Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04808-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04808-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04808-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
27 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04808-01 (0433-2021)
Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1.
Temas: Reliquidación pensión gracia. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia del 19 de junio de
2020, proferida por la Subsecció n F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de
la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda. 2
Jairo Salvador Calderón Iguarán , por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP
021644 del 8 de junio de 2016 y RDP 028334 del 1 de agosto de
2016, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafisc ales de la Protección Social -
UGPP, por medio de las cuales negó la reliquidación de la pensión
gracia y confirmó la decisión, respectivamente.
1 En adelante UGPP.
2 Folios 35 y 36 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04808
Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP
(i) reliquidar su pensión gracia con el 75% d el promedio de los
factores salariales que devengó como docente en comisión en el
cargo de coordinador general, grado 23, es decir, a partir de la fecha
en que adquirió el estatus pensional; (ii) pagarle las diferencias de
las mesadas que ha venido devengando, de conformidad con la
reliquidación que se orde ne; (iii) reajustar las sumas reconocidas de
acuerdo con el IPC; y (iv) pagar los intereses moratorios conforme
al artículo 192 del CPACA.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda.
El demandante relató que adquirió su estatus pensional el 26 de
agosto de 2003, cuando cumplió los cincuenta años de edad y , en
consecuencia, el año anterior a la consolidación del derecho fue el
período comprendido entre el 27 de agosto de 2002 y 26 de agosto
de 2003.
Precisó que, en el último año de servicios se desempeñó como
docente comisionado en la Secretaría de Educación donde ejerció
como coordinador general, grado 33 y, por lo tanto, los factores
salarias devengados en dicho cargo, deben ser tenidos en cuenta
para efectos de la liquidación de su pensión.
Habiendo cumplido todos los requisitos necesarios, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante Resolución
8528 del 6 de diciembre de 2005, reconoció la pensión gracia en
favor del demandante en cuantía de $ 435.396,41, m/cte., efectiva a
partir del 27 de mayo de 2004 , sin tener en cuenta lo percibido en el
último año previo al cumplimiento de los 50 años de edad, puesto
que para ese momento estaba como comisionado en un cargo de
libre nombramiento y remoción , en el que se desempeñó como
gerente de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá .
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
En consecuencia, el cálculo se realizó con el último año de labor
docente.
La prestación referida fue reliquidada por la UGPP a través de la
Resolución 06116 del 19 de febrero de 2008 , en el sentido de elevar
la cuantía a $ 624.770 m/cte., efectiva a partir del 27 de mayo de
2004.
El 4 de febrero de 2016 el actor solicitó ante la UGPP la reliquidación
de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados y certificados, que devengó en su último año de
servicios anterior a la adquisición de su estatus pensional.
Frente al anterior requerimiento, la UGPP mediante las Resoluciones
RDP 021644 del 8 de junio y RDP 028334 del 1 de agosto, ambas
del 2016, resolvió de manera negativa la solicitud del señor Jairo
Salvador Calderón Iguarán , y confirmó la decisión, respectivamente .
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
Como concepto de violación, el actor argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas:
artículos 2, 13, 25, 48 y 58 de la Constitución Política; artículo 21
del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 1 al 5 de la Ley 114 de
1913; artículo 3 de la Ley 37 de 1933; Ley 6 de 1945; artículo 1 del
Decreto 1285 de 1955; artículo 4 de la Ley 4 de 1966; artículo 5 del
Decreto Reglamentario 1743 de 1966; Decreto 1848 de 1968;
Decreto 3135 de 1968; Decreto1045 de 1978; artículos 31 y 70 del
Decreto 2277 de 1979; las Leyes 57 y 153 de 1887; Ley 71 de 1988;
artículos 1, 2, y 15 de la Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993; Ley 115
de 1994; y Decreto 2709 de 1994.
Sostuvo que la liquidación de la pensión gracia que le fue
reconocida, debe realizarse con lo devengado por tod o concepto en
el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
pensional, es decir, del 27 de agosto de 2002 al 26 de agosto de
2003.
Manifestó que el hecho de haber sido comisionado para ejercer un
cargo de libe nombramiento y remoción en la Secretaría de
Educación del Distrito, no le quitó su nombramiento como docente
nacionalizado, ya que únicamente modificó su salario cono ocasión
al ejercicio del cargo que desempeñó.
1.4. Contestación de la demanda 3.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
manifestó que de conformidad con certificado de historia laboral
expedido el 29 de abril de 20016 por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, entre el 2 de abril de 1997 y el 2 de agosto de 2004,
el demandante fue comisionado para ejercer cargos de libre
nombramiento y remoción , siendo el último que desempeñ ó el de
gerente, código 039, grado 2.
Por lo anterior, concluyó que el último cargo que ejerció el señor
Calderón Iguarán no corresponde a una función docente y , por lo
tanto, no es procedente la reliquidación de la pensión gracia, toda
vez que no puede desconocerse que dicha prestación es un beneficio
único y exclusivo de los docentes.
Finalmente, propuso como excepciones: (i) presunción de legalidad
de los actos administrativos ; (ii) inexistencia de la obligación; y (iii)
prescripción.
1.5. Trámite en primera instancia.
En acatamiento al artículo 180 del CPACA, la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23
3 Fo l ios 90 a l 94 d e l ex pe d i en te .
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
de noviembre de 2017 4, celebró audiencia inicial, en la cual se fijó
el litigio de la siguiente manera:
«[…]
Expuesto lo anter ior, la Magistrada Ponente consideró que, sin
entrar a efectuar un prejuzgam iento, en el presente asunto el litigio
se centra en determinar si el señor JAIRO SALVADOR CALDERÓN
IGUARÁN tiene der echo a la reliquidación de la pensión gracia
teniendo en cuent a el 75% de todos los f actores salar iales
devengados como docente en com isión en el cargo de Coor dinador
(sic) de Educación Local 5 Usme del últ imo año de ser vicios, esto
es del 27 de agosto de 2002 al 26 de agosto de 2003, o si se debe
tener en cuenta como últ imo año para dichos efect os el
inmediatam ente anterior al 27 de mayo de 2004, como señalan los
actos demandados, ya que, según la entidad, esa es la fecha en
que el actor adquir ió el status de pensionado, porque los t iempos
laborados del 2 de abril de 1997 al 26 de abril de 2004 no son
tenidos en cuenta, porque en ese lapso desempeñó el car go de
Gerente (sic). Código 039. Grado 2 de la planta global de cargos
administrat ivos de la Secretaría de Educación Distrital. También es
parte del problema j urídico determ inar cuál es la f echa en que el
señor JAIRO SALVADOR CALDERÓN IGUARÁN adquirió el status
de pensionado y a partir de la cual tiene der echo al pago de la
pensión gracia.
Lo anter ior, sin perjuicio de que al momento de decidir de fondo e l
caso se replantee el problem a jurídico o se formulen otros
adicionales de conformidad con las pr uebas que se alleguen al
proceso.
Así las cosas, la Magistrada Ponente pr opuso f ijar el lit igio en los
términos expuestos y procedió a darle la palabr a a las part es y al
Ministerio Público para que, si es del caso, se manif estaran sobre
los hechos y extremos de la demanda y, principalmente , frente a su
conformidad o no con la fijación del lit igio propuesta: […]».
1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación . 5
La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca , en sentencia del 19 de junio de 2020, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el actor durante la
comisión de servicios ejerció funciones administrativas y no de
4 Fo l ios 14 4 a l 1 4 8 de l ex p e d ie nt e .
5 Folios 227 al 237 del expediente.
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docente, razón por la cual dicho tiempo no puede tenerse en cuenta
para efectos de la reliquidación solicitada.
1.7. Recurso de apelación. 6
Jairo Salvador Calderón Iguarán , en escrito de apelación manifestó
que el cálculo para liquidar su pensión fue incorrecto, por cuanto los
factores salariales para los años 1996 y 1997, no fueron indexados.
De conformidad con lo anterior, invocó la aplicación de l principio iura
novit curia , con el fin de obtener el derecho pensional en forma
correcta a través del recurso de apelación , pues si bien, esta
situación no fue objeto de lo pretendido en la demanda, al tratarse
de un asunto pensional, se debe otorgar un trato especial que
permite al operador judicial pronunciarse sobre derechos mínimos e
irrenunciables.
Sumado a lo anterior, indicó que su último año de servicios como
docente, se dividió en tres per íodos diferentes en 1996, 1997 y 2004,
y teniendo en cuenta que adquirió el estatus pensional el 2 [7] de
mayo de 2004 7, los factores devengados en 1996 y 1997 en sus
correctas proporciones, debían indexarse para poder determinar el
cálculo correcto de la prestación ya reconocida, e insistió en que
deben tenerse en cuenta las siguientes fechas para calcular su
pensión:
• Del 28 de abril de 1996 hasta el 30 de diciembre de 1996, para
un total de 243 días.
• Del 1 de enero de 1997 hasta el 1 de abril de 1997, para un
total de 91 días.
• Del 26 de abril de 2004 hasta el 26 de mayo de 2004, para un
6 Folios 240 al 243 del expediente.
7 S i b ie n el d em a nd a nt e r e lac i o na c o mo fec h a e l 2 6 de m ay o d e 2 00 4 , de l an á l is is
i nt egr a d e l ex p e d ie nt e , s e a dv i ert e q ue l a fe c ha c or rec ta c or res p o nd e a l 2 7 d e
may o d e 2 0 04 .
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total 31 días.
Así las cosas, concluyó que tal y como lo señala la Resolución 616
del 19 de febrero de 2008, cumplió su estatus pensional el 27 de
mayo de 2004, por lo que , el cálculo de la liquidación de su pensión
debió efectuarse doce meses hacia atrás desde esa fecha.
Ahora bien, en el evento de que se tenga en cuenta que, de
conformidad con certificación expedida por el nominador, la
vinculación docente correspondió al 26 de abril de 2004 , únicamente
podían tomarse 31 días, desde esa fecha hasta el 27 de mayo
siguiente.
En ese orden de ideas, aseguró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un error al tomar un mes desde el 26 de
abril de 2004 hasta el 26 de mayo de 2004 y al 2 de agosto de 2004 ,
y los otros 8 meses y 23 días desde el 1 de abril de 1997, hacia
atrás.
Por todo lo expuesto, solicitó ordenar la reliquidación pensional
teniendo en cuenta las proporciones correctas de la totalidad de los
factores salariales que devengó en el último año de servicio docente,
debidamente indexados en cuantía no inferior a $ 1.085.023 m/cte.,
para el 27 de mayo de 2004.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia
La UGPP 8 solicitó confirmar el fallo de primera instancia, para lo cual
expuso que se opone a la inclusión de nuevos factores por cuanto el
cargo ocupado por el dem andante, esto es, como gerente código
039, grado 02, no encaja dentro del marco normativo aplicado a los
docentes y, en consecuencia , no puede ordenarse la reliquidación
de la pensión.
8 Visible a folio 14 del Sistema de Gestión Judicial -SAMAI-
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El señor Jairo Salvador Calderón Iguarán 9 transcribió los
argumentos expuestos en el escrito de apelación .
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante.
2.2 Problema jurídico
Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un
error al establecer los tiempos para efectos de calcular el
IBL de la pensión gracia reconocida al demandante?
¿El señor Jairo Salvador Calderón Iguarán tiene derecho a
que se indexen los factores salariales que devengó en los
años 1996 y 1997?
9 Visiblea folio 13 del Sistema de Gestión Judicial -SAMAI-
10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
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2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.4.1. Sobre el IBL de la pensión gracia
Sobe el particular, se tiene que la Ley 4 de 1966, en su artículo 4,
dispuso:
«ARTÍCULO 4. - A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones
de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores
de una o más ent idades de Derecho Público se liquidarán y
pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento ( 75%)
del promedio mens ual obtenido en el último año de servi cios ».
(Negr illa fuera de texto)
El igual sentido, el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966, que
reglamentó la Ley 4 de 1966 y fue modificado por el artículo 1 del
Decreto 2025 de 1966, señaló:
«A partir del veint itrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones
de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores
de una o unas ent idades de Derecho Público, serán liquidadas y
pagadas tomando como base el set enta y cinco (75%) del promedio
mensual de salar ios devengados durante el último año de servicios,
previa la demostración de su ret iro def initivo del servicio público ».
La Ley 91 de 1989, en su artículo 15 (ordinal 2 .º), consagró lo
siguiente:
«Los docent es vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubier en desarrollado o modif icado, tuviesen o
llegar en a tener der echo a la pensión de gracia, se les reconoc erá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conf orme al Decr eto 081 de 1976 y será compatible
con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de es tar
esta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a part ir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a
partir del 1º de ener o de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
ley, se rec onocerá solo una pensión de jubilación equi valente
al 75% del salario mensual promedi o del último año. Estos
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pensionados gozarán del régimen vi gente para los pensionados
del sector público nacional y adici onalmente de una pri ma de
medio año equivalente a u na mesada pensional ». (Negrilla fuera
de texto).
Asimismo, con el fin de determinar cómo se realiza el cálculo de la
liquidación de la pensión gracia, la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12, señaló:
«Ahor a bien, en l o que se ref iere a la liquidación de la pensión
gracia se debe observar lo reglado en el artículo 4 de la Ley 4ª de
1966, que dispone:
A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o
de invalidez a que tengan derecho los t rabajador es de una o más
entidades de Derecho Público , se liquidarán y pagar án tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75%) del pr omedio mensual
obtenido en el último año de ser vicios.
Esta Ley no discrim inó ninguna pensión de las percibidas por los
servidores of iciales y su Decr eto Reglamentario 1743 de 1966,
preceptuó en el artículo 5.:
A partir del veint itrés de abr il (23) de 1966 inclusive, las pensiones
de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores
de una o más ent idades de Derecho Público, serán liquidadas y
pagadas tomando como base el setent a y cinco por ciento (75%) del
promedio mensual de salar ios devengados durante el últ imo año de
servicios, previa la demostración de su retiro def initivo del ser vicio
público.
Así las cosas, la Sala encuentra necesario det erminar ahora, qué
factores son los que vienen a integrar el concepto de salar io, pues
sobre él es que se entra a precisar la base líquida para obt ener el
75%, que corresponde al monto final de la pens ión.
La remuneración o salario equivale a t odo lo devengado por el
empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su
relación labor al; comprende entonces, los sueldos, pr imas,
bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan dir ecta o
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indirect amente por causa o por razón del trabajo o empleo sin
ninguna excepción.
En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6
(parágrafo 1) prevé que salario es «todo lo que r eciba el trabajador
a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios, tales com o las
primas, sobr esueldos y bonificaciones».
Y es que lo dispuest o en este Decreto también lo tiene previsto el
artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque
aplicable al régimen laboral individual de car ácter pr ivado, bien
merece traerlo a colación por tratarse de una consagración de
derechos mínimos, pues prescr ibe que constituye salario «[...] todo
lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprest ac ión dir ecta del servicio, sea cualquiera la for ma o
denom inación que se adopte, com o primas, sobresueldos,
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementar io o de las
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobr e ventas y comisiones».
En conclusión, el salar io está const ituido por t odas las sumas que
habitual y per iódicamente recibe el trabajador como
contraprest ación por su labor ».
• De la indexación de la primera mesada pensional
La Sala en anteriores oportunidades ha sostenido que el ajuste de
valor de las sumas que se toman para liquidar la mesada pensional
obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación
de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el
poder adquisiti vo del ingreso, por lo que la indexación, es una
decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por
parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento
jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta,
cuyo objeto es impedir que el pensionado se vea obligado a percibir
una pensión de jubilación devaluada, buscando que el
restablecimiento del derecho represente el valor real al momento del
reconocimiento de la pensión.
En este sentido cuando la base salarial para la liquidación de la
pensión haya sufrido los rigores del deterioro inflacionario debe
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
actualizarse el valor correspondiente, pues de lo contrario, realizar
la liquidación con base en una suma devaluada, implica desconocer
claros principios constitucionales de aplicación directa (arts. 48 y
53).
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU -120 de 2003
señaló:
«La unificaci ón de la jurisprudencia en materia de
indexación de la primera mesada pensional, y los dictados
constituci onales.
Los principios const itucionales que infor man la segur idad social
y que establecen los criter ios de inter pretación de las normas
laborales permiten unif icar las interpr etaciones judiciales en
torno de la indexación de la primera mesada pensional.
1. El artículo 48 de la Constit ución Política impone al legislador
definir “los medios para que los recursos destinados a la
segur idad social mantengan su valor adquisitivo const ante”, y el
artículo 53 del mismo ordenamiento dispone que el “Estado
garant iza el der e cho al pago oportuno y al reajuste per iódico de
las pensiones legales”.
Sobre este particular, los artículos 14, 36 y 117 de la Ley 100
de 1993, disponen mecanismos de actualización, tanto de las
pensiones causadas, como de los recur sos que atenderán las
prestaciones futuras, mediante la aplicación del índice de
precios al consumidor, según certif icación expedida por el
DANE 13.
13 C i t a de cita. “Reajus te de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez
o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los
dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
constante, se reajustarán anua lmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según
la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual
sea igual al salario mínimo legal m ensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno –
artículo 14 Ley 100 de 1993..
“(..)
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a
dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar
la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
(..)” –artículo 36 Ley 100 de 1993 -.
“Valor de los Bonos Pensionales. Para determinar el valor de lo s bonos, se
establecerá una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará
así:
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o
sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de
cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario
d e v e n g a d o a n t e s d e d i c h a f e c h a s i p a r a l a m i s m a s e e n c o n t r a s e c e s a n t e , a c t u a l i z a do
a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de pr ecios
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
[…]
De manera que la Sala accionada deberá consider ar que el
artículo 53 de la Constitución Política impone al intér pret e de
las fuentes formales del derecho laboral el cr iterio de elegir, en
caso de duda, por la inter pretación que más favorezca al
trabajador 14, y en consecuencia optar por ordenar a la s
entidades financieras obligadas mantener el valor económico de
la mesada pensional de los actores, por ser ésta la solución que
los benef icia y que condice con el ordenamiento const itucional
[…]».
Sobre la indexación de la primera mesada pensional, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providenc ia del
7 de febrero de 2013, indicó que « […] si bien no existe norma
expresa que la consagre, la jurisprudencia ha desarrollado con base
en principios constitucionales, en especial, los previstos en los
artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo c riterios de
justicia y equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por
tanto, que el trabajador no tiene porque soportar las consecuencias
negativas de dicha situación al tener que recibir al momento de
pensionarse sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía
con el valor real del salario que devengaba cuando prestaba sus
servicios. […]» 15. (Subraya la Sala )
Ahora bien, en sentencia SU - 168 de 2017, con ponencia de la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, se establecieron algunas
reglas para el reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional, como son las siguientes:
al consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a
los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario
medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos
salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE.
(..)” –artículo 117 Ley 100 de 1993 -.
14 Cita de cita. La Corte ha definido que “aquella providencia que, de manera
flagrante, vulnera el principio de favorabilidad queda de inmediato revestida de un
defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho” –T- 567 de 1998.
15Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de febrero
de 2013. Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Demandante: María Stella Rojas de
Beltrán. Demandado: Municipio de Palmira. Radicación 76001-23-31-000-2008-
00785-01(0268-12).
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(i) El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es
de carácter fundamental. Al respecto, indicó la Corte que este
derecho hace parte del desarrollo de los principios constitucionales
consagrados en los artículos 1.º (Estado Social de Derecho), 13
(igualdad), 46 (protección a la tercera edad), 48 (seguridad social),
y 53 (favorabilidad y poder adquisitivo de las pensiones) de la Carta
Política. Y se deriva especialmente de la protección constitucional e
internacional dada a la seguridad social y al derecho al mínimo vital
del que son titulares todos los ciudadanos colombianos y por lo tanto
comparte su carácter de fundamental.
(ii) Como consecuencia de lo anterior, la acción de tutela es
procedente para la protección del derecho a indexar la primera
mesada pensional. Lo anterior, debido a que su afectación genera
una grave vulneración al derecho al mínimo vital de personas que,
en principio, son sujetos de especial protección constitucional
(tercera edad).
(iii) La indexación de la primera mesada pensional se predica de
todo tipo de pensión; es decir, sin distinción del origen de la
pensión, bien sea que tenga naturaleza legal, convencional o judicial
y sin importar si la pensión fue reconocida antes o después de la
vigencia de la Constitución de 1991, por cuanto según esa
Corporación no puede restringirse solo para un determina do grupo
de pensionados, pues un trato diferenciado en esta situación
carecería de justificación constitucional y se tornaría en
discriminatorio, en tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo
de la moneda afecta por igual a todos los pensionados .
(iv) Prescriben las mesadas indexadas, pero no el derecho ,
debido a que se trata de una prestación periódica en materia de
seguridad social y derechos laborales.
(v) La fórmula para contar la prescripción de la indexación de la
primera mesada pensional de las prestaciones causadas antes de
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1991, es especial y fue señalada en la sentencia SU -1073 de 2012 y
desarrollada por las sentencias SU -131 de 2013 y SU -415 de 2015,
en los siguientes términos:
a) En la sentencia SU -1073 de 2012, abordó el tratamiento
desigual dado a la indexación de la primera mesada pensio nal
cuando el reconocimiento del derecho pensional se producía
con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, tanto
en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional. Se dijo
que a partir de ese pronunciamiento que se fijó la certeza del
derecho a la indexación en relación con pensiones causadas
antes de 1991, es sólo a partir de aquella decisión de
unificación que se tiene un derecho exigible en los términos
del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
b) En la sentencia SU-131 de 2013 16 la Sala Plena estudió una
tutela presentada contra la providencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la
cual la autoridad judicial accionada resolvió, entre otros, negar
el reconocimiento de la indexa ción de una pensión sanción, por
haber sido causada antes de la vigencia de la Constitución de
1991. La Corte concedió el amparo e hizo referencia a la regla
fijada en la sentencia SU -1073 de 2012, por lo que indicó que
el término de prescripción debía con tabilizarse a partir de la
fecha de expedición de la sentencia que declara la existencia
del derecho. Es decir, la prescripción se debe calcular, no a
partir de la expedición de la SU -1073 de 2012, sino desde la
sentencia SU -131 de 2013 que resolvió el cas o particular del
accionante. Así pues, la Sala Plena ordenó el pago retroactivo
de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y
el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años
anteriores contados a partir de la fecha de esa sen tencia.
16 M . P . Alexei Julio Estrada.
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c) Esta regla se reiteró en la sentencia SU-415 de 2015 17, en
la cual en relación con la prescripción de mesadas, la Corte
hizo referencia a la regla fijada en la sentencia SU -1073 de
2012 y la interpretación que de ésta hizo la SU -131 de 2013,
en la que se dispuso que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional de prestaciones causadas antes de
la Constitución de 1991, se extiende retroactivamente para
todas las mesadas no prescritas, causadas dentro de los tres
años anteriores a la fecha de expedición del fallo que
estudia el caso particular , pues sólo a partir de ese momento
se define la existencia del derecho.
Así pues, es a partir de la sentencia que resuelve el caso
particular que se contabiliza el término de prescripción para las
reclamaciones de las mesadas pensionales indexadas de todos
aquellos que adquirieron su derecho antes de 1991, pues
sólo desde ese momento se tiene certeza de la existencia
del derecho.
(vi) La fórmula para indexar las mesadas pensionales es la señalada
en la sentencia T -098 de 2005 por lo que «se empleará la fórmula
utilizada por el Consejo de Estado en desarrollo del artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo» 18.
Finalmente, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación,
en reciente sentencia del 22 de julio de 2021, radicado 05001 -23-33-
000-2013-01954-01(1725-18), respecto a ordenar la indexación de
la mesada pensional sin que expresamente haya sido deprecada en
las pretensiones, sostuvo:
«Se aclara que si bien es cierto que en las pr etensiones de la
demanda el accionante se refir ió al incr emento de su mesada
pensional con fundamento los artículos 1° de la Ley 71 de 1988
17 M . P . María Victoria Calle Correa.
18 T - 0 9 8 de 2005 M. P. Jaime Araújo Rentería.
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y 14 de la Ley 100 de 1993, también lo es que ello no es óbice
para examinar la actualización de su m esada pensional de la
fecha del reconocimiento de su pensión de jubilación a la
efectividad de est a (por retiro del servicio), habida cuenta de
que al hallarse involucrados derechos de linaje const itucional
fundament al ( verbi gratia, a la seguridad social), ha de
privilegiarse el principio de iura novit cur ia , en virtud del cual al
juez le incumbe aplicar el derecho pese a que este sea dif erent e
al invocado por las partes, pues es su deber estudiar el asunt o
de acuerdo con los hechos y la normat iva vigente, por lo que el
fallador ha de pronunciarse de la controversia pensional con la
norma que realmente rige el caso concreto.»
2.5 Caso concreto
En atención a las anteriores precisiones, la Sala procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si
al demandante le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión
gracia.
2.5.1. Actuación administrativa
Mediante Resolución 8528 del 6 de diciembre de 2005 , la UGPP
reconoció al accionante , pensión gracia en cuantía de $ 435.396
m/cte., efectiva a partir del 27 de mayo de 2004, liquidada con el
75% el promedio de los factores salariales devengados como en el
año anterior a la adquisición del estatus pensional que fungió como
docente, para lo cual tomó 1 mes desde el 26 de abril de 2004 hasta
el 26 de mayo de 2004, y los otros 11 meses del 19 de abril de 1996
al 18 de marzo de 1997.
Respecto a la anterior resolución, el demandante solicitó la revisión
al considerar que debían incluirse todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus pensional.
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Posteriormente, a través de Resolución 06116 del 19 de febrero
de 2008 19, reliquidó la pensión del demandante y elevó la cuantía a
la suma de $ 624.770 m/cte., efectivo a partir del 27 de mayo de
2004, liquidada con el 75% el promedio de los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, para lo cual tomó como fechas del 26 de abril de 2004
hasta el 2 de agosto de 2004 y los 8 meses y 23 días restantes a
partir del 1 de abril de 1997 hacia atrás.
El 4 de febrero de 2016 el señor Jairo Salvador Calderón Iguarán ,
pretendió la reliquidación de su pensión gracia con la inclusión de
los factores salariales devengados en el último año de servicios en
el que se desempeñó como gerente código 039 grado 02, al
considerar que, al tratarse de una comisión de servicios, dicha
situación no afectaba su condición de docente oficial.
La anterior petición fue negada por medio de la Resolución 021644
del 8 de junio de 2016 , al indicar que únicamente se pueden tener
en cuenta para efectos de reconocimiento de la pensión gracia, los
tiempos laborados al servicio de la docencia oficial de carácter
departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
En ese orden de ideas, señaló que teniendo en cuenta que el señor
Jairo Salvador Calderón Iguarán en el periodo comprendido entre el
2 de abril de 1997 y 26 de abril de 2004, ostentó el cargo de gerente
código 039 grado 2, la pensión debe liquidarse a partir del 27 de
mayo de 2004, sobre los factores salariales en el año
inmediatamente anterior, lo que es para el caso concreto, en las
fechas que se desempeñó como docente.
Apelada la decisión, la UGPP a través de la Resolución 028334 del
1 de agosto de 2016 , negó la reliquidación de la pensión al revelar
que no era procedente la reliquidación de la pensión con la inclusión
19 Fo l io 12 3 d e l ex pe d ie nt e.
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de los factores salariales que devengó al ejercer el cargo gerente
código 039 grado 2.
2.6 Caso concreto
Revisado el expediente y con el objeto de resolver los problemas
jurídicos planteado, la Sala encuentra como probado lo siguiente:
2.6.1. Edad
El señor Jairo Salvador Calderón Iguarán nació el 26 de agosto de
1953 20, por lo que el 26 de agosto de 2003 cumplió 50 años.
2.6.2. Tiempos de servicio.
De conformidad con certificación expedida por la Dirección de
Recursos de la Secretaría de Educación de Bogotá 21, el demandante
se desempeñó como docente nacionalizado, en los siguientes
períodos:
Acto Desde Hasta
Administrativo
Decreto 697 de 1977 3 de mayo de 1977 24 de septiembre de
Docente en 1987
propiedad
Decreto 1394 de 25 de septiembre de 21 de abril de 1992
1987 1987
Directivo docente -
director
Oficio de 1992 22 de abril de 1992 4 de marzo de 1994
Directivo docente -
supervisor
20 F o l i o 50 del expediente.
21 Fo l i os 32 y 3 3 de l ex p e d ie n te y 5 , 1 8 y 2 4 d e l C D de a nt ec ed e nt es
ad m i n is tr at iv os , o br a n te a f o l io 95 d e l ex pe d i en te .
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Decreto 117 de 1994 5 de marzo de 1994 1 de abril de 1997
Directivo docente
supervisor
Resolución 1034 de 26 de abril de 2004 2 de agosto de 2004
2004.
Directivo docente
supervisor
Asimismo, desempeñó cargos administrativos en la Secretaría de
Educación de Bogotá 22, en los siguientes periodos:
Acto Desde Hasta
Administrativo
Resolución 8092 del 2 de abril de 1997 26 de abril de 2004
23 diciembre de
1998.
Incorporado al cargo
de gerente 039 grado
02.
Una vez clarificados los tiempos de servicios del demandante, la
Sala procederá a resolver el primer problema jurídico, consistente
en establecer lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un error al
establecer los tiempos para efectos de calcular el IBL de la pensión
gracia reconocida al demandante ?
Sobre el particular, se advierte que, en el fallo de primera instancia,
el tribunal consideró lo siguiente:
«Poster iorment e, CAJANAL mediante la Resolución No. 06116 del
19 de febrero de 2008, reliquidó la pensión de gracia del actor,
22 Ib i d em .
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elevando la cuantí a de la mesada pensional a la suma de
$624,770,84, efect iva a partir del 27 de mayo de 2004, teniendo en
cuenta el 75% del promedio los factor es salar iales que devengó
durante su últ imo año de servicios como docente nacionalizado
anterior a la adquisición del status jurídico de pensionado, es decir,
"tomó un mes desde el 26 de abril de 2004 hasta el 26 de mayo de
2004 al 2 de agosto de 2004 (sic) y los ot ros ochos meses y 23 días
del 1° de abr il de 1997 hacia atrás (...)".
En dicho acto administrativo CAJANAL t uvo en cuenta en el IBL la
asignación básica, prima de navidad, sobresueldo, pr ima de
alimentación y prim a de habitación. Dichos factores fueron los
únicos emolument os que devengó el señor JAI RO SALVADOR
CALDERÓN IGUARÁN durante su últ imo año de servicios anterior
al momento en que adquirió su status jurídico de pensionado,
ejerciendo la calidad docente nacion alizado.
Por lo tanto, respect o a la pretensión encaminada a incluir todos los
factores devengados por el accionant e en el último año de
prestación de servicios como Gerente Código 039 Grado 02, con el
argumento de que estando en com isión y ejerciendo un car go de
libre nombramiento y remoción no significa que haya perdido su
calidad de docente, para esta Sala no tiene fundament o jurídico tal
aseveración, por cuanto aunque el demandante siga estando
vinculado a la SECRETARI A DE EDUCACIÓN DEL DISTRI TO DE
BOGOTÁ durante la comisión de servicios, las funciones que ejerció
ese lapso tuvieron carácter adm inistrativo y no de docente, motivo
por el cual dicho tiempo no puede ser tenido en cuenta para el
reconocim iento de la pensión de gracia y, por ende, no es
procedente ordenar la reliquidación solicitada, t eniendo en cuenta
que la pensión de gracia debe liquidarse -como se dijo
anteriormente con aquellos tiempos laborados en calidad de
docent e territor ial o nacionalizado.
En consecuencia, comoquiera que no se encuentran acreditados los
requisit os legales, al act or no le asiste derecho a la reliquidación
de la pensión gracia que reclama, y en ese sentido los actos
administrat ivos acusados fueron expedidos conforme a la ley, razón
por la cual deben negarse las prete nsiones de la demanda».
Así las cosas, advierte la Sala de Subsección que el a quo no
estableció ningún periodo de tiempo a efectos de calcular el IBL del
demandante, pues únicamente hizo referencia al que fue tenido en
cuenta en la Resolución 06116 del 9 de febrero de 2008. Asimismo,
de acuerdo con las pretensiones planteadas inicialmente por el
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demandante, llegó a la conclusión de que no le asistía el derecho a
la reliquidación de la pensión.
Ahora bien, en el recurso de apelación el demandante insiste en que
existió un error al momento de reliquidarse la pensión gracia, por
cuanto se determinaron mal los periodos de tiempo a efectos de
calcular el IBL y, además, no se indexaron los valores para los años
1996 y 1997.
En ese orden de ideas, si bien los argumentos señalados en el
escrito de apelación son diferentes a los planteados en el escrito de
la demanda, para la Sala resulta claro que la pretensión del
demandante siempre estuvo encaminada a la reliquidación de su
pensión gracia.
En este punto, considera la Sala que pronunciarse al respecto no
desborda los límites de la sede de segunda instancia, puesto que la
pretensión del actor en sede administrativa y judicial ha sido
consistente en obtener la liquidación de la pensión gracia , siendo
uno de los argumentos principales el incluirse el tiempo laborado en
un cargo administrativo, y también frente a la liquidación de la
pensión, realizada por la entidad demandada a través de la
Resolución 06116 del 19 de febrero de 2008 .
Es de resaltar que, en virtud de los convenios internacionales de los
que hace parte Colombia, en su calidad de miembro de la
Organización Internacional del Trabajo 23, se ha dado prelación al
derecho sustancial sobre las formas y al principio iura novit curia ,
que impone al juez la aplicación del derecho que realmente
23 Corte Constitucional C-195 del 25 de marzo de 2009. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio. “Revisión de constitucionalidad del “´Instrumento de
Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo´,
adoptado en la octogésima quinta (85ª) reunión de la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el diecinueve (19) de
junio de mil novecientos noventa y siete (199 7)” y la Ley aprobatoria No. 1197
del 5 de junio de 2008”.
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corresponda a las partes, es menester que el director del proceso se
pronuncie respecto de la totalidad de la s pretensiones de la
demanda, aun cuando para ello deba realizar un ejercicio
interpretativo.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el objeto de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es garantizar la
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley,
puesto que, al tratarse de una controversia relacionada con asuntos
pensionales, debe impedirse cualquier trámite dilatorio al estar
involucradas personas de la tercera edad .
Así las cosas, instar al demandante a que acuda nuevamente a la
vía administrativa con el fin de corregir un presunto error de cálculo
de los periodos de tiempo para determinar el IBL, cuando su derecho
a la pensión gracia ya ha sido reconocido y ha intentado obtener una
reliquidación de su pensión desd e el año 2008, continuaría dilatando
su pretensión de reliquidación, en caso de que le asista el derecho .
Por ello, resulta imperativo a través de esta providencia analizar la
reliquidación de la pensión del demandante, a efectos de poder
establecer si los tiempos sobre los cuales se realizó el cálculo del
IBL, fueron los correctos y si como lo manifiesta el demandante los
factores correspondientes a los años 1996 y 1997, no fueron
indexados a la fecha en que adquirió el derecho.
Por tanto, se tiene que el señor Jairo Salvador Calderón Iguarán,
adquirió su estatus pensional cuando cumplió los 20 años de servicio
docente, esto es, el 27 de mayo de 2004.
En primera medida, la pensión gracia debe liquidarse con lo
percibido en el año inmediatamente anterior a la fecha en que
adquirió el estatus pensional, es decir, en el periodo comprendido
entre el 27 de mayo de 2003 y el 27 de mayo de 2004.
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No obstante, para esa fecha, únicamente desempeñó 31 días de
servicio docente, entre el período comprendido entre el 26 de abril
de 2004 y 27 de mayo de ese mismo año, por cuanto no se pueden
computar fechas posteriores a la adquisición del estatus.
Así, para el tiempo restante deben tomarse los periodos entre el 1
de enero de 1997 y el 1 de abril de 1997 24, equivalente a 91 días,
y finalmente, el tiempo comprendido entre el 4 de mayo de 1996 y
el 31 de diciembre de 1996, equivalente 238 días.
En consecuencia, para la Sala resulta claro que sí existió un error
en los períodos determinados por la UGPP al momento de realizar la
reliquidación de la pensión, por cuanto estableció que los tiempos
del 2004 debían contabilizarse hasta el 2 de agosto de ese mismo
año, fecha que como ya se explicó, no puede incluirse por cuanto
fue posterior a la que el señor Calderón Iguarán adquirió su estatus
pensional, esto es, el 27 de mayo de 2004, lapso que el pensionado
discute que no debió incluírsele.
Dilucidado lo anterior , resulta pertinente destacar que sobre la
liquidación efectuada en la Resolución 06446 de 19 de febrero de
2008, en lo que corresponde a la indexación de la primera mesada
pensional, advierte la Sala que, como se anticipó, para calcular el
año a liquidar anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional
del demandante, se incluyeron períodos correspondientes a los años
1996 y 1997 y 2004.
En ese orden de ideas, le asiste razón al demandante al señalar que
los factores salarias de los años 1996 y 1997 debieron indexarse.
Ahora bien, dadas las particularidades del presente asunto y las
evidentes inconsistencias en el cálculo de la liquidación de la
pensión gracia del actor, la Sala revocará parcialmente la decisión
24 Se ac l ar a q u e s e t o m a es e p er io d o de t i em po , to d a v ez q u e, a p a rti r d e l 2 de
abr i l d e es e mis m o a ño , e l s eñ or C a ld er ón Ig u ar án e m pez ó a d e s em p eñ ar e l
c arg o a d m in is tr a t iv o p ar a el c ua l f u e c om is i o na d o.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04808
Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
de primera instancia, para en su lugar , declarar la nulidad parcial de
las Resoluciones 021644 del 8 de junio y 028334 del 1 de agosto,
ambas del 2016, a través de las cuales la UGPP negó la reliquidación
de la pensión del demandante, en lo concerniente al reajuste de los
períodos tomados para realizar el cálculo del IBL , de conformidad
con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
No obstante, se confirmará el proveído apelado en cuanto negó la
reliquidación con la inclusión de los tiempos laborados por el
demandante en un cargo administrativo. Lo anterior, dado que esta
Sala comparte ese criterio, toda vez que para efectos de reconocer
el derecho a la pensión gracia únicamente deben tenerse en cuenta
los tiempos en cargos docentes.
Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho , se
ordenará a la UGPP reliquidar la pensión de l demandante, tomando
para ello, el último año de servicio del señor Jairo Salvador Calderón
Iguarán, anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional,
esto es, 27 de mayo de 2004 , pero con el computo de los períodos
comprendidos entre el 26 de abril de 2004 y 27 de mayo de 2004; el
1 de enero de 1997 y 1 de abril de 1997 y; el 4 de mayo de 1996 y
el 31 de diciembre de 1996. Para el efecto, deberán tenerse en
cuenta los factores percibidos en dichas fechas con la respectiva
indexación, con la advertencia de que en ninguna circunstancia
podrá desmejorarse las condiciones ya reconocidas al aquí
demandante, puesto que el interés del ciudadano que acude a la
jurisdicción es mejorar su situación pensional.
• De la prescripción de las mesadas pensionales
Teniendo en cuenta que el derecho se causó el 27 de mayo de 2004,
la reclamación se presentó el 4 de febrero de 2016 25 y la demanda
fue radicada el 11 de octubre de 2016 26, se configuró el fenómeno
25 Folio 10 del expediente.
26 Folio 35 del expediente.
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
de prescripción trienal de las mesadas causadas con anteri oridad al
4 de febrero de 2013, puesto que la solicitud en sede administrativa
tuvo la virtualidad únicamente de interrumpir el término prescriptivo
de tres años atrás 27.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada
a valor presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en
aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante
por concepto de mesada pensional, hasta la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el número que resulta de dividir el índice final
de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la
fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte
motiva de este proveído.
La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.7 Condena en cosas.
En el presente asunto no se condenará en costas en esta instancia,
toda vez que, a pesar de la intervención de las partes en esta sede
27 Decreto 3135 de 1968: «Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados
en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un
lapso igual».
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de segunda instancia, lo cierto es que el recurso prosperó
parcialmente.
2.8. Otras disposiciones.
Mediante memorial allegado a SAMAI, visible a índice 18, el abogado
Jhon Jairo Bustos Espinosa , portador de la tarjeta profesional
291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, allega Escritura s
Públicas 167 del 12 de febrero y 286 del 31 de marzo, ambas del
2023, otorgadas en la Notaría Única de Cota , a través de la cual la
UGPP le otorga poder p ara actuar en su representación, razón por
la cual habrá de reconocérsele personería para actuar al acreditarse
los requisitos legales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 19 de junio
de 2020, por medio de la cual el la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca negó las
súplicas de la demanda presentada por el señor Jairo Salvador
Calderón Iguarán , contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, por las razones expuest as en esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones
021644 del 8 de junio y 028334 del 1 de agosto, ambas del 2016 ,
proferidas por la UGPP a través de la cuales le negó al señor Jairo
Salvador Calderón Iguarán el reajuste de los períodos tomados para
realizar el cálculo del IBL, en los términos señalados en esta
providencia.
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Demandante: Jairo Salvador Calderón Iguarán
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reliquidar la pensión
gracia reconocida al señor Jairo Salvador Calderón Iguarán,
identificado con la cédula de ciudadanía 19.212.926, tomando para
ello, el último año de servicio docente del señor Jairo Salvador
Calderón Iguarán, anterior a la fecha en que adquirió el estatus
pensional, esto es, 27 de mayo de 2004, pero con el computo de los
períodos comprendidos entre el 26 de abril de 2004 y 27 de mayo de
2004; el 1 de enero de 1997 y 1 de abril de 1997 y; el 4 de mayo de
1996 y el 31 de diciembre de 1996.
Adviértase que deberán tenerse en cuenta los factores percibidos en
dichas fechas con la respectiva indexación, con la a claración de que
en ninguna circunstancia podrá desmejorarse las condiciones ya
reconocidas al aquí demandante .
CUARTO. - Declarar de oficio pro bada la prescripción de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de febrero de
2013, conforme a l o expuesto en esta providencia.
QUINTO. - La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
deberá cumplir lo dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en
en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA, y la
actualización de las sumas adeudadas se realizará de acuerdo con
el artículo 187 del CPACA.
SEXTO. - NO CONDENAR en costas en esta instancia, en atención
a lo expresado en esta sentencia.
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SÉPTIMO. - CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 19 de junio
de 2020, por medio de la cual el la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso promovido por el señor Jairo Salvador Calderón Aguarán,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, como ha
quedado señalado.
OCTAVO. - Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos
Espinosa, portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo
Superior de la Judicatura del Consejo Superior de la Judicatura, de
acuerdo con el poder allegado al proceso, en representación de la
UGPP.
NOVENO. - Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023 ).
GABRIEL VALBUENA HERNÁ NDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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