RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2016-04936-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04936-01

Fecha
23 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04936-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el primero (1.°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido por el señor Jorge Hernando Garzón Cárdenas contra la Administradora Colombiana de Pensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04936-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de febrero de 2024

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)
Demandante: Jorge Hernando Garzón Cárdenas
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones

Temas: Reliquidación pensión de vejez. Decreto 929 de 1976.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el primero (1.°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Hernando Garzón Cárdenas instauró demanda contra Colpensiones, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 3992 de 8 de enero de 2015, GNR
184300 del 21 de junio de 2015, GNR 103935 de 13 de abril de 2016 y VPB 25660 del
17 de junio de 2016, que le reconocieron la pensión de vejez, pero sin tener en cuenta
todos los factores devengados en el último semestre de servicio y le negaron una
reliquidación.

A título de restablecimiento del derecho, que se reconozca la pensión con la inclusión
de todos los factores devengados en los últimos seis meses según el Decreto 929 de
1976, en cuantía de $5.774.345 a partir del 29 de enero de 2015; que se pague el
retroactivo de las diferencias entre la pensión reconocida y la reajustada; que le
reconozcan los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que las
sumas a reconocer sean debidamente indexadas, se dé cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA y se condene e la demanda al pago de las costas
del proceso.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en la Contraloría General de la República entre el 11 de febrero de 1991 y
el 28 de enero de 2015.

Que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 porque al 1.°
de abril de 1994 tenía más de 45 años de edad.

Que Colpensiones le reconoció la pensión mediante Resolución GNR 3992 del 8 de
enero de 2015, con base en la Ley 33 de 1985 y con los factores salariales de la Ley
«61» de 1985.

Que el 24 de febrero de 2016 solicitó la revisión de su pensión para que se aplicara el
Decreto 929 de 1976.

Que a través de Resolución GNR 103935 del 13 de abril de 2016 Colpensiones modificó
el reconocimiento pensional aplicando el Decreto 929 de 1976, pero sin liquidar la
pensión conforme todo lo devengado en los últimos 6 meses de servicio.

Que contra el anterior acto interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por
Resolución VPB 25660 de 17 de junio de 2016, que confirmó en su integridad el acto
inicial.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 26 de enero de 2017 y notificada a la demandada, quien
se opuso a las pretensiones, indicando que la pensión fue reconocida conforme al
ordenamiento jurídico, aplicándole el Decreto 929 de 1976, el IBL de la Ley 100 de 1993
y los factores del Decreto 1158 de 1994, atendiendo el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional. Propuso las excepciones «inexistencia del derecho reclamado»,
«cobro de lo no debido», prescripción, buena fe y la genérica.

El 19 de junio de 2020 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN1

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, señalando que el
demandante era beneficiario del régimen de transición y que le era aplicable el Decreto
929 de 1976 en cuanto a la edad, tiempo de servicios y monto, pero que atendiendo a
la sentencia SU230 de 2015, el IBL se rige exclusivamente por la Ley 100, por lo que

1 Índice 2, ítem 2, archivo sentencia.

2

3
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)

no procede la reliquidación con todo lo devengado en el último semestre de servicios,
como lo pretende en la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN2

El demandante apeló la sentencia indicando que como adquirió el estatus jurídico el 14
de marzo de 2014 y es beneficiario del régimen de transición, debe aplicarse en su
integridad el régimen pensional anterior a la Ley 100.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 15 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación, y por
no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá determinar si procede la reliquidación de la pensión del demandante
con base en el 75% del promedio de todos los salarios devengados en los últimos 6
meses de servicio, según el Decreto 929 de 1976, como beneficiario del régimen de
transición.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en
materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos
de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más
favorables.

En esa dirección, el artículo 36 de la Ley 100 dispone:

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el
año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años
para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás

2 Índice 2, ítem 2, archivo recibe memorial apelación.

3

4
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)

condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez,
se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años
a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector
privado y de un (1) año para los servidores públicos […]».

De lo anterior, se deduce que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión de vejez
en el Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un régimen de
transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de una pensión de vejez
con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto del régimen
pensional anterior, mientras que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse
en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en
vigencia de esta ley.

En sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre otras, la Corte
Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen especial,
estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100 de 1993,
considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa de
reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen
general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de
agosto de 2018, sentó jurisprudencia frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

4

5
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

Ahora bien, en lo relativo al reconocimiento de la pensión de los servidores de la
Contraloría General de la República a quienes se les aplica el Decreto 929 de 1976 por
ser beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100,
siguiendo el criterio de la Sala Plena, la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió
sentencia de unificación jurisprudencial el 11 de junio de 20203, señalando que:

«107. Considerando el tema que fue avocado para unificación, y lo disertado en esta
sentencia, la Sala fija la siguiente regla jurisprudencial:

107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar
que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del
Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en
cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta
norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el
artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.»

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
administrativa.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
lineamientos.

Resolución del caso concreto

La Sala considera que debe confirmarse la sentencia de primera instancia porque se
acoge a los parámetros fijados por esta Sección en sentencia de unificación del 11 de
junio de 2020, en el entendido de que los beneficiarios del régimen de transición a
quienes se les aplique el Decreto 929 de 1976, solo se les conserva la edad, tiempo de
servicios y monto allí regulados, mientras que el IBL se reglamenta por lo dispuesto en
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100, al demandante le
faltaban más de 10 años para consolidar su derecho a la pensión, porque si bien la

3 Sentencia CE-SUJ_SII-020-20, proferida en el proceso con radicación 05001233300020120057201 (1882-14).

5

6
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)

edad (55 años) la cumplió el 10 de junio de 2003, el tiempo de servicios solo lo acreditó
el 11 de febrero de 2011, por lo que no tiene derecho a que se liquide su pensión con
el último semestre de servicios, sino con el promedio de los últimos 10 años según lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En el asunto de la referencia se advierte que en Resolución GNR 103935 de 13 de abril
de 2016 se indicó que la pensión fue liquidada con base en el promedio de los últimos
10 años de cotización, advirtiendo que resultaba más favorable que el de toda la vida
laboral, razón por la cual se concluye que el IBL aplicado es el que legalmente
correspondía a la situación pensional del demandante.

Frente a los factores, se observa en certificado de sueldos y factores salariales aportado
por el actor, que percibió sueldo, bonificación especial (quinquenio) y las primas de
vacaciones, servicios y navidad4, de las cuales solo es computable el sueldo o
asignación básica, sin que se evidencie que la demandada dejó de aplicar alguno de
los regulados en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que el actor hubiere cotizado.

Por otra parte, se reitera que las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena y
la Sección Segunda en la sentencia del 11 de junio de 2020, constituyen precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, que
se aplicara con efectos retrospectivos «a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables».

En consecuencia, el reconocimiento pensional se ajustó a la interpretación unificada
actual que sobre la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
tiene el Consejo de Estado, razón por la cual no procede su reajuste con el promedio
de lo devengado en los últimos seis meses de servicio como lo regulaba el Decreto 929
de 1976, ni con la inclusión a factores diferentes a los que el legislador a dispuesto
expresamente como salariales.

En conclusión, la reliquidación ordenada por el tribunal incluyó los factores salariales
que legalmente correspondían y por ende la sentencia apelada debe ser confirmada.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho

4 Visible en archivo digital «006ED_C01_PODER-Y ANEXOS DE LA DEMANDA.pdf»

6

7
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04936-01 (5268-2023)

criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una postura en la cual, en las sentencias proferidas a la luz de
la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el
proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme
a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el primero (1.°) de septiembre de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso
promovido por el señor Jorge Hernando Garzón Cárdenas contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.