembre de 1990.
Dicha prestación fue reliquidada a través de las resoluciones 33138 del 23 de
septiembre de 1987, 044 del 23 de febrero de 1988, 041 del 7 de febrero de 1989,
1261 del 20 de junio de 1996, 2511 del 27 de diciembre de 1996, 33871 del 28 de
abril de 1988, 263 del 24 de octubre de 1988, 34527 del 25 de octubre de 1988, 177
del 19 de febrero de 1997 y 1625 del 7 de noviembre de 1997.
3.2. A través del Auto 3073 del 4 de septiembre de 2008 el coordinador del área de
pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia, con fundamento en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en
concordancia con los artículos 28, 34 y 35 del Decreto 01 de 1984, inició una
actuación administrativa para revisar la pensión de jubilación concedida por la
Empresa Puertos de Colombia a Carlos Alberto Jaramillo Samudio al considerar que
para el momento de su retiro del servicio este se desempeñaba como subgerente
financiero, cargo «que tenía el carácter de empleo público», y por ende, no se le podía
extender los beneficios de la convención colectiva vigente para 1987-1988.
3.3. Por medio de la Resolución 000606 del 30 de abril de 2009, el Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia resolvió la
revisión integral de la pensión de Carlos Alberto Jaramillo Samudio y, en
consecuencia, revocó directamente los actos que reconocieron y reliquidaron el
derecho pensional por considerar que, en su condición de empleado público, no le
eran aplicables los beneficios de la convención colectiva vigente para 1987-1988.
Decisión que fue confirmada en todas sus partes con las resoluciones RDP 36989
del 10 de septiembre de 2015 y RDP 16440 del 21 de abril de 2016, proferidas por
la UGPP.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 29, 53, 58, 83, 113, 116 y 121 de la
Constitución Política; 73 y 84 del Código Contencioso Administrativo 8; 1° de la Ley
33 de 1985; 2 de la Ley 4ª de 1992; 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993; y 19 de la
Ley 797 de 2003.
8 En adelante CCA.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 9:
5.1. Los actos administrativos que crean una situación jurídica particular no pueden
ser revocados sin el consentimiento previo y expreso del titular del derecho, por
ende, la demandada carecía de competencia para revocar aquellos que le habían
reconocido y reliquidado derechos pensionales.
5.2. En los actos administrativos demandados se invocó como fundamento de las
decisiones adoptadas el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, no obstante, tal
disposición y la sentencia C-8335 de 2003 que declaró su exequibilidad
condicionada, fueron objeto de una interpretación errónea y sesgada, toda vez que
la revocatoria directa de actos administrativos en materia pensional, sin el
consentimiento del titular del derecho, únicamente procede cuando, con sujeción al
debido proceso y mediante una interpretación razonable y proporcionada de las
normas jurídicas aplicables, se determina que el reconocimiento prestacional se
obtuvo por medios fraudulentos o ilícitos. Así las cosas, en ausencia de estos
supuestos, la administración carecía de competencia para revocar directamente sus
propios actos, por lo que, de advertir un error en el acto de reconocimiento
pensional, debió acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa para solicitar su
nulidad.
5.3. Omitió que su situación pensional fue reconocida con apego a las normas
creadas por la propia administración, las cuales gozan de presunción de legalidad,
y sin la injerencia o intervención de su voluntad, es decir, que el reconocimiento
prestacional estuvo precedido de los principios de buena fe y confianza legitima.
5.4. No le era permitido ordenar la devolución de los dineros percibidos de buena fe,
pues ninguna norma le atribuyó tal función o que en ejercicio de la autotutela pudiera
hacerlo. Además, de conformidad con el artículo 136 del CCA no es posible ordenar
la devolución de lo que la administración consideró pagado de más, por cuanto para
la expedición del acto de reconocimiento pensional no se advirtió que él hubiese
intervenido de mala fe.
5.5. En caso de considerar la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985, tal y como lo
ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el
4 de agosto de 201010, deben incluirse todos los factores salariales que
9 Folios 68 al 85.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23
25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
conformaban la base de liquidación pensional, y no solo los que están simplemente
enunciados.
1.2. Contestación de la demanda
6. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las siguientes
razones11:
6.1. Al demandante no le era aplicable la convención colectiva de trabajo, por cuanto
a su retiro ostentaba la calidad de empleado público y no de trabajador oficial.
6.2. De acuerdo con los artículos 14, 28, 34, 35, 74 del CCA y 19 de la Ley 797 de
2003, así como la sentencia C-385 de 2003, el Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia se encontraba facultado para
revocar directamente los actos de reconocimiento pensional que se hubieren
expedido de forma irregular.
6.3. La revisión del reconocimiento pensional de Carlos Alberto Jaramillo Samudio
se efectuó porque, inspeccionada su historia laboral, se encontró que al momento
de su retiro definitivo del servicio se desempeñaba en el cargo de subgerente
financiero que revestía naturaleza pública, razón por la cual no podía beneficiarse
de la convención colectiva vigente para 1987-1988 y, por lo tanto, su pensión no
estaba ajustada a la ley.
6.4. El Acuerdo 963 de 1983 proferido por la Junta Directiva Nacional de Puertos de
Colombia, a través del cual se hizo extensivo el estatuto convencional aplicable a
los trabajadores oficiales a los empleados públicos de la empresa fue declarado
nulo mediante sentencia del 29 de julio de 1991 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Lo cual demostró que Carlos Alberto Jaramillo Samudio no
podía beneficiarse de los acuerdos estipulados en la convención colectiva de
trabajo.
7. Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) prescripción; ii) inexistencia de
las obligaciones demandadas; iii) cobro de lo debido; iv) improcedencia de intereses
moratorios o indexación; v) falta de título y de causa en la parte actora; vi) buena fe;
y vii) improcedencia de imposición de costas.
11 Folios 121 al 127 y 154 al 158.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F,
mediante sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda sin condenar en costas y, en tal sentido, dispuso lo
siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD parcial de la Resolución No. 000606 del 30 de
abril de 2009 y de las Resoluciones No. RDP 036989 del 10 de septiembre de 2015 y
RDP 016440 del 21 de abril de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP lo siguiente:
• Reconocer la pensión del señor CARLOS ALBERTO JARAMILLO SAMUDIO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.020.245, a partir del 26 de septiembre
de 1995 aplicando los factores salariales contemplados en la Ley 62 de 1985, incluidos
además de la asignación básica y la prima de antigüedad ya tenidos en cuenta, los
gastos de representación, percibidos en el tiempo que le hacía falta para adquirir el status
pensional a la entrada en vigencia de la Ley 100 o el cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, o el último año de servicio, el que resulte más favorable, y efectuar
la debida indexación de la primera mesada pensional. Con efectos fiscales a partir del 4
de septiembre de 2005.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
causadas con anterioridad al 4 de septiembre de 2005.
CUARTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP deberá
establecer las diferencias entre lo pagado al actor por concepto de pensión convencional,
inicialmente, y en virtud de las reliquidaciones efectuadas con posterioridad, y lo que
resulte de la reliquidación que se ordena en esta sentencia.
El señor CARLOS ALBERTO JARAMILLO SAMUDIO deberá reembolsar las diferencias
que resulten a favor de la entidad. Para el efecto, las partes podrán llegar a un acuerdo
de pago que preste mérito ejecutivo, de lo contrario, la entidad descontará de las
mesadas pensionales del actor las sumas necesarias hasta el pago total de la deuda,
sin afectar el mínimo vital del actor, teniendo en cuenta sus condiciones
socioeconómicas.
Dichas diferencias se pagarán debidamente actualizadas, de acuerdo con la fórmula
consignada en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto.
CUARTO: DESE cumplimiento a esta providencia de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.
6
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
QUINTO: Sin condena en costas en la instancia» [Resaltado del texto original].
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente12:
9.1. Carlos Alberto Jaramillo Samudio al momento de su retiro se desempeñaba
como subgerente financiero de la Empresa Puertos de Colombia, cargo en el que
ostentaba la calidad de empleado público, razón por la cual su régimen prestacional
era el previsto por el legislador y, por ende, no podía beneficiarse de convención
colectiva alguna.
9.2. La revocatoria directa sin el consentimiento del beneficiario de la pensión
reconocida irregularmente procede ante la evidencia de la existencia de una
conducta típica penal. En el caso concreto, la administración revocó el acto bajo el
argumento de que éste fue producto de una actuación ilegal, en la medida en que
Carlos Alberto Jaramillo Samudio en su calidad de servidor público accedió a un
beneficio convencional al cual no tenía derecho. Además, porque «de manera ilegal»
se creó un nuevo régimen para favorecer a un empleado público al que debía
aplicársele los requisitos y beneficios contenidos en las leyes 33 y 62 de 1985, y
éste con conocimiento de ello, sacó provecho de la situación para acceder el
beneficio pensional creado por la convención colectiva, pues el hecho de «haber sido
conciliador y negociador en varias negociaciones colectivas» le permitió tener
conocimientos de asuntos laborales y de seguridad social, «así como el campo de
aplicación de las convenciones colectivas de trabajo».
9.3. Aun en el evento de que con anterioridad no hubiere tenido conocimiento de que
no podía ser destinatario de los beneficios convencionales previstos para los
trabajadores oficiales, lo cierto es que mediante oficio suscrito por el jefe de personal
de Colpuertos el 21 de junio de 1985 le fue informado que «los auxilios de alimentación
y educación que percibía no serían cancelado y debía reintegrar los dineros
correspondientes en razón a un concepto emitido por la Contraloría General de la Republica
que consideró improcedentes dichos pagos a favor de los empleados públicos»; no
obstante, a su retiro solicitó la aplicación de la convención colectiva para obtener su
pensión y otros derechos en condiciones más favorables que las que le hubieren
correspondido «apropiándose de esa manera de recursos públicos sin derecho alguno».
9.4. Producto
de las actuaciones ilegales por parte del demandante la entidad
compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, «entidad que adelanta un proceso
12 Folios 563 al 600.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
penal en contra del demandante por el delito de peculado por apropiación».
9.5. Ahora bien, aunque el demandante tenía derecho a percibir el valor de la mesada
pensional reconocida inicialmente hasta que quedara en firme el acto de revocatoria
directa, en otras palabras, no podía aplicársele el ajuste de la pensión con
anterioridad a tal fecha, contrario a lo ocurrido en el presente asunto; no era
procedente ordenar a la entidad demandada el pago de sumas obtenidas de forma
ilegal, comoquiera que no fueron adquiridas con justo título y buena fe.
9.6. El Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia Área de Pensiones estaba facultado para obtener el reintegro de las
sumas que había percibido el demandante sin tener derecho, en tanto, se desvirtuó
la presunción de buena fe, pues se acreditó que tuvo conocimiento que en su
condición de servidor público no podía beneficiarse de una convención colectiva.
Así pues, obtuvo dichas sumas con vulneración de normas constitucionales y
legales.
9.7. A Carlos Alberto Jaramillo Samudio le eran aplicables los regímenes de
transición de las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, razón por la cual su pensión se
debía reconocer y liquidar con el tiempo de servicio de las leyes 33 y 62 de 1985
[que era igual a la edad y tasa de reemplazo del Decreto 3135 de 1968], pero con
el IBL de la Ley 100 de 1993.
9.8. Seordenó la inclusión del factor salarial de gastos de representación,
emolumento que no se tuvo en cuenta en la liquidación pensional, no obstante,
encontrarse enlistado en la Ley 62 de 1985 y probado que lo devengó en el último
año de servicio.
9.9. Tenía derecho a la indexación de la primera mesada, debido a que la pensión
se le liquidó con la inclusión de los factores salariales percibidos a la fecha del retiro
del servicio en febrero de 1987 y adquirió el estatus de pensionado el 26 de
septiembre de 1995 [fecha en la que cumplió 55 años de edad y contaba ya con 20
años de servicio]; sin embargo, no se dispuso el pago de la diferencia resultante a
su favor, sino que se ordenó que el total fuera abonado a la suma que debía
reintegrar. «La UGPP además, deberá liquidar la pensión teniendo como periodo de
liquidación el tiempo que le hacía falta al demandante para adquirir el estatus a la entrada
en vigencia de la Ley 100 o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado con base en el IPC, y deberá aplicar el que resulte más favorable» (sic).
9.10. En torno a la prescripción de las mesadas que se ordenaron reintegrar en los
actos acusados «se considera que con el auto No. 003078 del 4 de septiembre de 2008
8
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
que ordenó la iniciación del trámite tendiente a la revisión de la pensión del demandante se
interrumpió la prescripción, tanto para la Administración como para el pensionado. Dicho
trámite culminó con la notificación de la Resolución RDP 016440 del 21 de abril de 2016
que puso fin a esa actuación administrativa y la demanda fue radicada el 3 de octubre de
2016, por lo que se tendrán como prescritas para ambas partes las sumas anteriores al 4
de septiembre de 2005» (sic).
1.4. Los recursos de apelación
10. Carlos Alberto Jaramillo Samudio apeló la decisión de primera instancia13 con
fundamento en los siguientes argumentos:
10.1. Para que la administración pueda revocar directamente el acto mediante el cual
reconoce una pensión, sin el consentimiento del titular del derecho, debe demostrar
la existencia de una conducta fraudulenta imputable a aquel. No basta con que éste
haya obtenido un beneficio derivado de una actuación irregular de aquella.
10.2. No se probó que él hubiese actuado de forma fraudulenta, ni en sede
administrativa ni judicial, con el fin de obtener el reconocimiento o el reajuste
pensional. Por el contrario, la controversia giró en torno al régimen pensional
aplicable, esto es, si correspondía aplicar el régimen convencional o el legal previsto
en las Leyes 33 y 62 de 1985, frente al cual la administración optó unilateralmente
por el convencional. En consecuencia, al no haberse demostrado fraude de su parte,
la entidad carecía de competencia para revocar el acto de reconocimiento sin su
consentimiento.
10.3. No le asistió razón al Tribunal al señalar que tenía conocimiento de que el
régimen convencional no era aplicable a su beneficio pensional, toda vez que este
no ostentaba conocimientos propios de la profesión de abogado y las funciones que
desarrolló en algunas negociaciones colectivas no necesariamente le permitían
«conocer la ilegalidad de la decisión de la empresa de aplicarle los beneficios pensionales
de la convención colectiva». En consecuencia, la orden de reintegrar las sumas
pagadas de más vulneró lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 136 del CCA, hoy
literal c del artículo 164 del CPACA, que prohíbe recuperar las prestaciones
periódicas pagadas de buena fe.
10.4. Si bien no se desvirtuó la presunción de buena fe «en caso de que el Consejo de
Estado comparta la postura del Tribunal lo procedente es que se considere que se ha
configurado una culpa compartida», la cual obliga a compartir el daño en proporción a
13 Folio 615 a 617.
9
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
su participación.
10.5. El Tribunal ordenó a la entidad demandada acordar con el pensionado la
manera de reembolsar las sumas de dinero cuya devolución se decretó en el
proceso y en caso de no llegar a un acuerdo descontar de la mesada pensional las
sumas necesarias, situación que no puede quedar al arbitrio de la administración,
razón por la cual es necesario que el juez determine cuáles son los criterios para no
afectar el mínimo vital.
11. La Ugpp interpuso recurso de apelación14 en el cual reprochó la reliquidación de
la pensión del demandante con fundamento en los siguientes argumentos:
11.1. Respecto del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores salariales para su
liquidación solo se debieron incluir los factores sobre los cuales se hayan cotizado
o aportado al sistema pensional y no todos los devengados durante el tiempo que
le hacía falta para adquirir el estatus pensional.
11.2. El IBL del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene todos los elementos y
condiciones para las personas beneficiarias del régimen de transición, por lo que no
es posible pretender aplicar uno diferente.
11.3. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez del demandante son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
aportes al sistema de pensiones.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar15.
13. Sin embargo, la Ugpp se pronunció con el objeto de reiterar lo expuesto en el
recurso de apelación, esto es que al demandante no le asistía el derecho a la
reliquidación de la pensión en los términos ordenados en la sentencia 16, y agregó
que era improcedente la declaración de prescripción frente a los pagos realizados
ilegalmente en favor del demandante anteriores al 4 de septiembre de 2005, debido
14 Folio 607 a 613.
15 Auto del 18 de abril de 2022. Índice 3 de Samai.
16 Índice 8 de Samai.
10
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
a que era aplicable lo determinado por el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, el cual
establece que «la acción para recuperar los dineros objeto de detrimento patrimonial del
erario prescribe a los 5 años y se suspende por 5 años con la actuación de la entidad que
inicia la acción fiscal».
14. Así pues, comoquiera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá
dentro del proceso penal quedó en firme el 20 de septiembre de 2021 que en lo
referente ordenó la recuperación del concepto de mesada pensionales percibidas
ilícitamente por valor de $936.853.969, por lo que tal sentencia constituye un título
ejecutivo cuya obligación a la fecha no está prescrita17.
1.6. Concepto del Ministerio Público
15. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio18.
2. Consideraciones
2.1. Cuestiones previas
2.1.1. Competencia de esta jurisdicción
16. Previo al planteamiento de los problemas jurídicos propuestos, se advierte que
esta jurisdicción es competente para conocerlos, toda vez que el causante de la
prestación cuya reliquidación y posterior revocatoria es objeto de debate, se
desempeñaba como subgerente financiero de la empresa Puertos de Colombia19,
lo anterior, en consideración a los siguientes argumentos:
17. La empresa Puertos de Colombia se creó a través de la Ley 154 de 1959 como
una empresa industrial y comercial del Estado; y si bien cambió su naturaleza
jurídica a establecimiento público a través del Decreto 36 de 199220, por el cual se
creó el Fondo de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos);
a la fecha del reconocimiento pensional (26 de septiembre de 1990) mantenía la
naturaleza anterior.
18. En tal sentido, corresponde analizar la normativa que rige la materia a efectos de
17 Índice 25 de Samai.
18 Obra notificación a índice 20 de Samai.
19 Tal y como consta en el certificado expedido por esa entidad el 4 de marzo de 1980, Folio 213,
CD, archivo 3.
20 «Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación,
se determina su estructura, organización y funcionamiento»
11
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
establecer la calidad del trabajador en torno a los criterios señalados previamente.
19. Así, el Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad
social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales» dispuso lo siguiente:
«Artículo 5 Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus
servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la
construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.21
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y
comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de
dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos» [se
resalta].
20. De la norma transcrita se derivan los tres criterios reseñados: el orgánico, en
tanto indica que la clasificación en uno u otro responde a la naturaleza jurídica de la
entidad; el funcional pues tiene en consideración las labores que desempeña el
trabajador; y el estatutario, en tanto permite que a través de estos instrumentos
internos la entidad indique las actividades que pueden ser desempeñadas por
empleados públicos.
21. Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del aludido Decreto
3135, toda persona que preste sus servicios en entidades públicas como
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos
públicos, sin importar el orden territorial al que pertenezcan, es decir, si son
entidades de carácter nacional, departamental, municipal o distrital es, por regla
general, empleado público.
22. Empero, los trabajadores oficiales son: i) las personas dedicadas a las
actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, y ii) por regla
general, quienes trabajan en las empresas industriales y comerciales del Estado,
excepto por aquellos que desempeñen funciones de dirección o confianza.
23. Por su parte, quienes laboran en las empresas industriales y comerciales del
Estado tienen la calidad de trabajadores oficiales; no obstante, corresponde a los
estatutos de cada entidad determinar cuáles cargos de dirección o confianza serán
ejercidos por empleados públicos.
21 Texto subrayado declarado inexequible mediante Sentencia C-484 de 1995, Corte Constitucional.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
24. Al respecto se advierte que el artículo 27 del Decreto 561 de 197522, vigente para
la fecha del reconocimiento pensional señalaba que «[l]as personas que prestan sus
servicios a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales. Sin embargo, en los estatutos
de la entidad se determinará qué cargos, deben ser desempeñados por empleados
públicos», y lo cierto es que el artículo 42 del Decreto 972 de 1975 «por el cual se
aprueban los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia», y posteriormente el
artículo 3823 del Decreto 2465 de 1981, dispuso lo siguiente:
«Artículo 42. Las personas que prestan sus servicios a Puertos de Colombia son
trabajadores oficiales, a excepción de los Subgerentes, Jefes de Oficina y Secretario
General de las Dependencias Nacionales, así como los gerentes de los terminales,
quienes son empleados públicos» [Se resalta].
25. De suerte que, para el caso analizado, el causante de la prestación ocupaba el
cargo de subgerente financiero de la empresa Puertos de Colombia, es decir,
desarrollaba funciones de dirección o manejo y por ello de acuerdo con la norma de
creación de la entidad24 el acto de reestructuración y sus estatutos, ejercía un
empleo público.
2.1.2. Sucesión procesal
26. Dentro del trámite de segunda instancia, el 16 de abril de 2024 la Ugpp presentó
una solicitud de sucesión procesal en los siguientes términos «[c]onforme al Registro
Civil de Defunción, se puede constatar el fallecimiento del demandante, razón por la cual
se hace necesario ordenar la sucesión procesal en los términos del artículo 68 del CGP.
Para el caso se tiene que el demandante dentro del proceso en referencia falleció el día 16
de diciembre de 2023, sin que a la fecha se haya comunicado por el apoderado de la parte
demandante», asimismo señaló que «no tiene conocimiento de la existencia de herederos
determinados o indeterminados teniendo en cuenta que no obran elementos probatorios
dentro del expediente administrativo»25 (sic); sin embargo, no adjuntó copia del registro
civil de defunción al que se hizo referencia.
27. Con base en lo anterior, a través del auto de 24 de julio de 2025 el despacho
requirió a las partes del proceso para que aportaran el registro civil de defunción de
Carlos Alberto Jaramillo Samudio y a la Ugpp para que informara si obraba alguna
22 «Por medio del cual se reestructura a la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos»
23 ARTÍCULO 38. Las personas que presten sus servicios a Puertos de Colombia son trabajadores
oficiales, a excepción de los Subgerentes, los jefes de oficina, el Secretario General y el Asistente
de la Gerencia General de la Oficina principal, así como los Gerentes de los terminales, quienes son
empleados públicos.
24 Ley 154 de 1959
25 Índice 22 de Samai, archivo «23_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 22»
13
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
solicitud de sustitución pensional o si está ya había sido sustituida.
28. Mediante oficio 1140 del 4 de agosto de 2025 la administradora dio respuesta al
requerimiento y allegó los siguientes documentos: i) el registro civil de defunción
con indicativo serial 10959924 expedido el 2 de enero de 2024 por la Notaría 44 del
Círculo de Bogotá, en el que consta que Carlos Alberto Jaramillo Samudio falleció
el 16 de diciembre del 2023; ii) la solicitud de sustitución pensional suscrita por
Yolanda Arias de Jaramillo, en calidad de cónyuge del causante; iii) la Resolución
RDP 001146 del 22 de enero del 2024, por medio de la cual la Ugpp le reconoció
una pensión de sobrevivientes provisional a Yolanda Arias de Jaramillo en un 100%
de la mesada devengada en vida por el causante, en su calidad de cónyuge y/o
compañera permanente, efectiva a partir del 17 de diciembre del 2023, con efectos
fiscales a la inclusión en nómina; y iv) la Resolución RDP 006978 del 17 de abril del
2024, mediante la cual reconoció una pensión de sobrevivientes definitiva a favor
de Yolanda Arias de Jaramillo, en un 100% de la mesada devengada en vida por el
causante, en calidad de cónyuge y/o compañera permanente, efectiva a partir del
17 de diciembre del 202326.
29. Así pues, dentro del proceso de la referencia se encuentra acreditado el deceso
del demandante, situación que se configura como una causal para la sucesión
procesal.
30. Ahora bien, respecto del sucesor procesal se tiene que Yolanda Arias de
Jaramillo en la solicitud allegada relacionó como medio de prueba el registro civil de
matrimonio; y, la Ugpp, a su vez, en las resoluciones mediante las cuales le
reconoció a aquella la pensión de sobrevivientes tuvo en cuenta el «Registro Civil de
Matrimonio celebrado entre el causante y la solicitante en fecha 26 de septiembre de 1964,
sin notas marginales de divorcio o separaciones. (…) declaración juramentada de
convivencia rendida por la interesada, en la que manifestó que convivió con el causante
desde el 26 de septiembre de 1964 hasta el 16 de diciembre de 2023, día del fallecimiento,
compartiendo lecho, techo y mesa de manera permanente e ininterrumpida. (…) memorial
de Ley 44 de 1980 rendida por el causante en vida, quien manifestó que en caso de su
fallecimiento se sustituyera su pensión a favor de la señora YOLANDA ARIAS DE
JARAMILLO CC 41321896 en calidad de cónyuge»27.
31. En esa medida, si bien los documentos a los que se hicieron referencia no se
aportaron al presente trámite, comoquiera que la entidad demandante le reconoció
la pensión de sobreviviente a Yolanda Arias de Jaramillo en un porcentaje del 100%
26 Índice 46 de Samai.
27 Resolución RDP 001146 del 22 de enero del 2024
14
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
con ocasión del fallecimiento de Carlos Alberto Jaramillo Samudio, se declarará la
sustitución procesal de la parte demandada en cabeza de ella, máxime por ser la
principal interesada en las resultas del proceso, pues, de accederse a las
pretensiones de la demanda, sería ella quien se vería directamente afectada con la
variación del monto de la mesada pensional que actualmente devenga.
32. Lo anterior, sin perjuicio de que la calidad de cónyuge o compañera permanente
pueda ser debatida ante otra autoridad judicial y/o administrativa.
2.2. Los problemas jurídicos
33. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 28, los
problemas jurídicos se circunscriben en determinar:
33.1. ¿si la administración podía ejercer la facultad de revocatoria directa de actos
administrativos de contenido particular que reconocieron a Carlos Alberto Jaramillo
Samudio una pensión de jubilación, el anticipo pensional, la reliquidación de la
prestación y otras sumas de dinero, en aplicación de una convención colectiva de
trabajo o de alguna otra competencia constitucional o legalmente asignada al
expedir las resoluciones 606 del 30 de abril de 2009, y RDP 36989 del 10 de
septiembre de 2015 y RDP 16440 del 21 de abril de 2016? de ser afirmativa la
respuesta,
33.2. ¿si Carlos Jaramillo Samudio tiene derecho a la reliquidación de la pensión de
jubilación con la inclusión de los factores salariales sobre los cuales hubiese
efectuado aportes al sistema pensional?
33.3. ¿la orden de reintegrar las sumas pagadas en exceso desconoció la disposición
que prohíbe recuperar las prestaciones periódicas pagadas de buena fe?
2.3. Marco normativo
2.3.1. La revocatoria directa de los actos administrativos en vigencia del
Decreto 01 de 1984
34. Aefectos de abordar el análisis de la revocatoria directa de los actos
administrativos, se hace necesario pronunciarse sobre la institución de la buena fe.
Esta nace como regla moral regida por el honor y el crédito personal, luego como
28 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
regla de derecho. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos 29, «(l)a
buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado
mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho
u opinión, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación
con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina
"principio de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real
Academia de la Lengua Española30, como honradez.
35. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199531, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
36. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció que «[l]a buena fe se presume,
excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la
mala fe deberá probarse»32. A su turno, con el fin de otorgarle vigencia a este principio,
el Código Contencioso Administrativo33 en su artículo 136, numeral 2, estableció
que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
37. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso que «[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
38. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional34 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades como a los particulares, acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
29Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
30 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
31 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
32 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
33 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
34 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
39. En efecto, una de las manifestaciones esenciales de este principio es la confianza
legítima, que impone a las autoridades y los particulares en el curso de sus
relaciones jurídicas responder a las expectativas que generaron en los demás sus
actuaciones. A partir de ello se edifica la teoría del respeto por el acto propio que
tiene origen en el aforismo «venire contra proprium factum nulli conceditur»35, e indica
que las decisiones adoptadas por un sujeto deben ser posteriormente acatadas por
él, es decir, que debe aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de
ella. Dentro de un Estado Social de Derecho esta teoría garantiza los principios del
debido proceso y la seguridad jurídica, y de ella se deriva la inmutabilidad de los
actos administrativos de contenido particular y concreto.
40. Esta circunstancia, por regla general, impide a la administración revocar los actos
en los que define situaciones jurídicas particulares, y se constituye en «una garantía
esencial de los administrados en cuanto se impone un límite claro al ejercicio abusivo del
poder público restringiéndosele la posibilidad de retrotraer sus decisiones motu proprio»36.
41. Empero, existen circunstancias que permiten a la administración hacer uso de la
figura de la revocatoria directa, esto es que la autoridad que profirió el acto o su
inmediato superior vuelva las cosas al estado inicial luego de disponer sobre la
35 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico: «Gral.
'Nadie está autorizado a ir contra el propio acto' (Azón: Brocardica 10, 29). Adopta también otras
formas de significado similar: adversus factum suum quis venire non potest; contra factum proprium
venire non potest; nemini licet adversus sua facta venire; nemo contra factum proprium potest; nemo
potest contra factum proprium venire; nemo potest contra proprium actum venire; non concedit venire
contra factum proprium; proprium factum nemo impugnare potest; venire contra facta propria non
licet y venire contra factum proprium non valet. Principio general del derecho de vinculación de los
actos propios, entendido como la aceptación de las consecuencias vinculantes que se desprenden
de ellos. Supone la conexión directa del autor a los resultados de un acto con prohibición de adoptar
después un comportamiento incompatible con el mismo. La regla está ligada al principio de buena fe
y ambos preservan la exigencia de un deber de comportamiento coherente con lo ya realizado a fin
de dar protección a la razonable confianza depositada en el comportamiento ajeno. La STS, 3.ª, 25-
III-2015, rec. 1016/2013 dice: «No es sino una decantación de principios jurídicos esenciales, como
los de buena fe, seguridad jurídica y respeto a la confianza legítima». En una jurisprudencia temprana
del Tribunal Constitucional, se definió este principio como «la vinculación del autor de una
declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un
comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que
objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el
comportamiento ajeno» (STC, 2.ª, 73/1988, de 21-IV, FJ 5). Además de su forma latina, es conocido
en el derecho anglosajón como principio de estoppel o en el alemán como Verwirkung».
36 Ver entre otras, sentencias del 24 de julio de 2017, radicado 08001-23-31-000-2010-00474-
01(1407-14), M.P. William Hernández Gómez; y 3 de diciembre de 2020, radicado
250002342000201304161 01 (4424-17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
pérdida de vigencia de los efectos jurídicos que el acto administrativo había
generado.
42. En virtud de lo anterior, en vigencia del Decreto 01 de 1984, la administración se
encontraba facultada para revocar sus actos siempre que contase con el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en
aquella decisión. En ausencia de tal autorización, la revocatoria motu proprio de
la administración únicamente era viable en los siguientes eventos:
i) Cuando se tratara de actos producto del silencio administrativo positivo y
pudiera verificarse una de las siguientes condiciones: a) eran manifiestamente
opuestos a la Constitución Política o a la ley; b) no consultaban el interés público
o social o atentaran contra este; y c) causaran un agravio injustificado a una
persona; y
ii) Cuando era evidente que el acto se expidió por medios ilegales.
43. Lo anterior, de acuerdo con el análisis que la jurisprudencia ha hecho en relación
con los artículos 6937 y 7338 del Decreto 01 de 1984, en particular el contenido en la
sentencia del 16 de julio de 200239. De esta manera, el Consejo de Estado ha
considerado que «la administración contaba con la posibilidad de revocar actos
37 «Artículo 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que
los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
38 «Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario
para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión».
39 Radicado 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029); M.P. Ana Margarita Olaya Forero; Actor: José
Miguel Acuña Cogollo; Demandado: Departamento de Córdoba. Esta providencia, al referirse al
artículo 73 del CCA, explicó que «en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición
disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera
podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º
y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”,
para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna. Lo cierto entonces es que tal
como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede
la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado:
Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto
hubiere ocurrido por medios ilegales»
18
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud era evidente u
ostensible. Así las cosas […] no se trataba de que la autoridad pública intuyera o
sospechara sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal
circunstancia, a juicio de la Sala, debía estar debidamente documentada y probada dentro
de la actuación administrativa que, en todo caso, precedía la expedición del acto que
contenía la decisión de la revocatoria»40 [Se resalta].
44. En efecto, en la citada sentencia del 16 de julio de 2002, la Sala Plena de esta
corporación advirtió que la formación del acto administrativo por medios ilícitos no
puede obligar al Estado, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del
Estado, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de
responsabilidad para su acatamiento, lo que además explica que pueda ser
revocado sin consentimiento del particular. Al respecto señaló lo siguiente:
«Y en este punto, debe ser enfática la Sala en señalar, que es claro que no se trata de
situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir la ilegalidad de los
medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca,
como quiera que debe darse una evidencia de ello. En esa medida, en la motivación
del acto revocatorio la administración está obligada a dejar constancia expresa
acerca de los elementos de juicio que la llevaron a tal conclusión, previo, se repite,
la comunicación y citación del particular afectado, con el fin de que pueda
defenderse de tal decisión, como lo prevé el artículo 74 del Código Contencioso
Administrativo. Resulta pertinente resaltar que además de la defensa en sede
gubernativa, el administrado puede controvertir la decisión en sede contenciosa,
si considera que la actuación de la administración lo ha lesionado en su derecho.
(Destaca la Sala).
Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin
autorización escrita del administrado, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de esta
Corporación “que se trate de una abrupta abierta e incontrovertible actuación ilícita
o fraudulenta, debidamente probada...”41. Entendida tal actuación ilícita, como se dijo
en párrafos antecedentes, como un vicio en la formación de la voluntad de la
administración, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo». [Resaltado del texto
original].
45. De forma que la administración debe adelantar una actuación administrativa en
los términos de los artículos 28 y 74 del CCA, previa a la adopción de la decisión, lo
que se traduce en la necesidad de agotar unas etapas procesales mínimas a partir
de las cuales se garantice el derecho de contradicción de aquel que se viera
afectado o que tenga un interés en ella, en cumplimiento de un debido proceso
40 Sentencia del 6 de agosto de 2015; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Radicación 76001-
23-31-000-2004-03824-02(0376-07); Actor: Jairo Candelo Banguero; Demandado: Departamento
del Valle del Cauca.
41 Sentencia del 16 de febrero de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 12907. Actor: Adonai
Guevara Torres.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
administrativo.
2.4. Caso concreto
46. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.4.1. Reconocimiento pensional y prestacional en aplicación de la
convención colectiva de trabajo vigente
46.1. Carlos Alberto Jaramillo Samudio nació el 26 de septiembre de 194042.
46.2. Según el formato para la expedición de certificado de historia laboral del 7 de
octubre de 2008, expedido por Industria Militar (Indumil), consta que se desempeñó
como subgerente administrativo desde el 14 de febrero de 1964 hasta el 1° de junio
197443.
46.3. El 26 de marzo de 1987 el jefe de personal de la empresa Puertos de Colombia
certificó que laboró allí desde el 1° de junio de 1974 hasta el 28 de febrero de 1987,
esto es por un lapso de 12 años y 9 meses44; y el 31 de igual mes y año en el
certificado de cuotas partes señaló que devengó sueldo mensual, gastos de
representación y prima de antigüedad45. Igualmente, el 12 de agosto de ese año
certificó que se desempeñó en el cargo de subgerente financiero con el carácter de
«empleado público»46
46.4. Mediante el Oficio 154318 del 18 de febrero de 1987 el gerente general de la
empresa Puertos de Colombia le aceptó la renuncia al cargo de subgerente
financiero a Carlos Alberto Jaramillo Samudio a partir del 1° de marzo de ese año 47.
46.5. A través de la Resolución 00094 del 27 de abril de 1987 el gerente general de
la empresa Puertos de Colombia le reconoció un anticipo de pensión por valor de
$5.532.098, el cual debía ser reembolsado en 48 descuentos mensuales iguales a
partir del momento en que comenzara a gozar de la pensión de jubilación, beneficio
42 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 87. Fotocopia de documento de identidad-
Causante.
43 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 97. Certificado de información laboral- Causante.
44 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 104. Certificado de información laboral-
Causante.
45 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 3. Certificaciones diferentes a las requeridas -
Causante.
46 Índice 28 de Samai, archivo
36_RECIBEPRUEBAS_expediente_INTRUCCIONrar_20240520111805, C.O No 04 SUMARIO,
página 36
47 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 1.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
este que estaba establecido en los parágrafos 4 y 5 del artículo 45 de la convención
colectiva de trabajo vigente, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 963
del 10 de noviembre de 198348, ello, por haber laborado más de 20 años en
entidades oficiales pero no contar a la fecha del retiro del servicio con 50 años de
edad para el goce inmediato de la prestación. Asimismo, le reconoció una pensión
de jubilación equivalente al 80% del promedio salarial devengado con la inclusión
de sueldo mensual, viáticos, primas de antigüedad, de vacaciones, de servicio,
subsidio de educación y vacaciones tiempo, en cuantía de $221.283, a partir del 26
de septiembre de 1990 (fecha en la que cumpliría los 50 años de edad) 49.
46.6. El gerente general de la Empresa Puertos de Colombia le reliquidó la mesada
pensional convencional por medio de las siguientes resoluciones i) 33138 del 23 de
septiembre de 198750 con fundamento en el concepto emitido por la abogada de la
oficina jurídica del 11 de agosto de ese año51, en el que se señaló que según el
Acuerdo 017 de 198752 se le debió reajustar el salario [o actualizar la remuneración
que percibía y que estaba compuesta por el sueldo básico y los gastos de
representación] a partir del 1° de enero de ese año, así como el 10% de ajuste
compensatorio; ii) 044 del 23 de febrero de 198853, como consecuencia del reajuste
anterior, la mesada ascendió en cuantía de $263.459; y iii) 041 del 7 de febrero de
198954 en cuantía de $309.619, en virtud del concepto del 29 de agosto de 1988
emitido por la Subgerencia de Relaciones Industriales de la empresa, según el cual
no se tuvieron en cuenta, en la liquidación inicial, de forma proporcional las primas
de antigüedad, de vacaciones y de servicios.
46.7. Igualmente, la Empresa Puertos de Colombia emitió las siguientes
resoluciones: i) 33871 del 28 de abril de 1988 por la cual se reliquidaron las
vacaciones proporcionales pagadas según las resoluciones 32099 del 12 de marzo
y 33138 del 23 de septiembre de 1987 y se le reconoció un valor de $142.70755; ii)
263 del 24 de octubre de 1988 que ordenó el pago de $1.153.988 por reajuste del
anticipo de la pensión de jubilación con fundamento en la solicitud que presentó el
demandante para que le reliquidaran las cesantías en aplicación del artículo 53 de
la convención y al que según el concepto del 29 de agosto de 1988 emitido por la
48 Emitido por la Junta Directiva de Colpuertos, por el cual se extendían a empleados públicos
beneficios convencionales.
49 Folio 58 a 65.
50 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 12.
51 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 11.
52 Emitida por la Junta Directiva de la empresa
53 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 16.
54 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 25.
55 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, Documento 17
21
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
Subgerencia de Relaciones Industriales de la empresa tenía derecho 56; y iii) 34527
del 25 de octubre de 1988 que por las razones expuestas en la resolución anterior
ordenó el pago de $735.667 por concepto de reajuste de cesantías definitivas57.
46.8. El 22 de marzo de 1996 se celebró audiencia de conciliación entre el
pensionado y otros y Foncolpuertos en Liquidación, ante la Inspección del Trabajo
y Seguridad Social, Regional Cundinamarca, (acta 17) en la que se resolvió sobre
las diferencias laborales por la inadecuada liquidación de las vacaciones. Como
consecuencia, la empresa reconoció sumas por reliquidación de las prestaciones
sociales, por diferencias de las mesadas atrasadas hasta el 31 de marzo de 1996 y
el 50% por sanción moratoria. Asimismo, se comprometió a actualizar las pensiones
a partir del 1° de abril de ese año58.
46.9. A través de la Resolución 1261 del 20 de junio de 1996 Foncolpuertos ordenó
el primer pago de la conciliación; al demandante le correspondió la suma de
$11.858.703 y le actualizó el monto de la mesada pensional a partir de junio en
$430.02759.
46.10. Por medio de la Resolución 2511 del 27 de diciembre de 1996 el fondo le
reajustó el monto de la mesada pensional en cuantía de $2.152.241 y ordenó
pagarle por concepto de diferencia de mesadas atrasadas causadas hasta el 30 de
diciembre de 1996 la suma de $41.216.53260.
46.11. Mediante la Resolución 177 del 19 de febrero de 1997 se efectuó el último
pago de la conciliación por un valor de $28.396.44161.
46.12. Con la Resolución 1625 del 7 de noviembre de 1997 se ordenó el pago de una
diferencia de intereses causados por el no pago oportuno en la Resolución 1261 del
20 de junio de 1996 por valor de $17.205.42962. Decisión notificada el 5 de junio de
200963
2.4.2. Trámite administrativo de revocatoria directa
46.13. La coordinadora del Área de Pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la
56 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, Documento 21
57 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, Documento 22
58 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 108.
59 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 62.
60 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 64.
61 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 111.
62 Cd a folio 129, carpeta CC17020245Documento 112
63 Folio 44
22
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección
Social profirió el Auto 3073 del 4 de septiembre de 2008 por el cual se ordenó
adelantar una actuación administrativa de revisión integral del anticipo y del
reconocimiento pensional efectuado al demandante, toda vez que al momento de
su retiro ocupaba un cargo clasificado como empleado público (Subgerente
Financiero), razón por la cual encontró necesario revisar si la pensión había sido
liquidada con fundamento en las normas legales aplicables (Ley 33 de 1985 y Ley
62 de 1985)64. El cual fue comunicado mediante Oficio GPSC-AA-3989 del 8 de
septiembre de 2008 enviado por correo certificado65.
46.14. El 4 de noviembre de 2008, Carlos Alberto Jaramillo Samudio se pronunció
sobre el anterior auto y señaló que la actuación debía ceñirse a si la prestación se
había otorgado con base en documentación falsa o por alguna «conducta delictiva»,
que no otorgaba su consentimiento para que se le ajustara o modificara y al haberla
percibido por alrededor de 18 años era un derecho adquirido. Finalmente indicó que
la acción de revisión estaba prescrita66.
46.15. La coordinadora del Área de Pensiones antes citada emitió la nota interna AP
3215 del 5 de septiembre de 2008 dirigida a la coordinadora del Área de Sistema
Nacional de Pagos para que informara si existieron reajustes o no a la mesada,
proyectara el comportamiento de la pagada y a la que legalmente tenía derecho
Carlos Alberto Jaramillo Samudio. «[T]eniendo en cuenta que cumplió más de 20 años
de servicios al Estado, pero únicamente desde la fecha en que cumplió 55 años de edad,
por lo cual se deberán liquidar también las mesadas pagadas sin derecho hasta ese
momento. De igual forma, desmontar los reajustes que se hubieran ordenado y/o aplicado
con fundamento en normas convencionales, e informar cuánto dinero debe reintegrar como
consecuencia del anticipo recibido, teniendo en cuenta que éste es un beneficio
convencional».
46.16. En respuesta a lo anterior, la coordinadora del Área de Sistema Nacional de
Pagos contestó la nota interna GPSPC-ASNP 1178 del 1º de abril de 2009, en la
que informó que según el régimen legal aplicable (leyes 33 y 62 de 1985): i) la
liquidación de la mesada con los factores salariales previstos en la ley y una tasa
de reemplazo del 75%, era de $156.836 que debía recibir a partir del 26 de
septiembre de 1995 (al cumplir 55 años de edad); ii) de acuerdo con la proyección
de la mesada desde que adquirió el derecho y hasta 2009 le correspondía percibir
el equivalente a $599.657; iii) el valor total de las mesadas liquidadas debió ser de
$72.742.600; y iv) por lo que, las diferencias pensionales liquidadas legal y
64 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 86.
65 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 93.
66 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, documento 98.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
convencionalmente era de $826.554.868, resultado de restar las mesadas pagadas
en aplicación de la convención $899.297.469 de las que debió recibir conforme con
la ley $72.742.600.
46.17. El asesor del ministro de la Protección Social, coordinador del Área de
Pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia expidió la Resolución 606 del 30 de abril de 2009 que resolvió
una actuación administrativa de revisión integral de pensión67. Precisó que Carlos
Alberto Jaramillo Samudio ostentaba el cargo de subgerente financiero en la Oficina
Principal, clasificado como empleado público, por lo que no le era aplicable la
convención colectiva de trabajo. Asimismo, que pese a que el estatuto convencional
solo era aplicable a los trabajadores oficiales de la empresa el gerente general de
Colpuertos decidió extenderle los beneficios al demandante a través de la
Resolución 00094 de 1987 con fundamento en el Acuerdo 963 de 198368, no
obstante a que el Consejo de Estado, Sección segunda, en providencia del 12 de
noviembre de 1986 lo había suspendido provisionalmente [y finalmente fue
declarado nulo mediante la sentencia del 29 de julio de 1991] con fundamento en
que las Juntas Directivas de las empresas Industriales y Comerciales del Estado,
como lo fue Puertos de Colombia, no tenían competencia para definir el régimen
salarial y/o prestacional de los empleados públicos, por ser ésta una facultad de
resorte exclusivo del legislador. Igualmente, se manifestó que no sólo se reconoció
el beneficio del anticipo y pensión de jubilación pactados convencionalmente
únicamente para favorecer a los trabajadores oficiales, sino que además cuantificó
la prestación con la inclusión de factores salariales que lo eran para los trabajadores
oficiales, y no para los empleados públicos, al no estar previstos en la ley. En tal
virtud se precisó que la mencionada resolución fue expedida de forma
manifiestamente contraria a la Constitución y ley, razón por la que era procedente
67 Revocó directamente la Resolución 00094 del 27 de abril de 1987, expedida por el gerente general
de la Empresa Puertos de Colombia a través de la cual se reconoció una pensión de jubilación a
favor de Carlos Alberto Jaramillo Samudio; Revocó las resoluciones 33138 del 23 de septiembre de
1987, 044 del 23 de febrero de 1988, 041 del 7 de febrero de 1989 expedidas por el gerente general
de la Empresa Puertos de Colombia mediante las cuales se reliquidó a mesada pensional
convencional de Carlos Alberto Jaramillo Samudio; Revocó las resoluciones 33871 del 28 de abril
de 1988, 263 del 24 de octubre de 1988 y 34527 del 25 de octubre de 1988 expedidas por el gerente
general de Colpuertos mediante las cuales se ordenaron pagos desprovistos de legalidad, a favor
de Carlos Alberto Jaramillo Samudio; Reconoció una pensión de jubilación a favor de Carlos Alberto
Jaramillo Samudio, con base en lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985, equivalente al 75% de lo
devengado en el último año de servicios; Ordenó el reintegro a la Nación la suma de $936.853.969,31
recibida por Carlos Alberto Jaramillo Samudio y pagada por la administración, por aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y por mesadas pensionales percibidas con base en la
convención colectiva de trabajo durante el tiempo que ha permanecido en nómina.
68 Expedido por la Junta Directiva de Puertos de Colombia, en el que se extendieron los beneficios
asistenciales y prestacionales pactados en las convenciones colectivas de trabajo a los empleados
públicos
24
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
la revocatoria directa en aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 200369.
46.18. El 11 de junio de 2009, Carlos Alberto Jaramillo Samudio interpuso el recurso
de reposición y en subsidio el de apelación al considerar que el acto administrativo
había sido expedido sin competencia, toda vez que el grupo interno de trabajo no
había sido facultado para adelantar una revisión integral de las pensiones de
quienes prestaron sus servicios a la extinguida empresa Puertos de Colombia y
revocarlas sin el consentimiento del titular del derecho7071.
46.19. Los anteriores recursos fueron resueltos a través de las resoluciones RDP
036989 del 10 de septiembre de 2015 y RDP 016440 del 21 de abril de 2016
emitidas por la Ugpp, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial,
porque al pensionado no le era aplicable la convención colectiva de trabajo y por
tanto su reconocimiento pensional en sus términos. Para tal efecto se señaló:
«Que el Grupo Interno de Trabajo GIT estaba facultado para revocar directamente actos
administrativos de reconocimiento irregular de pensiones con base en lo dispuesto en
los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del C.C.A. y 19 de la Ley 797 de 2003 y en la sentencia
C-835 de 2003 en la que se declara exequible la última disposición mencionada y por
virtud de las normas precitas la facultad de revocatoria directa estaba dirigida a las
instituciones de seguridad social o a quienes respondan por el pago reconozcan o hayan
reconocido prestaciones económicas.
Que la revisión integral de la pensión se ordenó por cuánto al revisarse la historia laboral
del señor, JARAMILLO SAMUDIO CARLOS ALBERTO, identificado (a) con CC No. 17,
020,245 se verificó que al momento de su retiro de la empresa Puertos de Colombia, se
desempeñaba en el cargo de Subgerente Financiero en la Oficina Principal de la
empresa Puertos de Colombia, el cual reviste de naturaleza de empleado público, de
conformidad con el Acuerdo de la Junta Directiva de dicha empresa por el Decreto 2645
de 10 de septiembre de 1981 dictado por el Gobierno Nacional, y en el cual se dispuso
que los subgerentes de la empresa puertos de Colombia, eran empleados públicos en
tal virtud, se requería verificar si la pensión reconocida mediante Resolución No. 94 de
27 de abril de 1987 y sus respectivas reliquidaciones se habían expedido de conformidad
con las normas legales que rigen la materia, y si la cuantía de la misma se ajustaba o no
a Derecho.
Ahora bien, se logra establecer que el reconocimiento inicial se efectuó de conformidad
con el artículo 45, parágrafo 4, literal b de la Convención Colectiva de Trabajo vigente
para los trabajadores al servicio de Puertos de Colombia en la Oficina Principal, para los
años 1987- 1988.
Que frente al Acuerdo No. 963 de 1983 dictado por la Junta Directiva Nacional de Puertos
69 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, Documento 122
70 De acuerdo con la Resolución No. 03137 de 31 de diciembre de 1998, por la cual se creó el Grupo
Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia.
71 Cd a folio 129, carpeta CC17020245, Documento 124
25
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
de Colombia en el que hizo extensivo el Estatuto Convencional aplicable a los
trabajadores de la empresa a los empleados públicos, fue declarado nulo por el Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda en sentencia de 29
de julio de 1991» (sic)
2.4.3. Proceso penal
46.20. Mediante la Resolución 69 del 20 de enero de 2010 se designó al fiscal
delegado ante los Jueces Penales de Circuito, adscrito a la Estructura de Apoyo
para el tema de Foncolpuertos, de la Unidad Nacional Especializada en Delitos
contra la Administración Pública, para que adelantara hasta su culminación las
investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades presentadas a cargo
del Grupo interno de Trabajo que asumió el pasivo laboral de Puertos de Colombia
y Foncolpuertos72.
46.21. Con Oficio radicado 3026-01 del 15 de marzo de 2010 la Fiscalía Primera
Delegada de la Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos dispuso la
apertura de la instrucción por la presunta comisión de los delitos contra la
administración pública de peculado por apropiación y prevaricato por acción con
ocasión del reconocimiento de la pensión de jubilación de Carlos Alberto Jaramillo
Samudio y ordenó su vinculación73.
46.22. Adelantado el proceso, el 25 de junio de 2019 el juzgado 16 penal del circuito
de Bogotá condenó al pensionado a título de determinador responsable del delito
de peculado por apropiación agravado a 84 meses de prisión y multa de 1.885.39
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer derechos
y funciones públicas por igual lapso de la pena privativa de la libertad. Le impuso,
además, pagar los daños y perjuicios materiales en la misma proporción de la
sanción pecuniaria a favor de la víctima (Ugpp) y negó los subrogados penales de
suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria 74.
46.23. Inconforme con la decisión, Carlos Alberto Jaramillo Samudio interpuso el
recurso de apelación, que fue resuelto mediante sentencia del 30 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal,
que modificó el ordinal segundo de la sentencia recurrida en el sentido de
determinar la multa en $936.853.969.31 y confirmó lo demás75.
72 Índice 28 de Samai, archivo
36_RECIBEPRUEBAS_expediente_INTRUCCIONrar_20240520111805, CO No 01 SUMARIO,
páginas 68 a 70
73 Ibidem, páginas 81 y 82
74 Índice 28 de Samai, archivo 35_RECIBEPRUEBAS_expediente_CAUSArar_20240520111612,
C.O No 02 CAUSA, páginas 3 a 49
75 Índice 11 de Samai.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
2.4.5. Análisis sustancial
2.4.5.1. En torno a la revocatoria directa de los actos de reconocimiento
pensional
47. De acuerdo con el marco normativo expuesto y en consideración al material
probatorio recaudado, esta Sala procede a analizar los problemas jurídicos
planteados en la actuación judicial.
48. En primer lugar, es necesario señalar que el Fondo de Pasivo Social de la
empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos) fue creado por el gobierno nacional
a través del Decreto 36 de 199276, como un establecimiento público, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de
Obras Públicas y Transporte. De conformidad con el artículo 2 del citado decreto,
dentro del objeto del Fondo se encontraba el manejo y la organización del
reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales a que tuvieren derecho los
empleados y pensionados de la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos).
49. El gobierno nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por
la Ley 344 de 1996, expidió el Decreto Ley 1689 de 199777, a través del cual
suprimió y ordenó la liquidación de Foncolpuertos, y en cuanto al traslado de las
prestaciones que se encontraban a cargo de este dispuso:
«Artículo 7. Traslado de las obligaciones pensionales a cargo del Fondo. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, el pago de las
pensiones a cargo del Fondo, será asumido por la Nación a través del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional-FOPEP»
50. La Ley 790 de 200278 dispuso en su artículo 5 la fusión del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y el Ministerio de Salud a efectos de conformar el Ministerio de
la Protección Social79. En ejercicio de las atribuciones conferidas por el literal b) del
76 «Por el cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación,
se determina su estructura, organización y funcionamiento».
77 «Por el cual se suprime el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y se ordena
su liquidación».
78 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la
administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República».
79 La Ley 1444 de 2011, en su artículo 7, reorganizó el Ministerio de la Protección Social ordenando
el cambio de denominación por el de Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, dicha Ley dispuso en
su artículo 6 la escisión de la entidad en dos, conformándose así el Ministerio de Salud y Protección
Social (art. 9 ejusdem) por un lado y el Ministerio de Trabajo por el otro.
27
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
artículo 16 ibidem, el gobierno nacional profirió el Decreto 205 de 200380, a través
del cual dispuso las funciones que corresponden a esta entidad, y advirtió que
además tendría aquellas que estaban asignadas a los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, así como otras que determinara la ley. No obstante, el
artículo 48 de tal decreto derogó el Decreto 1128 de 1999, con excepción de su
Capítulo V, y los decretos 1152 de 1999 y 1953 de 2000, con lo que perdieron
vigencia las normas que establecían las principales funciones atribuidas a los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud antes de su fusión.
51. El Ministerio de la Protección Social contaba en ese entonces con un grupo
interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, creado
a través de la Resolución 03137 del 31 de diciembre de 1998 con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueron asignadas como consecuencia de la
liquidación del Fondo Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia, que en los
términos del Decreto Ley 1689 de 1997 establecía la revisión de los pagos
ilegalmente reconocidos y la potestad de su revocación. En relación con estas
facultades, esta corporación señaló81:
«Así pues, sostuvo que la resolución 262 de 2002, la cual fue reproducida en la 3133 de
2005, estaba acorde con el ordenamiento jurídico y consideró que el Grupo Interno de
Trabajo podía ajustar cada caso al marco legal sin necesidad de contar con la anuencia
del titular del derecho; pero el máximo Tribunal, a renglón seguido, advierte que estas
medidas corresponden o encuentran sustento legal en la facultad excepcional
establecida en el artículo 73 del C.C.A. consistente en revocar tales actos cuando sea
evidente que ocurrieron por medios ilegales. En ese orden, las funciones asignadas al
Grupo de Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia consistentes en
depuración de la nómina de pensionados están enmarcadas dentro de los parámetros
legales y la normatividad vigente, esto es, en el entendido que la revocatoria de actos
administrativos de carácter particular sin el consentimiento del titular
(pensionado) está restringida a los actos “fundados en medios ilegales” de allí que
no puede suponerse que la administración pueda revocar actos de carácter particular sin
consentimiento del titular del derecho en casos donde NO se haya establecido la
existencia de un evidente medio ilegal y menos aún que estuviese facultado para ordenar
el descuento o compensación o todas aquellas situaciones que menciona el demandante
en su demanda». [Se resalta].
52. Este fue el grupo interno de trabajo que expidió el acto administrativo revocatorio
que se acusa en este proceso y que, en criterio de la Sala, se hizo dentro del marco
80 «Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la
Protección Social y se dictan otras disposiciones»
81 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 30 de julio de 2015, radicado
11001-03-25-000-2008-00137-00 (2797-08), actor: Asociación de Pensionados de la Empresa
Puertos de Colombia- Colpuertos, demandado: Ministerio de la Protección Social, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
28
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
de las competencias que le habían sido asignadas.
53. En este punto, resulta necesario precisar que, aunque fue el Ministerio de la
Protección Social, lo cierto es que mediante la Ley 1444 de 2011 se escindieron
unos ministerios, entre ellos el de la Protección Social, se creó el Ministerio de Salud
y Protección Social y se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para modificar la estructura de la Administración Pública, facultades en
ejercicio de las cuales, se expidió el Decreto 4107 de 2011, en cuyo artículo 63
establece:
«Artículo 63: Las pensiones que se encuentran a cargo del Ministerio de la Protección
Social correspondientes a los ex trabajadores de Prosocial y Foncolpuertos, seguirán
siendo reconocidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta tanto la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP,
asuma su reconocimiento en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto 169 de
2008. El pago de las obligaciones correspondientes a los ex trabajadores de
Foncolpuertos, se continuará realizando a través del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, Fopep.
A partir del 1° de diciembre de 2011, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, deberá asumir el reconocimiento de las
pensiones a cargo del Grupo Interno de Trabajo para la gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia; para ello deberá definir el plan de trabajo y entrega en conjunto
con el Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar la continuidad de los
procesos que se recibirán, para que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, culmine su desarrollo. En caso de que al 1°
de diciembre de 2011 no haya cumplido con el plan de trabajo acordado, se levantará
un acta del estado en que se entrega y recibe. Las demás reclamaciones no pensionales
que se encuentran a cargo de este Grupo continuarán siendo atendidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social.
La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, deberá asumir el reconocimiento de las pensiones a cargo del Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, en los mismos
términos en que este los venía adelantando, especialmente en los de los artículos 1°, 3°,
5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 del Decreto 1211 de 1999; dicha asunción se hará con arreglo a la
estructura y la distribución interna de competencia de la UGPP.
El orden secuencial de que trata el artículo 3° del Decreto 1211 de 1999, se dividirá entre
obligaciones laborales y pensionales y se resolverá respetando el orden secuencial
adoptado por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos
de Colombia.
En el caso de Prosocial, la UGPP en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección
Social, definirá el plan de trabajo para asumir el reconocimiento de las pensiones y el
traslado del pago a Fopep, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto-ley 254 de
2000 y demás normas pertinentes».
29
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
54. El traslado de las competencias anteriormente transcritas a la Ugpp también
comprendió los procesos judiciales que estaban a cargo del Ministerio de la
Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia y que se relacionaban con la liquidada Empresa Puertos de
Colombia y/o Foncolpuertos, así lo dispuso el artículo 2 del Decreto 1194 de 201282.
Razón por la que fue la Ugpp, la que resolvió los recursos de reposición y apelación
contra la Resolución 606 del 30 de abril de 2009 y es la parte demandada en el
presente asunto.
55. La anterior precisión se encontró necesaria para dirigir el litigio de manera que
se eviten decisiones inhibitorias o se nieguen derechos por la omisión de llamar al
proceso a los sujetos relevantes para entablar las relaciones jurídico-procesales83,
labor que corresponde al juez del conocimiento, quien debe estudiar e interpretar el
escrito de la demanda en aras de garantizar el derecho sustancial.
56. Ahora bien, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, prevé una modalidad especial
de revocatoria directa exenta del consentimiento del titular del derecho, utilizable
cuando el acto administrativo de contenido particular y concreto ha reconocido una
prestación de naturaleza económica sin que se cumplan los requisitos exigidos por
la ley con tal fin o por medio de documentos falsos.
57. La Corte Constitucional, en sentencia C-835 del 23 de septiembre de 2003,
declaró exequible condicionadamente la norma antes citada y en ella se indicó que
la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y concreto que
otorgan prestaciones económicas procede sin consentimiento del titular del derecho
únicamente cuando: i) la ilegalidad del reconocimiento es notoria; ii) se debe
garantizar el derecho al debido proceso de la o las personas involucradas y, por
consiguiente, se debe seguir el procedimiento administrativo que establece el
Decreto 01 de 1984 en cuanto sea compatible, en especial, lo dispuesto en sus
artículos 14, 28, 34, 35 y 74; iii) el titular del derecho económico no reúne los
requisitos para acceder a este; iv) la ilegalidad del reconocimiento es manifiesta; y
v) ella se encuentra tipificada como un delito a la luz de la ley penal, sin que pueda
pensarse que ello signifique un prejuzgamiento o una usurpación de las funciones
del juez penal, quien de llegar a conocer del asunto, dispondrá de plena
independencia y autonomía en el ejercicio de su función. Al respecto la Corte señaló
82 Artículo 2º. El traslado de las competencias establecido en el artículo 63 del Decreto-ley 4107 de
2011, comprende los procesos judiciales que estaban a cargo de la Nación, Ministerio de la
Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia, relacionados con la liquidada Empresa Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos.
83 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 2 de julio de 2020, radicado 41001-
23-33-000-2018-00256-01 (3605-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
lo siguiente:
«Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado
como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la conducta
como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros
elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el
incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas
tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación
falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho,
el peculado, etc» (sic) (se resalta)
58. De lo expuesto, esta corporación ha concluido que la sola demostración
adecuada por parte de una entidad de previsión respecto de los elementos
esenciales de un tipo penal cometido con el fin de dar origen a un acto administrativo
de reconocimiento o reajuste de una prestación del Sistema de Seguridad Social,
es razón o motivo suficiente para que la autoridad que expidió tal decisión la pueda
revocar sin necesidad de que medie el consentimiento del beneficiario de la
prerrogativa, «aun en el entendido de que con posterioridad en medio de un proceso penal
no se arribe a la conclusión de responsabilidad por la conducta punible (al ser dicho
escenario un juicio autónomo e inherente al juez competente)»84. Entonces, para acudir
a este mecanismo, basta con que la ilicitud de la conducta sea manifiesta y que
aquella situación se ajuste a un tipo penal.
59. Valga precisar que para acudir a esta facultad de la administración, no se exige
que la conducta sea imputable y se compruebe exclusivamente en relación con el
beneficiario de la prestación a quien se le había definido la situación jurídica con la
manifestación objeto de revocatoria, sino que se compruebe la ilicitud o la
adecuación penal de los medios que la fundamentaron, bien sea por actos
endilgables al particular, a un servidor público, o a un tercero que influya en la toma
de este tipo de decisiones.
60. Así lo ha considerado esta corporación y la Corte Constitucional en su
jurisprudencia85, pues la responsabilidad penal individual le corresponde
determinarla al juez natural del asunto en el marco de sus competencias, en tanto
que la preservación de la legalidad de los pronunciamientos de la administración
cuando se advierte una situación de carácter punitivo, es obligación directa de la
entidad afectada, «sin que cobre relevancia la determinación en sede administrativa de
84 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,
radicado 47001-23-33-000-2017-00243-01 (4418-2019), M.P. William Hernández Gómez.
85 Consejo de Estado, sentencia del 16 de julio de 2002, radicado 23001-23-31-000- 1997- 8732-02
(IJ 029); y Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
31
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
quién o quiénes fueron los sujetos que la indujeron a proferir un acto ilícito, toda vez que lo
indispensable es que se compruebe que aquella decisión fue emitida de manera fraudulenta
para que proceda la revocatoria directa»86.
61. Ahora bien, al analizar el material probatorio allegado a este proceso, se advierte
lo siguiente:
62. La ilegalidad surgió por cuanto a Carlos Alberto Jaramillo Samudio no le era
aplicable la Convención Colectiva de Trabajo vigente, de la Oficina Principal, para
hacerse beneficiario de un anticipo de pensión y de los posteriores reajustes y
reliquidaciones de la prestación en los términos convencionales, debido a que era
un servidor público y no un trabajador oficial. Sobre el particular, se probó que el
último cargo que desempeñó fue el de Subgerente Financiero en la Oficina Principal,
el cual se encontraba catalogado como de empleado público, tal y como se precisó
en el párrafo 23 y fue certificado el 12 de agosto de 1987 por el jefe de personal de
la empresa87.
63. Además, al expedirse la Resolución 000094 del 27 de abril de 1987, mediante la
cual se precisó que el demandante había renunciado al cargo para acogerse al
beneficio establecido en los parágrafos 4 y 5 del artículo 45 de la convención
colectiva, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 963 del 10 noviembre de
1983 emitido por la Junta Directiva de Colpuertos, se desconoció que a través de la
providencia del 12 de noviembre de 1986 (anterior a la expedición de la mencionada
resolución) se había decretado la suspensión provisional del citado acuerdo88, con
fundamento en que las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales
del Estado, como lo fue Puertos de Colombia, no tenían competencia para definir el
régimen salarial y/o prestacional de los empleados públicos, por ser ésta una
facultad de resorte exclusivo del legislador (artículos 76 y 99 de la Constitución
política de 1886, vigente en ese entonces).
64. Asimismo, la pensión fue liquidada teniendo en cuenta la totalidad de los factores
percibidos por Carlos Alberto Jaramillo Samudio durante su último año de servicios,
pese a que varios de estos no constituían factor salarial de conformidad con la ley,
aunque sí lo eran en virtud de la convención colectiva vigente.
86 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022,
radicado 47001-23-33-000-2017-00243-01 (4418-2019), M.P. William Hernández Gómez.
87 Índice 28 de Samai, archivo
36_RECIBEPRUEBAS_expediente_INTRUCCIONrar_20240520111805, C.O No 04 SUMARIO,
página 36
88 El cual fue declarado nulo mediante la sentencia del 29 de julio de 1991, expediente 2141, C.P.
Reynaldo Arciniegas Baedecker.
32
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
65. En consecuencia, se advierte que no solo se hizo acreedor del beneficio del
anticipo y la pensión de jubilación convencional, dirigidos exclusivamente a los
trabajadores oficiales, sino que, además, logró a través de diferentes solicitudes que
se le cuantificara la prestación con la inclusión de factores salariales que
únicamente tenían tal connotación para los trabajadores oficiales y no para los
empleados públicos, debido a que la naturaleza salarial de aquellos derivó de la
negociación colectiva y no de una disposición legal.
66. Ahora bien, en la Resolución 606 del 30 de abril de 2009 se indicó que los
reconocimientos que le habían sido efectuados con fundamento en el acuerdo
convencional resultaban manifiestamente contrarios a la Constitución y a la ley,
debido a que desconocieron que Carlos Alberto Jaramillo Samudio se desempeñó
en el cargo de subgerente, empleo señalado en los estatutos de la Empresa Puertos
de Colombia como empleado público, por lo que no era destinatario de los
beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo.
67. En virtud de ello, la entidad de previsión consideró procedente la revocatoria
directa del acto administrativo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 797 de 2003, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, que autorizó a la administración para
revocar unilateralmente actos administrativos de reconocimiento pensional sin el
consentimiento del particular afectado, cuando se demostrara que su expedición se
produjo mediante actos contrarios al ordenamiento jurídico. Esto, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que solo puede ser declarada por la jurisdicción competente
en materia penal. La Corte condicionó la indicada facultad a que, previo, se
adelantara un procedimiento en el cual se garantizaran plenamente los derechos al
debido proceso y a la defensa del interesado.
68. Esta Sala advierte que en el caso bajo examen se respetaron en debida forma
las garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que
a Carlos Alberto Jaramillo Samudio le fueron notificadas oportunamente las
actuaciones ejercidas por la administración, tuvo acceso al expediente, ejerció su
derecho de contradicción, aportó pruebas, presentó recursos, y participó
activamente en el trámite administrativo.
69. Así, una vez cumplido el procedimiento y acreditada, al menos, la tipicidad del
comportamiento que dio lugar al reconocimiento de una prestación económica
periódica con cargo al erario, en abierta contradicción con el orden constitucional y
legal, la administración procedió a la revocatoria del acto. Tal comportamiento se
33
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
concretó en las actuaciones que Carlos Alberto Jaramillo Samudio realizó
encaminadas a obtener prerrogativas sin sujeción a las normas legales que le eran
aplicables.
70. En atención a lo anterior, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo
Social de Puertos de Colombia, Área de Pensiones, del Ministerio de la Protección
Social, también dispuso compulsar copias del expediente administrativo a la Fiscalía
General de la Nación, Unidad Nacional Anticorrupción, Estructura de Apoyo para el
Tema Foncolpuertos, con el fin de que se adelantaran las investigaciones
correspondientes contra el gerente general de la liquidada empresa Puertos de
Colombia, quien expidió a favor del pensionado, entre otras, la Resolución 000094
de 1987, toda vez que a su juicio dicha actuación se podía constituir en el delito de
prevaricato por acción, al haberse emitido un acto administrativo presuntamente
ilegal que facilitó que un tercero (Carlos Alberto Jaramillo Samudio) se apropiara de
recursos públicos a los que no tenía derecho.
71. En efecto, se encuentra que Carlos Alberto Jaramillo Samudio no reunía la
condición de trabajador oficial para acceder a los beneficios de la Convención
Colectiva de Trabajo. Como consecuencia, fue manifiesta la ilegalidad del
reconocimiento y sus actuaciones se encuadraron en conductas tipificadas por la
ley penal como delito, razón suficiente para que la entidad de previsión revocara las
resoluciones 00094 del 27 de abril de 1987; 33138 del 23 de septiembre de 1987,
044 del 23 de febrero de 1988, 041 del 7 de febrero de 1989; 33871 del 28 de abril
de 1988, 263 del 24 de octubre de 1988 y 34527 del 25 de octubre de 1988, sin el
consentimiento de aquel.
72. La anterior conclusión se corrobora con el proceso penal89 que obra en el
expediente, adelantado contra el demandante, dentro del cual fue condenado por el
delito de peculado por apropiación agravado. No obstante, se insiste en que, para
la procedencia de la revocatoria directa prevista en el artículo 19 de la Ley 797 de
2003 no se exige la existencia de una sentencia penal en firme que acredite la
configuración de una conducta típica. En consecuencia, existe un pronunciamiento
de la jurisdicción penal que establece la existencia de una conducta fraudulenta
atribuible al causante que dio lugar a la expedición de actos administrativos carentes
de fundamento jurídico, y emitidos con el propósito de defraudar a la extinta
empresa Puertos de Colombia.
73. Dentro de aquel proceso, el elemento que sirvió para hallar a Carlos Alberto
89 Radicado: 110013104016201400084-0
34
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
Jaramillo Samudio responsable penalmente fue que logró el reconocimiento y el
significativo incremento de la mesada pensional y beneficios convencionales a partir
de factores ajenos a su calidad de empleado público, los que además de
indeterminados, fueron solicitados reiterada y sucesivamente para la concesión de
significativas cifras que defraudaron el erario.
74. Tal y como, por ejemplo, se advirtió en el acta de conciliación 17 del 22 de marzo
de 1996 en la que no se precisaron con claridad las obligaciones que allí se
conciliaron «a los extrabajadores se les debe reconocer vacaciones que fueron canceladas
de forma irregular por la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, por lo cual se les está
adeudando la diferencia de mesadas pensionales, y el reajuste al monto de la pensión así
como también se le impone a la Empresa una sanción que consiste en el pago de un día
de salario por cada día de retardo hasta que efectivamente se haga el reconocimiento y
pago de la misma» (sic), sin que se hubiese referido más que de forma genérica a
presupuestos fácticos y jurídicos que generaron los reajustes y sin sustento de los
cálculos efectuados.
75. Lo anterior, llevó a las autoridades penales a encontrar demostrada la existencia
de la conducta punible de peculado por apropiación agravado por la sustracción de
recursos oficiales (artículo 397 de la Ley 599 de 2000).
76. Con todo, se torna evidente que a Carlos Alberto Jaramillo Samudio se le
garantizó el derecho al debido proceso dentro del procedimiento administrativo que
culminó con la expedición del acto de revocatoria directa, sin que para ello fuera
necesaria su autorización. Además, en casos como el sub judice se encuentra
plenamente acreditada la ilegalidad de las decisiones proferidas por el entonces
gerente de Foncolpuertos, mediante las cuales se reconocieron prestaciones
económicas periódicas a cargo de la entidad, pese a que el beneficiario no cumplía
con los requisitos exigidos para acceder a las prerrogativas de origen convencional.
77. En efecto, para la Sala el reconocimiento del anticipo de pensión, de la pensión,
y de los incrementos reconocidos en las decisiones revocadas mediante los actos
administrativos acusados, comportan un abuso del derecho, porque, se insiste, al
causante, en su calidad de empleado público, no le era aplicable la convención
colectiva de trabajo y, por ende, no existía ningún fundamento fáctico ni jurídico que
los avalara y su actuación estuvo desprovista de las características propias del
principio de la buena fe. Por ende, contrario a lo expuesto por la parte demandante
en el recurso de apelación, si se desvirtuó la presunción de buena fe de Carlos
Alberto Jaramillo Samudio y no hay lugar a un pronunciamiento respecto de una
culpa compartida.
35
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
78. De esta manera, se considera que la administración estaba facultada para ejercer
la revocatoria directa, en los términos del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-835 de 2003, basta la configuración de una conducta típica penal para habilitar la
indicada potestad, aun cuando no concurran los demás elementos de la
responsabilidad penal. En el caso concreto, por el hecho de haber utilizado
indebidamente las disposiciones de la convención colectiva para obtener el
reconocimiento de la pensión, el anticipo pensional, la liquidación de otras
prestaciones sociales y la exoneración del pago de aportes médico-asistenciales,
así como para solicitar posteriormente reajustes y pagos adicionales sin derecho a
ellos, se concluye que los actos administrativos que dieron lugar a tales beneficios
carecen de fundamento legal y resultan contrarios al ordenamiento jurídico.
79. Así las cosas, al existir fundamento legal y probatorio que sustenta la revocatoria
ordenada en los actos acusados y no haberse demostrado que Carlos Alberto
Jaramillo Samudio tuviera derecho a los beneficios pensionales y prestacionales de
la Convención Colectiva de Trabajo de la Oficina Principal se denegaran las
pretensiones de la demanda.
2.4.5.2. En relación con la liquidación de la pensión y los factores salariales
para tener en cuenta
80. Ahora bien, a través de la Resolución 606 del 30 de abril de 2009 se le reconoció
al causante una pensión de jubilación «con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985,
artículo 1", y en la Ley 62 de 1985, artículo 1, modificatorio del artículo 3° de aquella, a partir
del 26 de septiembre de 1995, fecha en la cual cumplió 55 años de edad, en cuantía de
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 20/100
($156.836,20), equivalente al 75% de lo devengado en su último año de servicios» (sic),
esto es con la asignación básica y la prima de antigüedad.
81. Lo anterior, comoquiera que se había revocado el reconocimiento pensional
efectuado con fundamento en el beneficio convencional antes expuesto, pero se
acreditó que, de acuerdo con la Ley 33 de 1985, contaba con 20 años de servicios
en entidades oficiales y que, si bien al retiro del servicio no contaba con 55 años de
edad, los cumplió el 26 de septiembre de 1995.
82. Por su parte, el a quo precisó que a la entrada en vigencia la Ley 33 de 1985 (13
de febrero de 1985), Carlos Alberto Jaramillo Samudio contaba con más de 15 años
de servicio público, por lo que le era aplicable el régimen pensional previsto en el
Decreto 3135 de 1968, en lo relativo al requisito de edad, esto es 55 años, exigencia
que, en todo caso, no difería con la establecida en la Ley 33 de 1985, y que, en esas
36
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
condiciones, había adquirido el estatus pensional el 26 de septiembre de 1995, por
lo que también era beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
83. En consecuencia, concluyó que fue acertado que la prestación se le reconociera
y liquidara con el tiempo de servicio y el monto de las Leyes 33 y 62 de 1985, pero
con el requisito de edad previsto en el Decreto Ley 3135 de 1968 (igual al
establecido en la Ley 33 de 1985), y el IBL de la Ley 100 de 1993. Sin embargo,
encontró que no se tuvo en cuenta los gastos de representación (factor enlistado en
la Ley 62 de 1985) por lo que ordenó su inclusión.
84. Asimismo, señaló que para la liquidación se debía tener como periodo el tiempo
que le hacía falta a Carlos Alberto Jaramillo Samudio para adquirir el estatus
pensional a la entrada en vigencia de la Ley 100 o el cotizado durante todo el tiempo
si este fuere superior, actualizado anualmente con base en el IPC, según el cual le
resultara más favorable.
85. Por su parte, la Ugpp alegó que debieron incluirse solo los factores salariales
sobre los que se hubiesen efectuado aportes al sistema de pensiones.
86. Para resolver el problema jurídico planteado se tiene que de conformidad con el
certificado expedido por el jefe de personal de la empresa Puertos de Colombia en
el que se reportó que entre el 1° de marzo de 1986 y el 28 de febrero de 1987 Carlos
Alberto Jaramillo Samudio había percibido, además, del sueldo básico, la prima de
antigüedad y los gastos de representación y, comoquiera que en la resolución de
reconocimiento pensional se incluyó la prima de antigüedad solo nos
pronunciaremos con respecto de los gastos de representación, el cual tenía que
componer el IBC y se debió incluir al liquidar la prestación, sin que la falta de
cotización fuera oponible a él.
87. Valga precisar que, aunque la pensión se reconoció a partir del 26 de septiembre
de 1995, el demandante se retiró del servicio en 1987 por lo que se tuvo en cuenta
lo que percibió en el último año de servicio.
88. Ahora, debe señalarse que, si no se efectuaron cotizaciones sobre algún factor
salarial devengado y enlistado en la disposición normativa [Ley 62 de 1985, Decreto
1158 de 1994] debiendo hacerse, no podría, en perjuicio del pensionado no ser
tenido en cuenta, pues la entidad tiene mecanismos para reclamar lo que no se
pagó, y es su deber hacer uso de ellos, sin que la falta de cotización fuera oponible
a aquel.
37
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
89. En efecto, según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la relación laboral,
tanto los afiliados como los empleadores tienen la obligación de realizar
cotizaciones al sistema de pensiones. Por su parte, el artículo 22 establece que el
empleador es el responsable del pago de estos aportes, incluido la parte
correspondiente al trabajador, la cual debe descontar de su salario y transferir a la
entidad de previsión social dentro de los plazos fijados por el gobierno. Aun si no
realiza el descuento, sigue siendo responsable del pago total. Esta obligación se
reitera en el Decreto 692 de 199490.
90. No obstante, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 otorga a las administradoras
de pensiones facultades de fiscalización sobre los empleadores, permitiéndoles
verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes. En esa línea, el Decreto 1161 de
199491 les impuso el deber de revisar que las consignaciones sean correctas y se
ajusten a la ley y en caso de que se detecte omisión en el pago o montos inferiores
a los exigidos, el marco legal colombiano establece los mecanismos necesarios
para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y las consecuencias de su
incumplimiento. Ello, para que el trabajador acceda a su derecho con todas las
garantías que le otorga el ordenamiento, pero también con la finalidad de asegurar
la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
91. Es así, que las dificultades administrativas y de cobro que se presenten entre el
empleador y la Administradora de Pensiones, no pueden constituirse en barreras de
acceso para los pensionados.
92. En consecuencia, tal y como dispuso el a quo, la pensión de jubilación del
demandante debió reliquidarse con la inclusión de los gastos de representación, sin
perjuicio de que la administradora haga uso de los mecanismos para reclamar lo
que no se pagó por este factor.
93. En relación con el argumento expuesto por la parte demandante en el recurso,
referente a que la orden de reembolsar las sumas de dinero cuya devolución se
dispuso en el proceso, y de no lograrse un acuerdo, la Ugpp debía proceder al
descuento de estas sumas de la mesada pensional, no podía quedar al arbitrio de
la administración, se precisa que fue acertada, toda vez que la devolución de los
dineros percibidos en virtud de beneficios convencionales que no le eran aplicables
al causante debe efectuarse mediante la suscripción de un acuerdo de pago entre
las partes, garantizando en todo caso la protección del mínimo vital de la actual
90 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993»
91 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones»
38
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
beneficiaria de la pensión.
94. En caso de no alcanzarse un acuerdo, la entidad de previsión conserva la
posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales pertinentes para hacer efectiva la
obligación, a través de la ejecución forzosa o el cobro coactivo de la presente
decisión.
95. Ahora bien, debe recordarse que el mínimo vital « es una garantía del goce de
condiciones mínimas de subsistencia digna»92; por ende, la determinación del monto y
periodicidad de los descuentos sobre la mesada pensional exige un análisis
individualizado de la situación económica del beneficiario, que comprenda factores
como su edad, estado de salud, cargas familiares y demás fuentes de ingreso.
96. Sin embargo, ante la ausencia de pruebas en el expediente que permitan efectuar
aquella valoración en esta instancia, corresponde a la entidad administradora
realizar ese examen y, de ser procedente, establecer descuentos proporcionales
que, sin desconocer la obligación de reintegro, aseguren a la beneficiaria (por
sustitución pensional) la conservación de los medios económicos indispensables
para su congrua subsistencia.
2.4.5.3. Prescripción
97. En atención al criterio de la Sala en relación con la prescripción, se verificará
si
esta operó tal y como lo determinó el a quo. Ahora bien, el análisis que se
desarrollará en este acápite comprende tanto la prescripción de las mesadas que
se ordenaron reintegrar como las que se ordenaron fueran liquidadas con la
inclusión del factor de gastos de representación.
98. En cuanto a las primeras, quedó claro que la actuación de Carlos Alberto
Jaramillo Samudio no se rigió por el principio de la buena fe, y por ello era
procedente la devolución de las sumas que le habían sido pagadas por concepto
del reconocimiento pensional convencional revocado.
99. En ese punto, el tribunal consideró que con el auto 003078 del 4 de septiembre
de 2008, a través del cual se inició el trámite de revisión de la pensión del
demandante, se interrumpió la prescripción tanto para la administración como para
el pensionado. Asimismo, que comoquiera que la actuación terminó con la
notificación de la Resolución RDP 016440 del 21 de abril de 2016 que puso fin a la
92 T-159 de 2023
39
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
actuación administrativa y la demanda fue presentada el 3 de octubre de 2016,
prescribieron las sumas anteriores al 4 de septiembre de 2005.
100. Aunque la Ugpp no se pronunció al respecto en el recurso de apelación, lo que
en criterio de la sala no impide que se analice la prescripción, se tiene que aquella
entidad en el pronunciamiento de segunda instancia manifestó que era
improcedente la declaración de prescripción frente a los pagos realizados
ilegalmente en favor del demandante anteriores al 4 de septiembre de 2005, debido
a que era aplicable lo establecido en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.
101. No obstante, se advierte que los presupuestos fácticos y jurídicos de la aludida
disposición no corresponden a los analizados en este asunto, puesto que con la
citada ley se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías y tal y como lo prevé el artículo 1 la finalidad de
estos procesos es «determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos
y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta93,
causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado».
102. Al margen de los anterior, para esta Sala no resulta procedente declarar la
prescripción de las sumas de dinero que deben ser reintegradas por concepto de lo
percibido con ocasión de una mesada pensional reconocida de manera ilegal,
pagada hasta noviembre de 201594, cuando se ha desvirtuado la buena fe del
beneficiario.
103. En el presente asunto, el pago indebido tuvo origen en un actuar fraudulento y
declarar la prescripción seria castigar a la administración por una inactividad que no
ocurrió. En efecto, una vez se tuvo conocimiento de los hechos que habrían
originado el reconocimiento pensional sin el cumplimiento de los requisitos
convencionales exigidos, la entidad inició el trámite de revisión de la prestación. En
consecuencia, el deber de restitución de los valores indebidamente percibidos se
mantiene vigente, toda vez que el ordenamiento jurídico no puede amparar el
enriquecimiento sin causa ni la conservación de beneficios obtenidos de manera
irregular.
104. En cuanto a las segundas, esto es las mesadas producto de la liquidación de la
pensión reconocida en virtud de la Ley 33 de 1985 con la inclusión del factor salarial
93 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-
01 de 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería, 'bajo el entendido de
que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para
con el desarrollo de la gestión fiscal'.
94 Folios 133 y 134 del cuaderno principal.
40
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
de gastos de representación, el tribunal declaró la prescripción de las causadas con
anterioridad al 4 de septiembre de 2005. Lo anterior, por cuanto consideró que el
fenómeno se interrumpió con la expedición del Auto 003078 del 4 de septiembre de
2008, a través del cual se dio inició al trámite administrativo tendiente a la revisión
de la pensión y que el procedimiento concluyó con la notificación de la Resolución
RDP 016440 del 21 de abril de 2016, y la correspondiente demanda fue presentada
el 3 de octubre de 2016.
105. No obstante, debe precisarse que no obra en el expediente solicitud presentada
por parte del demandante que estuviera orientada a obtener la reliquidación de la
pensión con la inclusión de factores diferentes a los fijados en la Resolución 606 de
2009, esto es la de reconocimiento pensional ni alegación alguna en los recursos
presentados en contra de esta. En consecuencia, se adoptará la posición
mayoritaria de esta Subsección en estos casos95, para lo cual se tomará como fecha
inicial para el conteo de la prescripción la de presentación de la demanda.
106. Ahora, comoquiera que la demanda se presentó el 3 de octubre de 2016, la Sala
advierte que en esta oportunidad operó el fenómeno de prescripción trienal de las
mesadas causadas con anterioridad al 3 de octubre de 2013. Sin embargo, de
acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, al demandante se le pagó la
pensión convencional hasta noviembre de 2015. En consecuencia, la entidad debe
tener en cuanta esta fecha para efectos de realizar la compensación a que haya
lugar teniendo en cuenta lo adeudado por el actor.
107. De acuerdo con lo expuesto, se modificará el ordinal 3 de la sentencia de
primera instancia en el sentido de aclarar que no operó la prescripción con respecto
a las sumas de dinero recibidas de manera irregular por concepto de las mesadas
de la pensión convencional a la que no tenía derecho Carlos Jaramillo Samudio.
108. Asimismo, se precisará que la prescripción respecto de las mesadas causadas
con ocasión de la inclusión del factor salarial de gastos de representación operó
frente a las anteriores al 3 de octubre de 2013, pero como la pensión convencional
revocada se pagó hasta noviembre de 2015, la entidad debe tener en cuenta esta
fecha al momento de efectuar la liquidación de lo debido al demandante por la
inclusión del aludido factor para así calcular la diferencia de lo que este debe
reintegrar a favor de la Ugpp.
109. En todo caso, tal y como se incluyó en el ordinal 4 de la sentencia de primera
95 Ver sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2018-00830-01 (0534-2025),
C.P. Jorge Edison Portocarrero.
41
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
instancia, la Ugpp deberá establecer las diferencias entre lo pagado al actor por
concepto de pensión convencional, inicialmente, y en virtud de las reliquidaciones
efectuadas con posterioridad, y descontar lo que resulte de la reliquidación para el
pago de lo que debe reintegrar el demandante a la entidad de previsión.
2.5. Costas
110. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
111. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
112. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma96.
113. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
114. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
96 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
42
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
3. Conclusión
115. Con fundamento en los elementos de juicio expuestos, la Sala encuentra que
no se demostró la configuración de los vicios de nulidad endilgados a los actos a
través del cual se revocó las resoluciones 00094 del 27 de abril de 1987, expedida
por el gerente general de la Empresa Puertos de Colombia a través de la cual se
reconoció una pensión de jubilación a favor de Carlos Alberto Jaramillo Samudio;
33138 del 23 de septiembre de 1987, 044 del 23 de febrero de 1988, 041 del 7 de
febrero de 1989 expedidas por el gerente general de la Empresa Puertos de
Colombia mediante las cuales se le reliquidó la mesada pensional convencional; y
las resoluciones 33871 del 28 de abril de 1988, 263 del 24 de octubre de 1988 y
34527 del 25 de octubre de 1988 expedidas por el gerente general de Colpuertos
mediante las cuales se reajustó la pensión, ni se demostró que él tuviera derecho al
reconocimiento revocado.
116. Asimismo, el causante tenía derecho que la reliquidación de la pensión de
jubilación incluyera los gastos de representación, debido a que es un factor salarial
previsto en la norma como base para calcular las cotizaciones al sistema y, su falta
de aporte no era oponible a él.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la sustitución procesal de la parte demandada en cabeza de
Yolanda Arias de Jaramillo quien asumirá el proceso en esta etapa, de conformidad
con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar el ordinal 3 de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
y en su lugar, se dispone:
TERCERO: Declarar que no operó la prescripción de las sumas de dinero recibidas de
manera irregular por concepto de las mesadas de la pensión convencional a la que no
tenía derecho Carlos Jaramillo Samudio.
Declara probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias generadas por
la reliquidación de la pensión con la inclusión de los gastos de representación causadas
con anterioridad al 3 de octubre de 2013. No obstante, como la pensión convencional
revocada se pagó hasta noviembre de 2015, la entidad debe tener en cuenta esta fecha
43
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04678-01 (1385-2022)
Demandante: Carlos Alberto Jaramillo Samudio
al momento de efectuar la liquidación de lo debido al demandante por la inclusión del
aludido factor para así calcular la diferencia de lo que este debe reintegrar a favor de la
Ugpp.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por Carlos Alberto Jaramillo Samudio contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG/SLV
44
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.